Topic: City and Regional Planning

Instrumentos reguladores y fiscales para la captura de plusvalías

El caso de Santo André
Jeroen Klink, Luis Carlos Afonso, and Irineu Bagnariolli Jr., September 1, 1998

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En muchas ciudades brasileñas, los impuestos a la tierra y las edificaciones son muy poco utilizados. Según datos del Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), por ejemplo, en la mitad de los municipios de más de 50.000 habitantes el impuesto a la propiedad representa menos del 30% del total de los recursos tributarios. Considerando que para la mayoría de estos municipios los ingresos a cuenta de impuestos locales representan menos del 30% de los recursos totales, los impuestos a la propiedad no sobrepasan al 10% de los recursos financieros de los municipios (incluyendo transferencias intergubernamentales). Tales porcentajes resultan incluso menores en los municipios más pequeños. Otros impuestos basados en la tierra, tales como el impuesto a la transferencia de bienes raíces y el impuesto a las mejoras a la propiedad presentan un patrón de resultados igualmente desalentadores.

Especialmente a partir de la nueva Constitución brasileña de 1998, cuando la responsabilidad principal de planificación del uso de la tierra fue transferida al nivel local, los municipios se han vuelto cada vez más conscientes de que la regulación del uso de la tierra y las inversiones públicas en infraestructura introducen cambios en el valor de la tierra. Muchos empleados oficiales públicos están actualmente tratando de desarrollar estrategias de planificación para capturar parte de los beneficios “gratuitos” resultantes. A la vez, los gobiernos locales están encontrando problemas en la aplicación de instrumentos tradicionales de planificación tales como el Plano Diretor, una medida constitucional que requiere que las ciudades con poblaciones mayores de 20.000 habitantes desarrollen un plan maestro. Estas ciudades se encuentran cada vez más involucradas en el debate sobre la flexibilidad del marco regulativo del uso de la tierra. Consecuentemente, la idea de una zonificación flexible a cambio de contribuciones de los promotores se ha vuelto también popular.

Para investigar los aspectos económicos, financieros y de planificación urbana de estos cambios negociados en el uso de la tierra, el Instituto Lincoln y la Municipalidad de Santo André (Estado de São Paulo) organizaron un programa de tres días sobre “Instrumentos y Técnicas de Financiamiento del Desarrollo Urbano en base a la Tierra” en mayo de 1998. Durante los dos primeros días, empleados municipales de Santo André se reunieron con conferencistas invitados para compartir sus experiencias en instrumentos de zonificación, captura del valor y desarrollo económico local en lugares tan diversos como Nueva York, Ciudad de México y Colombia. Las discusiones abarcaron tres temas generales: la captura del valor y el financiamiento urbano; la planificación urbana y el mercado de la tierra; y las negociaciones y asociaciones público-privadas.

El programa finalizó con un debate público que incluyó a una audiencia regional de aproximadamente 200 planificadores, promotores y representantes de organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de las comunidades locales dentro de la región del Gran ABC (siete municipios alrededor de São Paulo, incluyendo a Santo André, que en conjunto constituyen el área industrial más densa de Latinoamérica). Un grupo de discusión sobre la efectividad de las negociaciones en base a la tierra y las asociaciones público-privadas en el contexto brasileño contó con la participación de conferencistas de la Universidad de São Paulo, del sector de bienes raíces y de los gobiernos locales.

Numerosas conclusiones se derivaron del programa. Primero, los cambios negociados del uso de la tierra típicamente se producen en ambientes donde los impuestos a la propiedad no funcionan bien. En Santo André, por ejemplo, las restricciones operativas y legales existentes dificultan el reacondicionamiento del sistema de impuestos a la propiedad (ver Figura 1).

Segundo, los cambios negociados del uso de la tierra en Santo André parecen acompañar un cambio continuo de usos industriales a usos asociados con el moderno sector terciario de servicios. A través del proceso de negociación, se introduce una mayor flexibilidad dentro del existente marco legal, como se ha observado en las recientes negociaciones entre el centro comercial Plaza ABC y Pirelli, la empresa multinacional de fabricación de neumáticos. Tercero, aun cuando las negociaciones del uso de la tierra aparentemente satisfacen expectativas en lo que se refiere a complementar la dinámica de la economía local, no hay una metodología ni un marco bien establecidos que permitan definir reglas claras y estables basadas en un análisis sólido de costo y beneficios. En comparación con experiencias internacionales como la de Nueva York, resulta difícil prever las compensaciones monetarias que se pueden esperar en las ciudades brasileñas y si dichas compensaciones son realmente eficientes (en términos de Pareto) vis-a-vis situaciones en las que el permiso de desarrollo se hubiese negado.

Finalmente, los cambios negociados del uso de la tierra deben ser vistos como un elemento esencial de la estrategia general de desarrollo económico local. En la región del Gran ABC, las asociaciones estratégicas entre inversionistas de los sectores público y privado son cada vez más importantes en vista del proceso constante de reestructuración local y regional que ha tenido dramáticos efectos negativos en los niveles de ingreso y de empleo.

Entre las lecciones que nos ofrece el programa de Santo André está la necesidad de desarrollar mejores medidas para calcular los aumentos del valor de la tierra causados por los cambios de zonificación, a fin de poder desarrollar medios para capturar esos valores a través de sistemas más eficaces de tasación. Además, la experiencia de Nueva York muestra que es mejor recolectar impuestos a tasas más bajas por medio de un sistema universal y estable, que en base a una negociación arbitraria caso por caso, la cual puede prestarse al abuso y a la corrupción.

Jeroen Klink, economista urbano, es consejero del alcalde de Santo André. Anteriormente fue Dissertation Fellow del Instituto Lincoln, y se encuentra completando su tesis de doctorado sobre “Fuentes de Financiamiento Urbano: la Aplicabilidad del Modelo Estándar Económico al Caso Brasileño” en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil. Luis Carlos Afonso, economista, es Secretario de Finanzas de Santo André. Irineu Bagnariolli Jr., sociólogo urbano, es Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Santo André.

Figura 1: Limitaciones a la Revisión del Impuesto a la Propiedad

En 1993, la administración de la ciudad de Santo André aprobó una ley otorgando un descuento del 40% en el impuesto a la propiedad. Dicho descuento iba a ser válido solamente durante ese año. Sin embargo, la reducción ha sido mantenida como resultado de varias cláusulas legales que determinan que el valor del impuesto en el año en curso no puede exceder el valor del año anterior, estableciendo así un límite al impuesto.

Otra restricción al uso más agresivo del impuesto, especialmente a fin de promover una tasación más equitativa, es la interpretación dada por la Corte Suprema de que el impuesto no puede ser progresivo. La única excepción permitida es la aplicación penal por desuso o falta de uso de la propiedad, cláusula que en sí misma depende de la emisión de nuevas leyes federales y que ni siquiera ha sido discutida por el Congreso. (Claudia M. De Cesare, “Usando el Impuesto a la Propiedad para la Captura del Valor: el Caso de Brasil”, Land Lines, enero de 1998).

Durante 1990 y 1991, una administración previa en Santo André trató de otorgar descuentos al impuesto a la propiedad basados en las características físicas, el uso actual y el tamaño de la propiedad, pero la iniciativa fue rechazada posteriormente por dictamen de la Corte a causa de su supuesto carácter progresivo oculto. Así, el límite a los impuestos a la propiedad, a pesar de ser revocado formalmente por una ley posterior, permanece básicamente inalterado, ya que si los impuestos fueran aumentados los sectores más pobres de la población serían los más afectados en forma negativa.

Finalmente, en Santo André y en todas las ciudades brasileñas, el valor del metro cuadrado de tierra está fijado por ley, lo cual impide la capacidad de la administración urbana de aplicar impuestos a la propiedad de bienes raíces de acuerdo con su valor en el mercado.

Land Use in the Southeast

Kathryn J. Lincoln, November 1, 1997

Would you like to experience the results of dedicated city and regional planning achieved with the cooperation and participation of the citizenry? Then you might consider Chattanooga.

Participants in the recent Lincoln Institute conference, “Land Use in the Southeast: Reflections and Directions,” experienced Chattanooga’s renaissance first hand. The conference was the third in a series of programs related to the book, Land Use in America, coauthored by Henry Diamond and Patrick Noonan (Island Press/Lincoln Institute, 1996).

