Durante seis siglos, un pueblo llamado Hohokam habitó en el centro de Arizona. Entre muchos otros logros, crearon una especie de imperio hidráulico, como una telaraña de canales que debían llevar agua de los ríos Gila y Salado, afluentes del poderoso Colorado, hasta sus tierras agrícolas. Con el tiempo, los hohokam abandonaron sus campos y canales.

Hasta hoy, el motivo es incierto, pero el historiador Donald Worster supuso alguna vez que la tribu, productiva, pero condenada, “sufrió las consecuencias políticas y medioambientales de la grandeza” (Worster 1985).

Grandeza. Es la palabra perfecta para describir no solo la cuenca del río Colorado, sino también gran parte de la geografía, historia, cultura, política y desafíos asociados con ella.

El Colorado se destaca por su complejidad absoluta entre los ríos de los Estados Unidos de América, y tal vez del mundo. En esta cuenca, de 622.000 kilómetros cuadrados, un doceavo de la masa continental de EE.UU., existen grandes diversidades, lugares con temperaturas infernales y amplitud glacial. Toda esa extensión, salvo 5.200 kilómetros cuadrados, se encuentra en los Estados Unidos. Apenas un 10 por ciento de esa masa continental que, en gran parte, es una banda elevada de 2.700 a 3.300 metros en las Montañas Rocosas, produce el 90 por ciento del agua del sistema.

Abundan las infraestructuras hidráulicas en casi todos los codos de los 2.300 kilómetros del río. Los primeros desvíos ocurren en el nacimiento mismo, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, antes de que el río se pueda considerar realmente un arroyo. En el río Colorado se erigieron catorce represas, y cientos más en sus afluentes. La represa Hoover debe ser la más conocida; es un gigante a media hora en auto de Las Vegas. El Buró de Reclamación de EE.UU. (USBR) la construyó en la década de 1930 para contener las inundaciones de primavera; así, creó un embalse que hoy se conoce como lago Mead. Unos 480 kilómetros río arriba, se encuentra el lago Powell, un segundo embalse masivo. Es el resultado de la represa del Cañón de Glen, construida en los 60 con el objetivo de ofrecer a los cuatro estados de la cuenca alta (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) un medio para almacenar el agua que habían acordado entregar a Arizona, California y Nevada, los estados de la cuenca baja, y a México.

En su capacidad máxima, ambos embalses (los más grandes del país) pueden contener cuatro años de caudal del río Colorado. Un artículo reciente sugiere que ambos embalses se podrían considerar como uno gigante, dividido por una “acequia gloriosa” (CRRG 2018). Esa acequia es el Gran Cañón, que este año celebra el primer centenario de haber sido declarado parque nacional.

Las represas, embalses, túneles y acueductos del Colorado proveen de agua a 40 millones de personas en siete estados de EE.UU. —más del 10 por ciento de los estadounidenses— y dos estados mexicanos. Además, el agua del río nutre a más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas dentro y fuera de la cuenca. Los residentes de Denver, Los Ángeles y otras ciudades fuera de la cuenca dependen del río; las cosechas de campos que llegan prácticamente hasta Nebraska aprovechan las exportaciones y los desvíos por fuera de ella.

El río ofrece un recurso cultural y económico para 28 tribus dentro de la cuenca. En la cuenca y a su alrededor la economía mueve US$ 1,4 billones. Esto incluye los cañones innivadores de Vail y Aspen, el espectáculo hídrico nocturno del Bellagio, en Las Vegas, y la industria aeronáutica del sur de California. En toda la extensión del río hay más de 225 sitios recreativos federales que atraen a visitantes deseosos de probar suerte en pesca, canotaje o senderismo, o que solo quieren ver el paisaje. Este río y el territorio circundante tienen gran presencia en la imaginación pública.

Se trata de una red hidráulica grande, complicada y, ahora, vulnerable. A comienzos del s. XXI, el río ya era una esponja exprimida al máximo; el agua casi nunca llegaba al Golfo de California.

El veloz crecimiento demográfico, el aumento de la temperatura y la disminución de los caudales presionan al sistema y obligan a los administradores y usuarios a trazar planes creativos y vanguardistas que consideren tanto el suelo como el agua. El Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua del Instituto Lincoln alienta este enfoque con brío. “Estamos intentando tener un pensamiento más holístico, al considerar la administración y la planificación de recursos de suelo y agua juntos”, dice Faith Sternlieb, gerente de programa en el Centro Babbitt. “Estas son las bases sobre las cuales se han considerado y creado las políticas hídricas en la cuenca del río Colorado, y estas son las raíces que debemos alimentar para un futuro hídrico sostenible”.

La doma del Colorado

La necesidad de alimentar las raíces ha empujado el desarrollo de la cuenca del río Colorado desde que las primeras personas comenzaron la labranza en el lugar. Los hohokam, mojave y otras tribus construyeron sistemas de canales de diversa complejidad para irrigar sus campos. A fines del s. XIX, nació el interés federal por intervenir el río para estimular la producción agrícola. Hacia 1902, el Departamento del Interior de EE.UU. (DOI, por sus siglas en inglés), había creado lo que hoy es el Buró de Reclamación. Durante el s. XX, el buró se convirtió en el principal constructor e inversor de proyectos sobre agua para agricultura en toda la cuenca.

La represa Laguna Diversion, la primera del río Colorado, empezó en 1904, y unos años más tarde entregaba agua cerca de Yuma, Arizona. Yuma está en el desierto de Mojave, donde se unen Arizona, California y México. Allí, las temporadas largas de crecimiento, casi sin heladas, se combinan con suelos fértiles y el agua del río Colorado, con lo cual la productividad es extraordinaria. Hoy, los productores agrícolas de la zona de Yuma, en Arizona, y el Valle de Imperial, en California, anuncian que, en invierno, cultivan entre el 80 y el 90 por ciento de los vegetales verdes y otros de los Estados Unidos y Canadá. La Coalición de Agua Agrícola del Condado de Yuma, en Arizona, declara que esta zona es para la agricultura del país lo que Silicon Valley es para la electrónica, y lo que Detroit era para los automóviles (YCAWC 2015).

En total, entre 1985 y 2010 la irrigación representó el 85 por ciento de toda el agua tomada de la cuenca (Maupin 2018). Hoy, la agricultura sigue representando entre el 75 y el 80 por ciento del total de agua extraída. Esta mantiene cultivos en línea, como maíz, y el cultivo perenne de alfalfa, que se siembra desde Wyoming hasta México. Gran parte de los cultivos van al ganado: en un informe de 2013, el Pacific Institute estimó que el 60 por ciento de la producción agrícola de la cuenca alimenta a ganado cárnico y lechero y a caballos (Cohen 2013). La agricultura siempre fue y seguirá siendo una parte esencial del rompecabezas del río Colorado (Figura 1).

Pero casi al instante que el Buró de Reclamación empezó a desviar agua para la agricultura, surgieron otras necesidades, desde producir electricidad hasta saciar la sed de la floreciente Los Ángeles. A principios de los 20, los siete estados del árido oeste del país se dieron cuenta de que debían encontrar una forma de compartir un río que se convertiría en “la masa de agua más disputada del país y, probablemente, del mundo”, según escribiría más tarde Norris Hundley, el fallecido excelso historiador del río (Hundley 1996). Años después, Hundley hizo una referencia famosa a la zona, como una “cuenca de contención” (Hundley 2009).

Hoy hay decenas de leyes, tratados y otros acuerdos y decretos llamados, en conjunto, la Ley del Río, que rigen el uso del agua de la cuenca del río Colorado. Estas incluyen leyes medioambientales federales, un tratado sobre la salinidad, enmiendas a tratados, un caso en la Corte Suprema de EE.UU. y convenios interestatales. Ninguno de ellos es más fundamental que el Convenio del Río Colorado de 1922, que aún hoy rige la proporción anual de agua que obtiene cada estado (Figura 2). Los representantes de los siete estados de la cuenca se encontraron para negociar las cláusulas en unas reuniones agotadoras cerca de Santa Fe. Los impulsaban la ambición y el miedo.

