El Instituto Lincoln ofrece una variedad de oportunidades para investigadores que se encuentran transitando momentos tempranos y medios de sus carreras. En esta serie, hacemos un seguimiento de nuestros becarios para conocer más sobre su trabajo. 

Con una maestría en Planeamiento Urbano y un doctorado en Antropología, hace tiempo que Adriana Hurtado Tarazona se interesa por la relación entre el comportamiento humano y la organización urbana y, en especial, cómo y dónde eligen vivir las personas. Luego de recibir una beca para estudiantes de posgrado del Programa para América Latina y el Caribe (ALC) del Instituto Lincoln, dedicó años al estudio de megaproyectos de viviendas de interés social en las afueras de ciudades de Colombia; esto le permitió pasar mucho tiempo conversando con las personas que vivían allí, para conocer cómo experimentaban la comunidad y el entorno construido. 

Hoy, Hurtado Tarazona es profesora adjunta de Planificación, Gobernanza y Desarrollo Territorial en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. “Doy un curso introductorio sobre instrumentos de planificación del suelo, así que todavía sigo hablando de lo que aprendí gracias al Instituto Lincoln en un curso al que asistí en Quito allá por 2005”, comenta.

En esta entrevista, que se editó por razones de longitud y claridad, Hurtado Tarazona analiza por qué la vivienda debería tratarse como una política social en lugar de una política económica, comparte opiniones sorprendentes de los residentes de viviendas de interés social y, además, explica por qué puede ser mejor otorgar dinero para que las personas mejoren su vivienda antes que subsidiar la compra de viviendas nuevas.

JON GOREY: ¿Cuál es el enfoque general de su investigación? ¿Y cómo cree que contribuyó en ese trabajo la beca del Instituto Lincoln?

ADRIANA HURTADO TARAZONA: Recibí la beca para la tesis de maestría en 2006. Estaba analizando el impacto en el valor del suelo de un sector de la infraestructura de los sistemas de transporte público masivo en autobús (BRT, por sus siglas en inglés) en Bogotá: el TransMilenio. Ese era uno de los primeros estudios que se realizaban porque, en ese momento, el TransMilenio se había implementado hacía solo cuatro años, por lo que era muy nuevo. Buscaba documentar los cambios en el espacio urbano en el área circundante a las dos grandes estaciones, desde la perspectiva del mercado del suelo y desde la perspectiva de los residentes en la zona.

Me encantó participar del programa, porque conocí a muchos de los profesores y las profesoras vinculados con el programa de América Latina. Disfruté mucho la experiencia. Y, hace tres años, una de mis estudiantes recibió la misma beca que yo había recibido casi 20 años antes. Fue interesante participar de nuevo desde un lugar diferente, acompañar a mi alumna y ser testigo de cómo ella pudo experimentar los beneficios de la beca.

JG: ¿En qué está trabajando ahora y en qué le interesaría trabajar a futuro?

AHT: Ahora estoy trabajando en cuatro proyectos de investigación. Dos de ellos están relacionados con el tema principal de mi tesis doctoral, que es la vivienda de interés social y, más específicamente, la producción y expansión urbana de megaproyectos de vivienda de interés social en las fronteras urbanas. Uno de los proyectos que finalizaremos este año con la Universidad de York en Toronto se llama “Periferias verticales”. Analizamos el impacto subjetivo de vivir en la periferia, pero también el impacto en el planeamiento urbano y la gobernanza del proceso de metropolización, en el que las viviendas de interés social traspasan los límites de las ciudades colombianas. El otro proyecto se enfoca en el impacto económico del acceso a las viviendas de interés social. Analizaremos puntualmente cómo los hogares administrados por mujeres tienen que modificar su economía doméstica a fin de poder mantenerse al día con los costos para acceder por primera vez a una vivienda de su propiedad.

El tercero es el proyecto de infraestructura del cuidado de personas, liderado por la Universidad de Washington en Seattle. Se trata de un proyecto comparativo entre Belfast, Belo Horizonte (en Brasil) y Bogotá. Estudiamos historias sobre el cambio urbano en general y, en Bogotá, nos centramos en cómo el cuidado se convirtió en un foco de la política urbana, lo cual no sucedía hasta hace muy poco, y analizamos el nacimiento del sistema de CUIDADO distrital como una infraestructura urbana. Tenemos reglamentaciones nuevas que entienden que la infraestructura del cuidado está al mismo nivel que la del agua, el alcantarillado y las carreteras, lo cual es muy interesante, e intentamos documentar qué condiciones posibilitaron este cambio.

Y el último proyecto en el que estoy trabajando con el Instituto Lincoln se trata de una beca de investigación pequeña que recibí el año pasado. Quien está a cargo de la investigación es de Brasil y, junto con Argentina, Bolivia, Perú y Colombia, estamos tratando de hacer un análisis comparativo de las intervenciones que buscan apoyar la densificación.

