“Cambio climático es cambio hídrico”. Este adagio se ha popularizado en ciertos círculos, ya que nuestros sistemas globales cambiantes afectan a cada parte del ciclo del agua. En los Estados Unidos, se materializó en una sequía y aridificación récord en el oeste, inundaciones masivas en el centro oeste y supertormentas en el este. Tales cambios climáticos, además, tuvieron impactos secundarios, como la subsidencia del suelo, temporadas de incendios forestales más prolongadas y suministros de agua contaminada. Y todos estos efectos se ven agravados por factores que van desde el crecimiento demográfico hasta infraestructuras viejas.

Mientras estos efectos azotan a todos los rincones del país, los planificadores y gestores del agua buscan nuevas formas de enfrentarlos, trabajando de forma colaborativa para generar resiliencia frente a un clima cada vez más volátil.

La planificación para un futuro que podría incluir una combinación impredecible de sequías, inundaciones, contaminación y otros problemas relacionados con el agua exige un cambio significativo, explica Bill Cesanek de la Red de Agua y Planificación de la Asociación Estadounidense de Planificación. “Históricamente, las comunidades de los Estados Unidos han lidiado con la planificación del uso del suelo y la gestión del agua por separado”, comenta Cesanek. “Pero ahora sabemos que tenemos que gestionarlos usando un enfoque integrado”.

Tradicionalmente, explica, los planificadores y departamentos hídricos, a menudo, han trabajado dentro de diferentes límites geopolíticos, estructuras de gestión y líneas de tiempo, incluso cuando su trabajo se superponía en el terreno. Pero las comunidades crecen rápido, sobre todo en el sur, y el cambio climático exacerba los riesgos relacionados con el agua, por lo que la planificación se complejiza y la necesidad de colaboración se vuelve más urgente.

“Necesitamos un enfoque multidisciplinario e integrado”, admite Brenda Bateman, directora del Departamento de Conservación y Desarrollo del Suelo de Oregón. Bateman es directora de la Conferencia Especializada sobre el Agua y el Suelo de la Asociación Estadounidense de Recursos Hídricos, un evento que se centra en conectar el suelo y el agua para lograr comunidades saludables. “Estos problemas son tan complicados que si intentamos resolverlos uno por uno, o por cuenta propia, terminamos obteniendo soluciones o resultados que no son eficaces. Están unidos, sin importar cómo funcionen nuestros presupuestos y burocracias”.

El objetivo de mejorar la planificación y los procesos de gestión de recursos para que se integren más y sean más resilientes, flexibles y creativos es complicado debido a las diferencias regionales: “Lo que funciona en California, no funcionará necesariamente en Nueva Jersey”, explica Cesanek. Y, como la naturaleza de la volatilidad climática implica que lo que funciona en California hoy en día no necesariamente funcionará en el futuro, los planificadores y gestores del agua deben prepararse para diferentes escenarios posibles. “En el mundo de la planificación, se solía pensar, ‘imaginemos el futuro más deseado y construyamos con eso en mente’”, dice Jim Holway, director del Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua del Instituto Lincoln. “Ahora tenemos que implementar políticas que se mantengan firmes en los diferentes futuros, no solo los deseables, e incorporar programas que sean más adaptables. Este es un cambio de enfoque”.

Anticiparse a potenciales futuros y cambiar prácticas para tener en cuenta la incertidumbre es complejo, pero no imposible. A pesar de la naturaleza local de la planificación y la gestión de recursos, las prácticas y estrategias compartidas pueden funcionar en todo el país. Aquí podemos ver cómo tres comunidades que enfrentan diferentes desafíos están adaptando sus enfoques y prácticas para prepararse para un futuro cambiante.

Nueva Orleans: convivir con el agua

Pocas ciudades han dedicado tanto tiempo y energía a luchar contra el agua como Nueva Orleans. La ciudad se construyó sobre un dique natural a lo largo del Río Mississippi, una ubicación valorada que ofrece beneficios económicos y medioambientales. Pero siglos de esfuerzos para diseñar el río y drenar los pantanos circundantes condujeron a una subsidencia del suelo tan grave que algunos barrios se encuentran tres metros por debajo del nivel del mar, lo que los hace propensos a inundaciones frecuentes. Además, Nueva Orleans es uno de los lugares más lluviosos del país, con 1,5 metros de precipitaciones anuales, y es vulnerable a huracanes cada vez más potentes que frecuentan la costa del golfo.

Cuando el huracán Katrina azotó en 2005, e inundó el 80 por ciento de la ciudad, reveló de forma explícita una verdad que poco a poco venía saliendo a la luz: Nueva Orleans no pudo usar sus enfoques históricos para combatir las tormentas más fuertes y las crecidas de agua que genera el cambio climático. Tuvo que pensar diferente.

“Katrina fue el punto de inflexión”, explica Ed Blakely, un experto en políticas urbanas globales que dirigió los esfuerzos de recuperación de la ciudad. Blakely dice que el enfoque anterior que la ciudad adoptó para los asuntos relativos al agua (con la intención de dominarla en lugar de planificar en torno a los patrones de inundaciones y el flujo de las corrientes naturales) reflejó un patrón urbano común en los Estados Unidos. “No hemos usado la historia para planificar los asentamientos”.

A medida que el trabajo urgente de recuperación fue avanzando, también empezó a surgir un nuevo enfoque de planificación a largo plazo. Con el apoyo de un fondo para la resiliencia comunitaria del estado impulsado por el presupuesto federal para la recuperación de desastres, la organización para el desarrollo económico de la región, Greater New Orleans, Inc. (GNO) encomendó un proyecto que ayudaría a la ciudad a reimaginar su relación con el agua.

Inspirado por el enfoque holandés para la gestión del agua, que se basa en la colaboración entre todas las disciplinas y en la visión del agua como un bien, el Plan Hídrico Urbano de Greater New Orleans hizo uso de la experiencia internacional, nacional y local, y previó sistemas y estrategias inspirados en la naturaleza que pudieran ayudar a gestionar el agua pluvial con mayor eficiencia y contribuir a la salud de los residentes, los ecosistemas y la economía. Las propuestas de infraestructura verde en el plan variaban desde acondicionamientos de escala pequeña como jardines de biofiltración y pavimento permeable, hasta el uso más integral y estratégico de parques, canales y vía fluviales para frenar y almacenar el agua (Waggonner & Ball 2013).

