Amedida que las ciudades costeras continúan enfrentando las amenazas de un clima cada vez más volátil, las marejadas y el ascenso del nivel del mar, todas las cuales están relacionadas con el cambio climático y pueden llegar a ser muy costosas, desarrollar un mayor nivel de resiliencia se está convirtiendo en una prioridad principal de planificación. Sin embargo, la resiliencia posee varias dimensiones: no sólo significa construir cosas tales como compuertas contra inundaciones y estructuras más sólidas, sino también conservar libres de desarrollos sistemas naturales como los pantanos, y, en muchos casos, tomar la decisión de no construir nuevamente en los lugares más vulnerables. Y aquí yace un problema complejo y en continua evolución que afecta los derechos de propiedad privada.

Al menos desde los albores del siglo XX, la Corte Suprema ha estado lidiando con una pregunta básica: ¿cuándo la regulación del uso del suelo constituye una expropiación que requiere pagar una compensación a los propietarios, según la 5º enmienda de la Constitución de los EE.UU. (“…la propiedad privada no podrá ser objeto de expropiación para uso público sin la debida compensación”)? Desde los casos Pennsylvania Coal contra Mahon, 260 U.S. 393 (1922) y Euclid contra Amber Realty, 272 U.S. 365 (1926), la esencia de los fallos ha sido que el gobierno posee una libertad de acción considerable a la hora de ejercer su facultad de regular el uso del suelo. En el caso Kelo contra City of New London, 545 U.S. 469 (2005), el tribunal supremo afirmó la facultad que posee el estado de utilizar la expropiación a los fines del desarrollo económico en el siglo XXI.

No obstante, en junio de 2013, una decisión en cuanto a un proyecto de desarrollo en Florida pareció indicar un cambio sutil en otro sentido. En el caso Koontz contra St. Johns River Water Management District, los jueces fallaron 5 a 4 que el gobierno presentaba un celo excesivo al imponer requisitos de mitigación a los desarrolladores como condición para obtener permisos de construcción. Coy Koontz, padre, cuya intención había sido construir un pequeño centro comercial en su propiedad, objetó las demandas de un distrito de administración del agua de Florida, según las cuales debía pagar por la restauración de los pantanos que se encontraban fuera del sitio con el fin de compensar por el daño ambiental causado por la construcción. Koontz citó dos casos, Nollan contra California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987) y Dolan contra City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994), con el fin de sustentar su aseveración de que los requisitos constituían una expropiación por exceder una “proporción aproximada” entre dichos requisitos y los alcances de los daños causados por el desarrollo. En el año 2011, la Corte Suprema de Florida rechazó el argumento de Koontz, pero en junio de este año el tribunal supremo falló que los requisitos de mitigación impuestos al constructor eran excesivos.

Este fallo alarmó a algunos ambientalistas y grupos, como la American Planning Association, quienes temieron que se establecieran nuevos límites a la facultad del gobierno de controlar el desarrollo e imponer requisitos para restaurar y conservar áreas naturales. Este motivo de preocupación se extendió hacia las regiones metropolitanas costeras que se estaban preparando para los impactos del cambio climático; un ejemplo de esto es la Ciudad de Nueva York que, en el mes de mayo, propuso un plan modelo de 20 mil millones de dólares consistente en una combinación de estrategias para vivir con el agua y mantenerla alejada. Los expertos en derechos de propiedad especularon que los desarrolladores podrían citar el caso Koontz como justificación para negarse a pagar un fondo para dichas iniciativas.

A un nivel más amplio, la pregunta permanece en pie: después de una situación como la del huracán Sandy, ¿tiene el gobierno derecho de prohibir la recon-strucción o de modificar las regulaciones con el fin de evitar nuevas construcciones? La respuesta legal es, básicamente, “sí”, según Jerold Kayden, abogado y profesor en la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard, quien participó en el Foro de periodistas sobre el suelo y el entorno construido llevado a cabo por el Instituto Lincoln el pasado abril.

