SHARE
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Académicos y profesionales involucrados en la regularización de asentamientos en sectores de bajos ingresos en Latinoamérica compartieron sus experiencias en un foro patrocinado por el Instituto Lincoln en marzo de 1998. La ciudad de Medellín, Colombia y su oficina de regularización, PRIMED (Programa Integrado para el Mejoramiento de Barrios Deficientes en Medellín) sirvieron de anfitriones. Entre los participantes se incluyeron representantes de PRIMED, empleados oficiales de la ciudad de Medellín y observadores de instituciones multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, USAID y la Fundación GTZ de Alemania.
Doce ponencias principales informaron sobre los casos de estudio más significativos de ocho países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. El foro resultó ser una reunión excepcional cuyas conclusiones, resumidas más adelante, probablemente tendrán importantes repercusiones en las políticas de Latinoamérica.
Perspectivas Comparativas de Regularización
Diversos puntos de vista sobre regularización aparecen ilustrados por los trabajos de cada país. Los dos enfoques principales son la regularización jurídica (por ejemplo: procedimientos de legalización de títulos de la tierra a fin de convertir la propiedad “de hecho” en propiedad jurídica, en Perú, Ecuador y México) y la regularización física (urbanización), incluyendo la expansión de servicios de infraestructura en asentamientos irregulares (Colombia, Venezuela, Brasil y otros países). Un tercer enfoque, en el cual se ha hecho énfasis sólo recientemente, establece como prioridad la integración social y cívica de los asentamientos de población de bajos ingresos dentro de la estructura urbana a través de una serie de medidas.
Aunque en la mayor parte de los países se presentan elementos de estos tres tipos de regularización, generalmente cada país se orienta más en una dirección que en otra. En México, los tres enfoques se utilizan simultáneamente. En la mayoría de los otros países, el énfasis depende de la fuerza relativa de los actores, las organizaciones y las políticas por una parte, y de la forma en que el problema de regularización es concebido (“construido”) por las autoridades federales y locales, por otra.
La Regularización Jurídica: Programas de Adjudicación de Títulos de Propiedad
La regularización de títulos de propiedad se ha convertido en práctica similarmente aceptada por gobiernos, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. De hecho, la pregunta “¿por qué regularizar?” que se planteó al comienzo del foro pareció tomar a todos de sorpresa. Sin embargo, esta pregunta nos dirige al fondo de la cuestión sobre quienes definen los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y quiénes establecen las políticas a favor de su regularización. La mayoría de los programas de títulos examinados en los casos de estudio resultaron largos y costosos; además, una vez puestos en práctica, sirvieron de poco para afectar significativamente el nivel de seguridad o para suministrar servicios en forma sistemática a los asentamientos.
Figura 1
Argumentos Comunes a Favor de la Regularización de la Tierra
En lo que concierne a los sectores pobres de la población, sin embargo, varios de los argumentos a favor de la regularización aparentan ser falsos. Los hogares establecidos generalmente tienen seguridad de hecho y pocas veces consideran la necesidad de un título legal completo como una prioridad, sino más bien como una necesidad asociada con el sistema de valores de la clase media. Es más, una vez que los asentamientos están bien establecidos, las mejoras y la consolidación de la vivienda ocurren en una proporción estrechamente asociada con la disponibilidad de recursos, no con la seguridad del título de propiedad. En relación con la introducción de servicios, la mayoría de los proveedores siguen sus propias reglas internas para definir el tiempo y los procedimientos; pocas veces el título legal es un criterio importante.
Por lo demás, a las familias de bajos ingresos no les gusta endeudarse y no les resulta fácil el incorporarse a los sistemas formales de crédito, aun cuando las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos tienden a inclinarse hacia la asistencia por medio de microcréditos. En suma, da la impresión de que cuando los grupos de bajos ingresos desean la regularización de la propiedad es porque el Estado quiere que lo deseen y, consecuentemente, contribuye a construir la demanda correspondiente.
Se podría concebir la regularización de la propiedad como un fin en sí misma tanto como un medio hacia un fin. La regularización como “fin” aparece claramente ilustrada en el caso de Lima, donde el acceso a la tierra y a los programas de adjudicación de títulos de propiedad sustituyen a una política sistemática de vivienda. El ciclo más reciente de adjudicación de títulos (desde 1996) incluye también la retitularización de terrenos anteriormente regularizados, como un campo de patrocinio político destinado a beneficiar al gobierno central a cuentas de los líderes políticos ciudadanos. Una situación similar prevalecía en México con las agencias de regularización múltiplex creadas durante los años ’70. En ambos países la dedicación a la regularización de la tenencia de la tierra aparece claramente señalada por programas activos, que generalmente procesan un alto número de títulos cada año a bajo costo.
En otras partes, la regularización puede ser también un “fin”, pero de importancia secundaria. En Colombia, Brasil, El Salvador y Ecuador, por ejemplo, la adjudicación de títulos constituye solamente una pequeña parte del conjunto de la regularización física. Aún así, la ausencia de propiedad legal y la necesidad de regularización pueden ser utilizadas hacia buenos fines políticos al regular el suministro y el orden de la provisión de infraestructura.
La regularización de títulos como medio hacia un fin se encuentra ampliamente fomentada por las agencias internacionales como parte del Nuevo Programa de Gerencia Urbana del Banco Mundial. México constituye un buen ejemplo del proceso, en donde la adjudicación de títulos de propiedad de la tierra es un requisito previo para la gestión de la tierra urbana, la planificación y la administración pública. La regularización incorpora a la población dentro del sistema del registro de tierras, la base de recaudación de impuestos, los controles de planificación, los permisos de construcción, las tasas de consumo, y la recuperación del costo de servicios e infraestructura. La regularización se convierte en un medio para el sustento y manejo urbanos; esta, más que ninguna otra razón, explica su amplia adopción y aceptación actual.
Un factor notable en varios de los casos estudiados fue la aparente renuencia a regularizar tierras privadas a no ser que la iniciativa tuviera el apoyo del dueño original. Como resultado, los asentamientos con mayores posibilidades de ser regularizados son aquéllos ubicados en tierras públicas o tierras cuya propiedad nunca ha sido cuestionada. Con la excepción de México, los gobiernos se han mostrado renuentes a expropiar tierras con fines de interés social. Varios países tienen un sistema de derechos de ocupación de la tierra que permiten la transferencia de la propiedad después de un cierto número de años de uso comprobado y apropiado. En Brasil, este sistema de usucapión ha sido ampliado recientemente a fin de permitir la transferencia de títulos de terrenos urbanos de propiedad privada menores de 250 m2 que hayan sido ocupados continuamente durante cinco años.
Factores de los programas de regularización jurídica:
La Regularización Física: Urbanización y Provisión de Infraestructura
El segundo campo principal de regularización registrado en muchos de los casos de estudio del foro estuvo enfocado en el proceso de regularización física de distintas formas de asentamientos irregulares. En Medellín, por ejemplo, se estima que aproximadamente el 12% de la población total vive en barrios de crecimiento rápido construidos frecuentemente sobre laderas empinadas, igual que en barrios similares en las laderas de Río o Caracas. Existen indudables problemas y peligros en estas áreas; sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro que visitaron los asentamientos de PRIMED se mostraron más entusiasmados por su nivel y grado de consolidación que los propios oficiales locales. (La discusión no se extendió a las intervenciones y mejoras en alojamientos pobres del centro de la ciudad: conventillos, vecindades, cortiVos).
Es imposible describir adecuadamente todos los programas innovadores presentados en el foro, pero uno de los casos de mayor éxito es el programa Favela/Bairro, del municipio de Río de Janeiro. Este proyecto se basó en la estrecha colaboración con los residentes locales para abrir las calles de sus favelas al acceso vehicular y la instalación de servicios. No obstante, es importante reconocer que el éxito del proyecto ha tenido costos considerables: el gasto total entre 1994 y 1997 fue de 300 millones de dólares, suministrados en gran parte por el BID. Esto plantea serias interrogantes acerca de la capacidad de réplica de este tipo de programas.
Factores de los programas de regularización física:
La Regularización como Medio de Integración Social
Durante las deliberaciones del foro se hizo aparente que un objetivo cada vez más explícito de la regularización es el de alcanzar la integración social a través de la incorporación de la población de bajos ingresos a la mayoría social y a la estructura urbana. Esto se manifiesta con mayor frecuencia en referencia al “rescate” de la población de bajos ingresos y de otros grupos marginales y su incorporación a la ciudadanía urbana. Este ha sido uno de los objetivos primordiales del programa favela/bairro en Brasil, el cual, al menos en parte, estuvo orientado a romper los círculos de delincuentes juveniles y tráfico de drogas, y a rescatar a la población local de su influencia.
Un problema potencial de este enfoque reside en que los conceptos de “buen ciudadano” y “mayoría social” son construcciones sociales que frecuentemente están cargadas de valores y que pueden derivarse a partir de una cierta clase social o un grupo dominante del poder. La regularización con motivos de alcanzar la integración dentro de un amplio marco de oportunidades sociales tales como la educación pública y los servicios de salud es una cosa; la regularización a fin de lograr la convergencia social y la conformidad es otra. Sin embargo, la investigación y la literatura sobre este campo continúan siendo incipientes, y la noción completa de ciudadanía con sus correspondientes derechos y responsabilidades forma parte de una agenda todavía poco considerada.
