En mis cuatro décadas de fotógrafo aéreo, me ha interesado documentar la agricultura, porque tiene un modo de revelar pistas importantes sobre regiones, clima, topografía, suelo y el paso de las estaciones y el tiempo. Esta labor se centró cada vez más en el vínculo entre el uso del suelo y el cambio climático, a medida que en los transectos urbanos y rurales evolucionó de forma evidente el interés por acortar los kilómetros alimentarios (reducir la distancia entre productor y consumidor, con el fin de reducir las emisiones de carbono y minimizar las interrupciones en la cadena de suministro). Las imágenes de estas páginas representan los primeros pasos de una indagación sobre cómo está cambiando la producción de alimentos en zonas urbanas y sus alrededores en los Estados Unidos.

En los últimos años, es cada vez más evidente cómo se intensificó el cultivo a pequeña escala alrededor de Boston, Massachusetts. Desde el aire, he visto aparecer invernaderos de techo curvo en granjas pequeñas que pretenden suplir la demanda y ampliar la productividad; azoteas residenciales y comerciales grises convertidas en opulentos jardines; terrenos urbanos históricamente improductivos, como baldíos y patios, transformados en espacios cultivados. Cuando se suman, estas operaciones a pequeña escala parecen tener mucho potencial para aumentar la productividad mediante el poder de los incrementos. Los espacios verdes en zonas urbanas y cerca de ellas no solo ofrecen a las personas alimentos más frescos y accesibles. Dado que filtran el agua pluvial, absorben dióxido de carbono y promueven otros beneficios medioambientales, también pueden hacer de las ciudades lugares más saludables y resistentes.

A pesar de estos cambios prometedores, lo que se conoce como el movimiento localívoro ha logrado crear una sensación de pertenencia y de comunidad, y enseñar sobre cuestiones alimentarias, más que mejorar la seguridad o acortar los kilómetros alimentarios en una escala suficiente como para contrarrestar el cambio climático. Si bien en la última década la demanda y el entusiasmo por los alimentos locales aumentaron, se estima que el 90 por ciento de la comida de la zona metropolitana de Boston proviene de fuera de la región, según Food Solutions New England (FSNE), una red regional con base en la Universidad de Nuevo Hampshire, cerca de allí. Pero los gestores de políticas, inversionistas, productores rurales y emprendedores de la zona se están esforzando por cambiarlo, y FSNE está abogando por un “50 hacia 60”: 50 por ciento de los alimentos producidos en la región hacia 2060.

Una tendencia que podría ayudar a alcanzar esta meta, y que también se puede ver desde el aire, es la agricultura de interior. Las granjas de interior suelen encontrarse en vecindarios industriales infravalorados, y usan tecnologías como hidroponía e iluminación LED para poder cultivar durante todo el año. Las empresas que las respaldan demuestran cada vez más que la falta de espacios abiertos no tiene por qué ser una limitación para producir alimentos. En 2020, esta industria atrajo US$ 1.900 millones en capital de riesgo a nivel mundial: el triple de lo que se invirtió en 2019.

En Boston se encuentran algunas de las empresas que más están creciendo. Por ejemplo, Freight Farms democratiza más la cercanía a la producción porque usa contenedores modernizados que se pueden acomodar bajo autopistas elevadas o junto a comedores escolares. En 30 metros cuadrados, estos contenedores producen lo mismo que una hectárea de cultivo. Este tipo de soluciones innovadoras nos dan una idea de cómo puede ser el cultivo alternativo, mientras el cambio climático degrada las tierras agrícolas y reduce el suministro de agua. Sin embargo, el método tiene sus desventajas: puede requerir mucha electricidad y, si bien la producción se suele vender como “local”, en ciertos sentidos replica la centralización y la influencia corporativa que irrita desde hace mucho a los defensores de la agricultura local y regional.

Como fotógrafo aéreo, espero que siempre se integre cierta forma de producción alimentaria de exteriores en nuestros paisajes. Los veamos desde el suelo o desde el aire, las granjas y los campos nos ayudan a comprender los elementos clave del mundo natural que nos sustenta, nos ayudan a conectarnos con el planeta y nos impulsan a proteger estos lugares. Pero desde el cielo se hace cada vez más evidente que se están repensando los sistemas agrícolas, y que necesitaremos muchos enfoques distintos para que los “alimentos locales” evolucionen y lleguen a ser un modelo equitativo de soberanía alimentaria regional.

La región metropolitana de Boston importa el 90 por ciento del alimento desde fuera de la región. Arriba, los furgones y las unidades refrigeradas forman fila en los depósitos de New England Produce Center, en Chelsea, al norte del centro de Boston. Este complejo es uno de los mercados mayoristas de productos agrícolas más grandes del mundo; recibe cargamentos de todos los rincones de los Estados Unidos y de otros países. Luego, los productos de redistribuyen a puntos de venta de toda Nueva Inglaterra y el sudeste de Canadá. Crédito: Alex MacLean.

Los famosos jardines Fenway Victory Gardens, junto al río Muddy, en Back Bay, Boston, están conformados por más de 500 parcelas que son vestigio de tierras que en la Segunda Guerra Mundial se usaron para producir alimentos. Fenway fue uno de los más de 20 millones de jardines de la victoria del país que ayudaron a cultivar cerca del 40 por ciento de la producción nacional en el punto más álgido de la guerra. Esta historia demuestra el potencial de adaptación y la capacidad de producir alimentos locales a gran escala. Crédito: Alex MacLean. 

