En varios estados se implementaron, o se están considerando, medidas estatales para cambiar la zonificación a nivel local. El objetivo es permitir una gama de opciones de vivienda más asequibles y crear comunidades más sostenibles y equitativas. Sin embargo, cobró fuerza una oposición que defiende la tradición del control local sobre el uso del suelo.

Arizona. En 2022, los representantes estatales César Chávez (D) y Steve Kaiser (R) presentaron un proyecto de ley que permitía viviendas multifamiliares o una mayor densidad de viviendas unifamiliares en tierras zonificadas para agricultura u hogares unifamiliares. La propuesta, que enfrentó una fuerte oposición, se reescribió para establecer un comité que estudiara la oferta de viviendas.

California. En 2022, el gobernador Gavin Newsome (D) firmó un proyecto de ley que eliminaba los requisitos de estacionamiento cerca de las estaciones de transporte público y legalizaba las viviendas multifamiliares de ingresos mixtos en todas las áreas comerciales. A esto le siguió la legalización a nivel estatal de las ADU en 2016, y una medida, en 2021, que permitía a los dueños de propiedades dividir una vivienda unifamiliar o terreno en viviendas dúplex o cuádruples. La oposición se propuso revertir dicha ley a través de una iniciativa de plebiscito.

Connecticut. Un proyecto de ley para una reforma de gran alcance que se aprobó en 2021 prohíbe la zonificación local que limita el número de unidades de viviendas multifamiliares o que discrimina a los residentes de bajos ingresos, en un estado donde el 90 por ciento de la tierra se reserva a las viviendas unifamiliares por derecho. Además, el paquete legaliza las ADU, restringe los requisitos de estacionamiento mínimo, exige el cumplimiento de los objetivos de vivienda asequible y elimina los términos “carácter”, “abarrotamiento del suelo” y “concentración indebida de la población” como base legal para las regulaciones de zonificación.

Maine. Un paquete de leyes que se presentó a principios del año 2022 habría creado una junta de vigilancia estatal con el poder de invalidar las decisiones locales sobre los proyectos de vivienda críticos. Además, habría eliminado las restricciones en el crecimiento instauradas por las municipalidades que citaban el “abarrotamiento”. Dichas disposiciones se eliminaron, y en su lugar, quedó una ley que permite las ADU en suelo zonificado para viviendas unifamiliares.

Maryland. Un proyecto de ley de 2020 para aumentar la densidad de viviendas en las áreas de ingresos altos que tienen una concentración de trabajos y acceso al transporte público no logró avanzar, a diferencia de otra medida que exigía a las municipalidades que permitieran las ADU. Baltimore ha considerado poner fin a la zonificación exclusivamente unifamiliar por su cuenta.

Massachusetts. Conforme a la ley de las Comunidades de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA, por su sigla en inglés) aprobada en 2021 y firmada por el gobernador Charlie Baker (R), se deben permitir, por ley, viviendas multifamiliares con una densidad de 37 unidades por hectárea cerca de las estaciones de transporte público. De lo contrario, se denegará el financiamiento estatal para proyectos de infraestructura y de otro tipo. Muchas comunidades desafiaron la política, y algunas expresaron su voluntad de abstenerse de recibir el financiamiento en lugar de cumplir la ley.

Montana. A fines de 2022, una comisión especial de vivienda nombrada por el gobernador Greg Gianforte (R) recomendó abrir las áreas zonificadas para viviendas unifamiliares a viviendas dúplex, tríplex y cuádruples, y replantear otras regulaciones locales de zonificación restrictivas. La directora de la organización que representa a las ciudades y pueblos de Montana describió la iniciativa como “similar a las de California”. Se espera que este año la legislatura considere propuestas relacionadas con este tema.

Nebraska. Un proyecto de ley que se presentó en 2020, destinado a prohibir la zonificación exclusivamente unifamiliar y permitir cuádruples se reemplazó por una medida que solo exige que las ciudades y pueblos demuestren que están trabajando en pos de la vivienda asequible.

Carolina del Norte. En 2021, la legislación bipartidaria exigió que se permitieran los dúplex, tríplex, cuádruples y las casas adosadas en cualquier distrito de zonificación residencial con servicio de agua y cloaca, y que se permitieran las ADU. Dicha propuesta se detuvo tras la oposición de las jurisdicciones locales.

Oregón. Oregón, el primer estado del país en prohibir la zonificación exclusivamente unifamiliar, promulgó una ley en 2019 que establece que la mayoría de las ciudades con población superior a 1.000 habitantes permitan viviendas dúplex, y exige que las municipalidades de 25.000 habitantes o más permitan la construcción de casas adosadas, y viviendas tríplex y cuádruples.

Utah. Una medida aprobada en 2022 impulsa el financiamiento estatal para la reforma de zonificación local, que facilita la construcción de viviendas de ingresos medios y desarrollos orientados al transporte público. A fines de 2022, la legislatura estatal también estaba considerando retener los fondos del estado para las comunidades que carecen de un plan de ordenamiento territorial para la vivienda y anular la zonificación local y los procesos de audiencias para permitirles a los propietarios construir viviendas asequibles.

Virginia. El gobernador Glenn Youngkin (R), que se expresó en contra del movimiento NIMBY (“No en mi patio trasero”), lanzó un plan en noviembre en el que recomienda vincular el financiamiento estatal con los planes de vivienda locales e investigar una reforma de zonificación integral.

Washington. Se está considerando una legislación que permitiría una mayor densidad en las estaciones de transporte público, así como viviendas para dos, tres y cuatro familias en áreas que ahora se encuentran zonificadas para casas unifamiliares.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

Imagen: Unidad de vivienda accesoria en Seattle. Crédito: Sightline Institute via Flickr CC BY 2.0.

Argumentando que las normas anticuadas que rigen la urbanización en los Estados Unidos están haciendo que los precios de las viviendas aumenten en medio de una crisis de capacidad de pago cada vez más profunda, defensores de la reforma de zonificación estatal buscan construir sobre la base de éxitos recientes alcanzados en varias ciudades, desde California hasta Connecticut. Sin embargo, las resoluciones estatales están enfrentando una resistencia de quienes defienden el control local del uso del suelo, un sistema que ha prevalecido por un siglo.

Si bien los cambios de la norma que se están implementando o considerando, en términos técnicos, solo resultan familiares a los profesionales del planeamiento urbano, podrían tener un impacto masivo, y no solo en la disponibilidad de viviendas. Según los críticos, la zonificación también ha preservado la segregación racial y perpetuado patrones de uso del suelo no sostenibles en términos medioambientales.

Los cambios en cuestión incluyen prohibir la zonificación exclusivamente unifamiliar; permitir que haya viviendas multifamiliares en más lugares, incluso adyacentes a las paradas de transporte público; reducir o eliminar los costosos requisitos de estacionamiento mínimo; y suprimir las prohibiciones relacionadas con unidades accesorias (ADU, por su sigla en inglés).

Los esfuerzos para modificar la zonificación tomaron fuerza en parte porque el problema es sorprendentemente bipartidario, lo que atrae a una variedad de defensores, desde conservadores de libre mercado que apoyan la modernización de las regulaciones del gobierno, hasta progresistas preocupados por el sinhogarismo y que buscan corregir las injusticias raciales.

Tanto los estados azules de la costa como otros considerados rojos, como Utah, se comprometieron con algún tipo de reforma de la zonificación. En Virginia, el gobernador republicano, Glenn Youngkin, se expresó en contra del movimiento NIMBY (“No en mi patio trasero”) liderado por residentes establecidos respecto a los desarrollos de viviendas nuevos. Para abordar los costos crecientes que enfrentan los residentes, afirmó poco después de asumir el cargo en 2022, “debemos atacar la raíz del problema: regulaciones innecesarias, gobiernos locales ineficientes y sobrecargados, políticas de zonificación restrictivas y una ideología de luchar con uñas y dientes en contra de cualquier desarrollo nuevo”.

El principal motor de la reforma fue la falta de viviendas asequibles, que está causando estragos en las economías locales. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, los precios de las viviendas subieron más de un 20 por ciento en todo el país. En junio de 2022, Realtor.com informó que los alquileres en las 50 áreas metropolitanas más grandes del país habían aumentado un 26,6 por ciento desde 2019, el último de una cadena de aumentos récord. De acuerdo con el Harvard Joint Center for Housing Studies, en 2020, un 30 por ciento de todos los hogares de los Estados Unidos enfrentaban pagos de alquileres o cuotas de hipotecas inasequibles, definidos como valores un 30 por ciento superiores al ingreso mensual por hogar; es decir que un número cada vez mayor de estadounidenses gastan la mitad de sus ingresos en vivienda (Harvard 2022). En general, los trabajadores no pueden vivir cerca de sus lugares de trabajo, y la absoluta carencia de vivienda es cada vez más evidente.

“Incluso las personas que se benefician de la crisis de vivienda de California, quizás personas que compraron una vivienda unas décadas atrás [y vieron cómo se revalorizaron], están descubriendo que sus hijos adultos no pueden vivir a una distancia de dos o tres horas de ellos. Están dándose cuenta de que, si quieren jubilarse, probablemente tengan que dejar el estado”, dijo M. Nolan Gray, autor de Arbitrary Lines: How Zoning Broke the American City and How to Fix It (Líneas arbitrarias: cómo la zonificación quebró la ciudad estadounidense y cómo enmendarla) (Gray 2022). Tanto en California como en Utah, dijo Gray, los residentes están enfrentando “problemas [similares] de capacidad de pago de la vivienda que están afectando a la clase media, y están buscando soluciones”.

No obstante, el esfuerzo para aplicar estándares nuevos a nivel estatal se enfrenta a una oposición política feroz a nivel local, donde históricamente se han tomado las decisiones en materia de uso del suelo y donde el derecho a establecer la zonificación se ha custodiado con rigor desde que los niveles más altos del gobierno le concedieron dicho poder un siglo atrás. La resistencia advierte sobre la “rezonificación imperialista de las capitales del estado”, en palabras de un crítico, y catalogan a las resoluciones destinadas a aumentar la oferta de viviendas como un poder de primacía inapropiado del estado.

En respuesta a aquellos que se oponen a cualquier cambio en las regulaciones locales para el desarrollo, los legisladores estatales suavizaron las iniciativas de reforma de todo el estado sumando opciones de exclusión voluntaria o eliminando sanciones para quienes incumplen. En algunos casos, los primeros destellos de reforma se desactivaron por completo. En Nebraska, un proyecto de ley que exigía a las municipalidades con más de 5.000 residentes que permitieran cuádruples y otras “viviendas intermedias faltantes” se reemplazó por una medida que exigía solo pruebas de que las jurisdicciones locales estuvieran trabajando en crear más viviendas asequibles (vea nuestra guía de reformas recientes en cada estado).

