El crecimiento de la Red Internacional de Conservación de Suelo

Laura Johnson es abogada y conservacionista de toda la vida, con más de 30 años de experiencia en gerencia de organizaciones sin fines de lucro. En la actualidad es directora de la Red Internacional de Conservación de Suelo (International Land Conservation Network o ILCN), visiting fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y presidente de la junta directiva de la Alianza de Fideicomisos de Suelo (Land Trust Alliance).

Laura fue presidente de Mass Audubon de 1999 a 2012. Anteriormente, trabajó durante 16 años como abogada en The Nature Conservancy desempeñando los cargos de directora de la delegación de Massachusetts y vicepresidente de la región noreste.

Laura obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad de Harvard y un doctorado en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Entre 2013 y 2014 fue fellow Bullard de Harvard Forest, Universidad de Harvard, donde completó un estudio sobre las iniciativas de conservación de suelo privado alrededor del mundo.

LAND LINES: Su programa, la Red Internacional de Conservación de Suelo (ILCN), se ha creado este año, pero tiene antecedentes en el Instituto Lincoln. ¿Nos puede hablar sobre esta trayectoria?

LAURA JOHNSON: Hay algunas conexiones maravillosas entre esta red nueva y el apoyo brindado por el Instituto Lincoln en el pasado a los esfuerzos innovadores de construcción de capacidad dedicados a la conservación, que en última instancia dieron lugar a la Alianza de Fideicomisos de Suelo.

A comienzos de la década de 1980, Kingsbury Browne, un ilustre abogado de Boston, decidió tomarse un tiempo de licencia de su estudio de abogados y usó su año sabático en el Instituto Lincoln para explorar las necesidades y oportunidades de fideicomisos de suelo privado en los Estados Unidos. Hasta ese momento, no había existido una iniciativa nacional para descubrir los mejores ejemplos de actividades de protección de suelo, para poder compartir estas ideas y buenas prácticas, o incluso para mantenerse al tanto de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la conservación de suelo por todo el país. El estudio realizado por Kingsbury Browne lo llevó a fundar, junto con algunos otros líderes de fideicomisos de suelo de aquella época, una nueva organización llamada Bolsa de Fideicomisos de Suelo (Land Trust Exchange) para conectar a la comunidad de conservación del país, pequeña pero creciente, por medio de un boletín y algunas actividades básicas de investigación y capacitación. El Instituto Lincoln cumplió un papel crucial para ayudar a lanzar la Bolsa, que creció a lo largo del tiempo y cambió de nombre, para pasar a ser la Alianza de Fideicomisos de Suelo, con sede en Washington, D.C. En 1982, cuando se fundó la Bolsa, había menos de 400 fideicomisos de suelo en los Estados Unidos; ahora, la Alianza de Fideicomisos de Suelo comprende 1.200 fideicomisos en todo el país. La Bolsa comenzó como un boletín modesto en la década de 1980; ahora, la Alianza cuenta con un centro de aprendizaje en línea, un programa de estudios completo sobre conservación y gestión de riesgo; y más de 100 webinarios y 300 talleres en los que participaron cerca de 2.000 personas en 2014.

LL: A lo largo de casi toda su carrera profesional, se ha dedicado de lleno al trabajo de conservación de suelo en los EE.UU. ¿Qué la llevó a ampliar su trabajo a nivel internacional?

LJ: Cuando dejé la presidencia de Mass Audubon hace dos años, comencé a hablar con Jim Levitt, un fellow del Instituto Lincoln, director del Programa de Innovación en Conservación de Harvard Forest y exmiembro de la junta de Mass Audubon. Él tuvo la idea inicial de explorar cómo los conservacionistas fuera de los Estados Unidos estaban usando y adaptando las herramientas de conservación que se fueron desarrollando aquí a lo largo de los años. Jim se había involucrado de lleno en las iniciativas de conservación privada en Chile, y existía la oportunidad de fortalecer el movimiento incipiente en ese país compartiendo las medidas adoptadas en los EE.UU., como las servidumbres de conservación. Aproximadamente al mismo tiempo, Peter Stein recibió la beca Kingsbury Browne y una subvención de la Alianza de Fideicomisos de Suelo y el Instituto Lincoln, que le permitieron explorar también la envergadura de las organizaciones de conservación a nivel mundial. A través de estos proyectos distintos, Jim, Peter y yo llegamos a una conclusión similar: que había muchas personas en el resto del mundo que compartían un gran interés por conectarse entre sí y con otros conservacionistas en los EE.UU. Este deseo de una comunidad de practicantes parecía ser una oportunidad extraordinaria de ayudar a construir capacidad para proteger el suelo en forma privada.

