La camioneta se detuvo y supe que era hora de bajar. Siguiendo el consejo del “guardián del agua” que acababa de conocer, abrí primero la puerta y esperé unos segundos. Respiré el aire denso de la montaña y bajé con cuidado. Apenas había caminado unos metros cuando sentí en el cuerpo el peso de más de 4.500 metros de altitud. Me detuve un momento, un poco mareada, esperando a que pasara el vértigo.

Nada de eso me impidió quedarme allí, de pie, contemplando el paisaje. Ante mí se extendían las montañas andinas del Perú, imponentes y silenciosas. Mientras observaba aquella escena, pensé que probablemente era el lugar más alto al que había llegado en mi vida, y me pregunté si el Instituto Lincoln habría llegado alguna vez tan alto…

Pero la altitud era apenas el comienzo de la historia.

Imaginar el futuro de una subcuenca

La visita a la montaña tuvo lugar el día anterior a un taller sobre resiliencia hídrica en la subcuenca de Santa Eulalia, muchos metros más abajo. El encuentro forma parte de un proceso que se ha venido desarrollando durante varios meses y que busca fortalecer la capacidad de distintos territorios de América Latina y el Caribe para imaginar y prepararse ante futuros inciertos relacionados con el agua.

La herramienta detrás de ese ejercicio es la planificación de escenarios exploratorios (XSP por su sigla en inglés): en lugar de apostar por un único futuro predecible o deseable, se propone navegar por una gama de futuros inciertos para luego regresar al presente y diseñar estrategias para enfrentarlos.

Santa Eulalia es uno de los cinco casos que conforman esta iniciativa regional, liderada por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo a través de su Consorcio para la Planificación de Escenarios y de su programa de suelo y agua, el Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua. La implementación local estuvo a cargo de Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, una organización que promueve la seguridad hídrica mediante soluciones basadas en la naturaleza y la colaboración entre múltiples actores.

Durante dos días, integrantes de comunidades rurales, autoridades, organizaciones y otros actores locales trabajaron juntos para imaginar distintos escenarios, construidos en torno a factores de cambio que los participantes consideraron más críticos con base en su incertidumbre e impacto. ¿Cómo se vería esta subcuenca en medio de impactos climáticos frecuentes e intensos y de inestabilidad política? Esa fue la pregunta que abordó el grupo que trabajó sobre el escenario más adverso, al que titularon “Mi querida Santa Eulalia, te estás muriendo —¿dónde cantaremos las Hualinas…?”

Más allá de las diferencias entre escenarios, ciertas respuestas aparecían una y otra vez. Y cuando las ordenamos, terminaron dibujando tres grandes ideas.

Primera idea: cuidar la infraestructura natural y ancestral

La primera fue la necesidad de fortalecer las infraestructuras hídricas naturales y ancestrales que durante siglos han permitido gestionar el agua en las montañas. Aquí, las amunas ocuparon un lugar central.

Las amunas son canales construidos en las partes altas de las montañas que captan el agua de lluvia durante la temporada húmeda y la conducen hacia terrenos permeables, donde se filtra y recarga el acuífero. Almacenada en el subsuelo, esa misma agua se libera gradualmente y vuelve a aflorar meses después, en la temporada seca, en manantiales más abajo en la ladera, justo cuando más se necesita. Es un sistema tan sencillo como ingenioso, heredado de tiempos prehispánicos y conservado de generación en generación. La práctica se conoce como “siembra y cosecha de agua”: se siembra cuando el agua es abundante para poder cosecharla cuando escasea.

Su impacto no es menor. Se estima que un kilómetro de amuna aporta alrededor de 148.000 metros cúbicos de agua al año, según los estudios de monitoreo de Aquafondo, y hasta la fecha se han restaurado cerca de 87 kilómetros de amunas. Pero quizá lo más revelador es que el agua sembrada en las montañas no se queda allí: viaja por el subsuelo y puede llegar mucho más lejos, incluso hasta las ciudades.

Segunda idea: recuperar y transmitir el conocimiento

La segunda fue la importancia de recuperar, visibilizar y transmitir el conocimiento ligado a estas prácticas, a través de programas educativos y culturales.

