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Jay Espy se unió a la Fundación Elmina B. Sewall como su primer director ejecutivo en enero de 2008. Esta fundación, con sede en Brunswick, Maine, está centrada en la defensa del medio ambiente y el bienestar de los animales y los seres humanos, principalmente en el estado de Maine.
En las dos décadas anteriores, Espy fue presidente del Fideicomiso del Patrimonio Costero de Maine, una organización estatal de conservación de suelos. Durante su ejercicio, este fideicomiso aceleró sus esfuerzos de protección de suelos en toda la costa de Maine, conservando más de 50.000 hectáreas y estableciendo la Red de Fideicomisos de Suelos de Maine, que fomenta el crecimiento de fideicomisos de suelos locales en todo el estado. También lideró la exitosa Campaña de la costa del fideicomiso, recaudando más de 100 millones de dólares para conservación y duplicando la cantidad de suelos protegidos en la costa y las islas de Maine.
Espy recibió su licenciatura en Bowdoin College y un título de maestría en Administración de Empresas y Estudios Medioambientales de la Facultad de Administración y la Facultad de Estudios Forestales y Medioambientales de la Universidad de Yale. Es miembro de la junta directiva del Centro Filantrópico de Maine y la Alianza de Fideicomisos de Suelos de Canadá. Fue presidente de la Alianza de Fideicomisos de Suelos, una organización nacional que presta servicios a fideicomisos de suelos en los Estados Unidos. En octubre de 2010 fue nombrado Kingsbury Browne Fellow para 2010–2011 a través de un programa conjunto de la Alianza de Fideicomisos de Suelos y el Instituto Lincoln.
Land Lines: ¿Cómo se involucró inicialmente en el campo de la conservación de suelos?
Jay Espy: A comienzos de mi último año en Bowdoin College, un maravilloso consejero vocacional me sugirió que quizás tener alguna experiencia en el “mundo real” podría resultarme útil para conseguir un empleo remunerado. Comencé así una pasantía documentando aves marinas en la Bahía de Casco, Maine, como parte de un proyecto de planificación de contingencias en caso de un derrame de petróleo. Esta experiencia despertó en mí una intensa pasión por la costa de Maine y me sirvió de plataforma de lanzamiento para mi carrera profesional. Después de un período en el que trabajé para una empresa consultora medioambiental, realicé estudios de posgrado en Administración de Empresas y Ciencias Forestales y Medioambientales en la Universidad de Yale, y varias pasantías más, acepté entusiasmado un trabajo a nivel de principiante en el Fideicomiso del Patrimonio Costero de Maine (Maine Coast Heritage Trust, o MCHT ) en Topsham. Por aquel entonces, MCHT era un pequeño fideicomiso estatal de suelos y una buena manera de “descubrir la dura realidad” para un aspirante a conservacionista de veintitantos años de edad, prácticamente sin credenciales.
Land Lines: ¿Cuáles son algunos de los proyectos de conservación de suelos más significativos en los que estuvo involucrado?
Jay Espy: A fines de la década de 1980, una gran corporación que se estaba deshaciendo de sus activos madereros en el noreste de los Estados Unidos y el Canadá marítimo, puso a la venta una parcela de 5.000 hectáreas de suelos costeros en Down East Maine, cerca de la frontera con Canadá. Este era el bloque sin desarrollar más grande del suelo costero de Maine, y uno de los mayores de toda la costa este de los Estados Unidos. MCHT nunca había tenido un desafío tan apasionante ni de tamaña envergadura.
En asociación con el estado de Maine, el Fondo de Conservación y la Fundación Richard King Mellon, MCHT lideró un esfuerzo para adquirir la propiedad y trabajar con funcionarios locales y estatales en un plan para conservar el suelo, incorporando asimismo la gestión de bosques activos, el desarrollo de sendas recreativas y viviendas económicas en el pueblo de Cutler. Si bien no lo sabíamos en ese momento, estábamos realizando “conservación comunitaria” al hacer participar a una amplia gama de sectores con intereses variados. Este proyecto sirvió para que MCHT se iniciara en la conservación de paisajes. Desde entonces se han completado docenas de proyectos en dicha región, conocida como la Costa Escarpada (Bold Coast) de Maine. Ahora el público puede acceder a más de 32 kilómetros de impresionante costa que brindan grandes oportunidades económicas a la comunidad.
Me siento privilegiado por haber podido ayudar a proteger muchos otros suelos, tanto extensos como reducidos. La Isla Marshall, una joya de 400 hectáreas a 24 kilómetros de la península de Blue Hill, que en una época estuvo a punto de ser blanco de grandes emprendimientos inmobiliarios, ahora cuenta con un extenso sistema de sendas costeras desarrolladas por MCHT. La granja Aldermere, en Camden y Rockport, es una emblemática granja de agua salada. Albert Chatfield comenzó a criar ganado Belted Galloway aquí en la década de 1950, y la granja ha albergado a este galardonado ganado de cría desde entonces. Después de que la propiedad fue donada en 1999, MCHT ha expandido considerablemente los programas agrícolas y ganaderos para la juventud de la zona y la comunidad en general, y ha protegido tierras vecinas que se usan para sostener el creciente movimiento de alimentos locales.
Land Lines: ¿Cuándo se enteró del trabajo de conservación de suelos del Instituto Lincoln, y cómo se ha involucrado usted en nuestros programas?
Jay Espy: Mi ingreso en el campo de la conservación fue completamente fortuito. A los pocos meses de comenzar a trabajar en MCHT, fui invitado a una reunión de profesionales de la conservación en el Instituto Lincoln, co-patrocinada por la Alianza de Fideicomisos de Suelos (en ese entonces conocida como el Intercambio de Fideicomisos de Suelos). Había conocido previamente a Kingsbury Browne brevemente en una conferencia en Washington, DC, pero en esa reunión tuve la oportunidad de pasar un día entero con él y con algunos de los otros venerados líderes del moderno movimiento de conservación de suelos.
Con el transcurso de muchos años, el Instituto Lincoln se convirtió en el lugar de encuentro para los conservacionistas, muchos de ellos reunidos originalmente por Kingsbury, que fueron valiosos mentores míos a medida que iba aprendiendo este oficio. El Instituto ha seguido siendo un lugar en el que las mentes creativas se reúnen para innovar, y donde se fomentan la investigación de vanguardia y la comunicación con el resto de la comunidad de conservación de suelos. Me siento honrado de formar parte de este legado como Kingsbury Browne Fellow.
Land Lines: ¿Cuáles son a su juicio las futuras tendencias en la conservación de suelos?
Jay Espy: El campo de la conservación está creciendo, cambiando y madurando de una manera que considero muy saludable. No hace mucho la mayoría de nosotros pensábamos que la conservación tenía que ver solamente con los suelos. Recuerdo bien los primeros folletos de los fideicomisos de suelos, llenos de fotos de hermosos paisajes, pero completamente vacíos de gente. Afortunadamente, esto ya no es así.
Hoy en día, la mayoría de los que participamos del movimiento comprendemos que la conservación se refiere tanto a los suelos como a la gente. Se trata de cómo las comunidades se benefician de ecosistemas saludables; cómo las oportunidades de recreación cerca del hogar combaten la inactividad juvenil y la obesidad; cómo los suelos agrícolas protegidos contribuyen a la seguridad alimentaria y la disponibilidad de comida nutritiva local; cómo los espacios al aire libre, que incorporan artes y entretenimiento locales, contribuyen a crear centros vibrantes en las ciudades; cómo el agua limpia, los bosques y multitud de otros recursos naturales gestionados de manera sustentable pueden respaldar el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo; y cómo los suelos bien gestionados nos permiten vivir vidas más ricas y completas, tanto individual como colectivamente.
En todo el país, los silos que han separado el trabajo de conservación, la salud pública, las artes, la educación, el hambre, la vivienda, la producción de alimentos y el desarrollo económico están desapareciendo. Esta tendencia me resulta alentadora. El trabajo que hagamos hoy sólo perdurará en el tiempo si genera un beneficio directo y tangible para la gente a lo largo de muchas décadas. La participación colaborativa de todos con estos intereses amplios y variados es un ingrediente esencial en cualquier receta exitosa de conservación duradera.
Land Lines: ¿Cómo podemos convertir los problemas de financiamiento de la conservación en oportunidades?
Jay Espy: Tenemos, en efecto, muchos desafíos en el frente financiero. El financiamiento público de las fuentes gubernamentales estatales y federales tradicionales ha ido disminuyendo, las fundaciones privadas han sufrido una erosión de sus activos, y los donantes individuales han adoptado, comprensiblemente, una actitud más conservadora con sus inversiones filantrópicas, debido a los altibajos de la bolsa. En consecuencia, hoy se emprenden menos proyectos a gran escala de conservación de suelos que requieren decenas de millones de dólares, como los que vimos a fines de la década de 1990 y a comienzos de la década de 2000.
A pesar de ello, se sigue financiando una gran variedad de trabajos importantes de conservación en todo el país. El respaldo público para la conservación local sigue siendo alto, y la mayoría de las iniciativas de financiamiento local por emisión de bonos sigue siendo aprobada por amplios márgenes. Las donaciones individuales y de fundaciones para proyectos de conservación no se han derrumbado, como se temía. Los patrocinadores siguen proporcionando fondos, pero ahora son más selectivos. Además, los proyectos de conservación que tocan múltiples intereses humanos y que cuentan con la participación de múltiples socios están atrayendo nuevas fuentes no tradicionales de apoyo financiero. Recientemente hablé con un patrocinador de proyectos de salud que cree que es importante disponer de más suelos para la recreación pública como una medida preventiva sanitaria fundamental. El financiamiento de conservación de suelos agrícolas también ha crecido sustancialmente en los últimos años, impulsado en parte por la popularidad explosiva del movimiento por los alimentos locales.
Land Lines: ¿Puede compartir con nosotros algunos ejemplos de éxitos innovadores en la conservación de suelos?
Jay Espy: En un área remota del este de Maine, el Fideicomiso de Suelos de Downeast Lakes ha estado trabajando desde hace más de una década para proteger grandes extensiones forestales que bordean la costa cerca de la comunidad de Grand Lake Stream. Estos suelos y aguas han respaldado la economía maderera y de recreación durante más de un siglo. Con el declive de la industria del papel y la pulpa, se han vendido varias empresas comerciales madereras de gran envergadura.
En vez de esperar simplemente a que se produzca el desarrollo inevitable de casas de vacaciones y la pérdida de la cultura local, la comunidad ha trabajado de manera extraordinaria para adquirir decenas de miles de hectáreas, y varios kilómetros de suelos costeros, para usarlos como bosques que generan ingresos, preservación de la vida silvestre y áreas recreativas apartadas. Los empresarios locales, los guías de caza y pesca, los representantes de agencias estatales y federales, los miembros de la tribu indígena Passamaquoddy y funcionarios electos a nivel local, estatal y nacional unieron sus fuerzas al fideicomiso de suelos para adquirir estas propiedades y gestionarlas para obtener ingresos sustentables de la madera así como de otros usos tradicionales, incluyendo la caza, la pesca, el camping y el remo.
En el pueblo de Skowhegan, en la parte central de Maine, una joven mujer emprendedora adquirió una vieja cárcel del condado y la está convirtiendo en un molino de cereales. Una vez que entre en funcionamiento, el molino procesará aproximadamente 600 toneladas de cereales anuales, un monto que requiere alrededor de 250 hectáreas de suelos de cultivo. Esta zona de Maine fue en su momento una próspera región triguera, y se cree que suministró a las tropas de la Unión una parte importante de su pan durante la Guerra Civil. Ubicado en el centro del pueblo, el lote del estacionamiento de la vieja cárcel es ahora un exitoso mercado de granjeros locales. También se ubicarán en la cárcel una cocina comercial y varias empresas de alimentos y artesanías, ayudando a crear un “centro alimenticio”.
Skowhegan es el asiento de uno de los condados más pobres de Maine. ¿Podrá este centro alimenticio cambiar la fortuna de la región? ¿Podrá una demanda creciente de cereales revertir la pérdida de suelos agrícolas y conservar y cultivar más hectáreas de campo? Todos los signos sugieren que la respuesta a ambas preguntas es “sí”. Creo que lo que está ocurriendo en Skowhegan es un ejemplo maravilloso de la nueva cara del movimiento de conservación. Todavía no se puede reconocer a simple vista, pero sospecho que iremos conociendo mejor este tipo de enfoque comunitario en los años venideros.
Land Lines: ¿Cuáles son sus expectativas sobre el rol de la conservación en la economía volátil de la actualidad?
