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Las ciudades enfrentan grandes dificultades a la hora de intentar introducir un sistema del impuesto a la propiedad más eficiente. Uno de los desafíos consiste en controlar la alta volatilidad política relacionada con los impuestos que gravan en forma directa los activos, como por ejemplo el impuesto a la propiedad, que posee un alto nivel de visibilidad. La estrecha proximidad entre las autoridades fiscales y los contribuyentes se traduce en una presión política para reducir los impuestos y evitar la actualización de los avalúos inmobiliarios. Los funcionarios municipales se convierten en blancos fáciles para la crítica, a la vez que pueden experimentar consecuencias electorales.
Aunque el impuesto a la propiedad es reconocido internacionalmente como un instrumento preferido para financiar los servicios públicos urbanos, en la mayoría de los países latinoamericanos este impuesto tiene una importancia limitada como fuente de recaudación, representando en promedio un 0,32 por ciento del PIB (De Cesare 2010). Las ciudades brasileñas recaudan un promedio de cerca de US$ 46,50 per cápita en impuestos a la propiedad por año. Sin embargo, la mayoría de las ciudades no alcanzan el promedio nacional. En más de la mitad de los municipios, los ingresos no exceden los US$ 5,00 per cápita (Afonso et al. 2010).
El modelo brasileño del impuesto a la propiedad
El impuesto a la propiedad (IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) es un impuesto directo tributado al municipio en base a una estimación del justo valor de mercado de las propiedades inmuebles. En Brasil se ha perdido gran parte del potencial de recaudación de este impuesto debido a que las autoridades municipales no logran administrar dicho impuesto en forma correcta y efectiva. El tratamiento de la revisión legislativa del IPTU siempre termina en debates acalorados y una respuesta política intensa que, en muchos casos, lleva a los alcaldes y otros funcionarios a evitar su participación en el proceso.
Un problema adicional es el estricto requisito legal mediante el cual los criterios de valuación deben ser aprobados por ley antes de poder actualizar la base impositiva. Entre estos criterios se encuentran las características de la propiedad y sus componentes, así como también el valor monetario asignado a cada uno de dichos componentes. En otras palabras, para los legisladores brasileños, no es suficiente establecer criterios para determinar que una propiedad tiene mayor valor que otra y que, por lo tanto, está sujeta a un impuesto más alto. La misma ley debe aclarar de qué manera una propiedad que posee determinadas características se valuará en términos monetarios.
Después de años de debate, el Tribunal Superior de Brasil estableció, en el año 1996, que se requiere una norma municipal para actualizar la base impositiva del IPTU, siempre que el ajuste sea mayor a la variación del Indice de Precios al Consumidor oficial (Declaración 160). Con anterioridad a esa sentencia, las ciudades solían actualizar los valores inmobiliarios a los fines impositivos mediante actos ejecutivos (decretos), en forma independiente de la legislatura municipal. A partir de la introducción de este requisito legal en 1996, muchos gobiernos municipales decidieron no enviar los proyectos de ley necesarios a la legislatura municipal para realizar las tan necesarias actualizaciones en la valuación inmobiliaria.
En algunos casos, los desastres políticos resultantes de esta situación sirvieron como un alarmante factor de inhibición ante cualquier nuevo intento por revisar la base impositiva. Con el fin de resolver este dilema, varias ciudades optaron, en cambio, por aumentar las alícuotas del IPTU para compensar su reticencia a revaluar las propiedades. Además, por cada nueva ley que aprueba una actualización en la valuación, se suelen crear nuevos tipos de exenciones o reducciones impositivas, lo que frecuentemente cancela los esfuerzos tendientes a mejorar el rendimiento del IPTU.
Como resultado de la resistencia política, el IPTU, por lo general, no se tuvo mucho en cuenta como fuente de ingresos para las finanzas municipales en Brasil. Las ciudades más grandes (con más de 500.000 habitantes) comenzaron a concentrar sus esfuerzos en el impuesto a los servicios (ISS: Imposto Sobre Serviços) mientras que las ciudades más pequeñas dependían en mayor medida de las transferencias realizadas por el gobierno estatal y federal a través del fondo municipal de participación en los ingresos (FPM: Fundo de Participação dos Municípios) (ver tabla 1 en anexo).
El Instituto Federal de Investigación Económica Aplicada (IPEA 2009) informa que el IPTU ha perdido importancia en cuanto a su participación en la recaudación municipal directa a nivel nacional y que se registró un aumento de los ingresos provenientes del impuesto a los servicios, un impuesto indirecto que tiende a ser regresivo. La participación del IPTU en la recaudación municipal directa se redujo del 38 por ciento al 28 por ciento entre 1991 y 2007, resultando en la pérdida de su posición ante el ISS como fuente principal de recaudación municipal directa (ver tabla 2 en anexo).
Un importante cambio que afectó directamente al IPTU ocurrió en diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Ciudades publicó la Resolución Nº 511, mediante la cual se establecían directrices nacionales para el Catastro Técnico Multifinalitario (CTM: Cadastro Técnico Multifinalitário). Esta resolución les otorgó a los gobiernos municipales un valioso instrumento estándar sobre el cual basar sus propuestas legislativas con el fin de actualizar la base impositiva del IPTU. El Instituto Lincoln desempeñó un papel fundamental al apoyar el desarrollo de los aspectos técnicos de dicha legislación.
La Resolución Nº 511 establece que la valuación de propiedades con fines fiscales es un proceso técnico que debe realizarse siguiendo las pautas establecidas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) para reflejar el justo valor de mercado. También establece que un IPTU efectivo promueve la justicia fiscal y social al garantizar un tratamiento equitativo para los contribuyentes. Se recomienda la actualización de la base impositiva del IPTU en alguno de los siguientes casos: (1) cada cuatro años, en las ciudades con más de 20.000 habitantes (las ciudades más pequeñas podrán adoptar ciclos más extensos); (2) cuando la tasa de valuación sea menor al 70 por ciento o mayor al 100 por ciento comparada con el valor de mercado; o (3) en casos en que los valores inmobiliarios cumulativos resulten en un coeficiente de dispersión mayor al 30 por ciento, de lo cual se infiere que no estén distribuidas equitativamente.
¿Qué inspiró la reforma del impuesto a la propiedad?
Junto con el fortalecimiento de un marco institucional, otros dos factores contribuyeron a colocar al IPTU en el centro del debate actual sobre las fuentes de financiamiento municipal en Brasil. El primero de ellos fue el aumento acelerado de los valores de los terrenos urbanos, tanto en ciudades grandes como medianas. Este aumento se debió principalmente al crecimiento económico, a la explosión de los créditos para vivienda, a los bajos impuestos y al bajo riesgo comparado con la inversión en activos financieros desde 2003 hasta 2007 (Carvalho Júnior 2010). La expansión del sector inmobiliario expuso las discrepancias que existían entre la recaudación potencial y el flujo real de fondos hacia la tesorería pública derivado del impuesto a la propiedad.
El segundo factor que desató el debate acerca de la actualización de las valuaciones impositivas para mejorar el rendimiento del IPTU fue la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008 y alcanzó al Brasil en 2009. A medida que se reducía la actividad económica, situación que reflejaba menores niveles de consumo y de producción y una contracción crediticia, las transferencias federales hacia los municipios también se redujeron. Las ciudades que experimentaron esta pérdida de ingresos no tuvieron otra alternativa que resucitar al IPTU, el impuesto municipal más antiguo y tradicional.
En este contexto, algunas de las ciudades brasileñas más grandes actualizaron sus mapas de valores inmobiliarios utilizando estimaciones revisadas de los valores de los terrenos, así como también elaborando cuadros de costos de construcción con el fin de valuar las mejoras, ya que tanto los terrenos como las propiedades tenían una valuación extremadamente baja. Belo Horizonte, São Paulo y Salvador se encuentran entre las ciudades que tomaron medidas para mejorar su recaudación mediante la actualización de la base impositiva del IPTU. Estas ciudades introdujeron, además, nuevas políticas para orientar la implementación del impuesto a la propiedad.
Cabe hacer notar que mantener desactualizada la base impositiva del IPTU supone un riesgo. Una de las principales fuentes de injusticia fiscal, además del problema de las omisiones al inscribir terrenos o áreas de desarrollo urbano, es la utilización de avalúos desactualizados para el cálculo del IPTU (Smolka y De Cesare 2009).
El caso de Belo Horizonte
Belo Horizonte es la capital, y la ciudad más grande, del estado de Minas Gerais, ubicada en la región sudeste de Brasil. Con una población de 2,4 millones de habitantes, es la quinta ciudad más grande de Brasil y el centro de un área metropolitana que contiene una población de aproximadamente 5 millones de habitantes.
El gobierno municipal tiene un largo historial de innovación y buena gobernabilidad. La ciudad fue pionera en introducir el proceso de presupuesto participativo en el año 1993, en adoptar aplicaciones del SIG (Sistema de Información Geográfica) para mejorar la gestión municipal, y en llevar a cabo una exitosa campaña para erradicar el hambre, entre otras iniciativas notables. Belo Horizonte recaudó aproximadamente $332 en impuestos a la propiedad per cápita en el año 2007, antes de la reforma, y alcanzó el séptimo puesto en el ranking de las ciudades capitales más grandes de Brasil (Afonso et al. 2010).
La reforma del impuesto a la propiedad comenzó en Belo Horizonte mediante una revisión de la base impositiva, con la doble intención de eliminar las distorsiones creadas por el modelo anticuado e introducir una nueva cultura fiscal que apoyaría un proceso permanente de actualización de las valuaciones inmobiliarias con el fin de reflejar las variaciones del mercado.
La necesidad de obtener ingresos adicionales, sumada a la experiencia de la crisis financiera del año 2009, también influenciaron las decisiones tomadas por el alcalde. Las subsecuentes reducciones en la actividad económica y en las transferencias federales convencieron al gobierno municipal de que se debían establecer condiciones financieras más sustentables para poder mantener la autonomía administrativa. El primer paso en el camino para actualizar la base impositiva del IPTU fue intensificar la utilización de este impuesto y convencer a los legisladores acerca de esta necesidad.
A la hora de elaborar una estrategia para la reforma tributaria, el gobierno municipal llegó a la conclusión de que el cambio no podría presentarse simplemente como una revisión de la valuación de las propiedades debido a la necesidad de aumentar la recaudación. También debería incluir otros aspectos, tales como medidas para mitigar el impacto del aumento impositivo y brindar incentivos para que los contribuyentes cumplieran con el pago del impuesto. Smolka y De Cesare (2009) mencionan que, a pesar de la precisión de las estimaciones de las valuaciones, si el ajuste provoca grandes diferencias en el monto de impuestos a pagar, se generará una reacción por parte de los contribuyentes que se verían sustantivamente recargados. En este caso, deberían ofrecerse planes para aliviar dicho impacto.
El proceso legislativo
Una vez diseñada la reforma e identificadas sus virtudes y vulnerabilidades, el proyecto fue remitido, primero, al concejo deliberante municipal, con el fin de mantener el enfoque en aquellas personas facultadas para votar y aprobar el proyecto de ley. Es un error común buscar el apoyo popular antes o durante el proceso de votación, ya que el poder ejecutivo, por lo general, pierde la batalla si intenta actuar en dos frentes al mismo tiempo.
Los procesos de votación en el caso del IPTU se establecen mediante ley municipal. No obstante, poseer un conocimiento profundo del proceso legislativo es muy necesario y, muchas veces, resulta un as bajo la manga. En Belo Horizonte, resultaba muy importante evitar tanto un proceso prolongado que pudiera dar lugar a un debate extendido como un proceso demasiado breve, ya que cualquier hecho inesperado podría posponer la votación indefinidamente.
Una vez presentados a los legisladores, se aclararon completamente todos los puntos del proyecto de reforma tributaria. Cada uno de los aspectos, tanto positivos como negativos, se debatió en el concejo, y por supuesto los aspectos favorables fueron siempre antepuestos a cualquier debilidad apuntada. Los legisladores deben escudarse ante las dudas que siempre se les plantean, además de estar constantemente bien informados y comprometidos con los criterios de justicia tributaria inherentes al proyecto. Este es el papel principal que desempeña el representante del alcalde, un miembro clave del grupo principal que implementó la reforma. Tal y como se preveía, a fines de noviembre de 2009 se aprobó el proyecto en su segunda y última ronda.
El debate legislativo acerca del proyecto de ley fue tanto un fin en sí mismo como una preparación para la presentación pública del proyecto. Durante el proceso de aprobación legislativa, se generaron muchas expectativas en cuanto a la reforma, particularmente por parte de la prensa. A partir de ese momento, la estrategia consistió en promover todos los beneficios del nuevo sistema de valuación y recaudación del IPTU, con el fin de eliminar todo motivo de temor hasta que verdaderamente llegara el proyecto de ley tributaria en enero de 2010.
La campaña de información pública
Los principales instrumentos utilizados para presentar la reforma al público consistieron en el lanzamiento de una campaña de información pública y el establecimiento de mesas de información en toda la ciudad para responder a las preguntas de los ciudadanos. La siguiente fase fue implementar las medidas destinadas a mitigar el impacto de la reforma y brindar incentivos para que los contribuyentes cumplieran con el pago del impuesto.
Durante la campaña, la administración hizo hincapié en el mensaje de que toda la recaudación derivada del IPTU se utiliza en obras que transforman las vidas de las personas. El objetivo de este mensaje era hacer concretos y visibles los beneficios del IPTU, lo que logró ser una forma eficiente de demostrar a los ciudadanos la importancia práctica de este impuesto para el desarrollo de la ciudad y para el bienestar de sus habitantes. Este mensaje se repitió frecuentemente.
En enero de 2010 funcionaban diez mesas de asistencia al contribuyente en diferentes partes de la ciudad. Cerca de 200 empleados municipales participaron en forma directa prestando asistencia a más de 20.000 consultas personales de los contribuyentes, de las cuales el 26 por ciento consistieron en solicitudes de revisión del proyecto de ley tributaria. Este porcentaje resultó mayor que en el año 2009, aunque mucho menor que las expectativas pesimistas que pronosticaban una avalancha de reclamos (ver figura 1 en anexo).
