El desarrollo humano se ilustra, por lo general, como una guerra entre los objetivos contradictorios de la individualidad y la adecuación. Hacemos todo lo posible por distinguirnos del rebaño, pero nos aterramos ante la perspectiva del aislamiento social. Nuestras ciencias sociales, en especial la economía, presentan conflictos similares. El culto al individuo es un ícono social dominante, y esta dominancia se ve exacerbada por el auge del fundamentalismo económico: la fe incuestionable en los mercados no regulados y la desconfianza concomitante hacia el gobierno y los sistemas sociales. Tomando como punto de partida el concepto de “la mano invisible” de Adam Smith, muchos economistas construyeron sus carreras en la concepción de teorías cuyo fundamento era el individualismo metodológico, la idea de que “los fenómenos sociales deben explicarse como resultado de las acciones individuales, que, a su vez, deben explicarse en referencia a los estados intencionales que motivan a los actores individuales”, según lo expresa la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Estos teóricos preconizaban, de forma unánime, que el hecho de tener individuos y mercados sin restricciones era la mejor manera de lograr los objetivos compartidos de prosperidad y justicia, a la vez que promovían (o evitaban) las políticas públicas respaldadas por este punto de vista.

Simultáneamente, otros economistas de la corriente prevaleciente han advertido de la “paradoja del aislamiento”, una categoría de casos en los que los individuos, actuando en un relativo aislamiento y guiados únicamente por sus propios intereses a corto plazo, generan resultados que, a largo plazo, son destructivos para todos. Algunos ejemplos de esta teoría incluyen las pesadillas del maltusianismo sobre hambre y pestes que detienen el crecimiento de la población, el dilema del prisionero o la tragedia de los comunes (descrita por Garrett Hardin en su ensayo de 1968). Hardin advirtió de los peligros del crecimiento de la población utilizando una parábola sobre la explotación no administrada de tierras de pastoreo de uso común. La inevitable utilización desmedida de las tierras de pastoreo por parte de cada uno de los pastores que desean aumentar su ganado destruiría las tierras, convirtiéndolas en terrenos inútiles para todos. Según Hardin y otros pensadores, la solución radica en alguna forma de acotamiento de las tierras comunes, ya sea mediante la privatización o la propiedad pública, con el fin de establecer mecanismos de coerción que garantice que los individuos se comporten de tal manera que protejan el interés común.

Afortunadamente, la mayoría de los seres humanos no está de acuerdo con la teoría económica y, en lugar de ello, desarrollan sus propias maneras de conciliar estas contradicciones entre la individualidad y la adecuación. Ciertos intelectuales conocidos a nivel público, como Elinor Ostrom, la ganadora del Premio Nobel de Economía en 2009 (y la única mujer que obtuvo este galardón), han ampliado nuestros conocimientos respecto a las formas en que intentamos mediar entre estas dos tendencias tan humanas. Lo hacemos a través de las instituciones, descritas como grupos de seres humanos que se organizan voluntariamente para aprovechar los beneficios del esfuerzo individual, a la vez que evitan los inconvenientes provocados por individuos aislados que actúan sin control. Según Ostrom y otros pensadores, los diferentes tipos de acuerdos institucionales (organizaciones formales, normas de trabajo, políticas públicas, para nombrar sólo algunos) surgen orgánicamente para evitar que se produzcan situaciones indeseadas, tales como la tragedia de los comunes. En este número de Land Lines, presentamos las historias de algunas de estas decisiones institucionales que se tomaron para protegernos de nosotros mismos o crear beneficios mutuos. En nuestra entrevista a Summer Waters, del Sonoran Institute (pág. 34), aprendemos acerca de los esfuerzos realizados para promover la economía y proteger la ecología en la cuenca hidrográfica del río Colorado y para reintroducir el flujo de agua dulce en el delta del río.

Recién hemos comenzado a estudiar los sistemas que surgen orgánicamente para administrar los recursos comunes, pero aún sabemos mucho menos sobre la manera de crear dichos recursos. Y esto puede deberse a nuestra tendencia a tratar los recursos comunes como si fueran maná, es decir, como si vinieran del cielo, y no creados por la mano humana. No obstante, según informa Tony Hiss (pág. 26), miles de personas se han unido voluntariamente para crear nuevos recursos comunes: cientos de miles de hectáreas de tierra conservadas para proteger grandes ecosistemas, salvar el hábitat de especies en peligro de extinción, brindar espacios verdes a los habitantes de zonas urbanas muy densas y alcanzar muchos otros objetivos a largo plazo. Desde el punto de vista de los economistas ortodoxos, el mundo se ha vuelto loco. No sólo los individuos que antes actuaban aisladamente ahora lo hacen con el fin de evitar la tragedia de los comunes sino que también están tomando medidas para crear nuevos recursos comunes.

La educación pública es otro de los recursos comunes creados por el hombre, como lo son la mayoría de los bienes públicos. Nos organizamos y autoimponemos tributos para sustentar esta institución de capital importancia y, con el tiempo, debemos revisar las formas como la administramos y mantenemos, al igual que con cualquier otro recurso común. En este número de Land Lines, Daphne Kenyon y Andy Reschovsky ofrecen una mirada a los diferentes tipos de análisis de los desafíos que enfrentan las ciudades para financiar sus escuelas, así como también algunas ideas para abordar dichos problemas (pág. 39). Además, en el artículo sobre las estrategias de las instituciones “ancla” de Beth Dever y otros (pág. 4) también examinamos de qué manera las universidades y los hospitales pueden trabajar junto con los barrios y ciudades a fin de lograr objetivos de colaboración que los beneficie mutuamente.

Para algunos economistas, la creación de nuevos recursos comunes resulta una imposibilidad teórica. En su primer libro, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (La lógica de la acción colectiva: Los bienes públicos y la teoría de grupos), Mancur Olson propuso la hipótesis de que las personas soportarán las complicaciones derivadas de actuar conjuntamente sólo si existe un incentivo privado suficiente; además, ningún gran grupo de personas llevará a cabo medidas colectivas a menos que se vea motivado por una ganancia personal significativa (ya sea económica, social o de otro tipo). Evidentemente, se ha producido una colisión entre la teoría y la práctica, y el impacto de la misma es muy profundo y lo seguirá siendo. Tal como señala Hiss en su ensayo sobre conservación de grandes paisajes: “Lo primero que crece no es, necesariamente, el tamaño de la propiedad a proteger, sino la posibilidad de tomar medidas, algunas grandes y otras pequeñas, para marcar una diferencia perdurable en el futuro de la biósfera y sus habitantes, entre ellos la humanidad”.

Sin embargo, esto no termina aquí. En los Estados Unidos, bastión del mercado libre, unos 65 millones de ciudadanos pertenecen a comunidades con un interés común, tales como condominios y comunidades de propietarios, según señala Gerry Korngold (pág. 16). Un 25 por ciento de la nación ha limitado voluntariamente su propia autonomía con el fin de proteger y preservar los intereses comunes. Tal como subraya Korngold, este hecho no hubiera sorprendido a Alexis de Tocqueville, quien describió a los Estados Unidos como “una nación de personas que se agrupan”. En su obra Democracy in America (La democracia en América), de 1831, Tocqueville escribió: “Muchas veces he admirado la gran habilidad con la que los habitantes de los Estados Unidos logran proponerse un objetivo común al esfuerzo de muchos hombres y, como resultado, hacer que dichos hombres se alisten voluntariamente a su concreción”. Tal vez sea el momento de organizar un culto a la acción colectiva para celebrar las cosas increíbles que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Es posible que descubramos que las políticas, prácticas, organizaciones e instituciones que creamos con el fin de mediar en nuestra guerra interna entre la individualidad y la adecuación han contribuido más al avance de la humanidad que los logros individuales que solemos celebrar.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Durante la última década, el autobús de transporte rápido (BRT, por sus siglas en inglés) ha revolucionado la planificación del transporte regional en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo. El BRT pasó de ser una opción de transporte marginal utilizada en unas pocas ciudades de Brasil y Australia a convertirse en una importante alternativa de transporte masivo para los gobiernos locales y nacionales.