En Massachusetts, el programa conocido como Comunidades de la MBTA, firmado por el gobernador republicano Charlie Baker en 2021, exige a las ciudades y los pueblos que permitan viviendas multifamiliares cerca de las estaciones de transporte público, por ley, con una densidad mínima de 37 unidades por hectárea. Sin embargo, muchas comunidades desafiaron dicho mandato, y declararon que están preparadas para arreglárselas sin la financiación del estado que les será denegada si no cumplen.

Si la clave para cualquier reforma de una política pública radica en la implementación, puede que esto sea particularmente válido para algo tan arraigado como el control local sobre el uso del suelo. El propósito de los estados en lo que concierne a la reforma debe convencer a las localidades de que cambiar la zonificación de formas selectivas es algo posible y será beneficioso. La asistencia técnica y la educación, provistas por las agencias del estado y las organizaciones sin fines de lucro, ayudarán, dijo la investigadora Amy Dain, de Massachusetts, que realizó investigaciones para el Instituto Lincoln y documentó cómo las comunidades suburbanas de los alrededores de Boston instalaron un “empapelado” de burocracia que obstaculiza los intentos de los emprendedores inmobiliarios de construir viviendas multifamiliares (Dain 2021, Dain 2022).

En el caso de la ley de las Comunidades de la MBTA, Amy dijo que “el estado les está dando a las ciudades y a los pueblos mucha flexibilidad para decidir cómo diagramar los distritos [de mayor densidad] y cómo redactar los requisitos. Los lugares para los desarrollos de viviendas multifamiliares orientadas al transporte público se establecen a nivel local, al igual que los requisitos de dimensiones para las viviendas nuevas”.

Es posible que, en el futuro, el éxito de la reforma de zonificación estatal dependa de la promesa de ese tipo de colaboración entre el nivel estatal y local.

SI BIEN MUCHAS CIUDADES SE planificaron y diseñaron magistralmente durante los siglos, la zonificación es un fenómeno del s. XX. La necesidad de un marco de normas y regulaciones surgió como una reacción al crecimiento explosivo de las ciudades de los Estados Unidos después del cambio de siglo, en simultáneo con la industrialización y el crecimiento de la fabricación; la inmigración masiva; y los avances en la tecnología, en especial, en el sector de transporte, lo que incluye el tranvía, el subte y los automóviles.

El pedido de zonificación fue parte de una campaña progresiva para aliviar la aglomeración y para mejorar las condiciones de vida y la salud pública, por ejemplo, para asegurarse de que no hubiera una curtiduría al lado de una casa de huéspedes. Pero, además, se diseñó para controlar dónde podían vivir los inmigrantes y las personas de color. Las primeras ciudades de los Estados Unidos en crear la zonificación fueron, entre otras, Nueva York y Berkeley, California, ambas hacia el año 1916.

En 1923, la Ley de Habilitación de Zonificación Estatal Estándar estipuló que los estados con legislación modelo podían adaptarse para conceder a las municipalidades el poder para determinar los usos del suelo. Los 50 estados adoptaron dicha ley de habilitación, que redactó un comité del Departamento de Comercio que Herbert Hoover había convocado y que incluía a Frederick Law Olmsted. El caso emblemático de la Corte Suprema de 1926 Euclid contra Ambler  Realty, que implicó la demanda de una empresa de bienes raíces por el derecho de desarrollar tierras en una ciudad de Ohio en la que recientemente se habían implementado varios distritos de zonificación, ratificó que la zonificación era una responsabilidad local, y, de hecho, un poder policial para reducir conflictos y mejorar la salud pública.

El resultado fue que más de 30.000 gobiernos locales desarrollaron su propia regulación de estructuras y usos del suelo, que incluyen la altura permitida, el volumen, el coeficiente de edificabilidad, los tamaños de los lotes y las distancias mínimas. Un abordaje común fue separar los usos residencial, industrial y comercial, y designar parcelas según la categoría en mapas de zonificación multicolores que siguen en uso hasta el día de hoy. Del lado residencial, las zonas para viviendas unifamiliares, en general, en lotes grandes, eran las más frecuentes; las áreas destinadas a viviendas multifamiliares, que incluso preveían estructuras para dos familias, eran mucho más pequeñas, si es que existían.

A pesar de que las comunidades usaban enfoques similares, la zonificación se convirtió en un sistema altamente descentralizado en el que cada jurisdicción desarrollaba normas especiales con formatos complicados. “Incluso para un experto, estos códigos de zonificación pueden ser difíciles de leer, y es casi imposible compararlos entre ellos”, dijo Sara Bronin, profesora de Derecho de la Universidad Cornell, que participó en una iniciativa de reforma de zonificación importante en Connecticut y ahora lidera el desarrollo del Mapa de zonificación nacional. Este proyecto de colaboración abierta está trabajando para crear un mapa de zonificación interactivo, fácil de usar, de cada estado del país.

ACERCA DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN NACIONAL

Cuando Sara Bronin, ahora profesora de la Universidad Cornell, se involucró por primera vez en la reforma de la zonificación en Connecticut, surgió una necesidad evidente: identificar cuáles eran, con exactitud, las regulaciones del uso del suelo en las 169 ciudades y pueblos del estado. Para encontrar la respuesta, tuvieron que revisar 2.622 distritos de zonificación y más de 30.000 páginas de texto, y usar hojas de cálculo, mapas y sistemas de información geográfica para organizar todo. Este ejercicio inspiró a Bronin y su escueto equipo de colaboradores a lanzar un proyecto más ambicioso: documentar las prácticas de zonificación locales en los 50 estados para crear un Mapa de zonificación nacional.

El objetivo de este proyecto de colaboración abierta es traducir y estandarizar los códigos de zonificación del país, y crear un mapa interactivo en línea que las personas puedan usar y entender con facilidad. El Mapa de zonificación nacional busca ayudar a ampliar la participación en las decisiones relacionados con el uso del suelo, identificar oportunidades para la reforma de zonificación y reducir una brecha de información que, en la actualidad, beneficia a los especuladores del suelo, los inversionistas institucionales y los propietarios por sobre los grupos socioeconómicamente desfavorecidos. Además arrojará luz a las tendencias estatales y regionales y brindará un recurso para las iniciativas de planificación nacional relacionadas con la producción de vivienda, la infraestructura de transporte y el cambio climático.

Hoy en día, un grupo colaborativo cada vez más grande de investigadores está trabajando en 14 estados, desde New Hampshire hasta Hawái. El equipo les da la bienvenida a colaboradores de todos los estados. Para obtener más información, visite www.zoningatlas.org.

La naturaleza intensamente local de la zonificación generó otro atributo que ha ayudado a bloquear, con eficacia, las normas impuestas: grupos significativos de residentes establecidos que alegan que las normas obstaculizan los desarrollos nuevos. La zonificación, así como las regulaciones medioambientales y, en algunos casos, las restricciones de preservación histórica, se usaron como un escudo en suburbios de uso diferenciado dominados por la zonificación unifamiliar y en ciudades, donde los residentes empezaron a mostrarse recelosos con respecto al redesarrollo en barrios con lazos estrechos. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, las organizaciones de los barrios locales se fortalecieron usando un poder de veto en una amplia variedad de propuestas de redesarrollo, comentó Jacob  Anbinder, quien está escribiendo una tesis en Harvard sobre el control local y la organización comunitaria.

La combinación de normas complicadas y defensores acérrimos hizo que el sistema pareciera impenetrable. Sin embargo, hace unos 25 años, empezaron a surgir algunos de los primeros desafíos para la noción de que la zonificación era sagrada (insinuaciones de que las regulaciones de uso local del suelo se habían calcificado y vuelto obsoletas), principalmente con fundamentos medioambientales. Los movimientos asociados al crecimiento inteligente y el Nuevo Urbanismo sostenían que la separación de usos fomentaba la dependencia del automóvil, que genera un daño ambiental, y había hecho que los tipos de viviendas de uso mixto que ofrecen la posibilidad de caminar sean, básicamente, ilegales.

“Si observas los barrios históricos previos a la zonificación, la norma sería que pudieras satisfacer las necesidades diarias a una distancia que se pueda hacer a pie”, dijo Gray. “Podrías tener un almacén en la esquina, una barbería en otra, un consultorio médico en otra, o al menos, las ciudades podrían alcanzar densidades tales que el transporte público pudiera satisfacer. La densidad era tal que era posible tomar un autobús o un tren.

“La zonificación dificultó todo eso”, afirmó. “Realmente privilegia los patrones de uso del suelo que son más ineficientes en términos medioambientales. Al observar los datos, queda claro que muchos estadounidenses, en realidad, quieren vivir en un departamento, en un barrio donde se pueda caminar y donde sea posible no tener un auto, y la zonificación, en muchos casos, criminaliza esto”.

En un contexto que podría describirse como un primer intento, más sutil, de lograr que las comunidades reevaluaran su zonificación, los planificadores que promovían alternativas para la expansión urbana descontrolada introdujeron la idea del “código basado en la forma”, que reorientaba la zonificación en torno a la composición y la concentración massing de los edificios, en lugar de enfocarse en el uso y las actividades que se desarrollan dentro de estos. Otras personas intentaron ayudar a que las ciudades pequeñas y medianas hicieran ajustes incrementales que permitieran más paisajes urbanos.

“Ir al encuentro de los gobiernos locales” fue el mantra para la iniciativa del Proyecto para la Reforma del Código lanzada por el Congreso para el Nuevo Urbanismo en 2016, dijo Lynn Richards, quien era presidenta de la organización en ese entonces. “No se lo pensaba como una auditoría completa, sino que se pretendía identificar el cambio pequeño más importante que pudiera hacer una comunidad para mejorar el entorno regulatorio en dicho lugar”, comentó, y agregó que los cambios incrementales se instituyeron en Michigan, Vermont, New Hampshire y Wisconsin.

Sin embargo, en general, el statu quo se mantuvo, incluso cuando aumentó la conciencia pública sobre el papel de la zonificación en la perpetuación de la segregación racial, lo que sumó preocupación sobre su impacto. Investigaciones demográficas e históricas de todo el país ilustraron los efectos perjudiciales y duraderos de las decisiones sobre el uso del suelo en lugares desde Los Ángeles hasta Manchester, New Hampshire. Según esta crítica, los gobiernos locales a los que se les había entregado la responsabilidad de supervisar el uso del suelo no habían logrado garantizar comunidades sostenibles y equitativas, y no mostraban ningún indicio de cambio en sus trayectorias.