Conclusión
Este foro internacional hizo énfasis en la necesidad de estar conscientes de las distintas razones subyacentes a la regularización física y jurídica en cada país, y de tomar en cuenta que estas razones se encuentran estrechamente relacionadas con los procesos políticos y de planificación. Para que la regularización funcione bien, debe haber un compromiso político genuino tal que todos los departamentos y oficiales que intervengan lo hagan con la mayor integración, cooperación y autorización. También se necesita pensar creativamente sobre sistemas alternativos, sistemas “paralelos” de propiedad, y sobre oportunidades para la real participación del público en la toma de decisiones en todas las etapas del proceso de regularización.
El compromiso y el sustento financieros también son temas importantes. A menos que la regularización vaya acompañada por la recuperación del costo a largo y mediano plazo a través de impuestos, tasas al usuario y avalúos diferidos, los programas continuarán dependiendo mayormente del financiamiento externo y de subsidios, lo cual limita severamente la extensión y la escala de su aplicación.
La interesante última sesión del foro permitió a los participantes reflexionar sobre las futuras direcciones de investigación y análisis de políticas de regularización del mercado de la tierra. Cinco áreas importantes emergieron de esta discusión. Primero, se reconoció la necesidad de identificar a los diversos actores y grupos de intereses involucrados en la promoción del desarrollo de tierras irregulares o ilegales, para empezar, y de hacer explícitas las diferencias entre invasiones de tierras, subdivisiones de propietarios, subdivisiones de empresas y otras acciones semejantes. Se planteó que la irregularidad es generada por varios actores y grupos de intereses con fines de lucro, y no únicamente el resultado de un proceso disfuncional de urbanización.
Segundo, se discutió la necesidad de alejarse del pensamiento dualista y romper con la definición del concepto del mercado de la tierra en términos de la ciudad formal e informal, la ciudad paralela, o los barrios normales y deficientes, todos los cuales implican que los sectores pobres se encuentran atrapados en un mercado separado. En realidad, hay un mercado único de la tierra que está segmentado, no separado, a lo largo de una continuidad en términos de acceso y capacidad de adquisición.
Tercero, se necesita afrontar el problema de la capacidad de réplica financiera de experiencias exitosas y las formas posibles de obtener financiamiento a través de subsidios internos, plusvalías, tasas de valorización, gastos de impuestos, tasas progresivas de consumo, y otros mecanismos. Cuarto, necesitamos hacernos menos los ciegos ante las diferencias de género. Es importante que pensemos con más imaginación al definir las prioridades de regularización para cada género, y que exploremos esquemas innovadores de programas de títulos que respondan a la necesidad de satisfacer los derechos específicos a la vivienda y al domicilio de la mujer.
Finalmente, necesitamos ser mucho más precisos en nuestra terminología y, más importante aún, reconocer que hay una “construcción social” imbuida en el lenguaje. Los términos adoptados por cada sociedad revelan la forma en que esa sociedad ve y diagnostica la vivienda y los problemas sociales relacionados con ella. La terminología puede conducir a soluciones políticas punitivas o condescendientes, e incluso “criminalizar” a sectores locales de la población. Gran parte de las diferencias y variaciones entre los distintos casos de estudio se derivan de la forma en que cada sociedad construye su percepción del problema de la vivienda y la manera en que esta visión es transmitida a la gente: a través de la terminología, a través de las leyes, los procedimientos y las políticas, y a través de la organización administrativa y burocrática del Estado mismo.
Peter M. Ward es profesor de sociología y asuntos públicos de la Universidad de Texas en Austin, y miembro asociado de la facultad del Instituto Lincoln. Entre sus numerosos libros se incluye una “Metodología para el análisis del mercado de la tierra y la vivienda”, editada conjuntamente con Gareth Jones y publicada por el Instituto Lincoln en 1994.
SHARE
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En abril se reunió en Chile un grupo de expertos, funcionarios y asesores fiscales latinoamericanos que se encargan de monitorear los sistemas de información de los mercados urbanos y publican informes estadísticos sobre el comportamiento del mercado. La reunión, que tuvo la finalidad de facilitar el intercambio de experiencias y explorar planes de cooperación futura, contó con la asistencia de representantes de Ciudad de México; San Salvador, El Salvador; São Paulo y Porto Alegre, Brasil; Montevideo, Uruguay; Santiago, Chile; Quito, Ecuador; y Bogotá, Colombia, como también especialistas del Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP).
La mayoría de las iniciativas surgieron de empresas pequeñas con el objetivo original de obtener información para fines de evaluación de proyectos, requisitos de investigación o análisis de mercados; subsiguientemente se ampliaron a sistemas de gran escala para monitorear diferentes tipos de mercados y regiones geográficas.
Los mercados más frecuentemente estudiados son inmuebles residenciales, industriales y comerciales recién construidos, siendo las variables básicas consideradas, el precio, la ubicación y el tipo de producto. En casos específicos se emplean otras variables para obtener información más precisa sobre cada transacción o cada producto que se envía al mercado. En todos los casos se obtienen los datos estadísticos a partir del mercado formal, aun cuando un estimado de Bogotá indica que dicho mercado representa apenas un tercio de todas las transacciones.
Las más importantes fuentes de datos del mercado son periódicos, revistas o publicaciones especializadas, aunque también se consiguen informaciones útiles a través de permisos de construcción o visitas a obras. En San Salvador, la fuente principal son los datos bancarios sobre préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles.
El área geográfica y el período de computación de las estadísticas varía según el caso; no obstante, todos los sistemas se enfrentan al mismo problema, que es la pérdida de validez estadística al reducirse el tamaño de la unidad de análisis o al acortarse el período. Por otra parte, ampliar el área geográfica significa perder la homogeneidad de barrios bien definidos, y ampliar el marco temporal limita el ajuste fino del estudio.
Las estadísticas generales y las tendencias del mercado aparecen en periódicos y publicaciones especializadas, mientras que boletines periódicos e informes publican estadísticas más detalladas. Los listados de obras nuevas constituyen un mecanismo abierto y útil para corregir la información, dado que cuando un caso no aparece en una lista, el abastecedor es el primero en hacerlo público.
Por los momentos, sólo Brasil y México están gestionando sus sistemas de información con fines de lucro. En otros países, la venta de los datos del mercado apenas cubre los gastos de gestión, pero la diseminación de los datos facilita a consultores profesionales utilizarlos en actividades lucrativas. De tal manera, esta información asiste al sector privado porque aumenta la transparencia de los mercados y ayuda a los empresarios a evaluar proyectos urbanos y definir las tendencias geográficas y económicas. Para el sector público, los datos del mercado facilitan la tasación pública de inmuebles y las actividades de planificación.
Todavía quedan muchos problemas por resolver para poder mejorar la cobertura de las transacciones del mercado urbano, la calidad de la información, el análisis de los datos, y el debate que pueda originar esta información sobre las políticas del suelo urbano. Desde el punto de vista académico, el reto es mejorar el entendimiento del fenómeno observado, mientras que desde la perspectiva profesional, es utilizar la información disponible para mejorar el análisis de los proyectos y ajustar los planos de tasación, a fin de establecer registros más exactos y así optimizar el sistema del impuesto a la propiedad.
Dado que muchas ciudades latinoamericanas carecen de sistemas de monitoreo del mercado urbano, los participantes de este proyecto en curso deben abocarse a encontrar maneras de compartir sus experiencias para aumentar la eficiencia de las operaciones mercantiles y la planificación urbana de la región.
Sobre el autor
Pablo Trivelli es coordinador regional del Programa de Gestión Urbana, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Santiago, Chile. El seminario fue patrocinado junto con el Instituto Lincoln con el proyecto GTZ-MINVU, el Instituto de Estudio Urbanos de la Universidad Católica de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.
SHARE
Global investment, sophisticated communications, and widespread corporate and personal mobility are transforming city regions around the world. Those who focus on urban issues have been arguing for many years that we are seeing the emergence of a new kind of human settlement, with its own distinct social and economic structures and associated physical forms.
The Lincoln Institute’s 1995 Cambridge Conference in September focused on these global forces. The consortium was organized by three research investigators—David Barkin, Gary Hack and Roger Simmonds—to study 12 city regions spread across Europe, Asia and the Americas. While each city offers unique characteristics and exceptions to certain patterns, they all meet the following measurable criteria:
12 Case Study Cities
Using the 12 sites as case studies, the researchers outlined several levels of investigation to assemble a picture of what global city regions look like and why. First, they examined the effects of the global political economy on the growth and development of cities over time. For example, how have the loss of traditional agricultural or industrial economies and the introduction of new players with investment capital changed the ways cities work? How have cities attempted to position themselves in relation to these powerful external forces?
Another research goal was to understand the relationships between changing urban form and regional infrastructure investments, such as transportation systems and new technology centers. How have populations dispersed around new transportation networks and economic centers? How can regional planning efforts influence changes in spatial form and impacts on the environment?
Third, the researchers explored changes in the quality of urban life resulting from the dynamics of globalization. What social and economic problems do urban residents face today? How are their local and national governments attempting to manage these problems?
Prior to the conference, research teams in each of the city regions gathered data to chart the growth and movement of their populations, infrastructure changes, and economic and industrial development over the last three decades. To make the data comparable across national boundaries, they mapped the physical evolution of the 12 city regions in 1960, 1970, 1980 and 1990, and then linked these maps to changes in key economic and social indicators over the same period. Each team also prepared a report on what special issues its government is facing, and how policymakers are attempting to shape the region’s changing spatial form.
A Portrait of Global City Regions
The 12 city regions represented at the conference illustrate substantial variation, but also many common patterns of growth and change. They range in size from about 2 million in Lyon to more than 32 million in Tokyo, the world’s largest city and also one of the wealthiest.
