Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Durante varios años, el Instituto Lincoln ha patrocinado programas de investigación y capacitación en colaboración con funcionarios de Porto Alegre, Brasil. El experimento de política del suelo descrito en este artículo representa un avance de alto potencial pedagógico porque recalca la importancia de los factores de procedimiento (gestión, negociación, transparencia, legitimidad pública) en la provisión de tierras urbanizadas para los pobres, por encima del enfoque tradicional en las necesidades de financiamiento y otros recursos.

En el mundo de hoy, aproximadamente mil millones de personas viven en tugurios de barrios marginales con infraestructura precaria y sin seguridad de tenencia, y se espera que la situación empeore en el futuro (UN-HABITAT 2003). Desde las perspectivas del orden urbano y del ambiente, las ocupaciones ilegales del suelo suelen causar daños irreversibles e imponer altos costos de urbanización para los gobiernos municipales y para la sociedad como un todo.

La irregularidad es un fenómeno multidimensional que involucra cuestiones de tenencia (derechos de ocupación legal, registro de títulos, etc.); cumplimiento de normas y regulaciones urbanas (tamaños de lotes, tolerancias para espacios públicos, disposición de calles, etc.); cantidad y calidad de servicios suministrados; tipo de área donde se produce el asentamiento (áreas con riesgos ecológicos, laderas, zonas industriales abandonadas contaminadas, etc.); y por encima de todo, el proceso de ocupación en sí, que suele ser diametralmente opuesto al de la urbanización formal. En el mundo “formal”, la ocupación representa la última fase de una secuencia legal y reglamentada que empieza con la titulación y continúa con el planeamiento y la dotación de servicios.

Si bien las áreas irregulares suelen disponer de infraestructura básica, lo cierto es que la instalan los parceladores o las autoridades municipales después de la ocupación y frecuentemente como medida de emergencia. Por ejemplo, algunas veces existen redes troncales de agua y sistemas de alcantarillado cerca de las áreas donde se están formando los asentamientos irregulares, y el parcelador o incluso los ocupantes se limitan a improvisar conexiones clandestinas a las tuberías principales. Esta clase de intervención, si bien no es desastrosa en asentamientos pequeños, conlleva la extensión de los servicios a áreas no aptas para la ocupación humana. En otros casos, compañías de servicios públicos o privados extienden sus servicios a nuevos asentamientos sin tener en cuenta su condición legal y a menudo sin consultar con las autoridades municipales.

Procesos de ocupación típicos

Hoy en día, la manera más común de crear asentamientos irregulares consiste en ocupar parcelas mediante una compleja sucesión de transacciones comerciales en las que participan el propietario, el promotor inmobiliario o parcelador (fraccionador de terrenos) y, frecuentemente, los futuros ocupantes. Los propietarios buscan maneras de sacarle rentabilidad a la tierra; los parceladores hacen caso omiso a los códigos municipales y producen subdivisiones de bajo costo y alta rentabilidad; y los ocupantes pobres adquieren estos terrenos ilegales simplemente porque no tienen otra opción y quizás ni siquiera conocimiento de la legalidad de la situación. Por lo general, estas personas carecen de fuentes regulares de ingresos y de ahorros que les permitan aspirar a créditos o satisfacer las estrictas normas de construcción y otras condiciones exigidas para la adquisición y ocupación formal.

Los ocupantes compran el “derecho de ocupación” a través de un contrato de adquisición de la parcela (sin importar el estatus legal del terreno) y proceden a organizar la disposición de las calles y a construir viviendas sencillas. Cuando se realiza una inspección oficial, ya es demasiado tarde: las casas ya se construyeron y la comunidad está organizada para resistirse a cualquier intento de cambio. Las autoridades públicas no tienen capacidad para ir al ritmo de este ciclo de complicidad y terminan limitando su función a una mínima inspección, lo que no sólo esconde un modelo de gestión tolerante de la informalidad sino que pone en evidencia la carencia de otras opciones habitacionales para ese segmento de la población.

Muchas ciudades están aplicando medidas curativas de alto costo para introducir mejoras urbanas y programas de regularización de títulos, pero su eficacia ha sido limitada hasta la fecha (Smolka 2003). Lo más grave y paradójico es que las expectativas creadas por estos programas tienden a aumentar el número de personas que recurren a la irregularidad. Para decirlo en pocas palabras: el proceso típico de acceso a tierra urbanizada por parte de los pobres urbanos es injusto e ineficaz, y a la larga termina en un círculo vicioso de irregularidad porque contribuye a la pobreza en vez de mitigarla. El problema no es tanto definir el tipo, el proveedor y la escala de los servicios suministrados sino más bien cómo, cuándo y dónde funciona el proceso de dotación de dichos servicios.

El caso de Porto Alegre, Brasil

Porto Alegre, capital del estado más meridional de Brasil, es centro de un área metropolitana formada por 31 municipalidades. Con una población de 1.360.590 habitantes (año 2000), esta ciudad ha ganado reconocimiento mundial gracias a sus programas de reducción de la pobreza e inclusión social y sus muy aclamados procesos de gestión participativa que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). Cabe mencionar el alto alcance de los servicios de infraestructura, ejemplificado en el hecho de que el 84 por ciento de las viviendas de la ciudad están conectadas al sistema de alcantarillado; el 99,5 por ciento recibe suministro de agua tratada; el 98 por ciento recibe electricidad; y el 100 por ciento de los sectores goza de servicios de recolección selectiva de desechos (municipalidad de Porto Alegre, 2003).

A pesar de estas cifras impresionantes, el 25,5 por ciento de la población vive en los 727 asentamientos irregulares de la ciudad (Green, 2004) y el crecimiento anual estimado de la población de estas áreas marginales es del 4 por ciento, en comparación con sólo 1,35 por ciento para la ciudad en conjunto. Esta situación plantea la interrogante de cómo explicar el aumento paradójico de irregularidad ante la provisión generalizada de servicios básicos en un periodo de gestión participativa exitosa y popular.

A pesar de que el proceso decisorio de inversiones públicas en Porto Alegre ha mejorado desde 1989 (fecha de la introducción del sistema de presupuesto participativo descentralizado), también es cierto que el proceso sigue aquejado de fallas tales como ineficacia del sistema económico, técnicas poco apropiadas, caos medioambiental, injusticia fiscal (porque el dinero que debería beneficiar al público termina en los bolsillos de los parceladores) e insostenibilidad política. Muchas de las zonas están plagadas de problemas serios como calles deficientes sin drenaje ni pavimentación, inestabilidad geológica, susceptibilidad a inundaciones y falta de titulación legal, lo cual se traduce, por ejemplo, en la carencia de domicilio postal para poder recibir correspondencia. Así y todo, el caso de Porto Alegre es muy interesante porque constituye una vívida demostración de que el problema de confrontar la irregularidad no se refiere tanto a la provisión de servicios sino a cambiar el proceso de prestación de los mismos. Se trata de una cuestión de procedimientos, un cambio en las reglas del juego.

Un innovador instrumento de política urbana

El Urbanizador Social fue desarrollado en Porto Alegre como un instrumento, y más generalmente un programa, para superar el proceso insostenible de provisión de servicios urbanos pese a una larga historia de legislación reglamentaria (fig. 1). Promulgada en julio de 2003, poco después de la aprobación del innovador decreto brasileño Estatuto de la Ciudad, la Ley del Urbanizador Social fue el fruto de intenso diálogo entre sindicatos de la industria de la construcción, pequeños parceladores, cooperativas de vivienda, agentes financieros y la municipalidad.

Un “urbanizador social” es un promotor inmobiliario inscrito en el municipio, que tiene interés en construir viviendas de interés social en áreas identificadas por el gobierno y conviene en hacerlo bajo ciertos términos negociados tales como ofrecer parcelas urbanizadas a precios accesibles. Se trata de una asociación público-privada a través de la cual la municipalidad se compromete a aumentar la flexibilidad de ciertas normas y reglamentos urbanos, agilizar el proceso de obtención de licencias, reducir los requisitos jurídicos y reconocer la urbanización progresiva en etapas. También se prevé la transferencia de los derechos de urbanización como estímulo para los urbanizadores privados. Otros incentivos pueden presentarse en forma de acceso a líneas de crédito específicas o ciertas inversiones públicas directas en infraestructura urbana, de manera que los costos no terminen saliendo de los bolsillos del comprador final. Entre los posibles “urbanizadores sociales” figuran promotores inmobiliarios debidamente certificados, contratistas que ya están trabajando en el mercado informal, propietarios y cooperativas autogestionadas.

El programa Urbanizador Social de Porto Alegre incorpora lecciones aprendidas de problemas reales como también oportunidades de acción pública aún sin explotar, y se inspira en varias ideas específicas. Primero que todo, reconoce que los parceladores que suministran tierras urbanizadas al sector de bajos ingresos —si bien a través de actividades ilegales, irregulares, informales y clandestinas— poseen una experiencia y familiaridad con dicho sector que definitivamente no tienen las autoridades públicas. Por eso, en vez de condenar a estos agentes, posiblemente sea más beneficioso para el interés público darles incentivos apropiados (como también sanciones) para que puedan desempeñarse dentro del marco legal. Además, aunque es ampliamente sabido que los parceladores suelen ganar más dinero si se mantienen al margen de la ley (porque tienen menos costos generales, no pagan tarifas de permisos, etc.) menos conocido es el hecho de que, si se les diera la opción, muchos de ellos preferirían trabajar legalmente, incluso si ello redujera sus ganancias.

En segundo lugar, las plusvalías generadas por las transacciones del suelo podrían convertirse en una fuente de ingresos para el proyecto. En la práctica, este valor agregado debería ser distribuido directamente por el propietario —como una contribución de tierra que exceda lo exigido por la ley para los fraccionamientos de terrenos para el sector de bajos recursos—, e indirectamente por el parcelador en forma de menores precios del suelo para los compradores de bajos ingresos. En la mayoría de los casos de urbanización irregular, el público no percibe los beneficios de estos aumentos en el valor del suelo.

En tercer lugar, al dar transparencia a los términos de las negociaciones directas, y en consecuencia propiciar acuerdos que benefician a todas las partes interesadas (propietarios, promotores, autoridades públicas, compradores), el proceso del Urbanizador Social crea vías que facilitan el cumplimiento de las normas establecidas para el proyecto. Otro componente del proceso de negociación está relacionado con el programa de inversión acordado y su efecto en eliminar la especulación.