JG: ¿Hay algo que la haya sorprendido o que le haya resultado inesperado durante toda su investigación?

AHT: Les he preguntado a muchas personas si están contentas con sus viviendas a nivel general y la primera sorpresa fue desde una perspectiva urbanística. Quienes se dedican al urbanismo de forma local no suelen ver con buenos ojos estos megaproyectos de viviendas de interés social periféricos, masivos y estandarizados, porque se ubican lejos de la ciudad, están desconectados y presentan problemas de accesibilidad. Yo sabía eso y, entonces, me enfoqué en el trabajo de campo con esa perspectiva crítica en mente.

Sin embargo, cuando me senté con las personas, lo primero que me dijeron fue: “No, a mí me encanta esto. Me encanta el orden. Me encanta que todo sea estándar”. Lo que los urbanistas veían como una “ciudad inhabitable” o un “no-lugar”, a la gente le parecía bien: “Me gusta porque está planeado, es ordenado, es prolijo”. Eso fue lo primero que me sorprendió.

Y me sorprendió porque estas personas habían vivido en casas construidas por sí mismas en las que tenían más espacio y más flexibilidad en el uso de los espacios, además de que estaban mejor ubicadas en la ciudad. Pero, después de pasar más tiempo con ellos, me di cuenta de que se trataba de una cuestión de prioridades: como el mercado de viviendas no les permitía comprar en ningún otro lugar, eligieron ser propietarios a pesar del tiempo que debían pasar viajando, a pesar de estar lejos de la familia, los amigos y las redes de apoyo.

Sabían lo que estaban perdiendo, pero se trataba de una elección consciente de prioridades: “Estoy eligiendo esto, por sobre esto otro”. Y lo que priorizaban era la estabilidad de tener su propia casa, aunque fuera pequeña, estuviera lejos y costara mucho. Esta elección se relaciona de forma directa con las oportunidades de movilidad social que brinda este país, que se centran en el acceso a la propiedad. Ser parte de la clase media nueva en Colombia significa más que nada tener tu propia casa en las áreas formales de la ciudad, no en los barrios informales.

JG: En lo que respecta a su trabajo, ¿qué la mantiene despierta por la noche? ¿Y qué le da esperanza?

AHT: Lo que me preocupa es que la política de vivienda en Colombia, y creo que también en otros países, sigue la lógica del mercado inmobiliario, es decir, que la única forma de resolver el problema de la vivienda es construir viviendas nuevas y venderlas a hogares de bajos ingresos mediante subsidios. Pero también hay otras alternativas; existen muchas formas de abordar el problema de la vivienda.

En las ciudades colombianas, incluida Bogotá, el déficit cualitativo de vivienda es tres veces mayor que el déficit cuantitativo de vivienda. Esto significa que la cantidad de hogares que necesitan mejorar su vivienda es tres veces mayor que los que necesitan viviendas nuevas. Sin embargo, nuestra política de vivienda otorga todos los recursos y toda la atención a la construcción de viviendas nuevas. Si bien existen programas de mejora de viviendas en los vecindarios, no reciben suficiente presupuesto, no tienen la atención necesaria y no se los considera una manera legítima de resolver el problema de la vivienda.

Entonces, quisiera que cambie el enfoque y que se empiece a brindar más atención y más recursos para mejorar lo que ya tenemos, la ciudad que ya está construida. Esto sería beneficioso tanto para el medio ambiente como para la economía de las personas. Tiene muchas ventajas, pero por supuesto que es un proceso más lento. No involucra cifras muy grandes, ni es funcional al interés de los sectores inmobiliario y financiero.

Lo que me da esperanza es que hay ciertas intervenciones que están dando buenos resultados. Una de ellas es el apoyo a la densificación en barrios de origen informal. Se trata de programas que reconocen que hay barrios de origen informal, con viviendas construidas por quienes las habitan, que son más antiguos y que tienen una buena ubicación en la ciudad, por lo que ya tienen acceso a la infraestructura y los bienes y servicios urbanos, pero necesitan apoyo para crecer en altura.

Entonces, tenemos un programa que ofrece ayuda para reforzar la estructura y subsidios para que las personas construyan un segundo piso en sus casas. Esa unidad nueva la pueden ocupar ellas mismas, si son muchas, o pueden alquilarla a otras personas para tener una fuente nueva de ingresos. Opino que es un programa muy innovador, porque mejora la seguridad estructural de las casas y fomenta una mayor disponibilidad de viviendas, mientras que posibilita que los hogares de bajos ingresos obtengan ingresos nuevos a partir de la construcción de unidades nuevas.

El Estado está apoyando un proceso que sucedería de todos modos, con o sin su ayuda. Pero, con la intervención del Estado, las condiciones son mejores y más seguras, se trata de otra manera de invertir recursos públicos para solucionar el problema de la vivienda. De todas formas, estos son proyectos piloto de escala pequeña. En el futuro, quiero trabajar para buscar la manera de ampliar este proyecto y lograr que la mejora de la vivienda y el vecindario ocupe un lugar más central en la política urbana.

