Topic: Land Use and Zoning

Portland

Relleno sensible

Las ciudades de crecimiento rápido están haciendo lugar para casas angostas, apartamentos para abuelos y otras viviendas accesibles
Por Kathleen McCormick, March 15, 2018

En los últimos tiempos, hemos visto de forma rutinaria referencias periodísticas a ciudades estadounidenses con un “mercado en auge” y precios de vivienda astronómicos que terminan desplazando a los residentes de ingresos bajos o moderados. Las batallas épicas sobre la vivienda en San Francisco enfrentan a los residentes de larga data contra los trabajadores de alta tecnología. En Portland, Oregón, el concejo municipal extendió el estado de emergencia declarado en 2015 para hacer frente a la crisis local de viviendas asequibles. En Denver, el alcalde Michael Hancock prometió invertir USD 150 millones de para viviendas accesibles en la próxima década. El alcalde de Boston Martin J. Walsh piensa construir 53.000 unidades para 2030, mientras que la ciudad vecina de Cambridge agrega densidad en áreas de relleno cerca del transporte público. Y en Boulder, Colorado, los funcionarios públicos buscan agregar una serie de opciones de vivienda, con una estrategia que llaman de “relleno sensible”.

“Los mercados ‘calientes’ existen por muchas razones, pero en Portland, San Francisco, Boulder y otras ciudades, los problemas de vivienda se deben claramente a un fuerte desarrollo económico”, dice Peter Pollock, fellow del Instituto Americano de Planificadores Certificados (FAICP) y gerente de Programas del Oeste del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. En estos lugares, un desequilibrio entre los puestos de trabajo y la disponibilidad de viviendas crea un déficit de espacios para vivir adecuadas. El método de relleno ‘suave’ o ‘sensible’ “trata de encontrar maneras de que el relleno sea compatible con sus alrededores para cumplir con metas de diseño urbano y permitir la producción de más viviendas”, dice. El término también “crea un marco positivo para algo que no está aceptado universalmente” —es decir, la densidad— “y sugiere que podría haber una mejor alternativa”.

Mientras la mitad de los hogares del país están gastando más del 30 por ciento de sus ingresos en la vivienda, muchos residentes de ciudades con mercados en auge están gastando más del 50 por ciento, y se ven obligados a irse. Los activistas de la vivienda, como aquellos que asistieron a la reunión anual de YIMBY (“Yes in my backyard” [A lado de mi casa, ¡sí!]) de EE. UU., están desafiando a los planificadores urbanos y funcionarios electos a crear más opciones de relleno para albergar a la gente, reducir el desplazamiento de residentes, realizar mejores conexiones de transporte público y crear más comunidades ecológicamente sostenibles.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Las ciudades deseables están creciendo rápidamente porque atraen a la generación del milenio y a personas culturalmente creativas con oportunidades de empleo y amenidades de estilo de vida, y los recién llegados han gravitado en números que sobrepasan de lejos los lugares disponibles para vivir. Frecuentemente se culpa a la industria de alta tecnología por el aumento de los precios de la vivienda y el desplazamiento consiguiente de los residentes existentes debido al influjo de trabajadores bien pagos. Pero también hay otros factores en juego. Muchas ciudades construyeron muy pocas unidades de vivienda durante la Gran Recesión. Es más difícil conseguir un crédito hipotecario. Los costos de construcción están subiendo. Las unidades de vivienda nuevas se venden a los precios de mercado, y aumentan el costo de las viviendas existentes. La zonificación que favorece las casas unifamiliares separadas o apartamentos de lujo ha generado una monocultura de viviendas caras. Muchas ciudades están en crisis por la pérdida de viviendas no solo para los residentes de bajos ingresos, sino también para la fuerza laboral y residentes de ingresos medios: maestros, enfermeras, bomberos, propietarios de pequeñas empresas, profesionales jóvenes, familias jóvenes y otros que típicamente forman el cimiento de las comunidades.

Cómo restaurar el “medio faltante”

La buena noticia es que las ciudades ya están trabajando en soluciones en todo el país. Las comunidades están revocando políticas que prohíben la construcción de viviendas o restringen demasiado dónde o cómo se pueden construir para crear lugares más diversos y económicos para vivir. Muchos planificadores urbanos y funcionarios públicos se están concentrando en el desarrollo de viviendas que restauren el “medio faltante”, es decir, para albergar hogares de ingresos moderados a medios.

El “medio faltante”, un concepto que nació del nuevo urbanismo, se compone de casas en hilera, dúplex, departamentos en lotes comunes y otras viviendas pequeñas o medianas diseñadas a escala y con una densidad compatible con los barrios residenciales unifamiliares. Desde la década de 1940, este tipo de desarrollo ha sido limitado por las restricciones de las regulaciones, el surgimiento del desarrollo inmobiliario dependiente del automóvil e incentivos para ser propietario de una vivienda unifamiliar. Los edificios de tres o cuatro pisos, con densidades de 40 a 85 unidades de vivienda por hectárea, formaban parte del perfil estándar de los barrios urbanos. Muchos planificadores urbanos dicen que se necesita nuevamente esta escala y densidad de vivienda para ofrecer diversidad, economía y acceso peatonal a servicios y transporte público. Las ciudades están usando una serie de metodologías adicionales para inyectar un precio más moderado en las viviendas de barrios residenciales, desde reducir y subdividir los lotes hasta agregar unidades de viviendas accesorias (accessory dwelling units o ADU) en un lote para ampliar la ocupación legal en las casas. Algunas de estas estrategias de relleno sensible están mostrando un gran potencial o están agregando de hecho unidades a mayor velocidad.

¿Cómo funciona el relleno sensible? Depende de la ciudad, como se demuestra en los siguientes ejemplos de Portland, Oregón; Boulder, Colorado; y Cambridge, Massachusetts.

Portland, Oregón: cuantas más viviendas, mejor

Portland aparece típicamente al tope de las listas de “mejores lugares” para vivir, pero recientemente ha bajado algunos peldaños debido a los precios de sus viviendas, que se han disparado un 13 por ciento en 2015. De acuerdo con un estudio reciente publicado por Metro, la organización gubernamental regional, los alquileres en el área de Portland aumentaron un 63 por ciento desde 2006, mientras que el promedio de ingresos de los inquilinos aumentó sólo un 39 por ciento. La población creció en 12.000 habitantes en 2015, hasta alcanzar más de 632.000 residentes que viven en más de 250.000 unidades de vivienda.

Desde 1973, Portland ha estado regulada por un plan urbano estatal que impone un límite al crecimiento urbano para proteger el suelo agrícola y los bosques del crecimiento urbano desordenado, y garantizar el uso eficiente del suelo, los predios públicos y los servicios dentro del límite urbano. Esta ciudad tiene una agenda ambiciosa para cumplir con sus proyecciones de crecimiento, que se compone de varios planes de gran envergadura: un nuevo mapa de zonificación y el Plan de Ordenamiento de 2025, su primera actualización en 30 años, adoptado por el concejo municipal en junio de 2016; un nuevo código de uso del suelo, con regulaciones que afectan el crecimiento de viviendas, desde el desarrollo de viviendas multifamiliares y de uso mixto, a corredores de transporte y estacionamiento; y Central City 2035, un plan de desarrollo de largo plazo para el centro de la ciudad y sus distritos.

La ciudad depende de estos cambios de política para absorber 142.000 puestos de empleo adicionales, 135.000 hogares adicionales y 260.000 personas más que tendrá que acomodar para 2035, según Metro. Alrededor del 30 por ciento de las nuevas viviendas se construirán en el centro de la ciudad, un 50 ciento en centros y corredores de uso mixto, y el 20 por ciento en las zonas residenciales unifamiliares de Portland, que cubren alrededor del 45 por ciento de sus 345 kilómetros cuadrados de suelo. La ciudad cuenta con alrededor de 12.000 lotes para construir, suponiendo que algunos de los lotes actuales se puedan subdividir para albergar más viviendas.

Desde 2010, se han construido o están en proceso de construcción aproximadamente 20.000 unidades residenciales nuevas, y el financiamiento por incremento tributario en áreas de renovación urbana designadas ha invertido USD 107 millones en viviendas accesibles nuevas y preservación de unidades existentes. En 2016, la legislatura estatal revocó una prohibición de 17 años de zonificación de inclusión, permitiendo que la ciudad requiera a los constructores que reserven unidades de vivienda para la nueva fuerza laboral. La ciudad se está enfocando en estrategias de financiamiento para proporcionar más viviendas accesibles a hogares debajo del 80 por ciento de la mediana de ingresos de la zona (area median income o AMI). Para aumentar la cantidad de unidades para personas de ingresos medios que ganan más del 80 por ciento de la AMI, la ciudad está apostando por cambios de política en vez de estrategias de financiamiento.

A fines de 2016, un comité asesor de partes interesadas en el Proyecto de Relleno Residencial (Residential Infill Project o RIPSAC) brindará asesoramiento sobre el tamaño y la escala de las casas, el desarrollo de lotes pequeños y tipos de vivienda alternativos. Una propuesta bajo consideración es permitir más reconversiones internas de grandes viviendas históricas en unidades múltiples, una estrategia que generaría más unidades de vivienda y al mismo tiempo evitaría demoliciones y preservaría la esencia histórica de los barrios. Aprovechando el legado de pequeñas casas que existe desde hace un siglo, Portland está tratando de construir casas pequeñas en lotes de poca superficie ya parcelados. Y la ciudad está considerando el desarrollo de más casas altas y ‘angostas’ de hasta 160 m2 en lotes de 232 m2, una superficie de suelo que es la mitad de lo que requiere la zonificación unifamiliar R-5.

“Hace cinco o diez años, la gente habría preguntado: ‘¿Por qué están construyendo esta casa en un lote tan angosto?’”, dice el gerente de proyecto de RIP, Morgan Tracy. “Ahora ya no causa sorpresa. Se están haciendo realmente populares porque cuestan menos a los compradores”.

Los cambios de política sobre las unidades de vivienda accesibles han generado nuevas viviendas a un precio moderado y han llamado la atención de funcionarios públicos de otras ciudades que están buscando soluciones a sus propias crisis de vivienda. La construcción de ADU se ha disparado desde 2010, cuando la ciudad eximió las cuotas de desarrollo inmobiliario para cubrir el costo del alcantarillado, agua y otras conexiones de infraestructura, reduciendo los costos de construcción en USD 8.000 a USD 11.000 por unidad. Esta exención inspiró un auge en la construcción: se otorgaron casi 200 permisos para construir ADU en 2013, seis veces más que el promedio anual entre 2000 y 2009. En 2015, la ciudad otorgó 350 permisos nuevos de ADU, para un total de hoy en día de más de 1.500 unidades. Tracy dice que las ADU “son un medio bien aceptado para producir más viviendas porque están mejor integradas en un lote y no hace falta demoler una casa existente”.

Las viviendas unifamiliares en los distritos de zonificación principales pueden tener una ADU, y una propuesta permitiría hasta dos unidades, un apartamento interior más una “vivienda adosada” o “apartamento para la abuela” adicional. La ciudad no limita la cantidad de ADU en un barrio ni requiere estacionamiento fuera de la calle. También ha racionalizado algunas normas de ADU para permitir mejores diseños con altura y retiros un poco mayores. RIPSAC está considerando propuestas para permitir que cualquier casa pueda tener dos ADU, tanto interior como separada, una vivienda para tres familias en lotes ubicados en las esquinas, donde hoy se permiten construir unidades en dúplex, y dúplex en lotes interiores, con una ADU separada. El hecho de permitir la construcción de dúplex en lotes interiores o unidades para tres familias en las esquinas “no quiere decir que todos harán uso de estos cambios de política”, dice Tracy, señalando que sólo el 3 por ciento de las esquinas tienen un dúplex hoy en día. Pero “si todos los propietarios aprovecharan esta nueva política, se duplicaría la cantidad de viviendas en cada barrio”.

La próxima fase de las consideraciones de política de viviendas de relleno se abocará a cómo se pueden incorporar viviendas de densidad media en lotes pequeños de unidades múltiples y de relleno. La ciudad ya ha comenzado a moverse en esa dirección. La guía Juego de herramientas de diseño de relleno de Portland se enfoca en la integración de casas en hilera, casas para tres y cuatro familias, apartamentos en lotes comunes y edificios multifamiliares de baja altura en los barrios.

“Lo que puede parecer sorprendente y alarmante para algunos, se hace más aceptable cuanto más se lo mire”, dice Tracy. “Lo vemos con las unidades para dos y tres familias en barrios unifamiliares. La última vez que las construimos fue en las décadas de 1930 y 1940. Estamos tratando de promover una mayor diversidad de viviendas, y algunos nos apoyan porque comprenden la necesidad de albergar a más gente en el suelo disponible”.

Boulder: cuantas más viviendas, mejor, pero hay desventajas

Boulder está estudiando lo que hacen otras ciudades para alentar el relleno sensible, y las autoridades, el personal municipal y dirigentes empresarios fueron a Portland recientemente para obtener una perspectiva de lo que se podría hacer en su propia ciudad. Como Portland, Boulder se ha propuesto reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030, crear más viviendas de relleno en el centro ya edificado, proteger los espacios abiertos y alentar el uso de transporte público. Con un sexto de la población de Portland y distintos problemas y oportunidades, Boulder está tratando de obtener un consenso sobre lo que significa el relleno sensible en su caso.

Ubicada a 40 km al noroeste de Denver, a los pies de las Rocosas, Boulder ocupa un lugar alto en las listas de lugares saludables, habitables y emprendedores. La belleza natural y la buena calidad de vida en esta ciudad de 66,8 km2 y 105.000 habitantes han atraído a empresas nuevas y firmas de alta tecnología ya establecidas, como Google y Twitter. Este influjo ha alimentado un estilo de vida “digital” y un mercado de vivienda impulsado por el “1 por ciento más rico”, donde la mediana del precio de una vivienda unifamiliar separada supera el millón de dólares.