In all of these cities, the predominant pattern of physical growth has been sprawling out from the historic center and adjacent inner ring of development into increasingly distant open space and agricultural land. This dispersal involves both residential and commercial development, though sometimes in different directions. It has been facilitated by sharp increases in the availability and use of automobiles throughout the world. The most dramatic example is Taipei, where the number of autos increased from about 11,000 in 1960 to over 1 million in 1990; the number of persons per auto decreased from 127 to 5 over that period. Ankara and Santiago, at 13 people per auto in 1990, have been the least affected by auto-mania to date.
Even as most cities are spreading out, some inner cores have become more densely populated as wealthier residents and service sector employment have migrated into newly thriving downtowns. Monumental stadiums, convention centers, luxury hotels and residential condominiums have helped to promote tourism and an active cultural life in these central cores. The flip side, however, is increased decay outside the center, as large numbers of poor people are dispersed into areas where public services are often lacking.
The disadvantaged inner cities and wealthy, low-density suburbs of the United States are notable exceptions to this pattern. Cities such as Bangkok and Taipei demonstrate more neighborhood integration of rich and poor than others, but the predominant pattern still shows segmented pockets of wealth and poverty becoming more clearly defined over time.
In the new era of globalization, ironically, patterns of residence are becoming less important than patterns of interaction, as people who participate in the global economy communicate more often with their peers in other cities or countries, electronically or in person, than with people living next door.
Changing demographic patterns have generally slowed urban growth rates to around 3 percent compared to 6 to 8 percent in the 1960s. Most cities have seen decreases in both birth rates and migration from rural areas within the country or immediate region. But political upheavals and changing employment opportunities are also triggering new waves of transnational migration. Many of these newer immigrants settle in their own sections of the city, apart from the indigenous low-income sector, and present a different set of social and economic problems for national and local governments. In San Diego, for example, immigrants from Mexico and Central America contribute to both population growth and increased segmentation within the region. Sao Paulo, on the other hand, has experienced net outmigration as Brazilian policies and programs now encourage decentralization to new communities throughout that vast country.
The composition of economic sectors is quite consistent across countries according to the 1990 data. It generally shows less than 5 percent of the workforce employed in agriculture and resource extraction, 20 to 30 percent in manufacturing and 65 to 75 percent in the service sector. Some interesting exceptions in employment trends are Jakarta, with an agriculture sector rate of almost 16 percent in 1990, and San Diego, with a current service sector share of 83 percent. Bangkok and Taipei show the largest decreases in agriculture, from around 20 percent in 1960 to less than 2 percent in 1990, and both cities remain relatively high in manufacturing in 1990 at 32 and 36 percent respectively.
Income distribution also shows similar patterns across regions, with the bottom 20 percent of the population generally receiving only 5 to 7 percent of total earned income while the top 20 percent of the population earned 40 to 50 percent of income. Santiago, Sao Paulo and Jakarta show the greatest concentrations of wealth at the upper levels, while Tokyo and Taipei, closely followed by Randstad and Madrid, have the least inequality across income levels. San Diego, while relatively high in per capita income, has a mid-range income distribution of 44 percent at the upper end but shows only 4 percent of income earned by the poorest 20 percent of its population.
Contradictions in the Changing Global Economy
Discussion at the conference revealed several new realities about the world in which we live. Perhaps the most important is the difficulty that local and national authorities face in designing effective policies for social and political action to modify the powerful economic forces that are shaping new productive structures in their regions.
A recurrent theme in the regional analyses was the contradiction between highly centralized private investment and sweeping changes resulting from the insertion of the city region into the international economy. In most regions, “elite corridors” of globalization contrast sharply with the disadvantaged “residual city.” These wealthy enclaves accommodate the investments of transnational corporations producing for world markets and are near the residential and shopping areas of those who participate in this economy. In these financial and commercial centers, burgeoning bureaucracies of skilled professionals manage global production and marketing to assure attractive returns to international investors, often ignoring crises in the local economy.
While overall population growth has declined, remunerative employment opportunities have also ceased to grow. Every one of the city regions reported an accelerated shift of its labor force toward poorly paid, part-time jobs in the service sector, with a concomitant imbalance of economic opportunities that condemns a growing proportion of the people to poverty.
This menace is accompanied by shifts in the agricultural sector. Substantial numbers of small-scale rural producers are unable to compete in international markets with large-scale farmers elsewhere who have access to capital for the latest technologies to increase their output. The inexorable process of global expansion is also driving small and medium-scale manufacturing plants from the marketplace.
Most participants at the conference accepted and heartily embraced the new dynamic of globalization. Their governments are working actively to reposition their regions to attract foreign enterprises and real estate developers that promise modernization. They hope to convert their cities into beacons, leading their nations in the worldwide process of integration. Most see their primary task as clearing away the web of regulatory and other obstacles of previous eras, facilitating private initiative by offering (sometimes for free) the land and infrastructure required for new installations.
Many of the cities are targeting their infrastructure investment strategies specifically to expand the service economy. Bangkok, Taipei and Tokyo are working hard to become financial centers for Asia, betting on the demise of Hong Kong as a key competitor. Bangkok in particular is investing in substantial transportation and communications networks and in the education of its labor force to keep pace. In Europe, Madrid is using its role as the world’s center of Spanish culture to enhance its communications services; Randstad is promoting its airport support facilities; and Lyon is becoming an innovative center for emerging technological industries.
Impacts on Regional Development
The case studies and discussions at the conference also identified numerous problems emerging from this enthusiasm for globalization. The complex and disturbing phenomenon of urban sprawl is becoming universal as increased automobile use distributes populations to satellite employment centers and generally reduces the density of regional cities. Two interesting exceptions are Tokyo, whose extensive mass transit system helps to keep economic activity centralized, and Taipei, where mountainous geography constrains outward development. In Randstad, on the other hand, development is rapidly filling in lowland gaps between formerly freestanding settlements, even though the overall growth rate has been quite slow.
Some of this decentralization has been promoted by government efforts to deal with high land prices, traffic congestion or environmental protection. New towns or “science cities” are being built on the outskirts of Santiago, Lyon, Randstad, Taipei, Tokyo and Jakarta, and in Bangkok intensive infrastructure development is creating a new port miles from the city center. In Sao Paulo, strict regulations to protect watershed areas are pushing new development to distant sites.
Generally infrastructure follows development rather than truly shaping it. Private investors are able to respond more quickly to planned growth intentions within their regions than are the public agencies responsible for implementing major infrastructure projects. Thus, private development puts pressure on the public sector to provide services to areas that are already undergoing urbanization. This process has serious implications for long-term regional planning if it continues to be development driven with government playing catch-up.
Another theme that emerged during the conference was an increased consciousness about environmental problems. The accumulation of wealth and the accompanying increase in consumption in most city regions, is creating intense pressures on the environment. With regional integration proceeding apace and deregulation of the economy the order of the day, transnational corporations have great freedom to operate as they wish in the international economy. The participants repeatedly raised the difficulties of confronting these challenges constructively in each of their city regions. Yet, concern for the environment was also seen as the primary motivating factor for undertaking strategic regional planning.
Quality of Life Issues
Globalization offers the promise of greater prosperity. Most cities represented at the conference reported a relative increase in several quality-of-life averages between 1960 and 1990: per capita income, life expectancy and education level. These rising incomes, combined with technological advances that enhance productivity and the wider dissemination of information about goods available in world markets, have allowed city dwellers everywhere to make new choices about their consumer needs. However, powerful global models of organization and production are also imposing new, homogenized consumption patterns that threaten to stifle the extraordinary variety of lifestyles that characterizes most urban regions.
Increased physical mobility, largely achieved through the private ownership of automobiles, has provided many people with more choices about where to live, shop and work. At the same time, commuting times average 45 minutes, ranging from less than 30 minutes in San Diego to more than one and a half hours in Bangkok.
Conference participants agreed that this increased mobility had undermined a previous sense of community, as individuals begin to identify with increasingly dispersed urban places or develop identities that are not based on place at all. The “McDonald’s-ization” of world culture, including music, clothing and architecture, as well as food, was noted by almost every city representative. As markets for consumer goods become global, individuals in many city regions are also beginning to rely on those markets to deliver what were once semipublic services, such as education and recreation.
Changes in the economic function of major cities from manufacturing and shipping to finance and tourism have also caused important losses. Many historic city centers have been commodified for cultural tourism. Buildings or streets originally constructed as factories or warehouses now house retail shops or museums. The original factory workers or longshoremen, who often lived near their jobs, have given way to visitors who travel by car or plane from outside the city or even from other countries to admire buildings that have been restored in form but completely transformed in function. New high-rise office buildings, convention centers, stadiums and luxury hotels are often imposed on the urban landscape, generally with little regard for their spatial and social context.
By some measures of material circumstance the globalization process is encouraging, especially when considering the contributions of medical science and certain basic aspects of education and sanitation that can be made available with relatively inexpensive public investments. The reality, however, is that living standards and employment opportunities are deteriorating for growing segments of the population throughout the world.
Most new urban workers enjoy less security, if also more freedom, than their parents may have experienced as subsistence farmers or plantation laborers. Global information technologies and financial techniques now allow firms to seek out the world’s lowest-cost sites and labor, if necessary shifting jobs from one country to another in a matter of weeks.
The same new information media and transportation options that enable consumers to choose from a wider array of goods, or workers to choose from a wider array of jobs, also let criminals choose from a wider array of potential targets. Some conference participants argued that the perceived decrease in physical security was more apparent than real, especially in the U.S. But the perception itself is clearly driving a worldwide demand for gated or secure housing.
