Entornos favorables: estrategias locales en pos de la reurbanización de terrenos públicos

Ballantyne, Carolina del Norte, es una ciudad en desarrollo al sur de Charlotte. Con buenas escuelas, varios empleadores grandes y un ingreso familiar medio casi un 50 por ciento más alto que la mediana nacional, es un área deseable y en crecimiento, y necesita más viviendas asequibles.

En respuesta a esa necesidad, la ciudad de Charlotte cambió el enfoque hacia uno de los activos más importantes: el suelo. En 2023, la ciudad acordó arrendar una parcela de 1,38 hectáreas a CSE Communities, una división del desarrollador Crosland Southeast que se especializa en proyectos residenciales para hogares de ingresos mixtos.

Según el contrato de arrendamiento, CSE Communities pagará USD 1 por año durante 75 años y construirá Evoke Living en Ballantyne, un desarrollo de 60 unidades que será asequible para hogares de ingresos bajos y moderados. El proyecto incluirá
12 unidades asequibles para residentes que ganan el 30 por ciento o menos del ingreso promedio del área (AMI, por sus siglas en inglés), 32 unidades asequibles para hogares que ganan del 51 al 60 por ciento del AMI y 16 unidades asequibles para aquellos que ganan del 61 al 80 por ciento del AMI.

Como explicó Shawn Heath, subdirector de la ciudad, al South Charlotte Weekly, el proyecto es “una forma maravillosa de aprovechar el suelo que pertenece a la ciudad para generar viviendas asequibles en un área que las necesita”. Heath puso especial atención en la ubicación del lote e indicó que “sin lugar a duda, es una zona excepcional para el desarrollo de viviendas asequibles. Cumple todas las condiciones en términos de acceso a empleos, comodidades, servicios, escuelas públicas locales”.

Alrededor de un tercio de los hogares estadounidenses hoy soportan presiones económicas: destinan más del 30 por ciento de los ingresos a gastos de vivienda y enfrentan decisiones difíciles sobre cómo estirar los presupuestos limitados. Por ello, las comunidades de todo el país utilizan un recurso que ya poseen para enfrentar la crisis de asequibilidad de la vivienda. Muchas personas descubren que los sitios urbanos, como estacionamientos de superficie, baldíos, terrenos institucionales y edificios gubernamentales, se pueden usar de forma estratégica para aumentar la oferta.

Por supuesto, la crisis actual de la vivienda se debe a muchos factores, como salarios estancados, altos costos de construcción y zonificación restrictiva. En última instancia, el problema se reduce a lo siguiente: la nación tiene una crisis de vivienda porque no tenemos suficientes viviendas, por millones de unidades.

Las comunidades adoptan diferentes enfoques a medida que intentan aumentar la oferta de viviendas asequibles mediante la reurbanización de terrenos públicos. En el caso de Charlotte, el municipio mantiene la propiedad del suelo y celebra un contrato de arrendamiento con el desarrollador, para garantizar que la ciudad conserve el valor del suelo. En otros casos, los gobiernos municipales venden o donan el suelo.

A veces, el municipio tiene una participación activa en el proyecto de desarrollo a través de una asociación público-privada. Otras veces, su función se limita a exigir al desarrollador el cumplimiento del contrato. En todos los casos, los municipios capitalizan el potencial del suelo para abordar una necesidad crucial de vivienda y, al hacerlo, cumplir con la responsabilidad del gobierno de maximizar los activos públicos para el bien de la comunidad.

Legislar sobre el uso del suelo estatal y local

Según un análisis realizado por el Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS, por sus siglas en inglés) del Instituto Lincoln, el país tiene alrededor de 112.000 hectáreas edificables de suelo propiedad del gobierno que se encuentran en áreas urbanas (léase: lugares donde la gente desea vivir y que ya tienen infraestructura pública), accesibles al transporte público (léase: reducir la congestión del tráfico y promover la transitabilidad a pie), y que no implican sacrificar parques, humedales, servidumbres de conservación u otros espacios abiertos. Esta superficie podría albergar más de 6,9 millones de hogares en lugares más cercanos a empleos y escuelas que muchos sitios de desarrollo tradicionales.