La estrategia general consistía en determinar en qué medida podía controlarse la situación, lo que implicó implementar una estructura tributaria compatible con el nivel de reclamos esperado. La elaboración de dicha estructura requiere una previsión y atención extraordinarias para calmar al contribuyente y concentrar su atención en lo que realmente es importante: el cálculo correcto del impuesto y su pago dentro del plazo establecido por ley.
Sin embargo, una buena estructura tributaria no resulta suficiente. Otro aspecto importante es la capacitación del personal para brindar servicios a los contribuyentes. Una atención confiable, calma y rápida evita arruinar la calidad del proceso, la revisión de la base impositiva y las nuevas políticas tributarias. Un buen servicio al contribuyente también reduce los riesgos políticos derivados de la actualización periódica de las valuaciones inmobiliarias.
La gestión del proceso
Entre las lecciones útiles que podemos extraer del proceso de reforma tributaria en Belo Horizonte, destacamos la importancia de evitar la actualización de la base impositiva solamente en tiempos de crisis financiera con el fin de aumentar la recaudación, ya que esto socava el trabajo de establecer prácticas de valuación correctas. En cambio, resulta aconsejable adoptar y mantener una política permanente de actualización que garantice la equidad.
En segundo lugar, debería hacerse hincapié en la equidad del proceso de revaluación, en vista de un mercado tan cambiante que impone variaciones de precios que requieren ajustes impositivos. Los impuestos sobre el consumo no discriminan en cuanto a la situación económica del contribuyente y poseen un efecto regresivo, mientras que el IPTU permite aplicar alícuotas progresivas, por lo que ayuda a mejorar el nivel de equidad que, a su vez, fomenta el acceso a la vivienda, contribuye a la autonomía municipal y conduce a una planificación eficiente de la ciudad. En lugar de depender principalmente de los impuestos indirectos o de las transferencias federales, el municipio que utiliza el impuesto a la propiedad en forma eficiente puede reducir las desigualdades sociales y ordenar los espacios urbanos con mayor efectividad, a la vez que evita las especulaciones y ayuda a preservar el medio ambiente (IPEA 2009).
Un tercer punto importante consiste en establecer canales claros para debatir sobre el plan de reforma. Preferiblemente, las medidas en cuanto a las políticas deberían ser tomadas por un representante confiable del alcalde, autorizado para negociar en su nombre mediante un proceso democrático y colectivo. Belo Horizonte estableció un grupo principal al frente del cual se designó a una persona encargada de coordinar qué tipo de información se divulgaría y de qué manera se debatiría con el público.
Si el proceso no se comprende cabalmente, puede generarse una resistencia insuperable, lo que pondría en peligro todo el proyecto. Así, uno de los factores claves consiste en tener un agente de prensa que esté bien informado y que sea capaz de tratar con las críticas y preguntas que seguramente deberá enfrentar, así como también un técnico que conozca bien el proyecto de reforma y pueda ofrecer las explicaciones que requieran los diferentes protagonistas involucrados en el proceso.
Medidas de exención del impuesto a la propiedad
Belo Horizonte logró su objetivo mediante los argumentos de justicia y autonomía administrativa, que culminaron en la aprobación de una revisión completa del sistema del impuesto a la propiedad, el cual incluyó las siguientes medidas de exención:
Evaluación de los resultados
La fase final de la reforma consiste en verificar los resultados. En Belo Horizonte, los resultados de dicha evaluación confirmaron el éxito de todo el proceso de planificación e implementación, a la vez que representa una fuente de información para las mejoras que deban realizarse en el futuro. Este éxito puede medirse, en parte, observando el aumento en los pagos del impuesto por adelantado, lo que ilustra la aceptación del modelo por parte de los contribuyentes. En la tabla 3 (en anexo) se comparan los aumentos en varias medidas desde 2009 hasta 2010. En la tabla 4 (en anexo) se comparan los aumentos en la recaudación del IPTU durante los primeros seis meses de cada uno de estos dos años.
No obstante, los logros mencionados podrían perderse a largo plazo si no se cumplen ciertas condiciones. Una de dichas condiciones consiste en institucionalizar la actualización periódica de los valores inmobiliarios utilizados para calcular el impuesto a la propiedad. Esta tarea resulta crítica, ya que la planificación estratégica utilizada en esta reforma tuvo como motivo principal precisamente el extenso período durante el cual el mapa de valores del suelo de Belo Horizonte se mantuvo sin modificaciones, lo que generó discrepancias con los precios reales del mercado y agotó los ingresos municipales.
La segunda condición consiste en crear mecanismos que garanticen la calidad técnica de las valuaciones impositivas y, a la vez, liberen al gobierno municipal de la carga política que supone realizar las actualizaciones necesarias. El objetivo es convertir al procedimiento de actualización tributaria en una obligación legal de naturaleza técnica en lugar de considerarlo una decisión política.
Otra de las opciones que consideraron fue la creación de un comité de valuación que realizara valuaciones colectivas coordinadas por las autoridades municipales. Dicho comité estaría formado por colaboradores de distintas entidades que forman parte del mercado inmobiliario, tales como agentes inmobiliarios, constructores, valuadores privados o entidades financieras. Esta medida ayudaría a apaciguar las connotaciones políticas que impregnan el sistema del impuesto a la propiedad y a desarrollar programas de revaluación inmobiliaria que dependan de los participantes del mercado en lugar de los críticos.
La exitosa experiencia de Belo Horizonte, aunque deja lugar para mejoras, puede servir de referencia para otras ciudades que deseen actualizar sus catastros inmobiliarios y sus pautas para realizar valuaciones colectivas. En la tabla 5 se delinean algunas de las cuestiones que deberán tenerse en cuenta hacia este fin.
Referencias
Afonso, José y otros. 2010. “The urban property tax (IPTU) in Brazil”. Informe de investigación sin publicar. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Carvalho Júnior, Pedro Humberto Bruno de. 2010. “Defasagens na cobrança de IPTU”. En Desafios do Desenvolvimento 61 (enero / febrero): 32.
De Cesare, Claudia M. 2010. “Overview of the property tax in Latin America”. Documento de trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
IPEA (Instituto de Investigación sobre Economía Aplicada). 2009. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/090827_com… (27 de agosto).
Smolka, Martim y Claudia De Cesare. 2009. “Necessária, revisão requer transparência”. En Folha de São Paulo, 14 de octubre.
Sobre el autor
Omar Pinto Domingos obtuvo su título en derecho en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y su título de postgrado en administración de impuestos municipales en el Centro de Especialización en Derecho, asociado a la Universidad Gama Filho. Domingos es auditor fiscal y gerente de impuesto inmobiliario en la Municipalidad de Belo Horizonte y ha participado en varias comisiones de reforma tributaria. Asimismo, es conferencista regular sobre temas fiscales y tributarios en los cursos patrocinados por el Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln. El presente artículo se extrajo de su presentación en un seminario realizado en Curitiba en mayo de 2010, patrocinado en conjunto con el Ministerio de Ciudades de Brasil.
Se agradece a Mario Collado por su ayuda con la traducción de este artículo.
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In most countries, government property is not liable for property taxes; indeed, the whole idea may be seen as a circular shifting of money (Bird and Slack 2004; Youngman and Malme 1994). The United Kingdom has taken a very different perspective recently. Regarding it as important that both government and local government occupiers are aware of the true cost of holding property, the UK insists on a system of notional rents and ensures liability for local property taxes.
From the enactment of the Poor Relief Act in 1601, the generally accepted starting date for the taxing of local property in the UK, until 2000 when changes were enacted, property occupied by the government or Crown was not subject to property tax or “rates.” However, the Crown did accept that it was appropriate to make some contribution to meet the costs of local services and paid ex gratia contributions in lieu of rates (CILORs). This process suffered from a number of problems: the contributions were voluntary; Crown property did not appear in the valuation lists; and the basis upon which the contributions were made lacked the rigor and transparency of valuation that applied to all other property.
The Local Government and Rating Act was introduced in 1997 for England, Scotland, and Wales (with an amendment in 1998 for Northern Ireland) to effectively place all Crown property on the same footing as all other taxable property, liable to be assessed for rates. These provisions came into effect from April 1, 2000. As a result, such iconic buildings as the Palace of Westminster and the Tower of London are now being valued in the same way as all other property for the first time.
Valuing Commercial Property
Valuation officers of the Valuation Office Agency (VOA), a part of Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), are responsible for compiling and maintaining commercial (nondomestic) property rating lists for England and Wales. The local assessors are responsible in Scotland, and the Land and Property Services have responsibility for Northern Ireland. Broadly speaking, the rateable value of a nondomestic property is based on the annual rent that it could have been let for on the open market at a standard date (the antecedent valuation date). For England and Wales, the antecedent date of the 2000 lists was April 1, 1998; for the 2005 lists it was April 1, 2003; and for the 2010 lists, which came into effect on April 1, 2010, it was April 1, 2008.
Table 1 shows the number of taxable properties in England and Wales and their total rateable (taxable) value. Comparisons with capital value-based property taxes are a little difficult because it is necessary to know the relevant yields to make the comparison, but even so it is clear the level of taxation is unusually high for a property tax. The tax level for England and Wales is approximately 45 percent, but this is on rental, not capital, values.
The UK government sets a separate uniform tax rate (poundage) for England known as the nondomestic rating multiplier. For Scotland and Wales, it is set by their respective assemblies, and for Northern Ireland each district council sets its own rate. This determines the sum payable on every pound sterling of rateable value to arrive at the full rates bill. Local authorities remain responsible for calculating the bills and collecting nondomestic rates payable on properties within the authority’s area. They do not, however, retain the rates they collect but pay them into a national pool (one each for England and Wales). The money in the pool is then redistributed to local authorities with special arrangements for the City of London.
Background on the Crown Exemption
Prior to the 2000 rating lists, certain properties occupied by the Crown, e.g., central government offices and Ministry of Defence establishments, were exempt from rating and did not appear in any rating list. The Crown did, however, make an ex gratia CILOR based on a notional rateable value.
The Crown was neither expressly mentioned in the Poor Relief Act of 1601, the original rating act sometimes referred to as The Statute of Elizabeth, nor in the General Rate Act 1967 that replaced it. As it was a principle of UK law that the Crown was not bound by an act of Parliament unless specifically mentioned, there was no liability for rates. Further, no rates could be imposed with respect to property occupied by its servants whose occupation amounted to occupation by the Crown. This position was upheld by Jones v. Mersey Docks 11 HL Cas. 443 (1865).
However, as far back as 1860, the government accepted the principle of the Crown paying something by way of ex gratia CILORs with respect to property occupied for public purposes. This practice was made uniform in 1874. The Treasury of the UK, by formal Minute, adopted the principle that property occupied for the public service should contribute to the local rates equally with the other property in the parishes in which it was situated, having regard to its character in each case. The Treasury Minute established the Rating of Government Property Department (RGPD) to undertake the assessment of all government property with the intention of adopting in each case as far as possible the same principles as were applicable to the valuation of private property. Nineteenth-century case law established that the exemption applied only to property occupied by the Crown itself or its servants, but not to other property occupied for public purposes. Generally, therefore, the exemption applied to property occupied for the purposes of the central government and the Royal palaces and parks, and to other property occupied by servants of the Crown (for example, occupation by government ministers or by military personnel of Royal Naval, army, and Royal Air Force bases).
In 1896, a further Treasury Minute reaffirmed the principle of equal contribution and made certain concessions in order to carry it fully into effect. The concessions included periodical revaluation, punctual payment, and a contribution with respect to the Houses of Parliament.
The following were the main characteristics of the CILOR in the last few years of its existence:
The CILOR arrangements differed from standard rating procedures in the following main respects:
Rationale for Removal of the Crown Exemption
The government debated the removal of the Crown exemption as far back as World War II. The Central Valuation Committee, in a letter of January 21, 1947, to the Minister of Health, while in effect suggesting such a removal also stated that it had long been its view that the then-arrangements for the rating of property occupied by the Crown were in many respects unfair and unsatisfactory to local authorities, who at the time set their own rate levels. In the 1950s, the English local authority associations expressed their dissatisfaction with the Crown exemption and went so far as to say that the manner of assessing CILORs was completely arbitrary and frequently worked to the detriment of local authorities. They estimated the rateable value of Crown property in England and Wales in 1952 to be around £14 million out of a total rateable value of about £341 million, which would equate to £2.2 billion based on levels of value at the 2010 revaluation.
In the mid-1990s the government considered several drivers for change:
The Local Government and Rating Act 1997 made provision to end the Crown exemption from nondomestic rates in England, Wales, and Scotland, effective April 1, 2000. Rating authorities would collect rates on Crown properties directly from the departments concerned, rather than from the CPU. These authorities also would be able to proceed with enforcement proceedings against the Crown, as they would with other ratepayers. Although this would happen in only the rarest of cases, rating authorities would in principle be able to take steps against a government department to obtain a liability order for unpaid rates if the need arose.
It has been suggested by the rating profession in the UK that, since rating is a tax, valuing and taxing properties occupied by public bodies is a waste of public resources. Properties that might fall in this category include those occupied by the Ministry of Defence, National Health Service, and local authorities. Superficially, valuing and taxing these properties may appear unjustified. The difficulty is that many activities traditionally carried out by central or local governments are now also performed in the private sector. Leisure centers are just one example. Exempting local authority properties from rates when they compete directly with the private sector could be argued to be unfair as it would give the public sector a fiscal advantage.
While the public sector occupies other buildings whose current use clearly does not compete with private business, it is difficult to justify exempting some publicly occupied properties and including others. The original justification for rating buildings occupied by public sector bodies (including the removal of Crown exemption in 2000) was to establish a level playing field, ensure that the costs of occupation were fully recognized, and make transparent the contribution of public sector bodies to the cost of providing local services.
The Valuation of Iconic Buildings
The removal of the Crown exemption precipitated the need to value a wide variety of unusual properties. Rating in the UK is an occupier’s not an owner’s tax and is based on broad actual use rather than highest and best use. Very old buildings often have to be valued, though many of them have been modernized and used for diverse purposes, such as offices, commercial mixed uses, or, at least in part, tourist attractions.
The traditional comparison valuation approach could be made with similarly used properties to enable determination of an indicative rental value for some structures, but for others the task was much more difficult. For example, Somerset House on the River Thames is a purpose-built office block, but it is the world’s first purpose-built government office block, dating back to 1776, and it has been used in commercial filmmaking, and so is difficult to compare to other buildings.