La ambiciosa California necesitaba fuerza federal para domar el río Colorado si quería alcanzar su potencial agrícola. Los Ángeles también tenía aspiraciones. En las primeras dos décadas del siglo, había crecido más del 500 por ciento y quería la electricidad que podría obtener de una represa grande en el río. Unos años más tarde, también decidió que quería el agua misma. Para pagar esta represa gigante, California necesitaba ayuda federal. El Congreso solo aprobaría dicha asistencia si California garantizaba el apoyo de los otros estados del sudoeste.

Los otros estados de la cuenca actuaron por miedo. Si en el río Colorado se aplicaba el sistema jurídico “primero en el tiempo, primero en derecho” de apropiación previa que utilizaban los estados occidentales, California y tal vez Arizona podrían cosechar todos los frutos. Los estados en la cabecera de la cuenca del río, entre ellos Colorado, se desarrollaban con demasiada lentitud como para beneficiarse de sus inviernos largos y nevosos. Delph Carpenter, un niño agrícola de Colorado que se convirtió en abogado hídrico, forjó el consenso. Se asignaron 9,2 kilómetros cúbicos a cada cuenca, la alta y la baja, con un total de 18,5 kilómetros cúbicos. México también necesitaba agua, y el convenio supuso que vendría de aguas excedentes. Un tratado posterior entre ambas naciones especificó que 1,8 kilómetros cúbicos irían para México.

Por otro lado, el Convenio del Río Colorado hacía una alusión, pero no más que eso, a lo que luego los escritores llamaron la espada de Damocles que pendía sobre estas asignaciones: agua para las reservas de las tribus indígenas de la cuenca. En 1908, la Corte Suprema de EE.UU. había declarado que, cuando el Congreso asignaba un territorio para una reserva, se asignaba de forma implícita agua suficiente para satisfacer el propósito de dicha reserva, lo que incluye la agricultura. Ese decreto no determinó las cantidades que se necesitaban. Hoy, los derechos de aguas de las tribus conforman 2,9 kilómetros cúbicos, y en muchos casos superan en prioridad a todos los otros usuarios en las asignaciones de los estados individuales (Figura 3). Es un quinto del caudal total del río. Es importante notar que aún no se resolvieron las asignaciones específicas para algunas de las tribus más grandes.

Los legisladores del convenio de 1922 incurrieron en una suposición grande y con un defecto fatal: que había suficiente agua para abastecer las necesidades de todos. Entre 1906 y 1921, el promedio de caudales anuales fue de 22,2 kilómetros cúbicos. Pero ya en 1925, apenas tres años después de la creación del convenio y a tres años de la aprobación en el Congreso, un científico del Servicio Geológico de EE.UU. llamado Eugene Clyde La Rue entregó un informe según el cual el río no podría entregar agua suficiente para satisfacer estas esperanzas y expectativas. Otros estudios del mismo momento llegaron a las mismas conclusiones.

Tenían razón. En un período más largo, entre 1906 y 2018, el río entregó en promedio 18,2 kilómetros cúbicos por año. Los promedios cayeron a 15,1 kilómetros cúbicos en el s. XXI, en medio de una sequía de 19 años. En el último año hídrico, que terminó en septiembre de 2018, el río alcanzó apenas 5,6 kilómetros cúbicos. Eso es 0,02 kilómetros cúbicos más de la asignación anual de California.

Un río compartido

A fines de 1928, el Congreso aprobó la Ley para el Proyecto del Cañón Boulder. La legislación logró tres puntos importantes: autorizó la construcción de una represa en el cañón Boulder, cerca de Las Vegas, que luego se llamó represa Hoover. También autorizó la construcción del Canal Todo Américano, esencial para desarrollar las productivas tierras de cultivo del Valle de Imperial, en California; hoy, esa zona es la principal usuaria del agua del río Colorado. Por último, la Ley para el Proyecto del Cañón Boulder dividió las aguas entre los estados de la cuenca baja: 5,4 kilómetros cúbicos al año para California, 3,4 kilómetros cúbicos para Arizona y 0,03 kilómetros cúbicos para Nevada. En ese momento, Las Vegas contaba con menos de 3.000 habitantes.

A medida que avanzó el s. XX, los estados en la cabecera del río también construyeron represas, túneles y más infraestructura hidráulica. En 1937, el Congreso aprobó financiar el proyecto Colorado-Big Thompson, lo que el historiador David Lavender consideró “una violación masiva a la geografía”, que pretendía desviar las aguas del río Colorado a granjas en el noreste de Colorado, por fuera de la cuenca hidrológica. En 1956, el Congreso aprobó la Ley sobre el Proyecto de Almacenamiento del Río Colorado y autorizó un puñado de represas, entre ellas la del Cañón de Glen.

Solo Arizona quedó afuera. Se había opuesto con fervor al convenio de 1922, y entonces, quedó como rebelde. Sus representantes en el Congreso se opusieron a la represa Hoover y, en 1934, el gobernador Benjamin Moeur llegó a enviar la Guardia Nacional del estado para oponerse de manera llamativa a la construcción de otra represa río abajo, que daría agua a Los Ángeles. “Para simplificarlo, los habitantes de Arizona temían que quedara poca agua para ellos luego de que la cuenca alta, California y México obtuvieran lo que querían”, explica Hundley (Hundley 1996). Al final, en 1944 (el mismo año en que EE.UU. y México llegaron a un acuerdo sobre la cantidad de agua que recibiría este último), los legisladores de Arizona sucumbieron a las realidades políticas. Se necesitaría cooperación, y no enfrentamientos, para que el estado obtuviera ayuda federal en el desarrollo de su parte del río. Por fin, el convenio tenía la firma de los siete estados.

Arizona acabó por recibir su gran porción de la torta del río Colorado en los 60. Una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 1963 (uno de varios casos de Arizona contra California en varias décadas) confirmó que Arizona tenía derecho a 3,4 kilómetros cúbicos, tal como había especificado el Congreso en 1928, junto con toda el agua de sus propios afluentes. Esto es lo que Arizona había querido desde siempre. En 1968, el Congreso aprobó la financiación del masivo Proyecto de Centro Arizona, que dio como resultado la construcción de 494 kilómetros de acueductos de concreto para llevar agua del lago Havasu hasta Phoenix y Tucson, y los productores que se encontraran en el camino. California apoyó la autorización, con una condición: en tiempos de escasez, seguiría teniendo prioridad para hacer valer su derecho a 5,4 kilómetros cúbicos. Por está razon, Arizona luego estableció una autoridad bancaria para almacenar agua del río Colorado en acuíferos subterráneos, lo cual proporciona una seguridad al menos parcial ante futuras sequías.

Los estados de la cuenca alta habían llegado a un acuerdo sobre cómo distribuir sus 9,2 kilómetros cúbicos sin fricciones notables: Colorado 51,75 por ciento, Utah 23 por ciento, Wyoming 14 por ciento y Nuevo México 11,25 por ciento. Como explicó Hundley, usaron porcentajes debido a la “incertidumbre sobre cuánta agua quedaría una vez que la cuenca alta cumpliera con la obligación hacia los estados de la cuenca baja” y México. Consideraron que las fluctuaciones en el caudal del río podrían significar que algunos años tendrían menos de 9,2 kilómetros cúbicos para repartirse. En retrospectiva, fue una decisión sumamente sabia.

En todas partes y en ningún lado

El mismo año en que los estados de la cuenca formularon el Convenio original del Río Colorado, el gran naturalista Aldo Leopold recorrió el delta en canoa, en México. En un ensayo que luego se publicó en A Sand County Almanac, describió al delta como “una tierra virgen en que fluye leche y miel”. Escribió que el río en sí estaba “en todas partes y en ningún lado”, y que lo camuflan “cien lagunas verdes” en su viaje relajado hasta el océano. Seis décadas más tarde, el periodista Philip Fradkin visitó el delta después de medio siglo de trabajos febriles de ingeniería, construcción y administración que surgieron para darle un buen uso al agua del río; su percepción fue distinta. Tituló su libro A River No More (Ya no es un río).

A medida que concluía el s. XX, los impactos medioambientales de haber considerado al río básicamente como una cañería atrajeron nuevas miradas, en particular en el delta, que ya no tenía agua. Las lagunas que habían hechizado a Leopold ya no existían, porque, debido a la obstrucción del río, este ya no llegaba a su salida en el sur. El drenaje de grandes emprendimientos agrícolas lo había salinizado tanto que, entre otras cosas, México protestaba porque no podía utilizar el agua que recibía. La gran cantidad de represas y desvíos que se concretaron tras la visita de Leopold también habían llevado al borde de la extinción a 102 especies únicas de aves, peces y mamíferos que dependían del río, según se informó en Arizona Daily Star. El periódico elogió el trabajo de los interesados en un nuevo esfuerzo de conservación transfronterizo: “El principio fundamental de la ecología exige a los administradores del suelo que observen el bien del sistema entero, no solo de las partes”.