“Un siglo de control local, descentralizado y aislado del suelo produjo niveles inaceptables de segregación racial y económica, una expansión urbana descontrolada que contribuyó a la crisis climática y una crisis de vivienda asequible casi inexpugnable”, escribió el presidente del Instituto Lincoln George W. McCarthy en un ensayo para una publicación de Land Lines, en octubre de 2022. “A veces, resulta necesario que los niveles más altos de gobierno pasen por alto las decisiones de los niveles más bajos, a fin de fomentar el bienestar general o abordar factores externos negativos que son producto de acciones no coordinadas de estos niveles más bajos de gobierno”.

UNAS POCAS CIUDADES, incluidas Mineápolis y Portland, están a la vanguardia, ya que, por ejemplo, tomaron medidas para prohibir la zonificación exclusivamente unifamiliar. En el ámbito federal, bajo las administraciones de Obama y Biden, también se presentó un marco de incentivos y sanciones que promueven un desarrollo más denso e inclusivo.

Sin embargo, el fundamento para los estándares en todo el estado se ha vuelto cada vez más evidente: eliminar la mezcla de diferentes políticas y regulaciones dentro de las regiones metropolitanas. Algunas comunidades podrían permitir ADU, por ejemplo, mientras otras las prohíben. Un régimen regulatorio más uniforme nivelaría el campo de juego, reflejaría las aspiraciones de alquiler y compra de viviendas actuales y haría posible la elaboración de un abordaje regional receptivo para los asuntos como la crisis de capacidad de pago actual.

Las medidas de la reforma de zonificación que se aprobaron o que se encuentran en proceso de análisis varían desde cambios relativamente pequeños, como la legalización de las ADU o la eliminación de los requisitos de estacionamiento mínimo, hasta primacías más significativas que permiten viviendas multifamiliares (ya sean casas adosadas para entre dos y cuatro familias, o edificios de departamentos más grandes) en áreas zonificadas exclusivamente para viviendas unifamiliares.

California ha sido líder, primero, al legalizar las ADU en todo el estado, luego, al permitir las viviendas dúplex y las divisiones de lotes en zonas unifamiliares, y las viviendas multifamiliares de ingresos mixtos en todas las áreas comerciales, y, además, al eliminar los requisitos de estacionamiento mínimo en las estaciones de trasporte público. Connecticut le sigue de cerca, con requisitos para que las ciudades y los pueblos “fomenten de forma positiva la vivienda justa” en sus zonificaciones, promuevan diversas opciones de vivienda, legalicen las ADU y limiten los requisitos de estacionamiento mínimo. Las pautas adoptadas recientemente por el estado también evitan que las ciudades aprueben zonificaciones que discriminan en términos de ingresos, restrinjan la cantidad de viviendas multifamiliares en una comunidad o cobren comisiones poco razonables o diferentes por viviendas asequibles multifamiliares.

Otra característica destacada en Connecticut es la eliminación de los términos “carácter”, “abarrotamiento del suelo” y “concentración indebida de la población” de la legislación estatal como base legal para las regulaciones de zonificación. En su lugar, el proyecto de ley permite que las ciudades consideren solo las “características físicas” de un distrito.

Los defensores de la reforma aspiran a seguir profundizando en el asunto del proceso, que, como se demostró, obstaculiza y dificulta desarrollos nuevos al hacerlos extremadamente costosos. Las recomendaciones incluyen un “reloj de lanzamiento” que limite la duración de los procesos de habilitación, y exenciones de eternas revisiones para proyectos pequeños y medianos que, sin duda, no tengan un gran impacto medioambiental.

OTROS ESTADOS QUE MEDITAN SOBRE LA REFORMA DE ZONIFICACIÓN han incluido elementos de las reformas de California y Connecticut. Pero surgió un patrón en el que los legisladores proponen medidas estrictas (por ejemplo, negar el permiso para la zonificación exclusivamente unifamiliar) y, luego, ante la oposición, prescriben reformas más leves, como anular las prohibiciones sobre los alquileres de casas adosadas o departamentos sobre cocheras.

Los legisladores parecen estar respondiendo a una reacción negativa previsible en contra de los mandatos estatales, que se fundamenta sobre la premisa de que las jurisdicciones no deberían estar sujetas a requisitos generales que no consideran de manera exhaustiva las condiciones locales.

Aaron Renn, un analista urbano conservador y editor colaborador del City Journal, dijo que “en líneas generales, apoya la liberalización de la zonificación como una herramienta para afrontar la falta de oferta de viviendas”, pero que desconfía de concederles a los estados el control de las decisiones locales del uso del suelo debido al riesgo percibido de que esto fomente políticas de talla única. Expresó su preocupación de que los defensores de la reforma a nivel estatal “argumenten que en la mayoría de los casos la mejora de la zonificación no significará reemplazar todas las viviendas unifamiliares por edificios de departamentos, pero que no aceptarán ningún límite”, como restringir el número de cuádruples en un barrio, y le preocupa que términos como “corredor de transporte público” no se definan con precisión.

Kimberly Fiorello, una representante republicana de las ciudades de Stamford y Greenwich de Connecticut, se pronunció con un tono más desafiante, y advirtió sobre el paquete de reforma de zonificación que adoptó el estado finalmente.

“Pasar el control de la zonificación local a ‘expertos’ de Hartford debería ser una afrenta para cualquiera que crea en la autonomía y el derecho a la propiedad privada”, escribió en 2020, cuando las iniciativas para la reforma de zonificación lideradas por funcionarios del estado y la coalición sin fines de lucro Desegregate Connecticut empezaron a cobrar fuerza. En un momento, Fiorello y otros republicanos llegaron a exigir una enmienda constitucional estatal para “permitirles a la municipalidades que promulguen y hagan cumplir las restricciones de zonificación sin interferencia del gobierno estatal o regional”.

El poder de primacía, que en este caso anula al gobierno local, se estableció como precedente en el sector de vivienda y resistió desafíos legales. En Massachusetts, el capítulo 40B anula la zonificación local para acelerar proyectos si el 25 por ciento de las unidades propuestas son asequibles, en comunidades donde el parque de viviendas asequibles es menor que el 10 por ciento. El caso emblemático de Mount Laurel, cuya primera resolución estuvo a cargo de la Corte Suprema en 1975, de modo similar, exigió a las ciudades y pueblos que agregaran su “parte justa” de viviendas asequibles como una prioridad que supera las restricciones locales de uso del suelo. En California, las municipalidades que no cumplen los objetivos de vivienda asequible quedan sujetas al “recurso del constructor”, en el que los desarrolladores pueden proponer cualquier proyecto de vivienda y este se aprueba de forma automática.

Por lo tanto, los estados que persiguen reformas significativas deben alcanzar un equilibrio entre exigir el cumplimiento a través de sanciones y otros medios, y apoyar a las ciudades y los pueblos de forma menos rigurosa a lo largo del proceso de implementación, para asegurarles que seguirán teniendo el control a medida que se abran a más viviendas.

“La zonificación ha resistido porque las comunidades locales y sus residentes la defienden. Los planificadores deben trabajar para aferrarse a ese entusiasmo, para darles a las comunidades el control local, mientras apoyan el sinnúmero de esfuerzos necesarios para hacer frente a las limitaciones de la zonificación en su forma actual”, dijo Harvey M. Jacobs, profesor emérito en la Universidad de Wisconsin–Madison y Universidad Radboud en Nijmegen, Países Bajos.

“¿Las localidades necesitan un empujoncito? Sí. ¿Les gustará? No”, afirmó Jacobs, quien ha llevado a cabo investigaciones con el Instituto Lincoln en materia de políticas públicas y derechos de propiedad. Predice “algo así como un juego del gato y el ratón, entre los estándares impuestos por el estado y la implementación local”.

EN EL ÍNTERIN, las ciudades están actuando por su cuenta, con o sin mandatos estatales. La lista de los lugares que aprueban la reforma está creciendo, desde la mejora de la zonificación en toda la comunidad de Walla Walla, Washington, hasta la aprobación de ADU y la eliminación de requisitos de estacionamiento en Fayetteville, Arkansas. Hace poco, Cambridge, Massachusetts, se unió a la lista creciente de comunidades que están suprimiendo los mínimos de estacionamiento.

Los defensores esperan poder sumarse a ese impulso, ya que confían, en parte, en los análisis de datos posteriores a la implementación. Es entendible que, como esta ola de iniciativas de reforma es relativamente nueva, existan pocos estudios que muestren que los cambios en la zonificación incrementan, como consecuencia directa, la capacidad de pago de la vivienda o generan otros resultados esperados.

Un análisis de los alquileres de ADU recién autorizadas por la Asociación de Gobiernos del Sur de California mostró que las viviendas pequeñas en cinco condados del área de Los Ángeles eran asequibles para quienes ganaban el 80 por ciento del ingreso promedio del área y menos, a pesar de que, en muchos casos, no se les cobraba ningún alquiler, ya que los miembros de la familia se mudaban para aliviar el hacinamiento. “Esto es, en esencia, la producción de viviendas asequibles a escala y sin ningún costo para los contribuyentes”, dijo Gray. “Todo esto solo por eliminar algunas de las barreras de la zonificación para las ADU”.

Dos documentos de trabajo a cargo del Mercatus Center de la Universidad George Mason determinaron que la zonificación que permite viviendas multifamiliares se asocia con porcentajes de la población considerablemente más grandes de residentes de color e hispánicos, en comparación con la zonificación para viviendas unifamiliares: un nueve por ciento combinado más alto en el Gran Boston, y un 21 por ciento en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul (Resseger 2022, Furth y Webster 2022).

Bronin, quien lidera la labor del Mapa de zonificación nacional en Cornell, dijo que en la investigación que está por publicar descubrió que con solo eliminar los requisitos de estacionamiento mínimos se podrían crear miles de unidades adicionales de vivienda en 15 ciudades de Connecticut. El mayor potencial se observó en Bridgeport, la ciudad más grande del estado, donde se eliminaron los requisitos de estacionamiento mínimo a favor de las viviendas en 2022. “Tenemos esperanzas de que esto active nuevas inversiones en Bridgeton, que está bastante cerca de la ciudad de Nueva York y que, como varias de las grandes ciudades en Connecticut, está pasando dificultades económicas. Esa única reforma conlleva muchas promesas de creación de nuevas viviendas, lo que, a su vez, hará que los precios bajen”, señaló Bronin.