En los últimos dos años, los precios de la vivienda han subido un 31 por ciento en general. Esto se debe a factores que van más allá del crecimiento de la industria de alta tecnología (aclaración: he vivido, trabajado y criado dos hijos durante casi 25 años en un barrio de Boulder que era modesto, y ahora ha sido reconstruido con casas de alto nivel). La Universidad de Colorado-Boulder, un factor de crecimiento económico importante, emplea a 38.000 académicos, personal auxiliar y estudiantes, generando una demanda significativa de viviendas. El desequilibrio entre puestos de empleo y viviendas hace que aproximadamente 60.000 vehículos entren y salgan diariamente de la ciudad, a pesar del servicio regional y local de autobuses.

La ley estatal prohíbe el control de alquileres, y la legislación sobre defectos de construcción en condominios ha reducido este tipo de construcción para residentes de ingresos medios. Boulder también aloja a muchos “bohemios” jóvenes con dinero y compradores especulativos que adquieren viviendas con efectivo de propiedades que vendieron en otros mercados de alto nivel. Algunas son segundas o terceras residencias, y otras se reservan para alquileres de corto plazo, como Airbnb. En junio de 2015, el concejo municipal impuso una restricción sobre los alquileres de corto plazo para vacaciones, debido a que afectan los precios y reducen la cantidad de oportunidades de vivienda de largo plazo.

El desarrollo inmobiliario está limitado por la escasez de lotes residenciales, un anillo de espacio abierto protegido de 18.000 hectáreas que rodea la ciudad, y limitaciones de altura en los edificios, que no pueden superar entre 10 y 17 metros, dependiendo de la densidad de edificación planificada y la cercanía al transporte público. La ciudad se está aproximando al límite teórico de edificación. Se pronostican 6.760 unidades de viviendas adicionales para 2040 en la última versión del Plan de Ordenamiento del Valle de Boulder. Una encuesta de viviendas realizada en 2015 para el plan reveló que la mayoría de los residentes está dispuesto a aumentar la densidad y la altura de los edificios para crear más viviendas, por lo menos en ciertas partes de la ciudad.

Desde 1989, si bien el porcentaje de viviendas de menores ingresos ha permanecido constante, los hogares de ingresos medios se han reducido del 43 por ciento al 37 por ciento de la población. El segmento que está desapareciendo más rápidamente es el de hogares que ganan entre USD 65.000 y USD 150.000 por año, y también las familias con hijos. El concejo municipal, la junta de planificación y las páginas editoriales de los periódicos locales señalan que Boulder se está convirtiendo en “Aspen”, y que las opciones de viviendas de relleno podrían reducir o revertir la tendencia a mayor exclusividad y menos diversidad de la ciudad.

Boulder ha estado trabajando en la inclusión y creación de viviendas económicamente accesibles desde hace tiempo. Su ordenanza de zonificación inclusiva produjo 3.300 unidades de vivienda social entre 2000 y 2016. Los emprendedores de proyectos con cinco o más unidades tienen que construir un 20 por ciento de viviendas permanentemente sociales o fuera del predio, donar suelo o realizar pagos en lugar de impuestos al fondo de viviendas sociales de la ciudad. La meta de la ciudad es tener un 10 por ciento de viviendas sociales permanentes; en la actualidad, un 7,3 por ciento del inventario de viviendas de la ciudad reúne estas condiciones.

Parte del programa de viviendas accesibles está destinado a viviendas para ingresos medios: la ciudad tiene como objetivo crear 450 unidades permanentes de vivienda accesible para hogares que ganan entre el 80 y el 120 por ciento de la mediana de ingresos de la zona. Entre 2000 y 2016, se construyeron 107 unidades de vivienda para hogares de ingresos medios en barrios nuevos de ingresos mixtos, en suelo anexado al norte de Boulder. Muchas están en el barrio Holiday, un modelo de uso mixto con un 42 por ciento de unidades accesibles integradas en un total de 333 casas adosadas, casas en hilera, apartamentos, estudios de residencia y trabajo, y coviviendas. Recientemente se han construido unidades para ingresos medios en el barrio de Northfield Commons, donde la mitad del 43 por ciento de unidades accesibles se compone de dúplex, unidades para cuatro y seis familias y casas adosadas reservadas para ingresos medios.

“Es muy caro subsidiar a personas que ganan entre USD 70.000 y USD 130.000 por año”, dice Aaron Brockett, concejal y ex miembro de la junta de planificación, refiriéndose a un estudio de viviendas para ingresos medios preparado por la ciudad que definió el mercado de ingresos medios del 80 al 150 por ciento de la AMI. Propone “soluciones de mercado, por ejemplo, unidades más pequeñas en las áreas que tienen amenidades y servicios, como las áreas de uso mixto, donde la gente puede caminar hasta el transporte público, y áreas de revitalización”.

Al preparar una estrategia integral de viviendas, Boulder está explorando ideas de viviendas de relleno para ingresos medios en los corredores de transporte público, franjas comerciales, parques empresariales y áreas industriales que se podrían rezonificar y revitalizar, y en centros barriales de uso mixto en áreas residenciales. “El barrio ‘a 15 minutos del trabajo’ es el ideal para muchas comunidades, pero para eso hay que trabajar mucho”, dice Jay Sugnet, gerente de proyecto de Housing Boulder. “¿Están en barrios unifamiliares o en el límite de las áreas de servicio o industriales? ¿Dónde estamos dispuestos a colocar estas viviendas, y qué es lo apropiado? También hace falta una cierta densidad de población para respaldar el comercio minorista. Boulder tiene muchos corredores comerciales, pero hace falta una cantidad suficiente de personas para respaldar a todos ellos”.

 


Unidades de Viviendas Accesorias (Accesory Dwelling Units o ADU): un método preferido de viviendas de relleno

Los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, la reducción del tamaño de los hogares, el nivel de deuda estudiantil de la generación del mileno y las preferencias culturales están llevando a muchas ciudades a permitir la construcción de ADU, también conocidas como “apartamento para los suegros”, “apartamento de la abuela” y “cabañas adosadas”. Los proponentes dicen que las ADU —construidas dentro de una casa, reconstruidas en un garaje o edificadas como cabañas nuevas separadas— ofrecen opciones accesibles para padres de edad avanzada, hijos adultos y cuidadores. También son una fuente de ingresos por alquiler que ayudan a los residentes a permanecer en su casa. A medida que los propietarios más viejos quieren reducir el tamaño de su casa, pero permanecer en ella, algunos deciden vivir en una ADU y alquilar su residencia principal.

Las ADU, que varían entre 20 y más de 100 metros cuadrados, forman parte de una larga tradición de apartamentos modestos y casas multigeneracionales que eran comunes antes de la era de casas unifamiliares suburbanas. Muchos activistas de vivienda proponen el uso de ADU como manera de agregar unidades rápidamente, ya que los propietarios mismos son los que financian el relleno en barrios existentes, en comparación con el prolongado y costoso proceso de adquisición y desarrollo de proyectos multifamiliares de gran escala a cargo de municipalidades, organizaciones sin fines de lucro de viviendas accesibles y emprendedores privados. En la reunión de la organización Bridging the Gap (Cerrar la Brecha) realizada en mayo en la ciudad de Denver, una sesión sobre accesibilidad de pequeña escala consideró un escenario posible para la ciudad: 70 barrios, multiplicados por 300 ADU por barrio, crearían 21.000 unidades de vivienda a precios moderados.

En la conferencia de YIMBY realizada en Boulder en 2015, Susan Somers, de AURA (anteriormente Austinites for Urban Rural Action) en Austin, Texas, describió un esfuerzo de la coalición por convertirse en “una ciudad de ADU” y aumentar la densidad de viviendas en esta ciudad donde la mayoría de las viviendas son casas unifamiliares separadas. Cumplieron con su misión: en noviembre de 2015, el concejo municipal de la ciudad de Austin aprobó una resolución que relaja las regulaciones de ADU y las permite en lotes más pequeños. AURA espera ayudar a los propietarios a construir 500 ADU nuevas por año. Estas unidades proporcionan “viviendas accesibles y una fuente de ingresos para que los propietarios puedan quedarse en su casa”, dice Somers. En la zona aburguesada de East Austin, “esta es la manera de conseguir que las familias permanezcan juntas”.

 


 

La ciudad también piensa modificar la ordenanza de ADU para crear más viviendas al alcance de los ingresos medios en barrios compuestos en su mayoría por casas unifamiliares separadas, que constituyen el 41 por ciento del inventario de viviendas de la ciudad, de 46.000 unidades. La ordenanza de ADU, en vigencia desde 1981, ha otorgado solo 186 permisos para ADU y 42 OAU (unidades adicionales de propietario, por su sigla en inglés) debido a los requisitos de estacionamiento fuera de la calle, superficie mínima de lote y límites en la densidad de las ADU. “Nos gustaría tener ADUs para promover la diversidad de viviendas en los barrios”, dice David Driskell, Director Ejecutivo de Planificación, Vivienda y Sostenibilidad. “Podríamos crear bastantes unidades desde el punto de vista del espacio, pero habría mucha discusión política sobre el estacionamiento y el impacto sobre el tráfico”.

El concejo municipal está considerando realizar “ajustes creativos” a las viviendas existentes que no afectarían tanto la planta edificada y el “carácter” de las áreas residenciales, como un relajamiento de las restricciones del código de edificación sobre la cantidad de gente no emparentada que pueden compartir una casa. En la mayoría de las zonas residenciales, no más de tres personas no emparentadas pueden compartir una vivienda, aunque tenga seis cuartos y múltiples baños. Una petición electoral presentada recientemente por estudiantes de posgrado de la Universidad de Colorado les pide a los votantes de Boulder que revoquen el límite de ocupación y adopten una política de “una persona = un cuarto”. Este mayor nivel de ocupación es controversial. Si bien permitiría que más estudiantes y otros vivan legalmente, también podría aumentar el costo de la vivienda para las familias, ya que el alquiler mensual en casas grupales, particularmente para aquellos que viven cerca de la universidad, cuesta frecuentemente hasta USD 1.000 por cuarto.

La ciudad también está considerando una revisión de su ordenanza sobre vivienda cooperativa, que tiene ya 20 años de antigüedad. No se ha permitido ningún proyecto cooperativo hasta ahora, porque la ordenanza era “esencialmente un camino hacia el no”, dice Driskell. Se establecieron tres cooperativas de alquiler social bajo otras medidas. El concejo municipal está considerando emitir una ordenanza más benévola que, según los proponentes, beneficiaría a la ciudad al ofrecer un estilo de vida sostenible y orientado hacia la comunidad para residentes solteros, familias jóvenes, personas de edad avanzada, y personas que trabajan en empleos de sueldos bajos.

“Tenemos tendencia a ser una ciudad con muchas regulaciones, y realmente estamos comprometidos con nuestra planificación deliberativa”, dice Susan Richstone, Subdirectora de Planificación, Vivienda y Sostenibilidad. “No siempre ha sido fácil, pero estamos debatiendo y haciendo los cambios de planificación y niveles de zonificación necesarios, dentro de un marco de referencia de regulación. Es parte de nuestro ADN”.

“La densidad es un espantajo en esta situación, y la gente está revoloteada”, dice Bryan Bowen, un arquitecto y planificador que es miembro de la Junta de Planificación de Boulder y el Grupo de Trabajo para Ingresos Medios de la ciudad. Los residentes están inquietos porque se están demoliendo las casas modestas y se las reemplaza con casas nuevas de 500 m2 que valen USD 1,5 millones, y la posibilidad de que construyan edificios de apartamentos multifamiliares de mayor densidad más grandes de mal aspecto. “Por eso el relleno sensible cae bien, si bien tiene una calidad interpretativa. Se trata de encontrar lo que la gente considera compatible y aceptable”. Todavía no hay consenso sobre qué método de relleno es el mejor, dice Bowen. “Pero, con franqueza, es probable que necesitemos todas estas variantes, en moderación”.

Cambridge: cómo cerrar la brecha de ingresos

Cambridge, ubicada del otro lado del río Charles y a tres millas al oeste de Boston, tiene las viviendas más caras de Massachusetts y está bajo presión para producir más opciones para los residentes de ingresos medios. La población ha aumentado más del 10 por ciento desde 2000, hasta llegar a 110.000 residentes en una superficie compacta de 17 km2, y se proyecta que tendrá 6.200 viviendas más antes de 2030, según el Consejo de Planificación del Área Metropolitana (MAPC, por su sigla en inglés), la entidad de planificación regional del área metropolitana de Boston. La ciudad tiene 117.000 puestos de empleo y más de 52.000 unidades de vivienda, de las cuales la mitad se encuentra en áreas comerciales de uso mixto. El precio de lista promedio de una vivienda unifamiliar superó los USD 1,2 millones en 2015. La mediana del alquiler mensual de un apartamento de un solo cuarto era de USD 2.300.

“Cambridge se ha convertido en un lugar bifurcado de ingresos muy altos e ingresos muy bajos”, dice Andre Leroux, Director Ejecutivo de la Alianza para el Crecimiento Inteligente de Massachusetts. “A la clase media le cuesta mucho vivir aquí”. Cambridge tiene la infraestructura para respaldar una mayor densidad y agregar emprendimientos residenciales mucho más significativos y torres residenciales inmensas, “pero no quiere convertirse en el centrode Boston”.

La ciudad se encuentra en el primer año de un proceso de planificación maestra de tres años de duración, el primero desde el año 2000 (el estado no exige a las municipalidades que desarrollen planes de ordenamiento). La prioridad número uno es para viviendas al alcance del bolsillo para familias de ingresos bajos, moderados y medios —un tema que resuena en todo el proceso público— dice Iram Farooq, Subgerente Municipal para Desarrollo Comunitario.

“Hay muy pocas opciones al alcance de la gente trabajadora en la ciudad”, dice Farooq. La reducción más grande de población se ha producido en residentes que ganan entre el 50 y el 80 por ciento de la AMI, dice. Los hogares de ingresos medios, que ganan entre el 80 y el 120 por ciento de la AMI, también están dejando la ciudad para encontrar opciones de vivienda en otras zonas de la región urbana. Señala que un programa municipal que ofreció financiamiento de bajo interés para gente que quiere comprar una vivienda que gana hasta el 120 por ciento de la AMI tuvo muy poca demanda.

