En ediciones anteriores, más de una vez lamenté nuestra afinidad cultural con las soluciones simples a los problemas complejos y les recordé a los lectores que no existe un camino fácil para resolver la crisis de accesibilidad a la vivienda. Pero, para aprovechar el espíritu de las resoluciones de Año Nuevo, y a sabiendas de que es fácil poner en ridículo soluciones que son una tendencia pasajera y más difícil proponer alternativas viables, haré el intento de describir un enfoque a la vivienda que creo que puede ser eficaz.

Los problemas complejos deben abordarse desde varios frentes. Para afrontar la crisis de vivienda asequible, tenemos que hacer tres cosas, como mínimo. Primero, debemos defender y preservar nuestra reserva actual de viviendas asequibles. Segundo, debemos identificar y resolver problemas sistémicos que nos impiden producir viviendas nuevas. Tercero, necesitamos identificar y cultivar oportunidades, incentivos y enfoques nuevos que expandan nuestro potencial productivo y faciliten la producción.

Debemos crear una cartera de soluciones con numerosas políticas en cada una de estas categorías. En este número de Land Lines se documentan algunas maneras en que los gestores de políticas están haciendo eso. A su vez, se incluye un artículo destacado de Anthony Flint sobre el interés cada vez mayor en reformas de zonificación a nivel estatal, y la resistencia local a esas iniciativas. Loren Berlin aporta una historia sobre un proyecto descomunal a cargo del Port of Cincinnati, destinado a que el parque de viviendas unifamiliares de la ciudad siga estando disponible para la compra por parte de las familias locales y fuera del alcance de inversionistas externos. Jon Gorey examina iniciativas para preservar y expandir las viviendas prefabricadas, un componente crítico que suele subestimarse de la oferta de viviendas asequibles del país. Por mi parte, ofreceré una contribución a la tercera categoría, un abordaje centrado en el suelo con un gran potencial para expandir la producción: la reutilización adaptativa de edificios comerciales.

Según la asociación de la industria del comercio, el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC, por su sigla en inglés), en los Estados Unidos existen 115.857 centros comerciales. Esto incluye 1.220 centros comerciales grandes (con un promedio de alrededor de 83.500 metros cuadrados destinados a locales comerciales minoristas y 28 hectáreas de tierra) 68.936 franjas comerciales de locales (en promedio, 4.000 metros destinados a locales minoristas y cerca de una hectárea de suelo); y miles de otras tiendas de descuento, tiendas de fábricas y centros comerciales barriales (que suman más de 370.000 millones de metros cuadrados destinados al comercio minorista y 160.000 hectáreas de suelo). Incluso antes de la pandemia, una parte significativa de estos centros se vieron amenazados por el comercio en línea. Hace ya tiempo que los conocedores del mercado inmobiliario predijeron que un cuarto de los centros comerciales más grandes de los Estados Unidos corrían riesgo de cerrar. La pandemia solo intensificó este declive. A pesar de que los centros comerciales vacantes pasaron a ser lugares convenientes para el testeo y la vacunación masivos de la COVID, los expertos empezaron a predecir que más de un tercio de los grandes centros comerciales quedarían vacantes o abandonados en los próximos años.

Las crisis y las oportunidades suelen ser buenas aliadas. La crisis de los comercios minoristas nos ofrece lo que podría ser nuestra mejor oportunidad para resolver la crisis de las viviendas. Por ejemplo, en el Área de la Bahía de San Francisco, uno de los mercados de viviendas más complicados del país, Peter Calthorpe estima que podríamos construir 250.000 unidades de vivienda nuevas mediante la reconversión de espacios minoristas infrautilizados a lo largo de una sola ruta, El Camino Real, que se extiende unos 65 kilómetros desde San José hasta San Francisco y atraviesa 16 municipios. Esto podría aliviar la grave escasez de viviendas en la región, y generaría suficiente densidad residencial para apoyar el transporte público, lo que contribuiría con los esfuerzos del estado y la nación para mitigar la crisis climática. Además, el crecimiento demográfico podría generar suficiente tráfico a pie para apoyar múltiples actividades comerciales. Con esta triada, la gran pregunta es: ¿por qué aún no comenzó el redesarrollo de El Camino Real? Principalmente, debido a diversos factores causados por las personas que complican la situación.