El plan ambicioso se centra intencionalmente en el espacio físico, no en las políticas o la política, explica Andy Sternad, arquitecto y experto en resiliencia, y uno de los autores principales del plan para la empresa radicada en Nueva Orleans, Waggonner & Ball. Obtuvo el reconocimiento de organizaciones como C40 Cities y la Asociación Estadounidense de Planificación (APA, por su sigla en inglés), y como consecuencia, recibió el Premio Nacional a la Excelencia en Planificación en 2015, en parte, debido a su naturaleza colaborativa. En la descripción de su premio, APA destacó que “los planificadores tuvieron una participación decisiva en la comunicación con los diseñadores y los ingenieros sobre los impactos culturales, políticos, socioeconómicos y espaciales”. “Además, integraron con éxito el Plan Hídrico Urbano con el Plan de Ordenamiento Territorial Costero de Luisiana y otros procesos de planificación locales”.

“El plan hídrico nos facilitó una nueva forma de abordar el agua, local y regionalmente”, explica Robin Barnes, una asesora sobre resiliencia y recuperación económica radicada en Nueva Orleans que es la ex vicepresidenta ejecutiva y directora general de GNO, Inc. “Nos brinda información, esquemas e instrucciones sobre todo, desde materiales hasta proyectos de demostración específicos, e ilustra cómo funciona Living with Water”.

Barnes es directora de la Junta de Agua y Sistemas Cloacales de Nueva Orleans (SWBNO, por su sigla en inglés) desde 2014, y dice que ha visto cómo la filosofía orientadora del plan se filtra en las operaciones tanto en las ciudades como en las regiones. La idea del enfoque Living with Water (convivir con el agua) puede verse en todo, desde los requisitos de almacenamiento de aguas pluviales para las obras de construcción nuevas y los proyectos pilotos financiados por la SWBNO, hasta iniciativas más amplias como el Gentilly Resilience District, un esfuerzo de enfoques múltiples que busca reducir el riesgo de inundaciones y apoyar la revitalización en todo un barrio. La ciudad recibió un financiamiento federal considerable para infraestructura verde, incluido un importante premio de la Competencia Nacional de Resiliencia frente a Desastres del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

El plan de ordenamiento territorial de la ciudad prevé que para el 2030, Nueva Orleans se convertirá en “una ciudad que celebra su relación con el agua” (Ciudad de Nueva Orleans 2018). El plan prioriza la conservación del agua, la gestión sostenible del agua pluvial y la protección de los humedales y otras áreas necesarias para el almacenamiento del agua. Respalda enfoques de uso del suelo que fueron elementos clave del esfuerzo de reconstrucción posterior al Katrina, comenta Blakely, como la densidad, el desarrollo en terrenos vacíos y la construcción en terrenos altos.

Recomendaciones como aquellas son resultados constructivos de la devastación provocada por Katrina. También lo son las conversaciones en el ámbito de la comunidad sobre gestión del agua y resiliencia, que siguen evolucionando, dirigidas, en parte, por Water Collaborative of Greater New Orleans, que se formó tras el lanzamiento del plan hídrico.

Al igual que muchas ciudades, Nueva Orleans, a medida que trabaja para implementar estas ideas, ha enfrentado desafíos, como la pandemia y transiciones políticas. Aún hay mucho trabajo para hacer, pero otros lugares del país propensos a inundaciones han empezado a adoptar el modo de pensar de Nueva Orleans: Sternad y sus colegas de Waggonner & Ball introdujeron el enfoque Living with Water en ciudades como Houston, Miami, Charleston, Hampton, Virginia, y Bridgeport, Connecticut.

“Estamos dispuestos a guiar soluciones climáticas futuras, en parte porque las cosas que experimentamos aquí brindan enseñanzas valiosas para otras ciudades”, expresa Sternad. “Está bien vivir en un lugar que a veces se inunda, siempre que la cultura y, con el tiempo, la infraestructura puedan adaptarse”.

Evans, Colorado: prepararse para la escasez

La ciudad del norte de Colorado, Evans, tiene una población de 21.000 habitantes, una tasa de crecimiento proyectado del tres por ciento por año y un suministro confiable de agua de la cuenca del río de la región. Pero se espera que, para finales de la década, la demanda de agua se acerque a los límites de dicho suministro, sobre todo si el estado sigue enfrentando sequías y calentamiento debido al cambio climático. A medida que la ciudad crece, sus departamentos municipales intentan trabajar de manera conjunta para asegurarse de que la demanda no exceda la oferta.

“Estamos camino a un período donde tenemos una demanda creciente de agua, pero cada vez queda menos pastel”, comenta Anne Best Johnson, exdirectora de desarrollo comunitario de Evans. “Una cosa es repartir un pastel que crece, pero se hace cada vez más difícil repartir un pastel que se encoge”.

En 2019, la ciudad completó un Plan Municipal de Eficiencia Hídrica, una guía para sus medidas de conservación del agua (Ciudad de Evans 2019). Dicho plan identificó 34 actividades de conservación del agua cuya implementación la ciudad priorizará. Estas van desde ordenanzas para paisajismo y riego al aire libre, hasta requisitos para cosas como sensores de viento y lluvia para los nuevos desarrollos, y acondicionamiento de aparatos con uso eficiente del agua para las construcciones existentes. Si se adoptan todas estas medidas, las proyecciones sugieren que la ciudad podría experimentar ahorros totales de agua de hasta el 17 por ciento para el 2028, en comparación con la demanda proyectada.

En la época en que se presentó el plan hídrico, los funcionarios de la ciudad estaban iniciando la actualización del plan integral de la ciudad, que se realiza cada 10 años. “La fecha fue importante, porque estos documentos guían a la ciudad por 10 a 30 años”, dice Justine Schoenbacher, coordinadora de conservación del agua de la ciudad. Ambos procesos de planificación incorporaron aportes interdepartamentales y tuvieron una extensa proyección pública, añade Schoenbacher: “El hecho de que ambos planes se actualizaron en un momento de gran conciencia en torno a los problemas de recursos hídricos fue beneficioso”. Dice que la fecha oportuna y los enfoques colaborativos permitieron que la ciudad integrara los planes sin dificultad y analizara los recursos hídricos de forma integral.

Johnson, quien renunció a su cargo en Evans a principios de 2023 para asumir un cargo similar cerca de Berthoud, dice que los funcionarios de la ciudad fueron capaces de consolidar principios del Plan Municipal de Eficiencia Hídrica en el plan integral, que incluye un capítulo sobre la conservación y la administración del agua, así como instrucciones para la incorporación de principios de conservación del agua dentro de la planificación (Ciudad de Evans 2022).