“El solo hecho de crear un programa no quiere decir que la gente lo vaya a usar. Con el mismo compromiso financiero, pueden caminar 5 kilómetros y encontrar una casa mejor o más grande por el mismo dinero. Es un problema más grande alojar a la clase media que otros niveles de ingresos”.

La ciudad está usando estrategias de regulación para financiar más viviendas accesibles. Una ordenanza de zonificación de incentivo promulgada en 1988 requería pagos para compensar por los efectos del desarrollo comercial del mercado de viviendas. En 2015, la ciudad actualizó la ordenanza para aumentar la tasa para los emprendedores de USD 4,58 a USD 12 por pie cuadrado, y ampliar el requisito para incluir en ella todo emprendimiento no residencial, incluyendo instituciones de cuidado de salud y universidades, laboratorios y edificios de oficina. La ciudad también está considerando nuevas zonificaciones para sitios de relleno y una expansión de su ordenanza de viviendas inclusivas, que en la actualidad requiere el 11,5 por ciento de viviendas accesibles en nuevos proyectos, que ahora se elevará al 20 por ciento de unidades de viviendas accesibles para hogares de ingresos moderados, medios y bajos.

Cambridge ha estado construyendo viviendas de relleno, la mayoría de ellas en complejos de 50 a 300 unidades, en predios más grandes. En East Cambridge, por ejemplo, se han creado miles de unidades de vivienda en la última década, junto con cientos de miles de metros cuadrados de espacio de oficina y restaurantes, en tierras que antes eran industriales. La ciudad está requiriendo la creación de unidades residenciales en todos los emprendimientos nuevos; el 40 por ciento de un nuevo proyecto comercial en la zona de Kendall Square, en East Cambridge, se dedicará a viviendas. Parte de estos emprendimientos se subsidian para la clase media. Pero hay muy pocas parcelas en áreas residenciales, los costos del suelo son altos y los residentes se están resistiendo.

Por muchos años, aquellos interesados en los problemas de vivienda han estado urgiendo a la ciudad a que agregue más viviendas de relleno y aumente la densidad en Central Square, el centro municipal histórico. Central Square, ubicado sobre la Avenida Massachusetts, tiene una estación de metro y una estación de transferencia de autobuses, donde convergen ocho rutas de autobuses. El área tiene algunos edificios de tres y cuatro pisos, y también de uno o dos pisos, que se podrían reconvertir en viviendas de alta densidad de uso mixto cerca del transporte público. Históricamente, la zona tenía edificios más altos y densos, pero se eliminaron el tercer y cuarto piso de algunos edificios para reducir los impuestos durante la Gran Depresión. Sin embargo, en 2012, algunos vecinos trataron de persuadir a la ciudad de que redujera el requisito de densidad en Central Square.

“Reducir la densidad no es apropiado en momentos de crisis, cuando nuestra capacidad para construir viviendas está tan restringida”, dice Jesse Kanshoun-Benanav, un planificador urbano y emprendedor de viviendas accesibles que fundó el grupo cívico llamado Por un Mejor Cambridge para responder al esfuerzo por reducir la densidad, y para promover una mayor densidad por medio de oportunidades de viviendas de relleno. El concejo municipal postergó la consideración del proyecto para reducir la densidad y desde entonces ha estado autorizando cambios de zonificación en Central Square y brindando incentivos, como permisos para construir edificios de mayor altura y densidad, a cambio del desarrollo de viviendas más económicas.

En el extremo este de Central Square, Twining Properties está desarrollando Mass + Main, un proyecto de uso mixto de múltiples parcelas con una torre de 60 m de altura y 270 apartamentos, de los cuales el 20 por ciento se asignará a residentes de ingresos bajos, moderados y medios. El proyecto requirió una varianza de zonificación, señala Farooq. “Ahora estamos viendo voluntad política para rezonificar el resto de Central Square. La gente no parece oponerse a la densidad en forma de edificios de mayor altura, así que tendremos que explorar qué significa esto en lo que hace a la forma urbana”.

Las casas adosadas, dúplex y casas de tres pisos son la norma en Cambridge, y sólo el 7,5 por ciento son casas unifamiliares separadas. Las nuevas reglas promulgadas en mayo permiten la conversión de sótanos en unidades de viviendas accesorias (ADU) en casas unifamiliares y para dos familias en la ciudad, lo cual podría generar 1.000 ADU legales. Las ADU no necesitan una varianza de zonificación y no se exige estacionamiento fuera de la calle. La superficie de las nuevas unidades no se incluirá en el área bruta de suelo (anteriormente se prohibían las ADU en la mayoría de los casos debido a que violaba las reglas de coeficiente de edificación y los requistos de área de lote mínima para cada vivienda). Los proponentes dicen que estas reglas permitirán un uso más eficiente de las casas grandes y que no alterarán el perfil del barrio.

“Lo importante es que hay gente en la ciudad dispuesta a aceptar compromisos”, dice Farooq, y señala que el movimiento YIMBY (A lado de mi casa, ¡sí!) tiene un “gran capital político” para contraponerse al esfuerzo NIMBY (A lado de mi casa, ¡no!) contrario a las viviendas de relleno. “Hay un deseo de la comunidad por crear más viviendas, y mucha gente joven, muchos de los cuales son inquilinos, reconoce que es importante aumentar la oferta y evitar los grandes aumentos de alquiler, para que la vivienda sea más manejable y accesible”.

Metodologías regionales

Leroux, de la Alianza para el Crecimiento Inteligente de Massachusetts, y otros en el resto del país, dicen que las necesidades de vivienda se tienen que resolver a nivel regional, y que las ciudades y los pueblos deberían trabajar en conjunto para permitir las viviendas de relleno y otras estrategias, como las ADU, bajo las leyes de zonificación estatales. En junio, el Senado de Massachusetts aprobó una ley que reformaría las leyes de zonificación de la década de 1970 para permitir ADU y distritos de viviendas multi-familiares en todas las comunidades. Una coalición entre la Alianza, el presidente del Senado, los alcaldes y activistas ecológicos, de salud pública, de viviendas accesibles y transporte respaldan este proyecto de ley, que probablemente se promulgue en la próxima sesión legislativa. Esta es una estrategia legal y política que incluye una cláusula de vivienda equitativa que prohíbe a las comunidades tomar decisiones discriminatorias de uso de suelo, que Leroux y otros dicen que aumentan la segregación en muchas áreas metropolitanas, donde los residentes de bajos ingresos y gente de color son excluidos de los barrios urbanos en proceso de revitalización.

Las comunidades suburbanas también necesitan contribuir su parte, dice. Muchos suburbios siguen zonificados y edificados para el mercado del automóvil, y “muchas casas modestas se están derribando para reemplazarlas con mansiones de lujo”, dice. “Creemos que las ciudades y los pueblos pueden llegar a un acuerdo con la comunidad de desarrollo inmobiliario para permitir el desarrollo cerca de lugares peatonales, con infraestructura y transporte, limitando al mismo tiempo el crecimiento desordenado y protegiendo las áreas naturales”. Para permitir un crecimiento más diverso de viviendas, dice, la Alianza y otros están promoviendo exenciones de zonificación en áreas peatonales, centros comerciales, villas, centros y plazas urbanas, porque “allí es donde está el mercado y necesitamos que el mercado haga su tarea”.

Este artículo se publicó originalmente en el número de Land Lines de julio de 2016.

 


 

Kathleen McCormick, fundadora de Fountainhead Communications, LLC, vive y trabaja en Boulder, Colorado, y escribe frecuentemente sobre comunidades sostenibles, saludables y resilientes.

Fotografía: Fred King

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La evolución de las casas prefabricadas
Por Loren Berlin, March 15, 2018

Liz Wood quería comprar una casa. Corría el año 2006, había estado alquilando por una década y sus pagos mensuales le estaban resultando muy altos. Tenía 43años y un empleo estable como educadora familiar en el que ganaba USD 34.000 al año más beneficios. No quería nada lujoso; simplemente un lugar donde pudiera “crear amor y tener estabilidad”. No quería ir más allá de sus recursos.

De todas maneras, las cuentas no le cuadraban. Wood vive en Duvall, Washington, un pueblo de apenas 7.500 habitantes al pie de las Montañas Cascade. Duvall, inmerso en un bosque frondoso, se encuentra a alrededor de 48 kilómetros de Seattle y apenas 13 kilómetros de la ciudad de Redmond, sede de Microsoft. La mediana de ingresos en Duvall es casi el doble de la del estado de Washington, y las viviendas de la zona son caras. En 2010, la mediana del valor de las viviendas ocupadas en Duvall era de USD 373.500, en comparación con el estimado del estado de USD 262.100, según la Oficina del Censo de los EE. UU.

Entre las pocas opciones que tenía, Wood se decidió finalmente por una casa prefabricada. Por USD 55.000, compró una casa de segunda mano en Duvall Riverside Village, una comunidad de dos hectáreas con 25 viviendas prefabricadas, ubicada en el centro de Duvall. “Vivir aquí es increíble”, declaró. “Mi propiedad da sobre el río, así que cuando salgo de mi casa veo agua, pinos y un sendero por el cual puedo caminar hasta el pueblo vecino. Me despierto por la mañana y escucho a los pájaros. Conozco a todos mis vecinos. Estoy conectada con mi comunidad. Estoy a una cuadra de la comisaría. Me siento segura”.

Pero, aun así, su situación era complicada. Wood era dueña de su casa, pero no del terreno donde estaba ubicada. Alquilaba el terreno por USD 450 mensuales, más el pago del agua y los demás servicios públicos, como el resto de los residentes de Duvall Riverside Village. Por lo tanto, Wood y sus vecinos estaban básicamente a merced del dueño de la propiedad, y no gozaban de la autonomía y seguridad legal asociadas con los modelos de propiedad de vivienda más tradicionales.

El propietario prohibía la construcción de garajes, lo que limitaba las opciones de almacenamiento de los residentes. Cobraba USD 25 al mes por cada automóvil o persona adulta adicional que no se hubiera registrado en el momento de la mudanza. Cobraba USD 5 al mes por cada mascota y los perros no podían quedar sueltos en ningún momento. Había que pagar una cuota mensual de USD 5 por cada dos metros cúbicos de leña extra, que Wood necesitaba para alimentar su estufa. Aunque el propietario había contratado un empleado de mantenimiento, no había instalado alumbrado exterior ni mantenía las calles de la comunidad, que estaban llenas de baches y grietas.

En 2012, Wood y sus vecinos recibieron un aviso por escrito de que el propietario vendía el suelo. A diferencia de otros propietarios, que preferían vender su terreno a un emprendedor inmobiliario, este propietario estaba dispuesto a vendérselo a los residentes. Había aceptado organizar una reunión con los inquilinos, un corredor de bienes raíces y el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste (Northwest Cooperative Development Center), una organización sin fines de lucro que apoya a las cooperativas. Las partes consideraron la posibilidad de establecer una cooperativa de residentes sin fines de lucro para comprar la propiedad. De esa manera, podrían conservar el suelo para las casas prefabricadas, seguir viviendo en comunidad y administrar colectivamente un lugar seguro, económico y de alta calidad.

Los residentes votaron a favor de esta propuesta. El propietario tenía dos exigencias. Quería vender su propiedad a un valor justo de mercado y quería completar la venta antes de fin del año. Estaban ya en agosto. Tenían cinco meses.

Además de colaborar con el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste, los residentes también comenzaron a trabajar con ROC USA, una organización sin fines de lucro de Nueva Hampshire que ofrece a los residentes de comunidades de casas prefabricadas una combinación de asistencia técnica y financiamiento asequible para comprar su suelo alquilado cuando se pone a la venta. Entre 2008, año en que se fundó, y 2016, ROC USA ha facilitado con éxito 80 transacciones de este tipo en todo el país y consiguió préstamos de financiamiento por más de USD 175 millones.

ROC USA trabaja con una red de ocho filiales regionales, una de las cuales es el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste. En Duvall, las organizaciones sin fines de lucro trabajaron con los residentes para hacer un análisis económico de la oferta y confirmar que era una buena oportunidad para que los residentes fueran propietarios de la comunidad. A continuación, las organizaciones ayudaron a los residentes a contratar a un abogado independiente y establecer su cooperativa, que funcionaría como una democracia, en la que los residentes elegirían a sus propios dirigentes. ROC USA ayudó a los residentes a contratar a un ingeniero independiente para realizar la diligencia debida de la propiedad; a conseguir financiamiento a través de la subsidiaria de préstamo de ROC USA, llamada ROC USA Capital; a comprar la propiedad y realizar las reparaciones indispensables; y a organizar la transferencia inmobiliaria.

El 27 de diciembre de ese año, la nueva cooperativa compró Duvall Riverside Village con USD 1,3 millones de financiamiento de ROC USA Capital, y Wood y los demás propietarios pasaron a controlar sus propias viviendas y a preservar de forma permanente 25 viviendas económicas en un pueblo donde la oferta de este tipo de viviendas es escasa.

Los residentes continuaron pagando USD 450 mensuales para alquilar el terreno, pero ahora votan para establecer las reglas de la comunidad y usan el pago del alquiler para realizar mejoras y pagar la hipoteca, los impuestos y los gastos de comunidad.

“Ahora puedes tener un garaje si quieres”, explica Wood, que es la presidente de la cooperativa de residentes de Duvall y miembro de la junta directiva de ROC USA. “E invertimos USD 35.000 para arreglar las calles. Ya no tenemos que vivir con temor, así que la gente está dispuesta a invertir en su casa. Tenemos reuniones anuales para votar sobre proyectos. Si en el presupuesto hay cosas que no necesitamos, podemos reducir nuestro alquiler mensual. En última instancia, controlamos nuestro propio destino”.

Después de completar la venta, ROC USA y el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste han seguido proporcionando a los residentes asistencia técnica para garantizar el buen funcionamiento de la comunidad.

“Si simplemente nos hubieran prestado el dinero y nos hubieran dicho: ‘Estas son las pautas, y esto es lo que tienen que hacer’, habríamos fracasado”, explica Wood. “Pero son un recurso constante. Nos ayudan en situaciones difíciles o cuando no sabemos cómo hacer algo de forma legal. Nuestra meta es independizarnos y poder administrar nuestra comunidad como un negocio. Pague sus cuentas y su casa puede quedarse donde está. Punto. Para siempre”.