Valuing unusual properties is not confined to Crown properties or those for which the rental comparison method cannot be used because there are no relevant comparisons. In such cases, the use of the Receipts and Expenditure (R&E) or income method may be a more reliable guide to assessing the market rental value of a property. This method is appropriate if the property to be valued is commercial in nature or has a degree of monopoly, and an occupier would be motivated primarily by the prospect of profit in its use of the property and, indeed, makes a profit (Bond and Brown 2006).
If neither the comparison nor R&E methods can be used, then the Contractors Basis or cost method is applied where the property is provided primarily for public purposes and is not occupied for commercial profit, or where the property concerned is commercial but it is not a profit center with its own accounts. In both cases the occupier (or owner) would be prepared to incur the cost of a replacement property to carry on the use of the property.
In addition to the problem of valuation is the UK complexity of having a separate tax on domestic property. In England, Scotland, and Wales this is the Council Tax, but in Northern Ireland the system is one of Domestic Rates. If any part of a property is used for domestic purposes, as defined in the legislation, then that use is assessed for the domestic tax. Thus, Buckingham Palace and Windsor Castle, both royal palaces, have a rating assessment on the non-domestic, commercial element and a council tax on the domestic sections of the buildings.
Palace of Westminster
The Palace of Westminster, also known as the Houses of Parliament, is a royal palace and the meeting place of the two chambers of the Parliament of the United Kingdom—the House of Lords and the House of Commons. The Palace is the center of political life, and Westminster has become a metonym for the UK Parliament and the Westminster system of government for which it is named. The Elizabeth Tower, often referred to by the name of its main bell, Big Ben, is an iconic landmark of London. The Gothic Revival architecture by Sir Charles Barry dates from only 1840, but the remarkable Westminster Hall with its hammer beam roof dates from 1097.
The Palace of Westminster has been part of a World Heritage Site since 1987. The Palace had a rateable value of £14,700,000 in the local 2010 rating list (£5,500,000 in the 2000 rating list). If the standard tax rate of 45.8 percent is applied, then the tax liability ignoring any reliefs would be around £6,730,000 per year. The assessment actually combines four buildings: the Palace, Portcullis House, 1 Derby Gate, and the Norman Shaw buildings. All parts are valued on the comparative method with respect to offices, with allowances for layout and size if appropriate. In the case of the Palace the two chambers are valued at 65 percent of the main rate per square meter. There is a further end allowance to reflect the overall amount of floor space in the property.
Buckingham Palace
Buckingham Palace is the official London residence and principal workplace of HM Queen Elizabeth II, both with respect to her position as British monarch and head of state of many countries around the world, and as head of the Commonwealth. Located in the City of Westminster, the palace is a setting for state occasions and royal hospitality. Originally known as Buckingham House, the building that forms the core of today’s palace was a large townhouse built for the Duke of Buckingham in 1705. Buckingham Palace became the official royal palace of the British monarch on the accession of Queen Victoria in 1837.
Buckingham Palace is used in part as one of the monarch’s residences but consists mainly of offices. Recently limited commercial use has been introduced, as part of the building is open to visitors. The commercial portion has a rateable value of £1,300,000 in the local 2010 rating list. It is valued using two methods. First, the R&E or income method is used to reflect the commercial component (approximately 400,000 people visited during 2011). The property is open for 63 days per year with limited opening hours, so the relevant receipts are annualized, and 5 percent is added to reflect the fact that longer opening hours would generate more ticket sales. The trading accounts as published show that the rateable value equated to 6.3 percent of Fair Maintainable Receipts. Second, the Contractors or cost method is used for the Queen’s Gallery. The residential component of the palace has 775 rooms, including 52 Royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 19 state rooms, and 78 bathrooms. In 2011–2012 it had a council tax bill of £1,369.
Tower of London
Her Majesty’s Royal Palace and Fortress, commonly known as the Tower of London, is a historic castle on the north bank of the River Thames in central London. It dates to the Norman Conquest of England in 1066, and the White Tower, which gives the entire castle its name, was built by William the Conqueror in 1078. The Tower has served variously as an armory, a treasury, a prison, a menagerie, the home of the Royal Mint, and a public records office. Now it is home to the Crown Jewels and is one of the country’s most popular tourist attractions, having some 2.55 million visitors in 2011.
It is protected as a UNESCO World Heritage Site (and by some very high walls and elaborate alarm systems). It is valued by the R&E method, due to its particular value as a tourist attraction, and the rateable value equates to approximately 4.7 percent of fair maintainable receipts. For the local 2010 rating list the property had a rateable value of £1,790,000 (for the 2000 rating list the value was £1,180,000).
Stonehenge
Stonehenge is a prehistoric stone circle on Salisbury Plain comprising a megalithic rock monument of 150 enormous stones set in a circular pattern dating back to 3000 BC. While there are larger stone circles in the world, including one nearby at Avebury, Stonehenge is unique because the Sarsen stones are surmounted by lintels connecting to one another and once formed a complete, connected ring. Stonehenge was built over a period of 1,500 years. It is a World Heritage Site attracting some one million visitors per year. Given the commercial operation of the property, it has been valued using the R&E method at a rateable value of £700,000.
Summary
Crown-owned and occupied property is currently valued in accordance with normal valuation methods and principles. The removal of the Crown exemption has resulted in the “correct” valuation of unique and often iconic historic buildings. The valuation methods applied have to reflect the use of the buildings and, where rental evidence is limited, the cost-based approach may be required. This latter approach brings with it significant difficulties when applied to buildings that are several hundred years old. In such circumstances valuers have to be creative, artistic, and scientific in their valuations.
About the Authors
William McCluskey is a researcher in the Built Environment Research Institute, University of Ulster, Northern Ireland, UK.
David Tretton FRICS FIRRV is a visiting professor in the School of the Built Environment, University of Ulster, Northern Ireland, UK. He was formerly Head of Profession and Director of Rating at the Valuation Office Agency, London, and is currently the technical editor of the RICS Valuation–Professional Standards (Red Book).
The authors thank Patrick Bond, BSc FRICS Dip. Rating IRRV (Hons), head of Commercial, Leisure and Civics National Specialists Unit, Valuation Office Agency, London.
References
Bird, R. M., and E. Slack. 2004. International handbook of land and property taxation. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Bond, P., and P. Brown. 2006. Rating valuation: Principles and practice. London: Estates Gazette.
Citizens Charter White Paper. 1991. Citizens Charter Open Government, Cm 2290, HMSO, London.
Youngman, J. M., and J. H. Malme. 1994. An international survey of taxes on land and buildings. Boston, MA: Kluwer Law and Taxation Publishers.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
El impuesto brasileño a la propiedad es un gravamen anual administrado por los gobiernos municipales a los propietarios de edificios y tierras urbanas. Si bien los procedimientos para establecer la base impositiva y las alícuotas varían considerablemente, la base impositiva se deriva del valor en el mercado y se estandariza a través de diferentes autoridades municipales.
En la ciudad de Porto Alegre, el método tradicional empleado para tasar bienes inmuebles para fines impositivos se basa en los costos. No existen requisitos legales referentes a lapsos transcurridos entre las valuaciones, y el último avalúo general se llevó a cabo en 1991. En los años en que no ha habido valuaciones, se ha hecho un reajuste uniforme de la base impositiva según las tasas de inflación imperantes. Las alícuotas del impuesto a la propiedad son progresivas, con tasas móviles para seis niveles de valuaciones catastrales a fin de introducir un elemento de “capacidad de pago” en el sistema. El impuesto se calcula sumando cada porción del valor catastral y multiplicando la suma por la tasa respectiva para dicha clase. La tasa máxima para inmuebles residenciales llega al 1,2 por ciento.
Análisis del sistema actual
Recientemente se realizó un estudio del sistema de tributación inmobiliaria en Porto Alegre con la finalidad de examinar la relación que existe entre los valores catastrales y los valores comerciales. A continuación se resumen algunos resultados del estudio.
Nivel de tasación y uniformidad
Se encontró que la valoración media de apartamentos residenciales en Porto Alegre fue de apenas un 34 % de su valor de venta, un porcentaje mucho menor que el nivel regulativo del 100 %. Al aplicar el coeficiente de dispersión (COD) a la mediana de la relación entre el valor catastral y el precio de venta como medida de la variabilidad, se obtienen resultados que reflejan una baja uniformidad de valuación (36 % aproximadamente). En Brasil no existen normativas municipales ni nacionales para evaluar el rendimiento de las valuaciones catastrales. A modo de comparación, un nivel aceptable de uniformidad para viviendas unifamiliares en los Estados Unidos es un coeficiente del 10 al 15 %. En la fig. 1 se ilustra el amplio margen de desviación de las relaciones de valuación identificadas en este estudio.
Factores determinantes de la falta de uniformidad en las valuaciones
Se creó un modelo multivariante para estudiar los efectos simultáneos de los factores determinantes de las faltas de equidad, tanto verticales como horizontales. De esta manera fue posible identificar un gran número de factores responsables por las diferencias sistemáticas de los niveles de valuación, a saber: características del lugar, calidad de la edificación, año de construcción, presencia de ascensores, y otras variables similares. También se halló regresividad de valuación vertical.
Método de valuación
Podemos aseverar que la causa principal de la falta de uniformidad en las valuaciones es el método de costo utilizado tradicionalmente para adjudicar valores a las propiedades inmobiliarias. Algunas debilidades teóricas del método están relacionadas con la gran cantidad de simplificaciones que las autoridades locales hacen para facilitar su aplicación, y es muy posible que las desigualdades se deban a tales ajustes. Entre algunos de los problemas del método del costo figuran la desvinculación que hay entre las tablas de costos y el rendimiento del mercado de bienes raíces, y la baja correlación que existe entre las tasas de depreciación adoptadas y la reducción del precio debido a la edad, caída en desuso o deterioro de las edificaciones. Otro factor que parece haber contribuido a la alta discrepancia en las valuaciones es la falta de un control sistemático en el rendimiento de las valuaciones.
Intervalos entre valuaciones
Claramente, la reducción de la base impositiva se debe al método utilizado para ajustar las valuaciones inmobiliarias, basado en las tasas inflacionarias existentes para los años en que no hubo valuaciones. Por ejemplo, en 1993 la valoración media de las propiedades fue de un 38 % de su valor comercial, pero sólo un 27 % en 1995.
Comparación entre las tasas de impuestos a la propiedad: efectivas y regulativas
Las tasas para propiedades residenciales son progresivas según seis niveles de valuaciones. El cálculo de la tasa efectiva se obtiene a partir del tributo inmobiliario real (sin considerar la evasión fiscal), dividido por el precio de venta. La tasa regulativa se obtiene a partir del tributo por propiedad que se obtendría si los impuestos fuesen establecidos según el precio de venta, dividido por el precio de venta. La tasa efectiva es mucho más baja que la regulativa, y su mediana representa apenas un 0,17 por ciento del precio de venta. La distribución de la carga de impuestos se ha visto afectada por los métodos impropios de valuación, no sólo por la falta de relación entre los valores catastrales y los comerciales, sino también por la clasificación incorrecta de las propiedades. Durante el período del estudio, el monto del tributo inmobiliario recaudado fue aproximadamente un 25 por ciento de los ingresos que podrían haberse adquirido si los valores catastrales hubiesen sido equivalentes a los comerciales.
Tabla 1: Comparación de las tasas de impuesto a la propiedad efectivas y regulativas
MEDIDA TASA (%)
Efectiva Regulativa
Mediana 0,17 0,75
Coeficiente de dispersión 56,87 18,26
Tasa mínima 0,02 0,29
Tasa máxima 1,18 1,15
Causas de las deficiencias del sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria
La mala administración de los impuestos a la propiedad en Porto Alegre y su ineficacia como fuente de recursos podrían explicarse por factores históricos. Durante los años setenta, el gobierno central y fortunas privadas transfirieron grandes sumas de dinero a las municipalidades para complementar las recaudaciones al nivel del gobierno municipal. Como resultado, las autoridades no se preocuparon por recaudar sus propios impuestos y los contribuyentes se acostumbraron a pagar sumas insignificantes de impuestos a la propiedad. La tarea de procurar un buen rendimiento en términos de valuaciones y un nivel aceptable de equidad de las valuaciones fue relegada a un plano secundario.
Ahora bien, las crisis financieras en décadas recientes y la necesidad urgente de inversiones públicas en servicios y equipos de infraestructura han forzado a las autoridades locales a mejorar sus sistemas fiscales. Sin embargo, los esfuerzos para incrementar los recaudos y la equidad de las valuaciones provocan malestar general debido a la alta notoriedad de los impuestos a la propiedad y a la falta de aceptación por parte de los contribuyentes. Además, cualquier cambio de la base impositiva debe ser aprobado por los miembros de la Cámara de Concejales elegidos por el municipio. Siempre que se hagan planes para una nueva valuación, los miembros del concejo son responsables por apoyar sistemas que establezcan límites con el fin de proteger a los contribuyentes de bajos recursos o jubilados. No obstante, tales límites favorecen verdaderamente sólo a los sectores de altos recursos puesto que las personas de bajos ingresos o jubiladas pueden recibir descuentos según los ingresos que perciban.
Desde 1991, dos propuestas para alterar la base impositiva de Porto Alegre han sido rechazadas por la Cámara de Concejales debido a que la inflación del momento habría determinado los ajustes sobre los valores estimados de algunas de las propiedades. Sin embargo, la falta de equidad de valuación vertical conduce a que los inmuebles más costosos sean los beneficiados del deficiente sistema fiscal inmobiliario.
Recomendaciones
Para mejorar un sistema tributario es primordial conocer a fondo las fallas del mismo. El análisis llevado a cabo en Porto Alegre ofrece un mayor entendimiento del sistema, así como del grado de falta de equidad de las valuaciones y de sus causas principales. Por primera vez se midieron y cuantificaron las fallas y desventajas del sistema, se identificaron las propiedades beneficiadas del mismo y la cantidad de recaudos desperdiciados. Porto Alegre tiene ahora la oportunidad de mejorar su sistema de recaudación de impuestos inmobiliarios utilizando datos exactos y no por conveniencias políticas.