El BRT no es un concepto único, sino que engloba una variedad de aplicaciones diseñadas para mejorar el nivel de servicio que proporciona el transporte masivo en autobús ofreciendo movilidad de forma económica y cómoda, similar a la que ofrece el ferrocarril urbano (Wright y Hook 2007, 11). Se basa en mejoras coordinadas en tecnología, infraestructura y equipamiento para conseguir un servicio de calidad (Oficina General de Cuentas de los Estados Unidos 2001). Desde el punto de vista operativo, las aplicaciones del BRT incluyen autobuses con derecho de paso exclusivo, con estaciones dedicadas y abono de tarifas previo al abordaje, o autobuses que transitan por carriles de tráfico mixtos en las principales arterias de la ciudad.

Podría afirmarse que el concepto del BRT que goza del mayor reconocimiento es la provisión de un derecho de paso exclusivo para el transporte en autobús unido a la alta frecuencia del servicio. En Sudamérica, los sistemas BRT de Curitiba, en Brasil, y Bogotá, en Colombia, integran redes de carriles dedicados al uso exclusivo de autobuses articulados de gran capacidad, con embarque y desembarque rápido.

Doce ciudades latinoamericanas, tres australianas, siete estadounidenses, ocho asiáticas y dieciocho europeas han implementado sistemas BRT. En algunas los sistemas son completos mientras que en otras son líneas únicas. También hay sistemas actualmente en construcción en todo el mundo, como en Dar es Salaam en Tanzania, Jinán en China, Bolonia en Italia, Mérida en Venezuela y Auckland en Nueva Zelandia. En marzo de 2007, GTZ, la empresa federal de desarrollo de Alemania, estimó que había al menos 27 ciudades con procesos activos de planificación de sistemas BRT, mientras que 14 sistemas estaban considerando su ampliación (Wright y Hook 2007).

El extraordinario éxito del BRT se debe en parte a la relación costo-efectividad y a la relativa flexibilidad de la inversión necesaria. Los sistemas BRT a menudo pueden transportar tantos pasajeros como los sistemas de ferrocarril urbano convencionales pero por una fracción del costo. Los sistemas BRT también son comparables a los sistemas de ferrocarril tipo metro, excepto en situaciones de muy alta demanda de pasajeros, superior a los 50.000 pasajeros por sentido y por hora. Igual que en el ferrocarril urbano, no obstante, la relación costo-efectividad del BRT se apoya en la capacidad de disponer de usos del suelo que concentran la actividad a lo largo de corredores del sistema. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los sistemas BRT se han construido en corredores con una demanda comprobada.

INVERSIÓN EN TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN/REURBANIZACIÓN DEL SUELO

También resulta plausible que los sistemas BRT puedan atraer una urbanización densa que a su vez mejore el sistema BRT en el futuro. Esta conexión recíproca entre inversión en BRT y urbanización ha sido el puntal del éxito en Curitiba. A pesar de la importancia de esta conexión para la viabilidad futura y la relación costo-efectividad de los sistemas BRT, aún disponemos de poca evidencia empírica. Dado el elevado número de ciudades que están considerando la construcción de nuevas líneas BRT o la ampliación de sus sistemas, resulta crucial comprender si se producirán cambios en la urbanización del suelo a fin de prever los beneficios del sistema y poder estimar el impacto fiscal de la inversión.

La teoría económica urbana proporciona un punto de partida para explicar cómo la inversión en transporte puede influir en la urbanización o reurbanización del suelo. Se espera que tal inversión proporcione beneficios de accesibilidad a quienes se ven afectados positivamente a través de la disminución del tiempo de desplazamiento que les brinda la inversión.

En un mercado del suelo metropolitano, se espera que la inversión en transporte proporcione ventajas en cuanto a accesibilidad a los terrenos cercanos a la inversión en comparación con los terrenos relativamente poco afectados por dicha inversión. Puesto que el número de terrenos que se benefician de las mejoras de accesibilidad es limitado, se espera que las familias y las empresas que valoren tales beneficios en un mercado competitivo estén dispuestas a pagar más por las propiedades que ofrecen buen acceso que por otras propiedades, suponiendo que las demás condiciones son iguales. En este sentido, los beneficios de acceso que ofrecen las inversiones en transporte, de existir, se capitalizarán en el valor de las propiedades.

La capitalización de los beneficios de accesibilidad estimula la urbanización potenciando el atractivo de los terrenos para su urbanización o reurbanización. Los terrenos que anteriormente no eran considerados candidatos preferenciales para la inversión inmobiliaria se tornan más atractivos después del anuncio o implementación de la inversión en transporte. Por otro lado, un terreno ya urbanizado o en fase de planificación puede urbanizarse más intensivamente como resultado del aumento de valor. Esta relación es la piedra angular de la urbanización enfocada hacia el transporte (ver la Figura 7.5.3.1 en anexo).

Además del potencial urbanizable propiciado por la inversión en transporte, los aumentos en el valor del suelo también son relevantes para las finanzas municipales y la financiación de proyectos específicos. El éxito de instrumentos locales como la financiación mediante incrementos impositivos (Tax Increment Financing, o TIF) y la recuperación de plusvalías depende del valor del suelo y de los cambios de urbanización asociados al proyecto.

EL SISTEMA TRANSMILENIO DE BOGOTÁ

Bogotá, la capital de Colombia, tiene aproximadamente 6,8 millones de habitantes que ocupan aproximadamente 29.000 hectáreas de suelo urbanizado (Alcaldía Mayor de Bogotá 2003). Antes de TransMilenio, todo el transporte público de Bogotá lo proporcionaban choferes de autobús privados organizados en empresas o asociaciones, las cuales añadían o cancelaban servicios con poca supervisión por parte del gobierno. Los ingresos para los choferes del autobús estaban basados exclusivamente en las tarifas pagadas por los pasajeros, lo que provocaba una intensa competencia entre los conductores. Este marco operativo tuvo un costo social considerable, en congestión, calidad inadecuada y falta de seguridad (debido a la escasa inversión en mantenimiento de los vehículos). En 1999 los residentes experimentaban velocidades medias de desplazamiento en los autobuses de sólo 9 km/h durante el período de máxima actividad del día.

A finales de la década de 1990, preocupado por una oferta excesiva de capacidad del transporte, malas condiciones ambientales y de seguridad y velocidad decreciente de los autobuses, el gobierno municipal invirtió en una amplia red BRT, pero ésta cubría únicamente las zonas con alta demanda de transporte público. Las zonas de la ciudad donde no llegaba el BRT continuaron servidas por las asociaciones originales, y siguieron sufriendo el efecto medioambiental y de tiempo. La inversión en BRT, TransMilenio, formaba parte de una estrategia integrada más amplia para abordar los problemas de movilidad, reclamar los espacios públicos para los peatones y aumentar el acceso a zonas verdes.

TransMilenio se ha implementado en dos fases, con una tercera fase actualmente en proceso de diseño. La primera fase se planificó en 1998, se construyó en 1999–2000 y entró en funcionamiento en diciembre de 2000 en dos corredores. La segunda fase, que comenzó a funcionar a finales de 2003, añadió tres corredores más de forma paulatina. Todas las fases se han implementado a través de un exitoso acuerdo entre entidades públicas y privadas: el gobierno financia la infraestructura y supervisa las funciones de planificación a largo plazo, y las empresas privadas licitan la operación de conjuntos de rutas o zonas de influencia.

El sistema comprende una infraestructura especializada, que incluye carriles exclusivos para ofrecer una capacidad de alto servicio, estaciones de embarque cerradas y una flota racionalizada de autobuses articulados con sistema de cobro de tarifas en plataforma previo al embarque. Un servicio coordinado con rutas alimentadoras permite acceder a TransMilenio desde vecindarios alejados de la ruta del autobús. A noviembre de 2007, el sistema tenía 114 estaciones, operaba más de 1.000 autobuses y realizaba más de 1,4 millones viajes en sentido único por día a una velocidad media de 27 km/h.

Considerado como un excelente ejemplo de sistema BRT, el caso de Bogotá ilustra la transformación de corredores de transporte tradicionales afectados de una seria contaminación, problemas de seguridad y un entorno poco atractivo en un nuevo sistema que ofrece tiempos de desplazamiento considerablemente menores, menos ruido y menos emisiones de gases de efecto invernadero (Cain y col. 2006).