Como ya observé en otras oportunidades, el redesarrollo es más difícil que la urbanización de lugares sin desarrollo previo.  Implica deshacer lo que ya se hizo en el lugar, mientras se intenta que múltiples partes involucradas con diferentes intereses converjan en una visión compartida. Y lo que es mucho peor, surgen complejos obstáculos generados por las personas. Primero, los estímulos fiscales adversos interfieren con la disposición de las jurisdicciones a considerar el cambio del uso del suelo. Las propiedades comerciales generan una gran parte de la renta local, no solo por medio de los impuestos a la propiedad, sino también a través del porcentaje local de los impuestos sobre las ventas y otras comisiones y cargos. El redesarrollo residencial podría reemplazar solo una pequeña parte de la renta perdida. Segundo, los proyectos de redesarrollo son difíciles de financiar. Proyectos nuevos y visionarios podrían entusiasmar a los emprendedores inmobiliarios; son señales de incertidumbre y riesgo para las entidades crediticias y las aseguradoras. Tercero, el redesarrollo de un corredor comercial para convertirlo en un espacio residencial o de uso mixto implica cambios de zonificación, un tema que genera mucha tensión. En el caso de El Camino Real, haría falta que 16 consejos de zonificación aprobaran la rezonificación para que el proyecto avance. Si bien, probablemente, no sería necesaria una participación unánime de las 16 ciudades y pueblos, se requeriría una masa importante para que el redesarrollo manifestara su potencial.

Redesarrollar propiedades comerciales para proyectos de uso mixto con mayor densidad es difícil, pero no imposible. Cada uno de los obstáculos mencionados puede superarse, y de hecho, todos han sido sorteados en otros lugares. Por ejemplo, uno de los proyectos de desarrollo más grandes del país, el Tyson Partnership en Tyson, Virginia, está redesarrollando un distrito comercial de más de 1.100 hectáreas para convertirlo en un desarrollo de uso mixto con buen acceso para el transporte público. El proyecto ha estado en marcha por más de una década y ya incluye 11 edificios residenciales multifamiliares. En Partnership pretenden cuadruplicar la población residencial de la “ciudad periférica” que supo ser un prototipo y que proporcionó viviendas para 25.000 personas, pero dio empleo a alrededor de 125.000.  Están evaluando cuatro paradas nuevas en la Silver Line del metro de Washington para que esta se convierta en el centro urbano del condado de Fairfax, con la esperanza de que llegue a ser el emblema del “nuevo nuevo urbanismo”.

En Memphis, un centro de distribución de Sears que estuvo abandonado por casi tres décadas se redesarrolló y reconvirtió en una “zona urbana vertical” llamada Crosstown Concourse. El edificio de 10 pisos sobre 6.500 hectáreas de suelo ahora aloja una escuela autónoma, un centro de artes escénicas, más de 55.000 metros cuadrados de espacio comercial y 270 departamentos. Ya está impulsando desarrollos nuevos en los barrios circundantes.

Fuera de Seattle, desarrolladores están construyendo una tienda ancla nueva para el centro comercial suburbano Alderwood Mall, que cuenta con 300 departamentos y estacionamiento subterráneo. Esto compensará la pérdida de la tienda ancla anterior, Sears; hará frente a la alta demanda de viviendas en un mercado de viviendas extremadamente agobiado, y proporcionará una base de consumidores que compren en el resto de las tiendas del centro comercial, al que le está resultando difícil sobrevivir.