Las cuatro estaciones del jardín comunitario de la Primera Iglesia Parroquial, en Lincoln, Massachusetts. Los cambios que tienen lugar en el jardín durante el año marcan el paso del tiempo y generan conciencia sobre la transición entre las estaciones. Los feligreses cultivan parcelas individuales y, en conjunto, una parcela de donaciones que ofrece un promedio de 300 kilos de comida al año a refugios para personas sin hogar y comedores comunitarios de la zona de Boston. Crédito: Alex MacLean.

Mill City Grows gestiona cuatro granjas, entre ellas 1,1 hectáreas que alquila a la ciudad de Lowell, y distribuye los productos en mercados móviles, un programa de Agricultura de Respaldo Comunitario y donaciones. Crédito: Alex MacLean.

En 2011 la ciudad de Lawrence ayudó a fundar el jardín Cross and Cedar Street. Lo atienden residentes locales y se ubica en dos baldíos donde antes había viviendas deterioradas. Los lechos elevados protegen a las plantaciones de los riesgos del suelo contaminado. Crédito: Alex MacLean.

El jardín comunitario Nightingale, en Dorchester, Massachusetts, pertenece a la organización estatal de conservación The Trustees y forma parte de una iniciativa de la ciudad para aumentar el acceso a productos agrícolas locales y lograr que los jardines comunitarios sean una parte destacada de los espacios urbanos no construidos. Crédito: Alex MacLean. 

Las terrazas plantadas encima del Esplananade, un complejo de condiminios en Cambridge, Massachusetts, demuestran el potencial de los espacios de techo comerciales para acomodar la agricultura urbana. Crédito: Alex MacLean.

Los gallineros móviles y las jaulas de contención se mueven todos los días en las granjas comunitarias Codman, en Lincoln, Massachusetts; es una de las prácticas sostenibles que logra producir entre 800 y 1.200 huevos a la semana. La granja está a 24 kilómetros al noroeste de Boston, data de 1754 y cuenta con 7 hectáreas. Otras 50 hectáreas de campos y pastizales desperdigados por la ciudad abastecen el heno para el ganado y ofrecen espacios abiertos a las zonas circundantes. Crédito: Alex MacLean.

Más del 95 por ciento de las frutas y verduras que se consumen en la costa este proviene de California y Arizona, y suele tardar más de una semana en llegar. Little Leaf Farms realiza cultivos hidropónicos durante todo el año para reducir la dependencia en la costa oeste, en un invernadero de 4 hectáreas en Daven, Massachusetts, a 65 kilómetros al oeste de Boston. El proceso de cultivo está totalmente automatizado; las plantas se siembran y se cosechan sin contacto humano. Hasta ahora, la empresa obtuvo un financiamiento de US$ 90 millones mediante deudas y capital propio para ampliar sus operaciones por la costa este; empezará por Pensilvania y Carolina del Norte. Crédito: Alex MacLean.

Freight Farms fabrica invernaderos hidropónicos verticales dentro de contenedores de carga de 12 metros. Estos contenedores están equipados con controles climáticos precisos e iluminación optimizada para determinadas plantas y, en 30 metros cuadrados, pueden producir lo mismo que una hectárea de terrenos de cultivo convencionales. Los invernaderos móviles se pueden colocar en cualquier parte, como debajo de autopistas o junto a escuelas. Crédito: Alex MacLean.

Gotham Green (la estructura blanca en el extremo inferior izquierdo de la imagen) se construyó donde solía haber un terreno abandonado contaminado en Providence, Rhode Island. Hoy provee a Nueva Inglaterra de frutas, verduras y especias hidropónicas durante todo el año. El invernadero cuenta con electricidad de fuentes renovables y consume un 95 por ciento menos de agua y utiliza un 97 por ciento menos de suelo que la agricultura convencional. Crédito: Alex MacLean.

Gaining Ground Farm, en Concord, Massachusetts, cultiva alimentos para refugios y comedores de beneficencia de la zona de Boston. Mediante túneles altos, invernaderos de techo curvo y nutrición del suelo duplicó la producción en cuatro años. En 2020 cultivó y donó 57.800 kilos de alimentos, comparados con 28.015 kilos en 2016. En esta fotografía, tomada en 2016, se muestran los primeros invernaderos de techo curvo incorporados. Crédito: Alex MacLean.

En esta fotografía, tomada en 2020, se observa cómo se intensificó la producción en Gaining Ground Farm. Crédito: Alex MacLean.

Este jardín comunitario de Allston-Brighton, Massachusetts, se encuentra en un terreno que pertenece al Departamento Estatal de Conservación y Recreación. El follaje de mediados de octubre presagia el fin de la estación de cultivo y la llegada del invierno. Crédito: Alex MacLean.

Alex MacLean es piloto y fotógrafo con exhibiciones a nivel internacional; su trabajo se ha presentado en Land Lines y el libro Visualizing Density, del Instituto Lincoln. Se especializa en documentar cambios en el suelo provocados por la intervención humana y los procesos naturales.

Fotografía principal: Los jardines comunitarios de Boston fortalecieron el sentido de pertenencia en los vecindarios. El de Worcester Street, en South End, es uno de los 56 jardines comunitarios que pertenecen a The Trustees. Lo administran voluntarios y posee más de 130 parcelas disponibles para residentes, que se distribuyen por orden de llegada. Crédito: Alex MacLean.

Mark Anderson, an ecologist who has conducted groundbreaking work to map climate-resilient lands and waters across the United States, has been named the new Kingsbury Browne Fellow at the Lincoln Institute of Land Policy and the recipient of the Kingsbury Browne Conservation Leadership Award from the Land Trust Alliance.  