LL: ¿Por qué es este rol el desafío más importante para usted en este momento?

LJ: He tenido la increíble buena fortuna de haber trabajado con algunas de las mejores organizaciones y con gente increíblemente talentosa. Como joven abogada que se iniciaba en The Nature Conservancy en la década de 1980, pude crecer profesionalmente en un momento crucial para el movimiento de conservación en los Estados Unidos. Si observamos las tendencias históricas, el movimiento de conservación de suelo en los EE.UU. comenzó a remontar vuelo en esa época, y era muy emocionante poder formar parte de este crecimiento. Después pasé a Mass Audubon en 1999, donde tuve el privilegio de gerenciar Audubon, la mayor organización estatal independiente del país, la cual cumplió un papel de liderazgo no sólo en conservación de suelo, sino también en educación medioambiental y política pública. Ahora tengo el honor de prestar servicio en la junta de la Alianza de Fideicomisos de Suelo, que realiza un trabajo extraordinario aquí, en los Estados Unidos, para generar una protección efectiva del suelo y los recursos. Mi capacitación como abogada fue sin duda útil en esta trayectoria, pero también he aprendido mucho sobre las características de organizaciones que son exitosas y que tienen un impacto positivo. Me siento muy afortunada de tener estos antecedentes y experiencias, y quiero contribuir con ellos a los desafíos que confronta la comunidad internacional para la conservación de suelo.

LL: Usted mencionó un par de veces la construcción de capacidad y creación de organizaciones exitosas. ¿Puede comentar qué significa esto en el contexto de la conservación de suelo?

LJ: Las organizaciones de conservación de suelo necesitan contar con todos los elementos de cualquier organización sin fines de lucro sólida: misión clara, visión y estrategias convincentes, planificación disciplinada y objetivos claros, recursos económicos suficientes y personas excelentes. Pero el trabajo de protección de suelo requiere una perspectiva de muy largo plazo. Para empezar, un fideicomiso de suelo necesita el conocimiento y los recursos necesarios para determinar qué tierras se deben proteger –ya sea su misión la de conservar recursos naturales o escénicos, o valores culturales o históricos– y qué herramientas legales y económicas son las mejores para lograr un buen resultado. Después, quizá haya que trabajar años con un propietario hasta llegar al punto en que todos están preparados para llegar a un acuerdo. Los fideicomisos de suelo necesitan contar con gente que tenga la capacitación, el conocimiento y la experiencia para realizar transacciones legal, económica y éticamente sólidas. Una vez que el suelo está protegido por un fideicomiso, esa organización se está comprometiendo a gestionar el suelo que posee o que está sujeto a restricciones permanentes. Los museos son una buena analogía, pero en vez de Rembrandts y Picassos, las organizaciones para la conservación de suelo custodian recursos vivos invaluables, y el suelo y el agua de los que todos dependemos para sobrevivir.

LL: ¿Por qué es particularmente importante ahora la conservación de suelo privado? ¿Por qué necesitamos una red internacional?

LJ: Nos encontramos en una encrucijada crítica, en la que las presiones del cambio climático, la conversión de suelo y la reducción de los recursos gubernamentales están creando más desafíos que nunca para proteger el suelo y el agua para beneficio público. Por lo tanto, la misión de la nueva Red Internacional de Conservación de Suelo pone énfasis en conectar con organizaciones y gente alrededor del mundo que están acelerando la acción privada voluntaria que protege y salvaguarda el suelo y los recursos hídricos. Nuestra premisa es que la construcción de capacidad y la promoción de conservación voluntaria de suelo privado fortalecerán el movimiento global de conservación de suelo y llevará a una protección de recursos más efectiva y duradera.

El respaldo para una mejor coordinación de la conservación internacional de suelo privado está surgiendo de muchas fuentes. Por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for the Conservation of Nature, o IUCN) consideró el papel de la conservación de suelo privado en el contexto de las iniciativas globales en el Congreso de Parques Mundiales que tuvo lugar en Sidney, Australia, en noviembre de 2014. El informe Futuros de áreas protegidas privadamente, comisionado por IUCN y dado a conocer en este congreso, hizo una serie de recomendaciones sobre, por ejemplo, cómo desarrollar cursos de capacitación apropiados y mejorar los mecanismos para compartir conocimientos e información, que son sin duda objetivos importantes para la nueva red. Esperamos poder colaborar con socios como IUCN y con las redes regionales y nacionales ya existentes. Y, por supuesto, contamos con el poderoso ejemplo de la Alianza de Fideicomisos de Suelo y todo lo que ha logrado a lo largo de 30 años para construir la capacidad de fideicomisos de suelo en los Estados Unidos.