JG: ¿Puede hablar de la relación entre la antropología y el planeamiento urbano?

AHT: En todos los proyectos de investigación, intento pensar los procesos urbanos desde un punto de vista de la estructura, pero también de las experiencias de las personas, y creo que haber estudiado antropología y urbanismo me permite combinar esos enfoques. Es una combinación muy fructífera para observar los procesos desde diferentes perspectivas. Cuando se trata de temas técnicos, como los instrumentos de gestión del suelo o la recuperación de plusvalías, resulta útil conversar con quienes están pasando por ese proceso para tener más contexto sobre la situación.

Desde que hice la tesis de la maestría, tengo curiosidad por saber cómo entiende la gente el valor del suelo. En los contextos que analicé, las personas están muy preocupadas por los cambios en el valor del suelo de sus propiedades, pero las formas de lidiar con esos cambios o con la posibilidad de que esos cambios ocurran son muy diferentes.

Por ejemplo, para su tesis, mi alumna analizó desde una perspectiva etnográfica cómo las personas lidian con la incertidumbre que generan los retrasos en un plan de renovación urbana, cómo entienden el posible incremento del valor del suelo de su hogar y de qué forma esa aspiración de obtener una ganancia genera tensiones en la vida diaria respecto a otros valores del hogar, como el valor de uso.

Y me encontré con la misma situación en cuanto a las viviendas de interés social, es decir, la tensión constante entre pensar el hogar como un lugar para vivir y pensarlo como una inversión de la que quisieran sacar provecho. Esas dos narrativas, esos valores, están siempre en tensión, incluso si se trata de hogares de muy bajos ingresos, e impactan no solo en los comportamientos de la gente, sino también en el comportamiento de la comunidad, e incluso en cómo se relacionan con las instituciones públicas y la ciudad.

Esa es mi inquietud principal, y por eso combino hablar con las personas, estar con las personas y pasar el rato con ellas, con tareas más técnicas como analizar documentos, leyes, reglamentaciones y datos cuantitativos.

JG: ¿Sobre qué aspecto de las viviendas de interés social le gustaría que más personas entendieran?

AHT: Debemos entender que las políticas sobre la vivienda tienen que ver con las políticas sociales y no con las políticas económicas. En Colombia, así como sucede en otros países latinoamericanos que todavía no han caído en la hiperfinancierización, tenemos la oportunidad de evitar seguir la misma dirección que los Estados Unidos, España y otros lugares en los que la crisis de la vivienda está en su peor momento. Todavía no llegamos a ese estado.

JG: ¿Qué libro puede recomendar que haya leído hace poco o cuál es su programa de televisión favorito?    

AHT: Disfruté mucho la lectura del libro Préstamos fallidos, personas fallidas de Melissa García-Lamarca sobre personas endeudadas en Barcelona. Se trata de los impactos subjetivos de vivir endeudado y, además, de cómo la deuda no solo tiene que ver con un problema económico, sino también con un problema moral.

Estoy intentando vincular ese concepto con nuestro proyecto nuevo. Estoy empezando a leer análisis económico feminista y análisis económico antropológico, para entender en profundidad qué implica vivir con deuda y, en especial, una deuda por la vivienda, y qué impacto tiene en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Porque la deuda no solo se limita a las hipotecas: las personas de bajos ingresos aquí tienen que recurrir a todo tipo de deudas, formales e informales, para cubrir el costo de vida. La deuda puede ser con un pariente, con el banco o puede ser una hipoteca, pero también puede haber deudas usurarias, como prestamistas o personas que cobran tasas de interés altas a hogares de bajos ingresos.

En cuanto a la televisión, intento ver contenido que no esté relacionado con estos temas. Estaba viendo Silo, una serie futurista distópica sobre una sociedad que vive en un edificio altísimo, pero bajo tierra: ¡algo muy deprimente! De todas formas, me gusta lo postapocalíptico.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Adriana Hurtado Tarazona de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Crédito: Foto de cortesía. 

The Lincoln Institute provides a variety of early- and mid-career fellowship opportunities for researchers. In this series, we follow up with our fellows to learn more about their work.

With a master’s degree in urban planning and a PhD in anthropology, Adriana Hurtado Tarazona has long been fascinated by the intersection of human behavior and urban form—especially how and where people choose to live. After receiving a graduate student fellowship from the Lincoln Institute’s program on Latin America and the Caribbean (LAC), she spent years studying social housing megaprojects on the outskirts of Colombia’s cities, speaking at length with the people who lived in them to learn how they experienced their community and built environment.

Today, Hurtado Tarazona is an associate professor of planning, governance, and territorial development at the Interdisciplinary Center for Development Studies (CIDER) at Universidad de los Andes in Bogotá, Colombia. “I teach an introductory course on land planning instruments, so I’m still talking about what the Lincoln Institute taught me back in 2005, when I went to a course in Quito,” she says.