Jay Espy: Soy bastante optimista, porque la adversidad hace que la gente se una más. Con menos, estamos aprendiendo a trabajar colectivamente para lograr más. A medida que participa más gente en la conservación, desarrollando relaciones con y alrededor del suelo, y viendo como esas relaciones tienen un impacto positivo en sus vidas, estoy convencido de que veremos logros más extendidos, significativos y duraderos de conservación. El suelo, la gente y la comunidad están profundamente interrelacionados. Irónicamente, estos tiempos difíciles pueden estar acelerando la transformación inevitable de la conservación hacia una actividad que beneficie a más personas y más aspectos de la vida comunitaria.
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Imagine for a moment that you are a political leader—a prime minister, president, or governor—and you awake to the news that natural disaster has struck. Citizens died, buildings collapsed, infrastructure is hobbled, and local leaders desperately need additional resources and support.
You respond immediately, sending personnel and equipment to the disaster zone and pledging additional assistance to local leaders. Your country, like many around the world, has institutionalized a scalable, tiered response system with regional, state, and national levels of government engaging as disaster-related demands exceed local capacities to respond. Yet within days, even hours—before all the casualties are treated and citizens are accounted for, and before the streets have been cleared of rubble and basic services have been restored—other leaders and the media are demanding answers to questions you haven’t had time to consider: How much money will be pledged to the rebuilding? What standards will guide it? Will all landowners be permitted to rebuild? Who will lead the process? Is a new institution or governance structure needed to cut through bureaucratic red tape and expedite the rebuilding?
This article summarizes ongoing research into the roles of various government levels in successful disaster recovery and rebuilding (table 1). It represents the synthesis of two decades of recovery research and planning practice following some of the largest disasters of our time in the United States, Japan, China, Taiwan, Indonesia, India, New Zealand, Australia, Chile, and elsewhere. Its purpose is to find common lessons in these disparate environments and help facilitate recovery for communities struck by disasters yet to come.
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Table 1: Recovery Management Experiences Around the World
Australia
Victoria Bushfire Recovery and Reconstruction Authority
Queensland Reconstruction Authority
Chile
Ministry of Housing and Urban Development (MINVU- Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
China
General Headquarters for Earthquake Relief
India
Gujarat State Disaster Management Authority (GSDMA)
Abhiyan
Project Management Unit
Indonesia
Rehabilitation and Reconstruction Agency—BRR
Coordination Team for Rehabilitation and Reconstruction—TTN
Japan
National Reconstruction Agency
New Zealand
Canterbury Earthquake Recovery Authority
Taiwan
921 Post-Earthquake Recovery Commission
Morakot Post-Disaster Reconstruction Council
United States
Lower Manhattan Development Corporation
Louisiana Recovery Authority
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Recovery Management Around the World
Governments tasked with post-disaster reconstruction face an extraordinary set of management challenges. The first is the compression of activities in time, focused in space, as cities built over the course of decades if not centuries are destroyed or damaged suddenly and must be rebuilt in a fraction of the time it took to construct them. From this tension develops a second challenge: a keen tension between speed and deliberation, as the various recovery actors in stricken communities move with urgency while aiming to make thoughtful and deliberate decisions, to ensure optimal long-term recovery. From both these phenomena a third challenge arises: the need for immediate access to a deep wealth of money and information—the two currencies of the post-disaster recovery environment.
To meet these demands, governments in every country after every large disaster create new relief agencies or significantly rearrange existing organizations. The most common reason for these post-disaster governance transformations is lack of capacity. Governments still need to attend to their normal daily affairs while they coordinate the reconstruction or reinvention of impacted communities, so they appoint an entity that can focus daily attention on rebuilding while coordinating the recovery-related activities of multiple government agencies. Commonly designed to serve a variety of purposes and governmental settings, these recovery agencies provide a range of substantive functions as they rebuild infrastructure, housing, and economic activity. They differ depending on the type and scale of coordination they provide; the scope of their authority, especially regarding the flow of money and information; and the level of government they serve—at either the national, state, or intergovernmental level.
National governments handle very large disasters at the top political tier, mobilizing financial resources from national reserves or international aid and providing capacity support to lower levels of government in the disaster-stricken locality. When large disasters transcend state or provincial boundaries, national governments also assume active roles in developing recovery policies, and they create recovery organizations to assist them. Examples include Japan’s National Reconstruction Agency, established after the 2011 earthquake and tsunami; New Zealand’s Canterbury Earthquake Recovery Authority, created after the 2010 and 2011 earthquake sequence in Christchurch; and China’s General Headquarters for Earthquake Relief following the 2008 disaster in Wenchuan. Each of these international bodies hewed to the national administrative leadership, derived authority from the top rung of government, and articulated policies approved by the reigning administration.
Similarly, state-level recovery agencies are usually created in direct response to disasters that affect a region or other subnational jurisdiction. The authorities and legalities of these entities are more limited by their authorizing body’s secondary, subnational position in government. Examples include the Gujarat State’s Disaster Management Authority (GSDMA), created after the 2001 earthquake in western India; Louisiana’s Recovery Authority, founded after Hurricane Katrina in 2005; Victoria State’s Bushfire Reconstruction and Recovery Authority (VBRRA), established after the 2009 Australian bushfires; and Queensland State’s Reconstruction Authority, founded after the summer 2010–2011 floods in Australia.
A third class of organizations are designed to operate between levels of government, such as the Lower Manhattan Development Corporation, created as a state and city partnership for recovery planning and funding following the September 11, 2001, terrorist attacks in New York City. Another example, the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) created in Aceh, Indonesia, following the 2004 tsunami, consisted of three independent agencies whose membership came from a wide range of local and national stakeholders. Likewise, the Indonesian government’s Coordination Team for Rehabilitation and Reconstruction (TTN), following the 2006 earthquake in Yogyakarta and Central Java, was designed to provide a bridge between national agencies and local agencies, and it also monitored and investigated local implementation issues.
In some cases, governments choose to modify or adapt existing institutions and procedures to help manage recovery. For example, Chile established a national interministerial task force after the 2010 earthquake and tsunami, but the existing Ministry of Housing and Urban Development took on expanded roles and responsibilities and managed the national planning and implementation efforts.
The Mastery of Money, Information, Collaboration, and Time
Considering these factors, common to all post-disaster recovery settings, our research demonstrates that the key to governing large-scale crises effectively is the mastery of money, information, collaboration, and time. For this article, we offer here some best practice examples and lessons learned from our various country-organization studies.
1. Managing Money: Sourcing and distributing recovery funding efficiently, effectively, and equitably.
When large amounts of public funds are involved in a disaster cleanup, the true power over the recovery resides with the level of government that controls the flow of money and how it is acquired, allocated, disbursed, and audited. Sometimes, the recovery organization assumes all or some of these powers, and sometimes all funding authority continues to reside where it did before the disaster, in the same legislative and administrative branches. Important functions in the post-disaster environment include setting policies and priorities for allocating large sums of recovery funding and establishing accounting systems that allow for timely disbursal of critical financing while also providing transparency and minimizing corruption.
Some organizations, such as India’s state-level GSDMA, are established specifically to collect all the recovery funds in one place and then allocate and disburse them. Some, such as one of the three legs of Indonesia’s intergovernmental BRR, are created to independently audit and monitor the expenditures of recovery implementation organizations. In contrast, the state-level Louisiana Recovery Authority recommended funding priorities to the state and provided oversight as needed, but it had no direct control over recovery funds. Japan’s National Reconstruction Agency received national funding and allocates that money to the relevant national ministries and local governments.
2. Increasing Information Flows: Effectively gathering, integrating, and disseminating information to enhance decision making and actions by all recovery actors.
A critical demand is to accelerate and broaden the flows of information among recovery actors about the dynamics of reconstruction actions and emergent opportunities. This challenge includes the planning and public engagement processes that provide information to citizens and institutions involved in the recovery, facilitate communication and innovations among recovery actors, and convey citizen concerns to government agencies and NGOs in a timely manner. It also includes providing information between both governmental and nongovernmental organizations and establishing forums to facilitate coordination.
In Victoria, Australia, after the 2009 bushfires, national and state leaders worked with affected communities to form more than 30 local recovery committees, which were then charged with developing a community recovery plan that identified local priorities and projects. These committees were used by state and national governments as focal points for local funding distribution and by local communities to raise additional funds and establish local policy guidance for rebuilding. In Yogyakarta, Java, after the 2006 earthquake, TTN kept a variety of local and national agencies mutually informed of each other’s activities—which, in turn, helped to provide early alerts to officials regarding potential problems.
A critical function appropriately provided by a government-supported agency is the acquisition, synthesis, and distribution of basic information on damage, reconstruction activities, population, social and economic issues, and various recovery indicators. Such agencies issue regular progress reports and monitor recovery indicators, as both Japan’s National Reconstruction Agency and New Zealand’s Canterbury Earthquake Recovery Authority have done, using a variety of communication mechanisms, including website postings, press releases, newsletters, and forums. Frequent information from credible sources can help to ensure that all actors understand the current recovery environment, and it can also help reduce the spread of rumors and misinformation.
3. Supporting Collaboration: Building sustainable capacity and capability for long-term recovery through genuine collaboration and coordination, both horizontally among local groups and vertically among different levels of government.
Vertically organized, hierarchical agencies—with clear organizational charts and streamlined channels of communication—are usually not well suited to manage disaster recovery, because the lack of “connecting flow” across vertical hierarchies limits collaboration as well as the flow of new and updated information among organizations. U.S. national agencies involved in recovery, for example, are more adept at administering individual programs than they are at solving complex problems that cut across governmental institutional boundaries.
By contrast, horizontally organized agencies can promote interagency coordination and information sharing, allowing individual groups to adapt to new contexts and information while remaining responsible to their parent organization. If multiple states or local jurisdictions are involved, cooperation among multiple jurisdictions is essential. Technical assistance and capacity building for the key recovery actors is also important for building local capabilities to sustain long-term recovery.
After Hurricane Katrina in 2005, Governor Kathleen Blanco appointed the members of the Louisiana Recovery Authority, so it was technically an extension of the state-level administration. But the legislature eventually formalized it. As an intentionally bipartisan body, it operated independently as it interacted with both U.S. national officials and local governments, made policy recommendations, and provided oversight of state agency recovery activities. Even though its power was limited to making policy recommendations, it was able to exert considerable influence at multiple levels in a very politically contentious atmosphere. It also collaborated with U.S. national agencies to set standards for long-term community recovery planning and helped match technical assistance and provide other planning resources at regional, local, and neighborhood scales.
Because they carried the authority of state leaders, India’s GSMDA and Queensland Australia’s reconstruction authority were able to successfully coordinate the activities of other state agencies. Similarly, Chile’s MINVU and Taiwan’s national recovery agencies have had the centralized authority to coordinate activities of other national agencies. Abhiyan, an NGO officially endorsed by the Gujarat government in India but without any defined governmental authority, also played a crucial role in coordinating the work of hundreds of NGOs and in establishing a network of local subcenters to provide information and technical support.
The hierarchical recovery process after the 2008 Wenchuan Earthquake in China succeeded in quickly reconstructing buildings, but it left little room for local innovation, as it lacked genuine local capacity building and involvement in decision making. Because local conditions were not always considered, economic recovery appears to be uneven.
Likewise, in many tsunami-affected communities in the Tohoku region of Japan, recovery has stalled because the hierarchical system established under the national government and the National Recovery Agency leaves insufficient room for local innovation. Furthermore, within the complex and powerful Japanese ministry system, the National Reconstruction Agency lacks power to compel actions by other ministries.
Increasingly, research shows that if residents are partners in reconstruction planning, they are tolerant of delays, and they are more satisfied with the results. Still, even the best examples of decentralized processes involve an agency at the top establishing the framework and rules. This trend strongly suggests that governments should resist the urge to manage the details of reconstruction and act less as managers and more as coordinators and facilitators of the process.
4. Balancing Time Constraints: Effectively meeting the immediate and pressing local needs of recovery while also successfully capitalizing on opportunities for longterm betterment.
Governments face a balancing act as they confront the tensions between speed and deliberation, and between restoration and betterment. The most fundamental way to address these challenges is to increase information flows, as described above. But recovery agencies have found several other specific ways to attain both speed and improvement.
To hasten reconstruction, there are often opportunities to streamline normal bureaucratic processes of decision making, especially regarding construction permits, without compromising quality. Because such processes often involve multiple agencies, a recovery agency can be helpful to the extent that it can facilitate or compel line agencies to cooperate more effectively.
New Zealand’s parliament conferred upon the Canterbury Earthquake Recovery Authority and its minister a wide range of unilateral powers that would enable the timely and coordinated recovery of greater Christchurch. Parliament continued the emergency authorities granted under previous legislation and extended the expiration date of those authorities where appropriate; permitted the minister to acquire land compulsorily; and allowed the suspension of any part or all of the national land use, local government, and transport management, plans or policies developed under various acts. It directed CERA to prepare a draft recovery strategy within nine months of its authorization. Similarly, it issued the Christchurch city council a nine-month deadline to draft a recovery plan for the city’s damaged central business district.