LL: ¿Qué tratará de lograr en el primer año para resolver estas necesidades?

LJ: Hemos tenido que organizarnos y resolver temas básicos, como nuestro nombre, identidad visual, declaración de misión, objetivos y estructura de gobierno. Vamos a diseñar y lanzar un sitio web que funcione como repositorio esencial de estudios de casos, investigación, buenas prácticas, eventos y conferencias. En última instancia, queremos poner a disposición de nuestros usuarios un continuo de educación, por medio de herramientas, como webinarios que traten una amplia gama de temas, desde instrumentos legales a buenas prácticas organizativas. También queremos hacer un censo de las redes existentes y organizaciones activas, para crear una línea de base de conocimientos sobre la protección de suelo privado que nos permita medir el progreso a lo largo del tiempo.

LL: ¿Cuáles son los principales desafíos para iniciar esta red?

LJ: Hay muchos. Por supuesto, el dinero es uno de los más importantes. Hemos recibido una subvención generosa para ponernos en marcha de la Fundación Packard, y contamos con el gran respaldo del Instituto Lincoln. Pero nos estamos esforzando por identificar fuentes de financiamiento adicionales, para poder hacer crecer la red y su impacto. Y, por supuesto, todavía tenemos que demostrar que la red brindará información y capacitación útil, importante y práctica para satisfacer una gran variedad de necesidades en la comunidad internacional de conservación de suelo. Sabemos que no podemos hacerlo todo, así que tenemos que ser estratégicos y elegir las actividades de mayor impacto. La escala global también presenta una serie de desafíos culturales y logísticos, y exige navegar por sistemas legales, idiomas, costumbres y husos horarios distintos.

Por el lado positivo, ya contamos con un grupo muy comprometido de practicantes de conservación de suelo que participaron en nuestra reunión organizativa de septiembre de 2014 y se comprometieron con entusiasmo a aportar a la red su “capital humano”: sus conocimientos, pericia, experiencia y sabio consejo. Me queda muy claro que este es un fantástico grupo de colegas que están realizando un trabajo de gran interés e importancia en todo el mundo. Será una aventura construir juntos esta red, y sé que aprenderé mucho.

Brownfields are industrial and commercial properties with known or suspected soil contamination problems. The environmental and financial challenges of dealing with these sites represent serious barriers to potential urban revitalization.

As the antonym for greenfields, or undeveloped land in suburban and rural communities, brownfields have made their way to the top of many urban priority lists. The National Conference of Mayors, National League of Cities, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Economic Development Administration, and U.S. Department of Housing and Urban Development are among the groups that have made recent brownfield policy statements.

Development Perspectives

Many central cities have nearly exhausted their supply of “clean” land for development, contributing to their loss of residents, jobs and a stable tax base. Inner-city businesses often relocate to surrounding suburbs because land is not available in the city to support their future expansion. Thus, urban brownfields give an inadvertent boost to the economic development strategies of outlying areas. This increased development pressure, in turn, can pose complex suburban and rural growth management issues.

While most known or suspected brownfields are in central cities, the problem is also evident in older inner-ring suburbs, some rural areas and military base communities. Brownfields, in short, play an important role in shaping regional development patterns by influencing the location of residential and business activities. Central cities must tackle the brownfields problem to provide new land for development and reverse their declining economic competitiveness.

Environmental Perspectives

Varying opinions exist on the extent of the brownfields problem, and more importantly what the public and private sectors should do about assessing environmental hazards on these sites. This situation will change, but not before environmental regulators clarify the relevant policies. Brownfields are not Superfund sites by regulatory definitions. The environmental and health risks of Superfund sites are significantly greater than those of brownfields. Nevertheless, brownfields can pose serious environmental threats where “real” environmental and health risks are documented through risk assessment. In many instances, however, brownfields may be less threatening than earlier thought.