Beneficios

En 2015, más de 18 millones de estadounidenses vivían en casas prefabricadas, lo cual representaba el 5 por ciento del inventario de viviendas en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos, y un 15 por ciento en las comunidades rurales. Su calidad tiene variaciones significativas. Aproximadamente el 25 por ciento de las casas prefabricadas son las casas rodantes frágiles desvencijadas de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, fabricadas antes de que el gobierno federal introdujera controles de calidad en 1976. El 75 por ciento restante cumple con las normas federales y muchas son viviendas agradables y energéticamente eficientes, que a simple vista no se pueden distinguir de las viviendas tradicionales construidas sobre el terreno. Si bien las casas prefabricadas han sido despreciadas durante mucho tiempo como el último recurso para vivienda, los modelos actuales son robustos, eficientes y atractivos, con el potencial de aliviar la carencia de viviendas seguras y económicas en el país.

Las casas prefabricadas modernas cuestan aproximadamente la mitad que las construidas sobre el terreno, y se pueden construir cinco veces más rápido, lo que las convierte en una opción realmente viable para los consumidores de bajos ingresos. El proceso de producción tiene menos desperdicios y los modelos que cumplen con las normas Energy Star del gobierno federal ofrecen a los propietarios un importante ahorro de energía. Y son duraderas. Mientras que las casas prefabricadas construidas antes de las regulaciones de 1976 fueron diseñadas para ser portátiles, como vehículos recreativos, los modelos modernos están construidos con materiales más fuertes y diseñados para ser permanentes. Las casas prefabricadas de hoy pueden sustentarse en los mismos tipos de cimientos que se usarían para una estructura construida sobre el terreno, lo que ofrece flexibilidad para usarlas en una amplia gama de geografías y ambientes.

“El inventario de casas prefabricadas es un componente fundamental de las viviendas económicas del país”, dice George McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “Supera fácilmente dos o tres veces el inventario de viviendas subsidiadas en casi todos los mercados”.

Las casas prefabricadas son más baratas de producir que las construidas sobre el terreno, debido a su proceso de manufactura. Andrea Levere, presidente de Corporation for Enterprise Development, escribió en The Huffington Post que “el término ‘casa prefabricada’ tiene menos que ver con la calidad que con el proceso de producción, que deriva de las cadenas de montaje creadas por Henry Ford. Este modelo permite construir las casas prefabricadas en un ambiente de trabajo más controlado, con costos más predecibles, mayor eficiencia y menos residuos” (Levere 2013).

En 2013, el costo de una nueva casa prefabricada energéticamente eficiente era de USD 64.000, en comparación con los USD 324.500 de una nueva casa construida sobre el terreno, según el censo de los Estados Unidos, aunque el precio de la segunda incluye el suelo. Pero incluso cuando se descuenta el costo del suelo, las casas prefabricadas siguen siendo significativamente más baratas, con un promedio de USD 4 por metro cuadrado, en comparación con USD 8,7 por metro cuadrado para las casas construidas sobre el terreno. Y no son viviendas subsidiadas, lo cual es una ventaja cuando se tiene en cuenta la oferta extremadamente escasa de viviendas subsidiadas en comparación con la demanda. Solo una de cuatro familias que reúne los requisitos debido a sus bajos ingresos recibe una vivienda subsidiada, de acuerdo con la Comisión Bipartidista de Políticas, y se deja al 75 por ciento restante con la necesidad de una alternativa económica sin subsidiar. Al ayudar a cubrir ese vacío, las casas prefabricadas pueden aliviar algo esta demanda de casas subsidiadas que los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen tanta dificultad para ofrecer debido a la reducción de sus presupuestos. “La mayoría de las familias que viven en casas prefabricadas serían elegibles para viviendas subsidiadas, pero, en su lugar, eligen esta opción más barata y sin subsidio”, dice McCarthy.

El inventario es también muy versátil, señala McCarthy, y cita el papel que las casas prefabricadas cumplieron en el período inmediatamente posterior al Huracán Sandy. “Los trabajadores de emergencia instalaron 17 casas prefabricadas en Nueva Jersey a pocas semanas del huracán. Estas eran casas permanentes para inquilinos desplazados, no los problemáticos ‘tráileres Katrina’. Y lo hicieron antes de que la mayoría de las organizaciones elaborara siquiera un plan de vivienda. Esto es una muestra de la eficiencia y flexibilidad de las casas prefabricadas. Los plazos de producción son aproximadamente 80 por ciento más cortos que los de las casas construidas sobre el terreno, lo que las convierte en la mejor opción de vivienda como respuesta a las catástrofes”.

De todas maneras, las casas prefabricadas con frecuencia tienen mala reputación, debido, en gran medida, a la percepción equivocada de que los modelos de hoy en día son los mismos que los de las primeras generaciones de casas móviles, antes de la introducción de normas de control de calidad por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en 1976. Hoy, hay aproximadamente 2 millones de casas construidas antes de 1976; muchas de ellas apenas se sostienen en pie, y alojan a la población más vulnerable, como los ancianos y discapacitados. Si bien el inventario de viviendas anteriores a 1976 no tiene casi relación con sus contrapartes de la actualidad, estas viviendas más viejas y deterioradas dominan la percepción pública de las casas prefabricadas en los Estados Unidos.

La reputación del inventario de estas viviendas es aún menor por las vulnerabilidades que tienen los residentes que no son dueños del terreno donde viven. Aproximadamente 3 millones de personas viven en una de las 50.000 comunidades de viviendas prefabricadas del país, mientras que otros 3 millones alquilan una casa prefabricada en terrenos privados. Hay comunidades de casas prefabricadas en todos los estados del país. Como en el caso de Duvall Riverside Village, muchas se encuentran en terrenos privilegiados, y los propietarios de esos terrenos reciben habitualmente ofertas de emprendedores inmobiliarios.

Los promotores de casas prefabricadas y de su viabilidad como alternativa de vivienda económica se han enfocado en tres áreas fundamentales de innovación: conservar los parques de casas móviles; reemplazar las unidades anteriores a 1976 por casas energéticamente eficientes y aumentar el acceso a financiamiento asequible, ya que para los compradores potenciales es prácticamente inaccesible en el mercado actual, y es imperativo para acumular un patrimonio neto y preservar el valor de reventa de la casa.

Conservación de las comunidades de casas prefabricadas

La conversión de una comunidad de casas prefabricadas de propiedad privada a una cooperativa de residentes, como se hizo en Duvall Riverside Village, no es frecuente. Por cada comunidad que se ofrece a la venta y se preserva satisfactoriamente como vivienda económica, hay muchas más que se terminan vendiendo para realizar emprendimientos inmobiliarios, y se desplaza a los residentes, quienes quizás no tengan ninguna otra buena alternativa.

“No es tan sencillo como solo mover la casa”, dice Ishbel Dickens, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Casas Prefabricadas. “Primero está la cuestión de si la casa se puede mover. Puede ser demasiado vieja o inestable para moverse. Y aunque se pueda mover, esta operación es cara, y es muy difícil encontrar un espacio en otra comunidad. En la mayoría de los casos, cuando cierra un parque de casas, los residentes probablemente van a perder la casa y todos sus recursos. Lo más probable es que nunca puedan ser propietarios de una vivienda. Probablemente terminarán en una lista de viviendas subsidiadas, o acabarán viviendo en la calle”.

Hasta cierto punto, es un accidente histórico que tantos parques de casas móviles ocupen terrenos valiosos, dice Paul Bradley, presidente de ROC USA. En las décadas de 1950 y 1960, los estadounidenses comenzaron a comprar casas rodantes, en parte debido al surgimiento de una cultura de recreación al aire libre, y en parte debido a que las fábricas comenzaron a producirlas para utilizar la capacidad de manufactura excedente después de la Segunda Guerra Mundial, y, así, eran atractivas y asequibles. A medida que las unidades se fueron haciendo más populares, pasaron de ser estructuras transitorias a permanentes, y la gente comenzó a agregar garajes provisionales para sus automóviles y solarios. En ese momento, los planificadores urbanos aceptaron la evolución hacia la permanencia.

Desde su punto de vista, la mayoría de las casas rodantes se encontraban en terrenos periféricos que no se usaban para emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué tenía de malo dejar estas casas móviles por un tiempo hasta que las ciudades se expandieran hasta llegar allí, y en ese momento desarrollar el suelo?

“Estas comunidades originales se construyeron con un plan en mente para eliminarlas”, dice Bradley. “En ese entonces, nadie contempló las consecuencias de crear un inventario de viviendas donde los propietarios no podían controlar el suelo donde se encontraban. Nadie anticipó que estas comunidades se llenarían de propietarios de bajos y moderados ingresos, quienes invertían su dinero para comprar estas casas y tenían muy pocas alternativas viables. Y hoy en día todavía estamos tratando de resolver este problema. Esta falta de control del suelo significa que los propietarios de las viviendas viven con una profunda sensación de inseguridad, y de que es absurdo efectuar inversiones en su vivienda, porque nunca las van a poder recuperar. ¿Cuál es la consecuencia para un propietario que no puede invertir racionalmente en su casa? ¿Qué significa esto para el inventario de viviendas? ¿Para los barrios?”

Las políticas de corto plazo para el uso del suelo no son el único problema para preservar las comunidades de casas prefabricadas. Otro obstáculo igualmente oneroso es la falta de protección legal para los residentes. En 34 estados y el Distrito de Columbia, el propietario puede vender el terreno sin dar a los residentes la oportunidad de comprarlo. De hecho, en la mayoría de los estados el propietario no tiene siquiera que notificar a los residentes que la comunidad está a la venta; puede esperar hasta que la propiedad se haya vendido antes de informar a los residentes de la transacción, y dejarlos de golpe en una situación muy frágil. Incluso los 16 estados que exigen al propietario que notifique de forma previa sobre la venta de viviendas prefabricadas a la comunidad no brindan necesariamente las protecciones que requieren los inquilinos. “En la mayoría de los estados con notificación previa, hay tantas limitaciones en los requerimientos de la notificación que pocas veces sirve de algo a los residentes”, dice Carolyn Carter, directora de promoción en el Centro Nacional de Derecho del Consumidor (National Consumer Law Center).

Para proteger mejor a los residentes, los promotores respaldan reformas legislativas a las leyes estatales e incentivos tributarios para que los propietarios vendan el suelo a los residentes. La estrategia más efectiva consiste en promulgar leyes estatales que requieren al dueño que dé un aviso anticipado de la venta a los residentes (idealmente de 60 días) junto con la oportunidad de comprar la propiedad, señala Carter. Según ella, seis estados tienen leyes que “funcionan en la práctica, y brindan oportunidades reales para que los residentes compren sus comunidades”: Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Florida, Vermont y Delaware. Dice también que Oregón promulgó una legislación prometedora en enero de 2015. “En estos estados con avisos efectivos y leyes que brindan la oportunidad de comprar, está tomando fuerza el que los residentes se conviertan en propietarios”, explica Carter.Aproximadamente el 46 por ciento de las 80 comunidades respaldadas por ROC USA se encuentra en Nueva Hampshire o Massachusetts, dos estados pequeños con algunas de las protecciones más efectivas del país para los residentes. Hay 89 cooperativas de residentes adicionales en Nueva Hampshire anteriores al lanzamiento de ROC USA.

Para comprender el valor de las leyes firmes de protección para los residentes, basta con contar la historia de Ryder Woods, un parque de 174 casas móviles en Milford, Connecticut, a 18 kilómetros al sur de New Haven, pegado a una carretera principal. Connecticut es uno de 19 estados que ofrecen incentivos tributarios o brindan a los residentes “algunas” protecciones cuando se vende la comunidad, aunque también presenta “importantes vacíos”, según Carter.

En 1998, el dueño de Ryder Woods vendió su propiedad a emprendedores inmobiliarios. Informó a los residentes por medio de avisos de desalojo, en contravención de las leyes estatales, que le exigían no solo dar un aviso por adelantado de la venta pendiente sino también ofrecerles la oportunidad de ser los primeros en comprar el suelo. Ryder Woods tenía una asociación de propietarios activa y rápidamente se organizaron protestas, peticiones y campañas ante la legislatura estatal para cancelar la venta. Finalmente, los medios de comunicación se hicieron cargo de la historia, y una abogada de Milford ofreció sus servicios de forma voluntaria para ayudarlos. A medida que profundizaba en el caso, se dio cuenta de que la ley estaba del lado de los residentes, y que la comunidad necesitaba más respaldo legal que el que ella podía ofrecer por sí sola. Pidió ayuda a un amigo y colega, socio de una importante compañía de Hartford, que aceptó tomar el caso pro bono y asignó la tarea a un equipo de abogados. El caso finalizó en un juicio y en última instancia llegó hasta la corte suprema estatal. El comprador original, que no estaba interesado en este embrollo legal, vendió la propiedad a un segundo emprendedor.

Cuatro años después de la venta original, el tribunal falló a favor de los residentes. En un pacto sin precedentes, y como parte del acuerdo, el segundo emprendedor compró un nuevo terreno a un kilómetro y medio de la parcela original y allí reconstruyó completamente la comunidad. El emprendedor compró 174 casas móviles nuevas y las vendió a los residentes a un precio significativamente reducido, con hipotecas más favorables que cualquier otra financiación convencional del mercado. Construyó un centro comunitario y un estanque que completó con cisnes. Y, como parte del acuerdo, dio a los residentes la oportunidad de formar una cooperativa y comprar el terreno, lo cual hicieron en 2009 con un financiamiento de compra de USD 5,4 millones de ROC USA Capital. La escritura de compra se firmó en las oficinas de la mencionada compañía de Hartford, la cual siguió prestando sus servicios de forma voluntaria a los residentes hasta que se completó la venta. Hoy, en el suelo que ocupaba la comunidad original de Ryder Woods, hay una tienda de Walmart.

“A veces, cuando recordamos lo que pasó, pensamos que fue una locura. Contratamos un autobús, fuimos a Hartford, hablamos con la legislatura y luchamos. Nos juntamos y ganamos contra dos emprendedores multimillonarios”, explica Lynn Nugent, de 68 años, vendedora a tiempo parcial en una tienda de Sears, y uno de los residentes que ayudó a organizar la campaña, junto con su marido, cerrajero jubilado. “Yo siempre digo: antes pertenecíamos a otra persona; ahora nos pertenecemosa nosotros mismos”.