Los grupos ambientalistas podrían haber usado la Ley de Especies en Peligro de Extinción para imponer el debate de las soluciones, pero el delta no estaba dentro de los Estados Unidos. Entonces, intentaron encontrar soluciones de colaboración. En los últimos días del mandato de Bruce Babbitt, Secretario del Interior en el gobierno de Clinton quien dio nombre al Centro Babbitt (ver entrevista en página 10), ambos países adoptaron el Acta 306 de la Comisión Internacional de Límites y Agua. Esta creaba el marco para un diálogo que, con los sucesores de Babbitt en el gobierno de Bush, originó un acuerdo llamado Acta 319 y, en 2014, un flujo por pulso único de más de 0,01 kilómetros cúbicos para el río.

Durante ese flujo por pulso, en México los niños chapoteaban con alegría en las aguas escasas del río, pero los adultos de ambos lados de la frontera también compartían la celebración. Jennifer Pitt también sonreía; en ese momento pertenecía al Fondo para la Defensa del Medioambiente. Dijo que el litigio había sido un camino posible, pero era más productivo optar por un proceso inclusivo y transparente con los interesados.

“El marco institucional legal y físico que poseemos para el río Colorado es la base para una gran competencia y un potencial de litigios entre las partes”, dijo; hoy, está con Audubon. “Pero es el mismo marco exacto que dio a dichas partes la posibilidad de colaborar como alternativa a que una corte les dé las soluciones en una bandeja”.

El cambio de granjas a ciudades

La agricultura fue el mayor impulsor de desarrollo a lo largo del río Colorado. Según un informe reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), entre 1985 y 2010 el 85 por ciento de las extracciones de agua se destinaron a la irrigación. Los campos que rodean a Yuma, Arizona, y los valles de Imperial y Palo Verde de California consumen más de 4,9 kilómetros cúbicos de agua del río Colorado al año, casi un tercio de sus caudales anuales. Pero, con el crecimiento demográfico, el uso del agua pasó a satisfacer las necesidades urbanas. Por ejemplo, en Colorado, del agua importada del nacimiento del río Colorado mediante el proyecto Colorado-Big Thompson (CBT), el 95 por ciento se solía usar para la agricultura; hoy, esa proporción se acerca más al 50 por ciento. Otro ejemplo de la complejidad de los sistemas de la cuenca es que el agua del CBT se divide en unidades, que se pueden comprar y vender. La cantidad de agua de una unidad varía de año a año, según la cantidad total de agua disponible. Cuando el CBT está completo, una unidad son 1.233 metros cúbicos. Cuando, en los 50, las unidades se empezaron a comercializar, los usuarios agrícolas poseían el 85 por ciento de estas; pero hoy poseen menos de un tercio de las unidades disponibles. Los municipios poseen el resto, pero a veces alquilan el agua a las granjas hasta que se la necesite. El precio actual de una unidad del CBT es casi US$ 30.000.

Estos acuerdos para compartir el agua son cada vez más comunes en un sistema que ya está demasiado disminuido. El barbecho rotativo, conocido como retirada de tierras rotativas o mecanismos de transferencia alternativa, ha sido un agente en el cambio de agua de las granjas a las ciudades. Los productores del valle Palo Verde llegaron a un acuerdo con el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, que atiende a 19 millones de clientes, para dejar sin explotar entre un 7 y un 35 por ciento de su territorio de forma rotativa. Los clientes metropolitanos, por su parte, reciben el agua, que se puede almacenar en el lago Mead. Existen tratos similares entre los municipios del sur de California y los productores del valle de Imperial, que están cargados de tensión, pero que se aceptan cada vez más. También entre ciudades y productores del corredor urbano Front Range, de Colorado.

Por su parte, las ciudades tienden a ofrecer labores de conservación y desarrollo que se llevan a cabo pensando en el agua (Figura 4). Muchas promueven la densidad y reducen el agua necesaria para la jardinería; algunas implementaron programas para eliminar el campo de césped; y los baños, duchas y otros aparatos son más eficientes (ver página 38 para obtener más detalles sobre cómo las ciudades integran el uso del suelo y el agua). El Distrito Metropolitano de Agua del sur de California alcanzó una reducción del 36 por ciento en el uso del agua per cápita entre 1985 y 2015, en una época de varias sequías, según indica la revista Planning (Best 2018).

En Nevada, la población abastecida por la Autoridad del Agua del Sur de Nevada aumentó en un 41 por ciento desde 2002, pero el consumo per cápita de agua del río Colorado descendió en un 36 por ciento.

Colby Pellegrino, que trabaja en la agencia, habló en una conferencia de septiembre de 2018 denominada “Risky Business on the Colorado River” (“Negocios arriesgados en el río Colorado”) y dijo que la conservación es la primera, segunda y tercera estrategia para lograr reducciones en el consumo de agua. “Si vives en el valle de Las Vegas, donde hay menos de 102 milímetros de precipitaciones al año, posees una mediana cubierta de césped, y la única persona que camina por ella es quien empuja la cortadora de césped, ese es un lujo que la comunidad no puede costear si queremos continuar con la economía que tenemos hoy”, dijo.

La economía, la cultura y los valores fueron el centro del debate en toda la cuenca sobre cómo responder a la sequía. No hay ningún sector ni región que pueda absorber la carga completa de las reducciones necesarias, y es evidente que todos deben empezar a pensar de otro modo. Andy Mueller, gerente general del Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado, habló en la conferencia “Risky Business” y lo explicó de este modo: en vez de uso intencional del agua, hoy Colorado habla del no uso intencional del agua. Al igual que todos los que viven y trabajan en la cuenca del río Colorado.

La colaboración es esencial

Cuando llegó el nuevo siglo, los embalses estaban llenos, gracias a una nevada importante en las Rocosas en los 90. Pero seguía habiendo tensión. Durante décadas, California había excedido su porción de 5,4 kilómetros cúbicos; el pico fue en 1974: consumió 6,6 kilómetros cúbicos. Los estados de la cuenca alta nunca desarrollaron del todo sus 9,2 kilómetros cúbicos: desde los 80 tuvieron un promedio de 4,5 a 4,9 kilómetros cúbicos, además de 0,06 kilómetros cúbicos de evaporación del embalse.

Y luego llegó la sequía, pronunciada y extensa. En 2000, el caudal del río fue de apenas el 69 por ciento. El invierno de 2001 a 2002 fue aun más miserable: el río entregó apenas 7,2 kilómetros cúbicos, un 39 por ciento del promedio, en el lago Powell. El período entre 2000 y 2004 tuvo el caudal acumulado de cinco años más bajo en los registros observados. Desde entonces, hubo más años secos que húmedos. Los embalses tienen niveles bajos muy cercanos a los récords mínimos.

El convenio de 1922 no había contemplado este tipo de sequías a largo plazo. Se hizo muy evidente que había un “déficit estructural”. Tom McCann, vice gerente general del Proyecto de Centro Arizona, fue quien acuñó la frase. Para simplificarlo, todos los años los estados de la cuenca baja usaban más agua de la que entregaba el lago Powell. Esto ocurrió también cuando el Buró de Reclamación autorizó la liberación de caudales adicionales de “compensación” desde Powell.

“Las liberaciones de compensación son como sacar el premio mayor en las tragamonedas”, dijo McCann. “En ese momento, sacábamos el premio cada tres, cuatro o cinco años, y pensábamos que no había nada de qué preocuparse”. Incluso con los premios mayores, el lago Mead seguía empeorando: las marcas de nivel del embalse, como las de una bañera, ilustraban las pérdidas.

El cambio climático se superpone con el déficit estructural. Los científicos argumentan que el aumento de las temperaturas es un golpe muy grande para la cuenca del río Colorado. Denominan a las disminuciones de principios del s. XXI “sequía caliente”, que son distintas a las “sequías secas”.

