Topic: Local Government

El alcalde de Boston

El escritorio del alcalde

Construir resiliencia climática en Boston
Por Anthony Flint, February 21, 2020

 

Martin J. Walsh nació y creció en el barrio obrero de Dorchester, en Boston. En su segundo mandato como 54.º alcalde de Boston, se centra en escuelas, viviendas asequibles e inmigración, y muchos otros asuntos. También se convirtió en líder internacional de la respuesta al cambio climático y la construcción de resiliencia, al haber sido anfitrión de una importante cumbre climática en 2018 y formar una coalición de alcaldes dedicados a trabajar en energías renovables y otras estrategias. Juró lograr neutralidad en las emisiones de carbono en Boston para 2050 y lideró Imagine Boston 2030, el primer plan cabal de toda la ciudad en medio siglo, además de la iniciativa Resilient Boston Harbor. Se hizo un tiempo para hablar con Anthony Flint, miembro sénior, y reflexionar sobre su posición de alcalde en medio de la crisis climática actual.

Anthony Flint: Ha sido uno de los alcaldes más activos del país en el apremiante problema del cambio climático. Cuéntenos acerca de sus últimas labores para coordinar acciones. ¿Cómo se siente acerca de que todo este trabajo se haga a nivel local, sin una iniciativa federal?

Marty Walsh: Por primera vez, fuimos anfitriones de una cumbre climática, y trabajamos con alcaldes de todo el país. Fui electo copresidente de América del Norte de C40 [la red global de ciudades dedicadas a abordar el cambio climático], antes de que el presidente Trump se retirara del acuerdo climático de París. Trabajamos con el alcalde [Eric] Garcetti de Los Ángeles y otros para asegurarnos de que las ciudades renueven el compromiso con ese acuerdo. Este es un tema muy importante para el país y para Boston, y es muy importante contar con dedicación y liderazgo. Es una lástima que no hayamos contado con un socio [federal] en los últimos años. Pero seguiremos enfrentando las dificultades y seguiremos pensando en la próxima generación. Lo que deseo es que terminemos por tener un socio federal, y cuando llegue ese momento, no empezaremos de cero.

AF: Hablemos primero de la mitigación. ¿Cuáles son las formas más importantes en que las ciudades pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono? ¿Deberían exigir modernizaciones en los edificios más antiguos, por ejemplo, para que sean más eficientes en el consumo de energía?

MW: Tenemos un programa llamado Renew Boston Trust, que identifica ahorros de energía en edificios que pertenecen a la ciudad. Es importante saber que comenzamos en nuestro propio patio trasero. Ahora hay 14 edificios que se están modernizando: bibliotecas, centros comunitarios, y estaciones de policía y bomberos. Segundo, estamos evaluando la posibilidad de electrificar algunos vehículos. La tercera parte es observar las modernizaciones y las nuevas construcciones, asegurarnos de que lo nuevo se construya bajo mayores estándares de rendimiento, con menos emisiones de carbono. A fin de cuentas, si pensamos en reducir las emisiones de carbono, se trata de 85.000 edificios en la ciudad . . . si queremos llegar a carbono cero para 2050, debemos modernizar esos edificios, los pequeños y los grandes. Y luego está el transporte: que el sistema de transporte sea más limpio y ecológico. Aunque tuviéramos una política nacional más fuerte, son las ciudades quienes al final deben ejecutar las reducciones.

AF: Aunque detuviéramos todas las emisiones de carbono mañana, el planeta aún debería gestionar un importante aumento del nivel del mar, inundaciones, clima volátil, incendios y más, debido a que las temperaturas aumentarán inexorablemente. ¿Cuáles son las labores más prometedoras aquí y en el país para construir resiliencia?