Especialmente a raíz de la mayor disponibilidad de datos sobre el ascenso del nivel del mar y las marejadas que se tiene hoy en día, el gobierno tiene el derecho legal de evitar que los propietarios construyan en lotes vacantes expuestos a las inundaciones y al ascenso del nivel del mar o que reconstruyan una vivienda que fue destruida. Sin embargo, según Kayden, “desde el punto de vista político, esta es otra historia”.

Nueva York y Nueva Jersey representaron dos enfoques muy diferentes en cuanto a la reconstrucción que tuvo lugar con posterioridad al huracán Sandy. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, abogaron por una serie de normas destinadas tanto a la reconstrucción como a una “retirada estratégica”, mientras que el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se enfocó en la asignación de fondos destinados a los residentes para que éstos pudieran reconstruir en las parcelas afectadas por la tormenta, aun cuando dichas propiedades permanecieran dentro de la zona de riesgo.

Por otro lado, la ciudad de Boston ha comenzado a requerir a los desarrolladores de zonas costeras que se preparen ante la posibilidad de ascensos del nivel del mar y marejadas, mediante la reubicación de las maquinarias que guardan en los sótanos a pisos más elevados, entre otros requisitos. A medida que el caso Koontz despeja el camino hacia un escrutinio más rígido de las medidas impuestas por el gobierno municipal como condición para la construcción, los desarrolladores podrían demandar al gobierno por estos costosos requisitos relacionados con el clima, argumentando que dichos requisitos son demasiado onerosos y podrían constituir una expropiación reguladora.

Aunque las demandas por derechos de propiedad relacionadas con la reconstrucción y las restricciones sobre nuevas construcciones en áreas costeras indudablemente continuarán proliferando, Pratap Talwar, director de Thompson Design Group, presentó una alternativa para la planificación a largo plazo que podría evitar que surgieran dichos conflictos. Talwar detalló ante un grupo de periodistas el caso de estudio de Long Branch, Nueva Jersey, una ciudad que, hace varios años, se replanteó su proceso de planificación con el fin de incluir normas más rígidas y a la vez un proceso más rápido para el desarrollo que estuviera de acuerdo con las pautas. Según Talwar, Long Branch fue la única milla de la costa de Nueva Jersey que soportó las inclemencias del huracán Sandy de forma relativamente intacta.

Foro de periodistas sobre el suelo y el entorno construido: La ciudad resiliente

Treinta y cinco escritores y editores de primera línea que cubren noticias sobre problemas urbanos asistieron al 6º Foro de Periodistas sobre el Suelo y el Entorno Construido, llevado a cabo el 20 de abril de 2013 en el Lincoln House. El tema del foro fue “La ciudad resiliente” y abarcó desde los municipios costeros que se preparan para el ascenso del nivel del mar y las marejadas hasta las ciudades tradicionales que intentan evolucionar a pesar de la reducción de sus poblaciones y de su actividad comercial.

Kai-Uwe Bergmann, director de Bjarke Ingels Group, abrió el foro dando un panorama general sobre las innovaciones en diseño urbano que maximizan la eficiencia en el suelo, la vivienda y los proyectos de infraestructura de gran envergadura. Johanna Greenbaum, de Kushner Companies, quien ayudó a poner en funcionamiento la iniciativa de microviviendas del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, dio detalles sobre dicho proyecto y otros de similares características en diferentes lugares del país destinados a personas solteras y parejas que pueden vivir en espacios de 28 metros cuadrados.

Alan Mallach, coautor del informe sobre enfoque en políticas de suelo del Instituto Lincoln titulado Regeneración de las ciudades históricas de los Estados Unidos, observó señales de resurgimiento en lugares tales como el Central West End (St. Louis) o el barrio Over-the-Rhine (Cincinnati), a la vez que reconoció los desafíos que en-frentan Camden, Nueva Jersey, Flint y Detroit, Michigan y Youngstown, Ohio. Antoine Belaieff, director de innovaciones en MetroLinx, dio detalles sobre el uso de las redes sociales para obtener la opinión de los ciudadanos con respecto a una inversión de 16 mil millones de dólares en infraestructura de transporte resiliente dentro del área de Toronto.