Gran parte de este suelo se encuentra en estados con costos de vivienda excepcionalmente altos, como Massachusetts (10.436 hectáreas), Florida (8.418 hectáreas), Washington (6.437 hectáreas), Texas (6.070 hectáreas) y California (5.900 hectáreas). Debido a que esta lista es un “quién es quién” de los mercados de vivienda costosos, también es un registro de los lugares que más necesitan viviendas asequibles adicionales.

Una cuestión clave es que más del 98 por ciento de esta superficie está en manos de los gobiernos estatales y locales. La falta de un reclamo federal sobre el suelo no solo ayuda a agilizar y simplificar el trabajo de redistribución, sino que también faculta a los gobiernos estatales y locales a determinar el mejor uso. Algunos de ellos pueden ser más adecuados para beneficios comunitarios que no sean la vivienda, como espacios abiertos, un jardín de infiltración u otra infraestructura verde, o instalaciones recreativas.

La legislación es una de las herramientas más importantes para apoyar a los gobiernos estatales y locales en su intento de redistribuir el suelo. La legislación desempeña dos funciones clave en este contexto. La primera es establecer las condiciones necesarias para permitir este tipo de transacciones. A nivel estatal, esto puede incluir facultar a los gobiernos locales para que vendan o arrienden su propiedad a precios inferiores a los del mercado, lo que permite que los proyectos de vivienda asequible resulten económicamente viables.

Un ejemplo de legislación efectiva es la Ley de Enmienda sobre la Disposición de Suelo del Distrito para Vivienda Asequible (Disposition of District Land for Affordable Housing Amendment Act) de Washington, DC de 2014, que permite a la ciudad transferir su propiedad por menos del valor asignado por el valuador para proyectos de viviendas asequibles. Según la ley, todos los nuevos desarrollos multifamiliares deben garantizar que, como mínimo, entre el 20 y el 30 por ciento de las unidades sean asequibles para los hogares con ingresos anuales de entre el 30 y el 50 por ciento de la mediana del área. El porcentaje de unidades que deben ser asequibles varía según la ubicación de la parcela. Cuanto más cerca esté la parcela del transporte público, mayor será el porcentaje requerido de unidades asequibles.

La legislación puede promover aún más el uso eficiente de los terrenos públicos al exigir a los municipios que incluyan, o consideren incluir, la vivienda como parte de los proyectos promovidos con fondos públicos. En el condado de Montgomery, Maryland, el proyecto de ley 37-12 exige que el condado evalúe la viabilidad de incluir una “cantidad significativa” de viviendas asequibles en los proyectos de mejoras de capital propuestos, como bibliotecas, centros recreativos y estaciones de transporte público.

Un beneficio adicional de la legislación es que puede ayudar a todas las partes interesadas a ponerse de acuerdo sobre lo que está o no permitido o requerido al reutilizar suelo de propiedad pública. Dadas las múltiples entidades gubernamentales que pueden estar involucradas en una transacción de este tipo, esta claridad es útil para resolver la confusión entre ellas.

Sin embargo, algunos funcionarios electos inevitablemente tendrán dudas a la hora de redistribuir los terrenos públicos para la vivienda debido al riesgo político, dice George W. McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln. “Los terrenos públicos son un territorio muy disputado”, señala. “Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo se debe usar cualquier tierra de propiedad pública. Y cada vez que alguien asigne este suelo, otra persona se enojará y otra más lo usará como combustible para asegurarse de que no ocurra la reelección del responsable de haber tomado esa decisión”.

Pero McCarthy, quien supervisó el diseño y lanzamiento de la campaña Community Land for Community Benefits del Instituto Lincoln este año, agrega que esa es una razón más para ser estratégico: “Existen maneras de liberar suelo público de manera eficiente y efectiva para que los gobiernos en verdad expriman todo el beneficio para la comunidad”.

Identificación de parcelas adecuadas

Una vez que un gobierno local confirma que tiene el derecho legal de redistribuir el suelo para obtener viviendas asequibles u otros beneficios comunitarios, la pregunta es cuál es la mejor manera de proceder. Existen varias consideraciones. La primera es identificar todas las parcelas elegibles.