In his role as director of The Nature Conservancy’s Center for Resilient Conservation Science, Anderson oversees a team of scientists that has created detailed maps of areas whose topographies, elevations, and geologies are particularly suited for withstanding the impacts of climate change. These maps are used by government agencies, land trusts, and other organizations to prioritize conservation work. Anderson has also produced a deep body of scholarship in the field, including co-authorship of the National Vegetation Classification, an online inventory of plants and plant communities across the United States. 

“Mark is a global leader in applying the science of Geographic Information Systems to the art of land conservation,” said Jim Levitt, director of the International Land Conservation Network at the Lincoln Institute. “His insight has been invaluable in lighting the path forward.” 

“For years, Mark has been at the forefront of climate science and how to combine it effectively with ecology,” said Andrew Bowman, president and CEO of the Land Trust Alliance. “For his visionary climate work and his longstanding commitment to the land trust community, we are honored to name Mark this year’s Kingsbury Browne Conservation Leadership Award winner.” 

The fellowship and award, given since 2006, are named for Kingsbury Browne, a Boston tax lawyer and conservationist who served as a Lincoln Fellow in 1980 and helped form the Land Trust Alliance in 1982.  

Recent recipients of the fellowship include Fernando Lloveras San Miguel, executive director of the Conservation Trust of Puerto Rico; Jane Difley, who led the Society for the Protection of New Hampshire Forests for 23 years; Michael Whitfield, executive director of the Heart of the Rockies Initiative; and Will Rogers, head of the Trust for Public Land. 

Photograph by DJ Glisson, II / Firefly Imageworks.

In this summer of 2021, land is being ravaged. Wildfires burn in the western United States, Canada and elsewhere, destroying whole towns and sending smoke across the continent. Meanwhile, the Amazon rainforest has been scorched so extensively for ranching and agriculture that it now emits more carbon than it absorbs.

These alarming events, and the UN’s latest report on rapidly accelerating climate change, underscore the critical role of land, land management, and land conservation in confronting the climate crisis, says Jim Levitt, director of the International Land Conservation Network at the Lincoln Institute of Land Policy.

Sequestering carbon, mitigating heat islands and disasters, maintaining biodiversity, managing water resources stressed by drought—all are crucial jobs that land performs incredibly well, says Levitt, the guest on the latest episode of the Land Matters podcast. And that is why conserving and better managing forests, wilderness areas, and working landscapes is so important now, he says.

“I don’t want to sugarcoat this—it’s going to be a very challenging task,” he says. “It’s a situation, as many people have said before me, that will require all hands on deck.”

Levitt, author of the book From Walden to Wall Street, details latest and best practices in legal structures and conservation finance to step up land protection globally. Land conservation has been part of the Lincoln Institute’s portfolio for decades, but it has special relevance today in the context of global warming.

As part of the 75th anniversary year, the Lincoln Institute is taking a look at a wide range of programs and how they have evolved over the years—and how they are being applied now to some of the world’s most serious problems.

You can listen to the show and subscribe to Land Matters on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or wherever you listen to podcasts.

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Photograph: California and other states in the U.S. West are enduring longer wildfire seasons, a trend fueled by climate change. Credit: CAL FIRE via Flickr CC BY-NC 2.0.

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How Land Conservation Reduces Climate Change

Bridging the Divide: Why Integrating Land and Water Planning Is Critical to a Sustainable Future

Sustainably Managed Land and Water Resources, one of six strategic goals

Workshop Report on Biodiversity and Climate Change, a report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services and Intergovernmental Panel on Climate Change

Across four decades as an aerial photographer, I have been drawn to documenting agriculture for the way it reveals important clues about region, climate, topography, soil, and the passage of seasons and time. This work has increasingly focused on the connections between land use and climate change, as attention to shortening food miles—reducing the distance between producers and consumers, with the goal of lowering carbon emissions and minimizing supply chain disruptions—visibly plays out across rural–urban transects. The images in these pages represent the first steps in an inquiry into how food production in and around urban areas in the United States is changing.

In recent years, the intensification of small-scale growing in the region around Boston, Massachusetts, has been increasingly apparent. From the air, I’ve seen hoop houses spring up on small farms seeking to meet demand and expand productivity; I’ve seen drab commercial and residential rooftops become vibrant gardens; I’ve seen historically nonproductive urban land like vacant lots and lawns become cultivated spaces. When added up, these small-scale operations seem to hold real potential for productivity gains through the power of increments. Green spaces in and near urban areas don’t just provide people with fresher, more accessible food; by filtering stormwater, absorbing carbon dioxide, and providing other environmental benefits, they can also make cities healthier, more resilient places.

Despite these promising changes, what is commonly understood as the locavore movement has done more to create a sense of place, build community, and educate around food than it has to increase food security or shorten food miles at the scale necessary to confront climate change. While demand and enthusiasm for local food has grown over the last decade, an estimated 90 percent of food in the Boston metro area comes from outside the region, according to Food Solutions New England (FSNE), a regional network based at the nearby University of New Hampshire. But policy makers, investors, farmers, and entrepreneurs in the area are working to change that, and FSNE is advocating for “50 by 60”—referring to the percentage of food that could be regionally sourced by 2060.

One trend that could help reach that goal, also visible from the air, is indoor farming. Most commonly located in undervalued industrial neighborhoods, indoor farms use technologies like hydroponics and LED lighting to enable year-round cultivation. The companies behind them are increasingly demonstrating that a lack of open space does not have to be a constraint on food production. The indoor farming industry attracted $1.9 billion in global venture capital in 2020, three times the amount committed in 2019.