La perspectiva de esta sequía nueva y “caliente”, inducida por el hombre, además de una sequía convencional, preocupa a muchos. Los estudios de anillos de los árboles demuestran que la región ha sufrido sequías más largas y pronunciadas, antes de que comenzaran las mediciones. “Varias personas afirman que el período actual de 19 años, de 2000 a 2018, es el más seco en el río Colorado”, dice Eric Kuhn, ex gerente general del Distrito de Conservación de Agua del Río Colorado. “Son tonterías. Ni se le acerca. Si esas últimas sequías sucedieran con las temperaturas de hoy, las cosas estarían mucho peor”.

En las primeras dos décadas del nuevo milenio, se observaron una serie de labores para enfrentar esta nueva realidad. En 2007, el Departamento del Interior emitió pautas provisorias ante la escasez, la primera respuesta formal a la sequía. En 2012, el Buró de Reclamación emitió un Estudio de Oferta y Demanda en la Cuenca, un esfuerzo exhaustivo por ofrecer una plataforma para decisiones futuras. La gran cantidad de informes llenaba una caja donde podría caber una pelota de fútbol americano. Debatían el crecimiento demográfico, el aumento de temperaturas y el impacto de las mayores precipitaciones en la carga nival. El estudio concluyó que, para 2060, la demanda excedería a la oferta en 3,9 kilómetros cúbicos (USBR 2012).

“Se pueden objetar los números, se puede objetar el pronóstico, pero eso llamó la atención de todos”, dice Anne Castle, de Colorado, quien en ese momento era subsecretaria del Interior para el agua y la ciencia. “Fue como un catalizador para concentrar el debate acerca de la administración del río Colorado de forma más directa al lidiar con la futura escasez”.

Castle observa que hoy la cuenca lucha por encontrar soluciones en colaboración. “En un sistema hídrico complejo, hay muchas partes móviles, no hay una única respuesta”, dijo. “Se debe administrar un sistema complejo, y eso solo se puede hacer mediante acuerdos negociados”.

Esas negociaciones suceden en este momento, en forma de planificación de contingencia ante sequías (ver página 26). A medida que la escasez se hizo más pronunciada, también creció la colaboración. Pero la vara con la que se mide el éxito bien podrían ser las paredes blancas mineralizadas del lago Mead, un gran embalse en una gran cuenca que enfrenta grandes desafíos. Hoy, los siete estados, las tribus y los gobiernos de EE.UU. y México, con aportes de organizaciones medioambientales y otras no gubernamentales, deben descifrar cómo evitar que esos niveles de agua bajen aun más. Deben elaborar un plan que garantice un futuro sostenible y, al mismo tiempo, atender los giros del pasado.

Allen Best escribe sobre agua, energía y otros temas desde una base en el área metropolitana de Denver; allí, el 78 por ciento del agua proviene de la cuenca del río Colorado.

Fotografía: Lago Powell detrás de la represa del Cañón de Glen. Crédito: Pete McBride

Referencias

Arizona Daily Star. 1998. “Don’t Ignore Colorado Delta.” 6 de mayo de 1998.

Best, Allen. 2018. “Water Pressure: Smart Management Is Key to Making Sure Inland Cities Aren’t Left High and Dry in the Face of a Warming Climate.” Planning agosto/septiembre: 40–45. https://www.planning.org/login/?next=/planning/2018/aug/waterpressure.

Cohen, Michael, Juliet Christian-Smith y John Berggren. 2013. Water to Supply the Land: Irrigated Agriculture in the Colorado River Basin. Oakland, CA: Pacific Institute (mayo). http://pacinst.org/publication/water-to-supply-the-land-irrigated-agriculture-in-the-colorado-river-basin.

CRRG (Colorado River Research Group). 2018. “It’s Hard to Fill a Bathtub When the Drain is Wide Open: The Case of Lake Powell.” Boulder, CO: Colorado River Research Group (agosto). https://www.coloradoriverresearchgroup.org/uploads/4/2/3/6/42362959/crrg_the_case_of_lake_powell.pdf.

Fradkin, Philip. 1996. A River No More: The Colorado River and the West. Oakland, CA: University of California Press.

Hundley, Norris Jr. 1996. “The West Against Itself: The Colorado River—An Institutional History.” En New Courses for the Colorado River: Major Issues for the Next Century, ed. Gary D. Weatherford y F. Lee Brown. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press. http://web.sahra.arizona.edu/education2/hwr213/docs/Unit1Wk4/Hundley_CRWUA.pdf.

———. 2009. Water in the West: The Colorado River Compact and the Politics of Water in the American West. Oakland, CA: University of California Press.

Leopold, Aldo. 1949. A Sand County Almanac: And Sketches Here and There. Nueva York, NY: Oxford University Press.

Maupin, Molly A., Tamara Ivahnenko y Breton Bruce. 2018. “Estimates of Water Use and Trends in the Colorado River Basin, Southwestern United States, 1985–2010.” Reston, Virginia: Servicio Geológico de EE.UU. https://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20185049.

USBR (Buró de Reclamación de los EE.UU.) 2012. “Colorado River Basin Supply and Demand Study.” Washington, D.C.: Departamento del Interior de EE.UU. https://www.usbr.gov/lc/region/programs/crbstudy/finalreport/Study%20Report/CRBS_Study_Report_FINAL.pdf.

Worster, Donald. 1985. Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West. Nueva York, NY: Pantheon Books.

YCAWC (Coalición de Agua Agrícola del condado de Yuma). 2015. “A Case Study in Efficiency: Agriculture and Water Use in the Yuma, Arizona Area.” Yuma, AZ: Coalición de Agua Agrícola del condado de Yuma (febrero). https://www.agwateryuma.com/wp-content/uploads/2018/02/ACaseStudyInEfficiency.pdf.

Bruce Babbitt ha sido líder en políticas de suelo y agua en el oeste de EE.UU. desde hace casi medio siglo. Fue fiscal general de Arizona entre 1975 y 1978, gobernador de Arizona entre 1978 y 1987 y Secretario del Interior de EE.UU. entre 1993 y 2001. El secretario Babbitt, que da nombre al Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua, también participó en la junta de directores del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo entre 2009 y 2017. Uno de sus cuantiosos logros fue promulgar la Ley de Administración de Aguas Subterráneas de Arizona durante su mandato como gobernador. En los últimos dos años, se desempeñó como asesor para Jerry Brown, gobernador de California, en asuntos hídricos. Para esta edición especial de Land Lines, habló con el Dr. Jim Holway, director del Centro Babbitt. En el sitio web del Instituto Lincoln se encuentran disponibles videos con extractos de la conversación.

Jim Holway: Bruce, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del río Colorado?

Bruce Babbitt: Bueno, John Wesley Powell respondió esa pregunta hace casi 150 años. Vivimos en un territorio con precipitaciones escasas, y a nuestros ríos no baja suficiente agua. La demanda siempre superará a la oferta. Y el modo en que captamos eso como cultura política es un poco la gran realidad del río Colorado. Históricamente, el agua se destinaba, principalmente, a la agricultura, pero las exigencias urbanas crecen cada vez más, debido al aumento de la población. Se necesitará mucha imaginación e innovación en el uso de este río para lograr el crecimiento y el progreso del oeste.

JH: ¿Cuál es el papel del río en la economía y la calidad de vida del sudoeste del país?

BB: Sin el río Colorado, esta sería una tierra muy vacía. Esa es la realidad. Hemos poblado y fundado este territorio en base a la noción de “constrúyelo y el agua vendrá”. Y, como sabe, es un rasgo espectacular de nuestra historia. Está como incorporado a nuestra visión del oeste como una tierra de infinitas oportunidades. Pero ahora estamos descubriendo los límites. Las necesidades agrícolas y urbanas están llegando al conflicto. Además, necesitamos tener en cuenta los valores medioambientales y ecológicos que se desatendieron por mucho tiempo y que suman tanto a la calidad de vida y al atractivo del oeste estadounidense.

JH: ¿Cuál es el estado del río hoy, y cómo cambió desde que era Secretario del Interior?

BB: Cuando fui a Washington en 1993 para ser Secretario del Interior, los lagos Powell y Mead estaban desbordados, y el río Colorado no parecía ser una preocupación inmediata. A nuestra percepción contribuyó el hecho de que este era un sistema con exceso de posibilidades. Hoy, apenas 25 años después, el lago Mead se está acercando a ser un charco muerto (dead pool), al punto de que ya no puede liberar agua ni generar energía. Esta transición, que no anticipamos ni planificamos, es un duro recordatorio de la necesidad de planificar un amplio abanico de escenarios para el uso del suelo y el agua.
 