John Macomber, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard, dirigió una sesión sobre la ciudad global, en la que reconoció que existen cientos de millones de personas que continúan migrando de áreas rurales a urbanas, lo que requiere una planificación a gran escala para la infraestructura. Martim Smolka, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln, lamentó los desplazamientos generalizados que están teniendo lugar a causa de los preparativos para la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos que se disputarán en Río de Janeiro. Bing Wang, de la Facultad de Diseño de Harvard, observó que 11 ciudades en China tienen una población de más de 10 millones de habitantes y, aún así, esta nación en rápido crecimiento sólo ha logrado la mitad de la urbanización esperada.

John Werner, director de movilización en Citizens Schools, explicó la manera en que los sistemas escolares urbanos pueden encender pasión entre los estudiantes trayendo desde fuera a distintos profesionales para que actúen como maestros y mentores. Gordon Feller, de Cisco Systems, imaginó un mundo completamente conectado y una Internet para todo. Se sumó Dan Keeting, periodista de investigación del Washington Post, quien compartió sus experiencias al extraer datos de diferentes niveles del gobierno.

El foro se vio obligado a abreviarse debido a la búsqueda de las personas que pusieron las bombas en el Maratón de Boston en el área de Cambridge-Watertown; sin embargo este evento dio pie a un diálogo acerca de la solicitud de procedimientos de “refugio en el lugar”, presentada por el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, la seguridad y el espacio público, y otros tipos de resiliencia en el área de Boston. Varios participantes escribieron sobre estos eventos, como Emily Badger (The Atlantic Cities), Donald Luzzatto (Virginian Pilot) e Inga Saffron (The Philadelphia Inquirer).

La reunión de periodistas cada abril es una asociación entre el Instituto Lincoln, la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y la Fundación Nieman para el Periodismo de la misma universidad. La misión de esta actividad es reunir a periodistas a fin de compartir ideas y aprender acerca de las últimas tendencias relativas a la cobertura de noticias sobre ciudades, arquitectura y planificación urbana. — AF

Planning and land policy experts recognize the need for timely and accurate information about how to take account of likely, if uncertain, environmental and climate change impacts on global land use and development patterns. The Lincoln Institute’s fifth annual land policy conference in May 2010 addressed the status of many of these issues currently and through the twenty-first century.

Transport and Land Use

Providing effective transit service—a smart growth policy—requires residential densities of at least 30 persons per hectare. A review of census tract data for 447 U.S. urbanized areas in 2000 indicates that about a quarter of the urbanized population resided in areas with such densities, down from half in 1965. Fully 47 percent of the 447 areas had no tracts with a transit-sustaining density. But, transit ridership requires more than just dense residential areas.

For example, New York and Los Angeles have similar average residential densities, but 51 percent of commuters in New York use transit compared to 11 percent in Los Angeles. An analysis of travel diaries from nearly 17,000 Los Angeles households indicates that accessibility to employment centers increases transit use much more than living in a high-density area. Alternatively, congestion toll schemes dating from the mid-1970s have yielded sustained increases in transit use and reductions in auto use and congestion. While such policies are likely to produce land use changes, theory is ambiguous about their direction, and virtually no empirical evidence is available.

Energy and Carbon Pricing

Analysis of 13 completed LEED-certified developments showed that their residents produced fewer vehicle miles travelled than the average for their metropolitan areas, suggesting that these developments are fulfilling one of their objectives. A review of the land intensity of alternative energy sources demonstrates that wind and solar sources are feasible in terms of their land coverage, whereas heavy reliance on bio-fuels would require unfeasibly large shares of current agricultural land. However, alternative energy sources for electricity will require large investments in transmission lines across the continent.

An analysis of the effects of cap-and-trade, a carbon tax, and emissions standards as instruments to reduce carbon emissions shows that their impacts depend critically on implementation details. The first two approaches can appear very similar if permits are auctioned rather than given away. The regressivity of carbon taxes can be offset by revenue recycling that is proportional to total tax payments. Emission standards are likely to involve efficiency losses but may be most attractive politically.