Varias medidas podrían contribuir a aumentar la equidad general del sistema de valuación, y al mismo tiempo mejorar la recaudación de recursos y el nivel de vida de la comunidad; entre ellas se tienen las siguientes:
Lograr la equidad de los tributos inmobiliarios y mejorar los niveles de rendimiento de los servicios públicos son metas comunes de políticos, miembros de la comunidad y administradores (entre otros). Se debe aprovechar las nuevas tecnologías para evaluar los impuestos a la propiedad y recolectar datos a fin de procurar el funcionamiento justo y eficiente de los sistemas fiscales. Sin embargo, las mejoras técnicas son sólo una parte del proceso; es también crítico ganar la aceptación del público, y para ello hay que concertar diálogos entre los habitantes de la comunidad y los políticos, donde se expliquen las desventajas del sistema actual y las consecuencias de mantenerlo. Al organizar discusiones serias dentro del dominio público, aumentará la confianza colectiva en el sistema fiscal.
Claudia M. De Cesare es consultora del Departamento de Tributación Local de la municipalidad de Porto Alegre. En 1999 obtuvo una beca de tesis del Instituto Lincoln para financiar la investigación comunicada en este informe y en su tesis de doctorado en la Universidad de Salford en Inglaterra. El Instituto Lincoln continúa desarrollando programas educacionales con administradores, políticos, expertos y miembros de la comunidad de Porto Alegre para ayudar a mejorar la equidad y eficacia del sistema de impuestos a la propiedad.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
La administración catastral en Colombia es un punto de encuentro para autoridades de las distintas instancias del sistema político-administrativo del país. En el ámbito nacional, las actividades catastrales se rigen por las normas técnicas establecidas en la Ley 14 de 1983 y siguen las directrices de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG). El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es una entidad gubernamental de carácter nacional que se encarga de toda la administración catastral y del control de más de siete millones de parcelas. Además, hay catastros municipales en las ciudades de Cali y Medellín, un sistema departamental en Antioquia y un catastro distrital para el Distrito Capital de Bogotá.
Cada una de estas entidades representa la autoridad catastral en su correspondiente territorio. En tal condición, cada una se encarga de los procesos necesarios para establecer los protocolos y actualizar y mantener los catastros, en los cuales se registra la debida identificación física, jurídica, fiscal y económica de todos los bienes inmuebles. Estas autoridades actualizan los catastros cada cinco años a fin de revisar sus elementos físicos y jurídicos y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Asimismo revisan los avalúos catastrales anualmente, lo que les permite determinar la base gravable para el impuesto predial.
El Departamento Administrativo de Catastro Distrital de Bogotá (DACD) se creó en 1981 pero no estuvo completamente operativo hasta 1991. El proceso para actualizar la base de datos catastral se estableció en el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, pero comenzó efectivamente en 1997. El catastro de Bogotá partió de las directrices del programa catastral nacional para luego formular un programa que reflejara los intereses y preocupaciones locales. El alcalde Antanas Mockus fijó como meta para su administración entre 2002 y 2003 realizar una actualización completa de los bienes inmuebles de Bogotá. A pesar de la poca popularidad de esta tarea, la voluntad política del Alcalde, la asignación que hizo del presupuesto y los recursos necesarios y la persistencia del personal del Catastro Distrital garantizaron el cumplimiento de la meta.
Este esfuerzo actualizó 1.734.622 predios, de los cuales 102.531 pertenecen a la categoría de nuevos predios (formación). Simultáneamente, el valor catastral de base aumentó de 66,61 mil millones a 88,25 mil millones de pesos colombianos, equivalente a un aumento de 21,64 mil millones de pesos (aproximadamente US$ 8 millones; US$1 = 2.700 pesos colombianos). Un cálculo rápido del impacto sobre las rentas públicas indica que el Distrito recaudaría un ingreso adicional de 65 mil millones de pesos (US$ 24 millones) en impuestos prediales por año. La ciudad gastó apenas unos 11 millones de pesos (US$ 4 millones) en el proceso de actualización, por lo que obtuvo un resultado costo-beneficio muy positivo, especialmente porque esta inversión se realiza sólo una vez y los recursos adicionales resultantes son permanentes.
El tener un catastro actualizado es importante no sólo desde la perspectiva de las finanzas públicas, sino también en vista de otras ventajas, tales como la búsqueda de igualdad tributaria, la depuración de los registros catastrales, la mejora de la nomenclatura urbana y la incorporación de la cartografía. Todos estos efectos pueden servir como herramientas útiles para administrar el desarrollo futuro de la ciudad. De esta manera, se hace imprescindible mantener actualizado el catastro a fin de conservar la sólida situación fiscal del Distrito, garantizar la justa distribución de las cargas tributarias entre los diferentes grupos sociales y aportar los recursos financieros para los procesos de planeación y desarrollo.
El resultado positivo de esta iniciativa llevó al DACD a examinar la experiencia catastral de otros países, con miras a encontrar nuevas estrategias e ideas que pudieran contribuir a lograr un mejor desempeño en el futuro. Ello dio pie para el Primer Foro sobre Metodologías de Actualización Catastral, el cual se llevó a cabo en noviembre de 2003 y contó con la participación de expertos de España, Francia y los Estados Unidos, quienes compartieron información sobre diversos temas. El catastro español es el más parecido al de Colombia y ofreció información valiosa sobre la legitimidad y simplificación del proceso. El Instituto Geográfico Nacional de Francia compartió su experiencia obtenida en la integración de los datos catastrales y los desarrollos tecnológicos para la actualización de las bases de datos gráficas. El Instituto Lincoln, que lleva tiempo trabajando en Bogotá sobre varios aspectos de la gestión del suelo y la tributación predial, aportó información acerca de los procesos de avalúo colectivo. Finalmente, el IGAC manifestó su deseo de integrar los datos de su catastro al catastro internacional mediante un acuerdo con sistemas semejantes en otros países del mundo.
Liliana Bustamante es asesora del director del catastro y Nestor Gaviria es el gerente del proyecto de actualización catastral en el Departamento Administrativo del Catastro Distrital en Bogotá, Colombia.
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Cities face major difficulties when attempting to introduce a more efficient property tax system. One such challenge is controlling volatile political issues associated with taxes levied directly on assets, such as the highly visible property tax. The close proximity between the taxing authority and the taxpayer translates into political pressure to reduce taxes and avoid updating property valuations. City officials become an easy target of criticism and may suffer electoral consequences.
Although the property tax is recognized internationally as a preferred instrument to finance urban public services, in most Latin American countries the tax has limited significance as a source of revenue, representing on average 0.32 percent of GDP (De Cesare 2010). Brazilian cities collect an average of about US$46.50 per capita in property taxes per year. However, most cities do not reach the national average. In more than half of the municipalities, revenues do not exceed US$5.00 per capita (Afonso et al. 2010).
The Brazilian Property Tax Model
The property tax (IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) is a direct tax paid to the local municipality based on the estimated fair market value of real estate property. In Brazil, much of the potential for collecting this tax is lost because local authorities fail to administer the tax correctly and effectively. Discussions of legislative revisions of the IPTU always result in heated debates and intense political response, in many cases causing mayors and other officials to avoid embarking on the process.
An added problem is the strict legal requirement that valuation criteria must be approved by law before the tax base can be updated. The criteria must include the characteristics of the property and its components, as well as the monetary value attached to each component. In other words, it is not enough for Brazilian legislators to set criteria to determine that one property is more valuable than another and therefore must pay a higher tax. The law itself must clarify how a property with certain characteristics will be appraised in monetary terms.
After years of debate, Brazil’s Superior Court ruled in 1996 that a municipal law would be required to update the IPTU tax base whenever the adjustment is higher than the official consumer price index (Statement 160). Before this ruling, cities used to reappraise the property values for tax purposes by executive acts (decrees), independently of the municipal legislature. Since this legal requirement was introduced in 1996, many local governments chose not to send the necessary bills to the municipal legislature for the much-needed updates of property valuation.
In some cases the resulting political disasters served as an alarming inhibitor to any new attempt to revise the tax base. To resolve this dilemma, several cities opted instead to raise the IPTU tax rates to compensate for their reluctance to reappraise properties. Moreover, for each new law approving an assessment update, new types of exemptions or tax reductions tend to be created, often cancelling the efforts to enhance the performance of the IPTU.
As a result of political resistance, the IPTU was often disregarded as a revenue source for municipal finance in Brazil. The largest cities, with more than 500,000 inhabitants, began to concentrate their efforts on the tax on services (ISS: Imposto Sobre Serviços); smaller cities relied more on funds transferred from state and federal government through the municipal revenue-sharing fund (FPM: Fundo de Participação dos Municípios) (table 1).
The federal Applied Economic Research Institute (IPEA 2009) reports the loss of IPTU’s importance as a share of direct municipal revenues at the national level and the rise in revenues from the service tax—an indirect tax that tends to be regressive. The share of the IPTU in direct municipal revenues decreased from 38 percent to 28 percent between 1991 and 2007, causing it to lose its position to the ISS as the principal source of direct municipal revenue (table 2).
An important change that directly affected the IPTU came in December 2009, when the Ministry of Cities published Resolution Act No. 511 establishing National Directives for the Multipurpose Cadastre (CTM: Cadastro Técnico Multifinalitário). This law provided local governments with a valuable standard instrument on which to base their legislative proposals to update the IPTU tax base. The Lincoln Institute of Land Policy had a major role in supporting the development of the technical aspects of this legislation.
The Resolution Act states that property assessment for fiscal purposes is a technical process that must be carried out according to guidelines from the Brazilian Technical Standards Association (ABNT) to reflect fair market value. It also states that an effective IPTU promotes fiscal and social justice by ensuring equitable treatment of taxpayers. Periodic updating of the IPTU tax base is recommended either (1) every four years for cities of 20,000 inhabitants or more (smaller cities may adopt longer cycles); (2) when the assessment ratio is less than 70 percent or greater than 100 percent compared to the market value; or (3) when cumulative property values are not distributed equally, as measured by a dispersion coefficient greater than 30 percent.
What Prompted the Property Tax Reform?
Combined with a strengthened institutional framework, two other factors have put the IPTU back into the current debate about sources of municipal financing in Brazil. The first was the accelerated appreciation of urban land in both large and mid-sized cities. This appreciation was caused principally by economic growth, the housing credit explosion, low taxation, and low risk compared to investment in financial assets from 2003 to 2007 (Carvalho Júnior 2010). The expansion of the real estate sector exposed the discrepancy between the collection potential and the actual flow of funds into the public treasury from the property tax.
A second factor that unleashed the discussion about updating tax assessments to enhance the performance of the IPTU was the global economic crisis that began in 2008 and reached Brazil in 2009. As economic activity declined, reflecting lower consumption and production and a credit contraction, federal transfers to municipalities declined as well. The cities facing this loss of revenue had little alternative but to revive the IPTU, the oldest and most traditional local tax.
In this context, some of the larger Brazilian cities updated their property value maps with revised land value estimates, as well as the construction cost tables used to assess property values, both of which were extremely undervalued. Belo Horizonte, São Paulo, and Salvador are among the cities that acted to strengthen their revenues by updating the tax base for the IPTU. These cities also introduced new policies to guide the implementation of the property tax.
It should be noted that to keep the IPTU tax base unchanged is a risk. One of the major sources of tax injustice, along with the problem of omissions in registering land or development areas, is the use of outdated appraisals when imposing the IPTU (Smolka and De Cesare 2009).
The Case of Belo Horizonte
Belo Horizonte is the capital and largest city of the state of Minas Gerais, located in the southeastern region of Brazil. With a population of 2.4 million, it is the fifth largest Brazilian city and the center of a metropolitan region with a population of approximately 5 million.
The local government has a long history of innovation and good governance. It was a pioneer in introducing the participatory budgeting process in 1993, in adopting GIS applications to improve city management, and in carrying out a widely successful campaign to eradicate hunger, among other noteworthy initiatives. Belo Horizonte collected approximately $332 in property tax per capita per year in 2007, prior to the reform, ranking seventh among Brazil’s large capital cities (Afonso et al. 2010).
The property tax reform started in Belo Horizonte with a revision of the tax base and was guided by the dual desire to eliminate distortions created by its antiquated model and to introduce a new fiscal culture that would support a permanent process of updating property valuation to reflect market variations.
The need for additional revenues and the experience of the 2009 financial crisis also influenced the mayor’s decision. The subsequent reductions in economic activity and federal transfers convinced the local government that it had to establish more sustainable financial conditions to maintain administrative autonomy. Intensifying the use of the IPTU and convincing the lawmakers of this necessity was the first step on the road to update the property tax base.
In devising a strategy for tax reform, the city government realized the change could not be presented simply as a revision of property valuation driven by the need to increase revenues. It also had to involve other aspects, such as measures to mitigate the impact of the tax increase and to provide incentives for taxpayer compliance. Smolka and De Cesare (2009) note that despite the accuracy of valuation estimates, if the reassessment generates large differences in the amount of taxes due, there will be a reaction from taxpayers who are substantially burdened. In this case, plans must be offered that ease such impacts.
The Legislative Process
Once the reform was designed and its virtues and vulnerabilities were identified, the project was submitted first to the municipal legislative council to keep the focus on those empowered to vote and approve the bill. It is a common mistake to seek popular support before or during the voting process, and the executive often loses the battle if it tries to act on two fronts at the same time.
Voting processes in the case of the IPTU are established by municipal law. However, intimate knowledge of the legislative process is necessary, and it is a trump card at the same time. In Belo Horizonte it was important to avoid having either a long, drawn-out process that could leave room for extended questioning or too short a process because an unexpected event could put voting off indefinitely.
Once presented to the lawmakers, all points of the tax reform project were thoroughly clarified. All aspects, positive or negative, were discussed at the council and, of course, favorable aspects were always compared to any noted weaknesses. Legislators must be sheltered from the doubts that are always posed to them and constantly be well-informed and committed to the tax justice criteria embedded in the project. This is the main role of the mayor’s representative, a key member of the core group that implemented the reform. As expected, at the end of November of 2009, the project was approved in its second and final round.
The legislative debate on the bill was both an end in itself and a preparation for the public presentation of the project. During the legislative approval process many expectations were created about the reform, especially by the press. From that point on, the strategy was to promote all of the benefits of the new IPTU system of assessment and collection to quell fears until the actual arrival of the tax bill in January 2010.