Si bien hay estudios discrepantes, algunos investigadores sugieren que el aumento de la oferta de vivienda, incluso en el extremo de mayor poder adquisitivo, puede en última instancia generar una reducción en los alquileres y precios de las viviendas (Mast 2021). Gestores de políticas y economistas están cada vez más de acuerdo en que agregar diferentes tipos de viviendas distribuidas en una región amplia será beneficioso a largo plazo.

En este sentido, aquellos que claman por una reforma de zonificación aún más gradual se enfrentan con un desafío parecido al del cambio climático, que continuaría incluso si mañana pudiesen detenerse todas las emisiones. Las condiciones del mercado no cambiarán con rapidez, pero si actuamos ahora, según se afirma, prepararemos el escenario para una falta de capacidad de pago menos drástica en el futuro.

Según Dain, la disposición de Massachusetts para mejorar la zonificación en las zonas aledañas a las estaciones de transporte público se puede fundamentar sobre la base de dicha viabilidad económica a largo plazo. “En realidad, este no es un cambio técnico, sino una gran iniciativa de adaptación para toda la región, a fin de garantizar que todas las personas tengan una vivienda y que la región crezca de forma sostenible y resiliente”.

Bronin concuerda con que modificar las normas establecidas mucho tiempo atrás puede generar beneficios a gran escala, incluso siendo que este es un mensaje difícil de trasmitir, ya que, durante mucho tiempo, la zonificación permaneció invisibilizada en un segundo plano.

“La zonificación es el poder regulador más importante del gobierno local”, afirmó. “No solo rige dónde podemos ubicar viviendas, fábricas, parques y negocios; sino que tiene, de hecho, efectos significativos en la economía e incluso, creo yo, en la estructura de nuestra sociedad”. Recordando los varios años que llevó la iniciativa de reforma en Connecticut, indicó que “cuando comenzamos . . . sabíamos que había un espacio en el debate público para la zonificación y que era el momento correcto para vincular la reforma de nuestras leyes de zonificación obsoletas con resultados sociales y económicos mucho mejores que serían beneficiosos para Connecticut en su totalidad.

“Creo que sorprendimos a la gente por las dimensiones que esto tomó y los aliados que ganó”, comentó, e indicó que a Connecticut se la conoce como “la tierra de los hábitos constantes”. Como, en última instancia, esta cultura se abrió al cambio, dijo que tiene esperanzas con respecto a los intentos de reforma en proceso en otros lugares. “Soy optimista respecto a estos esfuerzos”.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

Imagen: Asociaciones municipales, dirigentes locales y residentes rechazaron las iniciativas de reforma de zonificación estatal. Aquí, un manifestante en Connecticut exige a los legisladores que “mantengan la zonificación a nivel local”. Crédito: Kassi Jackson, Hartford Courant/Tribune News Service.

Referencias

Bronin, Sara. 2022. “Zoning by a Thousand Cuts”. En Pepperdine Law Review, vol. 50, 2023. https://ssrn.com/abstract=3792544.

Dain, Amy. 2021. “A Reformer’s Guidebook to Zoning’s Knots: Approval Processes for Multifamily Housing in Greater Boston”. Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. (Octubre). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/reformers-guidebook-zonings-knots.

———. 2022. “A Series of Articles about the MBTA Communities Zoning Law”. Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. (Diciembre). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/series-articles-about-mbta-communities-zoning-law.

Furth, Salim y MaryJo Webster. 2022. “Single-Family Zoning and Race: Evidence from the Twin Cities”. Documento de trabajo Arlington, VA: Mercatus Center de la Universidad George Mason. (Octubre). https://www.mercatus.org/research/working-papers/single-family-zoning-and-race-evidence-twin-cities.

Gray, M. Nolan. 2022. Arbitrary Lines: How Zoning Broke the American City and How to Fix It. Washington, DC: Island Press. https://islandpress.org/books/arbitrary-lines.

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Mast, Evan. 2021. “JUE Insight: The Effect of New Market-Rate Housing Construction on the Low-Income Housing Market”. Journal of Urban Economics. Julio. https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103383.

Resseger, Matthew. 2022. “The Impact of Land Use Regulation on Racial Segregation: Evidence from Massachusetts Zoning Borders”. Documento de trabajo Arlington, VA: Mercatus Center de la Universidad George Mason. (Octubre). https://www.mercatus.org/research/working-papers/impact-land-use-regulation-racial-segregation-evidence-massachusetts-zoning.

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 Land Matters Podcast: The Quest for Zoning Zen

La alcaldesa Yvonne Denise Aki-Sawyerr asumió su cargo en Freetown, Sierra Leona, en mayo de 2018, después de desempeñarse como jefa del Ayuntamiento de la ciudad de Freetown. La profesional de las finanzas con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado, previamente había participado en la campaña contra los “diamantes de sangre” y tuvo un papel fundamental en la respuesta a la crisis del ébola en 2014. Presentó dos charlas TED sobre cómo transformar la insatisfacción en acción y sobre la iniciativa de la ciudad capital para plantar un millón de árboles, y recibió nominaciones para la lista Time100 Next de líderes emergentes y la lista 100 Women de la BBC.

Como líder en la red mundial C40 Cities, Aki-Sawyerr lanzó la iniciativa Transform Freetown y nombró al primer director de calor de África. Se graduó en la Facultad de Economía de Londres y en la universidad Fourah Bay College de Freetown. En otoño, habló con el miembro sénior Anthony Flint. La conversación, que se editó por motivos de espacio y claridad.

Anthony Flint: ¿Podría hablar sobre la iniciativa Transform Freetown como una planificación urbana y un marco de acción, y contarnos qué opina sobre cómo progresó? 

Yvonne Aki-Sawyerr: Me postulé para el cargo en 2018, motivada por mis preocupaciones en torno al medioambiente y el saneamiento. Mi mensaje para la campaña, “por la comunidad, por el progreso, por Freetown”, se tradujo en Transform Freetown. La iniciativa se centra en cuatro categorías: resiliencia, desarrollo humano, ciudad saludable y movilidad urbana.  

La resiliencia incluye la gestión medioambiental; además incluye el planeamiento urbano, porque no es posible separar las dos cosas, y la organización de la renta, porque la sostenibilidad solo se logrará si la ciudad es capaz de mantener y generar una renta por sí misma. El punto sobre la ciudad saludable incluye el saneamiento, que está estrechamente relacionado con la gestión medioambiental para Freetown y muchas ciudades de África. Si pensamos en el cambio climático, en nuestro aporte diminuto al cambio climático, gran parte de este proviene del metano, del vertido de basura a cielo abierto, pero, a su vez, esto tiene implicaciones inmensas para la salud. Así que, en la categoría de ciudad saludable se incluyó el saneamiento, la salud y el agua.

Lo que hicimos fue, habiendo asumido el cargo con esos focos prioritarios de preocupación, organizar 322  grupos de sondeo con alrededor de 15.000 residentes, para escuchar sus opiniones sobre la capacidad de pago, la accesibilidad y la disponibilidad de servicios en esos sectores. Invitamos al sector público, al sector privado y a la comunidad internacional, por medio de socios de desarrollo y ONG, a participar en debates.

De ese proceso surgieron 19 objetivos específicos y mensurables en los que estamos trabajando en el marco de Transform Freetown. Todo los años informamos sobre la situación de los objetivos a la ciudad, a nuestros residentes. Fue una forma de generar un mayor grado de responsabilidad, de ponernos a prueba, y existe un fuerte sentido de propiedad por parte de la comunidad que es quien impulsa la iniciativa. 

AF: Entre todas las amenazas climáticas que la ciudad enfrenta, usted nombró un director de calor. ¿Por qué se necesitó un director de calor, y qué resultados se observaron hasta ahora? 

YA: A menudo me preguntan: ¿cómo logras que la gente común se interese en el cambio climático? En nuestro caso, no es difícil, porque, en estos pagos, las consecuencias del cambio climático se sienten con intensidad, y sufrimos intensas inundaciones y derrumbes. A esto se debe mi preocupación por el medioambiente y nuestra habilidad para mitigar esos impactos. 

El [Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center] nos hizo pensar de verdad sobre el hecho de que muere más gente a causa del calor extremo que de los desastres tangibles y visibles como las inundaciones y los derrumbes. El calor extremo, sobre todo en lugares donde el agua escasea, es un efecto importantísimo del calentamiento climático.  

En nuestro caso, las personas vulnerables son, principalmente, aquellas que viven en asentamientos informales. Estas representan el 35 por ciento de la población de nuestra ciudad, y en esos asentamientos urbanos, las estructuras de las viviendas son, por lo general, de chapa corrugada. Con el aumento de la temperatura, viven, literalmente, en un horno. Otro aspecto relacionado con esto es que tenemos una economía informal. Alrededor del 60 por ciento de las mujeres de nuestra ciudad están involucradas en el comercio. La mayoría de nuestros mercados están al aire libre, por lo que te la pasas todo el día sentada al rayo del sol. Si a esto le sumamos el calor intenso, se exacerban otras consecuencias negativas para la salud.

Ahora, con el director de calor, vamos a poder emprender algunas investigaciones y recopilar datos para identificar las islas de calor. Según nuestra experiencia, tenemos una idea de dónde se encuentran, sobre todo en los asentamientos informales, pero es posible que también se encuentren en el medio de la ciudad. Tenemos que ser capaces de generar argumentos para desafiar lo que está sucediendo respecto a la falta de permisos para la construcción, y la delegación de la planificación del uso del suelo a la ciudad y la deforestación masiva que continúa sin amainar.

El director de calor trabajó con las mujeres del mercado y obtuvo financiamiento de la Arsht-Rockefeller [y el Atlantic Council] para instalar toldos que generen sombra en tres de nuestros mercados al aire libre. Es maravilloso ver el entusiasmo de las mujeres y oírlas decir: “¿Esto se va a extender a todo el mercado? Podemos ver donde empieza, dónde termina, pero también lo necesitamos”.

AF: ¿Qué esperanzas tiene para los otros proyectos de mitigación climática, incluida la iniciativa para plantar un millón de árboles? ¿Cómo tuvo lugar y en qué situación se encuentra? 

YA: Bien, el proyecto surgió porque observamos que estamos perdiendo nuestra vegetación, y eso [agrava] los fenómenos meteorológicos extremos, [como cuando las lluvias fuertes generaron avalanchas de lodo en 2017]. La falta de forestación es uno de los principales motivos de eso. El objetivo es aumentar la cobertura de vegetación en un 50 por ciento.