Esto posicionó a Evans en un camino sólido hacia un suministro de agua sostenible. Pero la ciudad no lo hizo por sí sola. Johnson dice que el apoyo de otras organizaciones ayudó a la pequeña ciudad a maximizar sus esfuerzos. En 2018, mientras los funcionarios trabajaban en el plan, participaron en un taller llamado Growing Water Smart organizado por el Sonoran Institute y el Centro Babbitt, que les permitió aprender de otras comunidades y crear su propio plan de acción. La ciudad también participó como comunidad piloto para un programa de Métricas de Uso del Suelo y el Agua coordinado por el Sonoran Institute, lo que les ayudó a medir sus datos locales de conservación del agua. Para implementar el plan de acción Growing Water Smart, recibieron apoyo técnico de WaterNow Alliance y Western Resource Advocates, a fin de administrar un programa de auditoría de eficiencia hídrica, y ejecutar un programa de sustitución e instalación de aparatos en toda la comunidad. Schoenbacher dice que esto fue clave para ayudarlos a lograr un progreso tangible, y para educar a la comunidad sobre la aplicación y los beneficios del plan de eficiencia hídrica.

Johnson comenta que, mientras ponen los planes en práctica, los dirigentes de la ciudad intentan ser proactivos y claros respecto a sus objetivos, al hablar con la comunidad y reunir datos que muestren qué está funcionando bien. “Se invirtió mucho tiempo, dinero, esfuerzo e información de la ciudadanía en nuestra guía para avanzar”, explica. “No queremos un plan integral que quede olvidado en una repisa”. Johnson dice que la ciudad comenzó con los proyectos más fáciles, como el acondicionamiento de aparatos, para mostrarle a la comunidad que reducir el consumo de agua no tenía por qué ser difícil. Luego empezaron a sumar algunos peces más gordos. Usando tales herramientas, confían en que pueden equilibrar el crecimiento demográfico y el nuevo desarrollo a la vez que se disminuye el uso del agua en la ciudad.

“Las personas pueden sentirse muy amenazadas por el cambio”. Si les ofreces oportunidades para alcanzar el éxito, entonces te verán como una comunidad que promueve el comercio a la vez que respeta el medioambiente y los recursos limitados”, explica Johnson. Evans, añade, “quiere tener una oportunidad de crecer y cambiar cuando no sea una situación reaccionaria”.

Schoenbacher dice que esto es así en toda la región, donde las comunidades deben planificar para hacer frente a la escasez. La comunicación y las medidas sensatas y anticipadas son clave a fin de estar preparados, señala: “Apoyamos el lema que está circulando en el oeste: necesitamos hacer más con menos. Estamos analizando esa brecha potencial entre la oferta y la demanda a largo plazo. ¿Qué cambios pueden hacer las comunidades ahora para preservar nuestros derechos y la capacidad de crecer en el futuro?”.

Golden Valley, Minnesota: pensar más allá de los límites

Una década atrás, los planificadores y los ingenieros hidráulicos de Golden Valley, a las afueras de Mineápolis, trabajaban en departamentos y pisos diferentes del ayuntamiento. “Existía un acuerdo general respecto a la dirección que estaba tomando la ciudad, pero la coordinación era mínima”, dice el director de Planificación, Jason Zimmerman. Para facilitar la comunicación y la colaboración en esta ciudad de 22.000 habitantes, que depende, principalmente, del redesarrollo para darle lugar al crecimiento, la ciudad combinó la planificación, la ingeniería y las inspecciones en un único departamento, lo que creó una oficina con un concepto abierto en un solo piso del edificio. Hoy en día, Zimmerman dice, “existe una comunicación cercana entre el personal de planificación y de ingeniería, en relación con los proyectos de redesarrollo en especial . . . Las decisiones de planificación siempre consideran los requisitos y desafíos asociados con el agua”.

Estos desafíos han aumentado a medida que el cambio climático agrava las tormentas en la región. “Nuevas elevaciones de inundaciones debido a lluvias más fuertes generaron desafíos para los bienes inmobiliarios de áreas bajas”, dice Zimmerman, y destaca que los planificadores evalúan con cuidado aspectos como la nivelación al revisar los planes de los lugares, teniendo en cuenta las mayores escorrentías que provocan las condiciones climáticas extremas.

Mientras Golden Valley sigue ajustando sus prácticas para satisfacer necesidades cambiantes, una agencia de planificación regional habilitada por el estado, la Metropolitan Council, está ayudando a la ciudad a enfrentar la contaminación, planificar para las inundaciones y proteger la calidad de sus arroyos y lagos, pensando más allá de los límites.

Golden Valley le compra su agua a la ciudad de Mineápolis, como parte de un acuerdo conjunto con otros dos suburbios cercanos, Cristal y New Hope.  Metropolitan Council supervisa la infraestructura para la recolección y el tratamiento de aguas residuales y la planificación del suministro de agua en el área, una modalidad casi única que ayuda a las comunidades a aprender unas de otras. “Estamos trabajando con nuestros socios de la región para asegurarnos de contar con suministros sostenibles para el crecimiento que se planificó”, dice Judy Sventek, gerenta de recursos hídricos de Met Council. “Las personas piensan en Minnesota como un estado rico en agua con 10.000 lagos, pero tenemos limitaciones en el suministro del agua”, incluidas las diferencias en el tipo y la cantidad de agua que las comunidades pueden obtener.

En 2005, el consejo creó una Unidad de Planificación de Suministro Hídrico para reunir a las comunidades de toda la región. Una década más tarde, este trabajo ayudó a dar forma a las actualizaciones de la política hídrica regional que se reflejaron en el Plan de Políticas de Recursos Hídricos para el 2040. Este plan tuvo una influencia directa sobre el Plan Integral para el 2040 de Golden Valley, y su objetivo de responder al desarrollo nuevo y cambiante, a las futuras demandas hídricas y a los patrones climáticos dinámicos (Metropolitan Council 2018, Golden Valley 2020).

“En la década de 1980, cuando la mayoría de las personas vivían en el núcleo urbano alrededor de Mineápolis y St. Paul, la mayoría de los residentes y negocios dependían del agua superficial”, explica Sventek. “Hoy en día, el 75 por ciento de los residentes del área metropolitana usan agua subterránea de pozos en los suburbios. Estamos pensando en las implicaciones de este cambio a medida que las ciudades siguen creciendo hacia afuera, y estamos observando cómo el cambio climático afecta el suministro del agua”.

Lanya Ross, analista medioambiental de la Met Council, dice que la visión regional del consejo puede ayudar a las comunidades como Golden Valley a hacer planes a largo plazo con respecto al suministro de agua, de cara al cambio climático y las dinámicas demográficas. Además, sirve como un centro de datos sobre asuntos como el modelado de aguas subterráneas regionales y los efectos de las inundaciones, a los que las comunidades individuales podrían no tener acceso o que no suelen considerar. En Golden Valley, donde Bassett Creek es una vía fluvial crítica, los dirigentes pueden usar esta información compartida para ver dónde pueden ser más útiles los proyectos de gestión de agua pluvial, y cómo pueden ayudar los proyectos de redesarrollo con el control de las inundaciones.