Boston is home to some of the companies gaining the most momentum. Freight Farms, for instance, further democratizes proximity to production through the use of retrofitted shipping containers that can be tucked beneath elevated highways or squat next to school cafeterias. In 320 square feet, these containers yield as much produce as two cultivated acres. Such innovative solutions give insight into what alternative growing can look like as climate change degrades farmland and shrinks water supplies. However, indoor farming has its drawbacks; it can be energy intensive and, although its yields are often marketed as “local,” in some senses it replicates the centralization and corporate influence against which local and regional agriculture advocates have long chafed.

As an aerial photographer, I hope some form of outdoor food production will always be integrated into our landscapes. Whether viewed from the ground or from the air, farms and fields help us understand the key elements of the natural world that sustain us, providing a connection to the planet and an impetus to protect these places. But from above, it is increasingly apparent that a reimagining of agricultural systems is underway, and that we will need many different approaches for “local food” to evolve into an equitable model of regional food sovereignty.

The Boston metro region imports 90 percent of its food from outside the region. Above, box trucks and refrigerated trailer units line the New England Produce Center warehouses in Chelsea, just north of downtown Boston. Among the largest wholesale produce markets in the world, the complex receives shipments from across the United States and internationally. Produce is then redistributed to food outlets throughout New England and southeastern Canada. Credit: Alex MacLean.

The renowned Fenway Victory Gardens along the Muddy River in Boston’s Back Bay are made up of over 500 plots that remain on land that was dedicated to food production during World War II. Fenway was one of over 20 million victory gardens across the country that contributed to growing roughly 40 percent of the nation’s produce at the height of the war. The history speaks to the potential to adapt and to grow local produce on a large scale. Credit: Alex MacLean.

The community garden at the First Parish Church in Lincoln, Massachusetts, seen in four seasons. Changes in the garden throughout the year are a time marker that affirms our awareness as we transition through seasons. Parishioners grow individual plots and collectively grow a donation plot that provides an average of 600 pounds of food each year to Boston-area homeless shelters and soup kitchens. Credit: Alex MacLean.

The Largest of Mill City Grows’ four farms, “Big Farm” is situated on 2.8 acres leased from the city of Lowell, Massachusetts. The food from these farms is distributed through mobile markets, a Community Supported Agriculture farm share program, and donations. In working toward local food justice, Mill City Grows also partners with schools to support educational and community growing initiatives. Credit: Alex MacLean.

The city of Lawrence, Massachusetts, helped establish the Cross and Cedar Street Garden in 2011. The garden, which is tended by local residents, occupies two vacant lots where dilapidated housing had been torn down. Raised beds help protect against the hazards of contaminated soil. Credit: Alex MacLean.

The Nightingale Community Garden in Dorchester, Massachusetts, owned by statewide conservation organization The Trustees, is part of a citywide initiative to increase access to local produce, and to make community gardens a prominent feature of unbuilt urban spaces. Credit: Alex MacLean.

Planted terraces on top of The Esplanade, a condominium complex in Cambridge, Massachusetts, demonstrate the potential for commercial roof spaces to accommodate urban agriculture. Credit: Alex MacLean.

Chicken tractors and containment pens are moved each day at Codman Community Farms in Lincoln, Massachusetts, one of the sustainable practices that goes into producing 800 to 1200 eggs per week. Located 15 miles northwest of Boston and dating back to 1754, the farm sits on 18 acres. An additional 120 acres of fields and pastures scattered throughout the town provide hay for livestock and open spaces for those living in the surrounding area. Credit: Alex MacLean.

Over 95 percent of greens consumed on the East Coast come from California and Arizona, often spending over a week in transit. Little Leaf Farms is working to disrupt reliance on West Coast produce through year-round hydroponic growing in a 10-acre greenhouse in Devens, Massachusetts, 40 miles west of Boston. The growing process is entirely automated; greens are planted and harvested without touching human hands. The company’s success thus far has brought in $90 million in debt and equity financing to expand operations down the East Coast, beginning in Pennsylvania and North Carolina. Credit: Alex MacLean.

Freight Farms manufactures vertical hydroponic greenhouses inside 40-foot shipping containers. Equipped with precise climate control and optimized lighting for select plants, the containers can yield up to two acres of conventionally grown produce in 320 square feet. The mobile greenhouses can be placed anywhere, such as beneath highway underpasses or adjacent to schools. Credit: Alex MacLean.

Built on what was once a contaminated brownfield site in Providence, Rhode Island, Gotham Greens—the white structure at bottom left of image—provides New England with year-round hydroponically grown greens and herbs. The greenhouse is powered by renewable electricity and uses 95 percent less water and 97 percent less land than conventional agriculture. Credit: Alex MacLean.

Gaining Ground Farm in Concord, Massachusetts, grows produce for Boston-area shelters and food pantries. Using high tunnels, hoop houses, row covers, and soil nourishment, Gaining Ground has increased production by over 100 percent over a four-year period. In 2020, Gaining Ground grew and donated 127,429 pounds of produce, compared to 61,764 in 2016. This photograph, taken in 2016, shows the farm’s early adoption of hoop houses. Credit: Alex MacLean.

This photograph, taken in 2020, shows the intensification of production at Gaining Ground Farm in Concord, Massachusetts. Gaining Ground, which grows produce for Boston-area shelters and food pantries, more than doubled the amount of food it grew and donated between 2016 and 2020. Credit: Alex MacLean.

This community garden in Allston-Brighton, Massachusetts, is on land owned by the state Department of Conservation and Recreation. The mid-October foliage foretells the end of the growing season and the onset of winter. Credit: Alex MacLean.