The positive and negative effects of globalization on the quality of life are two sides of the same coin, rather than tradeoffs. The same information technologies and market organization that spread new consumer goods around the world within weeks also transmit new “bads,” such as AIDS. The same automobiles that provide increased access to recreational opportunities in the countryside for city dwellers also produce sprawling cities that parcel out that countryside into private yards rather than scenic vistas of farmland or forest.
Given these contradictions, we must search for alternative models of production and consumption—models that permit people to strengthen their communities and protect their environments, that offer the possibility of creating productive employment for the whole population, and that place limits on the accelerated process of polarization.
The Role of Governance
To what extent are voters in global city regions asking their local, metropolitan or national governments to find ways of eliminating the negative effects of globalization? Conference participants in San Diego, Ankara and Tokyo, for example, reported that local elections are now fought over who benefits from globalization. Those voters who identify more with the global than the local economy demand that governments make high-technology infrastructure investments, build convention centers or stadiums, and promote higher education to attract future jobs.
In contrast, most lower-skilled workers see globalization as more of a threat than an opportunity, and are more concerned with investing limited local resources in such public services as schools and neighborhood clinics. Yet governments that avoid unpopular political decisions by focusing on local services may only be postponing the inevitable impact of globalization, including its potentially long-term beneficial effects.
In the end, the capacity of governments at any level to manage global forces may be limited, however. There is an inherent mismatch between the global economy and government, not only in the spatial sense of local or fragmented governments struggling to master regional or global economic forces, but in the contrasting operating modes of markets and governments.
Globalization has made increasingly problematic the definition of both “the region” that should be planned and “the community” that should participate in those plans. Local governments and even most national governments are losing their capacity to shield local businesses from global competition. In almost every city region represented at the conference, specialized interest groups and nongovernmental organizations have multiplied, while all-purpose governments have begun to fragment and decentralize. Political devolution is most advanced in the United States, but has begun to take hold elsewhere as well.
The tendency of governments of global city regions is to dispense with elaborate spatial planning techniques and instead adjust to what one conference planner called these fundamentally “new rules of property and politics.” But this leaves many contradictions: between the opportunities of the elites and the poor; between the advocates of greater local autonomy and those committed to emerging regional patterns of interdependence; and between policies favoring growth as opposed to redistribution of resources. Without an effective system of governance, all of these dichotomies have the potential for escalating conflict.
SHARE
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Entre 1970 y 1989 se sometieron 17 proyectos de reforma urbana progresista al Congreso de Colombia, pero ninguno fue aprobado debido a la oposición del partido conservador apoyado por el influyente sector privado (formado, entre otros, por la industria de la construcción y promotores inmobiliarios). En 1989, luego de tres años de debates parlamentarios, se aprobó la Ley 9a de reforma urbana a pesar de la oposición de FEDELONJAS, entidad representante de los grupos de urbanización y bienes raíces. Tras la aprobación de la ley, FEDELONJAS presentó una demanda ante la Corte Constitucional por la pérdida de derechos de los propietarios de tierras que no se habían desarrollado durante el periodo definido por el plan maestro (Plan de Ordenamiento Territorial o POT). La corte ratificó la Ley 9a, y el sector de bienes raíces se dedicó a protestar a lo largo y ancho del país por lo que consideraba una expropiación injusta sin compensación. La ley fue tildada de “comunista” y peligrosa para el capital privado vinculado a la construcción y bienes raíces.
A principio de la década de 1990, la ciudad de Cali, con 2 millones y medio de habitantes y un gran déficit habitacional, aplicó la Ley 9a, con su amenaza de apropiación de propiedad, a un gran área de la ciudad cuyas tierras eran propiedad de un pequeño número de terratenientes. En anticipación de los hechos, urbanizadores y constructores de Cali sugirieron que estos propietarios se asociaran para desarrollar una gran cantidad de viviendas de interés social en sus propiedades.
Como resultado de esta experiencia positiva, la Cámara Nacional de la Construcción (CAMACOL, sindicato nacional de la industria de la construcción, incluidos urbanizadores, constructores y promotores de proyectos urbanos) brindó su apoyo a estos procesos de urbanización en otras ciudades, especialmente Bogotá y Medellín. Todo esto preparó el camino de manera tal que en 1997 el sector inmobiliario privado aceptó una modificación mejorada de la Ley 9a a la que se le dio el nombre de Ley 388. Este apoyo ha revolucionado la gestión del suelo urbano en Colombia. La nueva ley concede a las municipalidades la autoridad de gestionar el suelo urbano, promueve el plan maestro (POT), permite la recuperación de plusvalías urbanas y genera instrumentos de reglamentación del uso del suelo.
Para el año 2000, las discusiones ya no se centraban en demandas ni litigios sino más bien en las ventajas de obtener tierra para el desarrollo de proyectos a precios más bajos. Los sectores colombianos de construcción y bienes raíces han entrado al siglo XXI con una actitud proactiva hacia la recuperación pública de los incrementos del valor de la tierra (plusvalías) y otros instrumentos de gestión del suelo urbano. Ahora se entiende que esta legislación facilita tierra para desarrollo, genera arreglos para compartir tierras en grandes proyectos y estimula la producción de viviendas de interés social. Se han moderado los precios del suelo urbano y se ha vuelto más eficaz el uso del capital financiero para la construcción de viviendas en ciudades colombianas. Si bien es cierto que la oposición no ha desaparecido del todo, especialmente en las ciudades de tamaño mediano, también es cierto que ya no tiene la fuerza que tuvo en las décadas de 1970 y 1980.
Esta transformación en la actitud del sector inmobiliario privado ha orientado sus intereses a otros asuntos de índole social y colectiva. Está claro que la tierra es de su propietario, pero también que el derecho a desarrollarla pertenece al público y que puede concederse mediante instrumentos como la participación en plusvalías, la transferencia de derechos de desarrollo o la venta de derechos de construcción. Hoy por hoy las ganancias generadas por el desarrollo del suelo urbano están mejor distribuidas entre tres figuras: el inversionista, el terrateniente y la municipalidad.
Sobre el autor
Oscar Borrero Ochoa, economista y asesor urbanístico privado en Bogotá, fue presidente de FEDELONJAS desde 1981 hasta 1990.
SHARE
Gregory K. Ingram, Director-General, Operations Evaluation at the World Bank Group in Washington, DC, has been appointed by the Lincoln Institute Board of Directors to succeed Jim Brown as president and chief executive officer, effective June 1, 2005.
“I am very excited about joining the Lincoln Institute at an important time in its history. I am impressed by its traditional focus on land and tax policy and its strong programs in the valuation and taxation, planning and development, and international studies departments,” Ingram said. “This opportunity to lead the Institute allows me to draw upon my own interests and expertise in both the substantive areas of urban land markets, infrastructure and property taxation, and the management areas of program evaluation, policy development and research administration.”
Since joining the World Bank in 1977, Ingram has held positions in research, urban development, infrastructure, evaluation, and management, including an early urban research project in Bogotá, Colombia, and more recent research in China. He currently is responsible for evaluating operations, policies and programs at the Bank, the International Development Association, the International Finance Corporation and the Multilateral Investment Guarantee Agency.
Ingram also has served on committees of the U.S. National Academy of Sciences and was formerly associated with the National Bureau of Economic Research. During the 1970s he was a graduate student and faculty member in the Department of Economics at Harvard University, where he taught courses in urban economics, transportation economics and microeconomic simulation models. His involvement with the Lincoln Institute also spans several decades, including participation in the Institute’s World Congress on Land Policy and its Taxation Resources and Economic Development (TRED) conferences.
He has conducted research in the areas of housing and land markets, urban economics, transportation, evaluation, and economic development. Among his many publications are World Development Report 1994: Infrastructure for Development and Evaluation and Development: The Partnership DimensionUrban Studies and Journal of Urban EconomicsEssays in Transportation Economics and Policy and Personal Cars and China.
Ingram holds a Ph.D. in Economics from Harvard University, a B.A. and M.A. in Philosophy, Politics and Economics from Oxford University, and a B.S. in Civil Engineering from Swarthmore College. He and his wife Lee, an educational psychologist, have three adult children. “We look forward to returning to Cambridge and renewing our involvement with the lively academic community there,” Ingram noted.
Kathryn Lincoln, chairman of the Lincoln Institute Board stated, “Greg brings the perfect blend of academic rigor and public policy experience to Lincoln as its next president. His evaluation work at the World Bank will be especially valuable as we continue to develop our own monitoring methods for both program and process. Personally, I look forward to working with him and to this new era for the Institute.”
SHARE
A well-functioning property tax system could offer many benefits to the nations of sub-Saharan Africa. At a time of decentralization, when local governments are being asked to assume new responsibilities for services and infrastructure in such countries as Sierra Leone, South Africa, and Uganda, a dependable and locally administered source of revenue would greatly benefit local democracy and economic development. It could improve the standard of living in local communities on a continent still grappling with abject poverty and poor governance.
SHARE
For many years, researchers have puzzled over the causes and consequences of voter-approved tax and expenditure limits (TELs), a fiscal rule that weakens the ability of elected officials to raise revenues or make expenditures.
SHARE
Cities are both contributors to and victims of global climate change. Delta cities, in particular, have long been recognized as being extremely vulnerable because they are located where the stresses on natural systems coincide with intense human activity.