The agenda focused on the challenges facing residents of the Southeast as they work to develop sustainable communities. In his keynote address, the Honorable Zach Wamp, a member of the House of Representatives representing eastern Tennessee, stressed the need to balance the sometimes competing interests of transportation, the environment, research and educational institutions, and the private sector.

Several speakers commented on the national land use scene. Henry Richmond, chairman of the National Growth Management Leadership Project, stated that land use and sustainable development were forgotten issues for many years but are now coming to the forefront again. Why? Because the goals of many powerful interests are being undermined by land use regulations. In addition, more people are interested in alternative patterns of land use that benefit society at large.

Attorney Henry Diamond observed that, despite the centrality of land, land use issues have failed to capture national attention for several reasons. It is difficult to regulate land, and the land pollution/land quality spectrum is hard to measure. Whereas the regulation of air and water falls on the community as a shared resource, the regulation of land falls on individuals. Finally, major environmental groups, until recently, have not given land much attention.

Patrick Noonan, chairman and CEO of the Conservation Fund, noted four emerging national trends:

  • from federal to local governance: people are questioning centralization and in some cases demanding local control;
  • from public action to private enterprise: the mantle of environmental leadership is passing from the nonprofit sector to industry;
  • from a regulatory to a non-regulatory arena, with emphasis on economic incentives, voluntary initiatives and education; and
  • from piecemeal conservation to a focus on whole systems, which may seem at odds with the previous three trends.

Norman Christensen, dean of Duke University’s School of the Environment, noted that by the middle of the next century the earth’s population should “level off” at between 10 and 12 billion, nearly twice what it is today. He outlined the basic tenets of ecosystem management: complexity and diversity are crucial; the world has never been the same twice; human use and ecological change represent an endless cycle; connections of all types are important; and, it is never simple.

Juxtaposed with these national views were success stories from the region. Officials from Chattanooga were joined by speakers from Florida, South Carolina, Georgia, Kentucky and North Carolina, who outlined the techniques they are using to gather a constituency for sustainable development. All of them stressed the importance of grassroots community involvement. To be successful in implementing radical changes in land use and density, broad-based agreement among parties is critical. In addition, research and education are needed for well-informed policy making, and certain legislative and regulatory changes, unique to each jurisdiction, must be implemented to permit better, smarter growth.

Norm Christensen’s closing thoughts sum up the conference: “The land we possess is less an inheritance than something we borrow from our grandchildren.”

Kathryn J. Lincoln is chairman of the Lincoln Institute.

Brown Named President

May 1, 1996

We are delighted to welcome Dr. H. James Brown as president of the Lincoln Institute, announces Kathryn J. Lincoln, chair of the Institute’s Board of Directors and of the Search Committee. “Jim is an accomplished and innovative academician who has served on the faculty of Harvard University for the past 26 years. He has also directed several research centers that bring together constituencies similar to our own–educators, public officials and private sector representatives concerned about city and regional planning, urban development, housing and land use policies.” Brown begins his tenure on May 1, 1996.

“I am very excited about this opportunity to help focus and expand the Lincoln Institute’s excellent research, education and publication programs in land policy,” Brown adds. “I hold the Institute in the highest regard for its important role in linking academics, local officials and practitioners in the areas of land use, taxation and regulation. I look forward to contributing both my administrative and teaching experience beyond the university setting. Providing decisionmakers in the public and private sectors with up-to-date information on rapidly changing policy concerns is a very important priority for this organization. ”

A native of Indiana, Brown graduated from Ohio Wesleyan University in 1962 with a bachelor’s degree in economics, and subsequently spent a year at the London School of Economics as a research student. He completed his Ph.D. in economics at Indiana University in 1967, and held a post-doctoral fellowship at the university’s Institute for Applied Urban Economics. For the next two years Brown was a research associate in urban economic studies at the National Bureau of Economic Research in New York.

In 1970 Brown was appointed assistant professor and assistant chairman of the city and regional planning department at Harvard University. In 1976 he was promoted to full professor, and in 1981 became chairman of the department. In 1982 Brown was also named director of the MIT-Harvard Joint Center for Urban Studies, which had been established in 1959. The center was reorganized in 1984 as the Joint Center for Housing Studies, a collaborative venture of the Kennedy School of Government and the Graduate School of Design at Harvard. The center is supported by 40 corporate sponsors and other public and private constituencies and is considered the most prestigious research center on housing in the country. Brown initiated the center’s annual report titled The State of the Nation’s Housing, now in its thirteenth year.

Building on his strong ties in the academic and business worlds and the public sector, Brown chaired the 1993 and 1995 sessions of the Housing Leadership Conference, a national forum for discussing and debating major issues affecting the housing industry. Some 100 private, public and nonprofit housing leaders participated in each conference, as well as members of Congress and the Clinton Administration, including Secretary of Housing and Urban Development Henry G. Cisneros.

“I’m especially eager to get involved in the Institute’s education programs,” Brown adds. “I really enjoy teaching, and have developed some new ways of teaching economics that allow the students to work through cases to learn and communicate the concepts as opposed to simply proving or disproving them.” Brown has also taught operations management, total quality management and strategic management courses at the Kennedy School, and three years ago he was voted Teacher of the Year. “I look forward to working with land use practitioners and local policymakers in the Institute’s courses,” he says.

Linking Growth and Land Use to Water Supply

Matthew McKinney, April 1, 2003

Over the past several years, the Lincoln Institute has sponsored executive courses for state planning directors in the Northeast and in the West. In October 2002, more than 25 planning officials from 14 western states met in Portland, Oregon, to compare their experiences, learn from each other’s successes and failures, and receive briefings, lectures and case presentations. A featured panel discussion during that course addressed “The Role of Water in Managing Growth.” This article provides a brief review of alternative policy options to link land use and water supply, and offers some suggestions for further research, education and policy development.

During the summer of 2002, many Colorado communities imposed watering restrictions as historic drought gripped the state. Along Colorado’s Front Range, from Fort Collins to Colorado Springs, officials are now contemplating the possibility of adopting a coordinated program to help homeowners understand when they can, and cannot, water (Smith 2002). At the same time, Governor Bill Owens and other state officials hope to work with the Bush administration to harvest more trees in Colorado’s high-country in hopes of increasing water supply (Stein 2002). The basic idea behind this proposal, based on decades of study of state forests in Colorado, is that by removing around 40 percent of all trees in an area, the runoff from spring snowmelt can be increased significantly (Denver Post 2003). Such a proposal could change the face of Colorado for decades to come.

The situation in Colorado is symptomatic of urban areas throughout the Rocky Mountain West, one of the fastest growing regions in the country, and one of the driest. Finding sufficient water to meet the demands of burgeoning urban areas while also providing water for agricultural, commercial, recreational and environmental uses is one of the region’s most challenging land use issues.

But water is not a problem only in the West. Communities from Florida to Massachusetts experienced some form of water rationing during the summer drought in 2002 (Snyder 2002). Frederick, Maryland, for example, has experienced a water supply crisis due to rapid growth and bad planning. After imposing a ban on new development, city officials approved an ordinance in September 2002 that will limit developers’ access to water once Frederick moves beyond the immediate crisis and lifts the moratorium on construction. As further evidence of the growing need to link growth and land use with water supply, the Environmental Law Institute, the American Planning Association and other organizations cosponsored a conference in February 2003 titled Wet Growth: Should Water Law Control Land Use? It was cosponsored by and held at the Center for Land Resources at Chapman University School of Law in Orange, California.

Policy Options

Water and land are inseparable, yet the need to link growth with water supply in the process of making land use decisions appears to be a relatively recent phenomenon. A preliminary review suggests four prominent policy options to achieve this linkage.

Water Markets

In their 2001 report, Water and Growth in Colorado, researchers at the University of Colorado’s Natural Resources Law Center write, “. . . managing growth through water policy . . . is probably not an option worth considering.” Their conclusion is based, at least in part, on two observations: abundant water supplies in the city of Pueblo have not spurred growth there, and a lack of water has not restricted development in the nation’s fastest-growing region, Douglas County. The authors explain that a more compelling set of issues revolve around the impact of land use and growth on water resources. The increasing demand for municipal water use tends to deplete stream-flows and thereby degrade fisheries, recreational opportunities and other environmental values; increase water pollution; foster inter-state disputes; and increase the price of water. While these impacts are undeniable and create their own set of problems, they distract us from the question of whether, and to what degree, water supply can or should direct growth.