IMPACTO DE TRANSMILENIO SOBRE EL VALOR DEL SUELO

TransMilenio ha sido el centro de atención de al menos cuatro estudios que relacionan el valor del suelo con el sistema BRT (ver recuadro en anexo). Aunque la evidencia hasta la fecha sobre la relación entre TransMilenio y el valor de las propiedades inmobiliarias ha resultado útil, su capacidad para influir en las políticas sigue siendo limitada. Por ejemplo, estos estudios se basan en datos transversales, por lo que resulta imposible identificar si el sistema BRT produjo el cambio en el valor del suelo, o si los planificadores fijaron las estaciones en lugares que ya eran bien valorados por los residentes. Asimismo, a pesar del interés por parte de los gobernantes en ampliar los sistemas BRT establecidos y en buscar formas de financiarlos, ningún estudio ha examinado si estas ampliaciones traen beneficios a las propiedades que ya disfrutaban del servicio del BRT.

Utilizando los datos sobre los precios pedidos por las propiedades anteriores y posteriores al TransMilenio, examinamos si los precios cambiaron a medida que se ampliaba el sistema. Comprender en qué medida han cambiado los precios en Bogotá es particularmente importante dada la extensa experiencia del gobierno colombiano con los instrumentos de recuperación de plusvalías del suelo y el aumento del interés por encontrar nuevas fuentres de financiación para futuras ampliaciones del BRT (Furtado 2000).

Nuestros datos se tomaron de una muestra de propiedades en la zona metropolitana de Bogotá entre 2001 y 2006. La fase II de la ampliación del TransMilenio, abierta al público en diciembre de 2003, proporcionó el escenario del estudio. En el análisis utilizamos propiedades unifamiliares ubicadas en un radio de 1 km del sistema BRT que se beneficiaron de la ampliación del sistema de una o dos formas: obteniendo acceso local a TransMilenio gracias a la ampliación, u obteniendo acceso regional gracias al mayor alcance de la red, lo que denominamos “efecto de la red”.

Para medir los efectos de la red utilizamos propiedades que anteriormente sólo tenían acceso local a una estación de TransMilenio, pero que ahora se benefician del mayor alcance del sistema BRT. Por otro lado, las propiedades que no tenían acceso local a TransMilenio antes de diciembre de 2003, pero que también se beneficiaron de la ampliación, sirvieron para examinar los efectos del acceso local (ver Figura 7.5.3.2 en anexo).

Todas las propiedades susceptibles de verse afectadas por TransMilenio se consideran pertenecientes a zonas de intervención de acceso local o del efecto de la red. Sin embargo, puesto que los valores de las propiedades cambian de antes a después de la intervención por razones diferentes a los cambios producidos por TransMilenio, también incluimos propiedades dentro de una zona de control que no se benefició directamente de ninguna de las inversiones de TransMilenio, ni de otras inversiones en rutas para bicicleta o en parques importantes.

La estadística descriptiva simple tanto de ambas zonas de intervención como de la zona de control muestra que las propiedades dentro de la zona de efecto de la red eran más caras que las situadas en las otras dos zonas, tanto antes como después. Las propiedades de la zona de acceso local tenían precios similares a las de la zona de control, antes y después. Asimismo, los precios pedidos aumentaron en índices diferentes. Respecto de las propiedades dentro de la zona de efecto de la red, los precios aumentaron un 5,1 por ciento, en comparación con un 9,5 por ciento para las propiedades dentro de la zona de acceso local y un 7,7 por ciento para las situadas en la zona de control durante el mismo período. No obstante, estas diferencias pueden resultar engañosas, porque las propiedades ofrecidas en el mercado pueden haber sido diferentes antes y después de la intervención.

Por ejemplo, la zona de control tenía un índice considerable de usos industriales (22,7 por ciento) y terrenos vacantes (14,1 por ciento) comparada con las otras dos (zona de efecto de la red: 0,5 por ciento de uso industrial y 0,8 de terrenos vacantes; zona de acceso local: 13,7 por ciento de uso industrial y 7,0 por ciento de terrenos vacantes), aunque la densidad de población es similar. Las zonas de acceso local y de control tienen poco o ningún uso comercial, mientras que la zona de efecto de la red tiene una mezcla más homogénea de usos residenciales y comerciales. Por tanto, fue necesario un análisis de regresión para ayudar a aislar la variación de precio identificada de los efectos de la presión inflacionista, las diferencias en la oferta de vivienda o el efecto de la ampliación de TransMilenio sobre el precio de la vivienda. Nuestros modelos corrigieron además la correlación existente para las propiedades que están más juntas desde el punto de vista espacial, con respecto a las que están más distantes.

Cambios en el valor de las propiedades en las zonas con servicio BRT

Los hallazgos de nuestro modelo de regresión para la zona de efecto de la red con respecto a la zona de control mostraron una evidencia uniforme de que los precios en 2001 y 2002 eran similares entre la zona de intervención y la zona de control, sin que se produjera una apreciación. Sin embargo, detectamos una apreciación positiva uniforme en la zona de intervención desde el año 2003 en adelante, con respecto a la zona de control.

Los precios pedidos por las propiedades resultantes según las estimaciones se muestran en la Figura 7.5.3.3 (en anexo), creada mediante una simulación basada en coeficientes estimados y en su matriz de varianza-covarianza. Los valores representan una propiedad de entre 10 y 20 años de antigüedad, con todas las demás variables establecidas en sus valores medianos, variando el año de 2001 a 2006.

Las propiedades de la zona de intervención se apreciaron antes y en mayor grado que las propiedades de la zona de control. La Figura 7.5.3.4 (en anexo) muestra el cambio en los precios entre la zona de intervención y la zona de control en términos de porcentaje. El pico de precios de 2003 en la zona de intervención puede ser el resultado de la previsión de los propietarios ante la expectativa de apertura de la ampliación del sistema BRT, o de otros cambios en el submercado inmobiliario que nuestras variables no tuvieron en cuenta. Aunque se han documentado efectos similares de previsión de extensión de transporte masivo en otros lugares (Knaap, Ding y Hopkins 2001), no se ha examinado ni documentado ninguno de ellos para los efectos de la red que crean dichas ampliaciones.

Cambios en el valor de las propiedades en las zonas sin servicio del BRT

Los hallazgos de nuestro modelo de regresión para la zona de acceso local con respecto a la zona de control arrojaron una evidencia mixta de aumento de los precios en zonas que anteriormente no estaban servidas por el sistema BRT. En algunos casos (dependiendo del modelo especificado) los precios en la zona de intervención eran superiores a los de la zona de control para las propiedades ofertadas en 2001, 2003, 2004 y 2006. Otros modelos mostraron relaciones menos consistentes. Una prueba de los coeficientes correspondientes al período anterior y del coeficiente del período posterior no muestra una diferencia simultánea en los precios de las propiedades.

EL RESULTADO NETO: TRANSMILENIO Y LOS VALORES DE LAS PROPIEDADES

En general nuestros resultados dibujan un panorama mixto de apreciación como consecuencia de las ampliaciones del BRT. Por un lado, la evidencia sugiere la apreciación de las propiedades que ya estaban servidas por el BRT, puesto que también se beneficiaron de las ampliaciones. La plusvalía estimada del precio pedido por las propiedades se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, aunque la apreciación comenzó un año antes de inaugurarse la ampliación. Esto resulta significativo, dado que sabemos poco acerca de la magnitud potencial de estos efectos. En contraste, encontramos poca evidencia de aumento de los precios de las propiedades situadas a lo largo del corredor que anteriormente no tenía una estación local de BRT, pero que ahora recibe servicio gracias a la ampliación.

No podemos afirmar sin lugar a equívocos que los aumentos de precio fueron el resultado de la ampliación del BRT, porque podrían deberse a variaciones en el submercado inmobiliario local. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá resurgió de una profunda recesión que terminó a principios de 2000. Si los efectos de la recesión no fueron uniformes en todos los vecindarios, es posible que eso explique el diferencial encontrado. Además, es posible que las propiedades que ya disfrutaban del servicio del BRT simplemente estaban capitalizando los beneficios de la inversión original realizada apenas cuatro años antes.