Si bien, probablemente, no sean tan extensos como El Camino Real, existen cientos y cientos de corredores comerciales desaprovechados a lo largo del país. Si lográramos reconvertirlos en desarrollos de uso mixto y densidad media, podríamos reducir en gran medida el déficit nacional actual de vivienda. A su vez, no escasean los edificios comerciales abandonados o infrautilizados como Sears Crosstown, los distritos comerciales ocupados a medias como Tyson, y los megacentros comerciales abandonados o en decadencia como Alderwood, que ofrecen excelentes oportunidades similares para el redesarrollo.

Según mis cálculos muy prudentes, si redesarrollamos el 20 por ciento de estos espacios comerciales para que alcancen estándares de uso mixto con una densidad de baja a media (25 viviendas por hectárea), podríamos sumar 1,1 millones de unidades de vivienda nuevas y preservar decenas de miles de metros cuadrados de espacio comercial con mayores probabilidades de prosperar. Si redesarrollamos el 25 por ciento de los lugares con 37 viviendas por hectárea, podríamos sumar 2,1 millones de unidades de vivienda. Y si pudiéramos redesarrollar el 30 por ciento de los lugares con 50 viviendas por hectárea, podríamos sumar 3,4 millones de unidades de vivienda nuevas.

Este no es un desafío técnico. Ya hace décadas que desciframos el código sobre la reutilización adaptativa. Debemos simplificar el proceso para facilitar el redesarrollo escalonado y establecer nuevas sociedades público-privadas más eficaces para poder lograrlo. El sector público debe redoblar la apuesta para eliminar el riesgo de los proyectos a través de la aceleración de los permisos, el cofinanciamiento e incentivos financieros inteligentes. El sector privado debe dejar de intentar construir en suelos vírgenes y buscar formas más creativas de redesarrollar los sitios obsoletos. Para visualizar los tipos de desarrollos posibles, basta con observar la obra maestra de Juie Campoli Made for Walking (Hecho para caminar), publicada por el Instituto Lincoln en 2012. Con miles de lugares para escoger, podemos definir cómo queremos producir y reproducir los tipos de barrios que se describen en el libro, y reducir los riesgos percibidos del desarrollo con cada proyecto exitoso.

El asediado sector comercial ofrece la mayoría de los elementos necesarios para hacer frente a la crisis actual de vivienda. Tiene suelo provisto de la infraestructura básica (agua, cloacas, electricidad) y que, por lo general, es de fácil acceso para el transporte público o, de no serlo, se encuentra rodeado de estacionamientos. En general, las ubicaciones son privilegiadas. Al mezclar los usos, ofrecemos dos beneficios enormes para el sector comercial: trabajadores y clientes. Pero los beneficios para la sociedad son aún más profundos. Así que adoptemos esta estrategia, junto con la reforma de zonificación unifamiliar y la preservación de la vivienda asequible, y veamos si podemos resolver la crisis nacional de vivienda de una vez por todas.

Imagen: La celebración inaugural de Crosstown Concourse, un proyecto de uso mixto donde antes funcionaba un centro de distribución de Sears en Memphis. Crédito: Crosstown Concourse.

Most people in the mountainous northeastern corner of New Mexico were looking forward to the arrival of the annual monsoon season last summer. The Hermits Peak–Calf Canyon wildfire had started in April, burning 340,000 acres and destroying hundreds of properties, and residents were hoping for a reprieve from the smoke and evacuations that had begun to define their lives. But then the monsoon arrived, both unseasonably early and with more intensity than normal.

As the rains pelted soil that had been rendered water-repellent by the fire, mud and water cascaded down the slopes of the Sangre de Cristo Mountains into the waterways, fields, roads, and homes below. Still reeling from the fire, residents were forced to deal with a fresh disaster—in many cases, needing to leave their homes once again.