MW: Para Boston, las ciudades de la Costa Este y las propiedades frente al mar, el plan Resilient Boston Harbor establece algunas estrategias buenas. Tenemos 75 kilómetros de costa, y ríos que atraviesan y rodean la ciudad. Hemos observado lo que pasó con la supertormenta Sandy [el huracán en el Atlántico en 2012] y lo que ocurrió en Houston [por el huracán Harvey en 2017], en términos de proteger a la gente ante grandes inundaciones. Tenemos un plan grande para el puerto, pero hay otros vecindarios donde debemos asegurarnos de estar preparados. Estamos haciendo estudios de planificación en todas esas áreas [bajo la iniciativa Climate Ready Boston] para lidiar con el aumento del nivel del mar. Con el tiempo, será un plan ambiental.

Es un asunto de seguridad pública. Se trata de calidad de vida y del futuro de nuestra ciudad. En el pasado, los alcaldes se centraron en desarrollo económico, transporte y educación. Hoy, el cambio climático, la resiliencia y la preparación son parte de la conversación como no lo eran hace 25 años.

AF: En el Instituto Lincoln, estamos convencidos de que se debe con la naturaleza mediante a infraestructura verde e hídrica, y crear nuevas formas de pagarla. ¿También es fanático de este enfoque, desarrollado por los holandeses y otros?

MW: En realidad, Resilient Boston Harbor es un plan de infraestructura verde. Un proyecto que encara eso es Martin’s Park, que lleva el nombre de Martin Richard [la víctima más joven del bombardeo en la maratón de Boston de 2013]. Elevamos partes del parque para evitar que las inundaciones avancen, e instalamos mini pilas y mantos con vegetación reforzados con piedra para evitar la erosión de las mareas altas. Estamos analizando hacer algo parecido en todo el puerto interior. Gastaremos US$ 2 millones en Joe Moakley Park, que es el punto de acceso de las inundaciones a varios vecindarios . . . intentamos reducir todo lo posible los daños a propiedades y la manera en que las inundaciones alteran la vida de las personas. Los terraplenes y otras barreras pueden ayudar a mantener el agua a raya . . . pero hay oportunidades para dejarla pasar y que no se acumule, si ocurre una tormenta muy fuerte.

AF: Además de los nuevos impuestos que se propusieron, ¿apoyaría una disposición de captura de valor por la cual el sector privado contribuya más con este tipo de inversiones públicas masivas?

MW: Además de la inversión privada (necesitaremos más de ella), estamos trabajando con organizaciones filantrópicas para ver si más de ese dinero puede llegar a ese tipo de proyectos. En el presupuesto de este año, dedicamos un 10 por ciento de presupuesto capital a la resiliencia. También estamos pensando en tomar parte de la renta dedicada y llevarla a la resiliencia. Por ejemplo, aumentamos las multas y penalizaciones de estacionamiento. Eso volverá directamente al transporte y la resiliencia, como elevar las calles. Ese es un comienzo. Con el tiempo, dedicaremos más del proyecto a esto. Ojalá en algún momento invierta el gobierno federal. Ahora, están pagando millones y millones en asistencia ante catástrofes. En vez de presentarse luego de que ocurra el evento y la tragedia, yo espero que querrán hacer inversiones antes de tiempo.

AF: Según las proyecciones de que grandes franjas de Boston estarán bajo agua antes de que termine el siglo, ¿puede hacer una reflexión personal sobre esta amenaza a la ciudad que hoy lidera? ¿Cómo llamaría a un mayor apremio por abordar este problema?

MW: Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es gobernar en el presente, y gestionar todas las operaciones cotidianas, pero también es establecer las bases de lo que será nuestra ciudad en el futuro. La infraestructura que construyamos estará aquí en los próximos 50 a 60 años. El plan Resilient Boston Harbor está [diseñado] para lidiar con el aumento del nivel del mar en los próximos 40 o 50 años. Estamos construyendo todo eso con la expectativa de conservar y proteger a los residentes de la ciudad. Espero que, cuando ya no sea el alcalde, el siguiente venga y también quiera invertir. Este es el legado de la ciudad (no diría necesariamente que es el mío): mirar hacia atrás dentro de varios años, que los residentes recuerden el pasado y estén agradecidos por las inversiones y el tiempo que se tomaron los dirigentes en 2017, 2018 y 2019.