La plantación de un millón de árboles es un plan a largo plazo, pero en el ínterin, la escorrentía de las montañas sigue llenando los drenajes de lodo. A través de nuestro trabajo anual de mitigación de las inundaciones, identificamos cuáles son las peores áreas en este sentido y limpiamos el lodo para que cuando llegue la lluvia, el agua siga corriendo. A una escala menor, también pudimos construir alrededor de 2.000 metros de drenaje en comunidades más pequeñas. Aparte de eso, hicimos inversiones importantes en formaciones y capacitaciones sobre gestión de desastres.

El problema con los efectos del cambio climático es que son profundos. Si las personas están teniendo malas cosechas a las afueras de Freetown, con el tiempo, se producirá una migración del campo a la ciudad porque no pueden mantener sus medios de subsistencia y vendrán en busca de alguna forma de sustento.

Esa presión del crecimiento demográfico en la ciudad es algo más con lo que tenemos que lidiar, ya sea introduciendo el teleférico para mejorar el transporte y reducir la emisión de gases de efecto invernadero [o alentando] al gobierno para que delegue la planificación del uso del suelo y las funciones de los permisos para la construcción a fin de que podamos implementar medidas de gestión del suelo, que salvan vidas y salvan propiedades, pero además protegen el medioambiente y evitan que las personas construyan sus propiedades en vías fluviales, arroyos y canales, que es lo que ocurre hoy en día. Todo esto empeora porque no se utilizan herramientas legislativas y de gestión urbana, como la planificación del uso del suelo y los permisos para la construcción, de forma superadora.

AF: ¿Podría describir los proyectos de reforma del impuesto a la propiedad de Freetown y los resultados que observó en el contexto general de la salud fiscal del municipio? 

YA: Empezamos a trabajar con esta reforma del impuesto a la propiedad en 37.000 propiedades de la base de datos de una ciudad que es la ciudad capital y tiene al menos entre 1,2 y 1,5 millones de personas, 37.000 propiedades. Cuando asumí, estaba claro que esas cifras no reflejaban la realidad, pero, además, el sistema manual que se utilizaba, literalmente un libro de registro, no era apropiado para la tarea en pleno s. XXI.

Uno de nuestros 19 objetivos es quintuplicar el ingreso del impuesto a la propiedad para el 2022. Para lograrlo, nos aseguramos un financiamiento y sociedades a fin de implementar una digitalización. Pasamos de un sistema basado en superficies a un sistema de representaciones puntuales. Nuestro trabajo consistió en tomar imágenes satelitales de toda la ciudad y crear un algoritmo para ponderar características [como los techos, las ventanas y la ubicación], y luego comparar eso con una base de datos de 3.000 propiedades cuyos valores fueron determinados por tasadores inmobiliarios. Logramos implementar la forma antigua de avalúo. Pudimos identificar casos atípicos y perfeccionar el modelo y, con el tiempo, construir un modelo que ahora utilizamos como nuestra base de propiedades.

Durante ese proceso, pasamos de 37.000 propiedades a 120.000. De esta manera, alcanzamos nuestro objetivo de aumentar la renta por impuestos a la propiedad de [US$ 425.000 a más de US$ 2 millones]. Ese es, en sí mismo, el camino hacia la sostenibilidad, al igual que tener la capacidad de invertir. Una gran parte de la salud fiscal se basa en esa sostenibilidad, pero . . . lamentablemente, el Ministerio de Gobierno Local [detuvo la recaudación mientras desarrollaba pautas para la reforma tributaria nacional]. Estuvimos sin recaudar rentas durante casi un año. Empezamos a recaudar otra vez, pero como se imaginará, nos llevará bastante tiempo recuperar los niveles de cumplimiento.

AF: ¿Dónde encuentra inspiración frente a tantos desafíos? 

YA: En el hecho de que fuimos capaces de marcar una diferencia en las vidas de las personas de Freetown. Pudimos evaluar y comprobar cuánto se puede lograr si se nos da el espacio para hacerlo. Sabemos que hay mucho por hacer, así que seguimos adelante. 

 
Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines. 

Imagen: La alcaldesa Yvonne Aki-Sawyerr.

Most people in the mountainous northeastern corner of New Mexico were looking forward to the arrival of the annual monsoon season last summer. The Hermits Peak–Calf Canyon wildfire had started in April, burning 340,000 acres and destroying hundreds of properties, and residents were hoping for a reprieve from the smoke and evacuations that had begun to define their lives. But then the monsoon arrived, both unseasonably early and with more intensity than normal.

As the rains pelted soil that had been rendered water-repellent by the fire, mud and water cascaded down the slopes of the Sangre de Cristo Mountains into the waterways, fields, roads, and homes below. Still reeling from the fire, residents were forced to deal with a fresh disaster—in many cases, needing to leave their homes once again.

“Their homes were flooded, their corrals were taken out, their burnt barns were taken out,” said Veronica Serna, county commissioner in Mora County, one of the areas hardest hit by the fire and the floods. “One family had a boulder come down and block their whole driveway. They didn’t have any water and no way to go out and get water—just imagine not being able to shower in your own home or wash your hands or use a toilet. It was devastating.”

Serna recalls another family “whose home kept getting flooded over and over and over. One day we stopped by to check on them, and they were scraping the mud out of their shoes, shoveling mud out of their bedroom. It’s just so hard to see that.”

The flooding also affected San Miguel County just to the south, damaging homes and infrastructure, polluting wells, and threatening water supplies. “Most people are back within the community, but they’re still stressed out about the future, because the flooding is not going to stop,” said Ralph Vigil II, a farmer and water commissioner who grew up in San Miguel County and runs a farmers’ cooperative there. “I’m afraid that we’re going to be dealing with this for years.” According to the Federal Emergency Management Agency, flood risk remains elevated for up to five years after a wildfire, until vegetation is restored.

Vigil had the opportunity to take a helicopter flight over the burn scar in the fall, after the fire was fully contained and the worst of the flooding had subsided. “You don’t really understand the vastness of the damage until you’re up there,” he said. He was alarmed, and not just by the decimation of landscapes and communities that he’s long loved: “I also saw the risk for more fires, and really the signs of what’s to come.”

As climate change contributes to longer, more intense wildfire seasons, fires are leaving burn scars across the U.S. West, putting nearby communities at risk of flooding. That flooding, which can be catastrophic, can occur long after the fire is over. In the face of these threats, communities can make land use decisions that help build their resilience.

After the Fire, the Deluge

It’s apt that the name of the Sangre de Cristo Mountains, which extend from Colorado to their terminus near Santa Fe, translates as “Blood of Christ.” The ridges, valleys, and bowls that would have been dwarfed from Vigil’s viewpoint in the helicopter make up the bulk of two watersheds that are the lifeblood of downstream communities and farmlands. Some 23,000 people in San Miguel and Mora counties rely on these watersheds for drinking water and agriculture.

Under the right conditions, naturally occurring and prescribed fires support ecosystem health. But the Hermits Peak–Calf Canyon fire, the largest in New Mexico’s history, got out of control and caused chaos. Twenty-four percent of the burn area was classified as high-severity fire, causing extensive tree mortality and profound impacts to soil. When trees and vegetation burn in high heat, they release gases that harden the soil into a water-repellent, concrete-like material. That allows rain to run over the forest floor like it would a sloped parking lot, picking up speed and sediment before flooding into the communities below.

“Pre-fire, these forested ecosystems and slopes work like a sponge, but post-fire, nothing is going to stop that rain,” says Micah Kiesow, a soil scientist for the Santa Fe National Forest and team lead for the fire’s Burned Area Emergency Response (BAER) team. BAER teams assess wildfire damage on federally owned lands. “We saw a tremendous amount of erosion, sedimentation, and debris flows in the most severely burned areas, which eventually makes its way to the drainages and streams below.”

While post-fire flooding affected many communities around the burn area, some of the worst damage occurred in Mora County. The county, one of the poorest in the nation, has about 2,130 homes scattered across nearly 2,000 square miles. Serna estimates that 200 of those homes were burnt over and countless others impacted when ash, water, and sediment flowed into the communities of Mora, Holman, Chacon, and Guadalupita. “It’s sad, because our communities had a lot of adobe homes,” she said. “Our people have lived here for generations, they have inherited these adobes from their great-, great-, great-grandparents.”

Many of those affected were rural farmers. According to Serna, numerous residents had freezers full of high-quality cattle and game meat that had to be thrown away following power outages in the aftermath of the flooding. Meanwhile, the acequias—small ditches or canals that divert water from creeks and rivers to provide water to farms and form the foundation of water access in this part of New Mexico—were clogged with wood, rocks, and mud. Over 40 acequias were destroyed in the aftermath of the fire, according to the New Mexico Acequia Association and reporting by Source New Mexico. The infrastructure that these remote communities rely on for everything from growing food to accessing critical services suffered profound damage.

In the immediate aftermath of the fire, it was difficult to access federal emergency funding. In later months, however, significant funding opened up for those affected by the fires—some $3.9 billion total, including $2.5 billion from the federal Hermits Peak–Calf Canyon Fire Assistance Act passed in September and $1.4 billion allocated in the 2023 Omnibus Appropriations bill. Total damages for the fire have not been confirmed, but some estimates put it as high as $5 billion.

Despite the influx of funding, “I really don’t think [$3.9 billion] is going to be enough,” Serna said. “How do you replace trees that were over 100 years old? How do you get all that back? I mean, is there a dollar amount that could do that? How do you buy back time?”

While the recovery effort continues, the risk for more flood damage persists, hinging precipitously on the intensity of future rain and snowmelt events. Mora County officials have begun developing a hazard mitigation plan for potential impacts from fires and flooding in the future. This kind of planning is one of many steps communities need to take to become more resilient in the face of increasingly frequent and severe disasters.

From Reactive to Proactive

In many cases, communities address the risk of flooding after a fire, but time isn’t always on their side. “The challenge in New Mexico is we have a fire season from April to June, immediately followed by a monsoon season,” said Brian Williams, director of emergency management in Santa Fe. “That window of time between when the fire season ends and the flooding season begins is weeks, not months. Often it overlaps, and then it’s a mad scramble to mitigate those potential impacts as best you can. And the kinds of things that you can do are to some degree limited.”