Alex MacLean is a pilot and internationally exhibited photographer whose work has appeared in Land Lines and the Lincoln Institute book Visualizing Density. He specializes in documenting changes to the land brought about by human intervention and natural processes.

Lead Image: Boston’s community gardens have created a stronger sense of place within city neighborhoods. The Worcester Street Community Garden in Boston’s South End is one of 56 community gardens owned by The Trustees. Managed by volunteers, the Worcester Street garden has more than 130 plots available to Boston residents on a first-come, first-served basis. Credit: Alex MacLean.

The Babbitt Center’s new Colorado River Basin map is available at no cost as a downloadable pdf and as a hard copy.

Where is the Colorado River Basin? A novice attempting a cursory Google search will be surprised—and perhaps frustrated, confused, or a little of both—to find that there is no simple answer to that question. Winding through seven U.S. states and two states in Mexico—and supporting over 40 million people and 4.5 million acres of agriculture along the way—the Colorado River is one of our most geographically, historically, politically, and culturally complex waterways. As a result, creating an accurate map of the basin—the vast area of land drained by the river and its tributaries—is not a simple undertaking.

Commonly used maps of the region vary widely, even on basic details like the boundaries of the basin, and most haven’t kept up with changing realities—like the fact that the overtapped waterway no longer reaches its outlet at the sea. At the Babbitt Center, we began to hear a common refrain as we worked on water and planning integration efforts with stakeholders throughout the West: people frequently pointed out the flaws in available maps and suggested that addressing them could contribute to more effective water management decisions, but no one seemed to have the capacity to fix them. So, with the help of the Lincoln Institute’s newly established Center for Geospatial Solutions, we embarked on a mapping project of our own.

Our newly published peer-reviewed Colorado River Basin map seeks to correct several common errors in popular maps while providing an updated resource for water managers, tribal leaders, and others confronting critical issues related to growth, resource management, climate change, and sustainability. It is a physical and political map of the entire Colorado River Basin, including the location of the 30 federally recognized tribal nations; dams, reservoirs, transbasin diversions, and canals; federal protected areas; and natural waterways with indications of year-round or intermittent streamflow. We are making the map freely available with the hope that it will become a widely used resource, both within the basin and beyond.

Challenges, Choices, and Rationale

Even though they have few words, maps still speak. All maps are somewhat subjective, and they influence how people perceive and think about places and phenomena. During the peer review process for our new map, one reviewer asked whether our purpose was to show the “natural” basin or the modern, aka engineered and legally defined, basin. This seemingly simple question raised several fundamental questions about what a “natural” basin actually is or would be. This struck us as akin to a perennial question facing ecological restoration advocates: to what past condition should one try to restore a landscape?

In the case of the Colorado, this question becomes: when was the basin “natural”? Before the construction of Hoover Dam in the 1930s? Before Laguna Dam, the first dam built by the U.S. government, went up in 1905? The 18th century? 500 years ago? A million years ago? In an era when the human–natural binary has evolved into a more enlightened understanding of socioecological systems, these questions are difficult to answer.

We struggled with this quandary for some time. On the one hand, representing a prehuman “natural” basin is practically impossible. On the other hand, we felt an impulse to represent more of the pre-dam aspects of the basin than we typically see in conventional maps, which often privilege the boundary based on governmental contrivances of the 19th and 20th centuries.

Ultimately, after multiple internal and external review sessions, we agreed on a representation that does not attempt to resolve the “natural” versus “human” tension. We included infrastructure, clearly showing the highly engineered nature of the modern basin. We also included the Salton Basin and Laguna Salada Basin, two topographical depressions that were formed by the Colorado. Both are separate from the river’s modern engineered course, and often excluded from maps of the basin. We didn’t choose to show them because we expect the Colorado River to jump its channel any time soon, nor because we presume to accurately represent how the delta looked prior to the 20th century. But from our research, we learned that the 1980s El Niño was of such magnitude that river water from the flooded lower delta reached back up into the dry bed of the Laguna Salada, making commercial fishing possible there. Environmental management of the heavily polluted Salton Sea, meanwhile, is a contested issue that has figured in recent discussions about future management of the Colorado. These areas are not hydrologically or politically irrelevant.

Our map doesn’t attempt to answer every question about the basin. In many ways, our contribution to Colorado River cartography highlights the unresolved tensions that define this river system and will continue to drive the discourse around water management and conservation in the Colorado Basin.

There is no simple definition of the Colorado River Basin. That might be the most important underlying message of this new map.

Zachary Sugg is a senior program manager at the Babbitt Center for Land and Water Policy.

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StoryMap: The Hardest Working River in the West

En la década de 1980, poco después de que China se hubiera abierto al mercado y el comercio internacionales, las tierras agrícolas del país empezaron a sucumbir a la súbita urbanización. Entre 1987 y 1995, el crecimiento explosivo de las ciudades consumió entre tres y cinco millones de hectáreas de tierras agrícolas excelentes. Este patrón provocó cambios drásticos en el paisaje y grandes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. El gobierno central, consciente de que la ausencia de granjas implicaría una ausencia de alimentos para la creciente población (que, por otro lado, hacía apenas unas décadas había sufrido una hambruna arrasadora que se había cobrado la vida de 20 a 50 millones de personas, entre 1958 y 1961), promulgó regulaciones que exigían a quienes destinaran tierras agrícolas a otros usos que garantizaran la protección de la misma cantidad de tierras agrícolas en otra parte.