“Their homes were flooded, their corrals were taken out, their burnt barns were taken out,” said Veronica Serna, county commissioner in Mora County, one of the areas hardest hit by the fire and the floods. “One family had a boulder come down and block their whole driveway. They didn’t have any water and no way to go out and get water—just imagine not being able to shower in your own home or wash your hands or use a toilet. It was devastating.”

Serna recalls another family “whose home kept getting flooded over and over and over. One day we stopped by to check on them, and they were scraping the mud out of their shoes, shoveling mud out of their bedroom. It’s just so hard to see that.”

The flooding also affected San Miguel County just to the south, damaging homes and infrastructure, polluting wells, and threatening water supplies. “Most people are back within the community, but they’re still stressed out about the future, because the flooding is not going to stop,” said Ralph Vigil II, a farmer and water commissioner who grew up in San Miguel County and runs a farmers’ cooperative there. “I’m afraid that we’re going to be dealing with this for years.” According to the Federal Emergency Management Agency, flood risk remains elevated for up to five years after a wildfire, until vegetation is restored.

Vigil had the opportunity to take a helicopter flight over the burn scar in the fall, after the fire was fully contained and the worst of the flooding had subsided. “You don’t really understand the vastness of the damage until you’re up there,” he said. He was alarmed, and not just by the decimation of landscapes and communities that he’s long loved: “I also saw the risk for more fires, and really the signs of what’s to come.”

As climate change contributes to longer, more intense wildfire seasons, fires are leaving burn scars across the U.S. West, putting nearby communities at risk of flooding. That flooding, which can be catastrophic, can occur long after the fire is over. In the face of these threats, communities can make land use decisions that help build their resilience.

After the Fire, the Deluge

It’s apt that the name of the Sangre de Cristo Mountains, which extend from Colorado to their terminus near Santa Fe, translates as “Blood of Christ.” The ridges, valleys, and bowls that would have been dwarfed from Vigil’s viewpoint in the helicopter make up the bulk of two watersheds that are the lifeblood of downstream communities and farmlands. Some 23,000 people in San Miguel and Mora counties rely on these watersheds for drinking water and agriculture.

Under the right conditions, naturally occurring and prescribed fires support ecosystem health. But the Hermits Peak–Calf Canyon fire, the largest in New Mexico’s history, got out of control and caused chaos. Twenty-four percent of the burn area was classified as high-severity fire, causing extensive tree mortality and profound impacts to soil. When trees and vegetation burn in high heat, they release gases that harden the soil into a water-repellent, concrete-like material. That allows rain to run over the forest floor like it would a sloped parking lot, picking up speed and sediment before flooding into the communities below.

“Pre-fire, these forested ecosystems and slopes work like a sponge, but post-fire, nothing is going to stop that rain,” says Micah Kiesow, a soil scientist for the Santa Fe National Forest and team lead for the fire’s Burned Area Emergency Response (BAER) team. BAER teams assess wildfire damage on federally owned lands. “We saw a tremendous amount of erosion, sedimentation, and debris flows in the most severely burned areas, which eventually makes its way to the drainages and streams below.”

While post-fire flooding affected many communities around the burn area, some of the worst damage occurred in Mora County. The county, one of the poorest in the nation, has about 2,130 homes scattered across nearly 2,000 square miles. Serna estimates that 200 of those homes were burnt over and countless others impacted when ash, water, and sediment flowed into the communities of Mora, Holman, Chacon, and Guadalupita. “It’s sad, because our communities had a lot of adobe homes,” she said. “Our people have lived here for generations, they have inherited these adobes from their great-, great-, great-grandparents.”

Many of those affected were rural farmers. According to Serna, numerous residents had freezers full of high-quality cattle and game meat that had to be thrown away following power outages in the aftermath of the flooding. Meanwhile, the acequias—small ditches or canals that divert water from creeks and rivers to provide water to farms and form the foundation of water access in this part of New Mexico—were clogged with wood, rocks, and mud. Over 40 acequias were destroyed in the aftermath of the fire, according to the New Mexico Acequia Association and reporting by Source New Mexico. The infrastructure that these remote communities rely on for everything from growing food to accessing critical services suffered profound damage.