Most recovery agencies include disaster risk reduction in their reconstruction policies. A common recovery slogan is “build back better.” The slogan of the Louisiana Recovery Authority was “Safer, Stronger, Smarter.” The easiest form of post-disaster betterment is to adopt disaster-resistant building standards. The incorporation of new structural standards need not slow down the rebuilding process, but land use improvements such as relocating neighborhoods or entire communities can require considerable time for planning and land acquisition. These projects involve difficult tradeoffs between speed, design quality, and public involvement. New Zealand is undertaking a major buyout of neighborhoods that sustained heavy damage in the 2010–2011 earthquakes and remain vulnerable to damage from future tremors. Japan is encouraging relocation of coastal communities from tsunami hazard areas, and some of these will likely take up to ten years to complete.
One way to manage these goals simultaneously is to support participatory planning processes to create long-term betterment while also trying to meet immediate needs. In many cases, professional planners worked with neighborhoods—in Japan, Chile, New Orleans, and Bhuj, India, for example—but each project also involved difficult compromises in order to meet time constraints. Victoria and Queensland’s creation of local recovery planning committees, however, are great examples of state and national support systems that helped build local capacity to carry forward the rebuilding processes over time.
Next Steps in our Research
Governments know that their task is to manage information and money flows among many actors in a compressed time. Up to this point, we have identified many examples of how to accomplish this. But, even better, we would like to be able to create menus of organizational and process choices, based on combinations of disaster magnitude and scope and economic, political, environmental, and governmental contexts.
We also have several remaining questions: Why do many of the same institutional problems continue to appear from one disaster to the next, and is there a way to avoid repeating some of them? What are the effective outcomes—negative and positive—of these institutional arrangements that may inform future leaders facing similar reconstruction challenges? What specific kinds of technical assistance and capacity building should international donors and national governments focus on providing for local governmental and non-governmental organizations, so they can do their jobs better during the recovery process? In large-scale disasters, how do the tiered goals of a recovery (i.e. rebuilding households, neighborhoods, cities, regions, nations) relate to each other, in terms of consistency, efficiency, and effectiveness? And what happens when these disaster-related organizations cease to exist? Is the local capacity and capability in place for long-term community sustainability? By studying varied national and organizational experiences, we can better understand how the time compression phenomenon of post-disaster recovery affects other theoretical constructs guiding public policy and city management; planning, land development and growth management; and fiscal and capital management.
About the Authors
Co-authors of Clear As Mud: Planning for the Rebuilding of New Orleans (2010, APA Planners Press), Laurie A. Johnson and Robert B. Olshansky are currently collaborating on a Lincoln Institute book and policy focus report on governing post-disaster recovery. For the past two decades, they have been researching and practicing post-disaster recovery planning following urban disasters around the world. Johnson is an urban planner based in San Francisco and specializing in disaster recovery and catastrophe risk management. Olshansky is professor of urban and regional planning at the University of Illinois at Urbana-Champaign. Contact: laurie@lauriejohnsonconsulting.com or robo@illinois.edu
References
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Chandrasekhar, Divya and Robert B. Olshansky. 2007. Managing Development After Catastrophic Disaster: A Study of Organizations That Coordinated Post-Disaster Recovery in Aceh and Louisiana. Milwaukee, Wisconsin.
Olshansky, Robert B., Lewis D. Hopkins, and Laurie A. Johnson. 2012. Disaster and recovery: Processes compressed in time. Natural Hazards Reviews. 13(3):173–178.
Olshansky, Robert B., Laurie A. Johnson, and Kenneth C. Topping. 2006. Rebuilding communities following disaster: Lessons from Kobe and Los Angeles. Built Environment. 32(4): 354–374.
Smith, G., and Dennis Wenger. 2007. Sustainable disaster recovery: Operationalizing an existing agenda. In Handbook of disaster research (Handbooks of Sociology and Social Research). ed. Havidan Rodriguez, 234–257. New York, NY: Springer.
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El crecimiento de la Red Internacional de Conservación de Suelo
Laura Johnson es abogada y conservacionista de toda la vida, con más de 30 años de experiencia en gerencia de organizaciones sin fines de lucro. En la actualidad es directora de la Red Internacional de Conservación de Suelo (International Land Conservation Network o ILCN), visiting fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y presidente de la junta directiva de la Alianza de Fideicomisos de Suelo (Land Trust Alliance).
Laura fue presidente de Mass Audubon de 1999 a 2012. Anteriormente, trabajó durante 16 años como abogada en The Nature Conservancy desempeñando los cargos de directora de la delegación de Massachusetts y vicepresidente de la región noreste.
Laura obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad de Harvard y un doctorado en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Entre 2013 y 2014 fue fellow Bullard de Harvard Forest, Universidad de Harvard, donde completó un estudio sobre las iniciativas de conservación de suelo privado alrededor del mundo.
LAND LINES: Su programa, la Red Internacional de Conservación de Suelo (ILCN), se ha creado este año, pero tiene antecedentes en el Instituto Lincoln. ¿Nos puede hablar sobre esta trayectoria?
LAURA JOHNSON: Hay algunas conexiones maravillosas entre esta red nueva y el apoyo brindado por el Instituto Lincoln en el pasado a los esfuerzos innovadores de construcción de capacidad dedicados a la conservación, que en última instancia dieron lugar a la Alianza de Fideicomisos de Suelo.
A comienzos de la década de 1980, Kingsbury Browne, un ilustre abogado de Boston, decidió tomarse un tiempo de licencia de su estudio de abogados y usó su año sabático en el Instituto Lincoln para explorar las necesidades y oportunidades de fideicomisos de suelo privado en los Estados Unidos. Hasta ese momento, no había existido una iniciativa nacional para descubrir los mejores ejemplos de actividades de protección de suelo, para poder compartir estas ideas y buenas prácticas, o incluso para mantenerse al tanto de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la conservación de suelo por todo el país. El estudio realizado por Kingsbury Browne lo llevó a fundar, junto con algunos otros líderes de fideicomisos de suelo de aquella época, una nueva organización llamada Bolsa de Fideicomisos de Suelo (Land Trust Exchange) para conectar a la comunidad de conservación del país, pequeña pero creciente, por medio de un boletín y algunas actividades básicas de investigación y capacitación. El Instituto Lincoln cumplió un papel crucial para ayudar a lanzar la Bolsa, que creció a lo largo del tiempo y cambió de nombre, para pasar a ser la Alianza de Fideicomisos de Suelo, con sede en Washington, D.C. En 1982, cuando se fundó la Bolsa, había menos de 400 fideicomisos de suelo en los Estados Unidos; ahora, la Alianza de Fideicomisos de Suelo comprende 1.200 fideicomisos en todo el país. La Bolsa comenzó como un boletín modesto en la década de 1980; ahora, la Alianza cuenta con un centro de aprendizaje en línea, un programa de estudios completo sobre conservación y gestión de riesgo; y más de 100 webinarios y 300 talleres en los que participaron cerca de 2.000 personas en 2014.
LL: A lo largo de casi toda su carrera profesional, se ha dedicado de lleno al trabajo de conservación de suelo en los EE.UU. ¿Qué la llevó a ampliar su trabajo a nivel internacional?
LJ: Cuando dejé la presidencia de Mass Audubon hace dos años, comencé a hablar con Jim Levitt, un fellow del Instituto Lincoln, director del Programa de Innovación en Conservación de Harvard Forest y exmiembro de la junta de Mass Audubon. Él tuvo la idea inicial de explorar cómo los conservacionistas fuera de los Estados Unidos estaban usando y adaptando las herramientas de conservación que se fueron desarrollando aquí a lo largo de los años. Jim se había involucrado de lleno en las iniciativas de conservación privada en Chile, y existía la oportunidad de fortalecer el movimiento incipiente en ese país compartiendo las medidas adoptadas en los EE.UU., como las servidumbres de conservación. Aproximadamente al mismo tiempo, Peter Stein recibió la beca Kingsbury Browne y una subvención de la Alianza de Fideicomisos de Suelo y el Instituto Lincoln, que le permitieron explorar también la envergadura de las organizaciones de conservación a nivel mundial. A través de estos proyectos distintos, Jim, Peter y yo llegamos a una conclusión similar: que había muchas personas en el resto del mundo que compartían un gran interés por conectarse entre sí y con otros conservacionistas en los EE.UU. Este deseo de una comunidad de practicantes parecía ser una oportunidad extraordinaria de ayudar a construir capacidad para proteger el suelo en forma privada.
LL: ¿Por qué es este rol el desafío más importante para usted en este momento?
LJ: He tenido la increíble buena fortuna de haber trabajado con algunas de las mejores organizaciones y con gente increíblemente talentosa. Como joven abogada que se iniciaba en The Nature Conservancy en la década de 1980, pude crecer profesionalmente en un momento crucial para el movimiento de conservación en los Estados Unidos. Si observamos las tendencias históricas, el movimiento de conservación de suelo en los EE.UU. comenzó a remontar vuelo en esa época, y era muy emocionante poder formar parte de este crecimiento. Después pasé a Mass Audubon en 1999, donde tuve el privilegio de gerenciar Audubon, la mayor organización estatal independiente del país, la cual cumplió un papel de liderazgo no sólo en conservación de suelo, sino también en educación medioambiental y política pública. Ahora tengo el honor de prestar servicio en la junta de la Alianza de Fideicomisos de Suelo, que realiza un trabajo extraordinario aquí, en los Estados Unidos, para generar una protección efectiva del suelo y los recursos. Mi capacitación como abogada fue sin duda útil en esta trayectoria, pero también he aprendido mucho sobre las características de organizaciones que son exitosas y que tienen un impacto positivo. Me siento muy afortunada de tener estos antecedentes y experiencias, y quiero contribuir con ellos a los desafíos que confronta la comunidad internacional para la conservación de suelo.
LL: Usted mencionó un par de veces la construcción de capacidad y creación de organizaciones exitosas. ¿Puede comentar qué significa esto en el contexto de la conservación de suelo?
LJ: Las organizaciones de conservación de suelo necesitan contar con todos los elementos de cualquier organización sin fines de lucro sólida: misión clara, visión y estrategias convincentes, planificación disciplinada y objetivos claros, recursos económicos suficientes y personas excelentes. Pero el trabajo de protección de suelo requiere una perspectiva de muy largo plazo. Para empezar, un fideicomiso de suelo necesita el conocimiento y los recursos necesarios para determinar qué tierras se deben proteger –ya sea su misión la de conservar recursos naturales o escénicos, o valores culturales o históricos– y qué herramientas legales y económicas son las mejores para lograr un buen resultado. Después, quizá haya que trabajar años con un propietario hasta llegar al punto en que todos están preparados para llegar a un acuerdo. Los fideicomisos de suelo necesitan contar con gente que tenga la capacitación, el conocimiento y la experiencia para realizar transacciones legal, económica y éticamente sólidas. Una vez que el suelo está protegido por un fideicomiso, esa organización se está comprometiendo a gestionar el suelo que posee o que está sujeto a restricciones permanentes. Los museos son una buena analogía, pero en vez de Rembrandts y Picassos, las organizaciones para la conservación de suelo custodian recursos vivos invaluables, y el suelo y el agua de los que todos dependemos para sobrevivir.
LL: ¿Por qué es particularmente importante ahora la conservación de suelo privado? ¿Por qué necesitamos una red internacional?
LJ: Nos encontramos en una encrucijada crítica, en la que las presiones del cambio climático, la conversión de suelo y la reducción de los recursos gubernamentales están creando más desafíos que nunca para proteger el suelo y el agua para beneficio público. Por lo tanto, la misión de la nueva Red Internacional de Conservación de Suelo pone énfasis en conectar con organizaciones y gente alrededor del mundo que están acelerando la acción privada voluntaria que protege y salvaguarda el suelo y los recursos hídricos. Nuestra premisa es que la construcción de capacidad y la promoción de conservación voluntaria de suelo privado fortalecerán el movimiento global de conservación de suelo y llevará a una protección de recursos más efectiva y duradera.
El respaldo para una mejor coordinación de la conservación internacional de suelo privado está surgiendo de muchas fuentes. Por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for the Conservation of Nature, o IUCN) consideró el papel de la conservación de suelo privado en el contexto de las iniciativas globales en el Congreso de Parques Mundiales que tuvo lugar en Sidney, Australia, en noviembre de 2014. El informe Futuros de áreas protegidas privadamente, comisionado por IUCN y dado a conocer en este congreso, hizo una serie de recomendaciones sobre, por ejemplo, cómo desarrollar cursos de capacitación apropiados y mejorar los mecanismos para compartir conocimientos e información, que son sin duda objetivos importantes para la nueva red. Esperamos poder colaborar con socios como IUCN y con las redes regionales y nacionales ya existentes. Y, por supuesto, contamos con el poderoso ejemplo de la Alianza de Fideicomisos de Suelo y todo lo que ha logrado a lo largo de 30 años para construir la capacidad de fideicomisos de suelo en los Estados Unidos.