Mejor acceso a casas prefabricadas económicas y de calidad

A diferencia de los residentes de Ryder Woods, muchos propietarios de casas prefabricadas tienen problemas para conseguir una unidad de calidad con un financiamiento asequible. De nuevo, el principal responsable es la legislación. Según la ley federal, las casas prefabricadas se consideran una propiedad personal, como un automóvil o una embarcación, y no una propiedad inmueble como las casas tradicionales. Por lo tanto, los compradores no pueden acceder a préstamos hipotecarios. En cambio, el financiamiento se realiza por medio de préstamos personales. Estos préstamos son más caros que las hipotecas, con un promedio de tasas de interés 50 a 500 puntos básicos, y con menores protecciones al consumidor. Más del 70 por ciento de los préstamos para la compra de casas prefabricadas es de este tipo, considerado un sustituto de productos subprime.

“Esta situación de pertenecer a un segundo nivel es una de las mayores limitaciones para aumentar el inventario de casas prefabricadas permanentemente asequibles”, dice McCarthy. “Es un obstáculo a la financiación de las casas, lo que incrementa su costo y reduciendo el potencial de acumulación de patrimonio neto, porque reduce la demanda efectiva de unidades existentes”.

Si bien la solución ideal sería cambiar las leyes federales de la titulación, no es probable que ocurra. En cambio, Next Step, una organización sin fines de lucro de Kentucky, ha establecido el concepto de “Viviendas Prefabricadas Hechas Correctamente” (Manufactured Housing Done Right o MHDR)”. Esta estrategia innovadora pone casas prefabricadas asequibles de alta calidad —junto con el financiamiento correspondiente— a disposición de consumidores de ingresos bajos a moderados, por medio de una combinación de casas térmicamente eficientes, educación a los compradores y financiamiento barato.

Primero, Next Step brinda a los compradores de bajos ingresos acceso a casas prefabricadas de alta calidad. La organización creó una cartera de modelos sólidos y asequibles. Cada casa de Next Step cumple o excede las normas Energy Star, reduce tanto los costos de los servicios públicos para el propietario como la huella medioambiental. De acuerdo con Next Step, las pruebas han demostrado que estas casas son un 30 por ciento más eficientes que una casa básica que cumple con el código de edificación, y 10 a 15 por ciento más eficientes que una casa Energy Star básica. En promedio, esto genera un ahorro de energía de USD 1.800 al año por cada casa móvil anterior a 1976 reemplazada, y USD 360 al año por cada casa nueva establecida.

Además, las casas de Next Step fueron “diseñadas para garantizar que sean económicas al tiempo que cumplen con las normas de calidad”. Se instalan sobre cimientos permanentes, proporcionando un mayor soporte estructural contra el viento y reducen los problemas de asentamiento. Las casas tienen pisos y aislamiento de alta calidad, lo cual ayuda a aumentar su durabilidad y reducir los gastos de energía. Y como el problema principal de los cimientos es el agua, las casas de Next Step tienen protecciones adicionales contra la humedad.

Mejor acceso a financiamiento sostenible

Next Step también asegura a los compradores de vivienda un financiamiento seguro, sostenible y económico. “Uno de los problemas de esta industria es que los mercados de capital no participan de forma importante”, explica Stacey Epperson, Directora Ejecutiva de Next Step. “No hay un mercado secundario significativo, de manera que hay muy pocos prestamistas en el mercado y muy pocas opciones para los compradores. Nuestra solución es preparar a nuestros prestatarios para que sean propietarios, y después conseguirles buenos préstamos”.

Next Step trabaja con una combinación de prestamistas con y sin fines de lucro, aprobados por la organización, que proporcionan un financiamiento seguro a precios razonables. Como contrapartida, reduce el riesgo de los prestamistas. Las casas están diseñadas para cumplir con los requisitos de los prestamistas, y los compradores reciben capacitación financiera integral para que puedan tener éxito como compradores. Por lo tanto, los compradores de casas de Next Step no solo obtienen una mejor hipoteca inicial, sino que tienen la capacidad para acumular patrimonio neto y obtener un buen precio de reventa cuando decidan vender su casa.

Además, cada casa de Next Step se instala sobre un cimiento permanente para que el propietario pueda cumplir con los requisitos de ciertos programas hipotecarios con garantía gubernamental, que son menos onerosos que un préstamo personal. Next Step estima que, hacia 2015, había ahorrado a sus 173 propietarios aproximadamente USD 16,1 millones en pagos de interés.

“Cerca del 75 por ciento del financiamiento de casas prefabricadas se hace con préstamos personales. Pero el 70 por ciento de casas nuevas prefabricadas se instala en suelos privados donde, en muchos casos, la casa se podría colocar sobre un cimiento permanente, y el dueño podría obtener una hipoteca de largo plazo con una baja tasa de interés”, dice Epperson.

En parte, el modelo de MHDR es innovador porque es escalable. Next Step se capacita y depende de una red de organizaciones miembros sin fines de lucro para implementar el modelo en sus comunidades respectivas. Next Step vende casas a sus miembros a precios competitivos, y después las organizaciones miembro supervisan el proceso de identificar y educar a los compradores, ayuda a conseguir el préstamo y administra la instalación. 

“En el modelo tradicional de la industria, no había manera de que una organización sin fines de lucro pudiera comprar una casa prefabricada a precios de mayorista. Esto es lo que hemos diseñado, y, como resultado, podemos ofrecer una vivienda mucho más económica que si la organización sin fines de lucro o el propietario trataran de comprarlas por sí mismos”, explica Kevin Clayton, presidente y Director Ejecutivo de Clayton Homes, uno de los productores más grandes de casas prefabricadas del país, y uno de los proveedores de largo plazo de Next Step.

“El programa Next Step funciona porque prepara a la gente para tener éxito”, dice Clayton. “Next Step les ofrece asesoramiento para ser propietarios y les brinda apoyo si tienen problemas económicos en el futuro. Pueden comprar su casa por mucho menos dinero, acumular patrimonio neto y pagar una cuota mensual baja por su préstamo y sus costos de energía”.

Cyndee Curtis, una propietaria de Next Step, está de acuerdo. Curtis tenía 27 años, era soltera y estaba embarazada cuando compró una casa móvil usada modelo Fleetwood de 1971 por USD 5.000 en 2001. La colocó en un lote de su propiedad en las afueras de Great Falls, Montana.

“No tenía dinero, no tenía un título universitario, y no tenía opciones”, dice Curtis. “El viejo tanque séptico de acero tenía agujeros por el óxido, era como una bomba de tiempo. La alfombra estaba completamente gastada, el linóleo debajo de la alfombra tenía agujeros de quemaduras, y el cielorraso tenía fugas donde se había colocado una extensión de la casa. Todos los años compraba libros de construcción, iba a Home Depot y preguntaba cómo arreglar esa fuga. Y todos los años me encontraba en la situación de arreglarla sola. Había moho en el umbral de la puerta debido a esa fuga, y tenía un recién nacido viviendo en la casa”.

En 2005, Curtis volvió a la universidad por dos años, obtuvo su título de enfermera y comenzó a trabajar como enfermera práctica registrada; ganaba USD 28.500 por año. “Estaba ganando un sueldo decente, y podía explorar mis opciones”, dijo Curtis, madre soltera de dos hijos. “Quería conseguir un lugar donde mis hijos pudieran crecer con orgullo, y aprovechar el lote al máximo”.

Pero su historial de crédito no era bueno, y finalmente recaló en NeighborWorks Montana, un miembro sin fines de lucro de Next Step, que le informó sobre el programa de Next Step. En los dos años y medio siguientes, Curtis trabajó con el personal de NeighborWorks Montana para reparar su historial de crédito. Con su ayuda, consiguió una hipoteca y compró una casa de Next Step por USD 102.000, que incluía no sólo la casa sino también la extracción, eliminación y recambio de su viejo sistema séptico. Como la casa de Next Step está instalada sobre un cimiento permanente que reúne ciertas calificaciones, y debido a haberse mejorado el historial de crédito, los ingresos y las condiciones de vivienda de Curtis, pudo conseguir una hipoteca del programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los EE. UU., mucho menos onerosa que los préstamos personales comunes. Además, mientras que la casa móvil anterior de Curtis tenía un título equivalente a un automóvil, su casa de Next Step tiene una escritura similar a la de una casa construida sobre el terreno. Por lo tanto, un futuro comprador también estará en condiciones de solicitar una hipoteca tradicional.

Curtis dice que su casa de Next Step le ha proporcionado ahorros significativos de energía. “Tengo 40 metros cuadrados más que antes. Antes tenía un baño; ahora tengo dos. Y, sin embargo, mis gastos de gas y electricidad se han reducido en dos tercios”.

Dice, además: “Mi casa es mil por ciento mejor que donde vivía antes. Si una persona entra a mi casa, no se da cuenta de que es prefabricada. Tiene lindas puertas, con paredes texturizadas. Se parece a cualquier otra casa nueva donde uno quisiera vivir. A veces la gente cree que tiene que sufrir con una vivienda en malas condiciones. Yo sé lo que es vivir así, y les quiero decir que, si trabajan con dedicación, pueden mejorar su vida y la de su familia”.

Este artículo se publicó originalmente en el número de Land Lines de julio de 2015.

 


 

Loren Berlin es escritora y consultora de comunicaciones del área metropolitana de Chicago. Contacto: loren@lorenberlin.com.

 


 

Referencias

Levere, Andrea. 2013. “Hurricane Sandy and the Merits of Manufactured Housing.” Huffington Post. 8 de enero. http://www.huffingtonpost.com/andrea-levere/hurricane-sandy-manufactured-housing_b_2426797.html.

Graduate Student Fellowships

Babbitt Center Dissertation Fellowship Program

Submission Deadline: March 1, 2023 at 11:59 PM

The Lincoln Institute’s Babbitt Center Dissertation Fellowship Program assists PhD students at U.S. universities whose research builds on, and contributes to, the integration of land and water policy to advance water sustainability and resilience, particularly in the West. The program provides support to scholars early in their careers.

For information on present and previous fellowship recipients and projects, please visit Babbitt Center Dissertation Fellows, Current and Past.


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March 1, 2023 at 11:59 PM

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Keywords

Conservation, Ecology, Environmental Planning, Intermountain West, Land Use Planning, Planning, Water

Portland

Gentle Infill

Boomtowns Are Making Room for Skinny Homes, Granny Flats, and Other Affordable Housing
By Kathleen McCormick, January 25, 2018

Recent news stories routinely feature “hot market” U.S. cities with astronomical housing prices that end up displacing residents with moderate or low incomes. San Francisco’s epic housing battles pit longtime residents against tech workers. In Portland, Oregon, city council extended the state of emergency it declared in 2015 to address the local affordable housing crisis. In Denver, Mayor Michael Hancock pledged $150 million for affordable housing in the next decade. Boston Mayor Martin J. Walsh plans to build 53,000 units by 2030, while neighboring Cambridge adds density in infill areas and near transit. And in Boulder, Colorado, public officials seek to add a host of housing options through an approach they call “gentle infill.” 

“Hot markets exist for many reasons, but in Portland, San Francisco, Boulder, and other cities, housing issues are clearly a result of strong economic development,” says Peter Pollock, FAICP, manager of Western programs for the Lincoln Institute of Land Policy. In these places, a jobs-housing imbalance leads to inadequate shelter options. The “gentle” or “sensitive” infill approach is about “trying to find ways to make infill compatible with surroundings to achieve urban design goals and enable production of more housing,” he says. The term also “puts a positive spin on something that may not be universally accepted”—namely, density—“and suggests that we can do a better job.”

While half of all households nationwide are spending more than 30 percent of their income on housing, many residents in hot market cities are spending more than 50 percent and being forced to leave. Housing activists, such as those at the annual U.S. YIMBY (“Yes in my backyard”) gathering, are challenging city planners and elected officials to create more diverse infill options to house people, stem displacement, make better transit connections, and create more environmentally sustainable communities.

How Did We Get Here?

Desirable cities are growing rapidly because they’re attracting millennials and cultural creatives for job opportunities and lifestyle amenities, and the newcomers have gravitated in numbers that far exceed places to live. The tech industry, with its influxes of well-paid workers, is often blamed for driving up housing costs and causing displacement. But other factors are also in play. Many cities built little if any housing during the Great Recession. Mortgage credit is tighter. Construction costs are escalating. New housing is priced at market rates that drive up the cost for existing homes. Zoning that favors single-family detached houses or luxury apartments has led to expensive housing monocultures. What’s being viewed as a crisis in many cities is the loss of housing not just for lower-income residents but also for workforce and middle-income residents—teachers, nurses, firefighters, small business owners, young professionals, young families, and others who typically provide a foundation for communities.

Restoring the “Missing Middle”

The good news is that cities across the United States are already working on solutions. Communities are overturning policies that prohibit housing or place tight restrictions on where and how it can be built, to allow for more diverse and affordable places to live. Many urban planners and public officials are focused on developing housing types that restore the “missing middle,” to shelter moderate and middle-income households. 

The missing middle, a concept that grew out of new urbanism, includes row houses, duplexes, apartment courts, and other small to midsize housing designed at a scale and density compatible with single-family residential neighborhoods. Since the 1940s, this type of development has been limited by regulatory constraints, the shift to car-dependent development, and incentives for single-family home ownership. Three- or four-story buildings at densities of 16 to 35 dwelling units per acre used to be a standard part of the mix in urban neighborhoods. Many urban planners say this scale and density of housing is needed again to offer diversity, affordability, and walkable access to services and transit. Cities are using a variety of additional approaches to inject more moderately priced housing into residential neighborhoods, from shrinking or subdividing lots to adding accessory dwelling units (ADUs) to expanding legal occupancy in homes. Some of these gentle infill approaches are showing great potential or in fact adding needed units on a faster track. 

How does gentle infill work? It depends on the city, as demonstrated by the following examples from Portland, Oregon; Boulder, Colorado; and Cambridge, Massachusetts.