Determinar con precisión qué entidad pública posee qué terreno puede ser difícil. A pesar de las numerosas entidades dedicadas a supervisar el uso del suelo en una comunidad determinada (las juntas de zonificación, los departamentos de planificación, las comisiones de uso del suelo), prácticamente todas las comunidades carecen de una estructura que supervise el uso de toda la cartera de suelo que posee. En consecuencia, los gobiernos municipales generalmente no tienen un plan integral y estratégico para desarrollar el suelo. En su lugar, suelen adoptar un enfoque ad hoc, parcela por parcela, que puede no considerar si un pedazo de suelo es más adecuado que otro para un tipo determinado de reurbanización. El resultado puede ser que no se maximicen las fortalezas y oportunidades únicas de una parcela.

Este es un problema que se puede resolver. Comienza con la preparación de un inventario del suelo de propiedad pública dentro de una comunidad. “No se puede llegar a una buena política para convertir el suelo en vivienda u otro desarrollo si ni siquiera se sabe lo que hay”, explica Reina Chano Murray, directora asociada del CGS.

Llevar a cabo una auditoría de tierras completa puede ser más difícil de lo que parece. Los terrenos públicos pueden ser propiedad de una serie de entidades públicas, como una autoridad de tránsito, un distrito de agua o alcantarillado, o un departamento de parques, algunos de cuyos nombres pueden haber cambiado con el tiempo y a través de varias administraciones municipales, y eso genera un revoltijo de propietarios que es necesario desentrañar.

Una vez que se establece la propiedad, se plantean las cuestiones del uso adecuado. Como explica Murray: “Es necesario conocer la condición del suelo. ¿Cuál es la zonificación actual del terreno en cuestión y el área circundante? ¿El área ya dispone de agua y otros servicios públicos? ¿Está cerca del transporte público? Este es un contexto importante a fin de determinar qué sitios son más apropiados para el desarrollo de viviendas frente a otra necesidad pública”. El CGS está trabajando con las comunidades en Colorado y otros lugares en este tipo de identificación y catalogación del suelo, al ayudar a las comunidades a encontrar los lugares adecuados para desarrollar viviendas, implementar soluciones basadas en la naturaleza y mitigar los riesgos climáticos.

Una vez que un gobierno local identifica las parcelas que son más adecuadas para viviendas asequibles, puede pasar a la etapa de configuración del proyecto. Las consideraciones clave incluyen el interés de la propiedad, las estructuras organizativas, la tenencia de la vivienda y los requisitos de asequibilidad. No existe una fórmula universal para estas transacciones, sino más bien una gama de opciones que dependen de los activos, las necesidades y las oportunidades de una comunidad.

Dicho esto, hay un elemento que McCarthy considera una buena idea para cualquier gobierno, al margen de su tamaño o las circunstancias: conservar la propiedad. “Recomendamos no regalar el suelo siempre que sea posible”, aconseja. “La idea preferida es arrendarlo porque le permite al gobierno mantener el control. Si la ciudad es propietaria del suelo, puede hacer cumplir su voluntad. Puede decir: ‘Estos son los términos según los cuales le daremos este contrato de arrendamiento, y si no cumplen, simplemente recuperaremos el suelo’”.

Poner en práctica la política

Desde hace tiempo, las ciudades y los condados dedican suelo municipal para fines que van desde parques públicos, infraestructura verde y áreas de conservación hasta necesidades de infraestructura como corredores de tránsito y servicios públicos. Pero no es tan común que dediquen el suelo de propiedad pública a la construcción de viviendas. A continuación, se incluyen ejemplos de tres ciudades.

Hamilton, Ontario

La ciudad de Hamilton, Ontario, ha estado dedicando sus tierras de forma estratégica para facilitar el desarrollo de viviendas adicionales desde hace casi una década. Durante ese tiempo, el enfoque de la ciudad ha cambiado, comenta Ray Kessler, quien, como director de Bienes Raíces Corporativos de Hamilton, administra la cartera de la ciudad de alrededor de 2.300 parcelas. (En marcado contraste con casi todas las ciudades estadounidenses, Hamilton tiene una Oficina de Bienes Raíces Corporativos que tiene la tarea de ocuparse de la administración estratégica de todos los terrenos propiedad de la ciudad como una sola cartera).

“Al principio, cuando comenzamos a vender nuestro suelo para vivienda en 2016, vendíamos propiedades, como todos los demás”, explica Kessler. “Pero en el último tiempo, adoptamos lo que llamamos una política de ‘arrendamiento primero’, donde priorizamos el arrendamiento en lugar de la venta, siempre que sea posible”.