“Podemos observar a la totalidad de la región: cómo planificamos para el conjunto de recursos hídricos sostenibles y cómo se dan esas interacciones”, dice Ross. Ante el cambio climático, la comunicación entre las comunidades vecinas puede ser de particular importancia desde el punto de vista de la oferta. Puede conducir al uso compartido de herramientas y recursos para proteger el agua de origen, supervisar los niveles acuíferos y combatir la contaminación causada por sustancias como el fósforo y el nitrógeno que vienen de la escorrentía agrícola.

Sventek dice que otros estados y organizaciones han observado el enfoque de Met Council, especialmente desde el punto de vista de la oferta, porque planificar para la salud de la cuenca es cada vez más relevante y necesario. Tener una entidad que planifica para una región y aborda los problemas en todas las fronteras locales también es útil para transferir conocimientos y para pensar de forma más abarcadora, explica; y eso se ve reflejado en la forma en la que lugares como Golden Valley están planificando para el futuro.

Arduas decisiones por delante

La necesidad de un pensamiento global, a largo plazo por parte de los gestores de políticas de todo el país es clara. “No existe un lugar que no sea susceptible a algún tipo de desastre en los Estados Unidos, ya sean sequías, ciclones o tornados. Hemos visto inundaciones año tras año”, expresa Blakely, quien dirigió los esfuerzos de recuperación tras el huracán Katrina en Nueva Orleans. “Debemos estar a la altura de las circunstancias, no sumar a la destrucción”.

Las amenazas varían de un lugar a otro y de ecosistema a ecosistema, pero existen formas muy diversas de enfrentar los desastres relacionados con el clima. Las comunidades pueden almacenar y reutilizar agua, en lugar de depender de infraestructuras hechas por las personas para ahuyentarla. Pueden planificar teniendo en cuenta la incertidumbre, anticipar una diversidad de futuros e implementar planes adaptables a largo plazo. También pueden colaborar y trabajar entre fronteras para gestionar los recursos a escala regional, aumentar la resiliencia y mejorar la flexibilidad.

Para estar a la altura de las circunstancias, los planificadores y gestores del agua deben implementar cambios ahora, trabajando de forma conjunta entre departamentos para integrar la planificación del suelo y el agua. “Tomamos muchas decisiones que pospusieron las soluciones al decir: ‘Intensificaremos los controles o las regulaciones más adelante’. Ese momento llegó”, dice Bateman, directora de la conferencia de la AWRA de este año (ver nota de recuadro). “Tendremos que tomar algunas decisiones difíciles. Necesitaremos líderes que estén dispuestos a tomar decisiones con base en la ciencia”.

Holway dice que las organizaciones como APA, AWRA y la Asociación Estadounidense de Obras Hídricas, y el Centro Babbitt pueden ayudar a las comunidades a generar las capacidades que necesitan para implementar soluciones, al brindarles herramientas y apoyo, y al ayudarlas a superar las fronteras burocráticas y geográficas para conectarse. “No intentamos predecir el futuro, intentamos prepararnos para una diversidad de potenciales condiciones futuras. Concientizar y trabajar de nuevas maneras puede servir como puntapié para cambiar la narrativa y sentar las bases para implementar los programas necesarios”, comenta. “Si miras hacia el futuro, los desastres serán una realidad constante. Vendrán uno tras otro, y, si ese es el futuro, tenemos que prepararnos”.

Recursos y lecturas adicionales

El programa Growing Water Smart les presenta a las comunidades estrategias y herramientas que las ayudan a integrar la planificación del uso del suelo y del agua para adaptarse mejor al cambio y la incertidumbre. Growing Water Smart, un programa conjunto del Sonoran Institute y el Centro Babbitt para las Políticas de Suelo y Agua, llegó a más de 80 comunidades de Colorado, Arizona y Utah, y este año se está expandiendo a California y a lo largo de la frontera con México. Para obtener más información, mire el video en www.lincolninst.edu/growing-water-smart.

Para obtener más información sobre cómo las comunidades están incorporando el agua en sus procesos de planificación, consulte Integrating Land Use and Water Management: Planning and Practice (Integración de la gestión del agua y del suelo: planificación y práctica), un enfoque en políticas de suelo del Instituto Lincoln elaborado por Erin Rugland.

Conectar el suelo y el agua para tener comunidades saludables es el tema de la conferencia de verano de la Asociación Estadounidense de Recursos Hídricos que se celebrará este año, del 17 al 19 de julio, en Denver. El comité de planificación de este evento incluye representantes del Centro Babbitt del Instituto Lincoln y muchas otras organizaciones, agencias e instituciones que trabajan para mejorar la integración de la planificación del suelo y el agua.

Heather Hansman es periodista autónoma, columnista medioambiental de la revista Outside y autora del libro Downriver: Into the Future of Water in the West.

Imagen: Un ilustración muestra cómo el rediseño de calles con elementos como jardines pluviales y pavimento permeable puede ayudar a frenar y almacenar el agua pluvial. Crédito: Plan Hídrico Urbano de Greater Nueva Orleans, Waggonner & Ball.

Referencias

Ciudad de Evans. 2019. “Municipal Water Efficiency Plan Update”. Evans, Colorado. https://www.evanscolorado.gov/media/Departments/Water_Conservation/evans_mwep_report_2019.pdf.

Ciudad de Evans. 2022. “Explore Evans, Where Rivers and Opportunities Meet: City of Evans Master Plan”. Evans, Colorado. https://www.evanscolorado.gov/media/Departments/Planning_and_Zoning/Plans/2022%20Master%20Plan.pdf.

Ciudad de Golden Valley. 2020. “2040 Comp Plan”. Golden Valley, Minnesota. https://www.goldenvalleymn.gov/191/2040-Comprehensive-Plan.

Ciudad de Nueva Orleans. 2018. “New Orleans: A Plan for the 21st Century”. Nueva Orleans, Luisiana. Agosto. https://masterplan.nola.gov.

Metropolitan Council. 2018. “2040 Water Resources Policy Plan”. Mineápolis, Minnesota. https://metrocouncil.org/Wastewater-Water/Planning/2040-Water-Resources-Policy-Plan.aspx.

Waggonner & Ball. 2013. “Greater New Orleans Urban Water Plan”. Nueva Orleans, Luisiana. Octubre. https://wbae.com/projects/greater-new-orleans-urban-water-plan-2.

This article is part of a larger feature on how land use battles are hindering the clean energy transition.