Climate Change Impacts

Models of how climate change will affect sea-level rise, temperature, and rainfall differ greatly at the micro level, but all indicate that major costs will be borne by coastal cities and areas in the lower latitudes, with lower costs and some benefits accruing to those in the higher latitudes. A temperature rise of two degrees centigrade in this century seems inevitable, and constraining it to that level will require both large investments and effective policies. Such policies will have to include coordinated management of the one-third of land in the United States that is publicly owned, carbon capture in the form of larger forest areas, and mobilization of revenues for protection of environmentally sensitive areas.

The Way Forward

Many subnational U.S. jurisdictions are already engaged in implementing relevant policies, but the federal government needs to develop an approach to climate mitigation that includes benefit-cost standards, a realistic financing framework with beneficiary and user fees, and a national plan consistent with state plans. Internationally, capacity to address governance issues related to global commons is developing slowly and is hampered by inadequate funds, insufficient consensus, and a lack of legitimacy of existing institutions to address these issues, as well as by an increasing popular skepticism about the very existence of climate change.

The conference volume, with papers and commentaries by more than 25 contributors, will be published in May 2011.

As coastal cities continue to face the potentially expensive threat of increasingly volatile weather, storm surge, and sea level rise associated with climate change, building resilience has become a top planning priority. But resilience has multiple dimensions. It means not only building things, like flood gates and hardened infrastructure, but also keeping natural systems such as wetlands free of development—and, in many cases, deciding not to rebuild in the most vulnerable places. Therein lies an evolving and complex issue affecting private property rights.

From at least the turn of the 20th century, the Supreme Court has wrestled with a basic question: When does land use regulation constitute a taking, requiring compensation for property owners under the 5th amendment of the U.S. Constitution (“ . . . nor shall private property be taken for public use without just compensation.”)? Since Pennsylvania Coal v. Mahon, 260 U.S. 393 (1922) and Euclid v. Amber Realty, 272 U.S. 365 (1926), the essence of the rulings has been that government has considerable leeway in its power to regulate land use. In Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005), the high court affirmed the state’s power to use eminent domain for economic development in the 21st century.

In June 2013, however, a decision on a Florida development project seemed to indicate a subtle shift in another direction. In Koontz v. St. Johns River Water Management District, the justices ruled 5 to 4 that government was overzealous in imposing mitigation requirements on developers as conditions for building permits. Coy Koontz, Sr., who had wanted to build a small shopping center on his property, objected to a Florida water management district’s demands that he pay for off-site wetlands restoration to offset environmental damage caused by the construction. Citing two cases, Nollan v. California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987) and Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994), Koontz claimed that the requirements constituted a taking for exceeding a “rough proportionality” between the requirements and the scope of damages caused by the development. In 2011, the Florida Supreme Court rejected Koontz’s argument, but in June the high court ruled that the mitigation requirements on the builder went too far.

The ruling alarmed some environmentalists and groups such as the American Planning Association, who feared new limits on the government’s ability to control development and impose requirements to restore and conserve natural areas. The concern extended to coastal metropolitan regions preparing for the impacts of climate change, such as New York City, which in May proposed a model $20 billion plan that is a mix of strategies for living with water and keeping it out. Property rights experts speculated that developers could cite the Koontz case as justification to refuse to pay into a fund for such initiatives.

At a broader level, the question remains: After an event like Hurricane Sandy, is government within its rights to forbid rebuilding or to modify regulations in order to prevent new building? The legal answer is essentially yes, according to Jerold Kayden, an attorney and professor at Harvard University’s Graduate School of Design, who was part of the Lincoln Institute’s Journalists Forum on Land and the Built Environment, held in April.

Particularly as more data become available on sea level rise and storm surge, government has the legal right to restrict owners from building on a vacant lot that is subject to flooding and sea level rise, or from rebuilding a home that has been destroyed. But, Kayden said, “politically, it’s another story.”