Cuando se determina que el arrendamiento es una opción viable, la ciudad ofrece a una organización de vivienda sin fines de lucro seleccionada un arrendamiento a largo plazo, en general, de un mínimo de 40 años de duración, para construir o administrar viviendas asequibles. El arrendamiento es nominal y todos los proyectos aprobados deben cumplir con el Programa de Suministro de Viviendas Asequibles de la Ciudad, que describe diferentes pautas según el terreno en particular.

En el caso de la parcela de propiedad de la ciudad en 1126 Garth Street, el cronograma requiere que las unidades sean casas adosadas de dos o tres dormitorios, disponibles para alquiler o compra (aunque el desarrollador puede construir una vivienda de varias unidades sujeta a rezonificación). Si las casas adosadas están a la venta, al menos el 50 por ciento de ellas deben ofrecerse por no más del 90 por ciento del precio de compra promedio, y no se pueden construir más de 10 unidades, según el reglamento de zonificación.

En el caso de que las casas adosadas estén en alquiler, al menos el 30 por ciento de las unidades deben tener un precio que no sea más del 80 por ciento del alquiler promedio del mercado. Los alquileres solo pueden aumentarse de forma anual y deben cumplir con las Pautas provinciales de aumento de alquileres, lineamientos anuales que limitan los aumentos máximos de alquileres en Canadá y varían según la provincia. Por ejemplo, en 2026, la pauta de Ontario es del 2,1 por ciento, mientras que en Columbia Británica es del 2,3 por ciento.

La ciudad prefiere arrendar la propiedad porque otorga más capacidad para asegurarse de que las unidades sean asequibles a largo plazo. Como explica Kessler: “Cuando se produce un cambio de titularidad, incluso si se establecen controles, no se puede garantizar el cumplimiento a largo plazo porque se perdió la propiedad. Con un contrato de arrendamiento, seguimos siendo propietarios del suelo y, siempre que ese contrato esté bien redactado, esas obligaciones contractuales nos darán mucha más garantía que los instrumentos relacionados con títulos propietarios”.

Además, el arrendamiento crea oportunidades económicas para la ciudad. “Todavía no lo hicimos, pero con un contrato de arrendamiento, es posible que podamos generar ingresos para reinvertir en otros proyectos de viviendas asequibles. O, en un área más densa, como el centro de la ciudad, es posible que podamos vender derechos de desarrollo sobre, por ejemplo, suelo de propiedad pública donde funciona un centro de artes escénicas. Esa tierra tiene una zonificación que habilita a construir 30 pisos, pero solo tiene 6 pisos, por lo que, si podemos transferir parte de la densidad a otro sitio, entonces lograremos generar ingresos de esa manera”.

Boston, Massachusetts

Como parte de una iniciativa más extensa para recuperar suelo público subutilizado, en 2023, la ciudad de Boston lanzó Welcome Home, Boston, una iniciativa escalonada para reutilizar tierras que son propiedad de la ciudad con el objetivo de construir viviendas asequibles para residentes con ingresos bajos y moderados. El año anterior, los funcionarios de la ciudad lanzaron una auditoría anual de tierras en toda la ciudad, un inventario de todos los terrenos que pertenecen a la ciudad, uno de los mayores propietarios de bienes raíces de Boston.

La auditoría identificó 1.238 parcelas por un total de 882.578 metros cuadrados de suelo (el 5,4 por ciento del total de las propiedades de la ciudad) que califican como vacías o subutilizadas, incluidas pequeñas parcelas aptas para urbanización. Ciento cincuenta de estas parcelas se pusieron a disposición para oportunidades de propiedad de vivienda asequibles según el programa Welcome Home, Boston, que se financia con USD 58 millones de la asignación del Plan de Rescate Estadounidense de la Ciudad.

Desde la publicación de la primera solicitud de propuestas en junio de 2023, según un portavoz, la ciudad de Boston aprobó 10 propuestas en 28 parcelas que producirán 144 nuevas unidades de vivienda asequibles para los residentes con un ingreso familiar de entre el 80 por ciento y el 100 por ciento de la mediana del área. Esta primavera, la ciudad planea aprobar nuevas propuestas para 11 parcelas que producirían alrededor de 40 unidades, destinadas a hogares con ingresos de entre el 120 por ciento y el 135 por ciento de la mediana del área. Se encuentran en las etapas de planificación más de 30 parcelas adicionales, y se espera que los esfuerzos de participación comunitaria comiencen este año calendario.