In this conversation, which has been edited for length and clarity, Hurtado Tarazona discusses why housing ought to be a social policy versus an economic one, shares some of the surprising sentiments she’s heard from residents of social housing, and explains why paying people to upgrade existing homes may be a better solution than subsidizing new homebuyers.

JON GOREY: What is the general focus of your research, and how did your Lincoln Institute fellowship support that work?

ADRIANA HURTADO TARAZONA: I received the fellowship for my master’s thesis in 2006. I was doing an analysis of the impact on land values of some of the BRT infrastructure in Bogotá —the TransMilenio. It was one of the first studies; at the time, the TransMilenio had only four years of implementation, so it was very new. I was trying to document the changes in the urban space around the two big stations, from the perspective of the land market and from the perspective of the residents of the area.

It was very nice to be in that program, because I got to meet a lot of the professors linked with the Latin America program. I loved the experience. And three years ago, one of my students got the same fellowship that I got almost 20 years before. So it was really nice to now be in a different position, sponsoring my student, and she got to live the benefits of that fellowship.

JG: What are you working on now, and what are you hoping to work on next?

AHT: Right now I have four research projects—two of them are related to the main topic of my PhD thesis, which is social housing, specifically the production and urban expansion of social housing megaprojects in urban borders. One project, which we are finishing this year, is called vertical peripheries, with York University in Toronto. We analyze the subjective impact of living in the periphery, but also the impacts on urban planning and governance of this metropolitanization process, where the social housing overflows the urban limits of Colombian cities. The other one is focused on the economic impact of access to social housing. So we are going to analyze specifically how women-led households have to change their domestic economies to keep up with the costs of accessing homeownership for the first time.

The third one is the care infrastructure project, led by the University of Washington in Seattle. It’s a comparative project between Belfast, Belo Horizonte in Brazil, and Bogotá. We are trying to analyze stories of urban change in general, and specifically, in Bogotá, we are analyzing how care became a focus of urban policy, which was not the case until very recently, and we are analyzing the birth of the district CARE system as urban infrastructure. We have these new regulations that understand care infrastructure at the same status as water, sewage, and roads, which is very interesting, and we are trying to document how that could happen, under what conditions did that happen?

And another thing I’m doing with the Lincoln Institute is a small research grant from last year. The main researcher is from Brazil, and along with Argentina, Bolivia, Peru, and Colombia, we’re trying to do a comparative analysis of interventions that try to support densification.

JG: What’s something surprising or unexpected you’ve learned in your research?

AHT: I have been asking people if they’re happy with their homes, in general, and the first surprise was from an urbanistic perspective. Local urbanists are very critical of these peripheral, massive, standardized, social housing megaprojects, because they are far away from the city, disconnected, with problems of accessibility. I knew all that, and I came to the fieldwork with this very critical perspective.

But then I sat with people, and the first thing they told me was, ‘No, I love this. I love the order. I love that everything is standard.’ Everything that urbanists see as the ‘unlivable city’ and the ‘nonplace,’ the people were saying, ‘No, I like this because it’s planned, it’s orderly, it’s clean.’ That was the first thing that surprised me.

And it surprised me more because they had lived before in self-constructed houses where they had more space, more flexibility of spaces, and they were better located in the city. But then when I spent time with them, I started realizing that this is part of the trade-off people make, because the housing market didn’t allow them to buy anywhere else, and they prioritized homeownership in the formal city over the time they had to spend in transport, over being close to family, to friends, to networks of support.

They knew what they were losing, but this was part of a very conscious trade-off: I am losing this, but I’m gaining this. And the thing they were gaining was the stability of their own home, even if it was small, far away, and very expensive. And that has a lot to do with the opportunities that this country gives to people for social mobility, which are narrowly focused on having access to property. Being part of the new middle class in Colombia means primarily having your own home in the formal city, not in the informal neighborhoods.

JG: When it comes to your work, what keeps you up at night? And what gives you hope?

AHT: What worries me is that housing policy in Colombia—and I think this is the case in other countries also—follows the logic of real estate agents, that the only way to solve the housing problem is to build new housing and sell it to low-income households with subsidies. But we also have lots of alternatives and lots of different ways to address the housing problem.

In Colombian cities, including Bogotá, the qualitative housing deficit is three times more than the quantitative housing deficit. So that means three times more households need better housing and not new housing. But our housing policy gives all the resources and all the attention to building new housing. Neighborhood housing upgrade programs exist, but they don’t have enough budget, they don’t have enough attention, and they are not seen as the legitimate way to solve the housing problem.

So what I really wish we would do is to change the focus and to start paying enough attention and giving enough resources to upgrading what we already have, the built city. It would be environmentally better, economically better for people. There are a lot of advantages, but of course, it’s a slower process. It doesn’t show lots of big numbers, and it doesn’t follow the interest of these real estate and financial sector agents.