The Public Information Campaign
The main instruments used to present the reform to the public were launching a public information campaign and setting up information desks throughout the city to resolve citizen’s queries. The next phase implemented the measures intended to mitigate the impact of the reform and to provide incentives for taxpayer compliance.
In the campaign, the administration emphasized the message that all the revenues from the IPTU are used for works that transform people’s lives. The goal was to make the benefits of IPTU revenues concrete and visible, and that proved to be an efficient way of showing citizens the practical importance of the tax for the development of the city and for the well-being of its citizens. This message was repeated frequently.
In January of 2010, ten taxpayer assistance desks were operating in different parts of the city. Around 200 municipal staff participated directly in assisting taxpayers in more than 20,000 personal consultations. Of these, 26 percent became requests for review of the tax bill. This number was higher than in 2009, but much lower than the pessimistic expectations of those who foresaw a flood of claims (figure 1).
The overall strategy was to determine how well the situation was controlled, which involved implementing a tax structure compatible with the level of claims expected. Building this structure requires extraordinary foresight and attention to soothing the taxpayer and concentrating his attention on what really matters—the correct calculation of the tax and its payment within the timeframe established by law.
However, a good tax structure is not enough. Also important is training staff to provide taxpayer services. Trustworthy, relaxed, quick attention precludes spoiling the quality of the process, the revision of the tax base, and the new tax policies; good taxpayer services also lower the political risks of periodically updating property valuations.
Managing the Process
Among the useful lessons from the Belo Horizonte tax reform process is to avoid updating the tax base only in times of financial crises as an effort to boost revenues. Doing so may undermine the work of instituting accurate valuation practices. Instead, it is advisable to adopt and maintain a permanent updating policy that ensures fairness.
Second, the fairness of the revaluation process should be emphasized in light of the ever-changing market, which imposes price variations that require tax adjustments. Consumption taxes are indiscriminate as to the taxpayer’s economic condition and have a regressive effect, whereas IPTU permits progressive rates and thus helps to improve equity, which in turn improves access to housing, contributes to municipal autonomy, and leads to efficient city planning. Instead of relying primarily on indirect taxes or federal transfers, the municipality that uses the property tax efficiently can reduce social inequalities and better order urban spaces, while also avoiding speculation and helping to preserve the environment (IPEA 2009).
A third important point is to establish clear channels for discussing the reform plan. Preferably, policy steps should be taken by a trusted representative of the mayor who is authorized to negotiate on his behalf through a democratic and collective process. Belo Horizonte established a core group with one person named to coordinate what information will be disclosed and how it will be discussed with the public.
A misunderstanding of the process can create insurmountable resistance and place the complete project in jeopardy. Thus, a key factor is having a well-informed press agent who is capable of dealing with the criticism and inquiries that will surely come, as well as a technical person who knows the reform project well and can offer the explanations required by the different actors involved in the process.
Property Tax Relief Measures
Belo Horizonte succeeded in achieving its goal through arguments for justice and administrative autonomy that culminated in the approval of a complete revision of the property tax system, including the following relief measures.
Evaluating the Results
The final part of the reform is to verify the results. In Belo Horizonte, this evaluation confirmed the success of the entire planning and implementation process, and is a source of information for future improvements. This success can be measured in part by the increase in early payments, which illustrates taxpayer acceptance of the model. Table 3 compares increases in numerous measures from 2009 to 2010, and table 4 compares increases in IPTU revenues for the first six months of both years.
Nevertheless, all of these achievements can be lost over the long term if certain conditions are not met. One such condition is to institutionalize the periodic updating of property values used to calculate the property tax. This is critical since the strategic planning for this reform was motivated precisely by the long period during which the Belo Horizonte land values map had remained unchanged, creating discrepancies from actual market prices and eroding city revenues.
A second condition is to create mechanisms that both guarantee the technical quality of tax assessments and relieve the local government of the political burden of performing the necessary updates. The objective is to make the updating procedure a legal obligation of a technical nature instead of a political decision.
Another option considered was the creation of an assessment committee to perform mass valuations coordinated by municipal authorities. Such a committee would bring together collaborators from entities that operate in the real estate market, such as brokers, builders, private assessors, or financing entities. This measure could help to mollify the political overtones that permeate the property tax system and develop property reassessment programs that rely on participants instead of critics.
Belo Horizonte’s successful experience (albeit with room for improvement) can serve as a reference for other cities that expect to update their property cadastre and their guidelines for mass assessment. Table 5 outlines some of the issues to be considered.
References
Afonso, José, et al. 2010. The urban property tax (IPTU) in Brazil. Unpublished research report. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Carvalho Júnior, Pedro Humberto Bruno de. 2010. Defasagens na cobrança de IPTU. Desafios do Desenvolvimento 61 (January/February): 32.
De Cesare, Claudia M. 2010. Overview of the property tax in Latin America. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 2009. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/090827_comunicadoipea28.pdf (27August).
Smolka, Martim, and Claudia De Cesare. 2009. Necessária, revisão requer transparência. Folha de São Paulo, October 14.
About the Author
Omar Pinto Domingos has a law degree from the Federal University of Minas Gerais (UFMG) and has a postgraduate degree in administration of municipal taxation from the Center for Specialization in Law, in association with the Gama Filho University. He is a fiscal auditor and property tax manager in the Municipality of Belo Horizonte, and has participated on many tax reform commissions. He is also a frequent lecturer on fiscal and taxation themes in programs sponsored by the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean. This article is based on his presentation to a seminar in Curitiba cosponsored with Brazil’s Ministry of Cities in May 2010.
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Veintitrés estados ofrecen un incentivo para preservar el espacio abierto, que consiste en un avalúo preferencial del impuesto a la propiedad sobre las parcelas elegibles (tabla 1, pág. 17). Estas reducciones en el impuesto a la propiedad pueden considerarse como gastos, ya que reducen los ingresos disponibles para otros usos con el interés de proteger la gran cantidad de atracciones y beneficios ambientales que proporciona un terreno sin desarrollar.
Los programas varían mucho de un estado a otro, pero todos los programas de avalúo preferencial para el espacio abierto deben definir el tipo y tamaño de las parcelas elegibles, los usos permitidos, los requisitos de certificación, los métodos de avalúo, la duración del plazo de inscripción y las sanciones (de corresponder) en el caso de cancelar la condición preferencial de la parcela. Varios estados ofrecen más de un programa, cada uno de los cuales establece sus propios requisitos de elegibilidad. En el presente artículo consideramos estas diferencias, ofrecemos ejemplos del cálculo del gasto fiscal y describimos los posibles beneficios y costos sociales derivados de dichos programas.
Determinación de la elegibilidad para el avalúo preferencial
Cada estado define la elegibilidad de diferentes maneras, pero los requisitos son, por lo general, relativamente sencillos de cumplir. Una parcela puede ser elegible simplemente por no estar desarrollada. Varios estados permiten que los terrenos con valor paisajístico sean elegibles siempre que la densidad de construcción no exceda los límites establecidos. Por ejemplo, en Washington se permite que los terrenos sean elegibles si cumplen al menos con uno de once requisitos muy generales, tales como la protección de corrientes de agua o recursos hídricos, la conservación o mejora de recursos naturales o paisajísticos, la preservación de la calidad visual a lo largo de los caminos o la mejora de las oportunidades recreativas.
Aunque estos criterios son muy generales, los estados pueden elevar el nivel mediante la imposición de requisitos adicionales a los propietarios. Algunos estados requieren que los propietarios elaboren un plan de gestión de la propiedad, aprobado por el estado, con el fin de fomentar los beneficios de la vida silvestre del lugar. En Vermont se establece que una organización de conservación elegible debe poseer y gestionar el espacio abierto. Uno de los dos programas vigentes en Texas requiere que los propietarios realicen actividades de gestión de terrenos y vida silvestre con el fin de propagar una población de animales salvajes indígenas, que estén criando, migrando o hibernando, para uso humano, incluidas alimentación, medicina o recreación.
Varios estados ofrecen un avalúo preferencial a las propiedades que han obtenido la condición de espacio abierto a nivel federal. Por ejemplo, las parcelas que se encuentran limitadas por una servidumbre de conservación que cumple con los requisitos del IRS (Servicio de Rentas Internas) para ser considerada una donación de beneficencia son automáticamente elegibles para un avalúo preferencial en Illinois y Oregón. En Ohio, las parcelas son elegibles sólo si son objeto de un contrato con alguno de los cuatro programas de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos): el Programa de Reserva de Conservación, el Programa de Mejora de Reserva de Conservación, el Programa de Reserva de Pantanos y el Programa de Preservación de Pastizales.
Además, es posible que las parcelas deban cumplir requisitos de tamaño mínimo. El mínimo más común es de 4 hectáreas contiguas, aunque algunos programas permiten propiedades más pequeñas, de hasta 0,8 hectáreas y otros programas directamente no establecen requisitos en este sentido. Unos pocos estados limitan el total de hectáreas que un propietario en particular puede inscribir en el programa. Por ejemplo, en Tennessee se limita la elegibilidad a 607 hectáreas por propietario y condado, incluyendo tierras agrícolas, bosques y espacio abierto combinados. La declaración del tipo de uso de la propiedad puede tener influencia sobre la posibilidad de que dicha propiedad sea aceptada o no, ya que algunos estados prohíben específicamente las propiedades con fines comerciales, tales como los campos de golf. No obstante, al menos dos estados tienen programas diseñados específicamente para los campos de golf y otras propiedades con fines comerciales que brindan oportunidades de recreación al aire libre.
Criterios estatales versus criterios municipales
Los gobiernos estatales por lo general autorizan la creación de programas de avalúo preferencial y los criterios de inclusión. Seis estados permiten que los funcionarios municipales o de cada condado determinen los criterios: el estado autoriza un programa y solamente establece, por ejemplo, que las parcelas estén “incluidas en un plan de preservación aprobado por una agencia de planificación estatal o municipal” (Chervin, Gibson y Green 2009, 8) o que el organismo gubernamental respectivo acepte la propiedad mediante una resolución. Los estados que establecen este requisito son California, Connecticut, Florida, Nevada, Tennessee y Oregón. Los funcionarios municipales o de cada condado deben luego escoger los criterios de elegibilidad que, en algunos casos, incluyen la denominación de parcelas específicas. En otros casos, la oficina de avalúo determina la elegibilidad teniendo en cuenta las características de la propiedad y evaluando si ésta cumple con los criterios.
Este enfoque permite a los gobiernos municipales controlar la cantidad de gastos realizados en sus respectivas jurisdicciones y adaptar el programa con el fin de proteger las cualidades específicas que resultan más importantes para esa área en particular. Por ejemplo, es posible que los funcionarios en un entorno predominantemente agrícola prefieran utilizar los gastos fiscales en bosques o pantanos, mientras que los campos abiertos tal vez sean más valorados en un entorno más urbano.
Cálculo del valor del gasto fiscal
Los programas de avalúo preferencial de espacios abiertos por lo general utilizan uno de los tres métodos para determinar el valor fiscal de la propiedad. Nueve estados valúan el espacio abierto como si estuviera inscrito en el programa del estado para agricultura o bosques, aun cuando el terreno no se utilice para ninguna de estas actividades. Otros nueve estados ordenan a los tasadores valuar las propiedades teniendo en cuenta solamente su utilización actual, sin incluir el valor de los derechos de desarrollo (es decir, el valor de mercado como si su uso futuro estuviera permanentemente limitado a su uso actual). Cuatro estados establecen que los tasadores deben determinar el valor justo de mercado como si el terreno no estuviera inscrito en el programa y luego aplicar una fórmula establecida por ley con el fin de determinar el valor fiscal preferencial. Illinois tiene tres programas de avalúo preferencial para el espacio abierto, que varían según sus criterios de elegibilidad, aunque todos ofrecen reducciones establecidas por ley que se encuentran entre el 75 por ciento y el 85 por ciento. Nevada aplica un descuento establecido por ley más reducido del 26 por ciento.
En ocasiones, los estados deciden definir valores máximos o mínimos por hectárea para las parcelas en espacios abiertos. Por ejemplo, en Maryland se estableció un valor en todo el estado de US$187,50 por acre (US$75 por hectárea) para el año 2009. En Washington se permite que los gobiernos municipales determinen el valor de uso para su región, según un sistema de calificación de beneficios públicos; en el caso de que no exista tal sistema, los terrenos en espacios abiertos pueden recibir una valuación no menor que la valuación agrícola más baja del condado. En Massachusetts se calcula el valor preferencial como valor de uso, que no debe exceder el 25 por ciento del valor justo de mercado.
Duración del programa y sanciones por rescisión anticipada
Muchos programas establecen la renovación anual automática a menos que el propietario decida retirarse del programa. En algunos casos, la duración del contrato está predeterminada: con frecuencia es de 10 años, período que generalmente se traslada al nuevo propietario cuando se vende la propiedad, a menos que el nuevo propietario altere el uso de la propiedad e infrinja los términos del programa. Los propietarios deben pagar una multa por retirarse del programa para alterar el uso del terreno o por alterarlo sin notificar esta decisión. Las sanciones suelen ser equivalentes al valor del gasto fiscal recibido para una determinada cantidad de años antes del año en curso, más los intereses sobre dichos gastos. Varios estados aplican un monto del 10 por ciento del valor justo de mercado cuando la utilización de la parcela cambia, o cobran un impuesto a la transferencia o transmisión de la propiedad cuando una parcela inscrita en el programa se vende.
Sin embargo, si un propietario retira una parcela de un programa después de transcurrida una cantidad mínima de años, el estado puede reducir o incluso eliminar las sanciones. Por ejemplo, en Vermont se les cobra a los propietarios el 20 por ciento del valor justo de mercado por retirar la propiedad durante la primera década, y un 10 por ciento por retirarla después de los 10 años. Rhode Island deduce el 10 por ciento del nuevo valor justo de mercado por retirar una propiedad del programa después de transcurridos 6 años, pero dicha multa se va reduciendo hasta que el contrato se rescinde, es decir, a los 16 años de la inscripción en el programa.