LL: ¿Qué tratará de lograr en el primer año para resolver estas necesidades?
LJ: Hemos tenido que organizarnos y resolver temas básicos, como nuestro nombre, identidad visual, declaración de misión, objetivos y estructura de gobierno. Vamos a diseñar y lanzar un sitio web que funcione como repositorio esencial de estudios de casos, investigación, buenas prácticas, eventos y conferencias. En última instancia, queremos poner a disposición de nuestros usuarios un continuo de educación, por medio de herramientas, como webinarios que traten una amplia gama de temas, desde instrumentos legales a buenas prácticas organizativas. También queremos hacer un censo de las redes existentes y organizaciones activas, para crear una línea de base de conocimientos sobre la protección de suelo privado que nos permita medir el progreso a lo largo del tiempo.
LL: ¿Cuáles son los principales desafíos para iniciar esta red?
LJ: Hay muchos. Por supuesto, el dinero es uno de los más importantes. Hemos recibido una subvención generosa para ponernos en marcha de la Fundación Packard, y contamos con el gran respaldo del Instituto Lincoln. Pero nos estamos esforzando por identificar fuentes de financiamiento adicionales, para poder hacer crecer la red y su impacto. Y, por supuesto, todavía tenemos que demostrar que la red brindará información y capacitación útil, importante y práctica para satisfacer una gran variedad de necesidades en la comunidad internacional de conservación de suelo. Sabemos que no podemos hacerlo todo, así que tenemos que ser estratégicos y elegir las actividades de mayor impacto. La escala global también presenta una serie de desafíos culturales y logísticos, y exige navegar por sistemas legales, idiomas, costumbres y husos horarios distintos.
Por el lado positivo, ya contamos con un grupo muy comprometido de practicantes de conservación de suelo que participaron en nuestra reunión organizativa de septiembre de 2014 y se comprometieron con entusiasmo a aportar a la red su “capital humano”: sus conocimientos, pericia, experiencia y sabio consejo. Me queda muy claro que este es un fantástico grupo de colegas que están realizando un trabajo de gran interés e importancia en todo el mundo. Será una aventura construir juntos esta red, y sé que aprenderé mucho.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 6 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Los sectores populares en la mayoría de las ciudades latinoamericanas se encuentran en una grave desventaja al intentar influenciar la planificación urbana y la administración de sus comunidades. A pesar de que los activistas comunitarios pueden estar bien organizados a nivel local, sus intereses no están involucrados en la toma de decisiones que pueden tener implicaciones a gran escala tanto en la administración de tierras urbanas como en los derechos humanos. Como parte de este esfuerzo actual para ayudar a líderes comunitarios y a funcionarios públicos de América Latina a ser más efectivos en la implementación de políticas de administración de tierras de carácter fundamental, el Instituto Lincoln respaldó un programa educativo innovador en octubre en la ciudad de Quito, Ecuador.
El programa “Políticas de tierra urbanas para los sectores populares” fue copatrocinado por el Instituto Lincoln, el Centro de Investigaciones CIUDAD y el Centro de Investigaciones en Diseño y Urbanismo de la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Quito. Este programa piloto sirvió para que por primera vez se reunieran en un foro representantes de más de 50 comunidades de bajos recursos de todo Ecuador. Se discutieron ambigüedades en torno a la formulación e implementación de políticas de tierra urbanas, así como las causas e impactos de estas políticas en el uso y regulación de la tierra. Particularmente, se prestó atención al acceso equitativo a la propiedad de la tierra, el acceso a viviendas y a la construcción de ayuda propia en las periferias urbanas.
El ministro de la vivienda y desarrollo urbano de Ecuador dio inicio a la primera sesión. Un grupo de académicos, consejeros de políticas profesionales, autoridades gubernamentales locales y nacionales, y líderes de opinión ofrecieron una variedad de talleres de planificación estratégica y presentaciones de panel. El foro contó tanto con discusiones conceptuales como prácticas sobre la legislación de tierras urbanas, donde se reconoció la evidente falta de información acerca de políticas de tierra a nivel de las bases.
Muchas preguntas subrayaron la situación de Ecuador, donde la inseguridad personal, del hogar y de la tierra frecuentemente llevó a la violencia y los desalojos. Este importante tema sirvió para resaltar la preeminencia de los derechos humanos en el debate sobre las tierras urbanas, y para reforzar la necesidad urgente de tomar en cuenta una amplia gama de políticas públicas y mecanismos de planificación. Además de incentivar redes de organización entre los pobres urbanos y alianzas con otros líderes de movimientos populares y locales, en el foro se exploraron estrategias para construir solidaridad entre los diversos sectores.
La última sesión contó con la asistencia de alcaldes de otras ciudades latinoamericanas, y se concluyó que las fuerzas que afectan a los residentes urbanos de bajos recursos en Ecuador son sorprendentemente similares a lo largo de toda la región. Una clara lección es que el acceso a la información es imprescindible si se quiere permitir que cada comunidad e individuo influencie la formulación e implementación de políticas de tierra urbanas sobre una base de participación democrática. Un inventario de casos de estudio comparativo en prácticas de uso comunitario de la tierra será incorporado en programas de seguimiento para asistir a funcionarios públicos y administradores en las futuras planificaciones y gestiones de políticas para el uso de la tierra.
El foro de Quito es un ejemplo de la meta educativa del Instituto Lincoln de proporcionar un mejor conocimiento a los ciudadanos afectados por las políticas de tierra urbanas. Uno de los resultados fue “El documento de Quito”, un resumen de las estrategias a que se llegó por consenso entre los participantes. El reto de convertir el consenso de ellos en acciones será la prueba verdadera del programa piloto. El instituto podría también colaborar con el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe para desarrollar una agenda común de educación, investigación y publicaciones. Los resultados ayudarían a ampliar las discusiones de problemas a nivel de las bases y a mejorar las formas en que los funcionarios públicos y los líderes populares pueden trabajar en conjunto para generaran políticas más efectivas.
Sonia Pereira es miembro visitante del Instituto Lincoln. También es abogado ambientalista, biólogo, psicólogo social y activista de derechos humanos. Su trabajo sobre protección ambiental en comunidades de bajos recursos del Brasil ha sido ampliamente reconocido. Es Citizen of the World Laureate (Universidad Mundial de la Paz, 1992) y Global 500 Laureate (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, 1996).
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In June 2002, about 300 urban design practitioners, writers, ecologists, grassroots activists and students gathered in New York City for “The Humane Metropolis: People and Nature in the 21st Century—A Symposium to Celebrate and Continue the Work of William H. Whyte.” The Ecological Cities Project at the University of Massachusetts, Amherst, organized the event with a grant from the Lincoln Institute and additional support from the Wyomissing Foundation, the National Park Service, the U.S. Forest Service, and Laurance S. Rockefeller, a longtime friend and supporter of Whyte’s work.
The symposium was held at the New York University Law School in consultation with NYU faculty, representatives of organizations and programs that continue Whyte’s work, including the Regional Plan Association, Project for Public Spaces, the Municipal Art Society, Trust for Public Land, and the Chicago Openlands Project, and with his widow, Jenny Bell Whyte, and their daughter, Alexandra Whyte. The University of Pennsylvania Press released a new edition of Whyte’s 1956 classic study of postwar suburbia, The Organization Man, at the symposium reception.
William H. “Holly” Whyte (1917-1999) was one of America’s most influential and respected commentators on cities, people and open spaces. Through his writings, particularly The Organization Man (1956), The Last Landscape (1968), and City: Rediscovering the Center (1988), he taught a generation of urban designers to view cities as habitats for people, rather than simply as economic machines, transportation nodes, or grandiose architectural stage-sets. As the United States approaches 300 million residents, of whom four-fifths live in cities or suburbs, Whyte’s vision of people-centered urban communities has never been needed more. And it seems safe to assume that this vision would today also incorporate recent insights on urban ecology and sustainability, in short a symbiosis of people and nature.
“The Man Who Loved Cities”
Norman Glazer (1999) described Holly Whyte as “The man who loved cities . . . one of America’s most influential observers of the city and the space around it . . .” Whyte gloried in parks, plazas, sidewalks and other pedestrian spaces that invite schmoozing (a Yiddish term he popularized) or simply encountering other people. Conversely, he deplored urban sprawl (apparently his term), particularly the waste of land, ugliness and isolation of tract development on the urban fringe. I stated in opening remarks the overriding premise of both the symposium and the book to follow:
Contrary to the trend toward privatization, security and “gatedness” so well documented by Dean Blakely [Blakely and Snyder 1997], twenty-first-century America needs a strong dose of Holly Whyte; namely, we need to rediscover the humanizing influence of urban shared spaces. “The Humane Metropolis” for present purposes means urban places that are “more green, more people-friendly, and more socially equitable.”
A native of the Brandywine Valley in eastern Pennsylvania, William H. Whyte, Jr., graduated from Princeton in 1939 and fought at Guadalcanal as an officer in the U.S. Marine Corps. Shortly after the war, he joined the editorial staff of Fortune magazine in New York, where he began to examine the culture, life style and residential milieu of postwar suburbia, leading to his 1956 classic The Organization Man. Among other findings, this book argued that the spatial layout of homes, parking, yards and common spaces is a key factor in promoting or inhibiting social contacts, helping to account for patterns of friendships versus isolation. Thus began a lifetime career devoted to better understanding how people interact in shared or common spaces.
Appalled by rapid development of his beloved Brandywine Valley, Whyte in 1958 co-organized an urban land use roundtable, jointly hosted by Fortune and Architectural Review, which attracted a who’s who of urban planners, economists and lawyers. His subsequent essay on “Urban Sprawl” added both a new term and a sense of urgency to the conversion of rural land for suburban development (Whyte 1957a).
But open space per se is not a panacea. In The Exploding Metropolis (Editors of Fortune 1957), Whyte and Jane Jacobs excoriated urban renewal programs that placed high-rise structures in the midst of amorphous open spaces modeled on Le Corbusier’s Ville Radieuse. In Whyte’s words: “The scale of the projects is uncongenial to the human being. The use of the open space is revealing; usually it consists of manicured green areas carefully chained off lest they be profaned, and sometimes, in addition, a big central mall so vast and abstract as to be vaguely oppressive. There is nothing close for the eye to light on, no sense of intimacy or of things being on a human scale” (Whyte 1957b, 21). And as Jane Jacobs observed in her 1961 classic The Death and Life of Great American Cities, without streets and street life, projects are dangerous as well as boring (and all that green grass was soon covered with old cars).
Whyte left Fortune in 1959 to pursue a broader array of urban projects. His first technical publication on Conservation Easements (1959) became the model for open space statutes in California, New York, Connecticut, Massachusetts and Maryland. In the early 1960s, he served as a consultant to the Outdoor Recreation Resources Review Commission, for which he prepared a 60-page report on Open Space Action (1962). His association with the Commission’s chair, Laurance S. Rockefeller, led to his role as a one-man think tank on urban land problems with the Rockefeller Brothers Fund, which provided him with an office in Rockefeller Center. Whyte also was a member of President Lyndon B. Johnson’s Task Force on Natural Beauty and chaired Governor Nelson Rockefeller’s Conference on Natural Beauty in New York. At the invitation of Donald Elliott, then chair of the New York City Plan Commission, Whyte wrote much of the 1969 Plan for New York City, which was acclaimed by The New York Times and the American Society of Planning Officials (Birch 1986). He also advised the city on revisions to its zoning ordinance, leading to improvement of public spaces established by private developers in exchange for density bonuses (Kayden 2000).
The turbulent year of 1968 yielded three environmental literary milestones: Ian McHarg’s Design with Nature, Garret Hardin’s “The Tragedy of the Commons,” and Holly Whyte’s The Last Landscape. The latter was Whyte’s “bible” for the fast-spreading movement to save open space in metropolitan America. Open space was to the conservationists of the 1960s what anti-congestion was to early twentieth-century progressives, and sustainability and smart growth are to environmentalists today. Whyte’s book embraced a variety of negative effects of poorly planned development, such as loss of prime farmland, inadequate recreation space, urban flooding, pollution of surface and groundwater, aesthetic blight, diminished sense of place, and isolation from nature. The Last Landscape confronted each of these and offered a legal toolbox to combat them, including cluster zoning, conservation easements, greenbelts, scenic roads, tax abatements and so on.
Whyte’s fascination with the social functions of urban space was the focus of his Street Life Project, a long-term study sponsored by the Rockefeller Brothers Fund. Based at Hunter College in Manhattan, where he served as distinguished professor of urban sociology, the project documented social activity in public spaces through interviews, mapping, diagrams and film. That research underlay Whyte’s 1980 book and film titled The Social Life of Small Urban Spaces and his 1988 capstone book, City: Rediscovering the Center.