Esta idea me pareció especialmente poderosa. Porque lo que no se visibiliza rara vez se valora. Y lo que no se valora rara vez se transmite a las nuevas generaciones. Cuando ese conocimiento se pierde, no solo desaparecen técnicas o prácticas concretas: también se pierde una manera de entender el territorio, de relacionarse con el agua y de construir resiliencia.

Esta no es una intuición aislada. El propio Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su informe sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad (2022), reconoce que el conocimiento indígena y local ofrece una comprensión valiosa para actuar frente al riesgo climático y puede enriquecer las políticas y prácticas de adaptación. En las amunas, ese principio se vuelve tangible: un cuerpo de conocimiento de más de mil años de antigüedad que hoy demuestra ser una herramienta concreta para adaptarse a la incertidumbre hídrica.

Tercera idea: financiar lo que la montaña nos da

La tercera fue diseñar mecanismos de financiamiento para restaurar y mantener estos ecosistemas —y ahí, en cierto modo, se juega todo el esfuerzo—. Las amunas y los bofedales no se mantienen solos: necesitan manos que los restauren y recursos que hagan posible ese trabajo año tras año. La pregunta que estaba debajo de cada idea planteada en el taller era la misma: ¿quién paga por la infraestructura que hace posible el agua, y cómo llegan esos recursos a quienes la mantienen en pie?

No hay una sola respuesta, y por eso mismo vale la pena explorarla —desde instrumentos de financiamiento basados en el suelo hasta mecanismos voluntarios de conservación—. Este es el terreno en el que trabaja una institución como el Instituto Lincoln: articular cómo se usa, se gobierna y se financia el suelo, para que cuidar un territorio y pagar por ese cuidado dejen de ser dos decisiones separadas.

Lo que vale la pena subrayar es que no existen territorios aislados: el agua lo conecta todo. El agua que llega a Lima nace en las montañas, y mientras ese vínculo no se reconozca, quienes cuidan las fuentes en lo alto seguirán sosteniendo, casi en silencio, el abastecimiento de agua de millones de personas aguas abajo. El desafío es que estos mecanismos lleguen, sin diluirse en el camino, a las comunidades que cuidan el agua en las alturas.

La verdadera altura

Hoy, de vuelta en mi propia ciudad, apenas unos metros sobre el nivel del mar, todavía recuerdo aquel mareo que sentí en las montañas. Pero cuando pienso en este viaje, la altitud ya no es lo que más importa.

Lo que me queda es la imagen de comunidades que se reunieron para imaginar su futuro colectivo y, al hacerlo, reconocieron el valor del conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Quizá esa fue la verdadera altura alcanzada durante aquellos días: no la de los 4.500 metros sobre el nivel del mar, sino la de una conversación que llegó a lugares donde rara vez se piensa el futuro de manera colectiva, y donde el conocimiento del pasado todavía ofrece respuestas a los desafíos del mañana. Como lo expresó un integrante de la comunidad, con una sencillez que se me quedó grabada: “Muchas veces creemos que el pasado fue mejor, pero somos nosotros quienes podemos hacer que el futuro sea aún mejor”.

Melinda Maldonado es abogada basada en Argentina con Doctorado en Estudios Urbanos. Sus líneas de trabajo incluyen financiamiento urbano, cambio climático y conflictos urbano-ambientales. Tiene amplia experiencia como investigadora, docente y consultora en el sector público y privado. Es colaboradora del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln desde 2010 en cursos de cambio climático y fundamentos jurídicos de políticas de suelo. Aquí también es investigadora de financiamiento de medidas para el cambio climático con tributos y cargas urbanísticas, y especialmente las soluciones basadas en la naturaleza. 