Beneficios económicos de la preservación del espacio abierto
La abundante bibliografía en torno a los efectos que las atracciones ambientales tienen sobre los valores de las propiedades circundantes sugiere que si se evita el desarrollo en una parcela, esto traerá como consecuencia el aumento del valor de las parcelas adyacentes. Sin embargo, en estas investigaciones se observaron factores de complicación que dificultan la predicción de cambios en el valor para regiones específicas. Por ejemplo, los resultados de un estudio realizado en Maryland arrojaron que los programas para espacios abiertos tienen efectos muy diferentes en el valor de las propiedades en tres condados distintos, probablemente debido, al menos en parte, a las variaciones en la cantidad de espacios abiertos que existen (Geoghegan, Lynch y Bucholtz 2003). Muchos otros estudios indican que el valor del espacio abierto para propietarios en particular disminuye a medida que aumenta la distancia desde la parcela protegida (Chamblee y otros 2011). El tipo de hábitat o espacio verde probablemente también sea un factor de influencia: según un análisis, la presencia de árboles frondosos en un barrio se asocia con valores positivos, pero la presencia de abetos tiene un efecto negativo en los valores de la propiedad (Garrod y Willis 1992). Los resultados de un análisis de precios de viviendas en Tucson, Arizona, arrojaron que existe una preferencia por viviendas en áreas con espacios verdes, inclusive el hábitat ribereño nativo (Bark y otros 2009; 2011).
El acceso público a espacios abiertos de propiedad privada con fines recreativos o educativos probablemente también brindaría grandes bene-ficios al municipio en muchos casos. Los estados casi nunca requieren que el acceso público sea una condición para el gasto fiscal, aunque tanto Maine como Nueva Hampshire fomentan esta condición, ya que ofrecen una reducción adicional en el valor fiscal del 25 por ciento y el 20 por ciento, respectivamente.
El espacio abierto protegido también puede reducir el crecimiento en la demanda de servicios provistos por el municipio y, así, evitar los efectos negativos del desarrollo, tales como el tránsito intenso o las escuelas superpobladas, que muy probablemente se traducirían en una mayor carga fiscal para los residentes actuales. La creciente bibliografía en cuanto al costo de los servicios comunitarios indica que los impuestos a la propiedad que se pagan por los terrenos desarrollados son, por lo general, insuficientes a la hora de cubrir el costo de los servicios creados con el fin de apoyar dicho desarrollo, mientras que los espacios abiertos frecuentemente generan ingresos fiscales que exceden el costo de los servicios utilizados en la propiedad. El American Farmland Trust observó, según los resultados de 151 estudios realizados en condados y municipios de 25 estados, que los propietarios de terrenos de cultivo o espacios abiertos con frecuencia pagan impuestos superiores al costo de los servicios que reciben en dichas propiedades (e incluso llegan a ser el doble), mientras que los propietarios de inmuebles residenciales por lo general pagan menos que el costo de los servicios que reciben (Farmland Information Center 2010).
Resultados de este tipo sugieren que el avalúo preferencial puede justificarse con base en la equidad, ya que es posible que los propietarios de espacios abiertos estén subsidiando servicios prestados a los propietarios de inmuebles desarrollados. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los programas requieran un contrato a largo plazo e incluyan sanciones por la rescisión anticipada indica que el objetivo no es la equidad sino evitar el desarrollo durante un período determinado.
Lamentablemente, existe muy poca bibliografía sobre la estimación de si los programas de avalúo preferencial pueden evitar el desarrollo futuro en parcelas que no se encuentran protegidas en forma permanente, tales como las servidumbres. Gran parte de las evidencias que existen actualmente está basada en estudios sobre los programas de protección de terrenos agrícolas en lugar de evaluaciones del impacto que los gastos del impuesto a la propiedad tienen sobre el espacio abierto. En dos estudios llevados a cabo por el programa Greenbelt (cinturón verde) de Tennessee se evaluó una encuesta realizada a propietarios de zonas boscosas inscritos en el programa y sus resultados arrojaron muy pocas pruebas que sustentaran la hipótesis de que el avalúo preferencial reducía la probabilidad de que se llevaran a cabo desarrollos en dichas parcelas (Brockett, Gottfried y Evans 2003; Williams y otros 2004).
Es mucho más sencillo evaluar los terrenos sujetos a una protección a largo plazo o permanente, ya sea mediante una servidumbre de conservación perpetua como a través de un contrato de avalúo preferencial a largo plazo que incluya importantes sanciones en caso de rescisión anticipada. En dichos casos, es posible predecir con un gran nivel de confianza la presencia continua del espacio abierto. Lamentablemente, dichos contratos de protección pueden anteceder al avalúo preferencial o, en otros casos, no estar influenciados por dicho avalúo.
Costos del avalúo preferencial para el espacio abierto
Además del gasto fiscal en sí, estos programas pueden generar otros posibles costos. Por ejemplo, aquellos programas que requieren la aprobación de un plan de conservación podrían generar un gasto particularmente significativo. Aun cuando una agencia estatal pudiera desarrollar y aprobar dicho plan, resultaría muy costoso garantizar el cumplimiento de las condiciones del mismo.
La supervisión del cumplimiento del programa requiere evaluar no sólo los cambios en el valor de mercado de la propiedad sino también los cambios en la utilización de la propiedad. Por ejemplo, si el espacio abierto se usa para pastura del ganado, este nuevo uso podría proteger la situación de no desarrollo de la propiedad pero, aun así, los beneficios ambientales podrían verse disminuidos.
Además, los resultados de los estudios sugieren que, en algunos casos, la preservación del espacio abierto puede reducir el valor de la propiedad por transferencia de los patrones de desarrollo que, generalmente, dan como resultado el desarrollo de las propiedades adyacentes (Irwin y Bockstael 2004; McDonald y otros 2007). Si el avalúo preferencial evita el desarrollo en determinadas parcelas, dicho desarrollo podría trasladarse a otras parcelas de tal manera que aumentaría la expansión urbana descontrolada. Si se da un patrón de desarrollo discontinuo a causa de un programa que evitó el desarrollo parcela por parcela, los efectos negativos (tales como mayores costos de infraestructura) podrían superar en gran medida cualquier beneficio público que generara el programa.
Debido a la naturaleza voluntaria de estos programas y a los cambios que pueden darse en los patrones de desarrollo, en el peor de los casos, las parcelas de menor calidad podrían recibir un avalúo preferencial, lo que aumentaría la presión para llevar a cabo desarrollos en las parcelas que generan mayores beneficios públicos. Por un lado, la aprobación del gobierno municipal podría disminuir este problema, ya que permitiría que las personas que tienen un mejor conocimiento del área pudieran escoger las parcelas que merecen más protección. Por otro lado, esto podría inspirar a los funcionarios municipales a proteger el espacio abierto en sus respectivas jurisdicciones, lo que incitaría el desarrollo en las comunidades vecinas y generaría patrones de desarrollo no deseados a nivel regional. Es importante destacar además que el avalúo preferencial del espacio abierto genera, hasta cierto punto, un sistema de tarifas diferenciadas, según el cual la tarifa más alta se aplica sobre los terrenos desarrollados, especialmente sobre las mejoras realizadas a los terrenos; este problema ha sido un motivo de preocupación para muchos académicos en el campo del impuesto a la propiedad y puede afectar en gran medida los patrones de uso del suelo.
Finalmente, el valor de los beneficios públicos no es estático, ya que puede aumentar o disminuir dependiendo de la condición de la propiedad y el área circundante. Los cambios pueden ser independientes de los futuros cambios en el valor fiscal o, incluso, pueden estar negativamente correlacionados con los mismos. Por ejemplo, una presión más intensa para llevar a cabo desarrollos podría aumentar el beneficio de preservar una parcela de grandes dimensiones como espacio abierto, o podría disminuir el beneficio de preservar una pequeña parcela aislada. Un espacio abierto de 10 hectáreas en medio de una ciudad podría beneficiar en gran manera a la comunidad; sin embargo, si se llevan a cabo desarrollos en 9 de esas hectáreas, esto probablemente reduciría los beneficios ambientales de la hectárea restante. Sin embargo, en ambos casos, es probable que aumenten los ahorros fiscales derivados del avalúo preferencial, ya que la presión por el desarrollo genera un aumento en los valores de las propiedades en el lugar.
Estos factores indican que, a pesar de que el avalúo preferencial ofrece a los propietarios un incentivo para preservar los beneficios públicos, la cantidad del incentivo puede no compensar, o incluso compensar de más, el beneficio generado. Esto dará como resultado un programa ineficiente en sí mismo, aunque este tipo de programas siga dando importantes beneficios netos si se compara con el hecho de no tener ningún programa.
Consecuencias en la distribución
Los gastos en el impuesto a la propiedad con el fin de proteger el espacio abierto tendrán consecuencias en la distribución. De manera más inmediata, el programa redistribuiría la carga fiscal a otros propietarios de inmuebles en los mismos distritos tributarios, a medida que los gobiernos modifican el tipo fiscal a tanto por mil a fin de mantener la recaudación presupuestada. Los propietarios de inmuebles desarrollados constituirían así una gran parte de la base imponible y, como resultado, deberían pagar una fracción mayor de la factura de cobro total del impuesto.
Debido a que los programas de avalúo preferencial se encuentran diseñados principalmente para mantener el espacio abierto existente, las parcelas inscritas en dichos programas continúan generando beneficios, aunque dichos beneficios no aumenten necesariamente. De esta manera, sería de esperar que los beneficios públicos continuaran devengándose como hasta ahora. Sólo los residentes locales se beneficiarán con los paisajes y los costos externos previstos del desarrollo, mientras que tanto residentes como no residentes por igual podrán obtener los beneficios derivados de la protección de las cuencas de agua o los hábitats de especies en riesgo (Anderson y West 2006). No obstante, podría esperarse un aumento de los beneficios si el programa requiriera a los propietarios que mejoraran el valor del espacio abierto realizando actividades tales como la restauración de hábitats.
Varias investigaciones indican que los efectos del espacio abierto en los valores de las propiedades adyacentes dependen significativamente del tipo de protección y de su capacidad para evitar el desarrollo en el futuro. Por ejemplo, los terrenos adquiridos como parques o reservas forestales o los terrenos que se encuentran sujetos a una servidumbre de conservación tienen un efecto mucho más positivo en el valor de las propiedades adyacentes que el espacio abierto que no se encuentra protegido de forma permanente (Geoghegan 2002). La inscripción en un programa de avalúo preferencial podría tener pocos efectos, o incluso ninguno en absoluto, en los valores de las propiedades adyacentes si la protección se percibe como algo temporal, lo que puede dar como resultado reducciones permanentes en la recaudación o tasas de impuesto permanentemente altas sobre las parcelas que no se encuentran inscritas.
Cálculo del costo fiscal de los gastos del avalúo preferencial
La metodología para calcular el gasto fiscal derivado del avalúo preferencial del espacio abierto es clara. El propietario del inmueble percibiría una carga fiscal reducida, resultado de la diferencia entre el avalúo sin el programa y el avalúo preferencial. Esta disminución en el valor fiscal puede reducir la recaudación fiscal debido a la reducción de la base imponible. De forma alternativa, la pérdida de recaudación podría compensarse transfiriendo dicha carga fiscal a otros propietarios de inmuebles, a los que se les aumenta la tasa del impuesto. También es posible una combinación de ambos resultados. En el informe de gastos fiscales de Oregón (tabla 2) se observó tanto la pérdida como la transferencia del impuesto; en dicho informe se indican valores de exención de US$126 millones en el ejercicio 2009–2010 para los tres programas aplicables al espacio abierto. La pérdida de recaudación estimada en dos ejercicios es de US$3,2 millones, mientras que la recaudación estimada derivada de la transferencia del impuesto durante dicho período es de US$0,7 millones.
Los datos son desiguales de un estado a otro, lo que dificulta la estimación de los efectos del avalúo preferencial en la recaudación. Los datos totales que se presentaron respecto de Oregón son mucho más útiles que los datos presentados por otros estados. Aquellos estados que no calculan los gastos del impuesto a la propiedad con regularidad no facilitan el acceso a dichos datos; como mucho, por lo general presentan cifras totales que combinan los resultados de los programas para terrenos agrícolas, bosques y espacios abiertos. En la tabla 2 también se indican los alcances relativos del espacio abierto en dicho contexto. Los valores de exención para las zonas boscosas privadas fueron superiores a los US$5 mil millones, y los valores de exención para los terrenos de labranza y las viviendas en zonas agrícolas fueron de US$14,1 mil millones. Los tres programas de conservación combinados representan aproximadamente el 0,5 por ciento del valor total de exenciones y menos del 1 por ciento de la recaudación perdida o trasladada.
Estos cálculos también dependen de otros efectos que pueden ser muy difíciles de observar. Será imposible determinar los alcances de la transferencia de la recaudación sin tener información detallada acerca de la capacidad de respuesta del gobierno municipal a la hora de modificar el tipo fiscal a tanto por mil. En este caso, la estimación sólo corresponderá a la recaudación prevista. También será necesario ignorar los posibles efectos positivos del programa en cuanto al valor inmobiliario en las parcelas adyacentes.
Conclusión
La tarea de diseñar un programa de avalúo preferencial para el espacio abierto requiere una cuidadosa consideración. Aunque los terrenos con poco desarrollo brindan atracciones y beneficios ambientales bajo numerosas circunstancias, el valor de dichos beneficios puede variar significativamente según las condiciones de cada lugar. Si el objetivo principal del programa es proporcionar beneficios a nivel municipal en vez de regional, establecer un único conjunto de criterios para todo el estado probablemente no maximizaría los beneficios. La determinación de criterios de inscripción a nivel municipal puede otorgar la flexibilidad necesaria para reaccionar ante las mencionadas condiciones variables, mientras que los criterios a nivel estatal probablemente son necesarios para proteger los recursos regionales, tales como las cuencas de agua.
La escasez de investigaciones empíricas en esta área de estudio dificulta la tarea de evaluar la efectividad de los programas actualmente en vigencia. Si el objetivo es verdaderamente evitar el desarrollo en ciertas parcelas, al diseñar el programa debería tenerse en cuenta la duración del contrato y las sanciones por rescisión anticipada del mismo. Los retrasos a corto plazo en el desarrollo generarán beneficios principalmente para los propietarios del espacio abierto. Para que un programa tenga éxito, el espacio abierto debe generar beneficios significativos para la comunidad, ya sea mediante una protección ambiental a largo plazo como la aplicación de mayores valores inmobiliarios para otros residentes del área. Si el programa establece mayores requisitos de elegibilidad, esto debería reducir la cantidad de hectáreas inscritas; no obstante, el objetivo principal del programa no debería ser la cantidad de hectáreas inscritas, a menos que la intención de los legisladores sea únicamente la reducción del desarrollo a nivel municipal. La inscripción de una significativa cantidad de parcelas en el programa podría tener importantes implicaciones fiscales para las juris-dicciones municipales, especialmente cuando el establecimiento de criterios amplios y sanciones de poco monto por rescisión anticipada permite que los propietarios fácilmente se inscriban en el programa y luego lleven a cabo desarrollos en su propiedad. El diseño de los programas debe garantizar un máximo de beneficios públicos a cambio de los efectos fiscales.