En cuarto lugar, para que este nuevo modo de urbanización pueda tener éxito, es necesario que pueda ofrecer un suministro adecuado de tierra urbanizada que satisfaga las necesidades sociales bajo condiciones de mercado competitivas (es decir, más costeables que las condiciones de los parceladores que normalmente serían informales). Un ingrediente básico del programa es que establece nuevas reglas para la urbanización social en general. Para los agentes privados debe estar muy claro que el proceso del Urbanizador Social es la única vía de participación del gobierno en el desarrollo de asentamientos costeables y aprobados.

El Urbanizador Social como un tercer camino

Desde el punto de vista del interés público, la meta principal de esta nueva estrategia es establecer, antes de la ocupación de los terrenos, la base o al menos un programa urbanizador que permita reducir o controlar los costos de la urbanización (fig. 2).

Por lo general, los gobiernos de las ciudades del tercer mundo responden a la incapacidad del sector pobre para tener acceso al mercado formal mediante dos modelos o paradigmas. Bajo el modelo del subsidio, el público interviene para facilitar tierra urbanizada bien sea directamente a través de asentamientos públicos desarrollados como respuesta a situaciones de emergencia, o indirectamente mediante préstamos a tasas inferiores del mercado para los promotores inmobiliarios que se desenvuelven en ese sector del mercado. En el otro extremo, el llamado “modelo de tolerancia del 100 por ciento” reconoce que el gobierno no tiene la capacidad de suministrar toda la tierra urbanizada requerida, y en consecuencia tolera arreglos irregulares e informales que pueden a la larga mejorarse mediante varias clases de programas de regularización.

Ninguna de estas dos maneras de enfrentar el problema afectan las condiciones del mercado y ambas contribuyen al círculo vicioso de la informalidad. En el primero de los casos, los subsidios se transforman en mayores precios del suelo, mientras que en el segundo caso los parceladores imponen una recargo basado en las expectativas de una regularización futura: mientras mayor es la expectativa, mayor es el recargo.

El Urbanizador Social representa una tercera vía que reconoce tanto el papel y la experiencia de los parceladores informales que trabajan en el segmento de bajos recursos, como la función indispensable de los agentes públicos, quienes prestan su apoyo a la población pobre para que participe en un mercado que, de otra manera, sería inaccesible. En otras palabras, este programa representa un esfuerzo para “formalizar lo informal” e “informalizar lo formal”, facilitando y proporcionando incentivos para que los promotores inmobiliarios puedan desenvolverse con más flexibilidad en ese sector poco rentable que es el mercado de bajos ingresos. Es un instrumento diseñado para estimular tanto a los empresarios que operan en el mercado inmobiliario clandestino como aquéllos que lo hacen en el segmento mercantil formal de mayores recursos, a fin de que urbanicen la tierra bajo las normas regulares existentes.

En el mundo entero se ha establecido una gran variedad de asociaciones público-privadas. Aunque es posible que el Urbanizador Social pueda ser visto como otro más de estos arreglos, consideramos importante establecerlo claramente y darle amplia difusión a fin de incrementar las posibilidades de este tipo de asociaciones.

La promulgación de la Ley del Urbanizador Social constituye un intento de cambiar la manera tradicional de responder a las necesidades de vivienda del sector de bajos recursos, porque da una señal clara a los agentes privados que gestionan en el mercado del suelo y protege al público de las acciones arbitrarias de los desarrollos privados. El Urbanizador Social ha demostrado ser una herramienta indispensable para la gestión pública. Sin embargo, dado que rompe con las prácticas de “siempre”, su puesta en práctica enfrenta todavía una multiplicidad de desafíos:

1. Desde un punto de vista institucional, debe superar el modelo tradicional de desarrollo urbano del municipio, que se ha limitado a los aspectos de regulación e inspección. Esta tradición puede interferir en las funciones de la autoridad pública como gerente, líder de los procesos de urbanización y regulador de relaciones que normalmente quedan a la merced de las reglas del mercado.

2. Desde el punto de vista de la administración municipal, la meta es coordinar sus muchas agencias, sucursales y entidades para estimular actividades que gocen de viabilidad económica y atractivo para los promotores inmobiliarios. El problema es que dicha meta pareciera estar reñida con los objetivos típicos del sector público.

3. Para poder atraer a grandes empresas inmobiliarias que forjen mejores asociaciones con las autoridades públicas, es fundamental que el instrumento ofrezca grandes atractivos dado que estas empresas ya tienen suficientes oportunidades lucrativas en el mercado de altos recursos.

4. Asimismo, el programa deberá poder aumentar la viabilidad de asociaciones con pequeñas empresas inmobiliarias, quienes por lo general carecen de la infraestructura interna y de los recursos financieros para poder desenvolverse en este tipo de mercado.

5. Finalmente, el Urbanizador Social debe procurar su estabilidad y función como elemento estructural de política urbana de acuerdo con el principio de acceso democrático a la tierra. Como nota interesante, tras 16 años con el mismo grupo político progresista en poder, Porto Alegre está actualmente pasando por una serie de cambios políticos acompañados de incertidumbre. A la larga, el Urbanizador Social no podrá crear resultados importantes si los gobiernos municipales no incorporan sus principios de manera estratégica a largo plazo.

Actualmente Porto Alegre tiene cinco proyectos pilotos de Urbanizador Social en diferentes etapas de desarrollo. Para que puedan funcionar como verdaderos experimentos, en ellos participan diferentes clases de promotores inmobiliarios tales como empresas urbanizadoras pequeñas, urbanizadoras ya establecidas en el mercado y cooperativas de viviendas. Una de estas áreas piloto ha demostrado la posibilidad de producir 125 m2 de tierras completamente urbanizadas a precios que van desde US$25 a US$28 por m2, en contraste con los precios del mercado formal, de US$42 a US$57 por m2 , por la misma cantidad de tierra. Los precios más bajos citados demuestran la buena disposición que tienen los promotores inmobiliarios a ceder en sus contratos con las autoridades municipales para ofrecer sus servicios dentro del marco del Urbanizador Social.

La municipalidad también intentó adquirir financiamiento para actividades de urbanización social a través de la entidad Caixa Econômica Federal (CEF), organización federal responsable por el financiamiento del desarrollo urbano y de la vivienda. La agencia está creando una nueva línea de financiamiento dentro de su programa de asociaciones, mediante el cual se otorga crédito a un comprador para la compra de una parcela. Hasta ahora, esta opción financiera había estado disponible únicamente para la adquisición de unidades habitacionales antes de su construcción. La idea de una línea de crédito para financiar el desarrollo de tierra urbanizada es una novedad. Otro aspecto digno de mencionarse son las intenciones de la administración municipal para anular los requisitos de análisis de riesgo para los promotores inmobiliarios; esto representa un ingrediente fundamental para abrir el campo a los pequeños promotores inmobiliarios.

Los elementos innovadores del instrumento del Urbanizador Social, en comparación con los métodos públicos tradicionales de enfrentar la irregularidad urbana, han captado la atención de muchas organizaciones y otras municipalidades. En el ámbito federal, el Urbanizador Social se considera totalmente integrado con los principios del Estatuto de la Ciudad, por lo que ha ganado el apoyo del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Actualmente el Congreso nacional brasileño está debatiendo sobre otra ley federal que trata de la subdivisión de la tierra urbana, y el Urbanizador Social es parte de la discusión. Si se aprueba, esta legislación sobre subdivisiones será un paso importante para cambiar el deficiente proceso tradicional de suministro de acceso a la tierra para la población urbana pobre de otras ciudades brasileñas.

Bibliografía

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Green, Eliane D’Arrigo, ed. 2004. Irregularidade fundiária em Porto Alegre por região de planejamento (Irregularidad del suelo en Porto Alegre por regiones de planificación) Municipalidad de Porto Alegre, Secretaría de Planificación Municipal. www.portoalegre.rs.gov.br/spm/

Jones Lang Lasalle. 2003. World Winning Cities II. http://www.joneslanglasalle.com/research/index.asp

Municipalidad of Porto Alegre. 2003. Informaçöes a cidade: Títulos e Conquistas (Información sobre la ciudad: Títulos y logros). www.portoalegre.rs.gov.br

Smolka, Martim O. 2003. Informalidad, Pobreza Urbana y Precios de la Tierra. Land Lines 15(1): 4–7.

UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT. http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156

United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press. http://www.undp.org/

United Nations Urban Gestión Program (UN/UMP). 2003. Report de la Urban Management Program of UN-HABITAT 2003. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT. http://hq.unhabitat.org/programmes/ump/públicoations.asp

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En las ciudades de América Latina, y especialmente en las más grandes, la ubicación de las viviendas es crítica para los grupos más vulnerables. En Buenos Aires, la población de las villas miseria en el área del centro se duplicó en el último período intercenso (1991-2001), si bien la población total declinó aproximadamente el 8 por ciento. En Rio de Janeiro, durante la misma década, los asentamientos informales de mayor crecimiento fueron los que se percibían como mejor ubicados, generalmente cerca de la costa en los barrios de clase media y alta, si bien éstos eran ya los barrios más hacinados y congestionados.

También se observa esta tendencia en Chile, no obstante el problema de los asentamientos informales es mucho menor que en el resto de América Latina. Sólo alrededor de 28.600 familias (el 1 por ciento de la población total de Chile) viven en 533 asentamientos precarios identificados (los cuales son denominados campamentos). Los catastros sucesivos demuestran que al mismo tiempo que los campamentos más antiguos se van reordenando, se continúan creando campamentos nuevos. Más de la mitad de los campamentos existentes fueron establecidos entre 1991 y 2007 (Fundación un Techo para Chile, 2007).

Hay varias explicaciones para esta persistencia de campamentos, aun en Chile, donde la política de vivienda se considera más desarrollada que en otros países, y donde ya queda poca tierra urbana disponible para ser invadida. Algunas familias que viven en campamentos pueden representar un grupo residual en transición entre su llegada a la ciudad y su reubicación en viviendas de interés social u otro tipo de vivienda formal. Otros pueden tener preferencia por tener su propia casa en un campamento en vez de tener que compartir cuartos con otra familia o parientes en una vivienda más formal.