Otras explicaciones posibles de los resultados que quizá interesen a los planificadores que estén considerando hacer inversiones en BRT incluyen la cronología de los efectos. La capitalización de los beneficios de las ampliaciones del BRT puede tardar tiempo en materializarse. Nuestro análisis cubre solamente hasta tres años después de la inauguración de la ampliación, pero el impacto de los proyectos de transporte tiende a tardar más tiempo. Una explicación relacionada es que las propiedades también se aprecian ante la expectativa de la inversión en transporte, más que cuando se inauguran las ampliaciones.

También es posible que los efectos difieran en los vecindarios de cada zona estudiada. Aunque utilizamos propiedades en un radio de 1 km de una estación de BRT (la zona de influencia identificada por los planificadores locales en sus estudios de viabilidad de TransMilenio), es posible que los precios aumentaran, pero sólo para un subconjunto de propiedades (por ejemplo, las más próximas a una estación). Por último, es probable que el efecto sobre el valor del suelo derivado de la inversión pública en transporte sea diferente para las propiedades comerciales, las viviendas unifamiliares y las multifamiliares. Se han detectado aumentos en el precio de los espacios comerciales en otras ciudades (Cervero y Susantono 1999; Cervero y Duncan 2002).

No existe una forma sencilla de examinar sin ambigüedades los efectos sobre el valor del suelo derivados de la inversión pública en transporte. En este estudio, hemos intentado profundizar en el tema sobre la base de otros estudios y superar sus limitaciones. Nuestras conclusiones revelan una cierta promesa para la financiación de infraestructura a través de las plusvalías que puede crear. Pero perduran ciertas ambigüedades y advertencias que no son fáciles de resolver. Mientras tanto, los encargados de tomar decisiones seguirán explorando soluciones para las opciones de transporte masivo y las formas de financiarlas, y el sistema BRT contribuirá a abordar la acuciante necesidad de movilidad en las ciudades de todo el mundo.

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. 2008. Población por localidad. Alcaldía Mayor de Bogotá 2003. http://www.bogota.gov.co/galeria/cifraspoblaciondelocalidades1973a2003.pdf

Cain, A., G. Darido, M. R. Baltes, P. Rodríguez, and J. C. Barriors. 2006. Applicability of Bogotá’s TransMilenio BRT system to the United States. Tampa, FL: National Bus Rapid Transit Institute.

Cervero, R., and M. Duncan. 2002. Transit’s value-added: Effects of light and commuter rail services on commercial land values. Transportation Research Record 1805:8–15.

Cervero, R., and B. Susantono. 1999. Rent capitalization and transportation infrastructure in Jakarta. Review of Urban and Regional Development Studies 11 (1):11–23.

Furtado, F. 2000. Colombia: Economic aspects of the country’s land use. American Journal of Economics and Sociology, 59 (5):97–110.

Knaap, G. J., C. R. Ding, and L. D. Hopkins. 2001. Do plans matter? The effects of light rail plans on land values in station areas. Journal of Planning Education and Research 21 (1):32–39.

Mendieta, J. C., and J. A. Perdomo. 2007. Especificación y estimación de un modelo de precios hedónico espacial para evaluar el impacto de Transmilenio sobre el valor de la propiedad en Bogotá. Bogotá, Colombia: CEDE.

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Perdomo, J. A., J. C. Mendieta, C. A. Mendoza, and A. F. Baquero. 2007. Investigación sobre el impacto del proyecto de transporte masivo Transmilenio sobre el valor de las propiedades en Bogotá, Colombia. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Rodríguez, D.A., and C. Mojica. 2008. Capitalization of BRT network effects into land prices. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

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U.S. General Accounting Office. 2001. Bus rapid transit shows promise. Washington, DC: General Accounting Office.

Wright, L., and W. Hook. 2007. Bus rapid transit planning guide. New York: Institute for Transportation and Development Policy.

Infrastructure, defined to include transport, telecommunication, electric power, water, and sanitation, is high on the agenda of both industrial and developing countries. In the United States, concern has been mounting about insufficient maintenance and the resulting decline in the quality of infrastructure facilities and services, especially in transport. Additional investments in infrastructure have also figured heavily in proposals to stimulate demand, employment, and economic growth. In developing countries, infrastructure’s challenges relate more to increasing capacity to provide services to both existing urban residents and the two billion new urban residents projected to arrive by 2050. The Lincoln Institute’s seventh annual land policy conference, held in early June 2012, addressed many aspects of infrastructure including investment, maintenance, and its externalities.

Economic aspects.

Empirical work carried out over the past 25 years on the macroeconomic returns to infrastructure investment have produced a wide range of outcomes–from negative returns to those above 30 percent annually. A careful survey of more recent studies indicates that infrastructure investment in transport, power, and telecom is likely to have positive macroeconomic effects and raise productivity.

At the same time, many countries allocate only modest sums to infrastructure maintenance, even though a broad consensus of opinion and empirical evidence indicate that the returns to maintenance–particularly transport–are very high. Inadequate maintenance may result from donor preferences to fund new capacity in developing countries, but maintenance shortfalls are also common in developed countries, suggesting that other institutional factors are likely to be important.

Networked infrastructure normally is subject to scale economies, and some networks are natural monopolies. Such infrastructure must be subject to economic regulation to prevent firms from engaging in monopoly pricing. While the need for regulation is most apparent when infrastructure is provided by private firms, regulatory oversight is often necessary when provision is by a public enterprise.

Spatial aspects.

Infrastructure has a strong influence on spatial development patterns and can be used to direct growth and–along with zoning and other incentives–to encourage more dense and compact development patterns. While only a few studies are available, however, empirical work indicates that the cost of redeveloping brownfield sites exceeds the cost of greenfield development including the costs of new infrastructure service.

The de-industrialization of cities has been going on for a long time, but recently some cities, such as San Jose, California, have stopped supporting the conversion of industrial or office space to residential or commercial use. They seek to maintain appropriate space for employment when economic growth returns so that they can compete for new firms and encourage local job creation.

Externalities.

Metropolitan areas produce about three-quarters of global anthropogenic greenhouse gas emissions annually, with a large share coming from transport and electric power. The replacement of aging systems and installation of new capacity provide a major opportunity to switch to more energy- and emission-efficient systems in urban areas. System management also can be improved with congestion tolls, parking fees, and transit expansion; by ensuring that tariffs cover the costs of water and electric power; and by promoting green buildings.

Relocating households in the path of infrastructure expansion involves a large number of people displaced by new roads or the widening of existing roads, the location of new facilities such as power plants, and reservoirs that flood broad areas behind dams. Estimates indicate that between 10 and 23 million persons are resettled involuntarily in developing countries each year, and that the majority of relocations are related to infrastructure. Some of these involuntary resettlements meet the safeguard standards promulgated by the World Bank or other standards such as the Equator Principles, but most resettlement is subject to only national or provincial policies.

These topics and many others–including the impacts on infrastructure of mega-events such as the Olympics, the taxation of utilities, the locational effects of congestion tolls, the variation in quality of infrastructure services, and the remarkable impacts of mobile telephony in Africa–will be covered in the conference proceedings that will be available as a printed volume in May 2013 and later as an eBook.

Human development is often characterized as a war between the contradictory goals of individuation and conformity. We struggle to distinguish ourselves from the herd, but we panic at the prospect of social isolation. Our social sciences, especially economics, are similarly conflicted. The cult of the individual is a dominant social meme, and this dominance is exacerbated by the rise of economic fundamentalism—the unquestioning faith in unregulated markets and the concomitant distrust of government and social systems. Starting with Adam Smith’s invisible hand, scores of economists built careers devising theories based on methodological individualism, the idea that “social phenomena must be explained by showing how they result from individual actions, which in turn must be explained through reference to the intentional states that motivate the individual actors,” according to the Stanford Encyclopedia of Philosophy. These theorists uniformly praised unfettered individuals and markets as the best way to achieve the joint goals of prosperity and fairness and promoted (or prevented) public policies buttressed by this view.

At the same time, other mainstream economists have warned about the “isolation paradox,” a category of scenarios in which individuals, acting in relative isolation and guided only by their short-term self-interest, generate long-term results that are destructive to all. Examples include the Malthusian nightmares of famine and pestilence curbing population growth, the prisoner’s dilemma, or the tragedy of the commons, which was described in a 1968 essay by Garrett Hardin. Hardin warned about the hazards of population growth through a parable about unmanaged use of common grazing land. The inevitable over-use of the land by individual herders maximizing their flocks would destroy the land and make it unsuitable for everyone. The solution, according to Hardin and others, is some form of enclosure of the commons, through privatization or public ownership that can establish coercive mechanisms to ensure that individuals behave in ways that protect the common interest.