El Ministerio de Suelo y Recursos de China hizo un esfuerzo heroico por cumplir estos mandatos de cero pérdida neta. Pero era imposible controlar la calidad del suelo y las decisiones locales sobre intercambio de tierras, en particular con sistemas de gestión antiguos, como datos limitados, registros en papel y mapas con baja resolución. Entre 2001 y 2013, la urbanización avanzó rápido y se tragó unas 33 millones de hectáreas de tierras agrícolas. En la mayoría de los casos, las tierras agrícolas ricas que rodeaban a las crecientes ciudades se “reemplazaron” por bosques menos productivos y pastizales. Para incrementar el rendimiento de un suelo menos fértil, los productores rurales debieron adoptar prácticas de cultivo más intensivas y recurrieron a fertilizantes químicos, pesticidas y sistemas de irrigación. Estas soluciones técnicas conservaron la seguridad alimentaria, pero a un costo elevado: entre otras cosas, agotaron los acuíferos y contaminaron el suelo.

Hoy, China es un país importador neto de granos, y el futuro de la producción depende de que se encuentren nuevas fuentes hídricas para irrigar. La seguridad alimentaria vuelve a ser un tema de preocupación cada vez mayor, pero algo más está cambiando en China: el organismo de suelo y recursos (que hoy se llama Ministerio de Recursos Naturales) está modernizando el sistema que usa para controlar y hacer cumplir la política de conservación de tierras agrícolas. Este incorpora la adopción de datos geoespaciales provenientes de imágenes satelitales y otras detecciones remotas para mapear y evaluar la calidad del suelo recuperado. También incluye controles en las fronteras urbanas para guiar mejor las decisiones de desarrollo.

Las mejoras recientes en la calidad de las imágenes satelitales y los métodos de análisis informático están permitiendo controlar las labores de preservación de tierras agrícolas en China con una precisión cada vez mayor. Estas mejoras también son muy prometedoras para la conservación territorial e hídrica en todo el mundo. En estos meses, el Instituto Lincoln dará un paso importantísimo para expandir la accesibilidad y el uso de esta tecnología de vanguardia: lanzará el Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS, por sus siglas en inglés).

El CGS es un nuevo núcleo de datos, pericia y servicios para personas y organizaciones de los sectores público, privado y sin fines de lucro que trabajan para conservar los recursos hídricos y territoriales. Ampliará el acceso a sistemas de información geográfica (SIG), detección remota y otras herramientas que pueden ayudar a tomar decisiones sobre gestión territorial e hídrica. Si bien estas herramientas existen desde hace décadas, muchas organizaciones no cuentan con los datos, el equipo, el personal o la pericia para implementarlas, lo cual limita su capacidad de alcanzar los objetivos y colaborar con otras partes a gran escala. El centro se dedicará a habilitar el acceso a tecnología de vanguardia para personas y comunidades que, históricamente, vivieron oprimidas o marginadas; gobiernos de países, regiones o estados con ingresos bajos a medios; organizaciones sin fines de lucro con recursos limitados; y nuevos emprendimientos o empresas que operen en economías limitadas o en vías de desarrollo. 

Lanzamos esta iniciativa porque sabemos que las reformas de gran alcance como las que implementó China para conservar las tierras agrícolas son solo el primer paso hacia un resultado esperado. Para alcanzarlo, dichas políticas deben preceder al trabajo menos glamoroso de persistir en controlar y hacer cumplir las normas, además de ajustarlas en función de las lecciones aprendidas. Por otra parte, si los gestores desean supervisar las políticas de suelo a nivel nacional o internacional, deben acceder a los mejores datos y herramientas de precisión que puedan, para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo a nivel local y responder a ello. El CGS estará a cargo de empleados con amplia experiencia en tecnologías de mapeo, desarrollo organizacional, salud pública y conservación, y ofrecerá datos, realizará análisis y creará herramientas personalizadas para responder a la creciente demanda de organizaciones de todos los tamaños, con todos los niveles de capacidad técnica.

El CGS se erige sobre la amplia trayectoria del Instituto Lincoln de ideas pioneras que han transformado las políticas de suelo a nivel nacional y global. El Instituto Lincoln tiene un papel protagónico en el desarrollo de la tasación computarizada de bienes raíces desde la década de 1970. Esto revolucionó el modo en que los gobiernos locales de todo el mundo administraban el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el componente más importante de la renta pública local en casi todas partes. A principios de los 80, el Instituto Lincoln acordó unos 40 fideicomisos de suelo para movilizar iniciativas para la conservación de suelos privados en los Estados Unidos y complementar la de tierras públicas. Desde que expandió el alcance y el uso de las servidumbres de conservación, y logró propugnar las deducciones tributarias estatales y federales para conservar tierras privadas, la coalición, que se convirtió en Land Trust Alliance, ayudó a proteger más de 22 millones de hectáreas de suelos privados, lo cual equivale a la superficie de Minnesota. Además, en 2014 lanzamos la Red Internacional de Conservación del Suelo (ILCN, por sus siglas en inglés), que conecta a organizaciones civiles y privadas de conservación territorial con personas de todo el mundo, y dio origen a iniciativas de conservación importantísimas en varios continentes.

Con el lanzamiento del CGS, nos preparamos para poner en práctica nuestra pericia en la labor de apoyar y amplificar las audaces iniciativas territoriales que existen en la actualidad. Por ejemplo, a principio de año, Campaign for Nature lanzó un trabajo mediante el que, para el año 2030, pretende proteger un 30 por ciento del suelo y los océanos del planeta. La “Campaña 30 para el 30” tiene como meta analizar el cambio climático, apoyar la creciente población mundial y evitar las extinciones masivas mediante la protección de recursos naturales y ecosistemas esenciales, y el control y la administración de dicha protección a perpetuidad. Esta iniciativa colosal puede aprender de las labores de protección de tierras agrícolas en China y otros esfuerzos audaces por gestionar el suelo y los recursos a niveles nacionales o globales, y se beneficiará con las herramientas y los análisis como los que propone el CGS.