In the West, water is considered a private property right (Getches 1984). It can be separated from the land and may be bought and sold in the free market like any other commodity. In Colorado and other western states, it is common to hear people say, “water flows uphill toward money.” This means that water is reallocated to where it is most highly valued (or to those who can pay the most), as illustrated by the trans-boundary system that diverts water from the western slope of Colorado across the Continental Divide to the metropolitan areas along the eastern slope. Under this legal and institutional system, it is quite common to transfer water rights from agriculture, which accounts for about 75 percent of water use in the West, to ever-expanding urban areas.

Water markets thus facilitate growth by acquiring the water necessary for land use and urban development (Anderson and Leal 2001). But what if a community or region is interested in managing growth to sustain some open space, wildlife corridors, and sufficient water flows for fish, recreational and other environmental values? How can water availability, or more accurately the lack of water, direct growth and land use into more desirable areas, thereby reducing conflicts with other community goals?

Public Trust Doctrine

One way is to establish priorities for water use through the political process. Article II, Section 1, of Hawaii’s constitution states, “All public natural resources are held in trust by the State for the benefit of the people.” Article II, Section 7, says, “The State has an obligation to protect, control, and regulate the use of Hawaii’s water resources for the benefit of its people.” Section 7 goes on to say that the state’s water resources agency shall “establish criteria for water use priorities while assuring appurtenant rights and existing correlative and riparian uses …” Interpreting these constitutional provisions, the Hawaii State Water Code clarifies that the state has both the authority and duty to preserve the rights of present and future generations in the waters of the state, and the state has a duty to take the public trust into account in the planning and allocation of water resources.

Hawaii’s public trust doctrine is not uncommon; most western states have similar language in their constitutions (Sax 1993). Hawaii appears to be unique, however, in the degree to which it allocates water on the basis of the public trust doctrine. The state’s water code declares that water should not only be allocated to domestic, agricultural, commercial and industrial uses, but also to protect traditional and customary Hawaiian rights, maintain ecological balance and scenic beauty, provide for fish and wildlife, and offer opportunities for public recreation. To achieve these purposes, the Commission on Water Resource Management is responsible for developing a water plan that allocates water on the basis of “reasonable beneficial use,” and for regulating water development and use (Derrickson et al. 2002).

In 1997, the Commission issued water use permits for agricultural and other out-of-stream uses on the Waiahole Ditch water system. The decision was appealed to the Hawaii Supreme Court, which overturned the Commission decision and ruled that the public trust doctrine and the state’s water code provide that, at least in this case, in-stream public uses of water receive special consideration over off-stream private uses. This and similar applications of the public trust doctrine suggest that it is possible for appropriate jurisdictions to establish priorities for water use, and then to allow the market to reallocate water rights from one use to another consistent with the priorities established by law and the political process (Sax 1993).

“Prove-it” Policies

Rather than rely on water markets, a public trust doctrine, or some combination of the two, several jurisdictions around the country have crafted policies that specifically require a link between water availability and development. According to the ordinance adopted in Frederick, Maryland, city officials will review every proposed development and decide whether the city can provide the necessary water. Under the ordinance, 45 percent of surplus water will be allocated for new residential developments, 30 percent for commercial and industrial projects, and 25 percent for other uses, including government buildings and hospitals.

Other states have adopted similar policies that require developers to prove that they have adequate water supplies prior to approving development proposals. According to Charles Unseld, the director of Colorado’s Office of Smart Growth, several communities along Colorado’s Front Range are imposing such restrictions, at least on an ad hoc basis. In October 2001, California Governor Gray Davis signed Senate Bill 221, which requires developers of proposals for subdivisions of 500 units or more to prove they have water rights before they can receive final approval. While this requirement can be avoided by building smaller developments, it nevertheless represents an incremental step in directing growth according to the availability of water.

Perhaps the most sweeping policy framework linking water supply to growth is Arizona’s Groundwater Management Act. Groundwater sources supply roughly one-half of the total annual demand for water in Arizona (Jacobs and Holway, undated). Like most western states, agriculture accounts for about 70 percent of water use in Arizona, although this percent is slowly decreasing as municipal demand increases and the agricultural economy declines. In response to a growing concern over groundwater mining (that is, pumping and using groundwater at a rate faster than it can naturally replenish itself), the legislature passed the Groundwater Management Act (GMA) in 1980, and it was signed by then-Governor Bruce Babbitt.

The GMA created four “active management areas” (AMAs) around the state’s most populous areas: Phoenix, Pinal, Prescott and Tucson; a fifth AMA was created in Santa Cruz in 1993. The primary intent of the GMA is to sustain a long-term balance between the amount of groundwater withdrawn in each management area and the amount of natural and artificial recharge. This is accomplished through a combination of mandatory water conservation requirements and incentives to augment existing supplies. To help achieve the goal of “safe yield,” the GMA prevents new subdivisions from being approved in AMAs unless developers can prove that renewable water supplies are available for 100 years.

During a recent review of the GMA by a Governor’s Commission, water managers in Arizona concluded that the “assured water supply” program is responsible for much of the substantial progress that has been made in fast-growing municipalities to move away from groundwater overdraft toward renewable water supplies, including water from the Colorado River and reuse of effluent.

Another potential policy mechanism to link growth and land use to water supply is the use of urban growth boundaries (UGBs). The statutes that authorize UGBs in Oregon do not currently single out water availability as a variable for determining where the boundary should be located. However, Ethan Seltzer, director of the Institute of Portland Metropolitan Studies at Portland State University, has commented that it is not inconceivable to create a UGB within which developers would be required to prove that water is available for proposed growth.

Water and Land Management Strategies

In addition to asserting policies that explicitly link the availability of water supply to proposed development, there are other ways to meet the demand for more water to support development. Using existing water supplies more efficiently through conservation, xeriscaping and other water-saving measures can free up some water. Drought planning, water harvesting and the use of on-site gray-water systems can also help manage supply to meet demand. Groundwater development and the conjunctive use of surface water and groundwater may be appropriate for some communities. Small-scale and off-stream water storage, while potentially expensive and environmentally controversial, also could help some communities satisfy their thirst for growth.

Another option, mentioned earlier, is to increase water supply through timber harvesting and vegetation management. While some people debate the technical merits of this option, nearly everyone must question its political feasibility. During the past decade, conservation and environmental groups have consistently challenged timber harvesting practices on federal lands throughout the West, often tying-up much needed salvage logging and restoration projects for years in the courts.

The Search for a Land and Water Ethic

A recent issue of National Geographic reports, “Among the environmental specters confronting humanity in the 21st century—global warming, the destruction of rain forests, over-fishing of the oceans—a shortage of fresh water is at the top of the list …” (Montaigne 2002). In the face of what the World Bank refers to as the “grim arithmetic of water,” the author concludes that people around the world seem to emphasize two common approaches to this problem: efficient use of available water supplies, and a belief in using local solutions and free market incentives to emphasize conservation.

The relationship among water, growth and land use is a global problem that will be resolved most effectively at the local and regional level. While this article has reviewed several policy options, it is clear that there is much to be learned from other countries. More research, documentation and analysis of the effectiveness of alternative policies and practices are surely needed if the National Geographic story is correct: that limited water supplies are or will be the number-one environmental issue facing communities.

As we search for effective ways to integrate water, growth and land use, it is instructive to keep in mind the “land ethic” articulated by conservationist Aldo Leopold (1949, 224-225): “A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise.” The land ethic, according to Leopold, is based on the premise that the individual is a member of a community of interdependent parts. It provides moral direction on relationships between individuals and society and between humans and the biotic community, which includes soil, plants and animals, or collectively, land and water. This principle should inspire and guide us as we develop effective public policies to sustain communities and landscapes.