Luckily, most humans do not subscribe to economic theory and instead develop their own ways to reconcile these contradictions between individuation and conformity. And public intellectuals such as Elinor Ostrom, the 2009 Economics Nobel laureate (and the only woman so honored), have advanced our knowledge about the ways we mediate these two very human tendencies. We do it through institutions—groups of humans voluntarily organizing themselves to harness the benefits of individual effort while avoiding the pitfalls of isolated individuals run amok. According to Ostrom and others, various institutional arrangements—formal organizations, rules of engagement, public policies, to name a few—organically emerge to prevent unfortunate events like the tragedy of the commons. In this issue of Land Lines, we feature stories about a number of such institutional arrangements that have emerged to protect us from ourselves or to manifest mutual benefits. In our interview with Summer Waters of the Sonoran Institute (p. 30), we learn about efforts to promote the economy and protect the ecology of the Colorado River watershed and reintroduce the flow of fresh water to the river’s delta.

We’ve only begun to study systems that organically emerge to manage commons, but we know even less about how we create commons. This might be a result of our tendency to treat commons like manna—conveyed from heaven, not created by humans. However, as reported by Tony Hiss (p. 24), thousands of people have come together voluntarily to create a new commons—millions of acres of land conserved to protect vast ecosystems, to save habitat for endangered species, to provide green space for densely packed urban dwellers, and to realize a variety of other long-term goals. From the point of view of orthodox economists, it’s a world gone crazy. Not only are formerly isolated individuals acting in ways that prevent the tragedy of the commons, they are taking action to create new ones.

Ironically, the story of America’s first public park, Boston Common, is often used as a cautionary tale to illustrate the tragedy of the commons. Truth be told, it is one of the first examples of individuals self-organizing and subordinating their short-term interests to create a shared resource for the long term. Boston Common was created in 1634 when members of the Massachusetts Bay Colony voted to tax themselves to purchase and protect the parcel of land to train troops and graze cattle. These citizens understood that, with some 2,500 people joining the colony annually, it would not be long before all habitable land was developed and all urban open space would disappear, according to Jim Levitt in his forthcoming book, Palladium of the People.

Public education is another man-made commons, as are most public goods. We organize and tax ourselves to support the provision of this critically important institution. And over time, we need to revise the way we manage and maintain it, like any commons. In this issue, Daphne Kenyon and Andy Reschovsky offer a window into the analyses of the challenges cities face in financing their schools—and some ideas about how we can address these problems (p. 34). We also explore how universities and hospitals can work with their neighborhoods and cities to pursue mutually beneficial collaborative goals, in the feature on anchor strategies from Beth Dever, et al. (p. 4).

For some economists, creation of new commons is a theoretical impossibility. In his first book, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Mancur Olson hypothesized that people will endure the complications of acting together only if there is a sufficient private incentive; and large groups will not pursue collective action unless motivated by significant personal gain (economic, social, etc.). Theory and practice clearly have collided, and the impact is and will continue to be profound. As Hiss notes, in his essay on large landscape conservation, “The first thing that grows is not necessarily the size of the property to be protected, but the possibility for actions, some large, some small, that will make a lasting difference for the future of the biosphere and its inhabitants, including humanity.”

It doesn’t stop there. In the United States, a bastion of the free market, some 65 million citizens belong to common interest communities, such as condominiums and homeowners’ associations, as reported by Gerry Korngold (p. 14). A quarter of the nation voluntarily has limited its own autonomy to protect and preserve common interests. As noted by Korngold, this wouldn’t have surprised de Tocqueville, who described the U. S. as “a nation of joiners.” In Democracy in America, in 1831, he wrote, “I have often admired the extreme skill with which the inhabitants of the United States succeed in proposing a common object to the exertions of a great many men, and in getting them voluntarily to pursue it.” Perhaps it is time to organize a cult of collective action to celebrate the incredible things we are able to do when we work together. We might find that the policies, practices, organizations, and institutions that we create to mediate our internal war between individuation and conformity have contributed more to human advancement than the individual achievements we more often celebrate.

During the last decade, bus rapid transit (BRT) has revolutionized regional transportation planning in much of the developing and developed world. BRT went from being a fringe transportation option used in a handful of Brazilian and Australian cities to becoming a prominent mass transportation alternative for local and national governments.

Arguably the BRT concept with highest recognition is the provision of an exclusive right-of-way for bus transit coupled with high-frequency service. In South America, BRT systems in Curitiba, Brazil, and Bogotá, Colombia, feature networks of dedicated lanes designated for exclusive use by large-capacity, articulated buses, with expedited boarding and alighting.

La conversión del suelo de producción agrícola a desarrollo urbano e industrial es uno de los procesos de cambio críticos en las economías en vías de desarrollo que experimentan la industrialización, urbanización y globalización. Los cambios en el uso del suelo urbano que están ocurriendo en China han atraído la atención de muchos académicos, especialmente en vista de las grandes reformas económicas, el significativo crecimiento económico y los profundos cambios estructurales que han tenido lugar en las últimas tres décadas. La transición de una economía planificada a una economía de mercado, y de un gobierno provincial y municipal autoritario a un tipo de gobierno más descentralizado ha generado un nuevo marco institucional para los cambios del uso del suelo (Lin y Ho 2005).

La opinión general es la de calificar el cambio del uso del suelo como resultado del crecimiento económico y de los cambios estructurales. Este punto de vista está alineado con el modelo de crecimiento neoclásico en el que el suelo cumple un papel cada vez menor en el crecimiento económico. No obstante, estos cambios en el uso del suelo pueden ser tanto la consecuencia del crecimiento económico como los factores impulsores de dicho crecimiento (Bai, Chen y Shi 2011; Ding y Lichtenberg 2011).

Pero la realidad resulta mucho más compleja. En lugar de estar impulsada por una población en crecimiento, la expansión del suelo urbano en China está motivada por el financiamiento de suelo, en virtud del cual los gobiernos municipales recaudan ingresos y atraen inversiones mediante el arrendamiento y desarrollo de terrenos. Como resultado, la política urbana centrada en el suelo se ha identificado con una de las fuerzas impulsoras más importantes de la espectacular expansión de las ciudades desde mediados de la década de 1990 (Lin 2007). La oferta de suelos agrícolas para fines no relacionados con la agricultura permite de hecho al gobierno municipal “matar varios pájaros de un tiro” (Ping 2011). En consecuencia, el desarrollo del suelo fomenta el crecimiento económico, especialmente en áreas urbanizadas.

Los cambios en el uso del suelo en China también se ven afectados en gran manera por las políticas de oferta de terrenos, que se han visto ajustadas en forma regular a fin de suplir la demanda del desarrollo económico. La oferta ilegal de terrenos es una de las causas principales de una inversión excesiva y descontrolada, que se produce cuando el gobierno municipal no ofrece terrenos a las personas que utilizan el suelo de acuerdo con los planes de uso del suelo en curso o después del permiso definitivo del gobierno central. Como resultado, el gobierno central comenzó a utilizar las políticas de suelo como herramienta fundamental del control macroeconómico nacional a fines del año 2003.

Entre otras medidas, la transferencia de terrenos se ha llevado a cabo mediante subastas o licitaciones desde 2004, y la política sobre oferta de terrenos dio un giro desde el control de la cantidad al control estructural desde 2006. Los índices sobre el uso del suelo distribuidos por el gobierno central a los gobiernos municipales sólo hacían hincapié en la cantidad de terrenos antes de 2006; sin embargo, en la actualidad, la distribución de los usos del suelo en categorías la realiza el gobierno central, que define, incluso, hasta la intensidad del uso del suelo.