New York and New Jersey represented two different approaches to post-Sandy reconstruction. New York Governor Andrew Cuomo and New York City Mayor Michael Bloomberg called for a mix of rebuilding and “strategic retreat,” while New Jersey Governor Chris Christie focused on allocating money to residents so they could rebuild on parcels battered by the storm—even when the property remained in harm’s way.

The City of Boston, meanwhile, has begun to require waterfront developers to prepare for rising seas and storm surge by relocating mechanicals from basements to higher floors, among other measures. As the Koontz case opens the door for heightened scrutiny of various measures imposed by local government as a condition for building, developers might sue over these expensive, climate-related requirements, arguing that they are too burdensome and may constitute a regulatory taking.

While property rights lawsuits over reconstruction and restrictions on new building in coastal areas will no doubt continue to proliferate, Pratap Talwar, principal at the Thompson Design Group, presented an alternative in long-range planning that could help prevent such conflicts from arising. He detailed for the journalists the case study of Long Branch, New Jersey, which overhauled its planning process several years ago to include tougher standards but also a fast-track process for development that satisfied the guidelines. Long Branch was the one mile of New Jersey shore that weathered Sandy relatively intact, Talwar said.

Journalists Forum on Land and the Built Environment: The Resilient City

Thirty-five leading writers and editors who cover urban issues attended the 6th Journalists Forum on Land and the Built Environment on April 20, 2013, at Lincoln House. The theme was The Resilient City, from coastal municipalities preparing for sea level rise and storm surge to legacy cities trying to evolve despite diminished populations and business activity.

Kai-Uwe Bergmann, principal at Bjarke Ingels Group, opened the forum with a look at urban design innovations that maximize efficiency in land, housing, and major infrastructure projects. Johanna Greenbaum from Kushner Companies, who helped run New York City Mayor Michael Bloomberg’s microhousing initiative, detailed that project as well as other similar efforts around the country to accom-modate singles and couples who can live in just 300 square feet.

Alan Mallach, co-author of the Lincoln Institute’s policy focus report Regenerating America’s Legacy Cities, noted signs of resurgence in places such as the Central West End in St. Louis or Over-the-Rhine neighborhood in Cincinnati, while acknowledging the challenges facing Camden, New Jersey; Flint and Detroit, Michigan; and Youngstown, Ohio. Antoine Belaieff, Innovation Director at MetroLinx, detailed the use of social media to gain citizen input on a $16 billion investment in resilient transportation infrastructure in the Toronto area.

John Macomber, from Harvard Business School, led a session on the global city by recognizing the hundreds of millions of people who continue to migrate from rural to urban areas, requiring large-scale planning for infrastructure. Martim Smolka, director of the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean, lamented widespread dislocations caused by preparations for the World Cup and the Olympics in Rio de Janeiro. Bing Wang, from Harvard University’s Graduate School of Design, noted that 11 cities in China have populations over 10 million—and yet the rapidly growing nation is only halfway to its expected urbanization.

John Werner, chief mobilizing officer at Citizens Schools, spelled out how urban school systems can ignite passion in students by bringing in outside professionals as teachers and mentors. Gordon Feller of Cisco Systems envisioned a completely connected world and an Internet of everything, joined by Washington Post investigative reporter Dan Keating, who shared his experiences extracting data from various levels of government.

The forum had to be shortened because of the manhunt for the Boston Marathon bombers in the Cambridge-Watertown area—but that event prompted dialogue about the “shelter in place” request by Massachusetts Governor Deval Patrick, security and public space, and another kind of resilience in the Boston area. Several participants wrote about the events, including Emily Badger at The Atlantic Cities, Donald Luzzatto at the Virginian Pilot, and Inga Saffron at The Philadelphia Inquirer.

The springtime gathering is a partnership of the Lincoln Institute, Harvard’s Graduate School of Design, and the Nieman Foundation for Journalism at Harvard University. The mission is to bring journalists together to share ideas and learn about cutting-edge trends in the coverage of cities, architecture, and urban planning. — AF