Una primera pregunta que resulta importante es si podemos aprovechar los traumas de 2020 (una pandemia, incendios forestales devastadores en Australia y los Estados Unidos, la creciente frecuencia y gravedad de calamidades relacionadas con el clima) para forjar la voluntad política de realizar acciones globales significativas. ¿Podemos convencer a la clase política y los votantes del mundo de que la crisis climática o las extinciones masivas son una amenaza para la supervivencia de los humanos y exigen el tipo de acción global coordinada que provocó la pandemia? Además: ¿podemos ajustar el objetivo global de 30 para el 30 a fin de provocar acciones más específicas (y prácticas) a niveles más bajos de la geografía y evitar consecuencias inesperadas?  Si bien 30 para el 30 es una consigna práctica, el 30 por ciento del suelo y los océanos que la campaña elija proteger guardará una relación directa con la capacidad que tengamos de revertir la crisis climática o evitar extinciones masivas. Tendremos que determinar qué suelos y otros recursos debemos proteger, cuáles proteger primero, y cómo hacerlo. Tendremos que supervisar a los agentes locales para procurar que sus acciones sean coherentes con los objetivos y las estrategias globales. Y tendremos que encontrar formas de responsabilizar a los actores clave para que cumplan las referencias esenciales. Por último, cuando hayamos identificado los ecosistemas específicos que queremos proteger, necesitaremos mecanismos legales para hacerlo y medios para controlar la protección y la administración a perpetuidad. Se necesitarán miles de personas equipadas con las herramientas y la capacitación para controlar y hacer cumplir los convenios legales, y con la autoridad para hacerlo.

El Instituto Lincoln puede aportar a esta audaz labor global al ayudar a la Campaña a determinar qué suelos y otros recursos debe proteger primero, cómo controlar y administrar esa protección y, con la colaboración de la ILCN, cómo transitar los mecanismos legales relevantes en los distintos países con distintos sistemas normativos. En labores paralelas, el Instituto Lincoln está construyendo un plan de estudios a distancia para capacitar a funcionarios gubernamentales y profesionales locales en el uso más efectivo de nuevas herramientas y enfoques de gestión territorial e hídrica. El CGS puede ofrecer herramientas y capacitación que se puedan implementar a nivel local para respaldar objetivos globales, a fin de descentralizar la toma de decisiones. Al poner a disposición general la tecnología de mapeo, podemos darles a las personas y organizaciones la posibilidad de colaborar y lograr un impacto en la conservación territorial e hídrica que es mayor en varios órdenes de magnitud que lo que pueden lograr en soledad.

El Centro de Soluciones Geoespaciales existe para aportar nueva claridad y entendimiento al tema de la conservación territorial global, ya que aumenta el acceso a datos con la intención de construir un futuro más sostenible. Como una niebla que se dispersa, al aplicar tecnología geoespacial, todas las personas podrán ver qué está pasando en cualquier parte del planeta. Nos hará sentir que la Tierra es mucho más pequeña, y que las soluciones a los problemas más complicados de la humanidad son mucho más fáciles de alcanzar.

Imagen: El Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS) ampliará el acceso a sistemas de información geográfica (SIG), detección remota y otras herramientas que pueden ayudar a tomar decisiones sobre gestión territorial e hídrica. Este mapa del CGS combina datos sociales y medioambientales para destacar entornos de los cuales dependen especies en riesgo, o que están bajo presión por el desarrollo y adyacentes a áreas protegidas existentes (en verde). Crédito: CGS.

The Lincoln Institute of Land Policy today launched a new enterprise to expand the use of advanced technology for land and water conservation—The Center for Geospatial Solutions (CGS). The center will give people and organizations the tools they need to manage land and water resources with precision, at the scale required to confront pressing challenges such as climate change, loss of habitat, and water scarcity.

The center will provide data, conduct analysis, and perform specialized consulting services that enable organizations of all sizes in the nonprofit, public, and private sectors to deploy geographic information systems (GIS), remote sensing, and other geospatial technologies. The center will help practitioners to overcome barriers such as a lack of staffing, resources, or expertise, which have hindered the adoption of geospatial technology, especially in the nonprofit sector.

“If land and water managers, conservationists, and governments are to meet rapidly accelerating social, economic, and environmental challenges, including climate change, they need to work together at larger scales and make use of every possible tool,” said Anne Scott, executive director for the Center for Geospatial Solutions. “The Center for Geospatial Solutions will enhance collective access to better data and analysis, so that practitioners and decisionmakers can act collaboratively on the best information available.”

The center will deliver services directly to nonprofit organizations, foundations, governments, and businesses, and will also work with funders to guide and administer grants. The center will also use the resources and expertise of the Lincoln Institute, which is organized around the achievement of six goals: sustainably managed land and water resources, low-carbon, climate-resilient communities and regions, efficient and equitable tax systems, reduced poverty and spatial inequality, fiscally healthy communities and regions, and functional land markets and reduced informality.

“My wife, Laura, and I developed Esri to help people make better decisions for our world, and that is what the Center for Geospatial Solutions is accomplishing,” said Jack Dangermond, President and CEO of Environmental Systems Research Institute (Esri). “The Center for Geospatial Solutions will move the global environmental field over the next decade to meet goals set forth by scientists to save and restore our planet. The center’s combination of partnerships, shared resources, advanced data science and analysis fills an important niche to bring geospatial technology solutions to environmental organizations worldwide.”