El presente artículo es una adaptación del documento de trabajo del Instituto Lincoln titulado “Avalúo preferencial para el espacio abierto”: https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2281_1620_Sundberg_WP13JS1.pdf
Sobre el autor
Jeffrey O. Sundberg es profesor de Artes liberales y negocios en la Fundación James S. Kemper y profesor de Economía en la Universidad Lake Forest. Obtuvo su doctorado (Ph.D) en Economía por la Universidad de Stanford. Sus intereses de investigación actuales son la eficiencia de los incentivos fiscales estatales y federales para las donaciones de servidumbre de conservación y los programas de avalúo preferencial para el espacio abierto. Sundberg también se desempeñó como presidente del directorio de un fideicomiso de suelo en el condado de Lake, Illinois, durante cuatro años. Contacto: jsundber@mx.lakeforest.edu.
Recursos
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Bark, R. H., D. E. Osgood, B. G. Colby, G. Katz y J. Stromberg. 2009. Habitat preservation and restoration: Do homebuyers have preferences for quality habitat? Ecological Economics 68(5): 1465–1475.
Brockett, C. D., R. R. Gottfried y J. P. Evans. 2003. The Use of State Tax Incentives to Promote Forest Preservation on Private Lands in Tennessee: An Evaluation of Their Equity and Effectiveness Impacts. Politics and Policy 31(2): 252–281.
Chamblee, John F., Peter F. Colwell, Carolyn A. Dehring y Craig A. Depken. 2011. The Effect of Conservation Activity on Surrounding Land Prices. Land Economics 87(3): 453–472.
Chervin, Stan, Teresa Gibson y Harry Green. 2009. Greenbelt Revisited. Tennessee Advisory Commission on Intergovernmental Relations. http://www.tn.gov/tacir/PDF_FILES/Taxes/greenbeltrevisited.pdf.
Farmland Information Center, American Farmland Trust. 2010. Fact Sheet: Cost of Community Services Studies. http://www.farmland.org/documents/Cost-of-Community-Services-08-2010.pdf.
Garrod, Guy y Ken Willis. 1992. The environmental economic impact of woodland: a two-stage hedonic price model of the amenity value of forestry in Britain. Applied Economics 24: 715–728.
Geoghegan, Jacqueline, Lori Lynch y Shawn Bucholtz. 2003. Capitalization of Open Spaces into Housing Values and the Residential Property Tax Revenue Impacts of Agricultural Easement Programs. Agricultural and Resource Economics Review 32(1): 33–45.
Geoghegan, Jacqueline. 2002. The Value of Open Spaces in Residential Land Use. Land Use Policy 19(1): 91–98.
Irwin, Elana G. y Nancy E. Bockstael. 2004. Land Use Externalities, Open Space Preservation, and Urban Sprawl. Regional Science and Urban Economics 34:705–725.
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The property tax in Brazil is an annual tax on urban land and buildings administered at the local government level. The tax base is derived from market value and is standardized across different local authorities, although procedures for establishing the tax base and rates vary considerably.
In the city of Porto Alegre, the cost approach is the method traditionally employed for assessing real estate property for taxation purposes. No legal requirement exists concerning intervals between valuations, and the last general valuation took place in 1991. In years without valuations, the tax base has been readjusted uniformly according to prevailing inflation rates. The property tax rates are progressive, with sliding rates for six classes of assessed values to insert an element of “ability-to-pay” into the system. The tax is calculated by the sum of each portion of the assessed value multiplied by the respective rate for that class. The maximum rate for residential property reaches 1.2 percent.
Analysis of the Current System
A recent analysis of the property tax system in Porto Alegre sought to provide a full examination of the relationship between assessed values and sale prices. Some of the results are summarized below.
Assessment level and uniformity
Residential apartments in Porto Alegre were assessed on median at only 34 percent of their sale prices, much less than the statutory level of 100 percent. Using the coefficient of dispersion about the median [COD] of the assessed value to sale price ratio as a measure of variability, the results showed a low degree of assessment uniformity (approximately 36 percent). In Brazil, there are neither local nor national standards for evaluating assessment performance. By comparison, a commonly accepted degree of uniformity for single-family residential property in the United States is a coefficient between 10 and 15 percent. Figure 1 illustrates the ample spread of the assessment ratios in this study.
Factors determining assessment inequity
To examine the simultaneous effects of the factors determining assessment bias, a multivariate model was used to investigate both vertical and horizontal inequities. The model detected a large number of factors causing systematic differences in assessment levels, including location attributes, building quality, building year, presence of elevators and similar variables. Vertical assessment regressivity was also identified.
Assessment method
It is plausible to assert that the method traditionally employed for assessing real property, that is, the cost approach, is a major cause of the lack of assessment uniformity identified in this study. Some theoretical weaknesses of the approach are associated with the extensive number of simplifications implemented by the local authority to make its application easier, and these adjustments are likely to have determined assessment bias. Inconsistencies with the standard cost model include the lack of connection between cost tables and the performance of the real estate market, and low correlation between the ad hoc depreciation rates adopted and the reduction in price caused by age, obsolescence, or deterioration of building structures. Furthermore, lack of systematic control over valuation performance seems to have contributed to the high inaccuracy of assessed values.
Time lags between valuations
The method used to make an overall adjustment to assessed values based on prevailing inflation rates for years without valuation has clearly contributed to the reduction of the tax base. For instance, properties were assessed on median at 38 percent of their sale prices in 1993, but only 27 percent in 1995.
Effective versus statutory rates of property tax
Rates for residential property are progressive according to six classes of assessed value. The effective rate results from the actual amount raised from property taxation, without regard to tax evasion, divided by the sale price. The statutory rate results from the expected tax that could be raised per property, if the tax were established on the basis of sale price, divided by its sale price. The effective rate is much lower than the statutory rate and represents on median only 0.17 percent of sale price.
Improper assessment practices have affected the distribution of the tax burden, not only because assessed values do not bear a consistent relationship to sale prices but also because many properties are classified incorrectly. The actual property tax revenue collected in the period under study represented approximately 25 percent of the potential revenue to be raised if assessed values were equal to sale prices.
Causes of Poor Property Tax Administration
Historical factors may help to explain the current poor administration of the property tax in Porto Alegre and its inefficient use as a revenue source. During the 1970s, large transfers of revenue from the central government and private estates to municipalities complemented the revenue raised at the local government level. Consequently, local authorities were not interested in collecting their own taxes, and taxpayers were used to paying insignificant property tax bills. The achievement of good performance in terms of valuation and an acceptable degree of assessment equity were secondary issues.
Recent financial crises combined with the urgent need for public investment in infrastructure equipment and services have stimulated some local authorities to improve their tax systems. However, due to the high visibility of the property tax and taxpayer antipathy, efforts to recover revenue and achieve assessment equity often result in tax revolts. Furthermore, changes in the tax base must be approved by locally elected members of the Chamber of Councilors. Whenever general valuations are planned, the Council members are responsible for supporting capping systems in the name of protecting the poor and retired taxpayers. However, the capping systems actually favor high-income and wealthy taxpayers because low-income and retired taxpayers can receive relief based on their income.
Since 1991, two proposals for altering the property tax base in Porto Alegre have been rejected by the Chamber of Councilors because the estimated value of some properties would have been adjusted over the inflation rate at the time. However, the existing vertical assessment inequity means that high-valued properties are the ones benefiting from poor property tax administration.
Recommendations on Revising Practices and Attitudes
Knowledge about the weaknesses of a particular tax system is fundamental for its improvement, and the analysis undertaken in Porto Alegre provides greater understanding of the current system, the degree of assessment inequity and its main causes. For the first time, the drawbacks and weaknesses of the system are both quantified and measured, including which properties are benefiting from the system and the amount of revenue being lost. Now Porto Alegre has the opportunity to improve its property tax system on the basis of accurate data rather than political expediency.
Several measures would contribute to the overall equity of the tax system while also improving revenue collection to provide the community with higher standards of living:
§ Reassessment of properties based on current market values using the sales comparison approach to assessing residential property, such as multiple regression analysis (MRA), artificial neural networks (NN), or multilevel modeling (hierarchical linear models – HLMs).
§ Systematic control over assessed property values, including testing before the release of the valuation roll to recognize and adjust for eventual bias in the estimated tax base.
§ Assurance of regular assessment updates.
§ Establishment of market adjustments to assessed values based on ratio studies for years without valuation.
§ Transparency in the administration of the property tax, especially in graduating the size of the tax burden, instead of overriding estimates of market values arbitrarily for this purpose.
§ A definition of minimum standards for assessment performance at the local or national level.
The achievement of property tax equity and the provision of a high standard of public services are common goals for politicians, the community, administrators and others. Public officials need to take advantage of new technologies for property tax assessment and data gathering to make tax systems operate both efficiently and fairly. However, technical improvements are just a part of the process. It is also vital to work on public opinion. An important step is to encourage dialogue between community residents and politicians, showing the drawbacks of the current system and the consequences of keeping its structure. Confidence in the property tax system is likely to increase if revisions are discussed seriously in the public domain.
Claudia M. De Cesare is an assessor in the Department of Local Taxation for the Municipality of Porto Alegre. She received a Lincoln Institute Dissertation Fellowship in 1999 to support the research reported here and in her Ph.D. thesis, which she completed at the University of Salford in England. The Lincoln Institute is continuing to develop educational programs with administrators, politicians, scholars and the community in Porto Alegre to help improve the equity and efficiency of the property tax system.
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Colombia’s cadastral administration is a meeting point for authorities from the various levels of the country’s political-administrative system. At the national level, cadastral activities are determined by the technical norms established by Law 14 of 1983 and modeled on guidelines of the International Federation of Surveyors (FIG). The national government agency Agustin Codazzi Geographic Institute (IGAC) is responsible for all cadastral administration and oversight of more than 7 million parcels. In addition, there are municipal-level cadastres in the cities of Cali and Medellín, a department-level system in the Department of Antioquia, and a district-level cadastre for Bogotá’s Capital District.
Each of these entities represents the cadastral authority in its assigned territory. As such, each is in charge of the processes of establishing protocols and updating and maintaining the cadastres, which record the proper physical, legal, fiscal and economic identification of all real estate properties. These authorities update the cadastres every five years in order to check their physical and legal elements and to eliminate eventual disparities in cadastral valuation due to physical mutations, use or productivity changes, public works or local real estate market conditions. The authorities also reset the cadastral valuations every year, which enables them to determine the base payment level of the property tax.
Bogotá’s Administrative Department for the District Cadastre (DACD) was established in 1981 but was not fully operational until 1991. The process for updating the cadastre database was provided in Article 5 of Law 14 of 1983, but was started in 1997. The Bogotá cadastre relied on the national cadastre program guidelines before formulating a program that reflected local interests and concerns. Mayor Antanas Mockus set a goal for his administration in 2000–2003 to undertake a complete updating of Bogotá’s real properties. In spite of the unpopularity of this task, the mayor’s political will, his commitment of the necessary budget and resources, and the persistence of the District Cadastre’s staff ensured that the goal was met.
This endeavor updated 1,734,622 properties, 102,531 of which belong to the incorporated-as-new category. At the same time, the cadastral base value was increased from $66.61 billion to $88.25 billion Colombian pesos, thus increasing $21.64 billion pesos (approximately US$8 million; US$1=2,700 Colombian pesos). A quick calculation of the revenue impact suggested the District would receive an additional income of $65 billion pesos (US$24 million) in property taxes per year. The city spent only about $11 billion pesos (US$4 million) on the updating process, so it obtained a very positive cost-benefit result, especially because this investment is done only once and the resulting additional resources are permanent.
Having an updated cadastre is important not only from a public finance perspective but also for other benefits, such as addressing taxation inequity, purging cadastral archives, improving the urban nomenclature and incorporating cartography. All of these effects may be used as valuable tools for administrating the city’s future development. Thus, keeping the cadastre updated becomes imperative to preserve the District’s solid fiscal status, ensure the just distribution of the tax burden among the different social groups, and provide financial resources for planning and development processes.
The positive outcome of this experience led DACD to examine other countries’ experiences with cadastres, in search of new strategies and ideas that could help improve future performance. This led to the First Cadastral Updating Methodologies Forum, which took place in November 2003 with experts from Spain, France and the U.S. sharing information on different issues. Spain’s cadastre most resembles Colombia’s and offered valuable information on the legitimacy and simplification of the process. The National Geographic Institute of France shared experiences in linking registered cadastre data and technological developments in updating graphic databases. The Lincoln Institute, which has long worked in Bogotá on various aspects of land management and taxation, contributed information regarding mass valuation processes. Finally, the IGAC manifested its desire to integrate its cadastre data with the international cadastre through an agreement with similar systems worldwide.
Liliana Bustamante is adviser to the director of the cadastre and Nestor Gaviria is project manager for updating the cadastre in the Administrative Department for the District Cadastre in Bogotá, Colombia.
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Twenty-three states offer an incentive to preserve open space by providing preferential property tax assessment of qualifying parcels (table 1, p. 15). These property tax reductions can be considered expenditures in that they reduce revenue available for other uses in the interest of protecting the many amenities and environmental benefits of undeveloped land.
Programs vary widely from state to state, but all preferential assessment programs for open space must define the type and size of qualified parcels; permissible uses; certification requirements; assessment methods; enrollment term lengths; and penalties, if any, for removing a parcel from preferential status. Several states offer more than one program, each with its own qualification requirements. This article considers these differences, offers examples of how the tax expenditure is calculated, and describes potential societal benefits and costs of such programs.