A critical land use dimension of the clean energy transition is the mining of metals used for batteries for electric vehicles and general power storage, including lithium, cobalt, copper, nickel, niobium, and graphite. The World Bank estimates that over 3 billion tons of minerals and metals will be needed by 2050 to meet the clean energy storage and deployment goals in the 2015 Paris Agreement—a production increase of 500 percent.

With these minerals in such high demand, regions like Latin America, which controls two-thirds of the global supply of lithium, are under tremendous pressure to allow mining as a new source of economic development. But the mining process is dangerous, hugely disruptive to the environment, and often occurs within Indigenous territories.

The resource-rich countries where the minerals are, primarily in the Global South, are home to extensive biodiversity and uniquely vulnerable to the impacts of climate change, said Claudia Dobles Camargo, former First Lady of Costa Rica, where open-air mining is banned. “We cannot just transition from one type of energy to clean energy without taking into consideration that this could become a new extractivism,” she said. Honduras and El Salvador have also banned the practice.

Beyond the developing world, any move to extract these clean-power minerals seems to become instantaneously contentious. When a Maine couple discovered large lithium deposits on their property, they were surprised that neighbors didn’t celebrate the potential contribution to the clean energy transition—but rather demanded state regulators prevent any kind of mining operation at all.

Technology may come to the rescue, in the form of more sustainable lithium mining techniques involving microbes, seawater, and brine. Lithium can also be recycled from old batteries, a process dubbed “urban mining.” And researchers at MIT and elsewhere are working on new kinds of batteries, such as metal-air devices using aluminum, zinc, or iron, all of which are abundantly available, that would obviate the need for lithium altogether.

Another approach to minimize damage and land use conflicts: reduce demand for batteries for electric vehicles by driving less—a higher bar, to be sure, for societies just getting used to the concept of alternatives to fossil fuel.

A report by a team led by Providence College Professor Thea Riofrancos found that the United States “can achieve zero emissions transportation while limiting the amount of lithium mining necessary by reducing the car dependence of the transportation system, decreasing the size of electric vehicle batteries, and maximizing lithium recycling.”

“Reordering the US transportation system through policy and spending shifts to prioritize public and active transit while reducing car dependency,” the report says, “can also ensure transit equity, protect ecosystems, respect Indigenous rights, and meet the demands of global justice.”

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Lead image: Silver Peak lithium mine, Nevada. Credit: simonkr via E+/Getty Images.

One emerging consensus to combat climate change is increasingly clear: electrify everything, and make that power come from renewable sources, like wind, solar, and hydro power. Removing fossil fuels from electricity generation can be surprisingly smooth, as clean power facilities have rapidly become more cost-efficient. Renewables are currently 20 percent of US power generation and steadily growing.

But there’s a sprawling and daunting land use task that is necessary to make that clean energy transition happen: not only the siting of solar arrays and wind farms, but the construction and improvement of transmission lines and substations and pipelines, across thousands of acres of land.

Researchers at Princeton University have estimated that if manufacturing capacity for turbines and photovoltaics continues to ratchet up as it has been for the last several years, up to 400,000 square miles will be needed in the US to harvest wind energy alone. That means much more visible renewable energy infrastructure on hilltops, in suburban neighborhoods, and in what may feel like people’s backyards.

Battles over the siting of wind and solar installations, and opposition to the key upgrades and expansion of the grid that will allow clean power to plug in, are occurring on a state-by-state basis, in the absence of federal authority or oversight. In many cases, renewable energy facilities have been cleared through the permitting process to start operating, but remain in limbo because they can’t plug in to the existing, antiquated grid.

A crazy quilt of local land use regulations—including bylaws restricting solar fields and wind farms—has amplified the voices of opposition from neighbors and organized groups, including, in what many climate advocates consider a profound irony of the times, some environmental organizations. In addition, land use conflicts are hindering another critical component of the clean energy transition: the mining of metals such as lithium to make high-capacity rechargeable batteries, for electric vehicles and storing power from renewable sources when the sun doesn’t shine or the wind doesn’t blow (see sidebar).

Those targeting net-zero emissions by mid-century hoped for a high-level wave of renewable energy that would transform the way everyone gets their power. Instead, there are standoffs and bottlenecks, at the state and local level, as the execution of this extraordinary transition gets bogged down, literally, on the ground.

“I would agree things aren’t going well right now—though I would suggest that we also have way more shots on goal than in previous years, so there are more stories of projects getting blocked because there are just more project proposals,” said Sarah Banas Mills, senior project manager at the Graham Sustainability Institute and lecturer at the School for Environment and Sustainability, University of Michigan.

As frustration mounts at what many see as a fumbling of the ball at a key moment in the fight against climate change, Mills, who has been tracking battles over renewable energy all over the US and coauthored a paper on the topic, says a more nuanced analysis is required about each and every site, now that installations are ramping up. Wind projects in places with more people or higher scenic amenities are more likely to be opposed; neighbors may also be more likely to balk at large solar arrays on farmland, which many clean-energy advocates thought would be an easier sell.

“Renewables present one of the biggest economic opportunities rural communities have seen in decades,” she said. “But with all opportunities, there are trade-offs. That we have so many communities saying no suggests to me that in many places communities are finding that the positives—economic benefits—don’t outweigh the negatives. Changes may need to be made to project characteristics, like size, location within the community, and distribution of economic benefits . . . to get more communities to ‘yes.’”

It wasn’t always this way. In the past, there was little to no veto power exercised at the local level, as industrialization advanced and critical infrastructure was deemed necessary, whether canals, railroads, and telegraph lines in the 19th century, or the interstate highway system in the 1950s.

A common thread for infrastructure is the intensive use of land, which is necessary to complete networks and distribute benefits across large expanses. This was especially true in the development of the grid. Power plants were built at whatever location was required, whether near a coal mine or on a river. Then, a decentralized but highly connected system of substations, transformers, and transmission and distribution lines got the power to the end user—homes and businesses. The flow of power is from point to point and as it happens, since large amounts of electricity are not stored; the power is used as it is produced, and vice versa.

Although the construction, organization, and regulation of the grid started out in a patchwork state-by-state and regional framework, the federal government established oversight with the Federal Power Act of 1920, which Congress passed to coordinate the development of hydroelectric projects such as the Hoover Dam. Major new agencies like the Tennessee Valley Authority, established in 1933, helped create a sense of intention and purpose; bringing electricity to rural areas was part of a national mobilization in economic development during the Great Depression (and, also intentionally, a fountainhead of jobs). Among other federal agencies, what is now known as the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) took the lead in managing power generation and the grid, although generally oversight of utilities, and the prices they charge in particular, remains a state responsibility.