From Park Forest in the 1950s to New York City in the 1980s, Whyte was a diehard urban environmental determinist. He believed that the design of shared spaces greatly affects the interaction of people who encounter each other in those spaces, and their resulting sense of well-being or discomfort in urban surroundings. This in turn helps to shape the success of cities and suburbs as congenial or alien environments for the millions who inhabit them. Paul Goldberger, architectural critic for The New Yorker, writes in his Foreword to The Essential William H. Whyte (LaFarge 2000):
His objective research on the city, on open space, on the way people use it, was set within what I think I must call a moral context. Holly believed with deep passion that there was such a thing as quality of life, and the way we build cities, the way we make places, can have a profound effect on what lives are lived within those places.
Celebrating and Continuing Holly Whyte’s Work
A major goal of the symposium was to revisit Holly Whyte’s work, which anticipated many of the ideas behind smart growth and new urbanism, and reintroduce him to a younger generation of planners and urbanists. This goal was accomplished during the opening sessions through personal tributes by friends and family (Donald Elliott, Amanda Burden, Fred Kent, Eugenie Birch, Lynden B. Miller and Alexandra Whyte) and fellow urban writers (Charles E. Little, Paul Goldberger and Tony Hiss). Planners Frank and Deborah Popper and environmental historian Adam Rome offered perspectives on Holly as viewed from the twenty-first century. A second goal was to trace the influence of his work in contemporary efforts to make cities and suburbs more livable and more humane, which was accomplished through an address by Carl Anthony of The Ford Foundation, and his introduction by Robert Yaro of the Regional Plan Association. Subsequent sessions, both plenary and concurrent, reviewed a variety of initiatives in New York City and around the nation that carry on the spirit of Holly Whyte. Session topics included:
Some of these topics departed somewhat from Whyte’s own areas of focus, but the organizers felt that he would have applauded the inclusiveness of our agenda. He no doubt would have added many topics, such as urban gardens, green roofs, brownfield reuse and ecological restoration, if he were here to write a sequel to The Last Landscape today. In particular, no appraisal of current approaches to making cities more humane would be adequate if it failed to consider issues of social justice in relation to urban sprawl and inner-city land use or abuse.
Next Steps
The symposium deliberately closed without the usual “Where do we go from here?” session, but the next major task is to produce an edited volume of selected papers presented at the symposium, and possibly a film. We hope “The Humane Metropolis” (symposium and book) will provide a template for regional symposia in other cities and metropolitan regions of the U.S. These could be locally funded and planned with guidance as requested from the Ecological Cities Project and its allies across the country.
An elusive but critical function of events like “The Humane Metropolis” is the energizing of participants through sharing of experience and specialized knowledge. Feedback from speakers and attendees indicates the symposium stimulated new contacts among participants from different disciplines and geographic regions. In particular, it seems to have well served a key goal of the Ecological Cities Project, to promote dialogue between urbanists and natural scientists. According to Peter Harnik, director of Trust for Public Land’s Green Cities Program, “You are on the cutting edge of an up-and-coming topic that is given almost no attention by anyone else—since urban experts rarely talk about nature, and conservationists virtually never talk about cities.” As the consummate synthesizer of things urban, Holly Whyte should be beaming with approval.
Rutherford H. Platt is director of the Ecological Cities Project at the University of Massachusetts, Amherst, and organizer of the symposium and related activities. The full list of speakers and other information about the symposium may be found at http://www.ecologicalcities.org.
References
Birch, E. L. 1986. The Observation Man. Planning (March): 4-8.
Blakely, E. J. and M. G. Snyder. 1997. Fortress America: Gated Communities in the United States. Washington, DC: Brookings Institution Press and Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Daily, G C., ed. 1997. Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Systems. Washington, DC: Island Press.
Editors of Fortune, 1957. The Exploding Metropolis. Garden City, NY: Doubleday Anchor.
Glazer, N. 1999. The Man Who Loved Cities. The Wilson Quarterly (Spring) 23(2): 27-34.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-1248.
Jacobs, J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House Vintage.
Kayden, J. 2000. Privately Owned Public Space: The New York City Experience. New York: Wiley.
LaFarge, A., Ed. 2000. The Essential William H. Whyte. New York: Fordham University Press.
McHarg, I. 1968. Design with Nature. New York: Garden City Press.
Whyte, W. H. 1956. The Organization Man. Garden City, NY: Doubleday. Republished in 2002 by the University of Pennsylvania Press.
_____. 1957a. Urban Sprawl in Editors of Fortune, The Exploding Metropolis. Garden City, NY: Doubleday Anchor.
_____. 1957b. Are Cities Un-American? in Editors of Fortune, The Exploding Metropolis. Garden City, NY: Doubleday Anchor.
_____. 1959. Conservation Easements. Washington, DC: Urban Land Institute.
_____. 1962. Open Space Action. Study Report 15 prepared for the Outdoor Recreation Resources Review Commission, Washington, DC.
_____. 1968. The Last Landscape. Garden City: Doubleday. Republished in 2001 by the University of Pennsylvania Press.
_____. 1980. The Social Life of Small Urban Spaces. Washington, DC: The Conservation Foundation. Reprinted by Project for Public Spaces, Inc.
_____. 1988. City: Rediscovering the Center. Garden City, NY: Doubleday.
(Picture of Holly White taken by Kelly Campbell)
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In its short history, European spatial planning has been through several iterations, and the Lincoln Institute of Land Policy has supported many related activities that document that process, as well as the participating individuals and entities. Following a course held in Cambridge in 2001, the Institute published the book European Spatial Planning (Faludi 2002) on the movement’s early years when the European Union (EU) had no particular planning mandate. Rather, the European Spatial Development Perspective (ESDP) was an initiative of the member states, supported by the European Commission.
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An architect who specializes in urban and regional planning, Eduardo Reese is the deputy administrator of the Institute for Housing of the Province of Buenos Aires, Argentina. In previous professional positions he provided technical advice for the master plans of more than 20 cities in Argentina; was secretary of socioeconomic policies at the Ministry of Human Development and Labor of the Province of Buenos Aires; adviser for the Urban Planning Counsel of the City of Buenos Aires; and planning secretary in the City of Avellaneda.
Reese also teaches at the Conurbano Institute at the National University General Sarmiento in Buenos Aires. Currently he is a professor of urban management in the Institute’s B.A. program in urbanism. He also teaches urban development at master’s programs at the School of Architecture, Urbanism and Design of the University of La Plata, as well as at universities in Mar del Plata and Córdoba. In addition, he directs the master planning of the Matanza-Riachuelo watershed in Buenos Aires.
Land Lines: How long have you been involved with the Institute’s Latin America Program?
Eduardo Reese: My relationship dates back to 1997 when we were drafting the plan for the City of Córdoba, which included several large-scale urban projects. We worked to expand the debate about the impacts of these projects on the land market and, consequently, on shaping the city. I continued to participate in various activities, and four years ago I took over the coordination of the annual lectures of the Land Management in Large Urban Projects series, following the death of Mario Lungo, who had led that program for many years.
In 2004, in conjunction with the Conurbano Institute of the National University of General Sarmiento, we conducted a course on Land Markets: Theory and Tools for Policy Management, which was the first one involving a seven-month training program for 50 Argentine students. That educational experience helped create a critical mass of technicians and professionals with an innovative vision toward the management of land policies. The program’s impact has been reflected in urban policy decisions in different municipalities (such as San Fernando and Morón in Greater Buenos Aires); in the Argentine Constitution; in the Urban Reform Movement in 2005; and in academic changes at the Conurbano Institute itself.
Land Lines: What role can large urban projects play in the quality of life of Latin American cities?
Eduardo Reese: Large-scale projects in defined sectors of the city (both central and peripheral areas) have been great protagonists of contemporary urbanism in the past quarter century. Today in Latin America there are many types and sizes of projects, even though more rigorous theoretical thinking is still needed. Important examples are the Bicentennial Portal (Portal del Bicentenario) projects in Santiago de Chile; the Integral Urban Projects (Proyectos Urbanos Integrales) in Medellín, Colombia; urban operations in different cities of Brazil; and the restructuring project in the northwestern sector of San Fernando (Argentina).
Large-scale urban operations as instruments of intervention in the city have been implemented for many decades. In Buenos Aires, for instance, the Avenida de Mayo and the Diagonals, which were planned around 1880, had important impacts on physical space as well as in social, economic, and symbolic aspects. This approach of multiple impacts undoubtedly allowed better assimilation of the Avenida de Mayo, but it also generated a huge debate over who should finance the operation and who would appropriate the land rents generated. Ultimately the Supreme Court ruled that the municipality could not finance the work with the surplus created because the rents belonged entirely to the landowners. For many years this case set a judicial precedent regarding the state’s intervention in the process of valuing land generated by a large-scale public project.
Land Lines: You have a critical view on the widely acclaimed Puerto Madero urban regeneration project in Buenos Aires. What would you do differently in other large redevelopment areas?
Eduardo Reese: Puerto Madero is emblematic of urban projects that promote a model of segregated urban planning and are now being “exported” to other countries as a basic tool to compete for international investment. In this project the state submitted to the market and allowed the construction of an exclusive neighborhood for very high-income sectors. It is a notorious example of public policy explicitly designed to favor the wealthy segments without any recovery of the huge land valuations that were the product of public policy.
Moreover, to guarantee investors an overvaluation of the properties they purchased, the venture has a number of features that cut it off (physically and socially) from the rest of the city, creating even greater value because of its segregation. Puerto Madero has no external wall, as gated condominiums have, but rather multiple implicit, explicit, and symbolic signals that clearly indicate this place is off limits to most of society.
In the end, Puerto Madero is a clear demonstration of the regressive distribution of urban planning and public policy: a trouble-free ghetto for the rich.
Land Lines: As municipalities continue to compete for outside investments, is it possible to reconcile alternative objectives such as social and environmental priorities?
Eduardo Reese: The problem in our cities is not the lack of planning, but the current exclusionary pattern of planning policies. There cannot be one law for the formal city and exceptions for the rest. It is necessary to create a new urban and legal order in Latin America based on the right to the city, the equitable sharing of the benefits of urbanization, and the social function of land ownership.
Land Lines: How does the municipality of San Fernando in the Buenos Aires metropolitan area offers an alternative to this approach?
Eduardo Reese: San Fernando is located some 30 kilometers (km) north of Buenos Aires, with a land area of 23 square km and a population of 156,000 inhabitants. A 5 km long riverside faces the Río Luján and another part of the city faces the mouth of Río de la Plata, where productive nautical activities are concentrated. This privileged location has high property values and all urban services.
The plan and model of urban land management in the city began in 2003 through an agreement between the municipality and the Conurbano Institute. In 2005, a Lincoln Institute training seminar helped broaden the local debate on land management, which led to a series of major decisions:
The urban policy focused on a set of action strategies including (1) ensuring accessibility to new public spaces for recreational, sports and commercial purposes on the riverside, especially for the use and enjoyment of the poor; and (2) the comprehensive regularization of the western sector of the municipality, where most poverty is concentrated.
To implement these strategies it was necessary to increase fiscal resources for public investment in two ways: appropriation of the profitability of land use or municipal land on the riverside through the creation of the Consortium San Fernando Marina Park Company (PNSFSA) and participation of the municipality in the surplus generated from municipal tax reform. (PNSFSA is a company created by the municipality of San Fernando to manage the riverside of the northwest sector of the city, defined as Marina Park.)
The experience of San Fernando is based on a set of management tools within an urban plan focused on the redistribution of income to build a more equitable city. Land is considered a key asset within a wider strategy of local development and, therefore, management relies on a broad mix of planning, administrative, economic, fiscal, and legal instruments aimed at strengthening the role of the public sector. The core axis of policies is the search for equity in the distribution of the costs and benefits of urbanization, within the challenging context of growing pressure on land throughout metropolitan Buenos Aires.
Land Lines: What could or should be changed in the educational system that trains urban planners and managers in Latin America?
Eduardo Reese: First, it is necessary to incorporate a greater understanding of the functioning of land markets in the present context of developing and shaping cities. Second, a more critical analysis is needed of adequate theoretical, methodological and technical instruments to undertake diagnosis and intervention in urban land issues. The 2004 course on Land Markets that I described earlier attempted to develop these kinds of materials to enable students to cover the different scales and dimensions of the problem.
Land Lines: What tensions exist between private and public interests in urban planning?
Eduardo Reese: This is a critical question because the whole history of urban land management has had a common thread: the rights of private ownership of land and the structure of ownership have always come into conflict with urban planning activity, which is a public responsibility. In that sense, there will always be tension between public and private interests in building the city.
In my view, urban projects in Latin America have the responsibility to contribute not only to the creation of new spaces for public use and enjoyment, employment generation and environmental sustainability, but also social inclusion, equity in the access to services and the redistribution of urban rents generated by the project. The four cases on Chile, Colombia, Brazil, and Argentina mentioned earlier show that these benefits are possible in many contexts.