A number of climate change impacts may affect delta cities, including rising sea levels, infrastructure damage from extreme weather events, the public health implications of higher average temperatures, altered energy consumption patterns, stress on water resources, impacts on tourism and cultural heritage, decreased urban biodiversity, and ancillary effects on air pollution (IPCC 2007). Climate change also may affect physical assets used for economic production and services, as well as the costs of raw materials and inputs, which in turn will affect competitiveness, economic performance, and employment patterns.
China’s remarkable economic growth since the beginning of the country’s reform period in 1978 has concentrated a large share of population and wealth along the coast, especially in three megacity regions: Pearl River Delta, Yangtze River Delta, and Capital Region. While the potential implications of climate change pose a challenge for coastal communities around the world, this geographic concentration of population and economic activity seems disproportionate in China.
Among China’s coastal and delta regions, the Pearl River Delta (PRD) in Guangdong province is an important economic center that includes the cities of Guangzhou, Shenzhen, and seven prefecture-level municipalities. Together with Hong Kong and Macao, the greater PRD area is one of the key megacity regions in the world, but its geography makes it highly vulnerable to sea level rise. Unprecedented economic and urban development, along with the major changes in land use and land cover accompanying that development over the past three decades, has released large emissions of CO2, leading to higher temperatures and more intensive and extreme weather events (Tracy, Trumbull, and Loh 2006). Given the importance of this region to both China and the broader global economy, we take a closer look at the PRD’s contribution to and risks from climate change.
Industrialization and Urbanization
With the establishment of the Shenzhen and Zhuhai Special Economic Zone in 1980, the PRD was among the earliest regions in China to begin to liberalize its economy. Its institutional advantages, combined with its proximity to Hong Kong and Macao, made the PRD the fastest growing region in the world during the past three decades. From 1979 to 2008, the PRD’s GDP grew at 15.6 percent annually in constant prices, outpacing both the national rate of 9.77 percent and the provincial rate of 13.8 percent.
As a result, the delta’s contribution to the share of GDP in China soared from 2.8 percent in 1979 to 9.5 percent in 2008. In terms of total fixed investment, foreign direct investment, exports, and energy consumption, the PRD was one of the most important and dynamic economic regions in China during this period (figure 1).
This rapid development resulted from the dual process of industrialization and urbanization. The region’s secondary and tertiary industries have grown rapidly as primary industry has gradually decreased in relative economic importance, with its contribution to GDP declining from 26.9 percent in 1979 to 2.4 percent in 2008, while the tertiary service sector grew from 27.9 percent to 47.3 percent.
Over the same time, the population increased from 17.97 to 47.71 million residents, reaching an urbanization rate of 82.2 percent in 2008. In terms of land use, areas designated for manufacturing, residential, and commercial uses grew by 8.47 percent annually, increasing from 1,068.7 square kilometers (k2) in 1979 to 4,617.16 k2 in 2008 (figure 2).
Climate Changes
Given these dramatic land use changes and the region’s increased emissions of greenhouse gases, it is not surprising that the PRD has experienced noticeable regional climate changes. The Guangdong Meteorological Administration (2007) reported that the average temperature increase in Guangdong province over the past five decades has been 0.21 °C every 10 years, which is similar to the rate of warming seen nationally in China. Guangdong’s coastal region, especially the highly urbanized PRD, witnessed even greater temperature increases, averaging 0.3 °C every 10 years. The cities of Shenzhen, Dongguan, Zhongshan, and Foshan warmed more than 0.4 °C every 10 years.
After compiling data from 21 meteorological stations in the PRD region, we calculated the average annual and seasonal temperatures during the 1971–2008 period and compared them with the annual temperatures in Guangdong. Our research showed the PRD has experienced significant warming and has been hotter than the entire Guangdong province during the observed period. Since the 1970s, the PRD has seen its average temperature rise by approximately 1.19 °C to 22.89 °C in the most recent decade, with annual average temperatures remaining above the region’s 30-year average temperature of 22.1 °C since 1994 (figure 3).
The winter and autumn seasons saw the most considerable temperature increases, with averages of 24.1 °C in the autumn and 15.2 °C in the winter between 1994 and 2007. These temperatures are significantly higher than their respective 40-year averages of 23.5 °C and 14.6 °C. While not as significant, average spring and summer temperatures in the PRD during the 1997–2007 period were also greater than their 40-year average temperatures of 22 °C and 28.2 °C. This regional warming phenomenon is also seen to a lesser degree in Guangzhou, a populous and characteristic metropolis in the PRD, where average temperatures have risen like those in the greater delta region.
As the PRD’s climate has warmed more quickly than that in the rest of the province, the rapid industrialization and urbanization has generated enormous energy demand from manufacturing industries, transportation, and residential consumers, resulting in greater emissions of CO2 and other greenhouse gases that are contributing to global climate change. The increased concentration of greenhouse gases, both regionally and globally, represents a large latent source of future warming and additional changes.
Impacts of Climate Change
Given its coastal geography and population density, Guangdong is among the most vulnerable of China’s coastal provinces to the sort of meteorological disasters that are expected to increase with global warming. In 2008, Guangdong experienced direct economic losses of 15.43 billion yuan and 73 deaths, accounting for 75 percent and 48 percent of national totals, respectively, as well as the loss of 602 kilometers (km) of land to coastal erosion (table 1). With sea levels in the province having risen by 75 millimeters (mm) during the 1975–1993 period, the China Meteorological Administration’s (2009b) prediction that sea levels will rise a further 78–150 mm between 2008 and 2038 represents a serious threat to coastal infrastructure and communities in the PRD.
Guangdong has long been impacted by marine hazards such as rainstorms, cyclones, and storm surges that have killed hundreds of people, caused serious damage to housing and transportation infrastructure, and impacted farming in the province. In the 1950s, the annual average farming area affected by marine hazards was about 200,000 hectares (ha), which grew to 440,000 ha in the 1960s and 500,000 ha in the 1970s, before jumping to 1,411,000 ha in the 1990s.
In addition to more frequent extreme storm events, instances of drought also have been increasing in the PRD. In the 1950s, the average farming area affected by droughts in Guangdong was 104,000 ha, which grew steadily to reach 201,500 ha in the 1980s, 282,500 ha in the 1990s, and 426,400 ha in the 2000s. Given the expected increases in the frequency of extreme weather events, as well as rising temperatures and sea levels, agricultural and mariculture activities in the PRD will be increasingly vulnerable to future climate change.
Cities in the PRD are particularly susceptible to natural disasters and climate change as they concentrate infrastructure, nonagricultural activities, and population, severely impacting economic activities and daily life. Rainstorms and typhoons occur frequently in the region and typically entail serious damage and huge economic losses. During the 2000–2007 period, for instance, rainstorms and typhoons in Shenzhen caused cumulative direct economic losses of 525 and 277 million yuan respectively, accounting for approximately for 63 and 33 percent of total direct economic losses associated with all meteorological hazards in the city (figure 4).
Meteorological hazards also lead to disruptive impacts on facilities, infrastructure, and transportation. Rainstorms and typhoons impose challenges on urban sewage systems and flood control facilities, while prolonged periods of high or low temperatures exert pressure on urban power supply infrastructure.
In May 2009, Shenzhen experienced an unprecedented rainstorm, with some parts of the city receiving daily precipitation in excess of 208 mm. The storm flooded 40 areas of the city and left 11 areas under at least one meter of water. Two years before, in April 2007, rainstorms flooded the Qinghuhe River in Shenzhen, damaging embankments and toppling power lines. On the other end of the spectrum, in July 2004 Guangzhou suffered a prolonged heat wave that created tremendous demand for electricity. Usage eventually peaked at 8.45 million kilowatts and forced many enterprises to stop production to help conserve power.
Transportation is the lifeline of urban activity and economic production. As two of China’s major population and economic centers, Shenzhen and Guangzhou are particularly important national transportation hubs, and any disruptions from extreme weather events such as rainstorms, typhoons, and flooding have far-reaching effects across the country.
When tropical storm Fengshen landed in Shenzhen on June 24, 2008, the city’s Yantian seaport was forced to close and hundreds of vessels were stuck in port, resulting in huge economic losses. During 2008, four tropical storms and one rainstorm resulted in the cancellation of 249 flights and the delay of 386 other flights at the Shenzhen International Airport, stranding more than 20,000 passengers. In 2009, three major weather events caused the cancellation of 176 flights and the delay of 326 flights, while 4,151 ships were forced to take shelter in Yantian port. As Chinese travelers become more affluent and air travel grows more rapidly, the vulnerability of these cities to disruption by severe weather events is set to increase.
Disruptive Effects of Sea Level Rise
The China Meteorological Administration (2009b) has identified the PRD as one of the country’s areas most at risk from rising sea levels due to its low mean sea level. Previous studies concur that sea levels in the PRD are rising and will continue to do so in the foreseeable future. Figure 5 illustrates the changes in sea level recorded at three tidal gauges (Hong Kong, Zha Po, and Shan Tou) during the 1958–2001 period. Hong Kong recorded a sea level rise of 0.24 centimeters per year (cm/year) during the period, while Zha Po and Shan Tou saw sea levels rise by 0.21cm/year and 0.13cm/year, respectively. Tidal records from six different gauges in the Pearl River estuary show that sea levels have risen at an accelerating rate over the last 40 years.
With the melting of glaciers globally due to climate change, these recent rises in sea level are expected to continue and potentially even accelerate. Li and Zeng (1998) offered three forecasts for sea level rise in the PRD, with 100 cm (high), 65 cm (middle), and 35 cm (low) forecasts by 2100. These predictions have been echoed by similar projections from the Chinese Academy of Sciences (1994), which indicate that sea levels in the PRD would rise by 40 to 60 cm by 2050.