Creo que como país no estamos donde debemos estar. Los holandeses y otros países de Europa están adelantados. Entonces, estamos intentando alcanzarlos. Y no vamos a esperar a que la próxima generación intente resolver el problema.

 


 

Anthony Flint s miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y editor colaborador de Land Lines.

Fotografía: El alcalde de Boston, Marty Walsh, habla en los premios anuales Greenovate, que reconocen a los líderes del clima y la sostenibilidad en la comunidad. Crédito: John Wilcox, cortesía de la Alcaldía de la Ciudad de Boston.

A "sold" sign sits on a front lawn in front of a large home.

At What Cost?

Targeted Taxes Pose Challenges to Equity, Economic Growth
By Liz Farmer, January 23, 2020

 

Cities that feel hamstrung by property tax caps are increasingly using alternative approaches to taxing real estate, with the goal of eking out more revenue and, in some cases, changing behavior. But rather than helping city coffers, experts warn, such moves may be more likely to disrupt economic growth, raise equity concerns, and insert instability into the otherwise fairly predictable property tax revenue stream.

In some instances, cities and states are raising so-called “mansion taxes”—transfer taxes on high-value residential real estate—as a way of cashing in on a booming real estate market. Connecticut, which is losing population, even structured its tax to discourage wealthy people from leaving the state. This fall, Boston approved a higher transfer tax rate on residential and commercial property sales over a certain market value. If approved by the state legislature this session, the shift would allow the city to add a local transfer tax of up to 2 percent on sales of $2 million or more. Chicago is considering a similar move, as are several other smaller cities. In other cases, local governments are taxing vacant properties at a premium as a way to nudge owners to lease, develop, or sell. 

Opponents of these alternative taxes say they will discourage the very investment that has benefited the real estate market. Greg Vasil, CEO and president of the Greater Boston Real Estate Board, has warned that increasing the cost of doing business in the city could ultimately backfire by pushing up the cost of rent. Proponents in Boston pitched the recently adopted tax as an issue of fairness: Boston’s booming real estate market has left some behind and made it more difficult to find reasonably priced housing, they say. A high-end transfer tax could raise more than $150 million in any given year that would go toward affordable housing, more than doubling the city’s current funding stream for affordable housing. 

“We want to make sure that everybody in the city can grow with the developers, can grow with people who are building homes,” the bill’s lead sponsor, City Councilor Lydia Edwards, said at the bill signing last year.

But any time taxes are narrowed to specific populations, whether it be smokers, gamblers, or the rich, it is likely that the revenue from that tax will be volatile. The best tax policies—in terms of fairness and revenue stability—tend to be ones that have a broad base and are both limited in exemptions and progressive in nature, says Ron Rakow, a Lincoln Institute fellow and Boston’s former assessing commissioner. Increasing mansion taxes runs counter to that.

“What happens when the market dips?” he said. “Unlike the property tax . . . transfer tax revenue can be really volatile. It’s not unusual to see it drop by half in any given year.”

Targeted taxes also tend to invite taxpayers to game the system or find loopholes, which also lessens their long-term effect. For example, New York state has long had a higher transfer tax rate on properties sold for $1 million or more. But in 2019, the legislature approved an even higher rate for New York City. Before the new rate went into effect that July, Manhattan saw a closing frenzy. According to a report from Douglas Elliman Real Estate, sales from April through June 2019 were up 12.5 percent compared to the same period in 2018, surging by a full 37 percent in the $2 million to $5 million price range. The following quarter, the city’s inventory increased, and sale prices dropped by 12 percent.