Depending upon future site use, environmental and health threats can vary considerably, which raises the “how clean is clean” issue. Regulators, property owners, developers, lenders, insurers and local government officials are engaged in an open debate over future brownfields clean-up standards. Many experts, myself included, advocate standards based upon the future use of the property, as opposed to a “one standard applies to all uses” approach. Earlier regulatory practices required sites to be fully cleaned for potential residential use, which requires the highest level of clean-up. These practices are being challenged because they are so costly and because they discourage recycling of industrial land.

State Policy Innovations

Nineteen states have created voluntary brownfields clean-up programs as alternatives to regulatory enforcement. Programs such as those in Ohio, Michigan, Minnesota and New Jersey allow property owners, municipalities and other parties greater flexibility in meeting clean-up standards.

State voluntary programs are positive for several reasons. First, because they are voluntary they allow property owners and developers to initiate the process without traditional enforcement pressures. This leads to more response from private markets, and to more creative and cost-effective clean-up and redevelopment. Secondly, these programs encourage problem solving at the local level, where land use, zoning and planning regulations can contribute to solutions.

Thirdly, the state programs address key liability concerns by offering a level of “comfort” to banks, property owners, and others involved in clean-up and redevelopment. Many argue these programs must go even further. A final benefit is that state government is often willing to provide financial incentives, which experience shows are often necessary to get companies and developers to clean and reuse these properties.

State programs are expected to continue to gain momentum over time, but most administrators believe they need extra help from the EPA to make their programs more successful. They are urging federal authorities to strengthen assurances against future liability claims by stronger “comfort letters” to property owners, lenders and developers. Currently the federal government cannot provide a 100 percent delegation of authority to the states for brownfield regulation, without future federal legislative changes. Better intergovernmental coordination and greater information exchange about standards and remediation technology would help the situation. The states would welcome federal financial support for their programs, even though many will rely on private user fees to finance program administration.

Future Knowledge and Investment Needs

Most cities discover that the unknowns outweigh the facts about older industrial and commercial properties. This lack of knowledge limits city leaders’ ability to shape cost-effective strategies to cope with these problems. Knowledge is an essential ingredient in effective strategy development—ask any corporation employing knowledge strategies to best their competition. Communities with brownfields must inventory these sites and investigate the risks and opportunities associated with these properties.

Properly used, the information from these investigations can help separate real from perceived problems related to site conditions and future development potential. Knowledge can help manage the risks and reduce the uncertainty. In short, we need to end the hysteria about brownfields, which may motivate political action but also may reduce public and private confidence that cities can be revitalized and made whole once again.

Many people are searching for “deep pockets” to finance brownfield remediation. This search frightens all levels of government as budget-cutting pressures continue to grow across the public sector. Corporations and private property owners, on the other hand, reject the notion that they should either pay clean-up costs that may be unnecessary or pay for pollution problems created by previous owners or third parties.

Overall national costs to the public and private sectors of cleaning up brownfields are unknown because there is no agreed-upon definition of brownfields, and because clean-up standards continue to change. Both problems greatly affect cost estimates. City officials are unable to assess the cost of property clean-up within their jurisdictions for the same basic reasons. Future use of risk assessment techniques, coupled with the use of more cost-effective remediation technology, will help to lower these costs.

In the absence of deep pockets, communities must identify creative approaches to funding site clean-up and redevelopment. Through citywide planning, policymakers must establish useful priorities to guide their investments based upon future development trends and land use patterns. Serious environmental threats should be eliminated on any site, regardless of its development potential. In most other cases, the development potential should be a primary factor in considering next steps.

The public sector should engage corporations that own contaminated sites, banks, insurance companies, pension funds, and real estate investment funds to determine what is required to attract private capital to fund clean-up and redevelopment. Private property owners, corporations and developers should seek state and local economic development groups as potential investment partners in returning these sites to productive use.

Donald T. Iannone directs the Economic Development Program and the Great Lakes Environmental Finance Center in The Urban Center at Cleveland State University. Much of his work focuses on financing the redevelopment of brownfield sites.

Additional information in printed newsletter.

1. Photo caption: The Publicker site, a former distillery on the Delaware River in Philadelphia, was cleaned up with EPA funds and will be redeveloped as a shipping terminal.