However, instead many urban projects have been justified as necessary to attract investment and/or consumers and to ensure or reinforce the dynamic competitive advantages of the city. These undoubtedly positive goals are sometimes used as a mechanism to legitimize interventions that deepen the serious sociospatial segregation of cities. Such adverse effects of the market are not fatal to the city, but are the outcome of perverse political choices.
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Jay Espy joined the Elmina B. Sewall Foundation as its first executive director in January 2008. Based in Brunswick, Maine, the foundation focuses on the environment, animal welfare, and human well-being, primarily in Maine.
For the prior two decades, Espy served as president of Maine Coast Heritage Trust, a statewide land conservation organization. During his tenure, the Trust accelerated its land protection efforts along Maine’s entire coast by conserving more than 125,000 acres and establishing the Maine Land Trust Network, which helps build capacity of local land trusts throughout Maine. He also led the Trust’s successful Campaign for the Coast, raising more than $100 million for conservation and doubling the amount of protected land on Maine’s coast and islands.
Espy received his A.B. from Bowdoin College and master’s degrees in business and environmental studies from Yale’s School of Management and its School of Forestry and Environmental Studies. He serves on the board of the Maine Philanthropy Center and the Canadian Land Trust Alliance. He is a former chair of the Land Trust Alliance, a national organization serving land trusts throughout the United States. In October 2010 he was named the Kingsbury Browne Fellow for 2010–2011 through a joint program of the Land Trust Alliance and the Lincoln Institute.
Land Lines: How did you first become involved in the field of land conservation?
Jay Espy: Early in my senior year at Bowdoin College a wonderful placement counselor pointed out that some real-world experience might be useful in helping me secure gainful employment. I landed an internship documenting seabirds in Maine’s Casco Bay as part of an oil spill contingency planning project. This experience kindled an intense passion for the Maine coast and set the stage for my professional career. Following a stint working for an environmental consulting firm, graduate study in business, forestry, and environmental science at Yale, and several more internships, I was thrilled to accept an entry-level job at Maine Coast Heritage Trust (MCHT) in Topsham. At the time MCHT was a small statewide land trust and a great “school of hard knocks” for an aspiring 20-something conservationist with virtually no credentials.
Land Lines: What are some of the most significant land conservation projects in which you have been involved?
Jay Espy: In the late 1980s a 12,000-acre parcel of coastal land in far Down East Maine near the Canadian border was put up for sale by a major corporation divesting all of its timberland holdings in the northeastern United States and Maritime Canada. This was the largest remaining undeveloped block of coastal land in Maine, and one of the largest anywhere on the eastern seaboard. MCHT had never before faced such an exciting or daunting challenge.
In partnership with the State of Maine, The Conservation Fund, and the Richard King Mellon Foundation, MCHT led an effort to acquire the property and to work with local and state officials on a plan to conserve the land while incorporating appropriate working forest management, recreational trail development, and affordable housing in the Town of Cutler. Although we didn’t know it at the time, we were doing “community conservation” by engaging a wide range of constituents with varying interests. This project also put MCHT in the business of landscape-scale conservation. Dozens of projects have since been completed in that region, known as Maine’s Bold Coast. More than 20 miles of breathtaking shoreline are now accessible to the public and provide economic opportunities for the community.
I feel privileged to have helped protect many other lands, both large and small. Marshall Island, a 1,000-acre gem 15 miles offshore from the Blue Hill peninsula, was once slated for major development, but now has an extensive coastal trail system developed by MCHT. Aldermere Farm in Camden and Rockport is an iconic saltwater farm. Albert Chatfield began raising Belted Galloway cattle here in the 1950s, and the farm has been home to an award-winning breeding herd ever since. Following donation of the property in 1999, MCHT has greatly expanded farm programs for local youth and the community in general and protected additional nearby lands that are being used to support the growing local food movement.
Land Lines: When did you become aware of the Lincoln Institute’s work in land conservation, and how have you been involved in our programs?
Jay Espy: The timing of my entry into the conservation field was most fortuitous. Within months of joining MCHT, I was invited to a gathering of conservation professionals at the Lincoln Institute, co-hosted by the Land Trust Alliance (then known as the Land Trust Exchange). I had previously met Kingsbury Browne very briefly at a conference in Washington, DC, but at that gathering I had the chance to spend a full day with him and some of the other revered leaders of the modern land conservation movement.
Over the course of many years, the Lincoln Institute became a “watering hole” for conservationists, many of them originally assembled by Kingsbury, and they became valued mentors to me as I learned the trade. The Institute has continued to be a place where creative minds gather to innovate and where cutting-edge research and communication for the broader conservation community are encouraged. I am honored to be part of that legacy as a Kingsbury Browne Fellow.
Land Lines: What do you see as future trends in land conservation?
Jay Espy: The conservation field is growing, changing, and maturing in what I believe is a very healthy way. Not long ago many of us in the field thought land conservation was all about the land. I well remember early land trust brochures full of pictures of beautiful landscapes, but entirely devoid of people. Fortunately, that’s no longer true.
Today, most of us in the movement understand that land conservation is about land and people. It’s about how our communities benefit from healthy ecosystems; how outdoor recreational opportunities close to home combat youth inactivity and obesity; how protected farmland contributes to food security and the availability of nutritious local food; how outdoor spaces incorporating local arts and entertainment contribute to vibrant downtowns; how clean water, forestland, and a host of other sustainably managed natural resources support economic development and jobs; and how well-managed land allows each of us individually and collectively to live richer, fuller lives.
All across the country, the silos that have separated the work of conservation, public health, arts, education, hunger, housing, food production, and economic development are coming down. I’m encouraged by this trend. Our work today will only stand the test of time if it has direct and tangible benefit to people over many decades. Collaborative engagement of those with wide and varied interests seems an essential ingredient in any successful recipe for enduring conservation.
Land Lines: How can the challenges of funding conservation become opportunities?
Jay Espy: We do face many challenges on the funding front. Public funding from traditional federal and state government sources has been declining, private foundations have seen the corpus of their endowments erode, and individual donors have been understandably more conservative with their philanthropic investments as the markets have seesawed. As a result, fewer of the mega-scale land deals requiring tens of millions of dollars that we saw in the late 1990s and early 2000s are being launched today.
That said, there is still a great deal of very important conservation work being funded around the country. Public support for local conservation remains high, with most local bond initiatives continuing to pass by wide margins. Foundation and individual giving for conservation has not tanked as many feared. Funders remain supportive, but have become more discerning. Also, conservation projects that address multiple human interests and engage multiple partners appear to be attracting new, nontraditional sources of support. I recently spoke with a health funder who views securing more land for public recreation as a critical preventative healthcare measure. Funding for farmland conservation has also grown substantially in recent years, fueled in part by the explosive popularity of the local food movement.
Land Lines: Can you share some examples of innovative land conservation successes?
Jay Espy: In a remote area of eastern Maine, the Downeast Lakes Land Trust has been working for more than a decade to protect large swaths of forestland with extensive shore frontage near the community of Grand Lake Stream. These lands and waters have supported the timber and recreation-based economy for more than a century. With the decline in the paper and pulp industry, several large commercial timber holdings have been sold.
Rather than simply wait for the inevitable development of seasonal vacation homes and resulting loss in local culture, the community has worked in remarkable ways to acquire tens of thousands of acres and miles of shore land for use as a revenue-generating forest, wildlife preserve, and remote recreational areas. Local business owners, fishing and hunting guides, representatives from state and federal agencies, members of the Passamaquoddy Indian Tribe, and elected officials from the local to the national levels have all joined forces with the land trust to acquire these properties and manage them for sustainable timber revenue, as well as for other traditional uses, including hunting, fishing, camping, and paddling.
In the central Maine town of Skowhegan, an enterprising young woman has acquired an old county jail, which she is converting into a grain mill. Once operational, the mill will process approximately 600 tons of grain annually, an amount requiring roughly 600 acres of farmland cultivated in grain crops. This area of Maine was once a thriving wheat-growing region, and is purported to have supplied the Union troops with a substantial portion of their bread during the Civil War. Located in the heart of town, the parking lot of the old jail already serves as the site of a successful local farmers market. A commercial kitchen and several food and crafts business are co-locating in the jail, helping to create a “food hub.”
Skowhegan is the county seat of one of the most impoverished counties in Maine. Could the food hub start to change the fortunes of this region? Could a growing demand for grain stem the tide of farmland loss and result in more farmland acres being conserved and cultivated? Signs suggest the answer is to both questions is “yes.” I think what’s happening in Skowhegan is a wonderful example of the new face of conservation. It’s not yet readily recognizable, but I suspect we’ll get to know this community-based approach better in the years ahead.
Land Lines: What are your expectations about the role of conservation in the current volatile economy?
Jay Espy: I’m quite optimistic because adversity has a way of bringing people together. With less, we’re learning how to work collectively to do more. As more people participate in conservation, develop relationships with and around land, and experience the positive impact those relationships bring to their lives, I’m convinced we will see even more widespread, meaningful, and durable conservation achievements. Land, people, and community are all deeply intertwined. Ironically, these trying times may be accelerating the inevitable transformation of conservation into an endeavor that benefits even more people and more aspects of community life.
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Por cada nota periodística sobre turismo que muestra el paraíso caribeño de Barbados, con sus aguas tranquilas besando las playas de fina arena, hay también una noticia inquietante sobre un huracán en ciernes. Las Antillas Menores, un archipiélago de islas pequeñas que forman una media luna en el este del Mar Caribe, han sido siempre particularmente vulnerables, inmersas en las volubles aguas del Océano Atlántico. En 1776, el huracán Pointe-à-Pitre azotó la colonia francesa de Guadalupe y mató a 6.000 personas, resultando ser la tormenta atlántica más mortífera de la historia hasta ese momento. Cuatro años más tarde, el Gran Huracán de 1780 golpeó con más fuerza aún, tocando tierra en Barbados y después haciendo estragos en las islas vecinas, matando a casi 20.000 personas y destruyendo las flotas de Gran Bretaña y Francia en el punto álgido de la Revolución Norteamericana. Dos siglos y docenas de tormentas más tarde, el Huracán Iván, si bien no tan mortífero, devastó Granada en 2004, dejando su parlamento en ruinas y dañando el 85 por ciento de las estructuras de la isla.
En décadas recientes, los cambios climáticos han intensificado las amenazas para la región. Las estrategias empleadas en los EE.UU. cuando el Huracán Katrina o la Supertormenta Sandy no son particularmente relevantes para estas islas frágiles pero dinámicas de las Antillas Menores, desde Puerto Rico en el norte a Trinidad y Tobago en el sur. Con economías dependientes del turismo y una cantidad extremadamente limitada de suelos desarrollables, particularmente en las islas montañosas, este popurrí de países independientes, territorios dependientes y colonias extranjeras comparte un desafío común en el uso de su suelo: cómo manejar los patrones de desarrollo inmobiliario orientados a la costa y al mismo tiempo controlar la amenaza creciente del ascenso del nivel del mar.
Hay una isla en la región que sobresale por su capacidad excepcional para reconocer y prepararse para la crecida de la marea: Barbados, una isla con forma de pera, se ha convertido en un líder del Caribe en gestión integrada de la zona costera, la práctica contemporánea de integración de sectores, niveles de gobierno y disciplinas para administrar la zona costera, tanto en el agua como en tierra firme. El uso de suelos costeros y la gestión medioambiental son siempre temas contenciosos en una pequeña isla. Pero, como señaló una vez el exSecretario General de la ONU, Kofi Annan, en analogía con el boxeo: “Barbados golpea con mucha más fuerza de lo que corresponde a su peso”. A casi 50 años de su independencia, este país isleño ha utilizado una combinación de previsión, respaldo internacional y capacidad local para desarrollar instituciones de planificación y prepararse para un futuro incierto.
Del azúcar a los amantes del sol
Hoy en día, Barbados es famoso como destino turístico internacional de alto nivel, con sus playas de característica arena blanca, agua cálida de color aguamarina y sol abundante a lo largo de sus 100 kilómetros de costa. Casi 300.000 personas viven en esta isla de 430 kilómetros cuadrados; el 44 por ciento de la población vive en zonas urbanas, centradas en Bridgetown, y a lo largo de las costas desarrolladas del sur y el oeste. Con un PIB per cápita de US$23.600 y alfabetismo casi universal, Barbados está en el puesto 38 del mundo, y primero del Caribe, según el Índice de Desarrollo Humano de 2013 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Sobre la base de su arena y oleaje, el 80 por ciento de US$4.400 millones de PIB de Barbados proviene del turismo y las industrias de servicios.