In terms of the extraordinary accomplishment of the grid, the ultimate result of planning and coordination is the familiar landscape of today: 160,000 miles of high-voltage power lines draped on shiny metal stanchions up to 200 feet tall, with forest and brush cleared away underneath, crisscrossing the countryside, whisking electricity generated by 7,300 power plants to nearly 150 million customers across the US, according to the US Energy Information Administration (EIA). The North American grid—three grids, technically, called the Eastern, Western, and Texas Interconnect—is completed by millions of miles of low-voltage power lines and distribution transformers.

To date, most electricity is produced using conventional sources such as natural gas, oil, coal, and nuclear. But at least 20 percent of the nation’s power is now generated by renewable energy facilities—wind, solar, hydroelectric, biomass, geothermal—and that proportion is growing, as coal-fired power plants, for example, are steadily phased out. Over the past decade, 290 coal-fired plants were decommissioned in the US, leaving 224 in operation.

The Biden administration has pledged to eliminate fossil fuels as a form of energy generation in the US by 2035, setting the goal of 80 percent carbon-free electricity by 2030. Wind, solar, and hydroelectric power have been the fastest-growing segment of the energy sector, and will be further fueled by some $370 billion in funding under the Inflation Reduction Act. Wind and solar projects, steadily improving in their technology and efficiency, are ready to roll.

But therein lies the current land use challenge—not only in the siting of renewable energy installations, but also in the all-important upgrade to the grid to carry and distribute all that clean power. On both fronts, the development of renewable energy has been stymied in recent years.

Opposition to offshore wind farms, notably the Cape Wind project off Cape Cod, was perhaps the first and most infamous example of affluent homeowners objecting to clean-energy infrastructure because they claimed it spoiled the view. But wind farms on land, whether atop ridges or on farmland, have also ignited fierce opposition, even in remote areas.

In Northern California, Shasta County supervisors rejected a proposal by Connect Wind/Fountain Wind for 48 turbines on rural land after hearing concerns about impacts on wildlife habitat, Indigenous lands, and even whether the turbines would interfere with fighting wildfires from the air. A local ordinance passed shortly afterward banning large wind projects outright. The California Energy Commission is allowing the developers a second chance under a provision of Assembly Bill 205, which can override local veto power over clean energy projects.

In Iowa, a judge ordered developers to dismantle three 450-foot turbines on farmland after neighboring landowners complained about the noise they made. The victorious opponents, who successfully argued that the zoning board shouldn’t have issued the permits, hope their battle “will empower other rural landowners and small towns to take on wind,” according to the Des Moines Register.

A typical concern as well is the danger posed by wind turbines to birds—although pesticides, buildings, and housecats kill many times more birds than the slowly rotating blades, and clean-tech researchers, using artificial intelligence, have come up with ways to keep birds away anyway.

Solar installations have not fared much better. While more than 2,500 solar farms are up and running in the United States, solar projects are increasingly running into blockades, in Indiana, Ohio, Virginia, and elsewhere. Neighbors often get in an uproar when they see how large, visible, and land-intensive some of the solar arrays are, describing them in alarming fashion, as in one battle over a Midwest proposal, as filling up thousands of football fields with shiny, deep blue panels.

Researchers in a 2021 Michigan study found that despite readily acknowledged benefits such as economic development, tax payments, and compensation for the landowner and community, “projects have increasingly faced local resistance . . . [due to] aesthetics, noise, and negative impacts to rural and Tribal culture, values, and community energy sovereignty, along with . . . risk to wildlife, productive farmland, biodiversity, and human health.” Additional perceived risks included lowered home and property values, increased electricity rates, impacts to tourism, and the toxicity of materials used in construction and operation, the study says.

A team at MIT studied 53 American renewable energy projects that were paused, delayed, or canceled between 2008 and 2021 in 28 states because of local opposition. The researchers identified seven common drivers of conflict: environmental impact; financial viability; quality of public engagement; Tribal rights; health and safety concerns; and concerns related to land and property values.

“We found overwhelming evidence to suggest that federal, state, and local regulators need to rethink the design and operation of their facility siting processes,” the researchers conclude. “A fast and fair transition to renewable energy will not be achieved in the US if policymakers and energy developers do not anticipate and respond proactively to the full array of sources of local opposition.”

High-profile standoffs have the effect of scaring off partners worried about bad publicity. In Queensland, Australia, the tech company Apple withdrew from an agreement to buy power from a proposed 80-turbine windfarm on nearly 2,000 acres, a project the World Wildlife Fund (WWF) had criticized for threatening koalas, wallabies, and red goshawks. A WWF spokesman applauded the move, saying it demonstrated “leadership and a commitment to renewables that are good for climate and nature.”

Opposition to transmission lines and the upgrades and expansion of the grid that are necessary to handle new clean power has been perhaps the most strenuous of all—leaving renewable energy installations that have already been built or permitted to remain in limbo, an untenable scenario for green-tech companies and investors.

A four-year legal battle over a 145-mile transmission line that would carry hydroelectric power from Quebec to Massachusetts has been representative of the bare-knuckle brawling over land use. Conservation groups said the pipeline threatened wilderness areas in Maine, where most of the line would be constructed, prompting a statewide vote against the project, though it had already been permitted. A judge recently ruled that construction could resume.

Proponents complained that the opposition had been financed and motivated by a rival natural gas utility seeking to block competition. Joseph Curtatone, president of the Northeast Clean Energy Council, said he hoped the court decision “marks an end to the self-interested, corporate-funded attempts to sabotage this project.” Building the project as planned, he said, would remove more than 3 million metric tons of carbon annually and provide $200 million in desperately needed upgrades to the electric grid.

“This is essential work in our effort to electrify everything in order to avoid the worst effects of climate change. Without grid upgrades we can’t deliver power to heat pumps and electric vehicles. These are the kinds of big leaps we need to take after decades of minimal progress on climate action,” he said. “If we’re fighting tooth-and-nail over removing 3 million tons of CO2 with lower-cost energy, we’re never going to reach net zero.”

In the book Superpower, the author Russell Gold chronicled the ultimately futile attempt by Houston businessman Michael Skelly to get approval for a transmission line to connect windfarms in Oklahoma to the grid in Tennessee, which became emblematic of community opposition paired with politics. But the same problem keeps recurring. It took 18 years before a 732-mile transmission line was approved by federal authorities to carry clean power from the proposed 700-turbine TransWest wind farm on ranchland in Wyoming to homes and businesses in California. The interstate project required multiple approvals under the National Environmental Protection Act (NEPA), with detailed examination of impacts on flora and fauna, including the sagebrush grouse.

The objections to green infrastructure have evoked past battles over endangered species, sacred sites, and otherwise culturally valuable land. The Greenlink West project, a 470-mile transmission line through Nevada, is under fire because it might disturb woolly mammoth tusk fossils.