Matthew McKinney is director of the Montana Consensus Council, which is housed in the Office of the Governor in Helena, Montana. He is also a faculty associate of the Lincoln Institute, where he teaches courses on resolving land use disputes and regional collaboration, and coordinates the annual course for state planning directors in the West.

References

Anderson, Terry L. and Donald R. Leal. 2001. Free market environmentalism, rev. ed. New York: Palgrave Macmillan.

Denver Post. 2003. Keep forest bill’s focus on fire (February 11).

Derrickson, S.A.K., et al. 2002. Watershed management and policy in Hawai’i: Coming full circle. American Water Resources Association 38(2).

Getches, David H. 1984. Water law in a nutshell. St. Paul, MN: West Publishing Co.

Jacobs, Katharine L. and James M. Holway. Undated. Managing for sustainability in Arizona: Lessons learned from 20 years of groundwater management. Unpublished manuscript available from the Arizona Department of Water Resources.

Leopold, Aldo. 1949. A Sand County almanac. New York: Oxford University Press.

Montaigne, Fen. 2002. Water pressure. National Geographic (September):9.

Sax, Joseph L.1993. Bringing an ecological perspective to natural resources: Fulfilling the promise of the public trust. In Natural resources law and policy: Trends and directions, Lawrence J. MacDonnell and Sarah F. Bates, eds. 148-161. Washington, DC: Island Press.

Smith, Jerd. 2002. Cities may equalize water rules. Rocky Mountain News (November 8): 11A.

Snyder, David. 2002. A new direction in water law: Frederick ordinance resembles western U.S. approach. Washington Post (September 23): B01.

Stein, Theo. 2002. A clear-cut drought solution? Logging urged to boost runoff, but eco-groups object. Denver Post (November 10): 1.

Faculty Profile

Matthew McKinney
April 1, 2004

Matthew McKinney was named director of the Public Policy Research Institute at the University of Montana in 2003, after serving for 10 years as the founding director of the Montana Consensus Council. He is also a senior lecturer at the University of Montana’s School of Law, a partner with the Consensus Building Institute in Cambridge, and a faculty associate of the Lincoln Institute. Matt was a research fellow at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, in 2000 and 2002, and a visiting fellow of the Lincoln Institute in 2000. During the past 18 years, he has designed and facilitated more than 50 multiparty public processes, helping leaders and citizens address issues related to federal land management, land use planning, growth management, water policy, fish and wildlife, and public health and human services. He has published numerous journal articles and is coauthor of The Western Confluence: Governing Natural Resources (Island Press, June 2004).

Land Lines: You have a strong background in facilitation and consensus building. How do you apply that to land use planning?

Matt McKinney: I come to planning largely from a process perspective. Land use issues typically involve multiple parties, and the challenge of planning is to integrate diverse, often conflicting, interests. In my current work with the Public Policy Research Institute I operate on the assumption that one of the most effective ways to develop and implement strategies to sustain livable communities and healthy landscapes is to create opportunities for stakeholders to come together with the best available information to address issues of common concern. In short, the planning process is most effective when it is inclusive, informed and deliberative:

  • Inclusive participation means that a concerted effort is made to engage all viewpoints and interests, and participants’ input and advice will be considered by the decision makers and will influence the outcome.
  • An informed process offers an equal opportunity to share views and information, fostering mutual learning, common understanding and consideration of a variety of options.
  • A deliberative dialogue occurs when people listen to each other, consider the rationale or reason for competing viewpoints (the interests that underlie the positions), and seek solutions that integrate as many interests as possible.

This principled approach has been shown through experience to produce decisions that are broadly supported by the public, and it eases implementation because the key stakeholders have already played their part in shaping the proposed action or plan. Compared to lobbying, litigation and other ways of shaping public policy, it can save time and money. Last—and important for planners—this approach offers an effective way to integrate social and political values within the scientific, technical and legal framework of land use planning. It’s a more cooperative and constructive way for planners and public interests to work together.

LL: Can you give some examples of how these principles work in the real world?

MM: In the northern Rocky Mountains, many communities with limited staff, money and other resources are struggling with double-digit growth, strains on local infrastructure and cultural clashes between newcomers and those with traditional western values. But westerners are infamous for resisting government intrusion—a predictable backlash in a region where the federal government holds sway over more than half of the land base. As a result planners often face a steep climb just to gain the public’s ear on land use issues.

These situations are ripe for inclusive, informed and deliberative approaches, and there are many examples across the West. In Helena, Montana, we helped a broad-based citizens group—including open space advocates, neighborhood leaders, realtors and developers—negotiate new procedures for subdivision reviews. Developers wanted to streamline the subdivision application process, and residents of established neighborhoods wanted to ensure that safeguards remained in place to preserve the small-town feel and curb sprawl. In another case, residents of Jefferson County, Montana, started talking about zoning after a cement plant near an elementary school proposed burning hazardous waste as fuel. The “z” word caused some resistance from local business and industry, notably the cement plant and a nearby mining operation, but we brought in a facilitator who helped a working group of local residents, industry representatives, private property rights advocates and county officials develop a zoning plan.

In both cases, negotiations took the form of deliberative dialogue that lasted about a year. Both groups used joint fact-finding to gather information that was credible to all parties at the table. Then they crafted proposals and submitted them to formal decision-making arenas—city council and county commission, respectively. After careful review, both the new subdivision protocols and the zoning plan were adopted essentially unopposed.

LL: What role do planners play in such processes?

MM: We frequently recommend using an impartial, third-party facilitator to help build trust and more effective working relationships among the stakeholders. A facilitator can also keep the group on task and focused on a common goal. In some cases planners can play this role themselves, but more often they act as conveners or sponsors of a multiparty process, or as vested stakeholders and hands-on participants. Either way, planners can participate more effectively if they have a working knowledge of the principles and strategies of collaborative problem solving.

LL: How can planners obtain this kind of training?

MM: Since 1999 the Lincoln Institute and the Consensus Building Institute have cosponsored a two-day introductory course, Mediating Land Use Disputes, for planning practitioners and others interested in land use decisions. It presents practical insights into negotiating and mediating conflicts over land use and community development. Using interactive exercises, games and simulations, participants receive hands-on experience with collaborative problem solving and public participation. They learn how to dovetail these concepts with existing processes for designing and adopting land use plans and evaluating development proposals. In addition, we are reaching out to 100 planners across 10 western states to enroll in the Planning Fundamentals course offered online through LEO, the Lincoln Education Online program.

LL: What other planning-related programs do you teach?

MM: Again with the Lincoln Institute, I have been involved in a relatively new and much-needed program for state planning directors in 13 western states, modeled on a similar program in the Northeast. These seminars provide a forum for leaders within state government to compare their experiences, learn from each others’ successes and failures, and build a common base of practical knowledge that will serve them in their individual efforts and in the region generally. The intent is not to promote any particular approach to planning and growth, but to explore a range of strategies to respond to growth and land use challenges in the West. The level of interest goes well beyond the planning officials themselves, as evidenced by the list of cosponsors: the Council of State Governments-WEST (an association of state legislators), the Western Governors Association, the Western Municipal Conference and Western Planners Resources.

LL: Is regionalism in the West a new emphasis in your work?

MM: Land use issues often transcend political and jurisdictional boundaries. Coping with sprawl, water and air quality, economic development and the effects of globalization demands practical, local solutions that also work within the bigger picture. Research indicates that many land use issues are most efficiently addressed at a regional scale. Instead of stopping at the county line or the border between federal and private land, planners are now thinking in terms of the “problemshed” or the “natural territory” of the problem.

More and more regional initiatives are being designed to address transboundary matters. Some augment existing government institutions, but most are more ad hoc and rely on the principles of collaboration to engage people with diverse interests and viewpoints. When we inventoried such initiatives throughout the West, we were as surprised as anyone by the sheer number and variety of ongoing regional efforts. They range from ad hoc, community-based groups like the Applegate Partnership in the Siskiyou Mountains of southwestern Oregon, which seeks to promote and sustain the ecological health of land within its watershed, to substantial government entities with regulatory authority like the Tahoe Regional Planning Agency (McKinney, Fitch and Harmon 2002).

LL: How do you transfer this work to other regions?

MM: Recently I have worked with the Lincoln Institute to conduct clinics on regional collaboration for several interstate efforts in the New Jersey-New York area, including a watershed management plan for the Delaware River Basin Commission.