JH: Según su opinión, ¿cuáles son los desafíos más grandes del río Colorado que debemos abordar?

BB: El primero es reconocer que vivimos en un desierto con fluctuaciones climáticas inmensas y rápidas. A lo largo del s. XX, construimos el gran sistema de embalses para almacenar agua frente a estas fluctuaciones. Pero nuestras suposiciones acerca del cambio climático y el crecimiento de la población estaban muy erradas. Hoy, tomamos más de 1,2 kilómetro cúbico del almacenamiento en embalses más de lo que ingresa en promedio al año. Y, por supuesto, eso no puede seguir así. Ahora debemos apuntar a establecer el equilibrio en toda la cuenca. Para alcanzar ese equilibrio, tendremos que realizar ajustes en cada usuario del agua: agrícolas, municipales, generación de energía y usos medioambientales. Y, por supuesto, esto no puede hacerse de a poco, a medida que se necesita; deberemos inventar procesos nuevos de participación del público y ajustes compartidos en cada pueblo, ciudad y granja de la cuenca.

JH: ¿Qué estructuras de política y administración necesitamos para avanzar hacia un enfoque más equilibrado?

BB: En el oeste, conectar e integrar el uso del suelo y el agua es una idea relativamente nueva. El uso del agua, al igual que el del suelo y la zonificación, solía ser un asunto local, con poca coordinación o indicaciones a nivel estatal o interestatal. Pero el agua es un recurso en común; si el desarrollo se da de forma local, proyecto por proyecto, sin pensar en el abastecimiento regional y las restricciones de demandas, es inevitable que se llegue a las crisis y la degradación del medioambiente que vemos hoy. La pregunta es cómo cambiarlo.

JH: Según su opinión, ¿cuáles son los desafíos de políticas o políticos más difíciles?

BB: Acercarse a una planificación más proactiva será un desafío político y social. No se puede lograr emitiendo reglamentaciones desde arriba, Washington, Phoenix o Denver. Necesitamos comenzar a nivel personal y movernos de abajo hacia arriba. Comenzar con una ética personal renovada de conservación, involucrar a las comunidades en los programas de eficiencia y reutilización, integrar el agua al uso local del suelo y la zonificación, y reproducir las historias de éxito locales en las políticas estatales y luego al nivel de toda la cuenca.

JH: ¿Los estados son la clave para esta visión más grande, de todo el sistema? ¿O se trata de un asunto federal?

BB: Como sabe, algo destacable del río Colorado es que es la única cuenca fluvial de los Estados Unidos administrada y operada bajo la dirección del gobierno federal. En 1963, después de casi un siglo de guerras entre los estados de la cuenca, la Corte Suprema intervino, dictó una fórmula para compartir el agua y luego designó al Secretario del Interior para la administración del río y sus embalses. En ese momento, muchos habitantes del oeste sintieron que la asignación de ese cargo sería un desastre. De hecho, ha funcionado muy bien en su mayor parte porque los distintos secretarios utilizaron su poder con buen juicio, alentaron a los estados a cooperar entre sí e intervinieron solo como último recurso cuando estos no se ponían de acuerdo. Eso representó un estímulo y una amenaza, y acomodó las piezas para que los estados se unieran.

JH: Cuando usted era Secretario del Interior, utilizaba un enfoque de “hablar suave, pero llevar un palo grande”. ¿Es optimista con respecto al papel que cumplen los estados? ¿O siente que necesitan más estímulo para progresar?

BB: Aunque este sistema de administración federal y estatal funcionó bien hasta ahora, necesita mejorar. Un ejemplo es la negociación actual entre el Departamento del Interior y los estados sobre los déficits en el lago Mead. Esas conversaciones avanzaron a los tropezones, y las proyecciones de escasez se revisan constantemente. Es notable que ni siquiera haya una organización interestatal vigente que pueda guiar las labores de recopilación de datos, investigación y planificación. Tendremos que encontrar una forma de ser más proactivos, y no esperar hasta último momento. Tendremos que adelantarnos a varios momentos antes y anticipar las posibles situaciones que encontraremos en la próxima década, en las próximas dos o tres décadas.

JH: En relación con repensar los modelos antiguos, ¿cuáles son las formas más efectivas de unir la planificación local de suelo y agua con la gestión?

BB: Debemos idear nuevos medios de planificación en cada uno de los estados de la cuenca. Podemos aprender mucho de la planificación de uso del suelo y zonificación tradicionales, que ahora se pueden conectar e integrar con la planificación para el uso del agua. Llamémoslo planificación de uso de suelo-agua. Podemos comenzar con ejemplos locales de eficiencia en el uso del agua y conservación, que luego se deberían extender a labores de planificación más amplias, como la legislación para el “suministro de agua asegurado” de Arizona, una ley muy básica, pero innovadora; para simplificarlo, antes de clavar una pala en el suelo, nos tienen que demostrar qué saldrá de los grifos en los próximos 100 años . . . Al ascender en la escala de administración del agua y en las escalas de gobierno municipal, de condado, estatal, multiestatal y federal, es importante salir y observar ejemplos buenos, como ese.

JH: Cuando era gobernador de Arizona, lideró labores para promulgar la Ley de Administración de Aguas Subterráneas de 1980. ¿Le parece que el debate sobre los problemas hídricos rurales ha cambiado desde entonces?

BB: No cambió. El ejemplo de Arizona ilustra la necesidad de establecer procesos de planificación y luego seguir esforzándose, todos los años, por mejorar y expandir esa aplicación. La Ley de Administración de Aguas Subterráneas de 1980 revolucionó la administración del agua en condados urbanos que incluyen a Phoenix y Tucson. Sin embargo, en los cerca de 35 años que pasaron, la Ley no se extendió a las zonas rurales del estado, que ahora encuentran los mismos problemas de desarrollo rápido y demanda. El liderazgo político importa, y no ha habido mucho en Arizona y en todo el oeste del país.

JH: Fue gobernador de Arizona y Secretario del Interior de EE.UU. Con la ventaja de poder mirar atrás, ¿hay cosas esenciales que habría hecho de otro modo?

BB: Bueno, en realidad la posición de uno depende de dónde uno está sentado. No sería injusto repasar mis épocas de funcionario público y decir: “¿Pero él no era un tipo orientado a los derechos del estado, que daba todos esos discursos sobre la burocracia malvada de Washington?”, y luego toman mis discursos de 20 años después y tiendo a enfocarlos hacia el otro lado. El hecho es que no es ni una cosa ni la otra; debemos trabajar en conjunto en todos los niveles del gobierno, desde lo más local hasta los Capitolios estatales y Washington.

Al mirar atrás, sé que a veces subestimé la importancia de la promoción de políticas y enlaces directos con los votantes. En el pasado, a veces fui impaciente, cuando deseaba entrar en acción en vez de tomarme el tiempo de escuchar en foros públicos. Creo que, si pudiera volver en el tiempo, dedicaría más tiempo a asociaciones federales y estatales, y también pasaría mucho más tiempo pensando en esos foros públicos.

JH: ¿De dónde tiene que venir el liderazgo para afrontar los desafíos que identificó?

BB: Los estadounidenses siempre fueron escépticos respecto del gobierno, y en realidad de eso se trata la Constitución: límites adecuados para el gobierno. A lo largo de nuestra historia, tuvimos una tendencia a ser pragmáticos, optimistas y de mente abierta sobre lo que se debe hacer. Somos perfectamente capaces de decir que no queremos al gobierno federal, y luego en la misma oración exigir ayuda federal.

En este momento, presenciamos prácticamente un colapso de la asociación tradicional entre gobierno federal y estatal, dado que el primero recae en una presencia idiosincrática e impredecible en el oeste. La verdad, es lamentable. Ya hemos pasado por estos períodos en la historia del país. Y superaremos este.

Este colapso a nivel nacional se contrarresta con interés y participación renovados por parte del gobierno local. La historia estadounidense nos instruye una vez más: cuando el gobierno nacional se estanca, suele venir una renovación de base en todo el territorio. Y esa es una gran oportunidad para que todos revitalicemos la planificación, desde la base hacia arriba.

JH: ¿Qué lo llevó a dar su nombre al Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua?