When BAER teams assess the extent of damages in federally owned areas, part of their charge is to determine priorities for immediate mitigation measures—ideally before extreme precipitation arrives. These often-forested ecosystems are prime candidates for aerial seeding and mulching, which can help burned areas begin to recover; restoration of stream channels can also help address flood risk. To prepare for the New Mexico monsoons, the BAER team also recommended and oversaw a number of emergency interventions including installing obstructions in stream channels to redirect debris and sediment and making fixes to bridges and culverts to facilitate vehicle access. These measures likely helped minimize some of the most extreme impacts of the rains, but it’s difficult to quantify their effect—and the hard truth is that only so much can be done in the timeline between fire suppression and extreme rain events. Harder still is the fact that that timeline seems to be shrinking in many regions.

A lot of the conversation around post-fire flooding focuses, understandably, on ecosystem recovery measures like those that BAER teams recommend and facilitate. But effectively preparing for the unique challenges of recovery and potential post-fire erosion events also requires significant forethought on the part of communities and homeowners.

Planning and land use decisions can minimize risk before fires occur. On the ground, communities can install infrastructure to help contain or redirect debris flows; retrofit homes with more ignition-resistant materials; and identify and improve evacuation routes. They can also reduce hazardous fuels in forests and create defensible space around structures by thinning trees and other vegetation Some fuel-reduction work, which is an essential forest management tool, comes with risks; the Hermits Peak–Calf Canyon fire was the result of two U.S. Forest Service fires that went awry: a prescribed burn and a pile burning project. The fires combined and spread due to high winds. But under the right conditions, prescribed burns can reduce the risk of wildfire and help maintain ecosystem health.

On a policy level, communities can take steps including prohibiting or limiting development in areas vulnerable to fire and flooding. Where development is allowed, they can mandate the use of certain building materials, such as fire-resistant siding. Local and regional officials can also map wildfire and debris flow risks to help determine when and where to build; develop pre-disaster plans, which allow communities to consider how they will handle recovery challenges such as restoring electricity, providing temporary housing, or managing long-term rebuilding; and proactively budget for projects such as stormwater treatment infrastructure upgrades, which can help communities better cope with flooding. Communities can also engage in scenario planning, a process that can help them identify and plan for various possible futures.

Scenario Planning for Wildfire Resilience

Scenario planning can help communities plan for an uncertain future. The practice guides planners, community members, and other stakeholders through considerations of various futures and how to effectively respond to and plan for them. In the case of wildfires, communities can consider the impacts of a changing climate on factors including public health, housing, equity, the economy, water availability, and quality of life. How could more frequent and intense drought affect wildfire suppression efforts? How can coordinated regional climate policies reduce wildfire risk and improve quality of life? By asking questions like this and exploring multiple possible outcomes, communities can better prepare for the challenges ahead. To learn more about this planning practice or to get assistance running a scenario planning process, visit the Lincoln Institute’s Consortium for Scenario Planning.

According to a report from the National Institute of Building Sciences, every $1 of public funding spent on hazard mitigation since 1995 is expected to save $6 in future disaster costs. After decades of focus on disaster recovery funding, the federal government has begun a shift toward funding pre-disaster planning and mitigation. FEMA has released a pre-disaster planning guide and has made limited funds available for disaster mitigation projects. Unfortunately, this kind of advance planning often hinges on the kind of political will and funding that are still much easier to come by after disaster has struck.

“I think the fundamental challenge with all of this, as with most natural hazards, is it’s very hard for us to plan ahead for things,” said Dr. Kimiko Barrett of Headwaters Economics, a Montana-based nonprofit research group that works to improve community development and land management decisions across the country. “We are by nature reactive and responsive, in contrast to being anticipatory. Even after a wildfire occurs, we have a small window to actually mobilize and enact the transformative change needed before amnesia kicks in, or bias kicks in, where you feel that [because the fire] happened, it will never happen again.”

A Holistic Approach

As more areas are affected by increasingly destructive wildfires, the threat of erosion and flooding in these landscapes will also increase—and should be factored into planning and land use decisions, Barrett says. She explains that the principles of holistic land use policy for wildfire resilience are inherently connected to planning for potential post-fire impacts like flooding. The measures typically used to build community resilience to wildfire—things like reducing hazardous fuels near critical infrastructure, planning evacuation routes, considering home density and development patterns in new developments, and mapping risk—also provide intrinsic benefits in the post-fire period.

“[Taking these actions] means communities have a greater chance of surviving a wildfire—therefore, that rebuilding and recovery piece is inherently better situated, because you’ve put that thought and that deliberate strategic planning in on the front end,” Barrett says. “So [planning for wildfire and its impacts] have to be wedded together. The challenge is that federal funding and policy does not often address it in that nature, or within that holistic framing.”

Quantifying and addressing the highly localized hazard planning needs of individual communities—from mapping risk to implementing mitigation at a meaningful scale—is also challenging when an area hasn’t yet felt the impacts of a wildfire or post-fire disaster. Risk mapping, for example, makes it less challenging to predict where and how a wildfire might impact a landscape; yet it remains challenging to create comprehensive and accurate maps, not only because of the robust data needed to make such predictions, but also because of community resistance.

“There’s a lot of pushback—much like you see on sea-level rise and other things in Florida and elsewhere—where politicians, developers, and community leaders are like, ‘We don’t really want to know—or we might want to know, but we really don’t want it publicized,’” said Molly McCabe, CEO of HaydenTanner, an investor advisory firm that focuses on social impact and sustainability in the built environment. “So you have this tension between, ‘We want to keep our people safe,’ and ‘It’s also an economic risk.’”

In 2022, the state of Oregon created a statewide wildfire risk map, distributing it to 150,000 residents who lived in areas facing high or extreme risk. Controversy arose quickly: homeowners suspected that the map might affect property values and insurance rates, and some worried that it could lead to new building codes or mandates for home hardening—a retrofitting approach that involves steps ranging from replacing windows to trimming nearby trees and shrubs. The Oregon Department of Forestry withdrew the map for further development, but the response was a clear reflection of the challenges related to getting out ahead of risk.

This problem grows even muddier when it comes to planning for erosion and flooding events after wildfires—how can you meaningfully quantify the potential impacts of a disaster that is the result of another disaster, which is also relatively difficult to predict? And how can you garner the essential buy-in of residents who could be financially affected by a better understanding of the risk in certain areas?

Despite these challenges, some communities are making progress, Barrett said: “I can tell you that there are communities that recognize their level of risk, and are addressing it in aggressive ways that go beyond what we’re seeing from federal mandates or state regulations.”

Communities Taking Action

Barrett said some communities in California have implemented mandates beyond existing state requirements for ignition resistance standards. Portola Valley, for example, adopted a home-hardening ordinance to supplement the state building code, which requires ignition-resistant building materials for new developments in high-risk areas. In 2020, residents in Marin County approved a measure that applies a property tax of 10 cents per square foot to support wildfire prevention efforts. The measure, which includes exemptions for low-income senior citizens, is expected to generate nearly $20 million per year over a 10-year period.

Both Barrett and McCabe mentioned that bond proposals have been a successful—though not yet widely utilized—means for motivated communities to set aside funding for wildfire and post-fire resilience. One particularly notable example is the Flagstaff Watershed Protection Project (FWPP), initiated after the Schultz Fire burned 15,000 acres in the mountains north of the city in 2010. The fire itself had little impact on homes and private property in Flagstaff, but a month later heavy rains triggered debris flows and floods that swept into the valley, causing the death of a young girl and the loss of 85 homes. Two years later, residents approved a $10 million bond that would help protect the watershed and adjacent homes and properties against similar impacts.

FWPP is a partnership between the state, city, and Coconino National Forest intended to help reduce the risk of both wildfire and post-fire flooding. “This has become one of the best examples I’ve seen out there of a partnership that has really resulted from a pretty devastating event that was post-fire related,” Barrett said. “It’s just a really good example of what can happen when the right players are there, and of communities and local partners recognizing a risk and acting on it.” Last year, voters in Flagstaff showed sustained support for continuing the city’s wildfire suppression and stormwater management efforts, with 76 percent approving a proposal to issue $57 million in bonds to invest in water- and fire-related infrastructure.

McCabe mentioned Montecito, California, as another notable example of community resilience arising from tragedy. The 2017 Thomas Fire destabilized slopes above Montecito. When these slopes were subjected to a deluge of rain just a few weeks later, 23 people lost their lives and 130 homes were destroyed. Since then, Santa Barbara County officials have developed debris flow risk maps for the area, while a community-led nonprofit called the Project for Resilient Communities facilitated the installation of steel mesh netting to catch debris in drainages above the community.

In Montecito and other communities, McCabe says, “people are voluntarily using grants and other monies to build their homes up on 10-foot elevated pads, so that if they’re in a path, the mud flows around them. But I haven’t seen any policies that are requiring that for new construction, much less existing construction.”

Still, local or regional policy can support such individual actions. Grants or insurance incentives can be offered to homeowners who create defensible space around their home, or to those who retrofit their homes with ignition-resistant materials. Programs like FireWise USA, an initiative of the National Fire Protection Association, can help neighborhoods organize collective fire mitigation projects and hold residents accountable for maintaining properties over time.

Getting buy-in at the local level also hinges on communicating strategically. In Central Washington’s Chelan County, public information campaigns around wildfire risk reduction included translators who could engage Spanish-speaking communities. Engaging with non-English speaking and migrant communities, in addition to other communities that are at disproportionate risk of wildfire and post-fire flooding, is an important component of public information campaigns throughout the process—from preparing for wildfire to navigating the recovery stage.

A Watershed Moment

In 2012, a major wildfire burned 87,000 acres near Fort Collins, Colorado. In the months following the fire, ash and mud choked the Poudre River, which provides drinking water for 135,000 downstream residents. Sediment clogged the pipes of the local water treatment plant, requiring extra clean-up and treatment and leading the city to install sensors that monitor sediment in the river. “We had been privileged and in some ways probably took for granted that these watersheds were providing us consistently clean, clear water, all the time,” the city’s water quality manager, Jill Oropeza, told a local radio station. “That was the first time, for many of us working there, that we had to grapple with the fact that our watersheds are under pressure.”

According to the U.S. Forest Service, the forested watersheds of the United States provide drinking water for 180 million people. Ninety-nine percent of people who rely on public water systems in the United States get at least some of that water from forested ecosystems. Research suggests that post-wildfire flooding contaminated the drinking water of hundreds of thousands of people in the West between 2017 and 2020.

In Mora County, “people sent me photos of turning their water on and having sludge come out,” said Serna, the county commissioner. Many wells were destroyed, with some residents only getting their water back online in October and November. The city of Las Vegas, in nearby San Miguel County, almost ran out of water for its 13,000 residents after debris from the fire found its way into the local reservoir. With only 20 days’ worth of clean water remaining, the city used emergency state funding to convert a local lake into a short-term back-up water source. Longer-term relief came in the form of $140 million from the omnibus bill that will allow Las Vegas to invest in water treatment and filtration upgrades.