Photo credit information: – Richard McMullin, photographer, Office of the City Representative, Philadelphia

2. Map of U.S.: EPA Brownfields Demonstration Cities

Large Cities:

Cleveland/Cuyahoga County, Ohio
Baltimore, Maryland
Detroit, Michigan
Indianapolis, Indiana
New Orleans, Louisiana
St. Louis, Missouri

Mid-Size Cities:

Birmingham, Alabama
Bridgeport, Connecticut
Knoxville, Tennessee
Louisville, Kentucky
Richmond, Virginia
Rochester, New York
Sacramento, California
Trenton, New Jersey

Smaller Cities/Clusters:

Cape Charles/Northampton County, Virginia
Laredo, Texas
Oregon Mill Sites (7 small towns), Oregon
West Central Municipal Conference, Cook County, Illinois

Caption: Eighteen cities or regions have already received grants of up to $200,000 through the EPA’s Brownfields Economic Redevelopment Initiative. An additional 32 cities will receive funds by the end of 1995. The common objectives of these projects are to assess contamination at abandoned sites; involve community residents in decision making; leverage other public and private funds for clean-up and redevelopment; resolve liability issues; and serve as role models for other communities.

Like many schoolchildren, I learned that years ago a squirrel could cross the country from the Atlantic to the Pacific Ocean never touching the ground, using our magnificent forests as an aerial highway. After massive clearing and development for agriculture, cities, and roads, those forests are now a tattered patchwork, and are nonexistent in many places. More than a squirrel’s dilemma, though, the loss and altering of America’s forests have created both an enormous challenge to climate health and an opportunity for climate policy and action.

Growing the International Land Conservation Network

Laura Johnson is an attorney and lifelong conservationist with more than 30 years of experience in nonprofit management. She is currently director of the new International Land Conservation Network (ILCN), a visiting fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, and chair of the Land Trust Alliance board of directors.

Laura was the president of Mass Audubon from 1999 to 2012. Prior, she worked for 16 years at The Nature Conservancy as a lawyer, Massachusetts state director, and vice president of the northeast region.

Laura received a B.A. in history from Harvard University and a J.D. from New York University Law School. From 2013 to 2014, she was a Bullard Fellow at the Harvard Forest, Harvard University, where she completed a study on private land conservation efforts around the world.

LAND LINES: Your program, the International Land Conservation Network (ILCN), is new this year, but it has some antecedents at the Lincoln Institute. Can you tell us about that history?

LAURA JOHNSON: There are some wonderful connections between the new network and the Lincoln Institute’s past support of the innovative, capacity-building effort devoted to conservation that eventually became the Land Trust Alliance.

In the early 1980s, Kingsbury Browne, a prominent Boston lawyer, decided to take some time away from his law firm, and he used a sabbatical at the Lincoln Institute to explore the needs and opportunities of private land trusts in the United States. Up until that point, there was no nationwide effort to seek out the best examples of land protection activities, to share those ideas and best practices, or even to keep track of what was happening in land conservation around the country. Kingsbury Browne’s study led him, along with several other land trust leaders at the time, to start a new organization called the Land Trust Exchange, which connected the country’s small but growing conservation community through a newsletter and some basic research and training activities. The Lincoln Institute played a crucial role in helping to launch the Exchange, which grew over the years and changed its name to become the Washington, DC–based Land Trust Alliance. There were fewer than 400 U.S. land trusts in 1982 when the Exchange got started; now the Land Trust Alliance serves 1,200 land trusts all over the United States. The Exchange started out with a modest newsletter in the 1980s; now the Alliance provides an online learning center, a full conservation and risk management curriculum, and more than 100 webinars and 300 workshops that served close to 2,000 people in 2014.

LL: Throughout most of your career, you have been deeply engaged in U.S.-based land conservation work. What attracted you to expand your efforts on an international scale?

LJ: When I stepped down from the presidency of Mass Audubon two years ago, I began talking with Jim Levitt, a fellow at the Lincoln Institute, the director of the Program on Conservation Innovation at the Harvard Forest, and a former Mass Audubon board member. It was initially his idea that I explore how conservationists outside the United States were using and adapting conservation tools that had been developed over the years here. Jim had become very involved in private conservation efforts in Chile, and there was an opportunity to strengthen the very new movement there by sharing U.S.-based measures such as conservation easements. At about the same time, Peter Stein received the Kingsbury Browne fellowship and award from the Land Trust Alliance and the Lincoln Institute, which allowed him to explore the breadth of worldwide conservation organizations as well. Through our different projects, Jim, Peter, and I came to the similar conclusion that many people around the globe shared a strong interest in connecting to each other and to U.S. conservationists. This desire for a community of practice seemed like a remarkable opportunity to help build capacity for privately protecting land.

LL: Why is this role the right challenge at the right time for you?