Vivir en un campamento también puede ser comparable a anotarse en una lista de espera para poder acceder a un programa de vivienda de interés social, ya que el programa del gobierno que se concentra en este tipo de familias (Chile Barrio) tiene por finalidad atender a sus necesidades y facilitar su acceso a la vivienda de interés social. Como algunas de las familias que viven en campamentos aún no cumplen con las condiciones necesarias para participar en el programa de viviendas de interés social, siguen allí hasta poder encontrar otras opciones.

Por otro lado, la continua existencia de campamentos no se puede atribuir a altos niveles de pobreza o a una política débil de regularización de asentamientos. Por el contrario, en los últimos 20 años la pobreza en Chile se redujo a la mitad, y ahora se estima que alcanza al 13,7 por ciento de la población (CASEN, 2006). Al mismo tiempo, el gobierno implementó una política de vivienda que entrega bonos a las familias para comprar una casa. Este programa ha sido respaldado por sucesivas administraciones de gobierno y ha beneficiado hasta ahora a dos millones de familias, a un promedio de 100.000 familias por año, o casi el 3 por ciento de los 3,6 millones de hogares urbanos de Chile en 2002.

Independientemente de su éxito en términos de cobertura, los programas de vivienda han generado una concentración de viviendas de interés social en la periferia de Santiago y otras ciudades principales. Históricamente, los proyectos de viviendas de interés social han creado grandes zonas socialmente homogéneas que han producido la segregación de familias de bajos ingresos, con consecuencias negativas. Algunas de estas zonas ahora sufren de serios problemas sociales, como un alto nivel de desempleo y deserción escolar, como también sentimientos generalizados de falta de esperanza y inversión de los valores sociales entre sus residentes (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2004).

También hay mayor inestabilidad e inseguridad laboral en la economía chilena en la actualidad que en el pasado, y una transformación radical del sistema político ha desestabilizado las relaciones cotidianas entre las clases populares y los líderes de los partidos políticos. A medida que estas formas tradicionales de cohesión social se van debilitando, ciertos factores, como la ubicación de una casa en la ciudad, se hacen más relevantes, ya que una buena ubicación puede brindar acceso a una mejor “geografía de oportunidades”, o sea a lugares que se perciben como de mayor y mejor acceso a servicios públicos y privados, como escuelas, mercados, parques y redes de transporte, como también acceso a mejores trabajos y proximidad a redes sociales y familiares.

En este contexto, examinaremos algunos de los factores que influyen en el continuo desarrollo y persistencia de los campamentos, a pesar de la disponibilidad de programas gubernamentales masivos de vivienda, como también un sistema legal que protege los derechos de propiedad.

Una encuesta de preferencias de localización de vivienda

Usando datos de la Región Metropolitana de Santiago, diseñamos tres conjuntos de muestras con un total de 1.588 unidades familiares: familias que viven en campamentos (812); familias que viven en viviendas de interés social y que se mudaron de campamentos que fueron erradicados (510); y familias que viven en viviendas de interés social pero que no se mudaron de un campamento (266). Las tres muestras fueron tomadas, respectivamente, de un inventario de moradores de campamentos preparado en 2007; y el registro del programa Chile Barrio, que identifica a familias que vivían en campamentos y que adquirieron viviendas de interés social entre 1999 y 2005; y familias del mismo proyecto de viviendas de interés social que no provenían de un campamento. Las encuestas en los campamentos fueron efectuadas de puerta en puerta en agosto de 2008, y en los barrios de proyectos de vivienda de interés social en diciembre de 2008.

Los resultados de la encuesta muestran que al vivir en campamentos, las familias logran optimizar las preferencias de localización de su vivienda con una mayor probabilidad de éxito, entendiendo dichas preferencias fundamentalmente como la proximidad a una buena geografía de oportunidades. Casi el 70 por ciento de las familias que antes vivían en campamentos y ahora viven en viviendas de interés social se quedaron en el mismo distrito, comparado con el 51,7 por ciento de las familias que viven en viviendas de interés social y que no vinieron de campamentos (ver Cuadro 1). Por lo tanto, sin alterar radicalmente la ubicación de su vivienda, las familias que antes vivían en campamentos pudieron acceder a subsidios de vivienda que les permitieron mejorar su estándar de vida y obtener un título legal.

Ver Cuadro 1 en anexo: Origen de las muestras de hogares en la Región Metropolitana (RM) de Santiago (porcentajes)

Las familias que viven en campamentos también perciben que tienen mayor prioridad que otras familias similares para acceder a viviendas de interés social, y una mayor probabilidad de acceder a viviendas de interés social en su localización preferida. Alrededor del 63 por ciento de las familias que viven actualmente en campamentos reportaron tener ventaja en el acceso a viviendas de interés social en comparación con otras familias. Esta percepción coincide con la realidad, ya que entre 1996 y 2007 la cantidad de campamentos en Chile declinó de 972 (105.888 familias) a 533 (alrededor de 28.600 familias) y el déficit de viviendas asociado con campamentos se redujo en un 75 por ciento.

Para examinar el precio del suelo como factor en la selección de vivienda, utilizamos la tasación fiscal en zonas de características similares (ZCS) y, como referencia, el valor máximo obtenido por cada distrito. En este análisis, el 71,4 por ciento de las familias que se mudaron de un campamento a una vivienda de interés social se transfirieron a una localización mejor o equivalente (ver Cuadro 2).

Ver Cuadro 2 en anexo: Valor actual del suelo comparado con el valor en el distrito de origen

La encuesta también muestra que la mayoría de las familias de campamentos (60,6 por ciento) llegó entre 2000 y 2008, un período de gran expansión en la oferta de viviendas para familias de menores ingresos, indicando una preferencia por vivir en un campamento bien ubicado antes que en una vivienda de interés social en otro lado (ver Cuadro 3).

Ver Cuadro 3 en anexo: Año de llegada de la muestra de familias que viven en campamentos

Los resultados de la encuesta se deben interpretar teniendo en cuenta los siguientes factores contextuales.

• El grupo de familias que viven en los campamentos es pequeño comparado con la población que potencialmente se puede beneficiar de programas de subsidio de vivienda. Las familias que antes vivían en campamentos eran sólo el 2,2 por ciento de todas las familias que vivían en viviendas de interés social en 2001 (INVI, 2001).
• El proceso de segregación de las familias más pobres a la periferia urbana es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los últimos 30 años. En la década de 1980 se instituyó una política de erradicación masiva de campamentos, y las familias fueron reubicadas desde los distritos del centro a la periferia. En la década de 1990, a medida que la democracia echó raíces en el país, la nueva administración adoptó una política de construcción de viviendas de interés social en gran escala para prevenir la formación de nuevos campamentos. No obstante, muchas de estas viviendas de interés social se están construyendo en zonas aún más periféricas, causando una segregación residencial a escala regional.
• Como resultado de estas políticas, grandes sectores de la región metropolitana de Santiago se caracterizan por su homogeneidad social. Por ejemplo, el distrito periférico de La Pintana creció 2,5 veces entre 1985 y 1994 (de 80.000 a 190.000 habitantes) debido a la reubicación de familias de menores ingresos que antes vivían en distritos actualmente habitados por familias de ingresos medios y altos en el Gran Santiago (Las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina, entre otros).
• A pesar de la tendencia predominante, y en contraposición a lo que ocurrió en décadas anteriores, las familias que ahora viven en campamentos parecen tener una ventaja sobre las familias que no vinieron de campamentos para obtener un subsidio de vivienda en su localización preferida.

Interacciones entre pobreza y los valores del suelo

La mitad de las familias que viven en campamentos (51 por ciento) no son pobres, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). En nuestra muestra, la mayoría de las familias que vivían en campamentos tienen un mayor porcentaje de jefes de familia masculinos, menor tamaño familiar, y un ingreso per cápita casi el doble de la mayoría de las familias de bajos ingresos de la Región Metropolitana. Este resultado contradice la creencia convencional de que las familias más pobres viven en los campamentos. Lo que parece estar ocurriendo es la expresión de una estrategia por parte de familias de menores ingresos para superar su vulnerabilidad y aprovechar al máximo las oportunidades para mejorar su situación, usando para ello la ubicación de su vivienda como un recurso en el proceso de movilidad social.

La incidencia de pobreza en los campamentos varía en función del precio promedio del suelo en el distrito donde se encuentra el barrio. Menos de la mitad de las familias que viven en campamentos ubicados en distritos de valor bajo y alto del suelo son pobres, mientras que aquéllas que viven en distritos de valor medio del suelo tienen niveles de pobreza mucho mayores (ver Cuadro 4). Las familias que viven en distritos de valores bajos y altos del suelo también tienen una mayor proporción de trabajadores en los sectores de servicios privados y domésticos, y menos empleados por cuenta propia.

Ver Cuadro 4 en anexo: Pobreza y empleo en las familias que viven en campamentos, por valor del suelo en el distrito

Los residentes perciben que la localización objetiva de los campamentos es mejor que el de las viviendas de interés social, porque es más probable que los campamentos se encuentren en los distritos de mayor valor del suelo, en comparación con las viviendas de interés social: 27 por ciento, comparado con 7,9 por ciento (ver Cuadro 5). Al mismo tiempo, las familias que viven en campamentos tienen una percepción mucho mejor de su proximidad a los servicios y puestos de empleo, y encuentran que su distrito es socialmente más diverso que el de las familias que viven en viviendas de interés social (ver Cuadro 6).

Ver Cuadro 5 en anexo: Distribución de familias por valor del suelo en sus distritos respectivos (porcentajes)

Ver Cuadro 6 en anexo: Percepciones de localización de la vivienda

Si se usan los valores del suelo como indicador de acceso a servicios, queda claro cuán significativa es la localización para las familias. Los campamentos ubicados en distritos donde los valores del suelo son altos exhiben ventajas significativas sobre aquellos en distritos de precio del suelo bajo, sobre todo con respecto a la ubicación del trabajo del jefe de familia y su cónyuge (ver Cuadro 7).

Ver Cuadro 7 en anexo: Percepciones de localización por valor del suelo en el distrito entre las familias que viven en campamentos (porcentaje)

Preferencias declaradas de localización

Las familias que viven en campamentos valoran su localización. Al preguntar: “Si tuviera la oportunidad de mudarse a otra casa, ¿qué elegiría?”, el 28,8 por ciento declaró que preferiría quedarse en el mismo lugar y el 57,6 por ciento se mudaría a otra ubicación dentro del mismo distrito. La tercera opción, mudarse a otro distrito, fue seleccionada sólo por el 13,6 por ciento de las familias.