Para ayudar a garantizar que se puedan cumplir estos objetivos de asequibilidad, la ciudad vende las parcelas a los desarrolladores participantes por una tarifa nominal. Como explica Sheila A. Dillon, jefa de vivienda de la ciudad: “Al hacer que las parcelas subutilizadas de la ciudad estén disponibles para la vivienda, podemos ayudar a las personas que compran su primera vivienda, fortalecer los barrios y garantizar que los terrenos públicos brinden un beneficio duradero a la comunidad. En algunos casos, la venta de parcelas con claras restricciones de título de propiedad permite que las viviendas sigan siendo asequibles para los futuros compradores, al tiempo que reduce la carga administrativa durante la gestión de los arrendamientos de tierras. Ese enfoque ayuda a la ciudad a concentrar más recursos en crear y preservar viviendas asequibles en Boston”.

Por ejemplo, en 2024, la ciudad vendió cuatro lotes vacíos por un total de casi 1.486 metros cuadrados en el vecindario de Dorchester, con un valor asignado por el tasador de USD 1,26 millones, a Norfolk Design & Construction por USD 400 para construir 20 viviendas asequibles dirigidas a compradores de primera vivienda.

Welcome Home, Boston es solo una de las múltiples iniciativas que la ciudad utiliza para administrar el suelo. Otras parcelas más grandes están atravesando un proceso comunitario para determinar los mejores usos para el desarrollo. Una de esas parcelas son los 1.757 metros cuadrados de suelo propiedad de la ciudad en 55–57 Hudson Street, Chinatown. La ciudad entregó el terreno a la organización sin fines de lucro Asian Community Development Corporation por una tarifa nominal de arrendamiento de terrenos para construir 110 unidades de vivienda asequible, incluidas 66 unidades de alquiler y 44 condominios para compra. El nuevo edificio también incluirá una sucursal permanente de 1.579 metros cuadrados de la Biblioteca Pública de Boston en Chinatown.

Atlanta, Georgia

Como parte del objetivo de sumar 20.000 viviendas al parque de viviendas asequibles de la ciudad para 2030, la ciudad de Atlanta está trabajando para remodelar la Estación de Bomberos 15, una parcela de terreno de 0,3 hectáreas con un valor de mercado de USD 14,1 millones. Ubicada en el popular barrio de Midtown, la propiedad actualmente alberga un edificio de una sola planta con un sótano parcial. Según la remodelación propuesta, se construirá un edificio residencial para hogares de ingresos mixtos. Los últimos planes incluyen una estructura de 21 pisos con una estación de bomberos de 3 pisos y un estacionamiento de 5 pisos. Los pisos restantes contendrán alrededor de 230 departamentos, de los cuales cerca de un tercio serán asequibles. Esta es una acción muy necesaria en un vecindario que cuenta con todos los servicios, donde el ingreso medio de los hogares es casi un 70 por ciento superior al de la ciudad en general, y el alquiler es cerca de un 33 por ciento más alto que la mediana de toda la ciudad.

En este caso, el acuerdo es una asociación público-privada. La ciudad de Atlanta seguirá siendo propietaria de los derechos sobre el suelo y otorgará una opción de compra de los derechos aéreos sobre la estación de bomberos por una tarifa nominal (por ejemplo, USD 1) a la organización sin fines de lucro, Atlanta Urban Development Corporation (AUDC, por sus siglas en inglés), creada en 2023 por la ciudad de Atlanta y la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Atlanta para liderar el desarrollo de viviendas en suelo de propiedad pública. AUDC es una subsidiaria de la autoridad de vivienda, que actúa efectivamente como una agencia de desarrollo público con capacidad para colaborar con inversores privados.

Una vez que se reconstruya la propiedad, AUDC continuará manteniendo el proyecto (es decir, el suelo y las mejoras, pero no la estación de bomberos) en una estructura de arrendamiento de terrenos a largo plazo con el desarrollador. Se espera que la ciudad sea propietaria de la Estación de Bomberos 15 de carácter permanente. El resto del desarrollo será propiedad de una iniciativa conjunta entre el socio desarrollador seleccionado y AUDC.