Este legado puede observarse en la decisión del Consejo de Estado de establecer el sistema altamente centralizado de Supervisión Estatal del Suelo (SES) en 2006. Se crearon nueve oficinas regionales nuevas, encargadas de investigar la oferta ilegal de terrenos en todo el país (Tao y otros 2010). La nueva política de suelo ha representado un papel activo en la mejora del uso del suelo, mediante la prohibición de arrendamiento de suelo para proyectos que no se encuentren en línea con la política industrial nacional, los planes de desarrollo y las normas de ingreso. Con posterioridad a la introducción de estas reformas y gracias a un estricto control, se ha reducido significativamente la cantidad de suelo ofrecido de manera ilegal, mientras que el PIB generado por unidad de suelo desarrollable ha aumentado sustancialmente (Centro de Derecho sobre Recursos de Suelo y Mineros de China 2007). Se espera que esta estricta política de suelo tenga un impacto significativo en el patrón espacial del uso del suelo y tenga efectos sobre la relación existente entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico en China.

Cambios en los patrones de uso del suelo en China

La política de suelo en China ha sufrido cambios drásticos desde 2004, por lo que podría también esperarse un patrón diferente del uso del suelo desde entonces. En base a los datos oficiales a nivel de condado de 2004 a 2008, examinamos los cambios en el uso del suelo de las ciudades a nivel de prefectura y analizamos la relación espacial entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico. Los datos oficiales sobre cambios en el uso del suelo se dividen en varias categorías de uso del suelo dentro de tres niveles todos los años. El primer nivel incluye el suelo agrícola, el suelo para construcción y el suelo sin utilizar. El segundo nivel incluye diez categorías de utilización del suelo. El tercer nivel incluye 52 subcategorías.

La tabla 1 muestra los cambios en el uso del suelo a nivel nacional de 2004 a 2008, período durante el cual se reconvirtió una mayor cantidad de suelo para usos de construcción, mientras que la cantidad de suelo agrícola y suelo sin utilizar disminuyó. Entre las categorías de suelo agrícola, el suelo para pastoreo y el suelo cultivado se redujeron en 12,69 millones de mu (0,85 millones de hectáreas) y 11,27 millones de mu (0,75 millones de hectáreas), respectivamente. El suelo sin utilizar se redujo en 17,91 millones de mu (1,19 millones de hectáreas).

Debido a las recientes y rápidas industrialización y urbanización, no es de sorprender que las reconversiones de suelo que se llevaron a cabo a mayor velocidad en China hayan sido las destinadas para uso de construcción, que sumaron 18,83 millones de mu (1,26 millones de hectáreas). En la categoría de asentamientos y emplazamientos industriales y mineros, las ciudades, las ciudades designadas y los emplazamientos industriales y mineros fueron los que experimentaron una expansión del suelo más rápida, llegando a tasas de crecimiento del 19,61 por ciento, 13,33 por ciento y 12,42 por ciento, respectivamente, mientras que la superficie de suelo destinada a asentamientos rurales disminuyó. Asimismo, grandes cantidades de suelo se reconvirtieron para su utilización en el transporte, particularmente para la construcción de autopistas.

El presente análisis a nivel nacional oculta diferentes variaciones espaciales en los cambios en el uso del suelo en provincias y regiones concretas (figura 1). Así, analizamos los cambios en el uso del suelo a nivel provincial, centrándonos en los cambios acaecidos en el suelo cultivado, el suelo urbano (que incluye ciudades y pueblos designados), los emplazamientos industriales y mineros autónomos, los asentamientos rurales y el suelo para transporte destinado a autopistas.

La figura 2 muestra que la pérdida de suelo cultivado se dio principalmente en la región este y central de China. El crecimiento económico, la urbanización y la industrialización se han acelerado en las provincias de Hebei, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong y Guangxi, donde la mayor parte del suelo cultivado se reconvirtió con fines urbanos, industriales y de transporte. Las provincias de Shanxi, Shaanxi, Chongqing y Sichuan también experimentaron una rápida reconversión de su suelo cultivado para fines de actividades no relacionadas con la agricultura. Dichas provincias se encuentran en el cinturón geográfico de transición en China, donde el suelo cultivado es la mejor opción a la hora de realizar proyectos de construcción y desarrollo. Por el contrario, las provincias del interior, tales como Tíbet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia interior y Heilongjiang, experimentaron ciertos incrementos en el suelo cultivado.

El suelo destinado a asentamientos rurales se ve influenciado tanto por las nuevas políticas sobre el campo y el crecimiento de los ingresos rurales. El aumento en los ingresos ha tenido un impacto sobre la reconversión del suelo para asentamientos rurales en las provincias del este, como Guangdong, Fujian, Zhejiang, Guangxi, Hebei y Tianjin, y en ciertas provincias del interior, como Heilongjiang, Mongolia interior, Xinjiang, Qinghai, Tíbet, Yunnan, Guizhou, Hubei y Shanxi. Sin embargo, algunas provincias experimentaron descensos significativos en la cantidad de terrenos utilizados para asentamientos rurales, particularmente en Jiangsu, Jiangxi y Anhui. Este descenso puede tener relación con las nuevas políticas sobre el campo, que literalmente han obligado a los campesinos a mudarse a las ciudades.

La urbanización y la industrialización son los principales motores de la expansión del suelo no destinado a usos agrícolas en China. La tasa de urbanización creció del 40,50 por ciento al 45,68 por ciento entre 2004 y 2008, período en el que todas las provincias experimentaron una expansión del suelo urbano e industrial (figura 3). No obstante, la mayor parte de la expansión del suelo urbano se dio al sur del río Yangtze. En el norte, sólo Shandong, Anhui y Jiangsu experimentaron cambios importantes en el suelo urbano e industrial.

El rápido crecimiento de la cantidad de suelo utilizado para emplazamientos industriales y mineros se observa principalmente en las provincias del este, tanto en términos de cambios absolutos como relativos, en concreto en Fujian, Jiangsu, Zhejiang y Hebei (figura 4). Con tasas de crecimiento relativamente menores, Guangdong, Shandong y Liaoning experimentaron también la reconversión de una gran cantidad de suelo para emplazamientos industriales y mineros. Las provincias de Mongolia interior, Qinghai y Tíbet en el oeste del país experimentaron un rápido crecimiento de terrenos para emplazamientos industriales y mineros, aunque se observó un bajo crecimiento absoluto.

De 2004 a 2008, China dio un gran impulso al desarrollo de redes de transporte mediante la construcción de nuevos ferrocarriles y autopistas para sostener el crecimiento económico. A nivel nacional, el suelo destinado al transporte creció cerca de 10 por ciento durante dicho período. En muchas provincias se observó un crecimiento más rápido en la cantidad de suelo utilizado para el transporte que en el país en su conjunto, incluyendo Mongolia interior, Hebei, Qinghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Chongqing, Hubei, Anhui, Jiangxi y Guangxi. La confiscación de terrenos para construir autopistas se concentró principalmente en las provincias del este, y los mayores aumentos absolutos se dieron en las provincias de Zhejiang, Jiangsu y Hebei.

En general, China ha experimentado cambios muy importantes en el uso del suelo, en concreto en las provincias del este y en algunas de la región central. El patrón espacial de cambios en el uso del suelo es coherente con el cambio espacial del crecimiento económico, ya que las provincias del este gozan de ventajas institucionales y de ubicación y economías de aglomeración. Estas provincias han atraído la mayor parte de las inversiones extranjeras, particularmente aquellas relacionadas con las industrias que utilizan el capital y la tecnología de forma intensiva, y son las exportadoras líderes de los productos chinos.

La aceptación dentro de la Organización Mundial de Comercio ha redundado en aún mayores beneficios para las industrias ubicadas en la región este de China, ya que tienen mayor acceso a los mercados internacionales. Por otro lado, a medida que las industrias continúan aglomerándose, la región este ha experimentado un aumento en los costos del suelo, de la mano de obra y del medio ambiente, obligando a algunas industrias tradicionales a mudarse a las provincias centrales. Algunas de estas áreas recientemente han atraído inversiones y han experimentado un crecimiento económico más rápido, lo que elevó su nivel de importancia entre las economías regionales de China.

Correlaciones entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico

A fin de investigar la relación existente entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico de forma sistemática en todas las ciudades y provincias, calculamos los coeficientes de correlación entre la tasa de crecimiento del PIB de 2005 a 2009 y la tasa de cambios en diferentes categorías de suelo. La extensión de dicha correlación puede depender de diferentes factores económicos, de ubicación e institucionales. Analizamos el impacto que tiene el tamaño de la ciudad, la ubicación, la estructura industrial, la cantidad de inversiones extranjeras directas (IED) y las limitaciones en la oferta de terrenos sobre la relación existente entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico. Los coeficientes de correlación se calculan además utilizando submuestras de las ciudades clasificadas según dichos factores.