Con respecto a sus expectativas para el futuro, la mayoría de las familias que viven en campamentos declaran que esperan vivir en una vivienda de interés social dentro de cinco años. El sesenta y siete por ciento cree que vivirá en una vivienda de interés social dentro del mismo distrito y el 25 por ciento de ese grupo cree que vivirá en una vivienda de interés social construida en el mismo lugar donde se encuentra el campamento donde vive ahora.

El resultado más interesante es que el 51,8 por ciento de las familias que viven en campamentos dicen que prefieren quedarse en el barrio (bajo las mismas condiciones) que mudarse a una vivienda de interés social lejos de su distrito actual, Esta preferencia también es expresada por el 58.7 por ciento de las unidades familiares que declararon estar dispuestas a ahorrar más de los aproximadamente 400 dólares estadounidenses que el estado exige actualmente como pago para participar en el programa; un pago más alto aumentaría aún más la probabilidad de quedarse en la misma localización.

Conclusión

Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre los patrones y preferencias de localización de las familias que viven en asentamientos precarios. Subyacente en la decisión familiar de vivir en un campamento está el interés de aumentar la probabilidad de obtener una vivienda de interés social en un período más corto y en el distrito de su preferencia. No parece haber ningún conflicto entre obtener una mejor localización y obtener un subsidio residencial de una vivienda formal. Por el contrario, el vivir en un campamento constituye una estrategia racional para alcanzar ambos objetivos.

Las familias que han seguido esta estrategia tienen un perfil un tanto distinto a la típica familia pobre de Santiago. La mayoría tiene un jefe de familia masculino y un nivel de ingresos que, si bien es bajo, se encuentra significativamente por encima de la línea de pobreza tal como se define en Chile. La localización del campamento parece cumplir un rol importante en favorecer la proximidad al trabajo tanto para el jefe de familia como para su cónyuge.

Los programas de vivienda de interés social en Chile se han guiado fuertemente por la noción del déficit de viviendas, donde las familias pasan a ser un número de una lista para obtener un subsidio de manera independiente, sin considerar aspectos tales como el mantenimiento de las redes sociales o las preferencias de localización. Esta política, basada en subsidiar la demanda y dar por sentado el valor del suelo, llevó a una segregación a gran escala en la periferia, donde los precios del suelo tienden a ser menores.

Este estudio demuestra que las familias optarán por una mejor localización, frecuentemente en la ciudad central, aunque ello signifique vivir en un campamentos o un lote más pequeño, demostrando los límites de la vivienda de interés social basada en los precios más bajos del suelo en la periferia. El programa Chile Barrio, creado en 1996, ha reemplazado el énfasis en el déficit de viviendas por un enfoque territorial que hace del campamento la unidad de intervención, y este nuevo enfoque parece haber mejorado las opciones de vivienda. La lección de política pública aprendida para programas de vivienda futuros es la necesidad de concentrarse en la calidad de la localización y en la inclusión social.

Referencias

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Instituto de la Vivienda (INVI). 2001. Diagnóstico de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Sabatini, F., G. Cáceres, y J. Cerda. 2001. Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”. EURE 27 (82) Diciembre.

Sobre los autores

Isabel Brain es socióloga y coordinadora del Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo (ProUrbana) de la Universidad Católica de Chile Sus investigaciones se concentran en el desarrollo urbano, viviendas económicas, segregación residencial, mercados de suelos y asentamientos informales.

Pablo Celhay es economista e investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Recibió una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. En la actualidad está cursando la carrera de maestría en políticas públicas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

José Joaquín Prieto es director del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Sus investigaciones se concentran en políticas sociales y metodología de las investigaciones aplicadas.

Francisco Sabatini es sociólogo y profesor de planeamiento urbano en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Se especializa en segregación social, conflictos medioambientales y participación ciudadana.

Today an estimated one million people are living in subterranean apartments in Beijing, where affordable housing near employment is scarce for the greater city’s 23 million inhabitants (Xing 2011). These units are often windowless subdivisions in basements and air raid shelters, and the median size is 9.75 square meters.

In August 2010, Beijing instituted a three-year plan to evacuate tenants from these underground dwellings. Evictions started taking place in 2011, particularly in the innermost urban districts with expensive land values, but demand remains high. In some areas of the city, particularly in the outer districts, conspicuous signs on the street advertise subterranean rentals, and the Internet lists thousands of units below street level as well.

This article draws on the author’s analysis of this phenomenon from 2012 to 2013, when online advertising for subterranean apartments was active and growing. These listings contain enough information on individual units—including location, price, size, amenities, and depth below ground—to assess the dynamics of this low-income rental housing submarket.

Shortage of Affordable Rental Housing

Like most Chinese cities, Beijing suffers an acute shortage of affordable rental housing, driven by the massive migration to urban centers (Liu et al. 2013; Xie and Zhou 2012). It also has a vast amount of subterranean space, resulting from a policy dating to 1950 that requires all new buildings to have common basements and air defense shelters. Construction codes specify building guidelines, including the provision of infrastructure such as electricity, water, and sewers. This supply of underground space has grown exponentially amid China’s extraordinary building boom in recent decades. Some complexes contain as many as 600 units below street level.

As a means of addressing the housing deficit, official policy for 24 years encouraged the “economic” utilization of this underground space during peacetime, and residential shelter was one of the sanctioned uses (BMBCAD 1986). But in 2010, Beijing stopped granting new use permits for underground apartments and instituted the aforementioned three-year plan to evacuate residents. Given the number of people involved and the lack of affordable housing alternatives, the process has posed challenges, including landlords who demand compensation for occupancy rights they had purchased when the units were legal.

State-Sponsored Housing

Since China transitioned to a private market from a centrally planned economy, wherein the state provided all housing, the real estate sector has grown explosively. Treated primarily as an investment vehicle, new private units are accessible only to those with enough savings to purchase a house with little financing.

Restrictions on land supply are another obstacle to the private provision of shelter. Because the state, which owns all land, is trying to protect fertile farmland, development is prohibited in rural areas on the urban periphery. Nevertheless, informal settlers have rapidly built out that landscape into housing projects. These “urban villages” provide private residences for 5 to 6 million low-income people who cannot afford to live closer to the city center, but the government has been trying to remove them by demolition.

The Chinese state provides four types of affordable housing projects, particularly for public employees with lower incomes (see table 1). The earliest types of assistance included the lian zu fang program, which provided rental housing to the poorest families, and jing ji shi yong fang, which provided subsidized homeownership opportunities.

The government launched a program in 2011 to construct more rental housing (gong zu fang) for recent college graduates and skilled workers in key sectors such as the high-tech industry. Given the relative newness of this program, though, the number of affordable rental units is still relatively small. Meanwhile, xian jia fang housing projects are targeted for the displaced. Despite the large number of units constructed for low-income residents over the years, demand far outstrips supply and wait lists are long.

The Hukou Barrier

Beijing hukou, or household registration permit, is a prerequisite for all four types of affordable housing. A holdover from central planning, hukou entitles households to public services in the place of residence assigned to them by the government, but restricts receipt of services in other locations. People born into hukou of large cities are eligible for better educational, health, and infrastructure services. Unless a state-sponsored employer requests a change of hukou for a worker, those without hukou in major cities still face a significant barrier to economic opportunity.

Figure 1 shows the current location of public housing programs for people with Beijing hukou. As in other places around the world, affordable housing projects are located in more remote parts of the city, as mentioned, where land is less costly but also less desirable. Also typical of affordable housing projects, subletting is reportedly widespread, with program recipients collecting rents for their publicly provided apartments.

Analyzing the Underground Market

Our study took advantage of the detailed listings for underground rentals available at Ganji.com, which were optimal for analysis because the site was well organized, with the greatest number of ads. Using the search term “地下室,” or “underground unit,” we captured the monthly rent, square meter area, specific location, amenities, and other descriptors of subterranean apartments, such as the depth below ground level. Of the 7,312 ads we collected from October 2012 through September 2013, we culled 3,677 unique listings with complete information. As figure 1 shows, these units are well distributed throughout the city, reflecting the requirement that all new buildings in Beijing include underground space.

It is important to mention that the ads represent what is likely the higher end of the underground housing market. Landlords who advertise online tend to be better educated, with more resources. The ads themselves usually feature photos, evincing the relatively high quality of the housing. Moreover, the landlords’ willingness to advertise suggests that they felt relatively secure about their tenure.

Table 2 provides descriptive statistics for the 3,677 subterranean housing units studied. The median size is 9.75 square meters, slightly smaller than Beijing’s 10-square-meter minimum and the overall average housing area per capita (28.8 square meters per person). Even so, the apartments are generally larger than the average worker dormitory housing, which is just 6.2 square meters (Xie and Zhou 2012).

The mean monthly rent of 436 RMB (US$70) confirms that the apartments are at the higher end of migrant housing. A 2012 government study found that about 48 percent of migrants in Beijing pay less than 300 RMB (US$48) per month, 27 percent pay 301 to 500 RMB (US$48–80), and 17 percent pay more than 1,000 RMB (US$160) (Xie and Zhou 2012). In other words, these underground rental units are generally a higher-valued type of shelter for migrants than the more common worker dormitories and urban village housing.

On average, subterranean units are less than 11 kilometers from the city center, with a standard deviation of 6.2 kilometers, placing them well within the 5th Ring Road. With these locational advantages, the apartments offer potentially lower commuting costs and better economic opportunities. Similarly, the average distance to the nearest subway station is a little over 1 kilometer, which is considered within walking distance.

Roughly 50 percent of the advertised units are one or two stories below street level. The other 50 percent are half underground, like so-called “garden apartments” in the United States, with a small window near the ceiling of the room. Our preliminary analysis found that whether a unit was one or two stories below ground did not make any statistical difference in price after holding for other variables. As for amenities, the ads for about one quarter of the units advertised the presence of heating, more than half mentioned Internet connectivity, about one quarter mentioned the presence of surveillance cameras, and less than one eighth mentioned the employment of security guards.

Analyzing Market Dynamics

Our study examined whether demand in this unusual subterranean housing submarket is similar to the conventional market above ground. In particular, the disadvantage of living below street level may be large, and this type of housing is generally so small that other standard variables in hedonic price models may be more pronounced or differ in some other way.