What gives me hope is that we have some interventions that are showing good results. One of them is the support for densification in informal-origin neighborhoods. These are programs that recognize that there are neighborhoods of informal origin, with self-constructed homes, that are older, they have good locations in the city, they already have access to the urban goods and services and infrastructure, but they need support to grow in height.

So we have a program here that offers help in structural reinforcement, and they offer subsidies for people to build a second floor on their houses, and then that new unit they could use to live in, if they are crowded, or they could rent it to other households, so they have a new source of income. I think it’s a really innovative program, because at the same time, it ameliorates housing availability and the structural security of the houses, and also gives low-income households the opportunity to have new income from these new units.

The state is supporting a thing that will happen anyway, with or without their help. But if the state intervenes, it happens better, it happens more securely, and it’s a different way to invest public resources to solve the housing problem. But these are small pilot projects. So the thing I want to work on in the future is to figure out how to scale this up and make housing and neighborhood upgrading a more central part of urban policy.

JG: Can you talk about the connection between anthropology and urban planning?

AHT: In all my research projects, I try to understand urban processes from above and from the ground, and I think the combination of having studied anthropology and urban planning allows me to do that. It’s a very good way to understand one process from different perspectives. And specifically for technical topics, such as land management instruments or land value capture, when you talk to people that are living the process, you can amplify your understanding.

Since my master’s thesis, I’ve been curious about how people understand land value. In the contexts I studied, people are very preoccupied about the changes in land value of their properties, but they deal with those changes, or prospective changes, in very different ways.

For example, my student’s thesis was analyzing ethnographically how people deal with the uncertainty of the delays of an urban renewal plan, how they understand the prospective land value increment of their home, and how that aspiration of profit implies tensions in daily life with other values of their home, like the use value of their home.

And I have found the same thing in social housing, this constant tension between the home as a place for living and the home as an investment, from which they are interested in profiting. Even if they are very low-income households, those two narratives and values of home are always in tension, and they impact not only their individual behaviors, but also their community behaviors, and even their ways of relating to public institutions and the city.

So that’s my main curiosity, and that’s why I combine talking to people, being with people, and just spending time with them, with more technical things like analyzing documents, laws, regulations, and quantitative data, too.

JG: What’s one thing you wish more people understood about social housing?

AHT: We need to recenter housing policy as a social policy and not as an economic policy. We have the opportunity in Colombia, and other Latin American countries that have not yet fallen into hyper-financialization, to not follow the trajectory of the United States, of Spain, of places in which the housing crisis is worse now than ever; we are not yet in that state.

JG: What’s the best book you’ve read lately, or a favorite TV show you’ve been streaming?  

AHT: I really enjoyed reading Melissa García-Lamarca’s book about people in debt in Barcelona, Non-Performing Loans, Non-Performing People. It’s about the subjective impacts that living in debt has on people, and how we understand debt as not only an economic issue, but also as a moral issue.

I’m trying to link that with our new project. I’m starting to read feminist economic analysis and anthropological economic analysis, to have a very deep understanding about what living in debt, and housing debt specifically, means for people, and what impact does this have on different aspects of their daily lives. Because here, debt is not only restricted to mortgages—low-income people here have to resort to all kinds of formal and informal debt to pay their living costs. So it’s debt with a relative, debt with a bank, the mortgage, and then it also links even to criminal debt, a criminal lender, people that charge illegally high interest rates to low-income households.

I try to watch TV on really unrelated topics. I was watching Silo, which is a dystopian futurist series about people that live in a high rise, but it’s subterranean—which is really depressing! But I like these post-apocalyptic things.

Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Adriana Hurtado Tarazona of Universidad de los Andes in Bogotá, Colombia. Credit: Courtesy photo.

A falta de acesso a moradias dignas pode perpetuar desigualdades que persistem ao longo de gerações. E, nesse sentido, países de toda a América Latina e Caribe estão enfrentando crises habitacionais. No entanto, cada um enfrenta esses desafios de maneira única. Nas cidades que estão se urbanizando rapidamente, por exemplo, em que os custos de terrenos e da construção são altos, a demanda por moradias acessíveis supera a oferta. Em outros lugares, pode ser difícil ou caro demais para os compradores de imóveis obterem um financiamento habitacional.

Esses desafios relacionados, que se manifestam em contextos distintos, exigem soluções políticas únicas e bem elaboradas. E agora, um novo relatório que “harmoniza” dados habitacionais díspares de uma dúzia de países da América Latina coloca o panorama habitacional da região em uma perspectiva mais clara para os formuladores de políticas.

O 2024 LAC Housing Yearbook, uma colaboração entre o Lincoln Institute of Land Policy e o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) catalogou mais de 250 indicadores habitacionais e financeiros em 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, México, Panamá, Peru e Uruguai) para permitir comparações entre os países da região. O relatório já está disponível em espanhol, com traduções para inglês e português em breve.