The irony is not lost on many that environmental laws passed in the 1970s to combat rampant pollution are now being used to fight renewable energy projects that will curb climate change. Environmental litigation is threatening a wide range of environmentally advantageous initiatives across the country, from dense housing to bike lanes to congestion pricing.

“I’m an environmentalist, which means I’ve got some practice in saying no. It’s what we do,” wrote Bill McKibben in an essay for Mother Jones titled, “Yes in Our Backyards.” McKibben’s decades of activism include successfully fighting the Keystone XL fossil-fuel pipeline. “But we’re at a hinge moment now, when solving our biggest problems—environmental but also social—means we need to say yes to some things. . . . One way may be to back up a little and think of the slightly longer term.”

Without any sense of a grand plan or rationale, and environmentalists divided—one camp saying impacts on the environment must always be considered, the other that there will be no functioning wildlife habitats or thriving species if climate change isn’t curtailed—renewable energy projects are increasingly being viewed as what Harvard professor Alan Altshuler called LULUs: “locally unwanted land uses,” like prisons or landfills.

An array of solutions for overcoming this impasse has emerged recently, including legislation introduced just this year. At least three steps are needed to adequately and effectively deploy clean energy infrastructure, says Patrick Welch, an analyst in the Climate Strategies group at the Lincoln Institute of Land Policy: federal-level permitting reform, local regulatory changes, and more strategic and creative planning.

“In many instances, there are genuine issues regarding the proposed siting of new solar, wind, and hydro projects—whether that is related to stormwater runoff issues, other impacts on important ecosystems, or new land grabs on Indigenous lands,” Welch said. “We need to be more strategic and creative. Things like co-locating solar on parking lots and rooftops or interstate rights of way, rather than clearcutting forests, are good solutions.”

The Nature Conservancy’s Site Renewables Right initiative, which identifies suitable sites for wind and solar energy by mapping factors including environmental impact and agricultural production, is a good example of trying to find workable solutions, he said; another is Baltimore County’s study on solar siting, which identified nearly 34,000 acres of potential optimal solar sites on rooftops, parking lots, and degraded lands.

But even with more appropriate siting, Welch said, permitting and local land use regulations can get in the way. “Both sides of the aisle have known for decades that NEPA and the associated permitting spiderwebs are responsible for long, unnecessary delays. Now, the climate crisis has brought new urgency to that conversation. Local regulations must allow for the appropriate siting of renewable energy infrastructure, too.”

Federal coordination—harkening back to the more intentional establishment of infrastructure in the first half of the 20th century—has seemed to many the obvious first step. This spring, US Senator Sheldon Whitehouse (D-RI) and US Representative Mike Quigley (D-IL) introduced the Streamlining Interstate Transmission of Electricity (SITE) Act, which would establish a new federal siting authority at the Federal Energy Regulatory Commission to ease the process of constructing long-range, high-voltage transmission lines.

“If we don’t build more long-range transmission lines, much of the low-cost clean energy that is coming online will simply not be able to get to the homes and businesses that need it,” Whitehouse said when unveiling the bill. The goal is better reliability, an upgrade of the nation’s creaky grid infrastructure, and lower emissions while “responsibly balancing local needs and preferences,” he said.

There is action at the state and regional scale as well. After criticism that state regulatory authorities have been dragging their feet on the clean energy transition, Massachusetts Governor Maura Healey appointed climate-savvy commissioners to the state Department of Public Utilities, and established two new commissions, one to review clean energy siting and permitting, and another to coordinate offshore wind development.

In Washington State, Governor Jay Inslee recently signed a bill requiring longer-term planning by utilities and allowing bigger transmission projects to go through the state’s streamlined siting process. The Bonneville Power Administration (BPA), which manages hydropower from 31 federal dams in the Northwest, has proposed some upgrades to its system, which, if completed, will help increase transmission capacity.

The electricity market is structured differently in the Pacific Northwest than in California and other states, making coordination and planning that much more difficult, said Emily Moore, director of the Climate and Energy program at the Sightline Institute. Washington and Oregon have assertive climate action plans to shift to clean energy, but even if all utilities agreed to switch tomorrow, the grid couldn’t support the load, she said, so hundreds of wind and solar projects are languishing.

“In an ideal world, we would have clarity on how much more transmission is needed . . . and where it would go, so we could then start building it before it is too late,” she said. “But planning, at least in our region, is largely reactive, not proactive. Changing that here will require new levels of coordination between BPA, individual utilities, regulators, and policymakers.”

When renewable energy projects or transmission lines are first rolled out to the public, developers would do well to practice better stakeholder engagement, said Josh Hohn, a principle at the urban design firm Stantec. He urges project leaders to help people visualize what’s actually being proposed “before imaginations run wild.”

Building consensus about clean energy infrastructure is especially challenging in part because the land use issues are so local, but tie back to the global problem of climate change, requiring conceptualizing priorities in sometimes counterintuitive ways. For example, it seems outrageous to clear trees to make way for solar panels. But according to one forest ecologist, doing so actually reduces carbon emissions more after a period of time than leaving the trees in place.

Technology is also advancing so rapidly, the land use dimension of clean energy could become less onerous. Geothermal drills require less land, though are akin to the oil rigs that have dotted the landscape since the turn of the last century.

Batteries are getting better, allowing clean power to be stored. And there is the notion of the mega-solar project, consolidating arrays all in one or two large, out-of-the-way locations, like a corner of the Sahara desert. By one calculation, solar panels on a single parcel of 43,000 square miles—1.2 percent of the Sahara—could power the entire world.

At a more conceptual level, McKibben—who founded the organization Third Act to recruit aging boomers concerned about climate change—called for a change in mindset when looking at clean energy infrastructure. Instead of viewing it as unsightly, he suggests, we could appreciate how it’s helping the planet wean off fossil fuels, and has great economic returns as well. “It’s a different kind of beauty,” he said in an interview, though he acknowledged people are used to judging landscapes by more conventional measures.

Whether such reconceptualization can happen remains to be seen. But the public’s relationship with land has clearly become a key element of the clean energy transition. Above all, this is a moment for thoughtful land policy, with the future of the planet hanging in the balance, said the Lincoln Institute’s Patrick Welch.

“Given the scale and urgency needed for this massive rollout of new infrastructure, there is a significant risk that we do it in a way that leads to serious unintended consequences,” Welch said. “So we need to be mindful and strategic—but not to the point of inaction.”

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor to Land Lines.