Another project is a collaborative effort among local, state and federal agencies in the New York-New Jersey Highlands, the 1.5-million-acre region between the Delaware and lower Connecticut rivers. State and federal land managers are assessing changes in land cover and use, identifying significant natural areas for protection, and developing strategies to protect the 12-county region’s open space and natural resources.

In addition, we have designed a two-day course titled Regional Collaboration: Learning to Think and Act Like a Region. It provides a conceptual framework and practical skills to train planners, local elected officials, small business owners, advocates and educators to initiate, design, coordinate and sustain regional initiatives. With the involvement of several national and regional organizations, the Institute cosponsored the first course in spring 2003 in Salt Lake City and offered it again in March 2004 at Lincoln House in Cambridge.

Reference

McKinney, Matthew, Craig Fitch, and Will Harmon. 2002. Regionalism in the West: An inventory and assessment. Public Land and Resources Law Review 23:101–191.

The inventory is also available online at www.crmw.org/Assets/misc/regionalinventory.asp and www.crmw.org/Assets/misc/regarticle.htm

Related Articles

Carbonell, Armando, and Lisa Cloutier. 2003. Planning for growth in western cities. Land Lines 15(3):8–11.

McKinney, Matthew. 2003. Linking growth and land use to water supply. Land Lines 15(2):4–6.

McKinney, Matthew, and Will Harmon. 2002. Land use planning and growth management in the American West. Land Lines 14(1):1–4.

Housing Finance Policy in Chile

The Last 30 Years
Mario Navarro, July 1, 2005

As a visiting fellow at the Lincoln Institute and a Loeb Fellow at Harvard University Graduate School of Design during the 2004–2005 academic year, Mario Navarro has undertaken a critical analysis of the innovative housing finance policy developed in Chile over the last 30 years. The objective of the study, summarized here, is to help housing policy designers in developing countries understand the Chilean model as an alternative to provide housing to people from low- and moderate-income sectors.

Until the beginning of the 1970s, housing programs in developing countries consisted of government-sponsored initiatives to design, build and sell houses using loans with subsidized interest rates. These policies were generally limited in scale, not affordable by or clearly focused on poor families, and often inefficient (Mayo 1999). Cognizant of these problems, international development organizations in the mid-1970s started to direct their loans and advice to developing countries based on the new “basic needs” strategy, which consisted of providing sites and services, slum upgrading and core housing (Kimm 1986).

At the same time and independently from these development organizations, Chile started several reforms in the financial sector and in social housing programs, among which was the creation of the first program in the world to subsidize the demand to buy housing (Gilbert 2004). This Chilean model was established ten years before the “enabling markets housing approach” promoted by international organizations such as the U.S. Agency for International Development (Kimm 1986), the Inter-American Development Bank (Rojas, Jacobs and Savedoff 1999) and the World Bank (World Bank 1993). Under this enabling policy governments generate incentives and act as a facilitator so the private sector will produce and finance the housing that the country needs.

The Chilean model has influenced housing policy in many countries of Latin American, and even those of other continents (Gilbert 2004; Gonzáles Arrieta 1997). Nevertheless, it has not been widely recognized as the first program in which the government plays the role of enabling the market. Gilbert (2002), an important scholar of the Chilean model and its influence on other countries, mentions that Chile “fits into” the enabling model, but my study shows that, more than only fitting in, the Chilean housing model was the precursor of the policy. The main characteristics of this program (one-time cash payments of a fixed amount) correspond “unquestionably to the type of subsidy [for housing] that is less problematic than others” (Angel 2000).

The Chilean government, through the Ministry of Housing and Planning (in Spanish, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU), was the key actor in the success of the Chilean model. During the first 27 years of implementing this policy (until 2001), MINVU not only funded and managed the subsidy programs, but it also was the largest real estate firm and the second largest mortgage bank in the country, in terms of the number of houses built and the number of mortgage loans issued.

Three Periods of Housing Policy

What have been the instruments and the amounts of public and private resources that were allocated to the construction and improvement of social housing in the Chile? My study is divided into six parts; the first three review distinct periods of housing policy over the past 30 years, and the next three parts describe the most relevant events in the evolution of this policy.

The first period, from 1974 to 1984, established the foundations of the enabling markets housing policy. During those 11 years, profound reforms were made in the banking system. The programs to subsidize housing were created and then significantly adjusted over time. However, few resources were devoted to housing programs, and the private sector participated only in providing housing for the upper-middle class. The public resources did not reach the poorest groups, so the housing deficit continued to growth.

The second period extended over 17 years, from 1985 to 2001, during which time the policy was consolidated with significant state intervention. The earthquake that shook the central zone of Chile in March 1985 marked the historic peak of the housing deficit, reaching more than one million units. This event precipitated increased attention to the design of housing and subsidy programs, as well as an increase in the level of resources allocated to these programs. These two factors were decisive in attracting the private sector to the social housing market. The continuity of housing policies implemented by democratic governments that started in 1990 was a strategic effort to consolidate the trust and knowledge required by the private sector to increase its participation in the market. The government continued its role in the construction and funding of housing for broad sectors of the population, and the focus of the resources improved with respect to the previous period. Although the commitment was still inadequate, the great accomplishment of this period was the reduction of the housing deficit to half of what it had been in the mid-1980s.

The third period, from 2002 to 2004, corresponds to the implementation of the enabling markets housing policy. Although Chile’s housing policy received international recognition before 2001, only 25 percent of its resources were allocated to families below the poverty line. At that rate of performance, it would have taken 24 years to close the housing deficit (Focus 2001). MINVU was spending more than half of its resources on direct housing construction programs and was still working as a bank, providing mortgage loans, although more than 70 percent of payments were in arrears (División Técnica 2001).

Current Housing Policy

To improve the focus of its resource allocation, MINVU in 2002 started the most important transformation of its housing policy since 1974. At the same time, MINVU stopped giving mortgage loans and gave up the direct construction of houses. In 2004, 96 percent of resources were targeted to subsidy programs and only 4 percent to building programs. The most important housing programs for urban families under this new housing policy are described here.

For the poorest residents, MINVU created a subsidy program called Fondo Solidario de Vivienda (Funding for Cooperative Housing) with an up-front subsidy of US$8,400 per household. Applicants need US$300 of savings and have to present a specific housing proposal. The subsidy covers the cost of land, infrastructure and a 350-square-foot unit containing a bathroom, kitchen, multipurpose space and bedroom. This is considered to be the first stage of a house to be built progressively over time. The municipal building permit is pre-approved assuming the unit’s expansion to a minimum of 550 square feet.

Families must apply in organized groups of at least 10 households and with the support of a managing organization, which can be a municipality, a nongovernmental organization or a consulting firm registered with MINVU. The ministry no longer decides where and what to construct, since the family groups present their projects and MINVU selects the best ones from a social, design and urban development point of view. The managing organization receives the funds to develop the project, implement a social action plan, and assist the families with technical support to expand their units.

Families do not receive another subsidy for the expansion, but since they do not have to pay a mortgage they can save to finance the materials and labor required. The new program is flexible and also accepts projects that involve the purchase of existing houses or construction on existing open space within a lot to increase housing density.

The selection mechanism benefits people who buy used houses over those who build new houses. The goal was to open a new market for the very low-income sector by making it possible for them to purchase the houses that had been constructed by the government over the previous 30 years. This policy is also viewed as a solution to the traditional problems associated with moving families to new housing projects on the periphery of cities, far from social and employment networks and more expensive for commuting to work. This program is focused on people living below the poverty line (approximately 632,000 households in Chile, equivalent to 19 percent of the population). Nearly 30,000 such subsidies have been given each year since 2002.

The second subsidy program was designed for low-income people above the poverty line who were the main consumers of the former housing projects developed by MINVU until 2001. The subsidies can be used to buy new or existing housing or to construct a house on one’s own land. The subsidy is US$4,500 for houses that cost US$9,000 or less and it decreases linearly to US$2,700 for houses up a price limit of US$18,000. Nearly 40,000 units have been granted annually under this program.