In response to situations like these, organizations including the Coalition for the Poudre River Watershed in Fort Collins and the Greater Santa Fe Fireshed Coalition, which focuses on a high-risk area just south of the Hermits Peak–Calf Canyon fire area, are bringing stakeholders together to better understand the risks wildfire poses to water supply and water quality. Many communities in the West take great pride in the places where their water comes from. Protecting watersheds from high-severity wildfire—and, thus, debris flows—is an easy sell to the communities that rely on the resources these ecosystems provide, and building resilience in watersheds inherently builds resilience for downstream communities.

Whether focused on making a watershed more resilient, guiding development to less vulnerable areas, or envisioning and preparing for multiple possible futures, communities can take many steps to build resilience to wildfire and post-fire flooding. The profound influence of past and present land management decisions on wildfire and flood outcomes makes it increasingly clear that we can better prepare for events that are exacerbated by human actions—and, in some cases, inaction. Adequately planning for wildfires and subsequent debris flows or flooding in the West requires significantly more funding, resources, and creative policy solutions than are currently available, but taking action and making investments on the front end can lead to stronger communities that are better prepared to face future disasters.

Amanda Monthei is a freelance writer, podcast producer, and former wildland firefighter whose work on wildfire adaptation and resilience has been featured in The Atlantic and The Washington Post, as well as on her podcast Life with Fire. She lives in Bellingham, Washington.

Lead image: Smoke from the Hermits Peak–Calf Canyon wildfire over Las Vegas, New Mexico, in May 2022. Credit: Robert Browman/Albuquerque Journal via AP Images.

Oh Se-hoon was elected in April 2021 to serve as the 38th mayor of Seoul. A lawyer by profession, he had previously served two terms as mayor from 2006 to 2011, and was a member of the National Assembly of South Korea from 2000 to 2004. Oh studied at Korea University, graduated from Korea University’s School of Law, and was a fellow at the Graduate School of Social Science and Public Policy at King’s College London, where he focused on job creation and economic growth in major cities around the world.

During his first stint as mayor, Oh introduced initiatives related to housing and governance that earned recognition from the UN. Oh’s election victory in 2021 was attributed in part to dissatisfaction over housing costs, which he promised to address. In late 2022, a stampede in Seoul’s Itaewon district killed 159 people and attracted global media attention; the mayor offered a tearful public apology, pledging to improve public safety. He recently connected with Senior Fellow Anthony Flint by email, with the help of a translator.

Anthony Flint: What is your vision for the redevelopment of the city and the creation of more meaningful public space and parks, including plans for the transformation of the former U.S. military base at Yongsan?

Oh Se-hoon: Seoul has emerged as a globally competitive metropolis thanks to urban development. In the decade leading up to 2021, the city prioritized conservation, not convenient and comfortable public spaces. Seoul will pursue a recreation strategy and implement initiatives to break down barriers between conservation and development, redefining urban planning. The vision of Seoul’s urban planning is to transform the city into an attractive, [economically active] city with expanded green space in the downtown area, including the Han River, and to develop a wide range of recreational and cultural facilities. The objective is to create an “emotional city” where culture and art are integrated into people’s daily lives, and nature serves as a backdrop for reflection.

Yongsan is the last piece of land in Seoul that is available for future development. It will serve as the political, economic, and ecological epicenter of [the] future Seoul and Korea. After the presidential office was relocated to this area [in 2022], it became the focal point of Korean politics. The former train depot will be transformed into an international business district. The relocation of the U.S. military base is 31 percent complete. It is difficult to pinpoint the exact date when the transfer will be completed, but the area will be transformed into hundreds of acres of green space, a place of rest and tranquility for citizens.

In April 2022, Seoul announced the Green Urban Space Recreation Strategy. It decreases the building-to-land ratio and raises the floor area ratio, easing building restrictions in the urban core. This is expected to quadruple the current ratio of urban green space from 3.7 percent to over 15 percent. Priority is given to revitalizing the outdated Jongmyo and Toegye-ro area (the Sewoon Shopping Center district). In August 2022, Seoul unveiled the Great Sunset Han River Project, which will usher in an era of 30 million international visitors. The project aims to make the Han River a popular urban space by enhancing its allure and convenience. [The plans include] a mega Ferris wheel, Nodeul Art Island, and a floating performance stage. In February, Seoul announced the Urban and Architectural Design Innovation initiative, which aims to increase the city’s competitiveness through innovatively designed buildings. Business plans will prioritize design elements to encourage creative public building design. 

AF: You have said there needs to be a better range of housing options, particularly for young individual renters. How are you addressing the problem of housing affordability?

OS: Housing problems prevent individuals from climbing the social ladder. Housing is the most expensive component of essentials such as food, clothing, and shelter, [and] is becoming a source of pain and anxiety for citizens, particularly young people. According to a Seoul Metropolitan Government survey, jeonse [a long-term lease requiring a large deposit up front] loans for young people have increased sixfold in the last four years, and 59.4 percent of young single-person households live in rental housing.

Seoul is pursuing various housing and housing support policies to help young people participate in social and economic activities without worrying about housing, including providing public housing; improving the quality of rental housing; and providing private youth housing at below-market rates to help them accumulate assets and start their own families.

Generation-integrated housing, which can house parents, children, and grandchildren, can help address daily challenges and social issues such as rapid aging and child care. We also intend to provide senior-friendly public housing with residential, medical, and convenience amenities. The government’s ultimate objective is to stabilize home prices.

AF: What are the key elements of Seoul’s current climate action plan, and how do you envision that being a model for other cities?

OS: In response to the climate crisis, the Seoul Metropolitan Government established the 2050 Seoul Climate Action Plan to achieve carbon neutrality by 2050. The plan was submitted to the C40 Cities Climate Leadership Group and received C40’s final approval in June 2021. The plan, which aims to create a sustainable city where people, nature, and the future coexist, has outlined policies in five major areas: [build and retrofit] one million low-carbon buildings by 2026; expand electric vehicle supply to 400,000 units and install EV chargers by 2026; provide various renewable energy sources (such as fuel cells, geothermal, hydrothermal, and solar); reduce waste, promote recycling, and prohibit direct landfilling; and expand urban parks and forests to mitigate greenhouse gas emissions and enhance urban resiliency.

The plan aims to reduce greenhouse gas emissions by 30 percent compared to 2005 levels by 2026. It will take a concerted effort on a global scale to solve the climate crisis. Seoul will share its best practices with mayors of cities worldwide and engage in dialogue with them to combat the climate crisis.

AF: Tell us about how Seoul has become a smart city, including the use of robotics and apps, and your exploration into virtual reality.

OS: Seoul is a global smart city that has been an outstanding leader in fields such as e-government, where it has been named the best e-government for seven years in a row. We aspire to be an inclusive and sustainable smart city. . . . Currently, 16 self-driving vehicles are on the road at all times in four areas: Sangam, Gangnam, Cheonggyecheon, and the Blue House (Gyeongbokgung Palace, the former presidential residence). Seoul aims to offer autonomous vehicle service across the city by 2026 and become a global standard model city for autonomous driving.

The Seoul Metropolitan Government [also] implemented robots and AI technologies across its public administration. The robotic public servant “Robo Manager” handles simple administrative tasks, such as the delivery of documents. “Assistant Manager Seouri,” a virtual public official and internal chatbot, has been introduced to help employees with complex business procedures. Metaverse Seoul was named one of the best inventions of 2022 by Time magazine. It was the only [public-sector invention on the list]. Metaverse Seoul is a place where anyone can equally enjoy Seoul, since it is not limited in time or space and does not have discriminating elements such as gender, disability, or occupation. Seoul intends to implement the metaverse ecosystem across all of its administrative services, including the economy, culture, tourism, and citizen complaints.

In collaboration with the World Smart Cities Organization, Seoul recently established the Seoul Smart City Prize. The winner will be announced in September. The prize is intended to promote Seoul’s core values as well as to discover inclusive and innovative projects to share with the world.

AF: You have traveled to South America and Africa to talk about city administration. What did you tell them about managing the modern city?

OS: I traveled to Lima, Peru, and Kigali, Rwanda, several years ago as part of a Korea International Cooperation Agency advisory group. Lima was highly interested in Seoul. I discussed my experiences with the Han River Renaissance Project and housing. I also discussed the Women-Friendly City project, which [aimed to implement] women-friendly facilities . . . including pedestrian roads, parks, restrooms, housing, and public transportation. I went to the sites where Lima’s major projects, such as the Rimac River Project and the Costa Verde Project, were being carried out. And I organized a seminar to examine housing policies including site development and rental policy.

At the time of my visit in 2014, Kigali was still working hard to heal the wounds left by the atrocious genocide that had killed one million people 20 years prior. I was impressed by how they were overcoming the tragic history, declaring Kwibuka, “let us remember,” rather than seeking vengeance. I admired how they transformed their hatred into reconciliation. Urban reconstruction is a major concern in Rwanda, so I passed on my experience in urban planning, housing, and tourism—especially the importance and growth potential of tourism. From Peru to Rwanda, during overseas advisory activities and volunteering, I learned firsthand how “you learn as you teach, and you receive as you give.” It reminded me of how important it is for a leader to be inclusive and reconciliatory.

AF: What is your view of land value capture in private real estate development, and how it can be used to finance infrastructure, housing, and other needs?

OS: In exchange for infrastructure during private real estate development, the Seoul Metropolitan Government provides floor-area-ratio incentives. Through this exchange, the government may acquire infrastructure such as roads and parks and essential community amenities such as libraries, childcare facilities, cultural facilities, and youth facilities, as well as public rental housing and public rental industrial facilities. Between August 2015 and January 2023, [these policy incentives yielded] 357 public contribution facilities equivalent to approximately $5 billion. Furthermore, the revised National Land Planning Act, which went into effect in July 2021, allows for both in-kind items such as facilities and cash payments that can be used throughout Seoul. The Seoul Metropolitan Government will use these funds to cover operating expenses for essential facilities, the expansion of roads and railways, and new transportation projects.

The current zoning system will be revamped to maximize land efficiency in underutilized spaces. It will pursue two pillars of urban competitiveness: integrating residential and commercial uses and expanding urban green space. Seoul is abolishing the rigid 35-floor regulation [on residential buildings] that acted as a headwind against change, easing building regulations such as height and floor area ratio that impeded urban center development, and expanding parks and green areas.