The physical geography and urban development of the delta render it extremely vulnerable to the effects of sea level rise, and many lowland areas are likely to be inundated (Yang 1996). According to calculations by China’s National Marine Data and Information Service, a sea level rise of 30 cm could inundate an area of 1,154 k2 of coast and islands at high tide, with Guangzhou, Doumen County, and Foshan at particular risk (Guangdong Meteorological Administration 2007).
Coastal and river flooding in the PRD is influenced by several factors: rainfall, high tides, high winds, and typhoons and storm surges. The combination of weather and tidal factors that causes water levels to rise by upwards of three meters during tidal cycles is already well known in parts of the Pearl River Estuary (Tracy, Trumbull, and Loh 2006). According to Huang, Zong, and Zhang (2004), the current maximum tidal range increases as one travels up the estuary, from a low of 2.34 meters near Hong Kong to 3.31 meters at Zhewan, before reaching 3.35 meters at Nansha.
Rising sea levels would magnify the effect of storm surges, which already can be dramatic when weather and tidal factors coincide. Analyzing records from 54 tidal gauges across the PRD, Huang, Zong, and Zhang (2004) created predictions for water level rises in different parts of the delta under a number of different flood scenarios. According to the lowest freshwater discharge scenario (2000 m2/s), their simulations show that a 30 cm sea level rise will affect the northwest part of the region most severely and the majority of the area significantly. These researchers also simulated the impacts of a 30 cm sea level rise on the distribution of flood damage based on four freshwater discharge scenarios, showing that as floods increase in severity the size of the areas affected also increases.
Summary and Discussion
Delta cities enjoy locational advantages that make them attractive to both residents and businesses, and thereby lead many delta regions to develop into vital economic cores in many countries. Delta cities, however, are particularly vulnerable to meteorological hazards and are more at risk than inland cities to the existing and anticipated effects of climate change. The Pearl River Delta has witnessed substantial increases in both sea levels and temperatures, greater variation in rainfall, more frequent extreme weather events, and increasing losses from marine hazards.
More frequent meteorological hazards such as flooding from tropical storms and rainfalls have indeed caused disruptive impacts in the PRD: disrupting agricultural and mariculture production, damaging coastal defenses and embankments, destroying houses and facilities, shutting down transportation, and causing the loss of life. Sea level rise resulting from global warming represents a further threat and challenge in many parts of the region. The cumulative impact of these interrelated weather and climate phenomena have increased the costs of development in the PRD substantially. Fortunately, provincial and municipal governments have realized the importance of climate mitigation and adaptation, and are looking to the experiences of other delta cities around the world for valuable lessons about how best to strengthen urban sustainability and resiliency.
References
China Meteorological Administration. 2009a. China marine hazards report 2008. Beijing.
———. 2009b. China sea level report 2008. Beijing.
Chinese Academy of Sciences. 1994. The impact of sea level rise on economic development of the Pearl River Delta. In The impacts of sea level rise on China’s delta regions. Beijing: Science Press.
Du, Yao-dong, Li-li Song, Hui-qing Mao, Hai-yan Tang, and An-gao Xu. 2004. Climate warming in Guangdong province and its influences on agriculture and counter measures. Journal of Tropical Meteorology 10(2): 150–159.
Guangdong Meteorological Administration. 2007. Assessment report on climate change in Guangdong. www.gdemo.gov.cn
He, Canfei, Lei Yang, and Guicai Li. 2010. Urban development and climate change in the Pearl River Delta. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Huang, Z., Y. Zong, and W. Zhang. 2004. Coastal inundation due to sea level rise in the Pearl River Delta, China. Natural Hazards 33: 247–264.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2007. Climate change 2007: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Li, P., and Z. Zeng. 1998. On the climatic and environmental changes in the Pearl River Delta during the last 500 years. Quaternary Sciences 1: 65–70.
Tracy, A., K. Trumbull, and C. Loh. 2006. The impacts of climate change in Hong Kong and the Pearl River Delta. Hong Kong: Civic Exchange.
Wu, Y. and Li, H. 2009. Meteorological disasters and hazard evaluations in Shenzhen since 2000. Guangdong Meteorology. 31(3): 43-45 (in Chinese).
Yang, H. 1996. Potential effects of sea-level rise in the Pearl River Delta area: Preliminary study results and a comprehensive adaptation strategy. In Adapting to climate change: An international perspective, J. N. Smith, et al., eds. New York: Springer-Verlag.
About the Authors
Canfei Heis professor in the College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, and associate director of the Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy. He is also the associate director of the Economic Geography Specialty Group of the China Geographical Society. His research interests include multinational corporations, industrial location and spatial clustering of firms, and energy and the environment in China, and his publications appear in many international journals.
Lei Yang is a Ph.D. student in Shenzhen Graduate School of Peking University.
SHARE
Latin American cities have been leaders in the implementation of bus rapid transit (BRT) systems—a transportation mode often characterized by infrastructure improvements that prioritize transit over other vehicles, provide off-vehicle fare payment, and allow quick vehicle access. More than 45 cities in Latin America have invested in BRT, accounting for 63.6 percent of BRT ridership worldwide.
In Curitiba, Brazil, BRT has been used as a tool to spur development that supports and reinforces the overall transit system. The city introduced exclusive bus lanes in 1972 and encouraged mixed-use, high-density development along the five main corridors that converge in the downtown center and have guided urban growth for decades. Curitiba’s new green line is predicated on similar principles: to encourage urban development that enhances and facilitates transit use. The case of Curitiba suggests that the success of BRT can increase with the presence of concentrated land development along the transit corridor. Other studies have examined whether BRT can actually stimulate land development.
Transit-oriented development (TOD) is the term used to describe development that is compact and has a mixture of land uses, often including residential, commercial, and office uses, as well as high-quality pedestrian environments that effectively connect with transit. Development is considered transit-friendly or transit-supportive because it can concentrate demand along corridors, balance passenger flows, and create opportunities for multimodal travel. U.S. evidence suggests that residents of TODs do use public transportation more than other commuters. Although the majority of TODs are built around rail systems, TOD can be a strategy to complement and build on the strengths of BRT as well.
TOD Typologies
Researchers and practitioners have developed a variety of TOD typologies, but none have focused specifically on BRT. The type of development that could happen around BRT stops is critical for planning development around them, for understanding how TOD fits within a regional growth strategy, for raising awareness and engaging the public, and, ultimately, for increasing the success of the system.
The literature on TOD suggests important potential differences in the characteristics and types of such development. One approach relies on the expertise and experience of planners, architects, and urban designers. Peter Calthorpe (1993) used urbanity to identify urban and neighborhood TODs with such distinguishing features as the quality of transit service, land uses, development intensity, and urban design. The geography of these TODs could vary from greenfield development to infill and redevelopment. A similar typology developed for the state of Florida in 2011 focused on center size (regional, community, neighborhood), but also included another dimension that was specific to the transit mode (Renaissance Planning Group 2011).
Dittmar and Poticha (2004) blended geography and urbanity in their TOD typology that includes urban downtown, urban neighborhood, suburban town center, suburban neighborhood, neighborhood transit zone, and commuter town. The same approach has taken hold in most recent applications of TOD typologies. For example, Sacramento, California, defined TOD as urban core/downtown, urban center, employment center, residential center, commuter center, and enhanced bus corridor (Steer Davies Gleave 2009). Reconnecting America developed a typology for the San Francisco Bay Area that included regional center, city center, suburban center, transit town center, urban neighborhood, transit neighborhood, and mixed use corridor (Metropolitan Planning Commission 2007). In Denver, Colorado, the Center for Transit Oriented Development (CTOD 2008) developed a guide for station area planning that included the addition of a special use/employment district type.
An alternative approach to developing typologies a priori is to use data-grouping techniques to examine existing evidence. For example, a typology of development around 25 rail stations that had integrated development in Hong Kong revealed five types: high-rise office, high-rise residential, large-scale residential, large mixed use, and mid-rise residential (Cervero and Murakami 2009). Another study used cluster analysis to develop a spatial-functional definition of station area types around Phoenix’s light rail lines (Atkinson-Palombo and Kuby 2011). Employment centers, middle-income mixed-use areas, park and ride nodes, high population/rental areas, and areas of urban poverty were the types identified.
A final set of emerging typologies led by CTOD embodies the built environment with an implementation or performance dimension. These typologies often become a two-dimensional matrix, with built environment types in one axis and measures of implementation readiness in the other. Such typologies developed for Portland, Oregon, and Baltimore, Maryland, are used to guide investments and promote policy change and are particularly helpful in raising awareness about the travel benefits of TOD (Deng and Nelson 2012).
Study Cities and Data Collection
To understand the status of BRT-oriented development in Latin America we examined the built environment around BRT stops in seven cities (table 1). We looked for large cities that had BRTs in operation for five years or more and identified the following places: Bogotá (Colombia); Curitiba (Brazil); Goiânia (Brazil); Guatemala City (Guatemala); Guayaquil (Ecuador); Quito (Ecuador); and the São Paulo (Brazil) metro region (ABD Corridor). Together, these cities represent 16 percent of the world’s BRT ridership and 31 percent of Latin America’s BRT ridership. We considered two types of stops: regular stops, which refer to common BRT stops; and terminals, which refer to stops at the end of the line or where significant transfers occur from one BRT line to another. With the help of local planners we identified particular stops that were representative of the entire system, regardless of the development orientation towards BRT. In the end, we identified 51 regular stops and 31 terminals for further examination.