Our statistical analysis involved a step-wise progression of fitting test variables to a base model that includes the variables well established in the literature to be significant. It performed predictably with all the variables significant and in the expected direction. For example, rent increases around 3.3 percent for each square-meter increase in unit size, and 3.6 percent for every one-kilometer decrease in distance to the city center. Transportation access is also significant. Proximity to a subway station raises rent by 1.8 percent per kilometer; for each subway line station within an 800-meter radius of the unit, the rent increases by 2.8 percent.

Given that our hedonic price model performed like other models with the same major significant variables and in the same direction, the underground housing phenomenon is clearly a market. Its emergence suggests that there is strong demand for rental housing—especially among lower-income households—that neither the formal market nor public housing programs are satisfying. This is obvious, given that hukou policies do not allow migrants to apply for public housing programs and that even lower-income Beijingers with hukou have been known to live underground.

Our analysis suggests that the highest priority for the lower-income, often migrant population in Beijing is proximity to jobs and transportation. The central location of these units makes the trade-off of living underground worthwhile. Moreover, the comparison with public housing rents in table 1 indicates that while costs per square meter might be higher, the total rent for underground units is much lower (Hu and Hu 2012). The underground market is thus meeting the demand of people with incomes below the levels targeted by affordable housing programs.

Conclusions

Subterranean living is a sizable phenomenon in Beijing. Thousands of advertisements for underground apartments exist on the Internet, and that number was still growing in 2013 despite evictions. But the size of this submarket does not mean it should be incorporated into public policy.

There have been extraordinary accounts of people living on roofs and in sewer wells, trying to find a way to live in central Beijing. Reliance on underground housing is often just another desperate measure that the urban poor resort to in order to live and work in urban areas where they lack hukou and therefore cannot access services.

How much can a society minimize living space to make urban locations affordable? This question will become even more pressing as densities in Asian megacities exceed levels of acceptable human decency, forcing policymakers and designers to think more creatively about urban reforms. While underground units are in fact more spacious than dormitories for workers or students. China’s extraordinary economic development has raised its citizens’ aspirations and expectations for better housing conditions.

Given the fact that most of the renters are single or couples without children, and tenure is temporary, lasting no more than several years, housing policy should consider the need for lifecycle housing for people just starting out in this expensive city, or for those requiring temporary stays for health care, education, and other needs.

About the Author

Annette M. Kim, Ph.D., is associate professor at the Sol Price School of Public Policy at the University of Southern California. She is also the director of SLAB, the newly formed spatial analysis laboratory at Price that advances the visualization of the social sciences for public service through teaching, research, and public engagement.

References

BMBCAD (Beijing Municipal Bureau of Civil Air Defense). May 15, 1986. “关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定的 通知》的实施细则” (Changes to the Implementation Rules on Constructing Air Defense Shelters by Combining with Civil Buildings).

Hu, Hai-feng and Ji-ya Hu. 2012. “Overall Evaluation and Future Development Planning of Beijing Affordable Housing System During the Eleventh Five-Year Plan.” Beijing Social Science 1: 7–14.

Liu, Xiang, Maojun Wang, Jiabin Cai, and Mengchen He. 2013. “An Analysis on the Spatial Structure of Non-Native Permanent Population of Beijing Metropolitan Area in 2000–2010.” Urban Development Studies 20(10): 86–93.

Xie, Xinmei and Le Zhou. 2012. “Study on Housing Demands of Migrant Workers in Key Industries in Beijing.” Paper read at China Urban Planning Annual Conference Proceedings, Beijing.

Xing, Fan. 2011. “北京清理地下空间提速 百万北漂可能无处寄居” (Beijing to Clean Up Underground Space Speed One Million North Drift May Have Nowhere to Sojourn). Beijing Times, January 14. http://news.qq.com/a/20110114/000529.htm

Alrededor del mundo, las ciudades parecen expandirse físicamente y consumir suelo a una tasa mayor que el crecimiento de la población. Cuando la población se duplica, el uso del suelo se triplica.

Cuando se habla del crecimiento de una ciudad en el discurso público, la conversación casi invariablemente se enfoca en la población. Hablamos de ciudades “en ascenso” que crecieron, por ejemplo, de 2 a 5 millones de habitantes en sólo un par de décadas, o ciudades en declinación que se están vaciando y perdiendo residentes a un ritmo rápido.

La unidad común de percepción y medición, en otras palabras, es casi siempre la cantidad de habitantes. Frecuentemente no aparece en la discusión ninguna medición del uso del suelo, a pesar de que las ciudades han crecido mucho más en el uso del suelo que en población entre 1990 y 2015, según los datos del Observatorio Urbano Global de ONU-Hábitat. En los países desarrollados, la población urbana creció un 12 por ciento, mientras que el uso del suelo urbano creció un 80 por ciento. Y en los países en vías de desarrollo, la población urbana creció un 100 por ciento, mientras que el uso del suelo urbano creció un 350 por ciento.

Los problemas del uso del suelo serán cada vez más críticos cuando la población supere los 9.000 millones de habitantes y 2.500 millones de personas migren a las ciudades para 2050, según las proyecciones de las Naciones Unidas. La configuración de las áreas urbanas y los recursos disponibles para recibir esta afluencia masiva serán críticos para sostener la vida humana en el planeta, dice George W. “Mac” McCarthy, presidente y gerente ejecutivo del Instituto Lincoln.

Es un área de profunda preocupación: ¿Cómo están cambiando exactamente los mapas globales estas poblaciones urbanas en crecimiento? Además, ¿podemos observar patrones regulares o incluso predecibles? Y estas tendencias, tal como se ven ahora, ¿se pueden sostener en el tiempo?

A la fecha, hay muy poco conocimiento científico sobre los patrones generales de evolución de los límites, sistemas y el uso del suelo urbano. Pero la nueva segunda edición revisada del Atlas de expansión urbana en línea, publicado por primera vez en 2012, intenta llenar esta brecha crucial de conocimiento. Producido por medio de una asociación entre ONU-Hábitat, el Programa de Expansión Urbana de la Universidad de Nueva York y el Instituto Lincoln, el nuevo Atlas realiza un análisis muy preciso de imágenes de satélite, junto con cifras de población y otros datos, para estudiar la naturaleza cambiante de las ciudades observadas desde 1990 al presente. El informe y los datos completos se difundirán este octubre en la conferencia de ciudades globales del Hábitat III en Quito, Ecuador, como parte de la implementación de la Nueva agenda urbana de la ONU.

El nuevo Atlas analiza 200 ciudades (a diferencia de sólo 120 en la muestra de 2012), seleccionadas rigurosamente de entre las 4.231 ciudades del mundo con más de 100.000 habitantes (al 2010), que constituyen una muestra representativa de las grandes áreas urbanas. Las 200 ciudades en cuestión abarcan el 70 por ciento de la población urbana del mundo.

La división de estadísticas de las Naciones Unidas ha aceptado y adoptado ahora esta “Muestra de ciudades de la ONU” para realizar un análisis continuo de las tendencias de urbanización. “Las ciudades, cómo se forman, y los efectos de la urbanización sobre la calidad de la vida humana deben ser tratados ahora como una ciencia”, dice Joan Clos, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, durante el lanzamiento en la sede de la ONU en Nueva York en junio de 2016: “La confluencia sin precedentes del cambio climático, el auge de la población y la prisa por vivir en las ciudades quiere decir que nuestro desarrollo humano crítico se producirá en las ciudades”.

Como los asentamientos no planificados redefinen con fluidez muchos límites urbanos, es crucial, dicen los expertos y planificadores, contar con un método sistemático para estudiar las ciudades como unidades espaciales contiguas, no sólo jurisdicciones administrativas. La muestra de ciudades de la ONU también permite pasar de una agenda urbana, con datos a nivel de país, a una agenda predicada en una recolección y el análisis de datos a nivel de ciudad.

El estudio de dicha muestra nos permite inferir ciertas reglas generalizadas sobre las grandes áreas urbanas, señala el coautor de Atlas Shlomo “Solly” Angel, profesor y académico de investigación sénior de la Universidad de Nueva York. “La muestra representa con exactitud ese universo”, dice de las ciudades con poblaciones de 100.000 habitantes o más, “para poder hacer estimaciones sobre dicho universo con información sobre la muestra. Esta es la contribución más científica de este Atlas”.

Consumo del suelo y “de-densificación”

¿Qué podemos decir entonces de las grandes ciudades del mundo, ahora que se han podido obtener y procesar estos datos representativos?

Un patrón evidente observado es que las ciudades alrededor del mundo parecen estirarse físicamente y consumir suelo a una tasa mayor que el crecimiento de la población. Esta tendencia corrobora las conclusiones de la primera edición del Atlas, que pronostica una “densidad decreciente”. En el pasado, esto se denominó “crecimiento desordenado”, y algunos ahora lo llaman “de-densificación”. En cualquier caso, para un planeta cada vez más preocupado con la sostenibilidad, la eficiencia energética, el cambio climático y la escasez de recursos, esta no es una buena tendencia: Una mayor densidad en general crea patrones de vida más verdes y sostenibles.

Angel señala una regla estadística aproximada que emerge del trabajo del Atlas nuevo: a medida que la población se duplica, el uso del suelo se triplica. “Si bien queremos que la densidad aumente o por lo menos permanezca igual, esto no ocurre”, agrega.

Muchos gestores de política no se han dado cuenta, o no han querido darse cuenta, de esta realidad surgida en las décadas recientes. Don Chen, director de desarrollo equitativo de la Fundación Ford, dice que “existe una gran variación en el nivel de conciencia de los funcionarios de planificación sobre el tema de crecimiento sostenible”. En muchos países, agrega, “se observa una gran resistencia de las diversas ortodoxias”, y frecuentemente la predisposición a un cambio en las normas y actitudes oficiales no es favorable: “Por muchas, muchas décadas, y en algunos países por siglos, ha habido incentivos para construir en suelo virgen”.

Y aunque exista la voluntad política de cambiar, hay “mucha capacidad instalada para construir hacia afuera, como por ejemplo en infraestructura de suelo”, señala Chen. Para poder alcanzar una mayor densidad y conservación de suelo, hay que coordinar muchos sistemas complejos más amplios desde una perspectiva política.

De todas maneras, el análisis de datos efectuado en el Atlas –cuyo propósito es ayudar de raíz a definir una nueva “ciencia de las ciudades”– puede servir como una llamada de atención. Angel dice que el Atlas puede ser una “herramienta para convencer a los gestores de política que tienen que prepararse para una expansión considerablemente mayor de lo que sus propios cálculos indican, o de lo que los planificadores han incorporado en sus planes de ordenamiento territorial”.