“Ao coletar e padronizar esse amplo conjunto de informações, o projeto busca preencher lacunas de conhecimento, permitir comparações entre países e apoiar a formulação de políticas eficientes e direcionadas que reduzam os déficits habitacionais, melhorem a acessibilidade e promovam o desenvolvimento sustentável”, afirmou Pablo López, coordenador executivo sênior de habitação no CAF.

“Os dados revelam realidades marcantes”, continuou López, cuja equipe apresentou o relatório inaugural à Assembleia Geral do Fórum de Ministros e Altas Autoridades em Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e do Caribe (MINURVI) em dezembro. “Os déficits habitacionais são significativos, a penetração de hipotecas continua baixa e a acessibilidade é constantemente prejudicada pelo aumento dos custos em um ritmo mais acelerado que o dos rendimentos.”

Os tipos de indicadores monitorados nos 12 países incluem taxas de inflação e de hipoteca, taxas de participação no mercado de trabalho formal e informal, custos de construção por metro quadrado, além de medidas quantitativas e qualitativas do déficit habitacional de um país, sendo que as primeiras se referem ao número de casas adicionais necessárias para atender à demanda, e as últimas contabilizam o número de famílias que vivem em moradias precárias. Além de um almanaque de informações estatísticas, o relatório inclui uma visão geral regional e perfis detalhados do mercado habitacional de cada país.

“É um projeto bastante ambicioso devido à ampla variedade de categorias de dados que ele tenta consolidar”, disse Luis Quintanilla, analista sênior de políticas do Lincoln Institute. A esperança é atualizar o anuário anualmente, o que permitirá comparações ano a ano, além de expandir a lista de países ao longo do tempo. “Achamos que é um recurso muito valioso”, acrescentou. ““Esperamos que seja útil para os ministros de habitação e secretários de desenvolvimento urbano, bem como para profissionais, desenvolvedores, instituições bancárias e financeiras e outros pesquisadores.”

Reunir alguns dos dados apresentou um “desafio formidável”, disse López, já que estavam dispersos em várias bases de dados públicas e privadas, exigindo uma meticulosa verificação cruzada, quando estavam disponíveis. Por exemplo, as informações sobre microfinanciamentos (pequenos empréstimos não hipotecários que as famílias podem usar para fazer melhorias graduais em suas casas) eram inconsistentes e fragmentadas. E números confiáveis sobre a produção de habitação informal e o acesso ao crédito para trabalhadores informais eram difíceis ou impossíveis de encontrar.

O processo também revelou algumas lacunas de informações que pesquisadores ou agências públicas poderiam abordar no futuro, bem como algumas ineficiências nos subsídios habitacionais. “Contrariamente à intuição, alguns mecanismos de apoio habitacional de países carecem de foco social, [o que faz com que] beneficiem grupos de maior renda, minando seus objetivos de equidade social”, explicou López.

Os países estudados não estão apenas enfrentando a crise habitacional de maneiras diferentes, mas também estão tomando medidas distintas para enfrentá-la. “Embora os países compartilhem desafios fundamentais relacionados à habitação, suas abordagens variam significativamente”, disse López. “A pesquisa revelou bolsões de inovação e progresso em toda a região—cada nação demonstrou pontos fortes únicos que oferecem insights para possíveis soluções.”

O Chile, por exemplo, desenvolveu um mercado hipotecário sofisticado “complementado por programas inovadores de subsídios para aluguel que abordam a acessibilidade habitacional de múltiplas perspectivas”, afirmou López. O Panamá pode se orgulhar de taxas de hipoteca relativamente baixas e de um mercado de crédito que alcança quase um quarto (23,1%) do PIB, “um feito notável em uma região muitas vezes caracterizada pela inclusão financeira limitada”, acrescentou. “Enquanto isso, o Equador e o Peru estão rompendo barreiras com instrumentos inovadores de financiamento verde, incluindo títulos verdes e hipotecas que demonstram uma abordagem progressista para o desenvolvimento sustentável da habitação.”

Ainda assim, os dados deixam claro que nenhum país solucionou de modo abrangente os desafios habitacionais, disse López. “Em vez disso, a região exibe um mosaico de inovações direcionadas, cada uma abordando dimensões específicas de um panorama habitacional complexo.”
Quintanilla espera que essa nova coleção de dados confiáveis e comparáveis ajude os formuladores de políticas a se conectarem e aprenderem uns com os outros. “Se algum país em particular encontrar um contexto semelhante, mas com resultados diferentes, esperamos que, ao destacar essas discrepâncias, seja possível gerar um intercâmbio de ideias e lições transferíveis”, afirmou.

Jon Gorey é redator da equipe do Lincoln Institute of Land Policy. 

Crédito da imagem principal: CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. 