In Connecticut, lawmakers added an unusual provision to not only curb evasion, but also encourage these presumably wealthy sellers to make their next home purchase inside state lines: Those who retain their in-state residency for at least three years after a sale become eligible to claim a tax credit against their mansion tax. Whether the lure works remains to be seen—it goes into effect July 2020—but those in the high-end real estate market have still criticized the tax hike, calling it punitive.

Vacancy taxes have drawn similar criticism. Washington, DC, and Vancouver, Canada, already have such taxes, and San Francisco and Oakland, California, and New York City are all considering following suit. 

DC’s tax was created in 2011, and included a tier for vacant properties, taxed at $5 per $100 of assessed value, as well as a higher “blighted” tier taxed at $10 per $100. The blighted tax rate is more than ten times the city’s ordinary property tax rate. The idea was to force absentee landowners into doing something with properties they were neglecting. 

But Lincoln Senior Fellow Joan Youngman notes that there can be many reasons for commercial vacancies, depending on market conditions and the owner’s situation. In some cases, landlords may be seeking creditworthy tenants and long-term guarantees; in others, changing retail patterns may affect the desirability of the location to traditional tenants. Residential vacancies present a different set of issues. “The first step is to understand the market conditions that lead to a pattern of vacancies, and to tailor the most effective response, which might not be through a tax instrument,” Youngman said.

Hartford, Connecticut, a small city dotted with vacant lots, also considered making it more expensive for property owners to hold unused land. But in 2017, Mayor Luke Bronin killed a proposed vacant property tax due to concerns that it would hurt development even more.

Two years later, Bronin was among a group of officials who pushed the state to pass two pieces of legislation that took a more holistic approach to blight for all Connecticut cities. The first targets absentee landlords and speeds up the process of turning vacant properties over to a receiver. The other bill allows cities to establish a land bank to help revitalize properties.

Of course, in the short term, it’s politically easier for officials to pick out one thing they don’t want to happen, and then use taxes to discourage it. And in some places, it’s easier to tax the rich—or at least try to. But Rakow points out that Boston’s property tax structure already is progressive because homeowners are exempt from paying on the first $200,000 in value. That is a significantly greater discount for the average homeowner, compared with wealthy owners of multimillion-dollar homes.

Many cities already have the tools they need to raise property tax revenue without creating a new layer, Rakow adds. Boston, for example, can go to voters and ask them to approve additional revenue above the city’s cap that would be dedicated to affordable housing, or to buffer the general fund budget against instability.

At a minimum, Youngman and Rakow advise proceeding with caution and acknowledging that any revenue impacts from targeting certain property taxpayers are, at best, unpredictable. As Youngman put it, “it’s important not to assume that a new tax is the best way to deal with a land market problem.”

 


 

Liz Farmer is a fiscal policy expert and journalist whose areas of expertise include budgets, fiscal distress, and tax policy. She is currently a research fellow at the Rockefeller Institute’s Future of Labor Research Center.

Photograph: Implementing targeted taxes such as transfer fees on high-end real estate can be alluring to municipalities, but experts warn that these moves can backfire. Creditwww.aag.com via Flickr CC BY 2.0.  

Graduate Student Fellowships

2020 C. Lowell Harriss Dissertation Fellowship Program

Submission Deadline: March 16, 2020 at 6:00 PM

The Lincoln Institute's C. Lowell Harriss Dissertation Fellowship Program assists Ph.D. students, primarily at U.S. universities, whose research complements the Institute's interests in land and tax policy. The program provides an important link between the Institute's educational mission and its research objectives by supporting scholars early in their careers.

For information on present and previous fellowship recipients and projects, please visit C. Lowell Harriss Dissertation Fellows, Current and Past


Details

Submission Deadline
March 16, 2020 at 6:00 PM


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Course

2020 Professional Certificate in Municipal Finance – Phoenix

April 15, 2020 - April 17, 2020

Phoenix, AZ United States

Offered in English


Events in Detroit, Stockton, Flint, and Puerto Rico highlight the severe challenges related to fiscal systems that support public services and the continued stress they face given local governments’ shrinking revenue streams.