Los resultados inesperados muestran que sólo existen unos pocos, y pequeños, coeficientes de correlación significativos entre la tasa de cambios en el uso del suelo y la tasa de crecimiento económico (He, Huang y Wang 2012). Los cambios en el suelo destinado a otros tipos de transporte (tales como aeropuertos, puertos y ductos) poseen un coeficiente significativamente positivo. Los coeficientes de correlación para suelo urbano, emplazamientos industriales y mineros, ferrocarriles y autopistas resultaron apenas significativos.

Algunas evidencias muestran que el tamaño de la ciudad, la ubicación geográfica, la situación fiscal, la oferta de terrenos y las IED realizadas pueden moderar la correlación existente entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico. Por ejemplo, la expansión del suelo urbano se relaciona con el crecimiento económico de manera positiva en la región central de China, pero de manera negativa en las regiones del este y el oeste. Los emplazamientos industriales y mineros autónomos aumentan significativamente junto con el crecimiento económico en el oeste de la China. Sin embargo, en general, la correlación entre la tasa de cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico es algo débil.

Dado que el suelo puede tomarse como un factor en la función productora, la cantidad de suelo puede contribuir en forma directa al crecimiento del PIB. Calculamos los coeficientes de correlación entre el crecimiento absoluto del PIB de 2005 a 2009 y los cambios absolutos en el uso del suelo de 2004 a 2008 a fin de analizar esta relación y descubrir si presentan una estrecha correlación. A nivel nacional, la reconversión de una mayor cantidad de suelo cultivado para fines no relacionados con la agricultura contribuye significativamente al crecimiento absoluto del PIB, con un coeficiente de correlación de -0,26. Una mayor cantidad de suelo para uso urbano y para fines industriales y mineros se relaciona en forma significativa y positiva con los aumentos en el PIB.

La existencia de coeficientes de correlación significativos entre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento económico sugiere que el suelo ha sido un importante factor impulsor del crecimiento económico, aunque dicho aporte positivo se ve moderado por diferentes factores, tales como el tamaño de la ciudad, la ubicación, la estructura industrial, la situación fiscal y la utilización de IED. Se observa que la reconversión de suelo cultivado para fines no relacionados con la agricultura contribuye al crecimiento económico, especialmente en ciudades de más de 5 millones de habitantes, que realizaron IED por más de US$200 millones, y que poseen mayores limitaciones en el suelo para fines agrícolas, un dominio de la industria secundaria y una ubicación en la región central de China.

Claramente, el suelo no agrícola es más productivo que el suelo cultivado en las ciudades grandes e industriales. En los últimos años, a medida que la implementación de políticas del gobierno central se centró en el desarrollo de la región central de China, las provincias del interior han atraído mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y han experimentado un rápido crecimiento económico a medida que el suelo cultivado se ha ido reconvirtiendo para usos urbano e industrial.

En términos comparativos, la expansión del suelo urbano posee una mayor correlación con el crecimiento del PIB en las ciudades más pequeñas y en aquellas ubicadas en el interior. Estos tipos de ciudades tienen más probabilidades de depender del arrendamiento de suelos a fin de generar ingresos municipales, ya que enfrentan mayores limitaciones fiscales. En dichas áreas, la acumulación de capital derivada del arrendamiento de suelos es una típica estrategia de desarrollo municipal. Además, la expansión del suelo urbano cumple una importante función para estimular el crecimiento económico cuando las limitaciones fiscales son mayores, la oferta de terrenos se encuentra estrictamente controlada, dominan las industrias terciarias y se utilizan más inversiones extranjeras. La expansión del suelo industrial también contribuye de manera significativa al crecimiento económico, especialmente en las ciudades que tienen más limitaciones fiscales y más actividades industriales.

La reciente explosión experimentada en el desarrollo de infraestructura del transporte también ha contribuido al crecimiento económico. El aumento del suelo para construir autopistas ha estimulado el crecimiento económico sin ningún tipo de límites. Las ciudades ubicadas en las regiones del oeste y aquellas que presenten un bajo nivel de recaudación fiscal son las que más se benefician de las nuevas autopistas, mientras que la expansión del ferrocarril se relaciona en menor medida con el crecimiento económico. La construcción de otros tipos de infraestructura de transporte (aeropuertos, puertos, ductos) ha representado un papel fundamental para facilitar el crecimiento económico en ciudades más pequeñas y ubicadas hacia el este, así como también en aquellas ciudades cuyas economías se encuentran dominadas por las industrias de servicios.

El análisis de correlación ofrece pruebas claras que demuestran que el aumento de suelo urbano, industrial y para fines de transporte se relaciona de forma significativa y positiva con el crecimiento económico. La reconversión de suelo cultivado ha contribuido a la expansión económica en varias regiones de China; no obstante, la importancia de la ampliación del suelo no destinado a actividades agrícolas en función del crecimiento económico se encuentra moderada por condiciones sociales, económicas y geográficas.

Conclusión y debate

Desde la implementación de su reforma económica, China ha perseguido un modelo de crecimiento basado en el uso intensivo de recursos que ha obligado al suelo a cumplir un papel fundamental en el sostenimiento de su rápido crecimiento económico. Esto ha dado como resultado una gran oferta de suelo desarrollable y una rápida reconversión de suelos agrícolas en suelos no relacionados con la agricultura. En China, el suelo no es sólo el resultado del crecimiento económico sino también su motor.

La conversión del suelo cultivado para fines no agrícolas se ha concentrado en las regiones del este y del centro del país. Con la implementación de nuevas estrategias de desarrollo del campo y la imposición de limitaciones más estrictas en cuanto a la oferta de terrenos, China ha experimentado una reducción de los asentamientos rurales en la mayor parte de la región central y noreste. La expansión del suelo urbano e industrial ha dominado los cambios del uso del suelo en todo el país. El desarrollo del transporte, incluyendo nuevas autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y ductos, también ha sido una de las principales causas de consumo de terrenos en los últimos años, particularmente en las regiones este y central.

El análisis de componentes principales en base a los datos sobre cambios en el uso del suelo de las ciudades a nivel de prefectura indicó una significativa variación espacial en los cambios en el uso del suelo entre las ciudades chinas y demuestra que tienen una autocorrelación espacial. El análisis de correlación también demostró una débil relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de cambios en el uso del suelo. Sin embargo, en términos absolutos los cambios en el uso del suelo y el crecimiento del PIB presentan una fuerte correlación, lo que indica que la cantidad de terrenos constituye un factor fundamental en el crecimiento económico.

Por lo general, las teorías occidentales sobre crecimiento económico consideran que el suelo cumple una función marginal en el crecimiento económico. Nuestro análisis exploratorio sugiere que, en China, se da la situación contraria. A medida que China se urbaniza, se industrializa y se globaliza, va experimentando cambios significativos en el uso del suelo que presentan una correlación con el crecimiento económico. Esta relación significativa se asocia a los particulares sistemas de propiedad estatal del suelo y de derechos de uso del suelo en China. Como tal, el suelo puede utilizarse como una poderosa herramienta de intervención macroeconómica. El arrendamiento a largo plazo de derechos de utilización del suelo incentiva a los gobiernos locales a vender terrenos para generar ingresos totales que posteriormente se utilizan para financiar el desarrollo urbano e industrial y la provisión de infraestructura.

En consecuencia, el suelo ha cumplido una función fundamental en el rápido crecimiento económico de China. Sin embargo, este tipo de urbanización e industrialización basada en el suelo ya ha causado graves tensiones sociales, una degradación del medioambiente y fluctuaciones económicas. Los ingresos totales generados por el arrendamiento de suelo no son sustentables, si se tiene en cuenta que, aún siendo tan extensa, China posee una limitada oferta de suelo. Puede esperarse que el papel del suelo como factor impulsor del crecimiento económico se reduzca a medida que China experimente gradualmente un avance industrial.

Sobre los autores

Canfei He es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín, además de director asociado del Centro de Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln en Beijing.