Para aumentar la densidad habrá que sacrificarse mucho y modificar las normas existentes de vida en muchos lugares: hará falta que la gente viva en apartamentos y casas más pequeñas, en casas multifamiliares y en edificios más altos. También requerirá frecuentemente la remodelación de áreas de baja densidad en las ciudades.

McCarthy reconoce que los datos son “un poco aterradores”, ya que revelan un patrón generalizado de problemas en el futuro. “Este es un proceso que tendremos que parar, llámese ‘crecimiento desordenado’, ‘de-densificación’ o lo que sea”, dice. “No podemos seguir consumiendo todo nuestro mejor suelo con desarrollo urbano. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que obtener agua”.

También nota los muchos intentos fallidos de construir grandes complejos de vivienda fuera de las áreas densas urbanas, dejando millones de unidades mayormente vacías alrededor del mundo. Esto ha ocurrido en muchos países, desde México y Brasil a Sudáfrica y China, “¿Por qué seguimos construyendo estos emprendimientos de viviendas en el medio de la nada y esperamos que la gente viva allí?”, dice McCarthy, señalando que es fundamental vincular los trabajos y la actividad industrial con la vivienda.

Claramente, hace falta una planificación más inteligente y proactiva para crecimiento alrededor del mundo, dicen los investigadores del proyecto. Esto quiere decir encontrar las maneras correctas de canalizar el crecimiento de la ciudad dentro del espacio geográfico, y crear la infraestructura (transporte, agua, alcantarillado y otras necesidades) para que los nuevos asentamientos y unidades de vivienda tengan servicios adecuados.

Más aún, también es necesario –según los investigadores del Atlas– que muchas de las grandes ciudades del mundo, desde Lagos, Nigeria hasta la Ciudad de México y Zhengzhou, China, adopten un pensamiento de próxima generación sobre las tan llamadas ciudades “policéntricas”. Eso requerirá superar el paradigma tradicional de ciudades monumentales y monocéntricas con un enorme centro urbano, y crear en vez centros interconectados policéntricos, donde un área metropolitana pueda tener muchos centros entrelazados.

Señales de asentamientos no planificados

Las imágenes de satélite analizadas en el Atlas también identifican otros patrones claves que impulsan y/o simbolizan la tendencia general a la de-densificación en todo el mundo.

Una marca muy granular es la falta de intersecciones de cuatro vías, una clara señal de que los caminos está construyéndose azarosamente, de manera no planificada. Este tipo de informalidad y desarrollo no planificado ha estado aumentando a lo largo del tiempo en todo el mundo. Este patrón, sin embargo, está fuertemente correlacionado con un menor PIB per cápita, y por lo tanto es más pronunciado en el mundo en vías de desarrollo y el Sur global. Asociado a este patrón observado hay un aumento en el tamaño de la manzana urbana, ya que los asentamientos precarios y no planificados de todo tipo crecen sin tener en cuenta las necesidades de transporte.

En efecto, el Atlas también sugiere una falta generalizada de conexiones ordenadas con las vías arteriales, que son clave para facilitar el transporte a los lugares de empleo y las redes económicas. Las áreas edificadas a distancia peatonal de vías arteriales anchas son menos frecuentes de lo que eran en la década de 1990, según los datos de dicha década. Más generalmente, simplemente no hay suficiente cantidad de suelo asignado para caminos.

Además, las áreas de baja densidad y las moradas pequeñas están consumiendo el espacio abierto urbano tan preciado: parques y espacios verdes que pueden hacer las áreas urbanas densas sean más llevaderas.

Angel dice que los planificadores tienen que anticiparse a la ola de migración urbana que se viene y reservar suelo para redes de transporte, viviendas sociales, caminos arteriales y espacios abiertos. Esto se tiene que hacer antes de que se produzcan los asentamientos, ya que cuando eso ocurra los precios del suelo subirán y la logística de desplazamiento de la población se hace más complicada. “Esto se puede hacer ahora a un costo relativamente bajo”, señala Angel. Sugiere que los planificadores comiencen a “hacer algunas preparaciones mínimas”.

Aun en países con un alto grado de planificación central, los datos del Atlas pueden ser útiles para resolver diversos desafíos de gestión del suelo.

“Comparadas con la mayoría de las ciudades del mundo en vías de desarrollo, las ciudades chinas están mejor manejadas”, dice Zhi Liu, director del Programa de China del Instituto Lincoln. “El Atlas sigue siendo útil para China, ya que proporciona datos visuales de expansión urbana y analíticos exactos a los planificadores, para poder comprender mejor la escala y los patrones de expansión urbana en sus ciudades”.

El desafío de los datos del Atlas

Detrás de las nuevas perspectivas analíticas producidas por el Atlas, una importante e intrigante historia de fondo sobre la recolección y el análisis de los datos identifica los desafíos futuros para la teoría urbana y la monitorización de ciudades globales, sobre todo en naciones en vías de desarrollo.

Alejandro “Alex” Blei, un académico de investigación en el programa de expansión urbana del Instituto Marron de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, señaló que armar las 200 ciudades para la muestra representativa no fue una tarea fácil, ya que no hay una definición aceptada universalmente para un área metropolitana. Los investigadores tuvieron que tomar en cuenta ciertas variables, como su ubicación regional, tasa de crecimiento y tamaño de población, para poder asegurarse que la muestra fuera representativa, y tuvieron que crear una metodología cuidadosa y defendible.

El análisis espacial usó la base de datos del Landsat de NASA, un programa de imágenes satelitales que ha estado recolectando imágenes desde la década de 1970. Si bien este juego de datos científicos y metódicos es de excelente calidad, los datos de población subyacentes, que fueron fundamentales para establecer los patrones de migración y asentamiento, frecuentemente no tenían el mismo nivel de perfección. 

“Algunos países cuentan con programas de datos bien establecidos”, dijo Blei. Pero en otros casos los datos tienen poca resolución y las grandes ciudades, particularmente en el mundo en vías de desarrollo, sólo tienen zonas de censo amplias. Por lo tanto es difícil a veces realizar análisis detallados sobre los cambios de población y su relación con el cambio en el uso del suelo, ya que los investigadores tuvieron que suponer que la densidad se mantiene sobre grandes sectores del área metropolitana en cuestión. 

Al analizar las imágenes de NASA, los investigadores han tenido que estudiar pixel por pixel para diferenciar superficies impermeables del suelo puro. Para ello usaron programas informáticos poderosos en base a métodos bien establecidos, pero su correlación con los datos de población no fue siempre fácil. “Desafortunadamente, no hay mucho que se pueda hacer si los datos no son muy buenos, pero hicimos lo mejor que pudimos bajo las circunstancias”, dice Blei.

Los resultados indican que se necesita un proceso de recolección y síntesis de datos de población menos variable entre países para poder extraer conclusiones más accionables para los gestores de política en cada país individual. Además, hace falta un mayor consenso global sobre la definición de ciudades. La Oficina del Censo de los EE.UU. las define con mucha precisión como “áreas urbanizadas” o “áreas estadísticas metropolitanas”, pero frecuentemente las agencias de recolección de datos de otros países las definen de manera más dispersa. En Asia y África, donde se encuentran las ciudades de crecimiento más rápido, tanto en términos de población como de extensión geográfica, no hay datos de población metropolitana suficientemente granulares como para observar cambios a nivel de barrio. 

Matices globales y futuros inciertos 

La publicación del nuevo Atlas contribuirá, por supuesto, al largo debate producido en círculos políticos y académicos sobre cómo medir el crecimiento desordenado, tanto de alta como baja densidad, y los mejores modelos para abordar estos temas. El nuevo Atlas también contribuye a la amplia literatura de investigación sobre el consumo de recursos y la calidad de vida en contextos urbanos. 

Enrique R. Silva, un asociado de investigación senior del Instituto Lincoln, que se ha especializado en temas de planificación y gobierno en América Latina, señala que la investigación del Atlas seguirá contribuyendo al proceso de planificación y regulación gubernamental, como también a los precios residenciales. El proyecto del Atlas 2016 incluye encuestas con varias partes interesadas en las ciudades, para proporcionar una idea más acabada de las políticas de planificación y los mercados, entre otros temas.

“Sin duda este es un esfuerzo necesario”, dice Silva. “Es un tipo de proyecto de avanzada. Su éxito se medirá viendo cómo otros investigadores, ya sea por medio de críticas o respaldo a la idea inicial, pueden mejorarlo y contribuir a nuestro entendimiento de cómo crecen o se contraen las ciudades”. 

También proporciona una base de conocimientos para aquellos que estudian o generan políticas en ciudades específicas. Silva apunta a un lugar como Buenos Aires, que es un “caso clásico” donde la expansión de territorio ocurre a una tasa más rápida que el crecimiento de la población, y donde muchas personas se desplazan hacia la periferia, alejándose del centro denso de la ciudad. Silva dice que la investigación realizada por su colega del Instituto Lincoln Cynthia Goytia ha demostrado cómo las regulaciones poco estrictas del suelo afectan los patrones de asentamiento. De acuerdo a su investigación, los mercados de suelo y sus regulaciones afectan su capacidad de pago, y esto puede dar lugar a asentamientos no planificados.

Neema Kudva, profesora asociada de la Universidad Cornell y experta en patrones de crecimiento en India y Asia Meridional, también alaba el “trabajado muy cuidadoso” realizado por el equipo del Atlas. Pero sospecha que ciudades más pequeñas, de menos de 100.000 habitantes y por lo tanto excluidas del análisis, puedan tener una dinámica distinta, con patrones y experiencias más variables.

Al tratar de crear “una sola ciencia de las ciudades”, dice, quizás estemos obviando diferencias significativas entre áreas metropolitanas pequeñas y grandes, limitando nuestra capacidad para imaginar intervenciones creativas. “La diferencia entre una ciudad pequeña y otra grande puede estribar en la capacidad para influir en los procesos políticos, la capacidad para obtener fondos, organizar e intervenir”, dice Kudva. “Para una persona como yo, que está realmente interesada en espacios más pequeños, el Atlas proporciona sugerencias, puntos de referencia y contrapuntos importantes, pero éstos no son siempre útiles”.