Seoul is reinventing itself in ways other than just modifying its urban planning practices. With the city’s attractiveness in mind, the Seoul Metropolitan Government comprehensively considers factors that significantly impact a person’s happiness, such as leisure, health, safety, and environment, as it builds the city.

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor to Land Lines.

In the months before the pandemic struck, the typical home in Lakewood, Ohio—a small city next to Cleveland on the shores of Lake Erie—still sold for under $200,000. But last May, the median home price crested $300,000 for the first time, marking a 50 percent jump in just over two years. Now city leaders are grappling with questions around housing affordability as the “City of Beautiful Homes” tries to ensure it remains an affordable, welcoming place for all.

Recently, Lakewood staff have had the chance to explore these issues by piloting a scenario planning toolkit commissioned by the Lincoln Institute. The toolkit is designed specifically for small to midsized legacy cities like Lakewood that have experienced substantial economic decline in the past half century.

Former Lincoln Institute Visiting Fellow Arnab Chakraborty organized the workshop with Alison Goebel, executive director of the Greater Ohio Policy Center (GOPC), and Shawn Leininger, Lakewood’s planning director. Chakraborty, who was recently named dean of the University of Utah College of Architecture and Planning, co-wrote the scenario planning toolkit for legacy cities with University of Illinois graduate student Emma Walters, offering step-by-step guidance and tools for communities with limited growth and resources.

Scenario planning—which helps communities identify potential futures so they can better prepare for the unknown—is often used in major cities or in a large-scale, regional context, Chakraborty says, and is typically based on an assumption of growth. But this type of planning isn’t fundamentally about growth, Chakraborty says, it’s about change: “Scenario planning has its origins in business and military planning, where it’s used for all sorts of reasons—including thinking about possible loss and how to manage it.” That makes it surprisingly well-suited to legacy cities, once the principles are calibrated to their needs.

Rather than scripting the contours of their expansion, legacy cities face a very different set of challenges, Chakraborty says, from halting population loss to managing vacancies to paying for infrastructure without overburdening seniors and low-income residents. In Lakewood, where population loss has leveled off in recent years (having fallen from a peak of 70,000 to around 50,000 today) and out-of-state investors are snapping up homes, one of the biggest concerns is ensuring that the community retains its status “as a place where people can find a home they can afford, whether they are owning or renting,” writes Mayor Meghan George. “Lakewood’s pilot use of this toolkit is helping to develop a national model for legacy cities . . . that are working to address issues impacting their communities, such as market pressures pushing prices higher and raising concerns for affordability.”

A Toolkit Test Drive

After the Lincoln Institute selected Lakewood as a pilot community, GOPC and Chakraborty worked with city staff members to identify a focal question to anchor the daylong workshop.

“They considered questions around housing vacancy, housing affordability, zoning, infrastructure,” Chakraborty says. “But the question that seemed to tie all of these together and hit at a central concern for the community was the question of housing affordability.”

“One of the things Lakewood has always prided itself on is we are a community for everybody,” said Leininger, the planning director. But huge increases in home prices—and rents, in a city where roughly half the residents don’t own a home—are making it harder for some longtime residents to stay, and for new ones to move or settle down here.

After settling on that focal point, Lakewood’s team identified local organizations that play a big role in the housing space—lenders, developers, housing advocates, shelters—and invited their leaders to attend the workshop. Involving a range of perspectives and lived experiences is key to the process, says Ryan Handy, a policy analyst at the Lincoln Institute who helps run the organization’s Consortium for Scenario Planning. “Exploratory scenario planning is not forecasting, it’s not based on data or research,” she says. “It’s intended to be informed by people’s community understanding and knowledge.”

Then, they imagined different ways that a couple of big “driving forces”—trends a city can’t really control, such as population or economic growth—might interact, to create a set of possible futures for the group to consider together. In this case, four scenarios emerged, based on different combinations of economic growth and housing affordability: one in which booming economic growth brought an influx of new residents but drove up rents and home prices; one where strong economic growth was accompanied by rapid, abundant development and housing accessibility programs, keeping homes affordable; another where home prices stayed elevated despite a recession due to limited availability; and finally, a 2008-style bottoming out, with an economic downturn yielding an oversupply of cheap, vacant housing.

In more standard planning processes, Chakraborty says, communities “pick one scenario as the vision of the future they desire, and put all the eggs in that basket. Exploratory scenario planning principles suggest sort of stepping away from that idea, and looking at multiple possibilities and thinking about what might work in all of these scenarios.”

Into the Unknown

It took some time to get workshop participants comfortable with the concept of exploratory scenario planning, says Goebel of GOPC. Some had trouble at first thinking beyond the confines of current realities. But the workshop sparked some important realizations among Lakewood staff and other participants, she says.

For starters, it helped the participants identify priority areas for taking action. “That workshop made it very concrete, really kind of clarified where different partners could plug in, and so they felt like the conversation moved into a very productive next phase” that will lead to policy change, Goebel says. Given the city’s large population of renters and the increase in out-of-town landlords, enhanced code enforcement emerged as an important strategy to protect the existing stock of affordably priced housing under any scenario.

The workshop also catalyzed specific action on a zoning change that city officials had been considering for some time. Currently, 46 percent of Lakewood is zoned to allow two-family homes, but a 1996 regulation made it illegal to expand an existing single-family to a two-family, even on such lots. “After the workshop, it became clear that was a very urgent thing that they needed to do,” Goebel says. The planning department proposed a repeal of the 1996 rule to the city council in March, along with an ordinance expanding the maximum lot area coverage from 25 to 35 percent, to allow for more two-family conversions and accessory dwelling units.  

“We’re basically unlocking the right that is already provided by the zoning district by taking away that restriction, and then at the same time opening up a little bit more lot coverage,” Leininger explained to the council—which voted to refer the changes to the Planning Commission and the Department of Planning and Development.

As Lakewood works on an affordable housing action plan coming out of the scenario planning process, Chakraborty will write up a use case demonstrating how exploratory scenario planning can apply to a smaller city, as opposed to a major metropolis. These updates to the toolkit will provide other legacy cities with an even more robust resource, he says: “I think this project is filling a real gap in existing practice.”

Handy says the Consortium for Scenario Planning will continue to develop exploratory scenario planning resources—informed by the Lakewood workshop and other pilot programs taking place this spring—that small, less-resourced communities will ideally be able to use without the benefit of a big staff, outside help, or paid consultants. Another partner on the project, the Lincoln Institute’s Legacy Cities Initiative—a national network of community and government leaders working to revive older industrial centers—also hopes to bring scenario planning to other legacy communities.

“Ideally, exploratory scenario planning is a perfect fit for these places, because it doesn’t require outside experts, or data, or high staff capacity … but this approach really hasn’t been fully tested in those cities yet,” Handy says. “The Lakewood toolkit test made really important strides in that direction.”

The Lakewood workshop was one of several global scenario planning exercises the Lincoln Institute is running this year in conjunction with recently commissioned research, in locations including the Colorado River Basin, Wisconsin, Hudson Valley, Peru, South Africa, and Palestine. To learn more about scenario planning or request scenario planning assistance, visit the Consortium for Scenario Planning site or contact scenarioplanning@lincolninst.edu.

Jon Gorey is a staff writer for the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: View of Cleveland from Lakewood Park, Lakewood, Ohio. Credit: Erik Drost via Flickr CC BY 2.0.

In Cincinnati lately, good fortune extends well beyond the Bengals, the city’s football team, which has consistently been making the playoffs. The population is growing after years of decline, companies are increasingly interested thanks to its strategic location, and there’s even talk of southwestern Ohio becoming a climate haven.

But any resurgence in a postindustrial legacy city comes with downsides, as newly elected Cincinnati Mayor Aftab Pureval has been discovering: the potential displacement of established residents, and affordability that can vanish all too quickly.

One of Pureval’s first moves was to collaborate with the Port of Greater Cincinnati Development Authority to buy nearly 200 rental properties in low- and moderate-income neighborhoods, outbidding more than a dozen institutional investors that have been snapping up homes to rent them out for high profits. That sent an important signal, Pureval said in an interview for the Land Matters podcast: transitioning neighborhoods will be protected from the worst outcomes of market forces in play in Cincinnati.

“These out-of-town institutional investors … have no interest, frankly, in the wellbeing of Cincinnati or their tenants, buying up cheap single-family homes, not doing anything to invest in them, but overnight doubling or tripling the rents,” he said, noting a parallel effort to enforce code violations at many properties. “If you’re going to exercise predatory behavior in our community, well, we’re not going to stand for it, and we’re coming after you.”

Pureval, the half-Indian, half-Tibetan son of first-generation Americans, said affordability and displacement were his biggest concerns as Cincinnati—along with Pittsburgh, Cleveland, and other cities hard hit by steep declines in manufacturing and population—gets a fresh look as a desirable location. Cincinnati scored in the top 10 of cities least impacted by heat, drought, and sea-level rise in a recent Moody’s report.

“Right now, we are living through, in real-time, a paradigm shift,” spurred on by the pandemic and concerns about climate change, he said. “The way we live, work, and play is just completely changing. Remote work is … altering our economy and lifestyle throughout the entire country but particularly here in the Midwest. What I am convinced of due to this paradigm shift is because of climate change, because of the rising cost of living on the coast, there will be an inward migration.”

But, he said, “We have to preserve the families and the legacy communities that have been here, in the first place. No city in the country has figured out a way to grow without displacing. The market factors, the economic factors are so profound and so hard to influence, and the city’s resources are so limited. It’s really, really difficult.”

Joining a chorus of others all around the U.S., Pureval also said he supports reforming zoning and addressing other regulatory barriers that hinder multi-family housing and mixed-use and transit-oriented development.

An edited version of this interview will appear in print and online as part of the Mayor’s Desk series, our interviews with innovative chief executives of cities from around the world.

You can listen to the show and subscribe to Land Matters on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or wherever you listen to podcasts.

The show in its entirety can also be viewed as a video at the Lincoln Institute’s YouTube channel.

Further Reading

A Bid for Affordability: Notes from an Ambitious Housing Experiment in Cincinnati (Land Lines)

Activist House Flippers Take On Wall Street to Keep Homes From Investors (Wall Street Journal)

Meet Cincinnati Mayor Aftab Pureval (SpectrumNews1)

They Told Him to Change His Name. Now Crowds Are Shouting It. (Politico)

Which U.S. cities will fare best in a warming world—and which will be hit hardest? (Washington Post)
 

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Lead image: Cincinnati Mayor Aftab Pureval. Credit: © Amanda Rossmann – USA TODAY NETWORK.