Pero esta evolución ha sido reciente, y forma parte de un patrón similar de desarrollo en todo el Caribe, consecuencia de los movimientos independentistas y la llegada de la aviación comercial. Originalmente habitada por una población nativa amerindia, por primera vez en 1627 se asentaron en Barbados los ingleses, quienes rápidamente la convirtieron en uno de los productores principales de azúcar del mundo. La historia colonial de Barbados es inusual para la región; a diferencia de muchas otras islas del Caribe, colonizadas por múltiples potencias europeas, Barbados permaneció bajo bandera británica hasta su independencia en 1966, adoptando el seudónimo de “Pequeña Inglaterra”.
La economía colonial fue un modelo clásico de comercio para enriquecer a la metrópolis. Los ingleses importaron esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, refinerías de melaza y destilerías de ron. Como resultado, el 90 por ciento de la población actual de Barbados es de ascendencia africana. Después de la independencia, la cosecha de azúcar, ya empobrecida, que sufría las fluctuaciones comunes de todo monocultivo, se hizo aún menos confiable a medida que la presión para liberalizar el comercio llevó al Reino Unido y más tarde a la Unión Europea a ir reduciendo lentamente los subsidios y precios preferenciales.
Al mismo tiempo, Barbados invirtió con fuerza en sus servicios de turismo, lo cual modificó el foco de su desarrollo. Históricamente, la isla fue en su mayor parte rural, con plantaciones de caña de azúcar en el interior del país, que también era el lugar donde vivían los esclavos y más adelante los aparceros itinerantes que cargaban con casas móviles de madera tipo “chattel”, la arquitectura vernácula de Barbados. En la costa se encuentra Bridgetown, el puerto principal, donde un río navegable desemboca en el mar, y otros pueblos más pequeños y villas de pescadores. Un puerto de aguas profundas excavado en 1961 también sentó las bases para la llegada de cruceros. El número creciente de turistas necesitaba de hoteles, balnearios, restaurantes, tiendas y bares, todos a escasos metros del mar. Este impulso llevó al desarrollo de franjas costeras, entre el aeropuerto y Bridgetown, en la costa sur y a lo largo de la costa oeste, donde las aguas son más calmas y se encuentran los encantadores poblados de Holetown y Speightstown. Para la década de 1990, el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados recibía vuelos regulares de British Airways desde Londres en uno de los pocos jets Concorde supersónicos existentes.
La respuesta local a la crecida de las aguas
Ubicada un poco al este del arco principal de las otras islas del este del Caribe, fuera del cinturón de huracanes del Atlántico, Barbados tiene una ventaja meteorológica. Si bien sigue siendo susceptible a grandes tormentas, experimenta muchos menos huracanes que sus vecinos del noroeste. Sin embargo, cualquier amenaza a las playas y corales que rodean Barbados podría tener consecuencias devastadoras, dada la dependencia económica de la isla de su costa. Su bienestar se ve amenazado por el lento aumento del nivel del mar, asociado a las posibles mareas tormentosas si la isla sufriera incluso sólo tangencialmente un huracán importante. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tiene pruebas concluyentes de que tras un período de varios siglos con casi ningún cambio, se ha producido un aumento en el nivel mundial del mar en el siglo XX, y que esta tendencia se está acelerando en el siglo XXI. En agosto, el IPCC dijo que los niveles del mar podrían crecer más de un metro para el año 2100.
Los pequeños países-isla, que nunca han contribuido significativamente a las emisiones de carbono, sufren un impacto desproporcionado debido al cambio climático mundial producido por la industrialización moderna en el resto del mundo. Los cambios en los patrones climáticos han producido una gran cantidad de tormentas importantes, un aumento de las temperaturas mundiales, y el derretimiento de los hielos polares, contribuyendo al aumento en el nivel del mar. Mientras que los países industrializados más grandes, como los Estados Unidos, China y los países de Europa Occidental, también han sido afectados por el aumento en el nivel del mar, la proporción vulnerable de estos países es minúscula en comparación con las áreas susceptibles de Barbados. La incapacidad del mundo desarrollado para comprender el impacto y las consecuencias de su comportamiento, como lo demuestra la inacción política en temas como los acuerdos de intercambio de créditos de carbono (cap-and-trade), ha forzado a los países en vías de desarrollo a actuar ahora o confrontar un futuro lleno de peligros.
Paradójicamente, el historial imperial de Barbados —con frecuencia una carga en los países poscoloniales— ha sido una ventaja, ya que la isla tiene una historia prolongada e ininterrumpida de planificación urbana y rural al estilo británico. Como el Reino Unido, Barbados está dividida administrativamente en parroquias, y las leyes modernas de desarrollo se basan en la Ley de Planificación Urbana y Rural (Town and Country Planning Act) de Gran Bretaña de 1947. Cuando declaró su independencia, Barbados estableció su propio plan maestro con la Orden de Desarrollo de Planificación Urbana y Rural de 1972. En la actualidad, toda la construcción en la isla es supervisada por la Oficina de Planificación de Desarrollo Urbano y Rural (Town and Country Development Planning Office, o TCDPO), y el jefe de planificación urbana reporta directamente al primer ministro.
El desarrollo inmobiliario de la isla está guiado por el Plan de Desarrollo Físico de 1988. Desde la enmienda al documento de 2003, se ha producido un giro hacia el desarrollo sostenible, no solo como lema, sino como una visión integral del gobierno de la isla. En un discurso dado en una conferencia en 2008, el anterior primer ministro, David Thompson, reseñó algunas de las ideas centrales del plan: proteger los recursos naturales, agrícolas y culturales; promover los centros y corredores de uso mixto para alentar una economía diversificada, mantener el centro de Bridgetown como eje financiero y comercial; y estimular el turismo modernizando las viejas propiedades costeras y desarrollando nuevos emprendimientos. El primer ministro actual, Freundel Stuart, ha continuado con este empuje de sostenibilidad, tal como lo demuestra su participación en paneles de alto nivel en la Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 de las Naciones Unidas el año pasado.
Hacia finales de la década de 1970, los dueños de propiedades individuales comenzaron a notar que la erosión costera afectaba sus terrenos. Los medios de comunicación comenzaron a insistir en este tema, de forma concurrente con el impulso del turismo, que se estaba convirtiendo rápidamente en la fuente principal de reservas de divisas extranjeras. Motivado por esta erosión costera —pero también preocupado por eventos catastróficos como huracanes, terremotos, marejadas, erupciones volcánicas y derrames de petróleo— el gobierno de Barbados inició un estudio de diagnóstico de factibilidad en 1981, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su Programa de Conservación Costera. El estudio se centró en las costas oeste y sur, ya que estas áreas de la isla tenían el mayor potencial para la infraestructura turística. Al mismo tiempo, el gobierno estableció temporalmente una Unidad de Proyecto de Conservación Costera (Coastal Conservation Project Unit, o CCPU), que super-visó el estudio de factibilidad y llegó a una serie de conclusiones sobre las causas de la erosión costera y el daño a las propiedades de la costa. Por ejemplo, como la calidad del agua en el interior de Barbados era mala, su escurrimiento contaminaba el mar y dañaba los arrecifes de coral. Ciertos fenómenos naturales, como las marejadas provocadas por tormentas y los huracanes erráticos ocasionales, también causaban erosión. A su vez, las estructuras de defensa marina existentes habían sido diseñadas de forma deficiente. El estudio del BID sugirió que la CCPU siguiera vigilando las líneas de la costa, brindara asesoramiento al público sobre temas costeros y actuara de consultora de la TCDPO en cuestiones de desarrollo de la costa.
El nacimiento de la Unidad de Gestión de la Zona Costera
La Unidad de Proyecto de Conservación Costera continuó con su mandato por una década, y el gobierno de Barbados, con financiamiento adicional del BID, se embarcó en otro estudio, que recomendó el establecimiento de una unidad permanente para vigilar la zona costera. La Unidad de Gestión de la Zona Costera (Coastal Zone Management Unit, o CZMU) fue creada en 1996 para regular, hacer recomendaciones y educar a la población de Barbados sobre la gestión costera. La CZMU, que sigue recibiendo una gran parte de su financiamiento del BID, se aloja actualmente en el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Drenaje. Como lo sugiere su título, la CZMU gestiona la zona costera, definida como “la zona de transición donde el suelo se une con el agua, la región influenciada de forma directa por los procesos hidrodinámicos marinos, extendiéndose mar adentro hasta la barrera de la plataforma continental, y mar afuera hasta el primer cambio importante de topografía por encima del alcance del oleaje de tormentas importantes”. Por lo tanto, la unidad supervisa los arrecifes de coral alrededor de Bar-bados y todos los proyectos de ingeniería costera, y funciona como asesor de la TCDPO para el desarrollo costero en tierra firme.
La relación entre la CZMU y la TCDPO está marcada por temas del uso del suelo. Cuando la TCDPO recibe una solicitud para desarrollar la zona costera, se la envía automáticamente a la CZMU para su revisión y comentario. Como la industria turística se concentra principalmente en la zona costera de la isla, gran parte de las solicitudes de desarrollo inmobiliario de Barbados pasan por las manos del CZMU. La unidad inspecciona la solicitud para verificar que los retrocesos son correctos: 30 metros de la cota máxima de agua para los emprendimientos a lo largo de la costa, y 10 metros para aquellos a lo largo de los acantilados, medidos tierra adentro de la cota. Además de verificar los retrocesos, la CZMU analiza los requisitos de drenaje, zonas de amortiguamiento, restricciones de cercas y otras reglamentaciones. La CZMU luego hace recomendaciones a la TCDPO sobre la solicitud.
La Directora en Ejercicio de la CZMU, la Dra. Lorna Inniss, que tiene un PhD. en Oceanografía por la Universidad Estatal de Luisiana, alaba este proceso: “Nuestra colaboración interministerial es extremadamente cercana. Tenemos la capacidad para establecer y mejorar la estructura gubernamental que es inclusiva y consultiva por naturaleza”. El proceso gubernamental es admirable por su cooperación y tendencia a derribar silos; desafortunadamente, las recomendaciones de la CZMU son puramente consultivas y no tienen el poder vinculante necesario para que la TCDPO pueda obligar su cumplimiento. Las reglamentaciones de la zona costera no son retroactivas a las incontables propiedades construidas durante el boom del desarrollo de balnearios, y las sanciones para aquellos que las violan siguen siendo muy bajas. Este proceso es lo más cerca que llega Barbados a la evaluación de impacto medioambiental formalizada del modelo de los EE.UU., pero es un primer paso importante para el Caribe. La CZMU y la TCDPO han tenido más éxito al planificar el desarrollo futuro de bajo impacto a lo largo de la costa este más montañosa, por ejemplo, donde el Plan de Desarrollo Físico contempla la creación de un parque nacional.
La CZMU es más efectiva cuando implementa proyectos de ingeniería costera para proteger la línea de la costa y frenar la erosión de las playas. La técnica de conservación más natural es restaurar las dunas y manglares. La plantación de vegetación en las áreas costeras permite la formación natural de dunas y evita las inundaciones debido a marejadas de tormenta, mientras que los manglares absorben la acción de las olas. La alimentación artificial de la playa es una solución rápida y popular, pero es un arreglo caro y poco efectivo, ya que las corrientes y tormentas pueden erosionar fácilmente las playas rellenadas artificialmente.
La CZMU introduce también salvaguardas en la costa con varias intervenciones físicas, como rompeolas, espigones y malecones. Los rompeolas son estructuras de hormigón, enterradas cerca de la playa, que obligan a las olas a romper más lejos de la costa, para que no golpeen directamente sobre la arena. Los espigones son estructuras de roca que penetran en el mar para inmovilizar los sedimentos. Los malecones son el tipo más grande de inter-vención de la CZMU. Diseñados para proteger las áreas más pobladas, estos proyectos de construcción consisten en rocas grandes dispuestas en forma de escollera o una muralla de contención plana de hormigón que puede crear un espacio público atractivo tanto para turistas como residentes, como el Paseo Richard Haynes, financiado parcialmente por un préstamo del BID. Como estas técnicas pueden exacerbar a veces la erosión y requerir un mantenimiento más caro que las intervenciones naturales, su eficacia a largo plazo es discutida, pero en el corto plazo protegen la línea de la costa y la industria turística.
Dada la vulnerabilidad de la isla a las tormentas, los proyectos de ingeniería pueden ser costosos. Inniss, sin embargo, explica: “Tenemos una política de consulta rigurosa a las partes interesadas, y no es simplemente una formalidad. Nuestra temporada alta es de noviembre a abril; en un proyecto reciente en Holetown, los comerciantes nos dijeron que era fundamental que el trabajo se completara antes de noviembre, así que nos apuramos para hacerlo. Cuando hay un espíritu de cooperación mutua, podemos obtener el apoyo del sector privado”. Con un poco de suerte, la CZMU podrá utilizar el capital político obtenido del sector privado en este tipo de proyectos, para conseguir que las reglamentaciones más estrictas sean vinculantes en el futuro.