Kudva también pondera si los cambios emergentes de gran escala relacionados con sistemas energéticos, el calentamiento global, el aumento en el nivel del mar y las convulsiones políticas pueden alterar los patrones globales del uso del suelo con respecto al pasado. El problema de la densidad descendente es potencialmente reversible, según ella. “Esa tendencia podría cambiar”, dice. “Tenemos que jugar un papel más intervencionista”.

De todas maneras, mejores datos e imágenes más detalladas de los patrones de asentamiento pueden ayudar sustancialmente a resolver los desafíos comunes de ciudades de muchos tamaños distintos. Chen, de la Fundación Ford, señala que es necesario realizar investigaciones como las del Atlas para combatir problemas como el acceso desigual a oportunidades. “Necesitamos datos de referencia, y tenemos que comprender la relación entre cómo usamos el suelo y otras cosas”.

El problema de la desigualdad global, que McCarthy llama el “desafío más inexpugnable” de las ciudades, se asoma en todos los datos. Más allá de los múltiples mapas globales del Atlas hay problemas y dilemas perdurables que los investigadores y gestores de políticas sólo están comenzando a comprender y abordar. “El mayor de ellos es la concentración absoluta de pobreza y el aislamiento geográfico de grandes segmentos de la población”, dice McCarthy, notando que a veces del 30 al 50 por ciento de los residentes de muchas ciudades grandes vive en “condiciones deplorables”.

La disponibilidad de viviendas sociales decentes integradas en forma significativa en la red económica y el flujo de las ciudades tiene que ser una prioridad. Pero muchos esfuerzos a nivel nacional han fracasado en este intento. “Este es lo más desconcertante”, dice McCarthy.

Cuando el nuevo Atlas se dé a conocer en la conferencia de ONU-Hábitat III de octubre en Quito, este problema, y muchos otros que afectan las ciudades de mayor crecimiento del mundo, serán analizados en forma más precisa y poderosa gracias a estos datos nuevos y abarcadores. 

John Wihbey es profesor asistente de periodismo y nuevos medios de la Universidad Northeastern. Sus artículos e investigaciones se enfocan en temas de tecnología, cambio climático y sostenibilidad.

Crédito: Programa de Expansión Urbana de la Universidad de Nueva York

Cities around the world seem to be stretching out physically and consuming land at a rate that exceeds population growth. As populations double, land use triples.

When city growth comes up in public discourse, the conversation almost invariably focuses on population. We speak of “booming” cities that have grown from, say, 2 to 5 million in just a few decades or declining cities that are hollowing out and losing residents at a rapid rate.

The common unit of understanding and measurement, in other words, is almost always the number of people. Measures of land use are often missing from the picture, despite the fact that cities grew much more in land use than in population between 1990 and 2015, according to data from the UN-Habitat Global Urban Observatory. In developed countries, urban population grew 12 percent, while urban land use increased by 80 percent. And in developing countries, population expanded by 100 percent while urban land use rose 350 percent.

Land use issues will become more critical as the world population exceeds 9 billion and 2.5 billion persons migrate to cities by 2050, according to the United Nations’ projections. Configuring urban areas and their available resources to support this massive inflow will be critical to sustaining human life on the planet, says George W. “Mac” McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute.

It’s a profound area of concern: How exactly are these rising urban populations changing global maps? Further, can we observe regular, even predictable, patterns? And are these trend lines, such as they are, sustainable over time?

To date, there has been little scientific understanding of broad global patterns related to how city borders, systems, and land-use patterns are changing. But the newly revised, second edition of the online Atlas of Urban Expansion, first published in 2012, aims to fill this crucial gap in knowledge. Produced through a partnership among UN-Habitat, the New York University Urban Expansion Program, and the Lincoln Institute, the new Atlas performs very precise analysis of satellite imagery, coupled with population figures and other data, to study the changing nature of cities observed from 1990 to the present. The full report and data are set to be unveiled this October at the Habitat III global cities summit in Quito, Ecuador, as part of the implementation of the UN’s New Urban Agenda.

The new Atlas analyzes 200 cities (up from 120 in the 2012 sample), rigorously selected from among the 4,231 cities in the world with populations greater than 100,000 (as of 2010) that constitute a representative sample of large urban areas. The 200 cities in question make up about 70 percent of the world’s urban population.

The United Nations statistics division has now accepted and adopted this “UN Sample of Cities” as a way to conduct ongoing analysis of urbanization trends. “Cities, how they form, and the effects of urbanization on the quality of human life must now be treated as a science,” says Joan Clos, executive director of UN-Habitat, during the launch at UN headquarters in New York in June 2016: “The unprecedented confluence of climate change, population boom, and the rush to live in cities means that our critical human development will take place in cities.”

With unplanned settlement fluidly redefining many urban boundaries, it is crucial, experts and planners say, to produce a consistent method for studying cities as contiguous spatial units, not just administrative jurisdictions. The UN Sample of Cities also enables transition from an urban agenda based on country-level data to one predicated on city-based data collection and analysis.

Studying such a sample allows us to infer some generalizable rules about large urban areas, notes Atlas coauthor Shlomo “Solly” Angel, a professor and senior research scholar at New York University. “The sample accurately represents that universe,” he says of cities with populations of 100,000 persons or more, “so you can actually make statements about that universe given information about the sample. That’s the more scientific contribution of this Atlas.”

Land Consumption and “De-densification”

What, then, can be said of the world’s large cities, now that such representative data have finally been collected and crunched?

One reliably observed pattern is that cities around the world seem to be stretching out physically and consuming land at a rate that exceeds population growth. This tendency corroborates the findings of the first-edition Atlas, which indicates “falling density.” In the past, this was termed “sprawl,” and some refer to it now as “de-densification.” In any case, for a planet increasingly concerned with sustainability, energy efficiency, climate change, and resource scarcity, this is not a good trend: Density generally allows for greener and more sustainable living patterns.

Angel notes that there is a kind of rough statistical rule that emerges from the new Atlas work: As populations double, land use triples. “Even though people would like to see densification increase or at least stay the same, it doesn’t,” he adds.

Many policy makers have been unable, or unwilling, to see this reality unfolding in recent decades. Don Chen, director of Equitable Development at The Ford Foundation, says that the issue of sustainable growth is “very uneven in terms of planning officials’ awareness.” In many countries, he adds, “various orthodoxies are battling it out,” and frequently the “cards are stacked against us” in terms of changing norms and official attitudes: “For many, many decades, and in some countries for centuries, there have been incentives [for] building on virgin land.”

And even where there is political will for change, there are “multiple dimensions of capability to build upward, such as in-ground infrastructure,” Chen notes. Wider complex systems must be coordinated from a policy perspective in order to achieve greater density and land conservation.

In any case, the data analysis effort undertaken in the Atlas—which at root is intended to help define a new “science of cities”—may serve as a wake-up call. Angel says the Atlas can be a “tool for convincing policy makers that the expansion they must prepare for is considerably larger than their own little back-of-the-envelope calculations, or what their planners have in their master plans.”

Increasing density again will necessitate sacrifice and modification of existing norms for living standards in many places: It will require people to live in smaller apartments and homes, in multifamily housing, and in higher buildings. It also will frequently require redevelopment of low-density areas in cities.

McCarthy acknowledges that the data are “a little bit chilling,” as they reveal a pervasive pattern that signals huge trouble ahead. “It’s something that we have to stop—whether we call it ‘sprawl’ or ‘de-densification’ or something else,” he says. “We can’t continue to consume all of our best land with urban development. We still have to feed ourselves. We still need to collect water.”

He also notes many ill-fated attempts to build large housing units far outside denser urban areas, leaving millions of units across the world largely empty. This has happened in many countries, from Mexico and Brazil to South Africa and China. “Why is it that we continue to build these developments in the middle of nowhere and expect people to live there?” McCarthy says, noting that it is vital to link jobs and industrial activity with housing.

Clearly, smarter, more proactive planning is required for growth across the world, the project’s researchers say. That means finding the right ways to channel city growth spatially and to create the infrastructure—transportation, water, sewer, and other necessities—so the new settlements and housing units are serviced appropriately.

Moreover, it is also necessary, Atlas researchers say, for many of the big cities around the world—from Lagos, Nigeria, to Mexico City to Zhengzhou, China—to adopt more next-generation thinking about so-called “polycentric” cities. That will require moving beyond the traditional paradigm of hulking, monocentric cities with a huge urban core and instead creating polycentric networked hubs, whereby a metropolitan area will have many interlinked urban centers.

Signatures of Unplanned Settlement

The satellite imagery analyzed in the Atlas also highlights other key patterns that are both drivers and/or symbols of the overall de-densification trend worldwide.

One very granular mark is the lack of four-way intersections, a clear sign that roads are being laid out haphazardly, in a largely unplanned way. Such informality and unplanned development have been increasing over time across the world. The pattern, however, is strongly correlated with lower GDP per capita, and therefore is more pronounced in the developing world and global South. Linked to this observed pattern is an increase in urban block size, as shantytowns and unplanned settlements of many kinds grow without regard to transportation needs.

Indeed, the Atlas also suggests a pervasive lack of orderly connections to arterial roads, which are key to facilitating transportation to employment and economic networks. Built-up areas within walking distance of wide arterial roads are less frequent than they were in the 1990s, according to data from that decade. And more generally, there is simply not enough land being allocated for roads.

In addition, low-density tracts and small dwellings are unnecessarily consuming precious urban open space—parks and green spaces that can make dense urban areas more livable.

Angel says planners need to get ahead of the coming wave of urban migration and secure land for transportation, affordable housing, arterial roads, and open space. That needs to be done before settlement happens, when land prices subsequently soar and the logistics of moving populations become trickier. “This can be done at a relatively small cost,” Angel notes. He suggests that planners begin to “make some minimal preparations for it.”

Even in countries where there is a high degree of central planning, the data contained in the Atlas may prove helpful for diverse land management challenges.

“Compared to most cities in the developing world, Chinese cities are better managed,” says Zhi Liu, director of the Lincoln Institute’s China program. “The Atlas is still useful for China, as it provides accurate, visual urban expansion data and analytics to planners that could strengthen their understanding of the scale and patterns of urban expansion in their cities.”

The Atlas Data Challenge

Behind the new analytical insights produced by the Atlas, an intriguing and important backstory of data collection and analysis highlights future challenges for urban theory and monitoring of global cities, especially in developing nations.