Portland, Oregon: More Housing is Better

Portland typically ranks atop lists of “best places” to live but has recently slipped a few notches because of its housing prices, which ballooned 13 percent in 2015. According to a recent study released by Metro, the regional government organization, Portland area rents increased 63 percent since 2006, while the average income of renters rose only 39 percent. The population grew by 12,000 in 2015, to more than 632,000 residents in 250,000-plus households. 

Since 1973, Portland has been living with statewide urban planning that mandates an urban growth boundary to protect farmland and forests from urban sprawl and to ensure efficient use of land, public facilities, and services within the urban boundary. This city has an ambitious agenda to meet its growth projections with several big planning efforts: a new zoning map and the 2035 Comprehensive Plan, its first update in 30 years, adopted by city council in June 2016; a new land use code with regulations that affect a range of growth from multifamily and mixed-use development to transportation corridors and parking; and Central City 2035, a long-range development plan for the city center and its districts. 

The city is relying on policy changes in view of the 142,000 additional jobs, 135,000 extra households, and 260,000 more people that it will need to accommodate by 2035, according to Metro. About 30 percent of new housing will be built in the city center, 50 percent in mixed-use centers and corridors, and 20 percent in Portland’s single-family residential zones, which comprise about 45 percent of the city’s 133 square miles of land. The city has about 12,000 buildable lots, assuming that some current lots can be subdivided to provide more sites.

Since 2010, an estimated 20,000 new residential units have been built or are in the pipeline, and tax increment financing in designated urban renewal areas has invested $107 million in new and preserved affordable housing. In 2016, the state legislature lifted a 17-year ban on inclusionary zoning, which will allow the city to require builders to set aside units for new workforce housing. The city is focused on funding strategies to provide more affordable homes for households below 80 percent of the area median income (AMI). To increase the number of middle-income units for people earning more than 80 percent of AMI, the city is relying on policy changes, rather than funding strategies.

By the end of 2016, a stakeholder advisory committee for the Residential Infill Project (RIPSAC) will provide advice regarding the size and scale of houses, small-lot development, and alternative housing types. One proposal under consideration is to allow more internal conversions of large historic houses into multiple units, an approach that would provide more housing while avoiding teardowns and preserving the historic fabric of neighborhoods. Building on the legacy of small homes that exist from a century ago, Portland is looking to add little houses on undersized, pre-platted lots. And the city is considering whether to allow the development of more tall “skinny” homes of up to 1,750 square feet on 2,500 square-foot lots, half the square footage of land required under R-5 single-family zoning.

“Five or ten years ago, people would ask, ‘Why is this house being built on a narrow lot?’” says RIP project manager Morgan Tracy. “Now it’s not so surprising. They’re really becoming popular because they’re at a lower price point for buyers.”

Policy changes regarding accessory dwelling units have helped generate new moderately priced housing and have drawn the attention of public officials from other cities in search of solutions to their own housing crises. ADU construction has exploded since 2010, when the city waived development fees covering sewer, water, and other infrastructure connections, reducing construction costs by $8,000 to $11,000 per unit. The waiver inspired a surge in construction: almost 200 ADUs were permitted in 2013—six times the yearly average from 2000 to 2009. In 2015, the city granted 350 new ADU permits, for a current total of more than 1,500 units. Tracy says ADUs “are a well-accepted means of producing more housing because they’re better integrated into a site and don’t necessitate a home being demolished.”

Any single-family house in the main zoning districts can have an ADU, and a proposal would allow up to two units—an interior apartment plus a separate carriage house or granny flat. The city does not limit the number of ADUs within a neighborhood or require off-street parking. It has also streamlined some ADU standards to allow for improved designs with slightly greater height and setbacks. RIPSAC is considering proposals to allow any house to have two ADUs, both interior and detached, triplexes on corner lots where duplexes are now allowed, and duplexes on interior lots, with a detached ADU. Allowing duplexes on interior lots and triplexes on corners “doesn’t mean everyone will take advantage” of the policy changes, says Tracy, noting that only 3 percent of corners now have duplexes. But “if every property owner took advantage of additional unit potential, we would double the number of housing units in each neighborhood.”

The next phase of infill housing policy considerations will address how medium-density housing types might fit into small infill and multi-dwelling sites. The city has already been moving in that direction: Portland’s Infill Design Toolkit guide focuses on integrating rowhouses, triplexes and fourplexes, courtyard housing, and low-rise multifamily buildings into neighborhoods.

“What may be shocking and alarming for some people becomes more acceptable as you see it more,” says Tracy. “We’re seeing that with duplexes and triplexes in single-family neighborhoods. The last time we built them was in the 1930s and ’40s. We’re trying to promote a wider diversity of housing forms, and some folks are supportive because they understand the need to be able to house more people on available land.”

Boulder: More Housing Is Better, But There Are Down Sides

Boulder is studying what other cities are doing to encourage gentle infill, and a recent trip to Portland by city officials, staff, and business leaders offered perspective on what could work at home. Like Portland, Boulder has determined to halve carbon emissions by 2030, provide more infill housing in the developed city core, protect open space, and encourage public transportation use. But with one-sixth of Portland’s population and different challenges and opportunities, Boulder seeks its own consensus on what gentle infill means.

Located 25 miles northwest of Denver in the foothills of the Rockies, Boulder also ranks high on the lists of healthy, livable, and entrepreneurial places. The natural beauty and high quality of life in this 25.8-square-mile city of 105,000 have attracted start-ups and established tech firms such as Google and Twitter. The influx has fed a digitally paced lifestyle and “1 percent” housing market in which the median single-family detached house costs over $1 million.

In the past two years, housing prices overall have risen 31 percent. Factors beyond the tech industry have limited affordability for many years (disclosure: for nearly 25 years, I’ve lived, worked, and raised two kids in a formerly modest Boulder neighborhood that has been largely rebuilt with higher-end homes). The University of Colorado-Boulder, a key economic driver with 38,000 faculty, staff, and students, generates significant housing demand. A jobs-housing imbalance translates to an estimated 60,000 cars arriving and departing daily, despite regional and local bus service.

State law prohibits rent control, and the state’s “condominium construction defects legislation” has squelched that type of construction for middle-income housing. Boulder is also home to many independently wealthy “trustafarians” and speculative buyers who purchase homes with cash from selling property in other high-end markets. Some are second or third residences; others are reserved for short-term rentals like airbnb. In June 2015, city council voted to restrict short-term vacation rentals, saying they impacted affordability and reduced the number of long-term housing opportunities.

Development limitations include few residential lots, a 45,000-acre ring of protected open space around the city, and a height limit, to preserve mountain views, capped at between 35 and 55 vertical feet, depending on planned development intensity and location near transit. The city is within sight of a theoretical build-out; a forecast of 6,760 additional units by 2040 is being considered for the current update of the Boulder Valley Comprehensive Plan. A 2015 housing survey conducted for the plan indicated that most residents were willing to increase density and building height to allow for more housing, at least in some parts of the city.

Since 1989, while the percentage of lower-income households has held steady, middle-income households have declined from 43 percent to 37 percent of the populace. The segment disappearing at the fastest rate is households earning between $65,000 and $150,000 as well as families with children. City council, the planning board, and local newspaper op-ed pages field lively debates over the “Aspenization” of Boulder and infill housing options that could slow or reverse the city’s momentum toward greater exclusivity and less diversity.

Boulder has been working on affordability and inclusivity for some time. Its inclusionary zoning ordinance produced 3,300 affordable housing units between 2000 and 2016. Developers of projects with five or more units are required to construct 20 percent as permanently affordable, build off-site, donate land, or make a cash-in-lieu payment to the city’s affordable housing fund. The city’s goal is 10 percent permanently affordable housing; some 7.3 percent of the city’s housing stock now qualifies.

Part of the affordable program is aimed at middle-income housing: the city has a goal of creating 450 permanently affordable units for households earning 80 to 120 percent of AMI. Between 2000 and 2016, 107 units for middle-income households were built in new mixed-income neighborhoods on land annexed in north Boulder. Many are in the Holiday neighborhood, a mixed-use model of 42 percent affordable units integrated within a total of 333 townhomes, row houses, flats, live-work studios, and cohousing. Recently built middle-income units are located in the Northfield Commons neighborhood, where half of the 43 percent of affordable units in duplexes, fourplexes, sixplexes, and townhomes are reserved for middle-income households.

“It’s very expensive to subsidize people making $70,000 to $130,000 per year,” says Aaron Brockett, a city council member and former planning board member, referencing a middle-income housing study prepared for the city that defined Boulder’s middle market as 80 to 150 percent of AMI. He advocates for “market solutions like smaller units as a trade-off in those areas that have amenities and services such as mixed-use areas where people can walk to transit and redeveloping areas.”

In preparing a comprehensive housing strategy, Boulder is exploring ideas for middle-income infill housing in transit corridors, commercial strips, business parks, and industrial areas that could be rezoned and redeveloped, and in walkable mixed-use neighborhood centers in residential areas. “The 15-minute neighborhood is the Holy Grail for a lot of communities, but it takes a lot of work,” says Jay Sugnet, project manager for Housing Boulder. “Are they in single-family neighborhoods or at the edge of service-industrial areas? Where are you willing to locate those, and what’s appropriate? You also need a concentration of people to support retail. Boulder has lots of commercial corridors, but they need a sufficient number of people to support all of them.”

The city also plans to adjust the ADU ordinance to achieve more middle-income affordability in neighborhoods of mostly single-family detached houses, which comprise about 41 percent of the city’s 46,000-unit housing stock. An ADU ordinance in effect since 1981 has permitted only 186 ADUs and 42 OAUs (owner’s accessory units) because of requirements regarding off-street parking, minimum lot size, and limits on ADU density. “We’d like ADUs for diversity of housing in neighborhoods,” says David Driskell, executive director of planning, housing, and sustainability. “Physically we could put in quite a few here, but, politically, there will be quite a lot of discussion about parking and traffic impacts.”

City council is considering “creative adjustments” to existing housing that could have less impact on the footprint and “character” of residential areas, such as loosening code restrictions on the number of unrelated people who can share a home. In most residential zones, no more than three unrelated people can share a house, even if it has six bedrooms and multiple bathrooms. A ballot measure petition launched recently by University of Colorado graduate students asks Boulder voters to overturn the occupancy limit and adopt a “one person = one bedroom” policy. Allowing higher occupancy is controversial. Although it would provide more places for students and others to live legally, it could further drive up housing costs for families, as monthly rent in group houses, particularly close to the university, often costs as much as $1,000 per bedroom.

The city is also discussing a revision of its 20-year-old cooperative housing ordinance. No co-op projects have been permitted because the ordinance was “essentially a path to No,” says Driskell. Three affordable rental co-ops were established under other measures. City council is considering a more welcoming ordinance that supporters say would benefit the city by offering a sustainable and community-oriented lifestyle for single residents, young families, seniors, and people who work lower-wage jobs.

“We tend to be a regulatory city, and we have really embraced deliberative planning,” says Susan Richstone, deputy director of planning, housing, and sustainability. “It hasn’t always been easy, but we’re having the discussions and making changes in planning and zoning levels within a regulatory framework. It’s in our DNA.”

“Density is a bogeyman here, and people are up in arms,” says Bryan Bowen, an architect and planner who is a member of the Boulder Planning Board and the city’s Middle Income Working Group.  Residents are anxious about both modest homes being scrapped and replaced with 5,000 square-foot $1.5 million new homes and the possibility of greater density with more large edgy-looking multifamily apartment buildings. “That’s probably why gentle infill feels good, though it has an interpretive quality. It’s a question of what people find to be compatible and palatable.” There’s no consensus yet about which infill approach will work best, Bowen says. “But frankly, in moderation, some application of all of them might be needed.”

 


 

Accessory Dwelling Units (ADUs): A Preferred Infill Housing Approach

Demographic changes such as aging populations, shrinking household size, college-loan-strapped millennials, and cultural preferences are leading many cities to allow home owners to build ADUs, also known as in-law apartments, granny flats, and carriage houses. Advocates say ADUs—built in the interior of a home, rebuilt from a garage, or newly built as a separate cottage—offer affordable options for elderly parents, adult kids, and caregivers. They’re also a source of rental income that can help residents stay in their homes. As older home owners wish to downsize and age in place, some are choosing to live in the ADU and rent out their main house.

Typically ranging from 200 square feet to more than 1,000 square feet, ADUs are part of a long tradition of modest apartments and multigenerational houses that were common before the era of single-family suburban homes. Many housing advocates are keen on ADUs as a way to add units quickly, with home owners financing the infill of existing neighborhoods, compared to the lengthy and costly process of land acquisition and development of larger-scale multifamily projects by municipalities, nonprofit affordable housing organizations, and private developers. At Denver’s Bridging the Gap housing summit in May, a session on small-scale affordability posed a potential scenario for the city: 70 neighborhoods multiplied by 300 ADUs per neighborhood would equal 21,000 moderately priced housing units.

At the 2015 YIMBY conference in Boulder, Susan Somers of AURA (formerly Austinites for Urban Rail Action) in Austin, Texas, described a coalition effort to become “an ADU city” and achieve much greater housing density in the mostly single-family detached city. They accomplished their mission; in November 2015, the Austin City Council passed a resolution relaxing ADU regulations and allowing them on smaller lots. AURA hopes to help home owners entitle 500 new ADUs annually. The units provide “affordable housing and a source of income to allow folks to stay in their homes,” says Somers. In gentrifying East Austin, “this is how families stay together.”

 


 

Cambridge: Bridging the Income Gap

Cambridge, located across the Charles River and three miles west of Boston, has the most expensive housing in Massachusetts and bears keen pressure to produce more missing-middle options. The population has increased more than 10 percent since 2000, to 110,000 residents within a compact 6.5 square miles, and is projected to grow by 6,200 homes before 2030, according to the Metropolitan Area Planning Council (MAPC), the regional planning agency for Metro Boston. The city has 117,000 jobs and more than 52,000 housing units, about half of them located in mixed-use commercial areas. The average listed single-family home price in 2015 exceeded $1.2 million. Median monthly rent for a one-bedroom apartment was $2,300.