BB: Me formé como geólogo y tiendo a afrontar los problemas en términos lineales y formulados. Cuando estuve en la junta del Instituto Lincoln, pude comprender muchísimo mejor cómo están interconectados el uso del suelo y el agua con la economía, y los aspectos sociales y políticos del uso del suelo. Lincoln posee un historial vasto e impactante en la unión de investigaciones profundas e impulsadas por datos, múltiples disciplinas académicas y profesionales del mundo real para ofrecer nuevas perspectivas acerca de cómo vivimos y prosperamos en el territorio. Si mi presencia y mi experiencia pueden agregar aunque sea un poco a la misión de Lincoln, me entusiasma seguir aprendiendo y aportando.

JH: Dado que posee amplia experiencia internacional, ¿qué lecciones de otros lugares cree que el Centro Babbitt y otros podrían tomar para la cuenca del río Colorado?

BB: Al principio, David Lincoln y su familia decidieron extender el trabajo del Instituto Lincoln a dos lugares que siempre despertaron un interés especial en mí: China y América Latina. Ambas regiones se enfrentan a problemas hídricos complejos, agudizados por el inicio del calentamiento global; de ellos, podemos aprender y a ellos podemos aportar con nuestra propia experiencia. El cambio climático se acelera más en los polos, en los trópicos y cerca de ellos. Entonces, es como si tuviéramos una proyección avanzada, en un contexto diferente, del tipo de cosas con las que tendremos que lidiar en la cuenca del río Colorado.

JH: ¿Qué hace ahora? ¿Cuáles son sus próximos pasos?

BB: Bueno, en cierto punto es probable que regrese a Brasil y la cuenca del Amazonas; allí, estoy involucrado en causas de conservación desde hace un tiempo. Pero aquí, en el oeste, a quienes estamos obsesionados con el agua nos conocen como “búfalos de agua”. Y los búfalos acuáticos nunca se alejan demasiado del bebedero; entonces, es probable que me puedan ver por el oeste. Seguiré aprendiendo y pensando en nuestro futuro en esta tierra.

Jim Holway es el director del Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua.

Fotografía: Bruce Babbitt. Crédito: Gisele Grayson, NPR

Hace cuatro años, me hallé en un avión sobre el delta del Colorado con Katie Lincoln, la presidenta de nuestra junta. Desde nuestro punto panorámico, veíamos kilómetros y kilómetros de sedimento fluvial seco y polvoriento, y poca vegetación. Era un paisaje impactante, vasto, como de otro planeta, pintado con mil matices de beige.

Una vez que pisamos tierra, el panorama era diferente. Once meses antes, los Estados Unidos y México habían lanzado un “flujo por pulso” desde las represas del río Colorado para imitar las históricas inundaciones primaverales que ocurrieron durante milenios antes de que los humanos empezaran a administrar el agua del río. Hacia el sur fluyeron más de 0,1 kilómetros cúbicos de agua (cantidad suficiente para suplir las necesidades anuales de más de 200.000 viviendas), con el objeto de satisfacer las estipulaciones y las promesas hechas años antes entre ambos países. Por primera vez en dos décadas, el río llegó al Golfo de California.

Con esta meta en mente, los actores públicos y cívicos de ambos países prepararon un experimento para observar si el hábitat natural del delta se podría restaurar con una mejora en el caudal de agua. Retiraron la vegetación no nativa en unas 130 hectáreas del territorio aledaño a la Laguna Grande, sembraron plantas nativas en parte del terreno y árboles nativos en otros sectores. Para cuando Katie y yo visitamos el sitio, era evidente que el experimento había tenido éxito. La flora nativa prosperaba y atraía a la fauna nativa, que regresaba al lugar. Aves migratorias y no migratorias ostentaban su presencia con una cacofonía de llamadas y respuestas. Por fortuna, dos castores se habían establecido cerca del sitio restaurado. Su represa capturaba la corriente invertida del agua subterránea y la irrigación agrícola, a fin de garantizar el suministro de agua. 

Este experimento sobre uso del suelo, que había sido invisible desde el aire, demostró con claridad que el hábitat nativo del delta se podía restaurar. También fue evidente que era necesario hacer mucho más. 

En el pasado, el delta representaba el humedal más grande de América del Norte: cubría unos 70 millones de hectáreas. El flujo por pulso de 2014 llegó a las noticias; en realidad, fue una devolución de agua que se debía a México y se había almacenado en el lago Mead, tras un terremoto de 2010 que había dañado los canales de irrigación al sur de Mexicali. Después del evento, los Estados Unidos y México negociaron la liberación de flujos de forma más regular y gradual. En septiembre de 2017, acordaron entregar 0,25 kilómetros cúbicos de agua al delta durante una década. A principios de este año, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales informó que el sitio original restaurado en Laguna Grande había crecido a más de 485 hectáreas.

En muchos sentidos, el éxito de esa pequeña porción de suelo es la historia de toda la cuenca del río Colorado. Cuando se mira el panorama completo, cuando se observa desde una perspectiva real o figurada, a un kilómetro y medio de altura, se puede ver un sistema complejo, una maraña de geografía, historia y cultura, un recurso limitado y casi agotado del cual dependieron, y el cual compartieron y se disputaron varios estados, tribus y países durante el último siglo. Pero, si aterrizamos y husmeamos un poco, veremos algo más: pequeñas porciones donde prosperan la innovación y la colaboración. Asociaciones de restauración y compromisos renovados para afrontar problemas que parecen inextricables. Mejor comprensión de la importancia de reconocer las intersecciones entre agua, suelo y personas.

Luego del recorrido, en el momento del informe, les pregunté a nuestros anfitriones sobre la etapa final para el delta: ¿qué se necesitaría para restaurar todo el lugar? El flujo por pulso fue un momento único, ocasionado por una constelación de eventos y respaldado por la intervención diplomática. Para generar una solución permanente, se necesitaría una alineación distinta de actores. Pero ¿qué actores? ¿Sería posible promover el diálogo civil entre los interesados en el río para concebir una solución colectiva y poder administrar este recurso valioso? ¿Quién los convocaría?

Esta es una cuenca muy disputada. El río ofrece agua potable a más de 40 millones de personas; más de la mitad viven fuera de la cuenca. También irriga más de 2 millones de hectáreas de cultivo y produce más de 4 gigavatios de energía eléctrica. El río está distribuido (mejor dicho, sobredistribuido) en una intrincada red de derechos de aguas, acuerdos interestatales y un tratado internacional. Por lo tanto, forjar nuevos acuerdos y prácticas entre estos interesados podría resultar una tarea insuperable.

Que algo sea difícil no quiere decir que no valga la pena. Hemos decidido descubrir si el Instituto Lincoln puede ayudar a administrar mejor el río, y cómo hacerlo.

Nos embarcamos en una investigación de campo para averiguar quiénes vienen trabajando en los problemas del agua de la cuenca y evaluamos nuestras propias competencias de base. Queríamos saber si había una demanda para nuestros aportes potenciales. ¿Podríamos aprovechar nuestro conocimiento y experiencia en las áreas de políticas de suelo y compromiso de interesados? ¿Deberíamos ampliar nuestra labor para recopilar, mejorar y mapear nuevos conjuntos de datos? ¿Deberíamos adaptar y potenciar el uso de nuestras herramientas de planificación de situaciones para promover la toma de decisiones informadas y alcanzar un mayor compromiso cívico?

Nos encontramos con un campo atestado de investigadores, defensores, técnicos y funcionarios públicos dedicados. Las universidades y los organismos gubernamentales estudian constantemente la ciencia del río. Los gestores de políticas y analistas cubren los amplios contornos de las políticas en toda la cuenca. Varios expertos producen y perfeccionan proyecciones técnicas de situaciones demográficas, de sequías y de desarrollo. Sin embargo, notamos que el nexo entre políticas de agua y suelo era un nicho desatendido, pero esencial, en el campo. Al tomar las decisiones sobre el uso del suelo, no se suele considerar el impacto en el agua; así, se pone en riesgo la sustentabilidad de nuestras comunidades y del río. Fundamos el Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua, con el objetivo de explorar y alimentar las conexiones económicas y medioambientales fundamentales entre el suelo y el agua.