Imagen principal: Integrantes del equipo del Instituto Lincoln y de Aquafondo recorren la zona de amunas, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Fuente: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

La digitalización está transformando las bases fiscales de las ciudades en formas que van más allá de los impactos a corto plazo posteriores a la pandemia de COVID-19. Desde la expansión del trabajo remoto e híbrido hasta la aparición de corredores especializados en tecnologías computacionales, las economías digitales alteran los patrones de valor del suelo, la actividad económica y los ingresos públicos, y estos cambios generan nuevos desafíos para la resiliencia fiscal y la equidad tributaria. La investigación sobre los cambios en los valores de las propiedades comerciales derivados de estas tendencias ofrece un adelanto de algunas de las implicaciones fiscales y de la política de suelo de la economía digital. En una sesión sobre los impactos postpandemia del trabajo remoto en la salud fiscal municipal, que se llevó a cabo dentro del marco de la última Land Policy Conference (Conferencia sobre Políticas de Suelo) del Instituto Lincoln, varios ponentes compartieron nueva evidencia empírica que apunta a dos conclusiones centrales: el trabajo remoto llegó para quedarse, y la transformación digital introduce una incertidumbre fiscal nueva y desigual para las ciudades.

Kim Rueben, exasesora del Instituto Lincoln y actual presidenta del National Tax Association en los Estados Unidos, recordó que, cuando comenzó la pandemia, había una expectativa generalizada de una crisis fiscal severa. En Estados Unidos, el desempleo se había disparado hasta un 13 % en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, este indicador laboral había caído al 6,7 % hacia finales de ese año, y los presupuestos estatales y locales tuvieron un desempeño mucho mejor de lo previsto. Una razón clave fue la rápida expansión del trabajo remoto entre quienes trabajaban en oficinas con salarios más altos, lo que permitió que la actividad económica —y las bases tributarias— se mantuvieran incluso cuando cambiaban los lugares de trabajo. El trabajo remoto pasó de representar aproximadamente el 7 % de las jornadas laborales antes de la pandemia a casi el 25 % en el periodo posterior, con variaciones significativas entre sectores. La pregunta central, desde una perspectiva de políticas fiscales, es cómo este cambio estructural afecta al mercado inmobiliario comercial, la actividad en los centros urbanos y la capacidad de las ciudades para generar ingresos.

Posteriormente, Andrew Reschovsky, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, presentó un trabajo conjunto con Howard Chernick, profesor emérito de la Universidad Municipal de Nueva York, en el que se examina cómo el trabajo remoto afecta la salud fiscal de las ciudades centrales de Estados Unidos, ya que debilita la base del impuesto a la propiedad comercial. En base a datos de 135 ciudades fiscalmente estandarizadas —que agregan ingresos y gastos de gobiernos locales superpuestos—, el estudio estima la exposición al trabajo remoto de diversas ciudades, y combina patrones de teletrabajo por industria con distribuciones salariales a nivel local. Si se considera la reducción del trabajo presencial como un indicador de menor demanda de espacios de oficinas, los autores estiman una disminución promedio de alrededor del 24 % en la capacidad de generación de ingresos (RRC, por sus siglas en inglés) vinculada a la propiedad comercial, con impactos considerablemente mayores en ciudades como Boston, San Francisco y Nueva York.

Según los autores, la RRC de un gobierno municipal comprende su capacidad para obtener ingresos a partir de impuestos locales, así como de tarifas y cobros. Estas fuentes locales se complementan con las transferencias recibidas del gobierno estatal y el federal.

Sin embargo, al considerar la totalidad de las fuentes de ingresos de las ciudades —incluidos impuestos no relacionados con la propiedad, y tarifas y transferencias intergubernamentales—, la reducción promedio en la capacidad total de generación de ingresos es de aproximadamente un 2,9 %. Por lo tanto, el riesgo fiscal varía de forma considerable entre lugares: las ciudades que dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad comercial, como Boston, enfrentan mayor vulnerabilidad, mientras que otras parecen relativamente menos expuestas desde una perspectiva fiscal a los efectos del trabajo remoto.