The absence of common data at a high spatial resolution required that we collect data in the field with an environmental audit tool designed for use at the road segment and block levels. A segment was defined as the street between two intersections. The data collection form contained the following fields about the environment:
For regular stops, we examined road segments within 250 meters (m) of the stop. For terminals, we examined the area within 500m. In some instances (seven cases in Guatemala City and one in Goiânia) we examined two stops (instead of one) because of one-way streets that influenced the location of stops along parallel streets. In these cases the area analyzed was slightly larger than 250m. In addition to the audit data, we used some secondary data obtained from local authorities, such as population within each stop area.
Overall, we audited 10,632 segments and 2,963 blocks around 82 BRT stops and terminals. Because the surface area audited among stops was similar, comparisons of segments and blocks per stop provide information about compactness and connectivity in those areas of each city. One stop in Guayaquil had the most segments (102.1), while stops in São Paulo (ABD) had the fewest (43.1). A similar pattern was detected when examining segments per block.
All data were aggregated at the stop level. Data collected at the segment level were aggregated to develop measures of the percentage of segments around a stop with or without a given feature. Data collected at the block level were aggregated to develop measures of the raw number or the density of features around a stop. In the end, we calculated 38 variables characterizing the built environment around each stop.
BRT Stop Typologies
With such a large number of variables (38) and a relatively low number of observations (82), we used exploratory factor analysis to develop a subset of variables and to estimate their factor scores. Factor analysis relies on the correlation of the data to identify groups of variables that are most alike. The 38 variables were reduced into nine factors for further study:
Several observations emerged from examining the factors and their descriptive statistics. First, development intensity around stops seems to be relatively low. For example, only 8 percent of segments have developments of high density, but 31 percent of segments contain low-density development. Second, in the cities studied redevelopment as a strategy to encourage BRT-oriented development seems critical. Only 8 percent of segments had low levels of consolidation and 11 percent of them had vacant lots. By contrast, almost half of the segments had development that was highly consolidated. This result suggests limited opportunities for BRT-oriented development in undeveloped greenfield sites. Third, in terms of parking, it is remarkable that 26 percent of segments had on-street parking and 30 percent had commercial and retail activity with off-street parking. This highlights the challenge of managing parking supply (and demand) and may indicate that the environment around BRT stops often is not as friendly to pedestrians and BRT users as it should.
The performance of each stop on the nine factors was combined with population density and three additional variables that did not correlate with any other variables in an agglomerative cluster analysis to determine which stops could be grouped. The resulting cluster analysis was the basis for the typology, which identified 10 development types around BRT stops (table 2).
When examining the typology by city we find that two stop types capture city-specific factors: Quito’s city center and several stops unique to Guatemala City, which has the newest system among those studied. Its newness and the fact that it serves fairly consolidated parts of the city might explain why the stops cluster together. The other eight stop types represent a broad cross-section of stops across several cities.
Five attributes appear to discriminate among stops: (1) multifamily developments with and without BRT orientation; (2) single-family attached housing, in some cases built informally, and with access to some commercial activity, often away from activity nodes; (3) high population density, supportive pedestrian infrastructure, and access to parks and green spaces, often away from activity nodes; (4) institutional stops with green spaces, not necessarily open to the public; and (5) stops that are saddled with physical barriers set by the convergence of multiple high-volume roads.
The types identified embody a wide range of possible built environments around BRT. The BRT-oriented Satellite Center type, illustrated by Bogotá, contains significant commercial activities, public facilities, parks, and pedestrian amenities while mixing in multifamily residential and single-family attached housing (figure 1). Together, these characteristics come close to the ideal of an urban TOD. Similarly, the type represented by the downtown, city center Quito stop also has many attributes of urban TOD. Whether the presence of these types translates into higher transit ridership remains an empirical question to be tested.
Community Center and Neighborhood Center stops seem to align well with Calthorpe’s (1993) definition of community and neighborhood TODs. Among the cases analyzed, the former type exhibits some single-family attached housing and mixed uses that include institutional uses often aimed to serve proximate areas of the city. Neighborhood centers have a higher intensity of residential development, mostly focused around single-family attached housing. Our Corridor type stops seem consistent with the concept developed for enhanced bus services in Sacramento and San Francisco, although our data can clearly distinguish between corridors that are dominated by institutional uses and others that simply have a broad mix of uses.
Our typology also identified challenges and opportunities to improve the BRT orientation of development. Only the Downtown City Center and the BRT-oriented Satellite Center types provided adequate integration between the pedestrian environment and transit. The Urban Center type, such as in Curitiba, is ripe for improved integration with the BRT because it has the densities and mix of uses to support it (figure 2). The Nexus stop type, as shown in Goiânia, embodies a frequent challenge for local planners (figure 3). Such stops and terminals should be located to facilitate intermodal transfers, but this often sacrifices access by local users and the transit orientation of the stop.
Compared to other typologies, we did not find strong evidence for employment and commuter-based stops. This may be due to the relatively muted role played by mixed land uses among stops, since land uses played a significant role in other typologies. One explanation could be the typically high degree of mixed uses already present in Latin American cities, which contributes to a low degree of variation across stop areas.
In terms of housing policy, the Neighborhood Center and Green Area types contain an interesting combination of distance to centers of activity and low-income housing. Because the stops are far from activity nodes, they are more likely to contain green spaces, affordable housing, and sometimes informal housing. Latin American cities tend to have a fairly strong land price gradient, with areas with privileged access to activity nodes having higher prices than peripheral areas. These two types raise questions over the possible consequences of BRT on exacerbating the segregation of housing and the financial burden of mobility on low-income residents.
Analysis of Stop Types and Planning Visions
Our examination of 82 BRT stops in seven Latin American cities revealed a variety of development patterns. Some types have attributes that are consistent with the principles of TOD. Others are burdened by land uses, road infrastructure, and development characteristics that do not support BRT. Still other types appear to be works in progress, with significant vacant land and development that has not been fully consolidated. Finally, some stops seem to capture urban conditions that arise in many Latin American cities: informal housing distant from activity nodes; large commercial developments, frequently of the big-box type, providing private spaces for public use and commerce; and a relative absence of green spaces open to the public. This information is helpful in facilitating planning for BRT-oriented development given the rapid growth of BRT over the last two decades. Some 146 cities worldwide now have some form of a bus-based priority transit system.
Understanding the type of development that could happen around BRT stops is critical for planning station areas and for identifying how TOD fits within a regional growth strategy. Robert Cervero (1998) argues that a successful urban development vision must precede and guide transportation investments, and that planning is necessary if subcenters around transit stops are to take place. He buttresses his argument with the impressive evidence of Copenhagen, Stockholm, and Singapore, suggesting that efforts to develop regional and station-area visions are critical for the future success of TOD. In fact, the burgeoning TOD typologies in the United States are predicated in part on their ability to support long-term TOD planning. For example, the Denver typology was critical to create a land use vision for its existing and forthcoming light rail station areas.
Visions of what potential future development could take place and where it would occur are central to planning, and are frequently embodied in potential future scenarios that decision makers, the public, and planners must consider. Visionary planning is often a precondition for effective TOD station area planning. The CTOD calls for planning for the plan, involving the public, marketing the project, and creating a regional TOD strategy, all of which necessitate a vision of what development can occur. Visions are particularly powerful to engage the public because they materialize potential outcomes of the planning process and enable a better understanding of the impact of their decisions about density, the mix of uses, and access to station areas.
The next step in our research is to determine the causes of the different development patterns we have identified. In some cases, the environment has changed dramatically with BRT investments, whereas in other cases there has been little change. At play are market and regulatory forces that determine the outcome of development and revitalization. Changing land use regulations, relaxing density caps, or reducing parking requirements are ways to further leverage the development potential of parcels close to BRT or other mass transit stops. This coordinated strategy between land use and transportation is the cornerstone of TOD.
About the Authors
Daniel A. Rodríguez is professor of city and regional planning, adjunct associate professor of epidemiology, and director of the Carolina Transportation Program at the University of North Carolina at Chapel Hill. His research focuses on the reciprocal relationship between the built environment, including bus rapid transit, and the behavior of travelers.
Erik Vergel tovar is a Fulbright scholar and doctoral student in city and regional planning at the University of North Carolina at Chapel Hill. Trained as an architect, he received a master’s degree in urban management and development with distinction at the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) at Erasmus University in Rotterdam, The Netherlands. He researches the relationships of urban transportation (especially bus rapid transit) with affordable housing and land policies.
References
Atkinson-Palombo, C., and M. J. Kuby. 2011. The geography of advance transit-oriented development in metropolitan Phoenix, Arizona, 2000–2007. Journal of Transport Geography 19(2): 189–199.
Calthorpe, P. 1993. The new American metropolis: Ecology, community, and the American dream. New York: Princeton Architectural Press.
Cervero, R., 1998. The transit metropolis: A global inquiry. Washington, DC: Island Press.
Cervero, R., and J. Murakami. 2009. Rail and property development in Hong Kong: Experiences and extensions. Urban Studies 46(10): 2019–2043.
CTOD. 2008. Station area planning: How to make great transit-oriented places. Washington, DC: Reconnecting America.
Deng, T., and J. D. Nelson. 2013. Bus rapid transit implementation in Beijing: An evaluation of performance and impacts. Research in Transportation Economics 39(1): 108–113.
Dittmar, H., and S. Poticha. 2004. Defining transit-oriented development: The new regional building block. In The new transit town: Best practices in transit-oriented development, eds. H. Dittmar and G. Ohland, xiii and 253. Washington, DC: Island Press.