Whether you want to better understand public-private partnerships, debt and municipal securities, or leading land-based finance strategies to finance infrastructure projects, this Professional Certificate in Municipal Finance will give you the skills and insights you need as you advance your career in urban planning, real estate, or economic development.

Overview

Created by Harris Public Policy’s Center for Municipal Finance and the Lincoln Institute of Land Policy, this three-day program provides a thorough foundation in municipal finance with a focus on urban planning and economic development. This course will include modules on the following topics:

  • Urban Economics and Growth
  • Intergovernmental Fiscal Frameworks, Revenues, Budgeting
  • Capital Budgeting/Accounting and Infrastructure Maintenance
  • Debt/Municipal Securities
  • Land-Based Finance/Land Value Capture
  • Public-Private Partnerships
  • Cost-Benefit Analysis
  • Fiscal Impact Analysis

Participants will learn how to effectively apply tools of financial analysis to make strategic decisions and gain an improved understanding of the interplay among finance, urban economics, and public policy as it relates to urban planning and economic development.

Upon completion of the program, participants will receive a Certificate in Municipal Finance.

Who Should Attend

Urban planners who work in both the private and public sectors as well as individuals in the economic development, community development, and land development industries.

Cost

Nonprofit and public sector: $1,200
Private sector: $2,250

Space is limited.


Details

Date
April 15, 2020 - April 17, 2020
Application Period
December 20, 2019 - April 2, 2020
Location
11010 N. Tatum Boulevard, Suite D-101
David C. Lincoln Conference Center
Phoenix, AZ United States
Language
English
Number of Credits
15.00
Educational Credit Type
AICP CM credits
Related Links

Keywords

Economic Development, Infrastructure, Land Use, Local Government, Municipal Fiscal Health, Planning, Property Taxation, Public Finance

Course

2020 Professional Certificate in Municipal Finance – Chicago

March 18, 2020 - March 20, 2020

Chicago, IL United States

Offered in English


Events in Detroit, Stockton, Flint, and Puerto Rico highlight the severe challenges related to fiscal systems that support public services and the continued stress they face given local governments’ shrinking revenue streams.

Whether you want to better understand public-private partnerships, debt and municipal securities, or leading land-based finance strategies to finance infrastructure projects, this Professional Certificate in Municipal Finance will give you the skills and insights you need as you advance your career in urban planning, real estate, or economic development.

Overview

Created by Harris Public Policy’s Center for Municipal Finance and the Lincoln Institute of Land Policy, this three-day program provides a thorough foundation in municipal finance with a focus on urban planning and economic development. This course will include modules on the following topics:

  • Urban Economics and Growth
  • Intergovernmental Fiscal Frameworks, Revenues, Budgeting
  • Capital Budgeting/Accounting and Infrastructure Maintenance
  • Debt/Municipal Securities
  • Land-Based Finance/Land Value Capture
  • Public-Private Partnerships
  • Cost-Benefit Analysis
  • Fiscal Impact Analysis

Participants will learn how to effectively apply tools of financial analysis to make strategic decisions and gain an improved understanding of the interplay among finance, urban economics, and public policy as it relates to urban planning and economic development.

Upon completion of the program, participants will receive a Certificate in Municipal Finance.

Who Should Attend

Urban planners who work in both the private and public sectors as well as individuals in the economic development, community development, and land development industries.

Cost

Nonprofit and public sector: $1,200
Private sector: $2,250

Space is limited.


Details

Date
March 18, 2020 - March 20, 2020
Application Period
December 20, 2019 - March 9, 2020
Location
The University of Chicago Keller Center
1307 E 60th St.
Chicago, IL United States
Language
English
Number of Credits
15.00
Educational Credit Type
AICP CM credits
Related Links

Keywords

Economic Development, Infrastructure, Land Use, Local Government, Municipal Fiscal Health, Planning, Property Taxation, Public Finance