“Cambridge has become a bifurcated place of very high income and very low income,” says Andre Leroux, executive director of the Massachusetts Smart Growth Alliance. “It’s hard for middle-class people to live there.” Cambridge has the infrastructure to support much greater density and to add significantly more residential development and huge residential towers, “but it doesn’t want to be downtown Boston.”

The city is in the first year of a three-year comprehensive plan process, its first since 2000 (the state does not require municipalities to develop comprehensive plans). Affordable housing for low, moderate, and middle incomes—a resounding theme through the public process—is the number-one priority, says Iram Farooq, assistant city manager for community development.

“For a lot of working people, there are fewer affordable options in the city,” says Farooq. The greatest population decline has occurred among residents earning between 50 and 80 percent of AMI, she says. Middle-income households earning between 80 and 120 percent of the area’s AMI are also leaving the city for housing options elsewhere in the urban region. She notes that a city program that offered low-interest financing to home buyers earning up to 120 percent of AMI experienced little demand.

“Just creating the program doesn’t mean people are going to use it. With the same financial commitment, they are able to go three miles down the road and find a nicer or bigger house for the same money. Being able to hold onto the middle is more challenging than at other income levels.”

The city is using regulatory strategies to fund more affordable housing. An incentive zoning ordinance enacted in 1988 required linkage payments to offset the effects of commercial development on the housing market. In 2015, the city updated the ordinance, increasing the rate for developers from $4.58 to $12 per square foot and broadening the requirement to include any nonresidential development, including healthcare and university facilities, labs, and office space. The city is also considering new zoning for infill sites and an expansion of its inclusionary housing ordinance, which now requires 11.5 percent affordability in new projects, to 20 percent affordable units for moderate, middle-income, and low-income households.

Cambridge has been building infill housing, mostly in projects ranging from 50 to 300 units, on larger sites. East Cambridge, for example, has seen the development of thousands of housing units in the past decade, along with millions of square feet of office space and restaurants, on land that was formerly industrial. The city is requiring residential units with all new development; 40 percent of a new commercial project in East Cambridge’s Kendall Square will be dedicated to housing. Some of this new development is subsidized for the middle class. But few parcels exist in residential areas, land costs are high, and residents are pushing back.

For years, housing advocates have been urging the city to add more infill housing and increase density in Central Square, the historic municipal center of the city. Located on Massachusetts Avenue, Central Square has a subway station and a bus-transfer station where eight bus routes converge. The area has some three- and four-story buildings as well as one- and two-story buildings that could be redeveloped for dense mixed-use housing next to transit. The square historically had taller, denser buildings before some third and fourth stories were removed to reduce taxes during the Depression. In 2012, however, some neighbors tried to persuade the city to downzone Central Square.

“Downzoning is not appropriate in a crisis in which we’re so restricted in our ability to build housing,” says Jesse Kanshoun-Benanav, an urban planner and affordable housing developer who started the civic group A Better Cambridge in response to the downzoning effort, to promote increased density for infill housing opportunities. The city council tabled the downzoning effort and since then has been allowing zoning changes in Central Square and providing incentives such as additional height and density in exchange for the development of more affordable housing.

At the eastern end of Central Square, Twining Properties is developing Mass + Main, a multiparcel mixed-use project with a 195-foot tower and 270 apartments, 20 percent of which will be affordable for low, moderate, and middle-income residents. The project required a zoning variance, notes Farooq. “We’re now hearing political desire to rezone the rest of Central Square. People don’t seem to be as opposed to density as height, so we’ll have to explore what that means in terms of urban form.”

Townhouses, duplexes, and triple deckers are the norm in Cambridge, and only 7.5 percent are single-family detached homes. New rules passed in May that allow the conversion of basements into accessory dwelling units in single- and two-family homes throughout the city could enable 1,000 legal ADUs. The ADUs don’t need a zoning variance, and off-street parking is not required. The square footage of the new units won’t count as gross floor area (ADUs previously were prohibited in most cases due to the existing floor-area ratio and requirements for lot area per dwelling unit). Supporters say the rules won favor because they allow for more efficient use of large homes and won’t alter the look of the neighborhood.

“It’s important that there are people in the city who are willing to accept trade-offs,” says Farooq, noting that the YIMBY movement has “great political capital” to counter NIMBY pushback against infill housing. “There is a community desire to see more housing, and many young people, including a lot of renters, recognize that it’s important to increase the supply and not have steep increases in rent, to make housing more manageable and accessible.”

Regional Approaches

Leroux from the Massachusetts Smart Growth Alliance and others across the nation say that housing needs should be addressed as a regional issue, and cities and towns should work together to allow urban infill housing and approaches like ADUs under state zoning laws. In June, the Massachusetts Senate passed a bill that would reform 1970s-era zoning laws to permit ADUs and multifamily housing districts in every community. A coalition including the Alliance; the Senate President; mayors; and advocates for the environment, public health, affordable housing, and transportation supported the bill, which is poised to become state law next legislative session. A legal and policy strategy, it includes a fair-housing clause that prohibits communities from making discriminatory land-use decisions, which Leroux and others say increase segregation in many metropolitan areas, as low-income residents, including people of color, get pushed out of redeveloping urban neighborhoods.

Suburban communities also need to do their fair share, he says. Many suburbs are still zoning and building for the auto-oriented market, with “a lot of modest homes being torn down and replaced with McMansions,” he says. “We think there’s a grand bargain to be made between cities and towns and the real estate development community to unshackle development near walkable places, infrastructure, and transportation while curbing sprawl and protecting natural areas.” To allow for more diverse housing growth, he says, the Alliance and others are promoting “as-of-right,” or permitted zoning uses, in walkable areas, commercial centers, villages, town centers, and urban squares, because “that’s where the market is and where we need to let the market do its job.”

This article originally appeared in July 2016 Land Lines.

 


 

Kathleen McCormick, principal of Fountainhead Communications, LLC, lives and works in Boulder, Colorado, and writes frequently about sustainable, healthy, and resilient communities.

Photograph: Fred King

The latest manufactured homes

From Stigma to Housing Fix

The Evolution of Manufactured Homes
By Loren Berlin, January 25, 2018

Liz Wood wanted to buy a house. It was 2006, she had been renting for A decade, and her monthly payments were getting high. She was 43 and steadily employed, earning $34,000 annually plus benefits as a family educator. She didn’t want anything fancy, just a place where she could “gather love and bring stability.” She would stay within her means.

Nonetheless, the math was tricky. Wood lives in Duvall, Washington, a town of roughly 7,500 in the foothills of the Cascade Mountains. Steeped in lush forest, Duvall is about 30 miles from Seattle and a mere eight miles from the City of Redmond, the headquarters for Microsoft. The median income in Duvall is nearly twice that of the state of Washington, and homes in this area are expensive. In 2010, the median value of owner-occupied homes in Duvall was $373,500, compared to $262,100 for the state, according to the U.S. Census Bureau.

With few options, Wood eventually decided on manufactured housing. For $55,000, she purchased a used factory-built home in Duvall Riverside Village, a four-acre community of 25 manufactured homes in the middle of downtown Duvall. “It’s amazing here,” she says. “I live on riverfront property, so when I walk out my door I see water, pine trees, and a walking trail that goes from my house to the next town. I wake up in the morning hearing birds. I know all my neighbors. I’m connected to my community. I’m a block from the police station. I feel safe.”

But it was still difficult. Wood owned her house, but not the land on which it sits. Instead, she rented the plot for $450 a month, plus water and utilities, as did the other residents of Duvall Riverside Village. As a result, Wood and her neighbors remained largely at the mercy of the property owner, their landlord, and forfeited much of the autonomy and security associated with more traditional home ownership models.

Their landlord prohibited garages, leaving residents limited storage options. He charged them $25 a month per additional car or adult beyond those registered at the time of move-in. He charged $5 a month for every pet and required dogs to be leashed at all times. There was a $5 monthly fee for every extra half-cord of firewood, which Wood needed to fuel her stove. Though he employed a groundskeeper, he didn’t install outdoor lights, nor did he maintain the community roads, which were pocked and cracked.

In 2012, Wood and her neighbors received a written notice that the owner was selling the land. Unlike many owners, who prefer to sell their properties to a developer, this landlord was open to selling to residents. He had agreed to host a meeting with the tenants, a real estate broker, and the Northwest Cooperative Development Center, a nonprofit that supports cooperatives. The parties discussed the possibility of establishing a nonprofit, resident-owned cooperative to purchase the property. In doing so, they would conserve the land for manufactured housing, continue living there as a community, and collectively manage it to guarantee a safe, affordable, high-quality experience.

The residents voted to go for it. The landlord had two demands. He wanted fair market value, and he wanted to complete the sale by the end of the year. It was already August. They had five months.

In addition to the collaboration with Northwest Cooperative Development Center, the residents also began working with ROC USA, a New Hampshire–based nonprofit organization that offers residents of manufactured housing communities a mix of technical assistance and affordable financing to purchase their rented land when it becomes available for sale. Between its establishment in 2008 and 2016, ROC USA has successfully facilitated 80 of these transactions nationally and secured more than $175 million in financing for them.

ROC USA works with a network of eight regional affiliates, including the Northwest Cooperative Development Center. In Duvall, the nonprofits worked together with the residents to assess the economics of a possible deal and to confirm that the community was a good fit for resident ownership. Next, the organizations helped the residents to hire a third-party lawyer and establish their cooperative, which would operate as a democracy with residents elected into leadership positions by fellow residents. ROC USA assisted the residents to hire an independent engineer and conduct due diligence of the property; secure financing through ROC USA’s lending subsidiary, ROC USA Capital, to purchase the property and undertake critical repairs; and organize the real estate transfer.

On December 27 of that year, the newly formed cooperative bought the Duvall Riverside Village with $1.3 million in purchase financing from ROC USA Capital, granting Wood and her fellow home owners control over their living arrangements, and permanently preserving 25 affordable homes in a town where such housing stock is scarce.

The residents continue to pay $450 a month to rent the land, but now they vote to determine community rules, and use the rent to make improvements and to pay the community’s mortgage, taxes, and expenses.

“Now, you can have a garage if you want,” explains Wood, who is president of the Duvall residents’ cooperative and a ROC USA board member. “And we spent $35,000 to fix the roads. We don’t have to live in fear anymore, so people are willing to invest in their homes. We have annual meetings to vote in projects. We can lower the monthly rent if we are over-budgeting for things we don’t need. The bottom line is that we are in control of our own destiny.”

Upon completing the sale, ROC USA and the Northwest Cooperative Development Center have continued providing the residents with technical support to ensure smooth operations.

“If they had just lent us the money and said, ‘these are the guidelines, here’s what you need to do, have at it,’ we would have failed,” explains Wood. “But they are an ongoing resource. They help us with tough situations, or when we don’t know how to do something legally. The goal is for us to become independent and to be able to run our community like a business. Pay your bills, and your house can stay where it is. Period. Forever.”

Benefits

Across the United States, more than 18 million Americans live in factory-built homes, which represent 5 percent of the nation’s housing stock in metro areas, and 15 percent in rural communities as of 2015. They range significantly in quality.  Roughly 25 percent of today’s manufactured housing stock is the stereotyped, rickety trailers from the 1960s and early 1970s, produced before the federal government introduced quality controls in 1976. The remaining 75 percent complies with the federal standards and includes charming, energy-efficient homes, indistinguishable to the untrained eye from their site-built counterparts. Though manufactured homes have long been cast aside as a housing choice of last resort, today’s models are robust, efficient, and inviting, with the potential to help alleviate the nation’s shortage of safe, affordable housing.

Modern manufactured homes cost approximately half as much as their site-built counterparts and can be built five times faster, making them a genuinely viable option for low-income consumers. The production process is less wasteful, and models that comply with the federal government’s Energy Star standards offer home owners meaningful energy savings. And they are durable. Whereas manufactured homes built prior to the 1976 regulations were made to be portable, like recreational vehicles, modern models are built with stronger materials and designed to be permanent. Today’s manufactured homes can sit on any foundation that would otherwise accommodate a site-built structure, creating the flexibility to use the housing in a wide range of geographies and environments.

“The manufactured housing stock is a critical component of the nation’s affordable housing,” says George McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy. “It easily outnumbers our subsidized stock two or three times in almost every market.”

Manufactured homes are cheaper to produce than site-built houses because of the manufacturing process. As Andrea Levere, president of the Corporation for Enterprise Development, wrote in the Huffington Post, the “term ‘manufactured housing’ itself has less to do with quality and more to do with the production process, which is a derivative of Ford’s assembly lines. This model allows manufactured homes to be built in a more controlled work environment, translating into predictable costs, increased efficiencies, and reduced waste” (Levere 2013).

In 2013, a new, energy-efficient manufactured home cost $64,000, compared to $324,500 for a new, site-built one, according to the U.S. Census, though the price for the latter includes the land. Even after stripping out the land costs, manufactured homes are still significantly less expensive, averaging $44 per square foot, versus $94 per square foot for site-built homes. And they are unsubsidized, which is a boon given the extremely short supply of subsidized housing compared to demand. Only one in four income-qualified families receives a housing subsidy, according to the Bipartisan Policy Commission, leaving the remaining 75 percent in need of an affordable, unsubsidized alternative. By helping to fill that gap, manufactured housing can relieve some of the demand for subsidized housing that state and federal governments are struggling to supply in the face of shrinking budgets. “The majority of families who live in manufactured housing would qualify for subsidized housing, but instead they choose this less expensive and unsubsidized option,” says McCarthy.

The stock is also very versatile, argues McCarthy, who cites its role in housing people during the immediate aftermath of Hurricane Sandy. “Recovery workers got 17 manufactured homes on the ground in New Jersey within weeks of the hurricane—permanent homes for displaced renters, not the problematic ‘Katrina trailers.’ And they did it before most organizations even had a housing plan. This speaks to the efficiency and nimbleness of building manufactured housing. The production times are about 80 percent shorter than for site-built homes, making them the best housing option for disaster response.”

Nevertheless, manufactured housing often gets a bad rap, due largely to the widespread misperception that today’s models are the same as the earliest generations of mobile homes built prior to the introduction of quality control standards by the U.S. Department of Housing and Urban Development in 1976. Today, there are roughly 2 million of these pre-1976 homes; many are barely hanging together and house the nation’s most vulnerable populations, including the elderly and disabled. Though the pre-1976 stock is virtually unrelated to its present-day counterpart, these older, dilapidated dwellings dominate the general public perception of manufactured homes in the United States.