Conforme a la estructura propuesta, AUDC será el accionista mayoritario, con al menos el 51 por ciento de la propiedad, y dividirá los flujos de fondos del proyecto con el desarrollador, como se describe en un informe conjunto del laboratorio de finanzas Nowak Metro Finance Lab de la Universidad de Drexel y Putting Assets to Work (PAW), una incubadora nacional que ayuda a los gobiernos estatales y locales a transformar las propiedades públicas subutilizadas en activos que generan valor a largo plazo para la comunidad. Como se explica en el informe: “La iniciativa conjunta permite al desarrollador disfrutar de algunas ventajas de los flujos de fondos del proyecto con un riesgo relativamente bajo, al tiempo que garantiza la asequibilidad a largo plazo, gracias a la propiedad mayoritaria de AUDC”.

La Estación de Bomberos 15 es parte de una iniciativa más extensa del alcalde de Atlanta, Andre Dickens, que tiene como objetivo destinar los terrenos de propiedad municipal para fines de vivienda. Las parcelas que forman parte de la diversa y creciente oferta de la ciudad se seleccionan para fines de reurbanización en función de un mapa integral de activos de propiedad pública que los funcionarios de la ciudad crearon a través de la participación en el programa de incubadoras de PAW en 2023.

Cobrar impulso

De la misma manera que no hay una sola causa de la crisis de asequibilidad de la vivienda, no hay una sola solución. La reutilización de suelo de propiedad pública para fines de vivienda asequible no es una panacea, sino una respuesta eficiente y escalable que podría ayudar a resolver el problema. Si los gobiernos correspondientes desarrollaran las 111.692 hectáreas edificables de suelo de propiedad pública identificadas en el análisis del CGS, incluso con los estándares de baja densidad de 7 unidades por casi media hectárea, la nación podría sumar más de 1,9 millones de unidades de vivienda nuevas. Si se elevaran las ambiciones y los desarrolladores construyeran con estándares de mayor densidad de 25 unidades por casi media hectárea, el suelo propiedad del gobierno podría producir 6,9 millones de unidades de vivienda nuevas.

Por supuesto, no todos los terrenos públicos deberían desarrollarse conforme al derecho de zonificación. Sigue siendo de vital importancia que las comunidades protejan los espacios abiertos, ya que esto aporta beneficios ampliamente documentados para la salud pública y planetaria, y para garantizar la coherencia entre el uso previsto y los atributos de la propiedad.

Pero la cuestión está cobrando impulso, tanto a nivel estatal como municipal. Como señaló McCarthy en una columna reciente de Mensaje del presidente: “California fortaleció su Ley de Tierras Excedentes y obligó a las agencias locales a inventariar las parcelas disponibles, ofrecerlas primero a los desarrolladores de viviendas asequibles y seguir procedimientos transparentes y exigibles… Massachusetts avanzó en la creación de una cartera de parcelas estatales excedentes con el objetivo de producir miles de viviendas; el programa Public Lands for Housing de San Francisco destina sitios grandes y de bajo rendimiento, como el embalse Balboa Reservoir de 6,88 hectáreas, para viviendas de ingresos mixtos; y Sound Transit en el estado de Washington desarrolló una política para destinar propiedades excedentes a viviendas con ingresos restringidos cerca de las estaciones”.

A través de estrategias reflexivas y equilibradas, las comunidades pueden utilizar el suelo que ya poseen para proporcionar vivienda asequible y adaptarse al cambio climático, y pueden usar el valor derivado de estos acuerdos, ya sea en forma de pagos de arrendamiento, compra de derechos de desarrollo u otro mecanismo, para financiar infraestructura y servicios sociales. Como están demostrando comunidades como Charlotte, Hamilton, Boston y Atlanta, el suelo público es un componente esencial de las soluciones políticas del siglo XXI para nuestros desafíos sociales más serios.

Loren Berlin es escritora y editora, y se especializa en vivienda. Para leer más sobre su trabajo, visite www.lorenberlin.com.

Imagen principal: Evoke Living en Ballantyne, un desarrollo de 60 unidades en terrenos que pertenecen a la ciudad en Charlotte, Carolina del Norte. Crédito: Evoke Living en Ballantyne.