Por su parte, la investigación de Karen Chapple en la Universidad de Toronto, que utiliza datos anónimos de movilidad de teléfonos celulares para rastrear la actividad en los centros urbanos tras la pandemia, reafirma estas diferenciaciones. Al captar todas las formas de actividad —y no solo la ocupación de las oficinas—, su análisis no encuentra evidencia hasta la fecha de un “ciclo de decadencia fiscal” generalizado en diversas ciudades norteamericanas. Incluso bajo escenarios de mayor trabajo remoto, los impactos fiscales estimados que derivan de la reducción de los impuestos a la propiedad comercial siguen siendo modestos. En cambio, los patrones de recuperación fiscal están determinados principalmente por la estructura económica de las ciudades y por lo accesibles que son sus centros de trabajo. Los centros urbanos dominados por sectores como la tecnología, las finanzas y los servicios profesionales —los más compatibles con el trabajo remoto— tienden a recuperarse de manera más lenta, mientras que lugares con menor concentración de este tipo de industrias y con trayectos más cortos desde los hogares hasta los centros laborales muestran mayor recuperación.

Cynthia Goytia, de la Universidad Torcuato Di Tella, amplió el análisis más allá de ciudades norteamericanas, y presentó los resultados de uno de los primeros estudios sobre los impactos del teletrabajo en el área metropolitana de Buenos Aires. El estudio, en el que se utilizaron datos de movilidad de teléfonos celulares y una amplia base de datos de precios de alquiler, encuentra un aplanamiento significativo de la curva de rentas urbanas en la zona metropolitana, lo que refleja una reducción en las diferencias de valor del suelo entre áreas urbanas y suburbanas de Buenos Aires. Por lo general, la curva de renta urbana muestra una disminución del valor del suelo y sus rentas a medida que aumenta la distancia con respecto al distrito central de negocios de las ciudades. El trabajo remoto ha permitido que hogares de mayores ingresos se trasladen a municipios periféricos, lo que aumenta, en consecuencia, la demanda y el valor de estas zonas. “Al viajar al centro solo algunos días a la semana, la distancia pesa menos en su decisión de dónde vivir, y eso eleva la demanda y el valor del suelo en esas zonas”, comenta Goytia.

En el ámbito fiscal, el estudio destaca una relación débil entre el aumento de los valores de la propiedad en áreas periféricas o suburbios y los ingresos locales en tales zonas, lo que puede estar impulsado por barreras políticas e institucionales para la tributación inmobiliaria. En respuesta, los gobiernos locales experimentan con mecanismos de financiamiento basados en el suelo y con instrumentos tributarios más progresivos, en algunos casos apoyados por herramientas digitales para el monitoreo de incrementos de valores inmobiliarios. “A diferencia del debate en las ciudades de Estados Unidos, centrado en la caída de la propiedad comercial en los centros, en nuestra región un nuevo desafío es el de capturar el valor que se está generando en las periferias para financiar su desarrollo”, señala Goytia.

En síntesis, este conjunto de estudios subraya que, si bien la digitalización y el trabajo remoto durante la pandemia no han desencadenado una crisis fiscal generalizada, sí han reconfigurado el riesgo fiscal municipal en formas específicas según la estructura espacial y económica de cada lugar. Al respecto, Goytia concluye lo siguiente: “para las ciudades latinoamericanas, esta puede ser la oportunidad de transformar un riesgo fiscal en una agenda concreta de modernización tributaria y extrafiscal”.

Xinrui Shi lidera el Program on Comparative Law and Property Rights (Programa en Ley Comparativa y Derechos de Propiedad) en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Luis Felipe Quintanilla es analista de políticas para el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires. Crédito: Ale Haarlem via iStock/Getty Images Plus.

The pickup truck stopped and I knew it was time to get out. Following the advice of the “water guardian” I had just met, I opened the door and waited a few seconds before exiting. I breathed in the dense mountain air and stepped down carefully. I had walked only a few meters before I felt in my body the weight of more than 4,500 meters (14,760 feet) of altitude. I paused for a moment, a little dizzy, waiting for the vertigo to pass.

None of that kept me from standing there, taking in the landscape. Before me stretched the Andean mountains of Peru, imposing and silent. As I looked out over the scene, I thought it was probably the highest place I had ever reached in my life—and I wondered whether the Lincoln Institute had ever reached so high….

Yet the altitude was only the beginning of the story.