Dedicamos el centro a Bruce Babbitt, ex Secretario del Interior de EE.UU., gobernador de Arizona y miembro de la junta directiva del Instituto Lincoln. Babbitt fue el primero en codificar la conexión entre la planificación del uso del suelo y la administración del agua en una ley estatal, al firmar la Ley de Aguas Subterráneas de Arizona, en 1980 (no se pierda nuestra entrevista con él, en la página 10).

El mayor enfoque del Centro Babbitt es el río Colorado y quienes dependen de él, pero no trabajamos solos. Sabemos que la administración efectiva y a largo plazo de este recurso inmenso, pero frágil, implica un gran emprendimiento que requiere amplias colaboraciones. Con el apoyo intelectual y económico del Instituto Lincoln, el centro está aprovechando los recursos de otros mediante asociaciones con universidades, ONG e inversores (ver página 6).

La sede del Centro Babbitt en Phoenix tiene la suerte de contar con personal con un nivel de conocimiento y compromiso elevadísimo; muchos de ellos trabajaron para esta edición de Land Lines. Jim Holway, el director, conoce las negociaciones occidentales sobre políticas de agua, ya que fue vicedirector del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona y ahora es vicepresidente de la junta directiva del Distrito de Conservación de Agua de Centro Arizona. Hace poco, hizo un viaje de canotaje por el Gran Cañón. Luego de su viaje, le pedí que reflexionara sobre qué estaba en juego en la cuenca. Esto es lo que respondió:

En el futuro, los administradores del río Colorado se enfrentarán a numerosos rápidos políticos y una importante incertidumbre sobre las condiciones futuras, tanto climáticas, como de aprovisionamiento y demanda de agua. Sin embargo, no estamos ni cerca de los peligros y las adversidades que enfrentaron los primeros exploradores del Colorado. Existen soluciones para nuestros desafíos, y podemos construir sobre el legado de John Wesley Powell, quien exploró la cuenca del Colorado, comprendió cómo administrar de forma sostenible los suelos y los recursos hídricos limitados en esta región árida, y desafió el razonamiento convencional.

Desafiar el razonamiento convencional. Si bien lanzamos nuestro trabajo en la cuenca del río Colorado, sabemos que será relevante a nivel global. Mediante el alcance más amplio del Instituto Lincoln, ya iniciamos relaciones con socios globales, como la OCDE y la ONU. Según la ONU, más de 1.700 millones de personas de todo el mundo viven en cuencas de ríos, donde el uso del agua supera la realimentación.

Este número especial de Land Lines, el primero que celebra los 30 años de la publicación, refleja nuestros primeros esfuerzos para generar una gran cantidad de conocimientos que articulen la importante relación entre el suelo y el agua. En estas páginas, identificamos los desafíos de la cuenca del Colorado, recorremos brevemente su historia y hablamos con algunas de las personas más sabias que conocemos para enterarnos de qué nos depara el futuro. Además, observamos algunas labores innovadoras que se están llevando a cabo para integrar mejor las políticas de suelo y agua en las comunidades pioneras. Al compartir estos conocimientos con otras comunidades de regiones áridas y semiáridas de todo el mundo, haremos nuestro pequeño aporte para satisfacer la fascinación humana primitiva con los lugares donde el agua y el suelo se encuentran.

For some people, Santa Monica conjures images of sunshine and surfing. But the southern California city should rightly be known for sustainability, too. The City Council adopted the Santa Monica Sustainable City Program in 1994; twenty-five years later, the city has made measurable progress on projects ranging from retrofitting buildings to embracing renewable energy. The council selects a new mayor every one to two years, ensuring fresh perspectives at the helm. Most recently, Gleam Davis was sworn in as mayor in December 2018, after serving on the City Council since 2009. Active in the community since moving there in 1986, she has been involved with the Santa Monica Planning Commission, Santa Monicans for Renters’ Rights, the Board of Directors of WISE Senior Services, and the Santa Monica Child Care and Early Education Task Force, among many other organizations. As corporate counsel for AT&T, she has worked with KIND (Kids in Need of Defense), which represents unaccompanied minors in immigration courts. Before joining AT&T, Davis prosecuted civil rights violations as a trial attorney in the Civil Rights Division of the U.S. Department of Justice, and was a partner at the law firm of Mitchell, Silberberg & Knupp. A native of California, she holds degrees from Harvard Law School and USC. Davis and her husband, John Prindle, have one son, Jackson. She spoke with Lincoln Institute Senior Fellow Anthony Flint about Santa Monica’s sustainability efforts, which have been heralded by OECD’s Champion Mayors, for this issue of Land Lines. 

Anthony Flint: Does Santa Monica’s system of having a mayor for two years present a challenge for sustainability efforts, which often are slow to get going—and to pay off? What are the projects that can have the greatest impact through your upcoming term?

Gleam Davis: I don’t think it creates much of an impediment to the sustainability agenda. The mayor and the mayor pro tem are members of the entire city council. The city council sets the policy, adopts the budget, and drives the city’s policies. Then it’s the city manager who does the implementation. Whatever policy direction is given to the city manager is from a vote of the full city council.

On the sustainability front, the big news is we are now part of a group called the Clean Power Alliance, where the default provision for customers is power that is 100 percent sourced from renewables. This is helping us take a big leap toward energy self-sufficiency. People can choose to shift into lower tiers, such as 50 percent renewable, or they can opt out entirely. There are also discount options for low-income families. So far the opt-out rate is very low.

Another continuing thread is providing mobility choices. We live in a compact city, less than nine square miles, and we have the ability to provide transport options to our residents. We have light rail with three stations, so you can take transit to downtown Santa Monica or downtown LA. For our Big Blue Bus, [which runs on natural gas and is moving toward an all-electric fleet by 2030], we have a policy of ‘any ride, any time,’ so students can get on a bus, show an ID card from any college—a lot of UCLA students ride those lines, and of course [students from] Santa Monica College—and it’s free.

AF: The city’s overall greening strategy has included a first-of-its-kind zero net energy ordinance for new single-family construction and a commitment that all municipal power needs be met by renewables. But the new $75 million municipal building project has been criticized as too expensive. How can being green be cost-effective?

GD: What’s important to know is, we’re leasing a fair amount of private property for government offices, at a cost of roughly $10 million a year. We needed to bring employees into a central location, which will save money on leases, and will encourage face-to-face and ‘accidental’ meetings that can be so important to communication. It just made business sense to have everybody under one roof. We’ll end up saving money over time, and ultimately the building will pay for itself just on that basis. There will be additional savings over time if the building is energy neutral and has reduced water intake—we won’t be consuming resources outside the building.

One of the things we’ve done is require developers to meet pretty stringent sustainability requirements. If we’re going to do that, we need to walk the walk. That’s one of the things this building shows—it’s possible to build an aggressively sustainable building that will ultimately bring savings. We’re trying to be a model, to show that with a little up-front investment, you can have a big impact over time.

AF: How does the Wellbeing Project, which won an award from Bloomberg Philanthropies for its ongoing assessment of constituents’ needs, connect to your sustainability efforts? What has it revealed?

GD: We declared ourselves a sustainable city of well-being. How are the people in the community faring—are they thriving, or are there issues? The Wellbeing Project began as an assessment of youth and how they were doing, and what can we as a city do, to try to help. It’s really about changing the relationship between local government and people. It’s not really a new concept—it goes back, not to be corny, to the Declaration of Independence: life, liberty, and the pursuit of happiness. That doesn’t mean people going out and having a good time, but the ability of people to thrive. A sense of community can get frayed, whether due to technology or culture. One of the things we do is make sure children enter kindergarten ready to learn. For our older citizens, are they feeling isolated in their apartments? It’s a global movement we’re thrilled to be a part of.

In our Wellbeing Microgrant program, if people come up with something to build community, we will fund it, up to $500. One example was going out and writing down the histories and memories of Spanish-speaking residents in the many parts of the community where English is a second language. Another was a dinner to bring together our Ethiopian and Latino communities. One individual took a vacant lot and created a pop-up play area and space for art. It’s about community connectedness.

AF: Another innovative strategy is to impose charges on excess water use to fund energy-efficiency programs in low-income homes. In terms of water, what’s your long-term view on managing that resource in what looks to be perilous times ahead?