In the immediate aftermath of the fire, it was difficult to access federal emergency funding. In later months, however, significant funding opened up for those affected by the fires—some $3.9 billion total, including $2.5 billion from the federal Hermits Peak–Calf Canyon Fire Assistance Act passed in September and $1.4 billion allocated in the 2023 Omnibus Appropriations bill. Total damages for the fire have not been confirmed, but some estimates put it as high as $5 billion.

Despite the influx of funding, “I really don’t think [$3.9 billion] is going to be enough,” Serna said. “How do you replace trees that were over 100 years old? How do you get all that back? I mean, is there a dollar amount that could do that? How do you buy back time?”

While the recovery effort continues, the risk for more flood damage persists, hinging precipitously on the intensity of future rain and snowmelt events. Mora County officials have begun developing a hazard mitigation plan for potential impacts from fires and flooding in the future. This kind of planning is one of many steps communities need to take to become more resilient in the face of increasingly frequent and severe disasters.

From Reactive to Proactive

In many cases, communities address the risk of flooding after a fire, but time isn’t always on their side. “The challenge in New Mexico is we have a fire season from April to June, immediately followed by a monsoon season,” said Brian Williams, director of emergency management in Santa Fe. “That window of time between when the fire season ends and the flooding season begins is weeks, not months. Often it overlaps, and then it’s a mad scramble to mitigate those potential impacts as best you can. And the kinds of things that you can do are to some degree limited.”

When BAER teams assess the extent of damages in federally owned areas, part of their charge is to determine priorities for immediate mitigation measures—ideally before extreme precipitation arrives. These often-forested ecosystems are prime candidates for aerial seeding and mulching, which can help burned areas begin to recover; restoration of stream channels can also help address flood risk. To prepare for the New Mexico monsoons, the BAER team also recommended and oversaw a number of emergency interventions including installing obstructions in stream channels to redirect debris and sediment and making fixes to bridges and culverts to facilitate vehicle access. These measures likely helped minimize some of the most extreme impacts of the rains, but it’s difficult to quantify their effect—and the hard truth is that only so much can be done in the timeline between fire suppression and extreme rain events. Harder still is the fact that that timeline seems to be shrinking in many regions.

A lot of the conversation around post-fire flooding focuses, understandably, on ecosystem recovery measures like those that BAER teams recommend and facilitate. But effectively preparing for the unique challenges of recovery and potential post-fire erosion events also requires significant forethought on the part of communities and homeowners.

Planning and land use decisions can minimize risk before fires occur. On the ground, communities can install infrastructure to help contain or redirect debris flows; retrofit homes with more ignition-resistant materials; and identify and improve evacuation routes. They can also reduce hazardous fuels in forests and create defensible space around structures by thinning trees and other vegetation Some fuel-reduction work, which is an essential forest management tool, comes with risks; the Hermits Peak–Calf Canyon fire was the result of two U.S. Forest Service fires that went awry: a prescribed burn and a pile burning project. The fires combined and spread due to high winds. But under the right conditions, prescribed burns can reduce the risk of wildfire and help maintain ecosystem health.

On a policy level, communities can take steps including prohibiting or limiting development in areas vulnerable to fire and flooding. Where development is allowed, they can mandate the use of certain building materials, such as fire-resistant siding. Local and regional officials can also map wildfire and debris flow risks to help determine when and where to build; develop pre-disaster plans, which allow communities to consider how they will handle recovery challenges such as restoring electricity, providing temporary housing, or managing long-term rebuilding; and proactively budget for projects such as stormwater treatment infrastructure upgrades, which can help communities better cope with flooding. Communities can also engage in scenario planning, a process that can help them identify and plan for various possible futures.