Imagining the Future of a Sub-Basin

The mountain visit took place the day before a workshop on water resilience in the Santa Eulalia sub-basin, many meters lower down. The gathering was part of a process that had been unfolding for several months that seeks to strengthen capacity across Latin America and the Caribbean to imagine and prepare for uncertain futures in the context of water.

The tool behind that exercise is exploratory scenario planning (XSP): Rather than betting on a single predictable or desirable future, XSP sets out to navigate a range of uncertain futures and then return to the present to design strategies accordingly.

Santa Eulalia is one of five cases that make up this regional initiative, led by the Lincoln Institute of Land Policy through its Consortium for Scenario Planning and its land and water program, the Babbitt Center for Land and Water Policy. Local implementation was carried out by Aquafondo, the Water Fund for Lima and Callao, an organization that promotes water security through nature-based solutions and collaboration among multiple stakeholders.

Over two days, members of rural communities, authorities, organizations, and other local stakeholders worked together to imagine different future scenarios for the basin, built around the driving forces participants considered most critical in terms of their uncertainty and impact. What would this sub-basin look like amid frequent, intense climate impacts and political instability? The group working on the most adverse scenario asked that question, titling the scenario “My dear Santa Eulalia, you are dying—where will we sing the hualinas…?” Hualinas are traditional Peruvian songs that pay tribute to water.

Despite the differences among scenarios, certain answers came up again and again, aligning with three broad ideas.

First Idea: Caring for Natural and Ancestral Infrastructure

The first idea concerned the need to strengthen the natural and ancestral water infrastructures that for centuries have made it possible to manage water in the mountains. Here, the amunas took center stage.

The amunas are channels built in the upper reaches of the mountains that capture rainwater during the wet season and carry it across permeable terrain, where it slowly infiltrates the subsoil. Months later, in the dry season, that same water resurfaces lower down, just when it is needed most. It is a system as simple as it is ingenious, inherited from pre-Hispanic times and preserved from generation to generation. The practice is known as “sowing and harvesting water”: You sow when water is abundant so you can harvest it when it is scarce.

Its impact is no small thing. Estimates say one kilometer of amuna contributes around 148,000 cubic meters (39 million gallons) of water per year, according to Aquafondo’s monitoring studies, and to date about 87 kilometers (54 miles) of amunas have been restored. But perhaps most revealing is that the water sown in the mountains does not stay there: It travels through the subsoil and can reach much farther, even to the cities.

Second Idea: Recovering and Passing on Knowledge

The second idea addressed the importance of recovering, making visible, and passing on the knowledge tied to these practices, through educational and cultural programs.

This idea struck me as especially powerful. Because what is not made visible is rarely valued. And what is not valued is rarely passed on to new generations. When that knowledge is lost, not only do specific techniques or practices disappear—so does a way of understanding the territory, of relating to water, and of building resilience.

This is not an isolated intuition. The Intergovernmental Panel on Climate Change itself, in its report on impacts, adaptation, and vulnerability, recognizes that Indigenous and local knowledge offers valuable understanding for acting on climate risk and can enrich adaptation policies and practices. In the amunas, that principle becomes tangible: A body of knowledge more than 1,000 years old proves to be a concrete tool for adapting to water uncertainty today.

Third Idea: Financing What the Mountain Gives Us

The third idea was to design financing mechanisms to restore and maintain these ecosystems—and this, in a way, is where the whole effort is decided. Amunas and bofedales do not maintain themselves: they need hands to restore them and resources that make that work possible year after year. The question underlying every idea raised in the workshop was the same: who pays for the infrastructure that makes water possible, and how do those resources reach the people who keep it functioning?

There is no single answer, and that is why it is worth exploring—from land-based financing instruments to voluntary conservation mechanisms. This is exactly the intersection where the Lincoln Institute works: tying together how land is used, governed, and financed, so that caring for a territory and paying for that care stop being two separate decisions.

Water connects everything. The water that reaches Lima is born in the mountains, and as long as that link goes unrecognized, those who care for the sources high up will keep sustaining, almost in silence, the water supply of millions downstream. The challenge is for these mechanisms to reach the communities that care for water in the highlands, without being diluted along the way.