The center will prioritize access to technology for people and communities that have been historically marginalized, governments in the developing world, under-resourced nonprofit organizations, startups, and businesses operating in developing or restricted economies. The center will build customized tools that can be tailored to fit the size and capacity of any organization.

“These are unprecedented times, which require broad vision combined with the practical implementation of innovative solutions,” said Breece Robertson, director of partnerships and strategy for the Center for Geospatial Solutions. “We can’t address global challenges like climate change and inequity without access to data, science and technologies that enable everyone to act effectively.”

The potential for geospatial technology to improve conservation is well demonstrated. In one powerful application, regional planners in Tucson, Arizona, worked with nonprofit partners, including the Lincoln Institute’s Babbitt Center for Land and Water Policy, to map the tree canopy, surface temperatures, and other data to help communities to better-manage stormwater, and to prioritize where to plant trees. In another case, Denver’s regional planning agency is using high-resolution maps to classify land cover into eight categories for a wide range of possible uses, including to understand habitat connectivity and quality to guide investment in green infrastructure.

In addition to advancing land and water conservation, geospatial technology can inform decisions in urban contexts. Its applications include analyzing cities’ carbon footprints, exploring the conservation potential of brownfield sites, revealing local variations in air quality, and mapping parks, open spaces, and urban corridors for wildlife.

“Some organizations are already using geospatial technology to understand what is happening on the ground with greater and greater precision,” said Jeffrey Allenby, director of geospatial technology for the Center for Geospatial Solutions. “The center will bring this capability to organizations of all sizes and scales by building customized tools that are easy to use for all staff, even those with no background or training in technology.”

“The center builds on the Lincoln Institute’s long track record of pioneering ideas that have transformed land policy,” Lincoln Institute President and CEO George W. “Mac” McCarthy wrote in an essay in Land Lines, the magazine of the Lincoln Institute. “The Center for Geospatial Solutions represents another transformational idea—by making land, water, and mapping technology universal, we can enable people and organizations to collaborate and achieve impact that is orders-of-magnitude greater than what they can accomplish today. Like lifting a fog, applying geospatial technology will enable anyone to see what is happening anywhere on the Earth. It will make the planet feel that much smaller, and the solutions to humanity’s toughest problems that much easier to grasp.”

For more information, visit cgs.earth or email cgs@lincolninst.edu.

Leadership of the Center for Geospatial Solutions

Anne Scott, Executive Director

Anne brings leadership experience in public and community health and international development, and she is particularly passionate about achieving cost-effective outcomes that can be replicated and scaled. She has lived and worked in Asia, Africa, and the Middle East on the implementation and evaluation of large-scale health and environmental programs funded by the U.S. and European governments, and philanthropic foundations. Anne has held executive positions at the Children’s Investment Fund Foundation in London, the Charlottesville (Virginia) Area Community Foundation and, most recently, Boston-based Pathfinder International. She is a prior board chair of the Chesapeake Conservancy. Anne has a Ph.D. in medical anthropology and an MBA in finance, as well as post-doctoral qualifications in science and diplomacy, and health and child survival.

Jeffrey Allenby, Director of Geospatial Technology.

Jeff brings a wealth of experience developing systems-focused solutions at the intersection of technology and the natural world. Prior to joining the Lincoln Institute, Jeff was the director of conservation technology at the Chesapeake Conservancy and cofounder of the Conservancy’s Conservation Innovation Center, building it from scratch into a globally recognized pioneer in the application of technology to improve environmental decision making in the Chesapeake Bay and across the world. Jeff worked previously for the University of Maryland Center for Environmental Science and the Maryland Department of Natural Resources on projects to support local climate change adaptation. Jeff has a M.E.M. and a certificate in geospatial analysis from Duke University and a B.S. from the University of Richmond. Jeff also serves as a member of the advisory board for the Internet of Water.

Breece Robertson, Director of Partnerships and Strategy

Breece has more than 18 years of experience leading collaborative and strategic initiatives that leverage data-driven platforms, GIS, research, and planning for the park and conservation fields. Breece combines geospatial technology and storytelling to inspire, activate, educate, and engage. During her career at The Trust for Public Land, she led geospatial innovations that supported the protection of 3,000+ places, over 2+ million acres of land, provided park access to over 9 million people, and achieved $74 billion in voter-approved funding for parks and conservation. She is a skilled leader, collaborator, implementer, and creative visionary with a legacy of building award-winning teams and community-driven GIS approaches for strategic conservation and park creation. Esri, the world’s leader in geographic information system (GIS) technology, twice has honored Robertson for innovation in helping communities meet park and conservation goals. In 2006, she was awarded the Esri Special Achievement in GIS award and in 2012, the “Making a Difference” award – a prestigious presidential award.

About the Lincoln Institute of Land Policy

The Lincoln Institute of Land Policy seeks to improve quality of life through the effective use, taxation, and stewardship of land. A nonprofit private operating foundation whose origins date to 1946, the Lincoln Institute researches and recommends creative approaches to land as a solution to economic, social, and environmental challenges. Through education, training, publications, and events, we integrate theory and practice to inform public policy decisions worldwide.

Will Jason is director of communications at the Lincoln Institute.

Image: NOAA Data Enterprise (NDE) VIIRS daily global active fire detections, UMD Geographical Sciences VIIRS Active Fire site, http://viirsfire.geog.umd.edu/pages/mapsData.php.

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