Because of credit enhancements offered by MINVU, six private banks signed agreements to deliver mortgage loans for housing valued under US$18,000. This policy was able to reduce the rent requirements and allow informal workers to qualify for mortgage loans. To reduce delinquency rates, the loans needed to be insured against fire and unemployment or the death of the principal. Three credit enhancements are included in MINVU’s agreements with the banks.

  1. Subsidy for closing costs: A fixed amount between US$300 (if the housing cost is US$9,000 or less) and US$120 (for housing values up to US$18,000) is given to the bank for each loan issued to finance a subsidized house.
  2. Implicit subsidy: MINVU guarantees that the loan is sold in the secondary market at 100 percent of its face value. If that does not happen, MINVU pays the difference to the bank.
  3. Default insurance: In case of foreclosure, MINVU guarantees that the bank will recover the debt balance and the cost of legal proceedings. Contrary to FHA loans in the U.S., the foreclosure is done by the issuer of the loan, not by MINVU.

Some constituencies were afraid that the subsidies would go only to the upper limit of the price allowed and that the market would provide neither housing nor credit for houses of less than US$15,000. The results showed that the progressiveness of the subsidies was sufficient to promote the market at all of the price levels targeted by the subsidy.

The third type of subsidy is for houses between US$18,000 and US$30,000, to promote mixed-income units in private housing projects. Only 6,500 of these subsidies have been given each year. The subsidy offers up-front capital of US$2,700, but the credit enhancements were eliminated because many private banks were already originating mortgage loans in this price range.

The last three parts of the study analyze (1) key issues to generate an enabling markets housing policy, including transaction costs, access to bank financing, savings for housing, and support to families so they can take advantage of the subsidies; (2) the impact of the housing programs on family income and the distribution of national income; and (3) lessons on housing finance learned from the Chile’s experience over the last 30 years.

Conclusion

My study analyzes the Chilean housing policy since 1974, to better understand how it became possible to incorporate the participation of the private sector and improve the focus in allocating resources to the poorest sector. The study explores both good and bad decisions that were made over the past 30 years, and particularly in the past three years, and it identifies the roles of different social and economic actors in the process. The early results are encouraging. Using the same budget for subsidies in each of the last four years, MINVU increased by 57 percent the number of families from the poorest three income deciles who have benefited from government housing subsidies.

Despite the great breakthrough in social housing in Chile, many tasks remain. A report by MINVU estimates a housing deficit of 543,000 units in 2000 and suggests that 96,000 new units of housing are needed each year just to accommodate new family demand (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2004).

The effects in terms of land use are also remarkable. Until 2001 all the housing units built for low-income families in the Greater Santiago area were developed by MINVU in new infill projects on the periphery of the city. The Funding for Cooperative Housing program established in 2003 encouraged acquisition of existing houses and increased density of housing within already urbanized areas. As a result, the percentage of these types of housing began to shift dramatically, from zero in 2001 to 23 percent in 2003 and up to 63 percent in 2004, with a corresponding decrease in the percentage of new infill units being developed on the periphery.

It took Chile more than 28 years to fully implement the enabling markets housing policy. I hope this study can help other countries to formulate their housing policies so that all citizens, without regard to their socioeconomic condition, can have access to opportunities to own a decent home.

References

Angel, S. 2000. Housing policy matters: A global analysis. Oxford and New York: Oxford University Press.

División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional. 2001. Informe de gestión: Diciembre de 2000. Santiago, Chile: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Gilbert, A. 2002. Power, ideology and the Washington consensus: The development and spread of the Chilean housing policy. Housing Studies 17(2): 305–324.

———. 2004. Helping the poor through housing subsidies: Lessons from Chile, Colombia and South Africa. Habitat International 28(1): 13.

Gonzáles Arrieta, G. 1997. Acceso a la vivienda y subsidios directos a la demanda: Análisis y lecciones de las experiencias latinoamericanas. Serie Financiamiento del Desarrollo (63).

Kimm, P. 1986. Evolving shelter policies for developing countries. Second International Shelter Conference, Vienna, Austria.

Mayo, S. 1999. Subsidies in housing. Washington, DC: Inter-American Development Bank.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. 2004. El déficit habitacional en Chile: Medición de los requerimientos de vivienda y su distribución espacial. Santiago, Chile: Política Habitacional y Planificación (321).

Rojas, E., Jacobs, M., and Savedoff, W. 1999. Operational guidelines for housing: Urban development and housing policy. Washington, DC: Inter-American Development Bank.

World Bank. 1993. Housing: Enabling markets to work. Washington, DC: World Bank.

Mario Navarro was director of housing policy in Chile’s Ministry of Housing and Planning (MINVU) from 2000 to 2004, when he was named Loeb Fellow at Harvard and visiting fellow at the Lincoln Institute.

Social Conflict Over Property Rights

Harvey M. Jacobs, April 1, 2007

That there is social conflict over property rights is clear to anyone with even passing attention to the national media.

Report From the President

Learning What Works
Gregory K. Ingram, April 1, 2009

Land Lines April 2009 Report from the President

Report from the President

The Evolution of Computer-Based Planning Tools
Gregory K. Ingram, April 1, 2012

The use of computer models in the planning of land use and transportation and for the analysis of urban housing markets has a long and variable history. One pioneering application of a large-scale computer model that linked land use and urban transportation was the 1960 Chicago Area Transportation Study. It used a spatially disaggregated model that included a detailed transportation network and embodied the classic land use, trip generation, modal choice, and network assignment steps of urban transport planning.

Applying a more analytic approach to predicting land use patterns, an influential model formulated by Ira Lowry for Pittsburgh in 1964 used economic base theory to distribute export-oriented economic activity. This was followed by the allocation of residences and population-serving employment within the metropolitan area to derive work and shopping trip patterns.

More attention to spatially disaggregated models of urban housing markets followed in the early 1970s in the form of the Urban Institute Housing Model (representing decadal housing market changes) and the National Bureau of Economic Research Urban Simulation Model (a microanalytic model annually projecting the behavior of 85,000 households identified by workplace and residential locations). Both models were used to analyze the impact of housing allowance programs and were applied more for policy analysis than planning.

In the late 1970s, the focus turned to the development and application of sketch planning models, particularly in transportation. While these models were still spatially disaggregated, they used tens instead of hundreds of traffic zones, and transport networks were represented in less detail. Such models were adapted to represent transport-related outcomes beyond network flows, including vehicular emissions, exposure of populations to air pollution, vehicle miles of travel, and energy consumption. These smaller models migrated from mainframe computers to personal computers in the 1980s, easing their application. Their data needs were still great, but many of them made more systematic use of available spatially disaggregated census data, aiding the transfer and calibration of models among locations.

In the past two decades, the advent of geographic information systems (GIS) and the development of software to visually display data in three dimensions have been transforming the use of computers in planning. GIS-compatible data are now available from satellites, census sources, and government agencies. Local municipalities have moved rapidly to combine their data on property records with data on crime, transport, and demographics, and such municipal data files are often available on the web. While the availability of GIS data has clearly increased, variations in formats, definitions, and coverage can make it challenging to combine information from different sources into a unified data set for a metropolitan region.

The use of three-dimensional displays of spatially disaggregated data has transformed the presentation of data and model results. These techniques, including 3D maps at the metropolitan level and the ability to “fly through” a street or neighborhood at the project level, facilitate community consultation. They also make it much easier for nonspecialists to understand and participate in the process and interpret the results of alternative planning scenarios.

Along with the advances in data and its presentation, computer software has become easier to use and more widely available on open source platforms. While the codes of many earlier computer-based planning tools have been available in the public domain, using them generally has required high-level programming skills. As more of these tools are presented in user-friendly formats and integrated with other modules, the use of computer-based methods to compare and contrast alternative development scenarios will be more accessible than ever. Indeed, many planning agencies are now able to use scenario planning tools to produce alternative possible futures that provide a foundation for discussions and public consultations to identify which outcomes are desirable and which are to be avoided.

As reported elsewhere in this issue of Land Lines, the Lincoln Institute is supporting the use of various types of planning tools for research and evaluation on the effectiveness of policies intended to improve land development outcomes.