La falta de acceso a una vivienda digna puede perpetuar la desigualdad que persiste de generación en generación. En ese sentido, países de toda América Latina y el Caribe tienen crisis de vivienda, pero cada uno se enfrenta a desafíos únicos. Por ejemplo, en las ciudades que se urbanizan rápidamente, donde los costos del terreno y la construcción son altos, la demanda de viviendas asequibles supera la oferta. En otros lugares, puede ser difícil o demasiado costoso para los compradores obtener una hipoteca.

Esos desafíos relacionados, que se dan en contextos distintos, exigen soluciones de políticas únicas y sensatas. Ahora, el panorama de la vivienda de la región es más claro para los gestores de políticas gracias a un nuevo informe en el que se “armonizan” datos dispares sobre la vivienda de una decena de países latinoamericanos.

En el Anuario de Vivienda de ALC de 2024, una colaboración entre el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), se catalogan más de 250 indicadores de vivienda y financieros en 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) para propiciar comparaciones en toda la región. El informe ya está disponible en español, próximamente con traducciones al inglés y portugués.

“Al recopilar y estandarizar este amplio conjunto de información, el proyecto busca abordar las brechas de conocimiento, permitir hacer comparaciones entre países y apoyar la formulación de políticas eficientes y específicas que reduzcan los déficits de vivienda, mejoren la accesibilidad y promuevan el desarrollo sostenible”, explica Pablo López, coordinador ejecutivo sénior de vivienda de CAF.

“Los datos revelan realidades crudas”, continúa López, cuyo equipo presentó el informe inaugural a la Asamblea General del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) en diciembre. “Los déficits de vivienda son significativos, la penetración hipotecaria sigue siendo baja y la asequibilidad se ve erosionada continuamente por el aumento de los costos a tasas más altas que los ingresos”.

Los tipos de indicadores analizados en los 12 países incluyen tasas de inflación e hipotecas, tasas de participación en el mercado laboral formal e informal, costos de construcción por metro cuadrado, y medidas cuantitativas y cualitativas del déficit de vivienda de un país (la primera se refiere al número de viviendas adicionales necesarias para satisfacer la demanda, mientras que la segunda indica el número de familias que viven en viviendas en malas condiciones). Además de un almanaque de información estadística, en el informe se incluye información general regional y perfiles detallados del negocio inmobiliario de cada país.

“Es un proyecto bastante ambicioso, debido a la amplia gama de categorías de datos que se intenta consolidar”, expresa Luis Quintanilla, analista sénior de políticas del Instituto Lincoln. La meta es actualizar el anuario cada año, lo que permitirá hacer comparaciones año tras año y ampliar la lista de países a lo largo del tiempo. “Creemos que es un recurso muy valioso”, agrega. “Esperamos que sea útil para los ministros de vivienda y los secretarios de desarrollo urbano, así como para los profesionales, los emprendedores inmobiliarios, las instituciones bancarias y financieras y otros investigadores”.

La recopilación de algunos de los datos presentó un “desafío formidable”, dice López, ya que estaban dispersos en varias bases de datos públicas y privadas y requerían referencias cruzadas verificadas, si es que estaban disponibles. Por ejemplo, la información sobre microfinanciación (pequeños préstamos no hipotecarios que las familias pueden utilizar para realizar mejoras graduales en sus hogares) era inconsistente y estaba fragmentada. Además, fue difícil o imposible encontrar cifras confiables sobre la fabricación de viviendas informales y el acceso al crédito para los trabajadores informales,

El proceso también reveló algunas brechas de información que los investigadores o los organismos públicos podrían abordar en el futuro, así como algunas ineficiencias en los subsidios de vivienda. “Contrario a la lógica, los mecanismos de apoyo a la vivienda de algunos países carecen de consideración social, [por lo que] benefician a los grupos de mayores ingresos y socavan sus objetivos de equidad social”, explica López.

Los países estudiados no solo están experimentando la crisis de la vivienda de diferentes maneras, sino que también están tomando distintas medidas para abordarla. “Si bien los países comparten desafíos fundamentales en materia de vivienda, sus enfoques varían de manera significativa”, dice López. “Según la investigación, existen focos de innovación y progreso en toda la región: cada nación demostró fortalezas únicas que ofrecen información valiosa sobre posibles soluciones”.

Por ejemplo, Chile ha desarrollado un sofisticado mercado hipotecario “complementado por programas innovadores de subsidios de alquiler que abordan la asequibilidad de la vivienda desde varios ángulos”, indica López. Panamá puede presumir tasas hipotecarias relativamente bajas y un mercado crediticio que alcanza casi una cuarta parte (23,1 %) del PIB, “un logro notable en una región que a menudo se caracteriza por una inclusión financiera limitada”, agrega. “Mientras tanto, Ecuador y Perú están ampliando los límites a través de instrumentos pioneros de financiamiento verde, incluidos bonos e hipotecas verdes innovadores que señalan un enfoque con visión de futuro para el desarrollo de viviendas sostenibles”.