Metropolitan Planning Commission. 2007. Station area planning manual. Oakland, CA. http://ctod.org/pdfs/2007MTCStationAreaPlanningManual.pdf
Renaissance Planning Group. 2011. A framework for transit oriented development in Florida. Orlando, FL. http://www.fltod.com/renaissance/docs/Products/FrameworkTOD_0715.pdf
Steer Davies Gleave. 2009. Sacramento regional transit: A transit action plan. Sacramento, CA: Sacramento Regional Transit.
SHARE
Hace cinco años, Mandy Pumilia, residente de Nueva Orleáns, estaba preocupada por la gran cantidad de estructuras aparentemente deterioradas que existían en su barrio, conocido como Bywater, donde actualmente se desempeña como vicepresidente de la asociación de vecinos. A pesar de todos los esfuerzos realizados con posterioridad a la catástrofe de Katrina, resultaba muy difícil identificar y rastrear las propiedades que verdaderamente presentaban problemas y, además, Pumilia no tenía acceso a los datos municipales que podrían haberle sido de utilidad. En lugar de ello, elaboró su propia planilla de cálculo en Google y la llenó con los resultados de su propia investigación y trabajo de campo. Según recuerda, “fue un proceso arduo”. Y a pesar de sus conocimientos tecnológicos y su determinación, esta tarea sólo fue una solución limitada: no resultaba fácil compartir la información más allá de las personas que ella conocía directamente y, además, estar al día de las audiencias municipales relacionadas con temas de la propiedad era una tarea enorme.
A partir de entonces, la aplicación web BlightStatus (blightstatus.nola.gov) –que se traduciría como “status de deterioro”– se ha convertido en una nueva y valiosa herramienta a la hora de tomar medidas de recuperación en su barrio. Creada en el año 2012 por Code for America, una organización sin fines de lucro especializada en proyectos de código abierto dirigidos al gobierno municipal, BlightStatus facilita a ciudadanos como Pumilia el acceso a datos sobre propiedades, permitiéndoles participar de manera más estrecha en la gestión del deterioro y otros desafíos de planificación. Esta iniciativa llamó la atención de otras ciudades, lo que generó una iniciativa derivada, denominada Civic Insight, que actualmente despliega su tecnología en Dallas, Atlanta, Palo Alto, Sacramento y otros lugares.
En Nueva Orleáns, BlightStatus reúne información sobre inspecciones, quejas relativas a las normas, audiencias, juicios, ejecuciones hipotecarias, etc. Por lo general, estos datos se encuentran encriptados o resulta muy difícil acceder a los mismos; sin embargo, esta aplicación reúne y actualiza la mayoría de los datos a diario. Los usuarios pueden buscar por dirección o utilizar un mapa interactivo para buscar a nivel de barrio o de ciudad. Un aspecto particularmente útil es la función “lista de observación”, que permite a un usuario como Pumilia mantener pestañas abiertas relacionadas con ciertas propiedades específicas y oportunamente envía alertas sobre audiencias o cualquier otra novedad. Pumilia agrega: “Además, me facilita empoderar a otros residentes, por lo que no soy la única persona que posee esta información”.
Cuando otras ciudades conocieron el uso extensivo que Nueva Orleáns hacía de esta aplicación y, como consecuencia, expresaron su interés en disponer de una herramienta similar, Code for America adaptó la tecnología para que pudiera funcionar en cualquier lugar. Tal como lo expresa Eddie Tejeda, uno de los creadores de BlightStatus: “Parecía que habíamos tocado una fibra sensible”. Los aspectos específicos variaban de un lugar a otro, pero la lucha para obtener datos inmobiliarios oficiales era, claramente, una frustración común a todos. Mucha gente quiere información sobre edificios y propiedades, pero lo único que suele estar disponible, según Tejeda, “es realmente muy difícil de utilizar”, ya que profundizar en estos datos requiere conocimientos y experiencia.
Con una inversión de la Fundación Knight, el grupo creó Civic Insight en el año 2013, utilizando el trabajo que habían realizado en Nueva Orleáns como un modelo que pudiera adaptarse a otras ciudades, ya fueran más grandes o más pequeñas, con diferentes necesidades y conjuntos de datos (las cuotas de configuración y suscripción anual varían según la población: aproximadamente de US$1.000 a US$10.000 para la tarifa básica, más un monto de entre 20 y 70 centavos de dólar per cápita). Entre los nuevos clientes, Dallas está resultando ser un caso de estudio particularmente importante. Esta metrópoli en franco crecimiento, que presenta una gran variedad de barrios muy diferentes entre sí –desde los caros y prósperos hasta aquellos con graves problemas económicos–, demuestra que esta estrategia de tecnología de datos de código abierto no sólo sirve en casos selectivos como el de Nueva Orleáns después del huracán Katrina.
La conexión se dio a través de la organización Hábitat para la Humanidad. La delegación que esta entidad sin fines de lucro tiene en Nueva Orleáns ha sido un usuario entusiasta de la aplicación BlightStatus. Los miembros de esta organización hicieron correr la voz a sus colegas en Dallas, ciudad que ha estado luchando por lograr estrategias para utilizar datos con el fin de definir, rastrear y abordar el problema del deterioro y otras cuestiones, como la identificación de propietarios problemáticos. La versión de Blight-Status para Dallas, cuyo lanzamiento fue a finales del año 2014 con datos similares a la información recabada en Nueva Orleáns, incorporará estadísticas adicionales relativas a delincuencia y tributación, ya que los residentes desean acceder a estos datos más fácilmente, como afirma Theresa O’Donnell, directora de planificación municipal que habló sobre la aplicación en la conferencia de Directores de Planificación de Grandes Ciudades organizada por el Instituto Lincoln en Cambridge en octubre de 2014. Según O’Donnell, “a medida que estos programas se configuren y se comiencen a utilizar, podremos contar cada vez más con los ciudadanos para que nos hagan saber si [las medidas que tomamos contra el deterioro] están funcionando o no”.
Atlanta y Sacramento están poniendo en funcionamiento sus propios programas para poder utilizar la aplicación este año, y Civic Insight está tomando medidas para que pueda utilizarse muy pronto en Fort Worth, Texas, y otros lugares. Los objetivos de los clientes no se limitan a los problemas relacionados con el deterioro, según destaca Tejeda, que actualmente se desempeña como director ejecutivo de Civic Insight: en Palo Alto, donde la zonificación, el desarrollo y la construcción son temas candentes, tanto arquitectos como propietarios utilizan la aplicación para mantenerse al día en los procesos de obtención de permisos. Esta flexibilidad es deliberada. Tal como explica Tejeda, “podemos cartografiar con relativa rapidez [datos sin procesar] en nuestra aplicación. El papel que desempeñamos es el de un traductor que interpreta lo que tiene la ciudad y las necesidades de la comunidad” (la aplicación está diseñada también para recibir nuevos conjuntos de datos, y no es de sorprender que ciudadanos activos de Nueva Orleáns, como Pumilia, tengan muchísimas sugerencias que Civic Insight está tratando de incorporar).
Los conjuntos de datos integrales y otras herramientas digitales han servido de guía a los planificadores y otros funcionarios municipales durante años, pero Civic Insight está ahora pensando en dar el siguiente paso lógico. Según Peter Pollock, fellow del Instituto Lincoln y exdirector de planificación de Boulder, Colorado, “tenemos la gran oportunidad de aprovechar estos datos –que, para muchas ciudades, son datos ocultos– y sacarlos a la luz”, de manera que resulten útiles tanto para los ciudadanos como para los planificadores.
Este nivel de accesibilidad es muy importante, ya que los gestores de políticas deben “coproducir la buena ciudad” junto con los residentes, tal como lo expresa Pollock, quien continúa: “Los planificadores tienen la tarea de aprovechar la energía de la comunidad y encauzarla hacia una visión para el futuro”. Esto implica aspectos tales como la zonificación y la obtención de permisos, pero también los referentes al mantenimiento y el cumplimiento de normas. Pollock concluye: “No se trata sólo de construir la ciudad, sino de cuidar y alimentar a la ciudad a lo largo del tiempo”.
Aun así, la propuesta de Civic Insight puede parecer confusa al principio: ¿Cómo se beneficia una ciudad al esperar que los ciudadanos analicen cuidadosamente la información que ya posee? Sin embargo, esa es la cuestión. Poner los datos a disposición de las personas que realmente conocen los barrios donde viven y trabajan equivale a una especie de estrategia de crowdsourcing –o externalización distribuida– para el mantenimiento de la ciudad en lo relativo a la planificación.
Si no, preguntémosle a Pumilia. Esta es la esencia de lo que ella trataba de hacer en Nueva Orleáns hace unos pocos años con su planilla de cálculo casera y muchísimo coraje. Ahora puede monitorear su barrio más fácilmente, y puede además recomendar BlightStatus a otras personas para que puedan también obtener rápidamente la información que necesitan y presionar al municipio para que tome medidas respecto a las propiedades problemáticas.
Mientras hablamos, Pumilia busca unos datos y nos cuenta la historia de una dirección en particular: “Sobre esta propiedad pesan no una, dos, tres, ni cuatro causas, sino ¡cinco!”. En pocas palabras, Pumilia acaba de improvisar un expediente listo para usar sobre el abandono de la propiedad, que ayudó a persuadir a los funcionarios públicos a iniciar un proceso que debería desembocar en la subasta pública de la propiedad.
A veces, Pumilia dice, riendo: “Se necesita la acción de los ciudadanos para animar a la gente a realizar su trabajo”.
Rob Walker (robwalker.net) colabora con Yahoo Tech, Design Observer y The New York Times.