Planning for States and Nation/States

A TransAtlantic Exploration
Gerrit Knaap and Zorica Nedovic-Budic, April 1, 2013

For planning processes to resolve the pressing issues of our day—such as climate change, traffic congestion, and social justice—plans must be made at the appropriate scale, must promulgate appropriate implementation tools, and must be enforced with legitimate authority. That is, our ability to meet critical challenges depends on the legal and institutional foundations of planning.

In the United States, responsibility for establishing these foundations for planning rests with the states, which in turn have delegated most land use authority to local governments. In Europe, the foundations of planning are established by each country, whose planning systems often feature national and regional plans as well as a mosaic of local plans. For better and for worse, these institutional foundations have framed the planning process on both sides of the Atlantic Ocean for most of the post-war period. But as the scope of our planning challenges continues to broaden, and discontent with the status quo continues to spread, several states and European nations have begun to experiment with new and innovative approaches to planning.

The opportunity to explore and discuss these issues brought scholars, practitioners, students, and others to Dublin, Ireland, in October 2012 for a two-day seminar sponsored by the Lincoln Institute of Land Policy and organized by the School of Geography, Planning, and Environmental Policy at University College Dublin and the National Center for Smart Growth at the University of Maryland. Held in the historic Newman House on St. Stephen’s Green, the meetings featured overview papers on planning in the United States and Europe and case studies of five U.S. states and five European nations. Each presentation was followed by commentary from a high-level official from the corresponding state or nation (see box 1).

————————

Box 1: Papers Presented at the Dublin Seminar on Planning for States and Nation/States, October 2012

Bierbaum, Marty
The New Jersey State Development Plan

Faludi, Andreas
The Europeanisation of Planning and the Role of ESPON

Fulton, Bill
Planning for Climate Change in California

Galland, Daniel
The Danish National Spatial Planning Framework

Geppert, Anna
Spatial Planning in France

Grist, Berna
The Irish National Spatial Strategy

Knaap, Gerrit
PlanMaryland: A Work in Progress

Lewis, Rebecca
The Delaware State Development Plan

Needham, Barrie
The National Spatial Strategy for The Netherlands

Salkin, Patricia
Planning Frameworks in the United States and the Role of the Federal Government

Seltzer, Ethan
Land Use Planning in Oregon: The Quilt and the Struggle for Scale

Tewdwer-Jones, Mark
National Planning for the United Kingdom

For more information about the seminar, see the program website: http://www.ucd.ie/gpep/events/seminarsworkshopsconferences/natplansymp2012

————————

A Framework for Spatial Planning in Europe

Planning in Europe is governed by a variety of traditions and governance structures (Faludi 2012). Some European nations have “unitary” governance structures, in which all land use authority ultimately rests with the national government. Italy and Spain have “regional” governance structures, in which land use authority is constitutionally shared between the national government and regional governments. Austria, Belgium, and Germany have “federalist” governance structures, in which particular land use functions are distributed among the national, regional, and local governments. Within these frameworks a variety of planning cultures and traditions have evolved: “amenagement duterritoire” in France; “town and country planning” in the UK; “Raumordnung” in Germany; and “ruimtelijke ordening” in The Netherlands. While these terms generally connote what “urban planning” means in the United States, there are important, nuanced, and fiercely defended differences.

The expression for urban planning used by the European Union is “spatial planning” (European Commission 1997, 24).

“Spatial planning refers to the methods used largely by the public sector to influence the future distribution of activities in space. It is undertaken with the aims of creating a more rational territorial organization of land uses and the linkages between them, to balance demands for development with the need to protect the environment, and to achieve social and economic objectives.

“Spatial planning embraces measures to co-ordinate the spatial impact of other sectoral policies, to achieve a more even distribution of economic development between regions than would otherwise be created by market forces, and to regulate the conversion of land and property uses.”

The European Union has no authority to engage in spatial planning, but directly influences spatial planning outcomes through regional development initiatives, environmental directives, and structural and cohesion funding. This goal is articulated in the European Spatial Development Perspective (ESDP) signed in 1998 by the ministers responsible for spatial planning in the member states and the members of the European Commission responsible for regional policy (Faludi 2002).

Modern spatial planning in the European context is broadly understood to include national, regional, and local planning, where national plans provide broad national development strategies and guidelines for plans at lower levels of government; regional plans integrate physical development with social, economic, and environmental policies but without site-level specificity; and local plans are site-specific and address the physical and urban design elements of the built environment. While none of the planning frameworks for the member nations matches this neat hierarchical ideal exactly, the ESDP has influenced planning activity in every nation.

The ESDP itself is based on longstanding European planning traditions dating to World War II, when national development or reconstruction plans were indisputably necessary for post-war reparations. Many European nations still have national development plans and complementary national spatial strategies. But the influence and importance of those plans has diminished steadily since reconstruction. In the last decade in particular, nations once known for their ambitious and extensive commitment to planning—France, Denmark, and the United Kingdom among them—have failed to adopt new national plans and expressly placed greater emphasis on regional and local plans.

National European Spatial Strategies and Frameworks

France

Although France is a unitary, centralized nationstate, the national government has never played a leading role in spatial planning. Rather, responsibility for spatial planning was officially transferred to regional and local governments in devolutionary reforms adopted in 1982 and 2003 (Geppert 2012). Although coordination between governments at different levels continues, this process results more often in joint investment strategies rather than in shared spatial visions or common objectives. Before most other nations, the French national government began focusing less on spatial planning and more on sectoral policies, leaving spatial issues for lower levels of government.

Denmark

Planning in Denmark historically began with a comprehensive national planning framework (Galland 2012). Over the last two decades, however, as a result of interrelated political and economic factors, the land use roles of national, local, and regional governments within the national territory have significantly transformed the scope, structure, and understanding of Danish spatial planning (figure 1).

Among the implications of this reform, several spatial planning responsibilities have been decentralized to the local level while regional planning for Greater Copenhagen and other sectoral functions have been transferred to the national level. Moreover, the recent abolition of the county level of government has increased the risk of uncoordinated spatial planning and decreased coherence across diverse policy institutions and instruments.

The Netherlands

The Netherlands has perhaps the longest and best-known tradition of national spatial planning, and its plans include industrial as well as detailed spatial policies (Needham 2012). For several decades, Dutch national plans influenced the distribution of people and activities throughout the country. In the first decades after World War II, all levels of government—national, provincial, and municipal—tended to work together in their spatial planning. In the 1990s, however, they started to move apart. In response, the national government strengthened its own powers over the local governments (a form of centralization), and at the same time reduced its own ambitions to pursue a national spatial strategy (a form of decentralization). The latest national spatial strategy expressly withdraws from some planning tasks previously carried out by the national government.

United Kingdom

In the early 1900s, the UK Parliament divested its direct powers to plan; instead, the powers of intervention, new state housing development, and regulation of private housing development were handed over to local governments (Tewdwr-Jones 2012). In the following decades, the central government did acquire new planning powers of its own as a consequence of World War II and the need to rebuild cities, infrastructure, and the economy in the national interest. Since 1945, central government has retained these powers, while also permitting the monitoring of local authorities in their operation of the planning system.

These powers have changed dramatically over the last 70 years. After 1999, devolution in Wales, Scotland, and Northern Ireland further fragmented the meaning of “national” in policy and planning terms. During the 2000s, the push toward regional spatial planning in England also rebalanced national planning matters toward sub-national interests. As a result of this trend in devolution, decentralization, regionalism, and localism over the last 20 years, it is increasingly questionable whether the UK now possesses anything that could be regarded as a national planning system, since so much has changed spatially and within policy-making institutions and processes across different parts of the country.

Ireland

Ireland is one of few European nations not following the trend toward decentralization of planning authority, partly due to the fact that its planning system has been fully decentralized (Grist 2012). Largely following EU guidelines, Ireland adopted a series of national development plans, the latest one being the National Development Plan 2007–2013. Based on recommendations in the previous national plan, the Department of Environment, Community and Local Government in 2002 developed the Ireland National Spatial Strategy. This strategy identified critical gateways and hubs and articulated plans to decentralize economic activity from Dublin and throughout the island.

Following a turbulent period that saw the rise and fall of the Celtic Tiger, blamed in part on lax local planning policies allied with extensive incentivizing of property development and political corruption, the country is now revisiting that strategy, strengthening regional development guidelines, and imposing new consistency requirements on local governments.