The housing stock’s reputation is further diminished by the vulnerabilities facing home owners who do not own the land on which they live. Roughly 3 million people live in one of the nation’s 50,000 manufactured housing communities, while another 3 million rent on private property. There are manufactured housing communities in every state in the country. Like Duvall Riverside Village, many of them are on prime real estate, and the landowners routinely receive purchase offers from developers.

Advocates working to improve the manufactured home ownership experience, and to promote the stock’s viability as affordable housing, are focusing on three critical areas of innovation: conserving mobile-home parks; replacing pre-1976 units with modern, energy-efficient homes; and increasing access to affordable financing, which is virtually unavailable for potential buyers in the current market, and is imperative to building equity and preserving a home’s resale value.

Conserving Manufactured Housing Communities

The conversion of Duvall Riverside Village from a privately owned mobile home community to a resident-owned cooperative is not common. For every community available for purchase that is successfully preserved as affordable housing, there are many more that end up sold for redevelopment, displacing residents who may lack good alternatives.

“It’s not as simple as just moving the home,” says Ishbel Dickens, president of the National Manufactured Home Owners Association. “First, there’s the question of whether the home can even be moved. It may be too old or unstable to survive a move. And even if it can be moved, it’s expensive to do so, and very hard to find a space in another community. In most instances, when a park closes, the residents are probably going to lose the home and all their equity in it.  In all likelihood, they will never own a home again. They’ll likely end up on a wait list for subsidized housing, or may even end up homeless.”

To some degree, it’s an accident of history that so many of today’s mobile home parks occupy plots of coveted real estate, says Paul Bradley, president of ROC USA. As he explains it, in the late 1950s and 1960s, Americans began to embrace transportable trailers and campers, in part because of a cultural shift toward outdoor recreation, and in part because post–World War II factories began producing them to utilize excess manufacturing capacity, making them widely available and affordable. As the units grew in popularity, they transitioned from temporary structures to permanent ones, and people began adding makeshift carports and sunrooms. At the time, urban planners accepted the evolution toward permanency. As they saw it, most of the trailers were on land that no one else was using in outer-circle developments. Why not let these campers stay for awhile, until the cities expanded to meet them, at which point the land would be redeveloped?

“These original communities were built with a plan to close them,” says Bradley. “Back then, no one contemplated the full implications of creating a housing stock for which home owners lacked control of the underlying land. No one anticipated that these communities would be full of low- and moderate-income home owners who spent their own money to buy these homes and had few alternatives. And that’s what we are still grappling with today. That lack of control over the land means that home owners live with a deep sense of insecurity and the feeling that it’s irrational to make investments in their properties because they won’t get it back. What’s the implication for home owners who cannot rationally argue for investing in their home? What does that mean for the housing stock? For neighborhoods?”

Short-sighted land use policies are not the only challenge to preserving manufactured housing communities. An equally onerous obstacle is the lack of legal protections afforded to residents. In 34 states and the District of Columbia, the landowner can sell the property without giving residents the opportunity to purchase it. In fact, in most states, the landowner doesn’t have to notify residents that the community is for sale; the landowner can wait until the property has been sold to inform residents of the transaction, suddenly leaving them in a tenuous position. Even the 16 states that require the owner of a manufactured housing community to provide residents advance notice of a sale do not necessarily afford tenants the necessary protections. “In most of the states with advance notice, there are so many limitations on the notice requirements that it is rarely of any use to residents,” says Carolyn Carter, director of advocacy at the National Consumer Law Center.

To better protect residents, advocates support legislative reforms to state laws and tax incentives for landowners who sell to residents. The most effective of these strategies are state laws requiring a landowner to give residents both advance notice of the sale—ideally 60 days—and the opportunity to purchase the property, argues Carter. According to her, six states have laws that “work on the ground and provide effective opportunities for residents to purchase their communities,” including New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Florida, Vermont, and Delaware. She says Oregon passed promising legislation in January 2015.

“In those states with effective notice and opportunity to purchase laws, resident ownership takes off,” Carter explains. Roughly 46 percent of the 80 communities that ROC USA supports are in either New Hampshire or Massachusetts—two small states with some of the nation’s strongest resident protections. There are 89 additional resident-owned cooperatives in New Hampshire that predate ROC USA’s launch.

To understand the value of strong consumer laws for residents, consider the story of Ryder Woods, a 174-unit mobile home park in Milford, Connecticut, 11 miles south of New Haven, just off a major thoroughfare. Connecticut is one of 19 states that either offer tax incentives or provide residents “some” protections when a community is sold, but also contain “significant gaps,” according to Carter.

In 1998, Ryder Woods’ landowner sold the property to developers. He informed the residents via eviction notices, in violation of state laws requiring him both to give them advance notice of the pending sale and to provide them the right of first refusal to purchase the land. Ryder Woods had an active home owners association, and very quickly they organized protests and petitions and lobbied the state legislature to reverse the sale. Eventually, the local news picked up their story, at which point a Milford-based attorney volunteered her services to help them. As she dug into the case, she realized that the law was on the side of the residents and that the community needed more legal support than she alone could offer. She enlisted help from a friend and fellow attorney—a partner at a prominent, Hartford-based firm—who agreed to take the case pro bono and assigned it a team of attorneys. The case ended up going to trial, eventually making its way to the state’s highest court. Uninterested in the unfolding legal headache, the original buyer resold the property to a second developer.

Four years after the original sale, the courts ruled in favor of the residents. In an unprecedented deal, and as required as part of the settlement, the second developer purchased a new piece of land a mile from the original parcel and completely rebuilt the community there. The developer purchased 174 new mobile homes and sold them to the residents at significantly reduced prices with more favorable mortgage terms than any available in the conventional financing market. He built a community center and a pond, complete with swans. And, as required by their agreement, he provided the residents the opportunity to form a cooperative and buy the land, which they did in 2009 with $5.4 million in purchase financing from ROC USA Capital. They closed on their purchase in the offices of the Hartford firm, which had continued to volunteer its services to the residents through the sale’s completion. Today, there is a Walmart on the land that housed the original Ryder Woods community.

“Sometimes, when we look back, we think it was crazy. We chartered a bus, went to Hartford, spoke to the legislature, and just fought it. We stuck together and won against two big-time, billion-dollar developers,” explains Lynn Nugent, 68, a part-time merchandise associate at Sears, and one of the residents who helped organize the campaign, along with her husband, a retired locksmith. “Now I always say, ‘Somebody else used to own us, and now we own ourselves.’”

Improving Access to Quality, Affordable Manufactured Homes

Unlike the residents of Ryder Woods, many owners of manufactured homes struggle to secure a quality unit with affordable financing. Here again, legislation is a primary culprit. Under federal law, manufactured homes are considered personal property, like a car or a boat, opposed to the real property designation assigned to traditional homes. Consequently, buyers cannot access mortgage loans. Instead, financing is available in the form of personal “chattel” loans. More expensive than mortgage loans, they average an additional 50 to 500 basis points and provide fewer consumer protections. More than 70 percent of purchase loans for manufactured homes are these higher-cost loans, which are considered a proxy for subprime products.  

“This second-tier status is one of the biggest limitations to increasing the stock of permanently affordable manufactured homes,” says McCarthy. “It makes financing the homes more challenging and expensive than it should be, and it diminishes the homes’ wealth-building potential because it reduces effective demand for existing units.”

While the dream fix would be to change federal titling laws, such revisions are not forthcoming. Instead, Next Step, a Kentucky-based nonprofit organization, has established “Manufactured Housing Done Right (MHDR).” This innovative strategy works to make high-quality, affordable manufactured homes—and financing—available to low- and moderate-income consumers through a combination of energy-efficient houses, home buyer education, and affordable financing.

First, Next Step gives low-income buyers access to high-quality manufactured homes. The organization created a portfolio of models that are both robust and affordable. Each Next Step home meets or exceeds Energy Star standards, reducing utility costs for the home owner and shrinking the environmental footprint. According to Next Step, testing has shown these homes to be 30 percent more efficient than a baseline code home and 10 to 15 percent more efficient than a baseline Energy Star home. On average, this results in $1,800 in energy savings each year for every pre-1976 mobile home replacement and $360 each year for every new home placement.

Additionally, Next Step homes are “value engineered to ensure affordability while upholding quality standards.” They are installed on permanent foundations, providing for greater structural support against wind and reducing settling issues. The homes contain high-quality flooring and insulation, which help to increase durability and reduce energy costs. And because water is the number one problem for foundations, Next Step homes contain additional safeguards to protect against moisture.

Improving Access to Sustainable Financing

Next Step also makes sure the home buyers can secure sustainable, affordable financing. “One of the problems facing the industry is that the capital markets don’t participate in a big way,” explains Stacey Epperson, CEO of Next Step. “The secondary market is not there in any meaningful way, so there are very few lenders in this marketplace and very few options for buyers. Our solution is to prepare our borrowers for home ownership, and then bring them good loans.”

Next Step works with a mix of nonprofit and for-profit lenders, vetted by the organization, to provide safe, reasonably priced financing. In return, Next Step reduces the lenders’ risk. The homes are designed to meet the lenders’ requirements, and the home buyers receive comprehensive financial education so that they are equipped to succeed as home buyers. Consequently, Next Step home buyers not only secure a better initial mortgage, but also have the capacity to build equity and obtain a good resale price for the home should they decide to sell it one day.

Importantly, each Next Step home is placed on a permanent foundation in order to qualify the home owner for certain government-backed mortgage programs, which are less expensive than a chattel product. Next Step estimates it has saved its 173 home buyers approximately $16.1 million in interest payments as of 2015.

“Close to 75 percent of all financing for manufactured housing is going out as chattel. But 70 percent of new manufactured homes are going out on private land where, in many cases, the home could be put on a permanent foundation, and the owner could get a mortgage with a lower interest rate and a longer term,” says Epperson.

The MHDR model is innovative in part because it is scalable. Next Step trains and relies on a membership network of nonprofit organizations to implement the model in their respective communities. Next Step sells the homes to members at competitive prices, and then member organizations oversee the process of identifying and educating buyers, assisting them to secure the loan, and managing the installation.

“The way the industry works, there has never really been a way for a nonprofit to buy a manufactured home at wholesale prices. That’s what we’ve engineered, and that’s what makes these homes a lot more affordable than if the nonprofit or home owner tried to buy them on their own,” explains Kevin Clayton, president and CEO of Clayton Homes, one of the nation’s largest producers of manufactured housing, and one of Next Step’s long-time supporters.

“The Next Step program works because it sets people up for success,” says Clayton. “Next Step takes them through home ownership counseling, and supports home owners if they have a hardship down the road. They get to buy the house for a lot less than they otherwise could have, build equity in the home, and have a low monthly loan payment and energy costs.”

Cyndee Curtis, a Next Step home owner, agrees. Curtis was 27, single, and pregnant when she purchased a used, 1971 Fleetwood mobile home for $5,000 in 2001. She put it on the lot she owned just outside the town of Great Falls, Montana.

“I didn’t have money, I didn’t have a degree, and I didn’t have choices,” says Curtis. “The old steel septic tank was a ticking time bomb, with rust holes. The carpet was worn through, the linoleum underneath had burn spots on it, and the ceiling leaked where an addition had been added. Every year, I would buy construction books, go to Home Depot, and ask how to fix that leak. And every year I ended up there by myself, trying to fix it. There was mold on the doorway from that leak, and I had a newborn in there.”

In 2005, Curtis went back to school for two years, obtained her nursing degree, and began working as a licensed practical nurse, earning $28,500 a year. “I figured now I am earning a livable wage and can explore my options,” says the single mother of two. “I wanted something that my kids could grow up in and be proud of, and to make the most of owning the lot I lived on.”

But her credit was poor, and eventually she ended up at NeighborWorks Montana, a nonprofit Next Step Network member that told her about the Next Step program. Over the next two and a half years, Curtis worked with the staff of NeighborWorks Montana to repair her credit. With their assistance, she secured a mortgage and purchased a Next Step home for $102,000, which included not only the house but also the removal, disposal, and replacement of her old septic system.  Because the Next Step home is on a permanent foundation that meets certain qualifications—and because of Curtis’s improved credit history, income, and geography—she qualified for a mortgage from the U.S. Department of Agriculture’s Rural Development program, which was significantly less expensive than the more common chattel products. Additionally, whereas Curtis’s previous mobile home was titled like a car, her Next Step home is deeded like a site-built house. Consequently, a future buyer will also be eligible to apply for a traditional mortgage.

Curtis says her Next Step home has provided her significant energy savings. “I have 400 square feet more now than I had previously. I went from having one bathroom to two. And still both my gas and power bills have been cut by about two-thirds.”

She continues. “My house is a thousand percent better than what I lived in before. If a person goes inside my house, they can’t tell it’s a manufactured home. It has nice doorways, nice walls that are textured. It looks like any new home you would want to live in.”

“Sometimes people think they have to suffer with poor housing conditions. I know how it is, and I want them to know that if you put in some hard work,  you can make a difference for yourself and your family.”

This article originally appeared in July 2015 Land Lines.

 


 

Loren Berlin is a writer and communications consultant based in Greater Chicago. She can be reached at loren@lorenberlin.com.

 


 

References

Levere, Andrea. 2013. “Hurricane Sandy and the Merits of Manufactured Housing.” Huffington Post. January 8. http://www.huffingtonpost.com/andrea-leverehurricane-sandy-manufactured-housing_b_2426797.html

Course

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Details

Date
February 17, 2018 - March 13, 2018
Application Period
January 9, 2018 - January 29, 2018
Selection Notification Date
February 9, 2018 at 6:00 PM
Location
Online
Language
Spanish
Cost
Free
Registration Fee
Free
Educational Credit Type
Lincoln Institute certificate

Keywords

Cadastre, Climate Mitigation, Environment, Growth Controls, Housing, Land Banking, Land Market Regulation, Land Speculation, Land Use, Land Use Planning, Local Government, Public Policy, Smart Growth, Urban, Urban Development, Urban Sprawl