Determining Eligibility for Preferential Assessment
States define eligibility in many different ways, but the requirements are usually relatively easy to meet. A parcel might qualify simply by being undeveloped. Several states allow landscaped land to qualify provided the building density doesn’t exceed established limits. Washington, for example, allows land to qualify if it meets at least one of eleven very general requirements, including the protection of streams or water supplies, conservation or enhancement of natural or scenic resources, preservation of visual quality along roads, or enhancement of recreational opportunities.
While these criteria are very general, states may raise the bar by placing additional requirements on landowners. Some states require landowners to create and seek state approval for a property management plan that improves benefits for local wildlife. Vermont stipulates that a qualified conservation organization must own and manage the open space. One of two Texas programs requires landowners to provide land and wildlife management to propagate a breeding, migrating, or wintering population of indigenous wild animals for human use, including food, medicine, or recreation.
Several states offer preferential assessment to properties that have attained federal status as open space. For example, parcels restricted by a conservation easement that meets the IRS requirements for a charitable donation automatically qualify for preferential assessment in Illinois and Oregon. Ohio will qualify only parcels under contract to one of four USDA programs (Conservation Reserve Program, Conservation Reserve Enhancement Program, Wetlands Reserve Program, and Grassland Preserve Program).
Parcels may have to meet minimum size requirements as well. The most common minimum is ten contiguous acres, though some programs allow properties as small as two acres, and several have no stated requirements. A few states limit the total acreage that any individual landowner may enroll. Tennessee, for example, limits eligibility to 1,500 acres per owner per county, including agricultural land, forest, and open space combined. The stated use of the property may influence its acceptability; several states specifically prohibit commercial property, including golf courses. At least two states, however, have programs specifically designed for golf courses and other commercial properties that provide outdoor recreational opportunities.
State Versus Local Criteria
State governments typically authorize preferential assessment programs and the criteria for inclusion. Six states allow local or county government officials to determine criteria by authorizing a program and requiring only that parcels be “included within a plan for preservation approved by state or local planning agencies” (Chervin, Gibson, and Green 2009, 8), for example, or by requiring that the appropriate governing body accepts the property via resolution. States with this requirement include California, Connecticut, Florida, Nevada, Tennessee, and Oregon. It is then up to local or county officials to choose the criteria for qualification, in some cases naming specific parcels. In other cases, the assessor’s office determines the eligibility, based on the characteristics of the property and whether it meets the criteria.
This approach allows local governments to control the amount of the expenditure in their jurisdiction and tailor the program to protect the specific qualities most important to the area. For example, officials in a predominantly agricultural environment may prefer to use tax expenditures on forests or wetlands, while open fields might prove most valuable in a more urban setting.
Calculating the Value of the Tax Expenditure
Open space preferential assessment programs typically use one of three methods to determine the property’s assessed value. Nine states value open space as if it were enrolled in the state’s program for agriculture or forestry, even though the land isn’t used for either activity. Nine other states instruct assessors to value the property considering only its current use, excluding the value of development rights (i.e., the market value as if its future use were permanently restricted to its current use). Four states instruct the assessor to determine the fair market value as if it were not in the program and then apply a statutory formula to determine the preferential assessed value. Illinois has three programs for preferential assessment of open space, which vary by the criteria for eligibility; all offer statutory reductions that range between 75 percent and 85 percent. Nevada applies a lower statutory reduction of 26 percent.
States occasionally choose to define maximum or minimum values per acre for open space parcels. For example, Maryland set a statewide value of $187.50 per acre for 2009. Washington allows local governments to determine a use value for their region, depending on a public benefit rating system; if no such system exists, open space land may receive an assessment no lower than the lowest agricultural valuation in the county. Massachusetts calculates the preferential value as use value, not to exceed 25 percent of fair market value.
Program Duration and Penalties for Early Withdrawal
Many programs provide for automatic annual renewal unless the landowner chooses to withdraw from the program. In some cases, length of contract is predetermined, most frequently for ten years, which generally carries forward upon the sale of the property unless the new property owner alters the use and violates the terms of the program. Landowners pay a penalty for withdrawing from the program in order to alter land use, or for altering it without notification. Such penalties tend to equal the value of the tax expenditure received for a specified number of years prior to the current year, plus interest on that expenditure. Several states either charge 10 percent of the fair market value when use of the parcel changes, or charge a conveyance or transfer tax when a parcel in the program is sold.
If an owner withdraws a parcel from the program after a minimum number of years, however, the state may reduce or even eliminate penalties. For example, Vermont charges owners 20 percent of fair market value for withdrawing the property in the first decade and 10 percent for withdrawing after more than 10 years. Rhode Island exacts 10 percent of the new fair market value for removing a property after 6 years, but that penalty declines until it terminates, 16 years after enrollment.
Economic Benefits of Open Space Preservation
The large literature discussing the effect of environmental amenities on surrounding property values suggests that preventing development on a parcel will raise the value of neighboring parcels. The studies find complicating factors, however, that make it difficult to predict changes in value for specific regions. One study in Maryland, for example, finds that open space programs have very different effects on the value of property in three different counties, probably due at least in part to variations in the amount of open space present (Geoghegan, Lynch, and Bucholtz 2003). Numerous other studies indicate that the value of open space for individual homeowners declines with distance from the protected parcel (Chamblee, et al. 2011). The type of habitat or green space is also likely to be influential; one analysis finds that the presence of broad-leaved trees in a neighborhood is associated with positive values, but the presence of spruce trees has a negative effect on property values (Garrod and Willis 1992). An analysis of home prices in Tucson, Arizona, finds a preference for homes in areas with green space including native riparian habitat (Bark, et al. 2009; 2011).
Public access to privately owned open space for recreation or educational purposes would also be likely to provide substantial local benefits in many cases. States rarely require public access as a condition for the tax expenditure, but Maine and New Hampshire both encourage it by offering an additional reduction in assessed value of 25 percent and 20 percent, respectively.
Protected open space can also reduce growth in the demand for municipally provided services and forestall negative effects of development, such as heavy traffic or overcrowded schools, which would likely impose a heavier tax liability on current residents. A growing literature on cost of community services indicates that the property taxes paid on developed land are often insufficient to cover the cost of services created to support that development, while open space frequently generates tax revenues well in excess of the cost of services expended on the property. The American Farmland Trust, reporting results from 151 studies covering counties and municipalities in 25 states, finds that the owners of working and open land frequently pay taxes above or even twice the cost of services received on those properties, while residential property owners typically pay less than the cost of services received (Farmland Information Center 2010).
Findings like these suggest that preferential assessment can be justified on the grounds of fairness, because the owners of open space may be subsidizing services sent to owners of developed property. However, the fact that most programs require a long-term agreement and include penalties for early conversion indicates that the goal is not fairness, but preventing development for a specified period.
Unfortunately, there is very little literature evaluating whether preferential assessment programs prevent future development on parcels that aren’t under permanent protection such as an easement. Much of the existing evidence is based on studies of farmland protection programs rather than evaluations of the impact of property tax expenditures on open space. Two studies of Tennessee’s Greenbelt Program evaluated a survey of woodland owners enrolled in the program and found little support for the hypothesis that preferential assessment reduced the likelihood of development on these parcels (Brockett, Gottfried, and Evans 2003; Williams, et al. 2004).
It’s easier to evaluate land under long-term or permanent protection of either a perpetual conservation easement or a long-term preferential assessment contract with substantial penalties for withdrawal. In those cases, it’s possible to reliably predict the continued presence of open space; unfortunately, these protection agreements may predate the preferential assessment or be otherwise uninfluenced by it.
Costs of Preferential Assessment for Open Space
In addition to the tax expenditure itself, these programs may incur several other potential costs. Programs that require an approved conservation plan, for example, might generate a particularly challenging expense. While a state agency could develop and approve such a plan, it will be costly to ensure that conditions of the plan are met.
Program enforcement requires evaluating not only changes in a property’s market value but also changes in its use. If open space is used to graze livestock, for example, this new use might protect the undeveloped condition of the property but still reduce the environmental benefits.
Additionally, evidence suggests that in some instances open space preservation can lower property values by shifting development patterns, typically by resulting in the development of nearby properties (Irwin and Bockstael 2004; McDonald, et al. 2007). If preferential assessment prevents development on particular parcels, that development may shift to other parcels in ways that increase sprawl. If a leapfrog pattern of development occurs because a program prevented development on a parcel-by-parcel basis, the negative effects, such as higher infrastructure costs, could overwhelm any public benefits from the program.
Given the voluntary nature of these programs and resulting changes in development patterns, a worst-case scenario is that lower-quality parcels might receive the preferential assessment, increasing development pressure on parcels that generate greater public benefits. On the one hand, local government approval might reduce this problem by allowing individuals who know the area best to choose the parcels that most deserve protection. On the other hand, it might inspire local officials to protect open space in their jurisdiction, pushing development into other communities and creating undesirable development patterns at the regional level. It is also important to mention that preferential assessment of open space to some degree creates a split-rate system with a higher rate on developed land, particularly on improvements to the land—an issue that concerns many property tax scholars and may also significantly affect land use patterns.
Finally, the value of the public benefits is not static; it may increase or decrease depending on the condition of the property and surrounding area. The changes may be uncorrelated, or even negatively correlated, with future changes in assessed value. For example, more intense development pressure might increase the benefit of preserving a large parcel as open space; or it might decrease the benefit of preserving a small “island” parcel. Twenty-five acres of open space in the middle of a town can greatly benefit a community, but, if 24 of those acres are developed, it will likely diminish the environmental benefits of the remaining acre. Both scenarios, however, are likely to increase tax savings from preferential assessment, as development pressure drives up local property values.
These factors indicate that, while preferential assessment does offer landowners an incentive to preserve public benefits, the amount of the incentive may under-correct or even over-correct for the benefit being created. This will result in an inherently inefficient program, though such programs may still result in significant net benefits compared to having no program at all.
Distributional Consequences
Property tax expenditures to protect open space will have distributional consequences. Most immediately, the program would redistribute the tax burden onto other property owners in the same tax districts, as governments change the mill rate in order to maintain budgeted revenue. Owners of developed properties will now constitute a larger share of the tax base and will need to pay a greater fraction of the total tax bill as a result.
Since preferential assessment programs are primarily designed to maintain existing open space, enrolled parcels continue to generate benefits, but those benefits don’t necessarily increase. Thus the public benefits should be expected to continue to accrue as before. Local residents alone will benefit from scenic views and the foregone external costs of development, while residents and nonresidents alike may benefit from protecting watersheds or habitat for endangered species (Anderson and West 2006). Benefits may be expected to increase, however, if the program requires owners to improve the value of the open space by activity such as habitat restoration.
Several studies indicate that the effects of open space on surrounding property values depend critically on the type of protection and its ability to prevent development in the future. For example, land acquired as a park or forest preserve, or land placed under a conservation easement, has a much more positive effect on neighboring property values than open space that is not permanently protected (Geoghegan 2002). Enrollment in a preferential assessment program might have little or no effect on surrounding property values if the protection is perceived to be temporary, resulting in either permanent reductions in revenue or permanently higher tax rates on the non-enrolled parcels.
Calculating the Fiscal Cost of Preferential Assessment Expenditures
The methodology for calculating the tax expenditure resulting from the preferential assessment of open space is straightforward. The property owner will see a reduced tax burden based on the difference between the assessment without the program and the preferential assessment. This reduction in assessed value can lower tax revenue due to a reduced base. Alternatively, the lost revenue could be recouped by shifting the burden onto other property owners by increasing the tax rate. A combination of both outcomes is also possible. Oregon reports both the loss and the shift in their tax expenditure report (table 2), which listed exemption values of $126 million in fiscal year 2009–10 for the three open space programs. The estimated revenue loss over two fiscal years is $3.2 million, while the estimated revenue shift during that period is $0.7 million.
Data is inconsistent from state to state, which makes it difficult to estimate the revenue effects of preferential assessment. The aggregate data presented for Oregon is much more useful than what many other states present. States that do not calculate property tax expenditures frequently do not make such data available; at best, they usually offer aggregate figures that combine the programs for agriculture, forestry, and open space. Table 2 also indicates the relative scope of open space in that context. The exemption values for private forestry were over $5 billion, and the exemption values for farmland and farm home sites were $14.1 billion. The three conservation programs combined represent approximately one-half of one percent of the total exemption value, and less than one percent of the revenue lost or shifted.
Such calculations also depend on other effects that may be very difficult to observe. It will be impossible to determine the extent to which revenue shifted, without detailed information about local government’s ability to respond by changing the mill rate. In that case, the estimate will account for only foregone revenue. It will also be necessary to ignore the program’s possible positive property value effects on neighboring parcels.
Conclusion
Designing a preferential assessment program for open space requires careful consideration. While land with limited development does provide amenities and environmental benefits under many circumstances, the value of those benefits may vary dramatically according to local conditions. If the program’s goal is primarily to provide local, rather than regional, benefits, one set of criteria for the entire state is unlikely to maximize benefits. Local determination of the enrollment criteria may provide the flexibility necessary to react to those varying conditions, whereas state-level criteria are probably necessary to protect regional resources such as watersheds.
The shortage of empirical work in this area makes it difficult to assess the effectiveness of existing programs. If the goal is genuinely to forestall development on certain parcels, program design should consider the length of contract and penalty for early conversion. Short-term delays in development will primarily benefit the owners of open space. For a program to succeed, the open space must generate significant community benefits in the form of either long-term environmental protection or higher property values for other residents of the area. Higher eligibility requirements for inclusion in the program should reduce the amount of acreage enrolled; however, the number of acres should not be the program’s primary goal unless legislators intend it solely as a means to reduce local development. Significant enrollment in the program could have substantial fiscal implications for local jurisdictions, especially if broad criteria and low conversion penalties make it easy for landowners to enroll and then develop the property later. Program design must ensure a maximum of public benefit in exchange for the fiscal effects.
This article was adapted from the Lincoln Institute working paper, “Preferential Assessment for Open Space”: https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2281_1620_Sundberg_WP13JS1.pdf.
About the Author
Jeffrey O. Sundberg is the James S. Kemper Foundation Professor of Liberal Arts and Business and Professor of Economics at Lake Forest College. He received a Ph.D. in economics from Stanford University. His recent research interests include the efficiency of state and federal tax incentives for conservation easement donations and preferential assessment programs for open space. He has also served on the board of a land trust in Lake County, Illinois, serving as board president for four years. Contact: jsundber@mx.lakeforest.edu.
Resources
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