Zhiji Huang es estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín y del Centro de Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln en Beijing.

Weikai Wang es estudiante de posgrado en la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín y del Centro de Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln en Beijing.

Referencias

Bai, X., J. Chen y P. Shi. 2011. Landscape urbanization and economic growth in China: Positive feedbacks and sustainability dilemmas. Environmental Science and Technology 46: 132–139.

Centro de Derecho sobre Recursos de Suelo y Mineros de China. 2007. The evolution of land policy’s involvement in macro-control policies of China. China Land 6, 53–56 (en chino).

Ding, C. y E. Lichtenberg. 2011. Land and urban economic growth in China. Journal of Regional Science 51(2): 299–317.

He, Canfei, Zhiji Huang y Weikai Wang. 2012. Land use changes and urban economic growth in China: An exploratory analysis. Documento de trabajo. Beijing: Centro de Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln.

Lin, G. C. S. 2007. Reproducing spaces of Chinese urbanization: New city-based and land-centered urban transformation. Urban Studies 44 (9): 1827–1855.

Lin, G. C. S. y S. P. S. Ho. 2005. The state, land system, and land development processes in contemporary China. Annals of the Association of American Geographers 95(2): 411–436.

Ministerio de Suelo y Recursos. 2008. Land use change survey data. República Popular China.

Ping, Y. C. 2011. Explaining land use change in a Guangdong county: the supply side of the story. The China Quarterly 2107: 626–648.

Tao, R., F. Su, M. Liu y G. Cao. 2010. Land leasing and local public finance in China’s regional development: Evidence from prefecture level cities. Urban Studies 47(10): 2217–2236.

Es una tarde de jueves en Cincinnati, y las personas que se encuentran en la biblioteca pública del centro de la ciudad están haciendo cosas. En una esquina, se oye el zumbido de una cortadora y grabadora láser Full Spectrum, que cuesta US$14.410 y sirve para crear cualquier cosa, desde piezas de arte hasta unos humildes posavasos, utilizando papel, madera y acrílico. Cerca de las ventanas, se oye a la replicadora MakerBot, una de las cuatro impresoras 3-D de la biblioteca, que se usa para fabricar una amplia gama de objetos, desde juguetes hasta un pedal de bicicleta personalizado que sea compatible con los zapatos especiales que usa un usuario con una discapacidad física. Cerca de allí, un joven diseñador crea un cartel de vinilo a todo color utilizando una impresora y cortadora profesional Roland VersaCAMM VS-300i para formatos grandes. “Este es nuestro taller”, dice Ella Mulford, líder de equipos en el Espacio de Fabricación del Centro Tecnológico de la biblioteca, mi guía en este recorrido, y me comenta que esta máquina cuesta US$17.769. La mayoría de nosotros no podríamos pagar un precio tan alto por un equipo. Pero, evidentemente, muchos residentes de Cincinnati piensan que pueden hacer muchas cosas útiles con esta máquina, ya que, según Mulford, funciona prácticamente sin parar durante el horario en el que la biblioteca está abierta y generalmente la reservan con dos semanas de anticipación.

La biblioteca pública de Cincinnati y el condado de Hamilton continúa ofreciendo el servicio de préstamo de libros y búsquedas en otros medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, el amplio Espacio de Fabricación, que abrió a principios de 2015 y contiene una gran cantidad de herramientas tecnológicas que pueden usarse gratis, es un ejemplo impresionante de cómo la idea de biblioteca se está adaptando a una era digital que no siempre ha sido amable con los libros. Más específicamente, estamos viendo indicios de una evolución en la función que cumplen las bibliotecas en las ciudades, ya sean grandes o pequeñas, contribuyendo con nuevas aportaciones al entramado municipal del que han formado parte durante tanto tiempo.

En Cincinnati, el proceso que dio como resultado el Espacio de Fabricación se inició hace un par de años, tal como lo explica Kimber L. Fender, directora de la biblioteca. Unas cuantas bibliotecas del país estaban experimentando con la tecnología como un nuevo componente que podrían ofrecer al público. “Y parte de nuestro plan estratégico”, continúa Fender, “era introducir nuevas tecnologías en nuestra comunidad, por lo que nos pusimos a analizar: ‘¿Qué significa exactamente esto? ¿De qué se trata?’”. Agregar una impresora 3-D al centro informático que ya existía en la biblioteca fue un experimento de bajo riesgo, y atrajo la atención de todos los canales de televisión de la ciudad. “Fue el tema de conversación por excelencia”, recuerda Fender, “por lo que pensamos: “Mmm… esto nos está ayudando a cumplir nuestro objetivo’”.

Enrique R. Silva, fellow de investigación e investigador asociado senior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, señala que no existe una verdadera razón para atar el destino de la biblioteca como infraestructura cívica al destino del libro físico. “Es un espacio comunitario para el aprendizaje”, señala. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew realizado en 2015, el público está de acuerdo con esta idea: aunque existen signos de que los estadounidenses han acudido a las bibliotecas con bastante menos frecuencia que hace algunos años, también se observa que muchos aceptan de buena gana la idea de que se ofrezcan nuevas alternativas educativas en este contexto específico, incluso la tecnología. “No es difícil dar este salto”, concluye Silva.

De hecho, dar este salto no sólo amplía sino que actualiza la función que han cumplido las bibliotecas en muchos planes municipales en los Estados Unidos. Uno de los desarrollos más importantes en esta historia fue la explosiva diseminación de instituciones fundadas por Andrew Carnegie en las décadas anteriores y posteriores al comienzo del siglo XX. Con sus orígenes en Pensilvania, se construyeron cerca de 1.700 bibliotecas denominadas “Carnegie” con diferentes temáticas, tales como bellas artes, renacimiento italiano u otros estilos clásicos. Estas iniciativas facilitaron y promovieron un movimiento mucho más amplio de construcción de bibliotecas, que representaron hitos significativos en los centros municipales de todo el país. Aunque es notable, hoy en día, por lo general, se subestima a este omnipresente elemento de la infraestructura cívica.

Observa Silva, “Creo que, en la planificación moderna, se considera a la biblioteca como algo que eres afortunado si la tienes como un activo que forma parte del esqueleto de la ciudad a la que buscas encontrarle la vuelta”. Al menos en los Estados Unidos, la construcción de nuevas bibliotecas con importancia arquitectónica es algo inusual (la biblioteca central de la Biblioteca Pública de Seattle, inaugurada en 2004 y diseñada por Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus, es una excepción notable). Así, la planificación suele ocurrir alrededor de las bibliotecas, que quedan como elementos “heredados” de “infraestructura social y cívica”, en palabras de Silva. En un informe del Centro para un Futuro Urbano realizado en 2013 sobre la ciudad de Nueva York, se sostiene que las bibliotecas han sido “subestimadas” en la mayoría de los “debates sobre políticas y planificación en cuanto al futuro de la ciudad”.

Pero, tal vez, este error implique una oportunidad: estas estructuras existentes pueden comenzar a cumplir una nueva función que las convierta de nuevo en algo importante para los planes municipales en constante evolución. Un ejemplo de ello es cómo la biblioteca de Cincinnati reconsideró lo que significa ser un centro comunitario de aprendizaje e información compartida. Tal como ocurrió con las bibliotecas Carnegie, el uso inteligente de los recursos filantrópicos fue un factor importante: según Fender, la biblioteca recibió un legado discrecional de US$150.000, que decidió utilizar en el Espacio de Fabricación. Con el objeto de hacer lugar a este espacio, la biblioteca reorganizó su colección de revistas y periódicos.

Luego, la biblioteca decidió tomar una postura audaz sobre el tipo de tecnologías que podría ofrecer. La institución posee un pequeño estudio de grabación con micrófonos de calidad profesional, que utilizan los aspirantes a disc jockey o los que desean transmitir podcasts

Resulta que muchos tipos de emprendedores, desde aspirantes a fundar nuevas empresas a vendedores de Etsy, aprovechan lo que ofrece la biblioteca. Hay también estaciones de trabajo colaborativo con computadoras conectadas por Wi-Fi, que utilizan todo tipo de personas, desde diseñadores que trabajan con sus clientes hasta estudiantes que se reúnen para realizar sus tareas escolares.