The True Height

Today, back in my own city, just a few meters above sea level, I still remember that dizziness I felt in the mountains. But when I think about this trip, the altitude is no longer what matters most.

What stays with me is the image of communities that came together to imagine their collective future and, in doing so, recognized the value of knowledge accumulated over generations. Perhaps that was the true height reached during those days: not the 4,500 meters above sea level, but the conversation that reached places where the future is rarely considered collectively, and where knowledge of the past still offers answers to the challenges of tomorrow. As one community member put it, with a simplicity that stayed with me: “We often believe the past was better, but we are the ones who can make the future even better.”

Melinda Maldonado is an Argentina-based lawyer with a PhD in Urban Studies, specializing in urban finance, climate change, and urban-environmental conflicts. She has extensive experience as a researcher, lecturer, and consultant across both the public and private sectors. A collaborator with the Lincoln Institute’s Latin America and Caribbean Program since 2010, she teaches courses on climate change and urban law. Her work currently focuses on land value capture as a means of financing climate measures, particularly nature-based solutions.

Lead image: Members of the Lincoln Institute and Aquafondo teams walk along the amunas (high-altitude rainwater channels) at around 4,500 meters above sea level in the Andes of Peru. The two organizations recently ran a scenario planning workshop focused on water resilience in the Santa Eulalia sub-basin. Credit: Lincoln Institute of Land Policy.

Responding to the climate crisis will require more than solar panels, a modest carbon tax, or another flood barrier. A new book from Billy Fleming demonstrates that the climate policy, planning, and design professions have been looking in all the wrong places for models of sustainability and resilience, instead building projects that raise emissions and drive displacement. With 29 richly illustrated projects across six continents, this book shows readers a promising set of alternatives for building more just, decarbonized futures from the neighborhood to the continental scale. 

Building Postcarbon Futures: Land, Justice, and Energy Transitions, published by the Lincoln Institute of Land Policy, provides a crucial counterpoint to the growing despair around climate action by presenting a series of optimistic solutions that show how various forms of collective ownership, multi-purpose infrastructure, and grassroots power are already tackling the climate crisis at great scale. It is both a celebration of action underway and a clarion call to the planners, designers, policymakers, and activists who are pushing this planet toward a future of collective flourishing.

“Building a just, postcarbon future requires a transformation of our social, political, and economic systems in ways that challenge the status quo,” said Billy Fleming, codirector of the Climate and Community Institute and assistant professor of landscape architecture at Temple University’s Tyler School of Art and Architecture. “This book explores existing works of climate justice and provides a range of tools, methods, and models of practice and policymaking to demonstrate what is possible if we act now at the scale of the crisis.” 

Organized around energy, land, and urbanism, the core of the book is an atlas featuring original cartography that maps and documents examples—such as the Tu Deh-Kah Geothermal Power Plant in British Columbia and the West Arnhem Land Fire Abatement Project in Australia—of existing and effective grassroots work toward climate justice. Often, these projects are at odds with the status quo and incorporate the work of marginalized people and frontline communities.

“This is an incredible contribution, offering creative models of land stewardship and climate justice that will push design practice in radical new directions,” said Jenny Jones, principle of TERREMOTO and 2025 Smithsonian National Design Award recipient.

“This book puts the earth, the land, and the spaces we all share at the center of the climate crisis, precisely where they belong,” said Julian Brave NoiseCat, author of We Survived the Night and Academy Award–nominated director of Sugarcane.

Building Postcarbon Futures also features more than a dozen contributions from leading scholars and practitioners of planning, design, and climate policy. Their field-based research presents additional studies of the past, present, and future—including social housing experiments in Uruguay and Jakarta, land stewardship and ecosystem restoration initiatives in the Pacific Northwest and American South, and submerged histories of energy democracy and collective ownership of the power grid in the rural United States.

More information about the book can be found here.

Kristina McGeehan is the director of communications at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: A team of workers welds and installs a new solar array for a rice mill in Burkina Faso. Credit:Joerg Boethling