Construir consenso civil en El Salvador
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 6 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
La descentralización del estado, el crecimiento de las empresas y la participación comunitaria en los asuntos públicos, están presentando nuevos retos para el desarrollo de las instituciones enfocadas en las políticas de tierras y su implementación en a través de América Latina. Los alcaldes y consejos locales están asumiendo nuevas responsabilidades en las áreas de protección ambiental, transporte urbano, infraestructura básica, financiamiento local, servicios sociales y desarrollo económico. Al mismo tiempo, las empresas y organizaciones civiles encuentran nuevas vías para asegurar la atención pública de sus exigencias mediante el urbanismo participativo, la administración de presupuestos, la cofinanciación y el control a nivel local.
De este modo, la descentralización y participación democrática están construyendo un medio en el cual las alianzas publico-privadas pueden desarrollar proyectos conjuntos de interés común tanto para individuos como para el gobierno. Sin embargo, a muchas instituciones les falta mucho para adaptarse totalmente a sus nuevos papeles de planificación, regulación y evaluación.
Las culturas de apatía y desconfianza hacia el gobierno arraigadas desde hace mucho tiempo, deben transformarse en una confianza común capaz de movilizar las mejores tradiciones comunitarias de los latinoamericanos. El patronazgo político y económico y la corrupción del estado, deben reemplazarse por responsabilidad política y administrativa. Leyes municipales, de contratación y de administración obsoletas aún restringen la capacidad tanto de los gobiernos locales como de la sociedad civil de interactuar creativamente por medio de arreglos contractuales y de cofinanciación.
Los retos institucionales y los dilemas de políticas que actualmente enfrenta el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ilustran las transformaciones que ocurren a lo largo de la región. Después de años de guerra civil, los salvadoreños firmaron un acuerdo de paz en 1992 que proporcionó un marco de competencia real entre los partidos políticos y estimuló una participación más activa por parte de las empresas, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y las organizaciones comunitarias. La AMSS comprende varias municipalidades, algunas de ellas dirigidas por alcaldes de partidos de oposición al gobierno central. El cuerpo coordinador del AMSS es el Consejo de Alcaldes, que a su vez es dirigido por la Oficina Metropolitana de Planificación.
Con asistencia técnica de ONGs internacionales, la AMSS ha preparado un plan integral de desarrollo. Instrumentos contemporáneos de planificación urbana tales como la macrozonificación, los impuestos a la propiedad de tasa variable, la recuperación de plusvalías para la protección del medio ambiente, los consorcios público-privados y los coeficientes de uso de suelo están siendo considerados en la implementación de políticas de tierra, de desarrollo y de protección del medio ambiente. De hecho, los salvadoreños tienen el apoyo de varios centros de investigación que están familiarizados con el uso e impacto de estos y otros instrumentos en otras partes del mundo. Actualmente, su necesidad fundamental es movilizar a los protagonistas metropolitanos, tanto públicos como privados, en dirección a políticas comunes y desarrollar instrumentos compartidos para su aplicación.
Cerca del final, PRISMA, una prominente ONG salvadoreña y centro urbano de investigación, invitó al Instituto Lincoln a desarrollar un taller conjunto sobre herramientas de administración urbana, mecanismos de coordinación intergubernamental para áreas metropolitanas e iniciativas público-privadas para ciudades sustentables. El taller, llevado a cabo en El Salvador en octubre, contó con la participación de representantes de alta jerarquía en el gobierno central, así como alcaldes, funcionarios de planificación y otras autoridades del AMSS; así como representantes de asociaciones de construcción y desarrollo y algunas instituciones y organizaciones comunitarias.
Los oradores del Instituto Lincoln presentaron experiencias de Taiwan, Filipinas, México y otros países de América Latina que destacaron las políticas e instrumentos capaces de armonizar los intereses de diversos inversionistas urbanos y coordinar varios niveles de gobierno para el uso de la tierra y objetivos de desarrollo urbano. Los salvadoreños explicaron sus preocupaciones inmediatas, como la falta de coordinación intergubernamental para proteger el ambiente urbano, las discontinuidades en las medidas políticas, arbitrariedades a todos los niveles del gobierno e incertidumbres legales y administrativas.
Los participantes del taller concluyeron que para fomentar el nuevo marco legal e institucional que busca el AMSS, los salvadoreños necesitan ampliar las discusiones a otros protagonistas urbanos. También necesitan continuar trabajando con instituciones como el Instituto Lincoln, que tienen la confianza y credibilidad para presentar políticas de administración de tierra reconocidas internacionalmente y pueden ayudar a construir consenso entre intereses públicos y privados.
Mario Lungo es investigador en PRISMA, el Programa Salvadoreño de Investigación y Medio Ambiente; Alejandra Mortarini es la directora de los programas para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Lincoln; y el abogado colombiano Fernando Rojas, es miembro visitante del instituto este año.