LJ: I have had the incredible good fortune to work with some great organizations and wonderfully talented people. As a young lawyer just starting out at The Nature Conservancy in the 1980s, I was able to grow professionally at a pivotal time for conservation in the United States. Looking at the historic trend lines, the U.S. land conservation movement took off then, and it was very exciting to be a part of that growth. Then when I went to Mass Audubon in 1999, I was able to run the nation’s largest independent state Audubon organization, which provided leadership not just with land conservation, but with environmental education and public policy as well. Now, I have the honor of serving on the board of the Land Trust Alliance, which does such remarkable work here in the United States to enable effective land and resource protection. Along the way, my legal training was certainly useful, but I have also learned a tremendous amount about what makes organizations successful and likely to have a positive impact. I feel very fortunate to have this background and set of experiences, and I want to bring it to bear on the issues facing the international land conservation community.

LL: You’ve mentioned capacity building and creating successful organizations a few times. Can you comment on what that means in the context of land conservation?

LJ: Land conservation organizations need all the elements of any sound nonprofit organization—a clear mission, a compelling vision and strategy, disciplined planning and clear goals, sufficient financial resources, and great people. But working on land protection requires a very long-term outlook. To start with, a land trust needs to have the knowledge and resources to assess what land should be protected—whether the mission is to conserve natural resources or scenic, cultural, or historic values—and what legal and financial tools are best suited to achieving a good outcome. Then it can take years of working with a landowner to get to a point where everyone is ready to agree on a deal. Land trusts need to have people with the training, knowledge, and experience to carry out transactions that are legally, financially, and ethically sound. Once land is protected by a trust, that organization is making a commitment to manage the land it owns or has restrictions on forever. Museums are a good analogy, but instead of Rembrandts and Picassos, land conservation organizations are stewards of invaluable living resources, and the land and water we all depend on to survive.

LL: Why is private land conservation particularly important now? Why do we need an international network?

LJ: We are at a critical juncture as the pressures of climate change, land conversion, and shrinking government resources are making it more challenging than ever to protect land and water for the public benefit. Therefore the mission statement of the new International Land Conservation Network emphasizes connecting organizations and people around the world that are accelerating voluntary private action that protects and stewards land and water resources. Our premise is that building capacity and empowering voluntary private land conservation will strengthen the global land conservation movement and lead to more long-lasting and effective resource protection.

Support for better coordination of international private land conservation is emerging from many sources. For example, the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) considered the role of private land conservation in the context of global efforts at its November 2014 World Parks Congress held in Sydney, Australia. The Futures of Privately Protected Areas, an IUCN-commissioned report released at that conference, provided a number of recommendations, such as developing relevant training and improving knowledge sharing and information, which are certainly important goals for the new network. We expect to work in collaboration with partners such as the IUCN, and with the existing regional or countrywide networks that are already in existence. And of course we have the very powerful example of the Land Trust Alliance and what it has been able to accomplish over 30 years to build the capacity of land trusts in the United States.

LL: What will you try to accomplish in the first year to address these needs?

LJ: We’ve had to get ourselves organized and deal with basic issues such as our name, visual identity, mission statement, goals, and governance structure. We will be designing and launching a website to serve as the essential repository of case studies, research, best practices, events, and conferences. Eventually, we want to have a continuum of learning available on the website through tools like webinars that address a range of subjects, from legal instruments to organizational best practices. We also want to carry out a census of existing networks and active organizations, to start building a baseline of knowledge about private land protection that will help measure progress over time.

LL: What are the greatest challenges to starting the network?

LJ: There are many. Money is a big one, of course. We’ve received a generous start-up grant from the Packard Foundation, and we have great support from the Lincoln Institute. But we are working hard to identify additional sources of funding, in order to grow the network and increase its impact. And of course we are still proving that the network will provide useful, important, and actionable information and training to meet a tremendous variety of needs within the international land conservation community. We know that we can’t do everything, so we must be strategic and choose activities that will have impact. The global scale also presents a host of cultural and logistical challenges, requiring us to navigate different legal systems, languages, customs, and, last but not least, time zones.

On the positive side, we already have a very committed group of land conservation practitioners who came together at our organizing meeting in September 2014 and enthusiastically signed on to be the “sweat equity”—to provide the network with knowledge, expertise, experience, and wise counsel. It’s already very clear to me that this is a wonderful group of colleagues who are doing interesting and important work around the globe. It will be an adventure—and I know I’ll learn a lot—to grow this new network together.