GD: The other thing we’ve done, which will percolate throughout my term and next, is to work on becoming water self-sufficient. We control a number of wells in the region, but we had contamination in the 1990s, and ultimately reached a multi-million-dollar settlement [with the oil companies responsible]. We had been getting 80 percent of our water from the Metropolitan Water District [after the contamination was discovered]—if you saw Chinatown, that’s [the system that] sucks water out of the Colorado River and brings it to LA—and now we’ve totally flipped that, and we’re getting 80 percent of our water from our own (restored) wells again. This makes us more resilient in case of an earthquake affecting the aqueducts or other disruptive events to water infrastructure, like broken water mains. Pumping water over mountains [from the Colorado River] also takes a lot of energy. We are making sure our water infrastructure is sound. We’re not trying to isolate ourselves. But by getting water from our own wells, we will have good clean water for the foreseeable future.

AF: What policies would you like to see that might limit the devastation so sadly seen in the recent wildfires in California?

GD: Luckily Santa Monica was not directly affected by the Woolsey Fire. Our neighbor Malibu was—their emergency operations center was right in the path of the fire, so they came and used ours, for fighting the fire, rescuing people, and cleaning up. We had Santa Monica firefighters on the ground throughout the state under mutual aid. We hosted meetings with FEMA on displacement and recovery. We have a chief resiliency officer, and she is a steady drumbeat, reminding people [that a major natural disaster] could happen here. We have promoted the Seven Days Plan—does everyone have seven days of water, food, and an emergency radio that doesn’t require electricity? We also passed aggressive earthquake requirements, evaluated properties that are most vulnerable, and are now moving to seismically retrofit them.

These things we do in Santa Monica may seem a little aggressive, and cost money, but it’s not just about winning awards or patting ourselves on the back for being environmentally progressive, it’s so that we’ll be able to weather things like fires. People say you’re spending money, raising water rates, and it costs more for energy. . . . We want to do it to address the impacts of climate change. But it also means that when there’s a natural disaster, we are more resilient.

AF: The city’s experience with electric scooters—I’m referring to the company that deployed a fleet without asking permission—seemed to show that the transition to a sharing economy coupled with technological innovation can be messy. Is it possible to welcome disruption and maintain order?

GD: We were sort of ground zero for scooters. It was disruptive at first, and we had to make a lot of adjustments. Their philosophy was that it was easier to ask forgiveness than permission. There was some panic, and some people were also using them in a horrible manner. Now we’re in a 16-month pilot program, where we selected four dockless mobility operators: Bird, Lime, Jump, which is part of Uber, and Lyft. We created a dynamic cap on the number of devices on the street, so they can’t put out as many as they want. We have some policies to address conflicts and safety, and we have issued tickets when necessary.

This is all part of giving our residents lots of mobility options. It’s all designed to give people the option to get out of their car, whether it’s going to downtown LA or walking two blocks to a neighborhood restaurant. We wanted to make sure our more economically diverse communities had access, so it’s not just downtown. If you can replace a car with alternative means that include scooters or electric bikes for that first or last mile, that’s a big cost savings. We had about 150,000 rides on shared mobility [in November 2018]. That’s pretty amazing for a place with 93,000 people. At the end of the pilot, we’ll evaluate everything and figure out where we go from there.

A number of neighboring cities banned scooters outright, but that’s not how Santa Monica deals with technology. We’re figuring out the best way to manage the disruptive technology. Disruption isn’t a four-letter word.

Photograph: Kristina Sado

In the fall of 2012, Hurricane Sandy made landfall 400 miles south of Hampton, New Hampshire—far enough to spare the small coastal town the worst of its wrath but close enough to whip up heavy surf, flood a few streets, and blow sand onto roads, sidewalks, and buildings.

One of the most destructive hurricanes to strike the United States, Sandy made clear that rising seas and more extreme weather were not far-off concerns, but immediate threats. Hampton residents talked seriously about how they could adapt to climate change, but one particular subject proved difficult to broach—the idea that some owners of vulnerable properties might abandon their homes and move to safer ground.

“When we started talking to some people about managed retreat, what immediately came to mind was, ‘You’re going to take my home by eminent domain,’ even though we never said that,” said Jay Diener, a local conservationist who led coastal flooding workshops with residents.

In the past few years, tidal flooding has only grown worse in Hampton. Last winter, storms pushed some houses off their foundations. The real estate market is seeing an impact.

Diener believes the community is now ready to consider all options, including managed retreat. His organization, the Seabrook-Hamptons Estuary Alliance, is working with residents and state and local government agencies to evaluate a range of adaptation strategies—from improvements to individual properties to new seawalls to retreat—and to identify trigger points, implementation requirements, and funding options for each one.

Across the United States, hundreds of coastal communities face similar decisions. Chronic flooding will increase dramatically in the coming decades, even under the best-case scenario in which greenhouse gas emissions plummet, according to the latest National Climate Assessment. The impact will be widespread: coastal counties are home to about 130 million people, and at least $1.4 trillion in property lies within about 200 yards of the coast.

The Hampton project is one of five community-led projects across the U.S. considering managed retreat with support from the Climigration Network, an initiative of the Consensus Building Institute and the Lincoln Institute. The initiative seeks to help communities find productive ways to talk about managed retreat as they make big decisions about their future.

“There’s a reality here that people are ignoring or are too afraid to talk about,” said Carri Hulet, who oversees the Climigration Network for the Consensus Building Institute.

Managed Retreat in Practice

Managed retreat often takes place through buyout programs, in which homeowners receive compensation to give up their property. State and local agencies typically administer buyouts, but most of the funding comes from the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and the Department of Housing and Urban Development (HUD). The Lincoln Institute report Buy-In for Buyouts reviews the social, economic, and environmental dimensions of buyouts in the U.S., provides case studies from the New York metropolitan region after Hurricane Sandy, and recommends several strategies for communities at risk of flooding.

Communities face many challenges in implementing buyouts. Many people do not want to move, even as their homes become increasingly vulnerable. Also, cities and towns worry about the impact of buyouts on their budgets as properties are taken off the tax rolls. These and other factors make it critical to engage communities in planning and decision-making.

“Even if it makes sense to leave and people want to, they don’t like being told what to do, and they especially don’t like being told by the government,” Hulet said. “They also might not think what they are being offered is fair.”

Managed retreat is not simply a question of facts and numbers. Nowhere is this clearer than in southern Louisiana, the site of another project supported by the Climigration Network. The region is ground zero for climate-induced migration in the United States, due to its expanse of wetlands, bayous, and industrial canals. Louisiana loses a football field of land every 100 minutes because of sea-level rise and subsidence, the sinking of land caused in part by centuries of unsustainable land-use and engineering practices.

The tiny island community of Isle de Jean Charles, about 75 miles south of New Orleans, has become a national symbol of the crisis. Once an inland community 35 miles from the Gulf of Mexico, the island has lost nearly all of its land since the 1950s, and the last 60 residents—mostly Native American members of the Biloxi-Chitimacha-Choctaw Tribe—are preparing to relocate en masse.

Kristina Peterson, cofounder of the nonprofit Lowlander Center, has worked with the tribe for more than a decade. Finding places for new communities where people can preserve their cultural traditions is as important as addressing fiscal concerns, not just for Isle de Jean Charles but for other at-risk communities in the region, she said.

“It’s not about housing,” Peterson said. “It’s about dwelling in and with a community of friends and family that go back generations. The house is only the place where you have shelter. People want to stay as a connected supportive community, with relatives and friends that lend mutual aid to each other, and they’re going to look for places where they can do that.”

The Lowlander Center and its partners are preparing to facilitate a series of dialogues between leaders of at-risk coastal communities throughout southern Louisiana and inland communities and regions that might receive displaced networks of families and friends.

“We’re mapping the state to see where the safest areas are,” Peterson said. “We are looking where there are affinity groups that are most connected with mutual values and interests such as food, music, and faith that can bring people and communities together. Utilizing the strengths of our population is essential for a positive future for both those who will sojourn and for those who will render hospitality.”

In Texas, Florida, New York, and Alaska, other organizations received support from the Climigration Network to explore a variety of approaches, from theater to technical training, to help communities talk about managed retreat.

“You can have the most well-designed buyout program in the world, but if you try to implement it top-down without a community’s enthusiastic participation, you are unlikely to succeed,” said Amy Cotter, director of urban programs for the Lincoln Institute. “The Climigration Network is a big step forward in developing approaches that will help communities make difficult decisions about managed retreat on their own terms.”

Photograph Credit: Jay Diener