Under the new evidence-based planning regime, local plans must conform more closely with regional planning guidelines, and local plans will have quantitative limits on how much development can be allowed. The future role of the National Spatial Strategy is currently in the review process as the new government, elected following the property crash in Ireland, examines the planning and development issues that prevailed during the property bubble.

The Federal Government and Land Use in the United States

The U.S. federal government, like the European Union, has no authority to plan and manage land use, but probably has a greater influence on the location and nature of development patterns (Salkin 2012). Besides the billions of dollars it allocates for transportation infrastructure, social services, development, and redevelopment, the federal government is a major landowner of more than 630 million acres across the country. Federal regulations are also highly influential. The Clean Air and Water Acts, for example, impose no restrictions on land use per se, but in establishing targets for ambient air quality and nutrient loadings to rivers, lakes, and streams, both acts profoundly influence local land use plans, regulations, and development patterns.

More recently, President Barack Obama’s administration has established a new channel of federal influence on land use planning and regulation. While the federal government continues to refrain from direct intervention in local land use governance, the secretaries of the Departments of Transportation and Housing and Urban Development and of the Environmental Protection Agency signed a memorandum of understanding establishing the Sustainable Communities Partnership. To promote six principles of sustainable communities, these agencies launched a number of new grants programs, including the Regional Sustainable Communities Planning Grants. To be eligible for such a grant, local governments must form inter-organizational consortia that include the metropolitan planning organization (MPO), the central city, the majority of local governments, and a representation of civic and advocacy groups.

While the stated purposes of these path-breaking grants include urban revitalization, environmental protection, social justice, and sustainable development, an equally important purpose is to establish new inter-institutional relationships by promoting greater inclusion and participation. Regional Sustainable Communities Planning is now underway in 74 metropolitan areas across the country. It remains to be seen, however, whether the incentives offered to local governments to engage in regional planning are sufficient to get them to participate in regional plan implementation without additional state-level intervention.

State Plans and State Planning Frameworks

Every state established a framework for local planning and regulation in the 1920s and 1930s based on the standard planning and zoning enabling acts prepared by the U.S. Department of Commerce. Despite expectations of extensive institutional change, characterized in the “Quiet Revolution” more than 40 years ago, most states merely authorize local governments to plan (Salkin 2012).

Others, like Oregon, mandate, review, and approve local plans (Seltzer 2012). If local governments do not submit plans that meet the state’s land use goals and guidelines, the state can withhold funds or the authority to issue building permits. Several unique land use institutions also support the Oregon planning system, including a state planning commission, a land use court of appeals, and a directly elected regional government. Though simple in structure, and frequently challenged in the courts and at the ballot box, the Oregon system has a reputation as one of the most, if not the most, effective land use systems in the United States (Ingram et al. 2009).

California is among the states that delegated substantial land use authority to local governments. Although major development projects have to pass a complex mini-National Environment Policy Act process, and the California Coastal Commission was an innovative new statewide institution in its day, local planning remains dominant. But in 2008, the state adopted a bold new initiative to address climate change—Senate Bill 375, which required MPOs to develop transportation and land use plans that meet state greenhouse gas targets. The difficulty is that local governments, not MPOs, retain land use authority in California. MPOs and the state governments are providing incentives for local governments to adopt plans that conform with metropolitan plans, but it remains uncertain whether the combination of financial and other incentives are sufficient to nudge local governments to follow the MPO plans (Fulton 2012).

At the other extreme, plans for entire states are not common in the United States. In response to federal requirements, most states do have transportation plans, and some have economic development plans, workforce development plans, or climate action plans, but only five have state development plans—Connecticut, Delaware, Maryland, New Jersey, and Rhode Island.

New Jersey and Delaware have perhaps the best- and least-known state plans, respectively. New Jersey adopted its State Planning Act in 1985, requiring the state planning commission to develop, adopt, and implement the New Jersey State Development and Redevelopment Plan (Bierbaum 2012). The planning process included a complex cross-acceptance procedure for identifying and resolving differences between the state and local governments. Since its adoption, the influence of and attention received by the plan has ebbed and flowed over successive gubernatorial administrations. Most recently, Governor Chris Christie’s administration developed an entirely new state plan, focused primarily on economic development without the cross-acceptance process. The state plan commission, however, has not yet adopted the plan.

The Delaware plan is much less well-known and far less controversial than the New Jersey plan, and both the content and process are less complex (Lewis 2012). The Delaware plan includes five general land designations (figure 2). It depends on state-local coordination and relies on the threat of withholding infrastructure funding (of which the state pays a significant share) to incentivize compliance by local governments. Because the state did not begin tracking data on development patterns until 2008, and does not maintain spatial data on state expenditures, it is difficult to discern the impact of the approach on development and the consistency of state spending with the state plan map.

Maryland is the only state that rivals California and Oregon in its adoption of bold new approaches to planning, based on its long tradition of leadership in land use and environmental policy (Knaap 2012). Maryland established the first state plan commission in 1933, and broke into the national spotlight in 1997, when it adopted the path-breaking Smart Growth and Neighborhood Conservation Act. Since 1997 the use of state expenditures to provide incentives for smart growth has been the signature feature of the Maryland approach. Long before anyone in Maryland spoke the words “smart growth,” however, the state had passed legislation in 1959 that required the Maryland Department of Planning to develop and adopt a state development plan. More than 50 years later, the administration of Governor Martin O’Malley finally met that requirement.

On December 19, 2011, Governor O’Malley signed PlanMaryland, establishing the first new state development plan in the United States in many years (figure 3). But unlike state plans in New Jersey or Delaware, the Maryland plan is more procedural than substantive. Specifically, it established six plan designation categories and, following a longstanding Maryland tradition, enabled local governments to allocate land for any or all designated uses. State agencies would then target programmatic funds to each of these areas. Since the plan was signed, state agencies have been developing and refining implementation plans, and local governments have just recently begun submitting plans for state certification.

Concluding Comments

The frameworks for land use and spatial planning vary extensively across Europe and the United States. On both sides of the Atlantic, local governments carry much of the load, especially with respect to community, neighborhood, and site-specific details. But the role of regions, states, and nations remains important.

Contrary to its reputation in the United States, planning in many European nations has decentralized extensively. Few European nations are engaged in full-scale national plans that guide national investments and land use regulations. In fact, planning in Europe, while still far more comprehensive in sectoral details than in the United States, shares many policy features with its North American counterpart. An interesting exception is Ireland, which continues to expand the role of national and regional governments partly as a response to the recent period of extremely decentralized planning that failed to take into account and implement the national strategy. Ireland is also one of the few countries adhering to the broad principles of spatial planning formally adopted by the European Union.

In the United States, neither state development planning nor state approval of local plans is a rapidly growing practice. Indeed, despite the demonstrated success of the Oregon program and the growing recognition of the need for horizontal and vertical policy integration, land use planning in the United States remains a fiercely local affair. Although both the state of California and the federal government are providing financial incentives for intergovernmental coordination and planning at the metropolitan scale, it remains far from certain that incentives alone will secure the changes in local plans and regulations required to institute meaningful adjustments in land consumption, travel behavior, and access to opportunities.

New approaches are needed to make cites and metropolitan areas more productive, equitable, and environmentally sustainable in light of anticipated challenges in the future. If these issues cannot be addressed adequately, other kinds of experiments in institutional planning reforms may become more common in many countries.

About the Authors

Gerrit Knaap is professor of urban studies and planning, director of the National Center for Smart Growth, and associate dean of the School of Architecture, Planning, and Preservation at the University of Maryland.

Zorica Nedovic-Budic is professor of spatial planning and geographic information systems (GIS) in the School of Geography, Planning and Environmental Policy at University College Dublin.

References

Denmark Ministry of the Environment. 2006. The 2006 national planning report–In brief. Copenhagen. http://www.sns.dk/udgivelser/2006/87-7279-728-2/html/default_eng.htm

European Commission. 1997. The EU compendium of spatial planning systems and policies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Faludi, Andreas. 2002. European spatial planning. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Ingram, Gregory K., Armando Carbonell, Yu-Hung Hong, and Anthony Flint. 2009. Smart growth policies: An evaluation of programs and outcomes. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.