Para poder obtener apoyo, la CZMU ha lanzado una campaña de gran envergadura para educar a la población de la isla, que a juicio de Inniss es la razón por la cual la CZMU es exitosa, tanto interna como externamente. “Comienza con un alto nivel nacional de educación y alfabetismo — más del 98 por ciento desde hace décadas”. El exsenador Henry Fraser concuerda con ella: “La gente pregunta por qué las cosas funcionan en Barbados. Principalmente se debe al énfasis puesto en educación desde que nos emancipamos. Y porque es un lugar pequeño y muy religioso, en el que la gente vive cerca, con respeto, tolerancia y una ética de trabajo mayor que en otros lados».
Para profundizar la base educativa del enfoque cooperativo de Barbados sobre la gestión de las zonas costeras, la CZMU distribuye un boletín, mantiene una fuerte presencia en los medios sociales, y produce un programa de televisión educativo que explica la historia geológica de la isla y técnicas para aumentar el nivel de conciencia sobre el aumento del nivel del mar y la importancia de la gestión costera. También patrocina muchas actividades, como el Día Internacional de Limpieza de la Costa, las Caminatas en la Playa a la Puesta del Sol, la Serie de Seminarios de Verano y un programa de residencia de verano para estudiantes del nivel secundario y terciario. También da conferencias para escuelas e instituciones educativas, ONG, organizaciones privadas y el público en general.
Próximos pasos y cooperación global
El BID sigue brindando un respaldo importante a los esfuerzos de Barbados. La ayuda más reciente prestada por el banco de desarrollo al país incluye un préstamo de $30 millones de dólares a 25 años plazo para un Programa de Gestión y Evaluación de Riesgo Costero. Inniss se entusiasma con la confianza implícita en este respaldo financiero, ya que es una señal de que el gobierno cree que la CZMU puede ejecutar un proyecto que generará el valor suficiente como para devolver el dinero prestado. “Será una estrategia de gestión de zona costera integrada, moderna y superior, con la participación de una serie de partes interesadas: el turismo, destilerías de ron, empresas de electricidad, puertos recreativos, navegantes, pescadores comerciales, el puerto, los buzos”, detalla Inniss. “Los dirigentes clave han reconocido que la gestión de la zona costera es importante no solo como un programa medioambiental sino también para hacer crecer la economía de Barbados”. Esperamos que otros países del Caribe hayan tomado nota, puesto que la propia Inniss ha proporcionado asistencia técnica a St. Lucia, Trinidad y Tobago, y St. Vincent y las Granadinas, inspirada a su vez por el modelo de Nueva Zelanda, Hawái y la Administración de Pesca y Océanos de Canadá para implementar estándares internacionales.
Por supuesto, hay todavía lugar para mejorar. Si bien la CZMU trabaja de cerca con la TCPDO en la planificación del uso del suelo, con los parques nacionales marinos para vigilar los ecosistemas, y con los ingenieros civiles del Ministerio de Obras Públicas, la Unidad no está completamente integrada todavía con el Ministerio de Agricultura y Pesca. Por ejemplo, reconoce Inniss: “Sabemos científicamente que el escurrimiento agrícola es el mayor contribuyente a los contaminantes marinos”.
En efecto, en una isla pequeña, el suelo y el agua están intrínsecamente interconectados. Mientras Barbados está cumpliendo su parte en la batalla contra el cambio climático mundial —otro préstamo del BID firmado al mismo tiempo que el financiamiento de la gestión costera establecerá un Fondo de Energía Inteligente para reducir la dependencia de combustibles fósiles— no puede quedarse sentada a esperar que los países más grandes actúen. Mientras que otras islas pequeñas en vías de desarrollo en el Océano Índico y el Océano Pacífico están contemplando la posibilidad de reubicar su población a otros países dentro de algunas décadas, los habitantes de Barbados piensan quedarse y proteger su pequeña porción del Paraíso.
Sobre los autores
Gregory R. Scruggs fue consultor de la Asociación Americana de Planificación para América Latina y el Caribe desde 2010 a 2013. En la actualidad está estudiando una maestría en estudios regionales de América Latina y el Caribe en la Universidad de Columbia. Contacto: gscruggs.apa.consult@gmail.com.
Thomas E. Bassett, asistente senior de programa en la Asociación Americana de Planificación–(APA), trabaja con una beca de la Asociación de Energía y Clima de las Américas para el Departamento de Estado de los EE.UU, así como también a nivel nacional en el Programa de Ayuda a la Comunidad. Contacto: thomas.e.bassett@gmail.com.
Recursos
Bassett, Thomas E. and Gregory R. Scruggs. 2013. Water, Water Everywhere: Sea level Rise and Land Use Planning in Barbados, Trinidad and Tobago, Guyana, and Pará. Lincoln Institute of Land Policy Working Paper WP13TB1. https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2282_1621_Bassett_WP13TB1.pdf.
Belle, N. and B. Bramwell. 2005. Climate change and small island tourism: Policy maker and industry perspectives in Barbados. Journal of Travel Research 44: 32–41.
Dharmartne, G. and A. Brathwaite. 1998. Economic valuation of coastline for tourism in Barbados. Journal of Travel Research 37: 138–144.
Inter-American Development Bank. 2010. Indicators of disaster risk and risk management, Program for Latin America and the Caribbean, Barbados. September. Accessed July 9, 2012. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35160015.
Phillips, M. R. and A. L. Jones. 2006. Erosion and tourism infrastructure in the coastal zone: Problems, consequences, and management. Tourism Management 27: 517–52.
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Growing the International Land Conservation Network
Laura Johnson is an attorney and lifelong conservationist with more than 30 years of experience in nonprofit management. She is currently director of the new International Land Conservation Network (ILCN), a visiting fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, and chair of the Land Trust Alliance board of directors.
Laura was the president of Mass Audubon from 1999 to 2012. Prior, she worked for 16 years at The Nature Conservancy as a lawyer, Massachusetts state director, and vice president of the northeast region.
Laura received a B.A. in history from Harvard University and a J.D. from New York University Law School. From 2013 to 2014, she was a Bullard Fellow at the Harvard Forest, Harvard University, where she completed a study on private land conservation efforts around the world.
LAND LINES: Your program, the International Land Conservation Network (ILCN), is new this year, but it has some antecedents at the Lincoln Institute. Can you tell us about that history?
LAURA JOHNSON: There are some wonderful connections between the new network and the Lincoln Institute’s past support of the innovative, capacity-building effort devoted to conservation that eventually became the Land Trust Alliance.
In the early 1980s, Kingsbury Browne, a prominent Boston lawyer, decided to take some time away from his law firm, and he used a sabbatical at the Lincoln Institute to explore the needs and opportunities of private land trusts in the United States. Up until that point, there was no nationwide effort to seek out the best examples of land protection activities, to share those ideas and best practices, or even to keep track of what was happening in land conservation around the country. Kingsbury Browne’s study led him, along with several other land trust leaders at the time, to start a new organization called the Land Trust Exchange, which connected the country’s small but growing conservation community through a newsletter and some basic research and training activities. The Lincoln Institute played a crucial role in helping to launch the Exchange, which grew over the years and changed its name to become the Washington, DC–based Land Trust Alliance. There were fewer than 400 U.S. land trusts in 1982 when the Exchange got started; now the Land Trust Alliance serves 1,200 land trusts all over the United States. The Exchange started out with a modest newsletter in the 1980s; now the Alliance provides an online learning center, a full conservation and risk management curriculum, and more than 100 webinars and 300 workshops that served close to 2,000 people in 2014.
LL: Throughout most of your career, you have been deeply engaged in U.S.-based land conservation work. What attracted you to expand your efforts on an international scale?
LJ: When I stepped down from the presidency of Mass Audubon two years ago, I began talking with Jim Levitt, a fellow at the Lincoln Institute, the director of the Program on Conservation Innovation at the Harvard Forest, and a former Mass Audubon board member. It was initially his idea that I explore how conservationists outside the United States were using and adapting conservation tools that had been developed over the years here. Jim had become very involved in private conservation efforts in Chile, and there was an opportunity to strengthen the very new movement there by sharing U.S.-based measures such as conservation easements. At about the same time, Peter Stein received the Kingsbury Browne fellowship and award from the Land Trust Alliance and the Lincoln Institute, which allowed him to explore the breadth of worldwide conservation organizations as well. Through our different projects, Jim, Peter, and I came to the similar conclusion that many people around the globe shared a strong interest in connecting to each other and to U.S. conservationists. This desire for a community of practice seemed like a remarkable opportunity to help build capacity for privately protecting land.
LL: Why is this role the right challenge at the right time for you?
LJ: I have had the incredible good fortune to work with some great organizations and wonderfully talented people. As a young lawyer just starting out at The Nature Conservancy in the 1980s, I was able to grow professionally at a pivotal time for conservation in the United States. Looking at the historic trend lines, the U.S. land conservation movement took off then, and it was very exciting to be a part of that growth. Then when I went to Mass Audubon in 1999, I was able to run the nation’s largest independent state Audubon organization, which provided leadership not just with land conservation, but with environmental education and public policy as well. Now, I have the honor of serving on the board of the Land Trust Alliance, which does such remarkable work here in the United States to enable effective land and resource protection. Along the way, my legal training was certainly useful, but I have also learned a tremendous amount about what makes organizations successful and likely to have a positive impact. I feel very fortunate to have this background and set of experiences, and I want to bring it to bear on the issues facing the international land conservation community.
LL: You’ve mentioned capacity building and creating successful organizations a few times. Can you comment on what that means in the context of land conservation?
LJ: Land conservation organizations need all the elements of any sound nonprofit organization—a clear mission, a compelling vision and strategy, disciplined planning and clear goals, sufficient financial resources, and great people. But working on land protection requires a very long-term outlook. To start with, a land trust needs to have the knowledge and resources to assess what land should be protected—whether the mission is to conserve natural resources or scenic, cultural, or historic values—and what legal and financial tools are best suited to achieving a good outcome. Then it can take years of working with a landowner to get to a point where everyone is ready to agree on a deal. Land trusts need to have people with the training, knowledge, and experience to carry out transactions that are legally, financially, and ethically sound. Once land is protected by a trust, that organization is making a commitment to manage the land it owns or has restrictions on forever. Museums are a good analogy, but instead of Rembrandts and Picassos, land conservation organizations are stewards of invaluable living resources, and the land and water we all depend on to survive.
LL: Why is private land conservation particularly important now? Why do we need an international network?
LJ: We are at a critical juncture as the pressures of climate change, land conversion, and shrinking government resources are making it more challenging than ever to protect land and water for the public benefit. Therefore the mission statement of the new International Land Conservation Network emphasizes connecting organizations and people around the world that are accelerating voluntary private action that protects and stewards land and water resources. Our premise is that building capacity and empowering voluntary private land conservation will strengthen the global land conservation movement and lead to more long-lasting and effective resource protection.
Support for better coordination of international private land conservation is emerging from many sources. For example, the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) considered the role of private land conservation in the context of global efforts at its November 2014 World Parks Congress held in Sydney, Australia. The Futures of Privately Protected Areas, an IUCN-commissioned report released at that conference, provided a number of recommendations, such as developing relevant training and improving knowledge sharing and information, which are certainly important goals for the new network. We expect to work in collaboration with partners such as the IUCN, and with the existing regional or countrywide networks that are already in existence. And of course we have the very powerful example of the Land Trust Alliance and what it has been able to accomplish over 30 years to build the capacity of land trusts in the United States.
LL: What will you try to accomplish in the first year to address these needs?
LJ: We’ve had to get ourselves organized and deal with basic issues such as our name, visual identity, mission statement, goals, and governance structure. We will be designing and launching a website to serve as the essential repository of case studies, research, best practices, events, and conferences. Eventually, we want to have a continuum of learning available on the website through tools like webinars that address a range of subjects, from legal instruments to organizational best practices. We also want to carry out a census of existing networks and active organizations, to start building a baseline of knowledge about private land protection that will help measure progress over time.
LL: What are the greatest challenges to starting the network?
LJ: There are many. Money is a big one, of course. We’ve received a generous start-up grant from the Packard Foundation, and we have great support from the Lincoln Institute. But we are working hard to identify additional sources of funding, in order to grow the network and increase its impact. And of course we are still proving that the network will provide useful, important, and actionable information and training to meet a tremendous variety of needs within the international land conservation community. We know that we can’t do everything, so we must be strategic and choose activities that will have impact. The global scale also presents a host of cultural and logistical challenges, requiring us to navigate different legal systems, languages, customs, and, last but not least, time zones.
On the positive side, we already have a very committed group of land conservation practitioners who came together at our organizing meeting in September 2014 and enthusiastically signed on to be the “sweat equity”—to provide the network with knowledge, expertise, experience, and wise counsel. It’s already very clear to me that this is a wonderful group of colleagues who are doing interesting and important work around the globe. It will be an adventure—and I know I’ll learn a lot—to grow this new network together.
