Educación a nivel de las bases para las comunidades latinoamericanas
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 6 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Los sectores populares en la mayoría de las ciudades latinoamericanas se encuentran en una grave desventaja al intentar influenciar la planificación urbana y la administración de sus comunidades. A pesar de que los activistas comunitarios pueden estar bien organizados a nivel local, sus intereses no están involucrados en la toma de decisiones que pueden tener implicaciones a gran escala tanto en la administración de tierras urbanas como en los derechos humanos. Como parte de este esfuerzo actual para ayudar a líderes comunitarios y a funcionarios públicos de América Latina a ser más efectivos en la implementación de políticas de administración de tierras de carácter fundamental, el Instituto Lincoln respaldó un programa educativo innovador en octubre en la ciudad de Quito, Ecuador.
El programa “Políticas de tierra urbanas para los sectores populares” fue copatrocinado por el Instituto Lincoln, el Centro de Investigaciones CIUDAD y el Centro de Investigaciones en Diseño y Urbanismo de la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Quito. Este programa piloto sirvió para que por primera vez se reunieran en un foro representantes de más de 50 comunidades de bajos recursos de todo Ecuador. Se discutieron ambigüedades en torno a la formulación e implementación de políticas de tierra urbanas, así como las causas e impactos de estas políticas en el uso y regulación de la tierra. Particularmente, se prestó atención al acceso equitativo a la propiedad de la tierra, el acceso a viviendas y a la construcción de ayuda propia en las periferias urbanas.
El ministro de la vivienda y desarrollo urbano de Ecuador dio inicio a la primera sesión. Un grupo de académicos, consejeros de políticas profesionales, autoridades gubernamentales locales y nacionales, y líderes de opinión ofrecieron una variedad de talleres de planificación estratégica y presentaciones de panel. El foro contó tanto con discusiones conceptuales como prácticas sobre la legislación de tierras urbanas, donde se reconoció la evidente falta de información acerca de políticas de tierra a nivel de las bases.
Muchas preguntas subrayaron la situación de Ecuador, donde la inseguridad personal, del hogar y de la tierra frecuentemente llevó a la violencia y los desalojos. Este importante tema sirvió para resaltar la preeminencia de los derechos humanos en el debate sobre las tierras urbanas, y para reforzar la necesidad urgente de tomar en cuenta una amplia gama de políticas públicas y mecanismos de planificación. Además de incentivar redes de organización entre los pobres urbanos y alianzas con otros líderes de movimientos populares y locales, en el foro se exploraron estrategias para construir solidaridad entre los diversos sectores.
La última sesión contó con la asistencia de alcaldes de otras ciudades latinoamericanas, y se concluyó que las fuerzas que afectan a los residentes urbanos de bajos recursos en Ecuador son sorprendentemente similares a lo largo de toda la región. Una clara lección es que el acceso a la información es imprescindible si se quiere permitir que cada comunidad e individuo influencie la formulación e implementación de políticas de tierra urbanas sobre una base de participación democrática. Un inventario de casos de estudio comparativo en prácticas de uso comunitario de la tierra será incorporado en programas de seguimiento para asistir a funcionarios públicos y administradores en las futuras planificaciones y gestiones de políticas para el uso de la tierra.
El foro de Quito es un ejemplo de la meta educativa del Instituto Lincoln de proporcionar un mejor conocimiento a los ciudadanos afectados por las políticas de tierra urbanas. Uno de los resultados fue “El documento de Quito”, un resumen de las estrategias a que se llegó por consenso entre los participantes. El reto de convertir el consenso de ellos en acciones será la prueba verdadera del programa piloto. El instituto podría también colaborar con el Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe para desarrollar una agenda común de educación, investigación y publicaciones. Los resultados ayudarían a ampliar las discusiones de problemas a nivel de las bases y a mejorar las formas en que los funcionarios públicos y los líderes populares pueden trabajar en conjunto para generaran políticas más efectivas.
Sonia Pereira es miembro visitante del Instituto Lincoln. También es abogado ambientalista, biólogo, psicólogo social y activista de derechos humanos. Su trabajo sobre protección ambiental en comunidades de bajos recursos del Brasil ha sido ampliamente reconocido. Es Citizen of the World Laureate (Universidad Mundial de la Paz, 1992) y Global 500 Laureate (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, 1996).