Aun así, López explica que los datos dejan en claro que ningún país ha resuelto de manera integral sus desafíos de vivienda. “En cambio, la región demuestra una variedad de innovaciones específicas, cada una de las cuales aborda dimensiones particulares de un panorama de vivienda complejo”.

Quintanilla espera que esta nueva recopilación de datos confiables y comparables ayude a los gestores de políticas de políticas a comunicarse y aprender unos de otros. “Si un país en particular encuentra un contexto similar al suyo, pero resultados diferentes, esperamos que resaltar algunas de esas discrepancias pueda ser la chispa para un intercambio de ideas y lecciones transferibles”, dice.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Crédito de la imagen principal: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

A lack of access to decent housing can perpetuate inequality that persists across generations. And in that sense, countries all across Latin America and the Caribbean are facing housing crises—but each experiences those challenges in unique ways. In rapidly urbanizing cities, for example, where land and construction costs are high, demand for affordable housing outstrips supply. In other places, it can be difficult or too expensive for homebuyers to obtain a mortgage.   

Those related challenges, playing out in distinct contexts, demand unique, thoughtful policy solutions. And now, a new report that “harmonizes” disparate housing data from a dozen Latin American countries puts the region’s housing landscape in clearer perspective for policymakers.    

The 2024 LAC Housing Yearbook, a collaboration between the Lincoln Institute of Land Policy and CAF—Development Bank of Latin America and the Caribbean, catalogs more than 250 housing and financial indicators across 12 countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Mexico, Panama, Peru, and Uruguay) to allow comparisons across the region. The report is now available in Spanish, with English and Portuguese translations coming soon.   

“By collecting and standardizing this broad set of information, the project aims to address knowledge gaps, enable cross-country comparisons, and support the formulation of efficient and targeted policies that reduce housing deficits, improve accessibility, and promote sustainable development,” says Pablo López, senior executive housing coordinator at CAF.   

“The data reveal stark realities,” continues López, whose team presented the inaugural report to the General Assembly of the Ministers and High Authorities of Housing and Urban Development of Latin America and the Caribbean (MINURVI) in December. “Housing deficits are significant, mortgage penetration remains low, and affordability is continually eroded by costs rising at higher rates than incomes.”   

The types of indicators tracked across the 12 countries include inflation and mortgage rates, formal and informal labor market participation rates, construction costs per square meter, and both quantitative and qualitative measures of a country’s housing deficit—the former referring to the number of additional homes needed to meet demand, the latter tabulating the number of families living in substandard housing. In addition to an almanac of statistical information, the report includes a regional overview and in-depth profiles of each country’s housing market.   

 “It’s quite an ambitious project, because of the wide range of data categories it attempts to consolidate,” says Luis Quintanilla, senior policy analyst at the Lincoln Institute. The hope is to update the yearbook annually, which will allow for year-over-year comparisons, and to expand the list of countries over time. “We think it’s a very valuable resource,” he adds. “We hope it will be helpful for housing ministers and urban development secretaries, as well as practitioners, developers, banking and financial institutions, and other researchers.”   

Gathering some of the data presented a “formidable challenge,” López says, scattered as it was across various public and private databases, and required meticulous cross-referencing, if it was available at all. For example, information on microfinancing—small, non-mortgage loans that families can use to make incremental improvements to their homes—was inconsistent and fragmented. And reliable figures on informal housing production and credit access for informal workers were difficult or impossible to find.   

The process also revealed some information gaps that researchers or public agencies could address in the future, as well as some inefficiencies in housing subsidies. “Counterintuitively, some countries’ housing support mechanisms lack social targeting, [so they’re] benefiting higher-income groups, undermining their intended social equity objectives,” López explains.   

The countries studied aren’t just experiencing the housing crisis in different ways, they’re also taking different steps to address it. “While countries share fundamental housing challenges, their approaches vary significantly,” López says. “The research revealed pockets of innovation and progress across the region—each nation demonstrated unique strengths that offer insights into potential solutions.”   

Chile, for example, has developed a sophisticated mortgage market “complemented by innovative rental subsidy programs that address housing affordability from multiple angles,” López says. Panama can boast relatively low mortgage rates and a credit market that reaches almost a quarter (23.1 percent) of GDP, “a notable achievement in a region often characterized by limited financial inclusion,” he adds. “Meanwhile, Ecuador and Peru are pushing boundaries through pioneering green financing instruments, including innovative green bonds and mortgages that signal a forward-thinking approach to sustainable housing development.”   

Still, the data make clear that no country has comprehensively solved its housing challenges, López says. “Instead, the region demonstrates a mosaic of targeted innovations, each addressing specific dimensions of a complex housing landscape.”   

Quintanilla hopes this new collection of reliable, comparable data will help policymakers reach out and learn from each other. “If some particular country finds a similar context, but different outcomes, we hope that highlighting some of those discrepancies may be the spark for an exchange of ideas and transferable lessons,” he says.   

Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image credit: CAF—Development Bank of Latin America and the Caribbean.