Alejandro “Alex” Blei, a research scholar in the urban expansion program of New York University’s Marron Institute for Urban Management, said that assembling the 200 cities for the representative sample was no easy task, as there is no universally accepted definition for a metropolitan area. Researchers had to account for variables such as regional location, growth rate, and population size in order to ensure the sample was representative, and they had to create a careful and defensible methodology.

NASA’s Landsat database, a satellite imagery program running since the 1970s, was the basis for the spatial analysis. While that methodical, scientific dataset is of exceedingly high quality, the underlying population data, which was key for establishing migration- and settlement-related patterns, was frequently less than perfect.

“Some countries have very well-established data programs,” Blei said. But in other cases the data are very “coarse,” and large cities, particularly in the developing world, have only broad census zones. It is therefore difficult, at times, to make fine-grained insights about population changes in connection with land use shifts, as the researchers had to assume equal density over large tracts of the metropolitan area in question.

Scanning the NASA pictures, the researchers had to analyze pixels to assess whether there was impervious coverage surface or soils. They performed this task with powerful software according to well-established methods, but correlating it with population data was not always smooth. “Unfortunately, there’s not very much we can do if the data are not very good, but we did the best we could under the circumstances,” Blei says.

Evidence suggests the need for less variation in population data collection and synthesis across countries, in order to derive more actionable insights for policy makers in every country. And more global consensus is needed around the definition of cities. The U.S. Census Bureau defines them very precisely as “urbanized areas,” or “metropolitan statistical areas,” but they are frequently defined in more scattered ways by other countries’ data collection agencies. Asia and Africa—home of many of the fastest-growing cities, both in terms of population and geographic extent—suffer from a lack of granular city population data that speak to neighborhood-level change.

Global Nuances and Uncertain Futures

The publication of the new Atlas will, of course, join a long debate in policy and academic circles about how to measure sprawl, both high- and low-density, and the best models for addressing related issues. The new Atlas also speaks to a long research literature on the consumption of resources and quality of life in urban contexts.

Enrique R. Silva, a senior research associate at the Lincoln Institute who has specialized in Latin American planning and governance issues, notes that the Atlas research will continue to help advance understanding of government planning and rule-making, as well as residential pricing. The 2016 Atlas project includes surveys conducted with various stakeholders in cities that might yield insights on planning policies and markets, among other issues.

“It’s definitely an effort that is needed,” Silva says. “It’s a first-mover type of project. The measure of success will be the extent to which other researchers, whether through critique or support of the initial idea, can improve upon it and contribute to our understanding of how cities are growing, or even contracting.”

It will also help ground-level understanding for those studying or making policy in particular cities. Silva points to a place like Buenos Aires, which he calls a “classic case” where the expansion of territory is occurring faster than the population growth—and where many people are being displaced outward from the denser city core. Silva says that research by his Lincoln Institute colleague Cynthia Goytia has shown how lax land use regulation affects settlement patterns. Land markets and their regulations affect affordability, and this can result in unplanned settlements, her research suggests.

Neema Kudva, an associate professor at Cornell University who is an expert in growth patterns in India and South Asia, also praises the “very careful work” performed in the Atlas effort. But she worries that smaller cities—those under 100,000 and therefore excluded from the analysis—may see different dynamics that are subject to more variable patterns and experiences.

In trying to create “one science of cities,” she says, we may miss significant differences between small and big metropolitan areas, limiting our ability to imagine creative interventions. “The difference between small and big can be the ability to influence political processes, the ability to garner funds, to organize, to intervene,” Kudva says. “For a person like me who is interested in smaller places, things like the Atlas provide important suggestions, important points of reference, important counterpoints, but they are not always useful.”

Kudva also wonders if large-scale, emerging changes related to energy systems, global warming, sea-level rise, and political upheaval may alter worldwide land use patterns, compared to those observed in the past. The issue of falling density is potentially reversible, she believes. “That trend could change,” she says. “We need to play a more interventionist role.”

Still, better data and a more detailed picture of settlement patterns can substantially help address challenges common to cities of many different sizes. Chen, of the Ford Foundation, notes that research like the Atlas is necessary to combat issues such as unequal access to opportunity. “We need baseline data, and we need to understand the relationship between how we use land and other things.”

The issue of global inequality, which McCarthy calls the biggest “unassailable challenge” of cities, looms in all of the data. Beyond the layers of the Atlas’s global maps are stubborn facts and dilemmas that researchers and policy makers are only beginning to understand and address. “The biggest one is the absolute concentration of poverty and geographic isolation of large segments of the population,” McCarthy says, noting that sometimes 30 to 50 percent of residents in many large cities live in “deplorable conditions.”

Decent affordable housing that is meaningfully integrated into the economic network and flow of cities has to be a priority. Yet many national efforts to date have failed to achieve that goal. “That’s the thing that I find most vexing,” McCarthy says.

As the new Atlas is rolled out in October at the UN-Habitat III conference in Quito, that issue—and many others affecting the world’s fast-growing cities—is sure to be framed even more precisely and powerfully by the new, comprehensive data.

John Wihbey is an assistant professor of journalism and new media at Northeastern University. His writing and research focus on issues of technology, climate change, and sustainability.

Image by New York University Urban Expansion Program

Land readjustment is a vital but difficult and time-consuming process: formulating a sort of retroactive version of planning in neighborhoods that developed informally, with unsanctioned dwellings chaotically built in ways that leave some with no access to streets and paths. According to UN-Habitat, 863 million people around the world lived in such settings as of 2014, and the number could rise to 3 billion by 2050. The agreed draft of the New Urban Agenda for the Habitat III conference in Quito, Ecuador, notes that the “rising number of slum and informal settlement dwellers” contributes to intense challenges that exacerbate global poverty and its risks, from a lack of municipal services to increased health threats.

But evolving technology may facilitate revision of these organic layouts in ways that lead to minimal displacement and speed the absorption of such neighborhoods into a city’s formal structure, thus providing residents basic services—from sanitation and drainage systems to access for fire and medical emergencies. One of the more promising tools is Open Reblock, a platform currently in a pilot phase in areas around Cape Town, South Africa, and Mumbai, India. The project stems from a collaboration among Shack/Slum Dwellers International (SDI, is a network of urban-poor communities in 33 countries), the Santa Fe Institute (SFI, a nonprofit research and education organization), and Arizona State University. 

SDI has long been involved in grassroots “reblocking”—essentially another way of characterizing the land-readjustment process. Luís Bettencourt, a professor of complex systems at the Santa Fe Institute, explains that his group, which focuses on “cities as systems,” began working with SDI a few years ago. There was a useful convergence in the high-level, statistics-and-data thinking of the SFI group with the on-the-ground “census” efforts SDI used in its work with informal-settlement communities. 

SDI’s reblocking efforts could be painstaking. Residents led the process of mapping a neighborhood—on paper. Then they gathered at community meetings, arranged cutouts representing every local structure over that map, and began shifting them around to devise new paths and roadways. While this active collaboration was profoundly beneficial, the analog methodology wasn’t exactly speedy. 

Ever-more-accessible digital technology has in recent years eased the process, says SDI Programme Officer: Data Management Anni Beukes. The group now uses a geographic information system (GIS) tool to map settlement boundaries and services available, and then relies on a separate tool for detailed household-level surveys and precise measurements of every structure. Given the wide availability of mobile devices, the process is open to—and indeed dependent on—direct resident participation. 

Enrique R. Silva, research fellow and senior research associate at the Lincoln Institute, notes that similar tech-mapping tools are impacting such efforts around the world. “You can map something almost immediately,” he says, and involve community members in that process. He points to efforts, backed by the Lincoln Institute and others, that rely on “cheap and universal” devices and crowd-sourcing tools to reach similar goals across Latin America.

A master map that is available in digital form also creates new possibilities. Open Reblock is an example. It deploys a custom algorithm to read a digital map of an informal settlement and propose what it sees as the optimal strategy for reblocking it. (The algorithm is written to prioritize existing roadways and structures, echoing the traditional goal of minimizing displacement.) This process takes just minutes, at most. 

“When I first showed it to our communities, they said, ‘You’re taking our paper cutouts away’!” Beukes says with a laugh. They weren’t wrong—and they weren’t actually protesting. (“At least the younger ones weren’t; some older participants,” she adds, “can be hesitant in their uptake of new technology.”)

But what Open Reblock produces is not meant to be a strict directive or an end point—community members can still tweak the results based on their direct knowledge and concerns. Indeed, Open Reblock depends on such participation—“creating a shared reality where people can play and create this future reality,” Bettencourt says. “It’s basically a town-planning tool, at the level of a neighborhood.” And by offering “a proof of principle and a starting point” for negotiations, he adds, it radically speeds up one of the toughest steps in the process. 

Beukes says participants in the pilot programs have reacted with enthusiasm toward the new possibilities of this system. It means that a final plan will exist in a form that city officials can respond to more easily, and it ensures that all parties are considering the same geospatial data and planning scheme. “It’s a template for discussion,” Bettencourt adds, one that “puts everyone literally on the same map.” 

With a grant from Open Ideo, Bettencourt’s team and SDI are working to improve the design of Open Reblock’s interface, with feedback from community participants in Cape Town and Mumbai. The entire project is being created in open-source code (available on Github), both to encourage improvements from anyone who wants to be involved and to make it easier to scale up future versions for widespread use anywhere. 

The project is, of course, not a magic solution. Land readjustment can be contentious, and Silva points out that important issues around the value of any given settlement dweller’s property must still be worked out on a more individual, human level. Bettencourt and Beukes agree that Open Reblock is a supplement to, not a substitute for, existing processes.

Still, Bettencourt points to UN-Habitat numbers to speculate that there may be a million neighborhoods around the world in need of reblocking. “That’s a scary number,” he says. And it adds to the sense among some observers that there’s just something impossible about the effort—particularly when, on a case-by-case basis, the process gets bogged down over time. 

But all this may be less intimidating from a technologist perspective. Think of the mapping and data-collection tools that have emerged in recent years as an early step that builds on the long-existing work of SDI and others. Open Reblock is just one more iteration of that trajectory. “I think we have all the ingredients, but we have to start doing,” Bettencourt says. “If there’s a system to capture the data and run proposals on top of it, that’s a big step. It doesn’t create the change, but it helps.”

Rob Walker (robwalker.net) is a contributor to Design Observer and The New York Times.

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