Lead image: Protesters in Maine express their opposition to a planned hydroelectric corridor that will cut through the state as it carries energy from Quebec to Massachusetts. Credit: AP Photo/Robert F. Bukaty

Forests are hardworking heroes in the fight to manage climate change, but they can’t remove enough carbon dioxide from the atmosphere to single-handedly help the world reach its Paris Agreement targets. However, what if we focus on protecting not just the trees, but also the larger animals that have historically lived among them, like gray wolves and elephants?

Well, that could get us a lot closer.

In a new study published in Nature Climate Change, an international team of researchers led by Yale ecology professor Oswald J. Schmitz found that protecting and restoring populations of animal species—including marine fish, gray wolves, wildebeests, sea otters, African forest elephants, and bison—can supercharge the carbon capture capabilities of their respective ecosystems, enhancing the total amount of CO2 naturally absorbed and stored by as much as 6.41 gigatons per year.

That’s more than 14 trillion pounds of CO2, and about 95 percent of the annual “negative emissions” needed to limit global warming to 1.5ºC in line with the Paris Climate Agreement.

The findings could have a big impact on land and marine conservation efforts, says Jim Levitt, director of the International Land Conservation Network (ILCN) at the Lincoln Institute. “This is not your everyday piece of natural climate solution research,” says Levitt, who was not involved in the study. “I think this is a major insight.”

Animating the Carbon Cycle

Climate change and a staggering worldwide loss of biodiversity are not just concurrent crises of the natural world; they’re two sides of the same coin, each impacting the other. This research suggests that the positive climate impacts of land and ocean conservation can be amplified even further when coupled with what’s called “trophic rewilding”—that is, protecting and restoring the functional roles of animals within their ecosystems.

That’s because many animals all over the world augment the carbon capture potential of their native habitats in different but impactful ways.

In the African Serengeti, for example, migrating wildebeests graze on grasses and, with the help of dung-burying insects, return that carbon to the soil. When disease decimated wildebeest populations in the early 20th century, the resulting overabundance of dry, uneaten grasses led to more frequent, intense wildfires that turned the savannah into a net emitter of CO2. Now the wildebeest population has recovered, and the Serengeti is once again a carbon sink.

Endangered forest elephants in central Africa, meanwhile, spread the seeds of trees and woody plants, and trample and devour vegetative undergrowth, helping carbon-dense overstory trees grow faster and bigger. Based on one of the authors’ earlier studies, the researchers estimate that restoring wild elephant populations just within the region’s 79 national parks and protected areas—about 537,000 square kilometers of tropical rainforest—could help capture roughly 13 megatons of additional CO2 per year, or 13 million metric tons.

When large mammals like muskoxen trample arctic snowpack, that cold crust of compressed snow helps keep the soil below from thawing and releasing methane. Migrating marine fish eat algae near the surface and send it to the ocean floor as fecal pellets. Predators like sea otters help carbon-absorbent kelp forests thrive by keeping seaweed-munching sea urchins in check; gray wolves and sharks are responsible for similar “trophic cascades” in boreal forests and coral reefs, where they keep the populations of their smaller herbaceous prey in balance.

And in North America, where white settlers all but wiped out the more than 30 million bison that once roamed the prairies, just 2 percent of that animal’s one-time numbers remain, confined to about 1 percent of its historical range. Because grazing bison help grasslands retain carbon in the soil, restoring herds across even a small fraction of the landscape—less than 16 percent of a handful of prairies where human conflict would be minimal—could help those ecosystems store an additional 595 megatons of CO2 annually, the study found. That’s more than 10 percent of all the CO2 emitted by the United States in 2021.

“Using wild animal conservation explicitly to enhance carbon capture and storage is known as ‘animating the carbon cycle,’” the study’s authors write—and it demands a new way of thinking about conserved spaces as “dynamic landscapes.” It’s well understood that protecting nature as a climate solution can have the ancillary benefit of enhancing biodiversity, for example, but it turns out the relationship works both ways: Improving animal biodiversity can also enhance natural climate solutions. “It requires protecting and restoring the ability of animal species to reach ecologically meaningful densities so that as they move and interact with each other they can fulfill their functional roles across landscapes and seascapes.”

Failing to protect wildlife, meanwhile, can limit or even reverse an ecosystem’s carbon-storing potential. Overfishing of predatory fish in the coastal waters of the Northeastern United States, for example, led to an explosion of saltmarsh crabs, whose voracious appetite for seagrasses ravaged intertidal salt marshes, triggering their demise. Salt marshes are carbon supersinks that absorb and store up to 10 times as much carbon as a mature tropical rainforest. But when they die off, the resulting tidal erosion releases hundreds of years’ worth of stored sediment carbon, and a powerful carbon sponge disappears, along with all its future potential for CO2 capture.

Keeping Systems in Tune

For animal populations to recover their historical numbers and species diversity, they need large swaths of functionally intact ecosystems—which currently comprise just 2.8 percent of global land area. But “with the right enabling conditions, animal populations can rebound rapidly,” the authors write, with a measure of hope.

“If you give nature a chance to reestablish itself, it’s really, really efficient at doing so,” Levitt agrees, noting that many of the U.S. National Forests were once abandoned landscapes denuded of their timber. Now those swaths of forest are essential tools for absorbing atmospheric carbon. “Not only do the trees sequester carbon, but the soil, the animals, the insect life, and the mycorrhizal networks under the ground, they’re all sequestering carbon, and they all depend on a healthy chain of trophic networks,” Levitt says. “So there is utility, even related to the survival of our species, in having wild animals on open space. It’s not just beautiful, it keeps the carbon cycle in tune.”

As a resource hub connecting private and civic conservation groups across cultural and political boundaries, Levitt says ILCN has an important role to play in supporting the establishment of the types of linked, protected environments that promote greater biodiversity. “You really need large, interconnected, protected spaces to get to truly rich ecosystems,” he says. “And what networks can do is make land conservation contagious sociologically—meaning, if your next-door neighbor has conserved his property, you’re more likely to do the same thing.” ILCN also supports the global 30×30 effort, an agreement among more than 190 countries to work toward protecting 30 percent of the world’s land and oceans by 2030.

Expanding the range of intact ecosystems to restore and protect animal populations will require people and wildlife to share space in more dynamic “coexistence landscapes,” the authors add. “This involves seeking ways for wild animals and humans to coexist across landscapes and seascapes, rather than separating people from nature, as has been a common practice in proposals to apportion spaces for biodiversity and carbon storage.”

While the study’s authors acknowledge the challenge of such a cultural shift, they also note, with some urgency, that the opportunity is too great to squander. “We are losing populations of many animal species just as we are discovering how much they functionally impact carbon capture and storage.”

Jon Gorey is a staff writer for the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Bison grazing in Yellowstone National Park. Credit: panugans via iStock/Getty Images Plus.