Scenario Planning for Wildfire Resilience

Scenario planning can help communities plan for an uncertain future. The practice guides planners, community members, and other stakeholders through considerations of various futures and how to effectively respond to and plan for them. In the case of wildfires, communities can consider the impacts of a changing climate on factors including public health, housing, equity, the economy, water availability, and quality of life. How could more frequent and intense drought affect wildfire suppression efforts? How can coordinated regional climate policies reduce wildfire risk and improve quality of life? By asking questions like this and exploring multiple possible outcomes, communities can better prepare for the challenges ahead. To learn more about this planning practice or to get assistance running a scenario planning process, visit the Lincoln Institute’s Consortium for Scenario Planning.

According to a report from the National Institute of Building Sciences, every $1 of public funding spent on hazard mitigation since 1995 is expected to save $6 in future disaster costs. After decades of focus on disaster recovery funding, the federal government has begun a shift toward funding pre-disaster planning and mitigation. FEMA has released a pre-disaster planning guide and has made limited funds available for disaster mitigation projects. Unfortunately, this kind of advance planning often hinges on the kind of political will and funding that are still much easier to come by after disaster has struck.

“I think the fundamental challenge with all of this, as with most natural hazards, is it’s very hard for us to plan ahead for things,” said Dr. Kimiko Barrett of Headwaters Economics, a Montana-based nonprofit research group that works to improve community development and land management decisions across the country. “We are by nature reactive and responsive, in contrast to being anticipatory. Even after a wildfire occurs, we have a small window to actually mobilize and enact the transformative change needed before amnesia kicks in, or bias kicks in, where you feel that [because the fire] happened, it will never happen again.”

A Holistic Approach

As more areas are affected by increasingly destructive wildfires, the threat of erosion and flooding in these landscapes will also increase—and should be factored into planning and land use decisions, Barrett says. She explains that the principles of holistic land use policy for wildfire resilience are inherently connected to planning for potential post-fire impacts like flooding. The measures typically used to build community resilience to wildfire—things like reducing hazardous fuels near critical infrastructure, planning evacuation routes, considering home density and development patterns in new developments, and mapping risk—also provide intrinsic benefits in the post-fire period.

“[Taking these actions] means communities have a greater chance of surviving a wildfire—therefore, that rebuilding and recovery piece is inherently better situated, because you’ve put that thought and that deliberate strategic planning in on the front end,” Barrett says. “So [planning for wildfire and its impacts] have to be wedded together. The challenge is that federal funding and policy does not often address it in that nature, or within that holistic framing.”

Quantifying and addressing the highly localized hazard planning needs of individual communities—from mapping risk to implementing mitigation at a meaningful scale—is also challenging when an area hasn’t yet felt the impacts of a wildfire or post-fire disaster. Risk mapping, for example, makes it less challenging to predict where and how a wildfire might impact a landscape; yet it remains challenging to create comprehensive and accurate maps, not only because of the robust data needed to make such predictions, but also because of community resistance.

“There’s a lot of pushback—much like you see on sea-level rise and other things in Florida and elsewhere—where politicians, developers, and community leaders are like, ‘We don’t really want to know—or we might want to know, but we really don’t want it publicized,’” said Molly McCabe, CEO of HaydenTanner, an investor advisory firm that focuses on social impact and sustainability in the built environment. “So you have this tension between, ‘We want to keep our people safe,’ and ‘It’s also an economic risk.’”

In 2022, the state of Oregon created a statewide wildfire risk map, distributing it to 150,000 residents who lived in areas facing high or extreme risk. Controversy arose quickly: homeowners suspected that the map might affect property values and insurance rates, and some worried that it could lead to new building codes or mandates for home hardening—a retrofitting approach that involves steps ranging from replacing windows to trimming nearby trees and shrubs. The Oregon Department of Forestry withdrew the map for further development, but the response was a clear reflection of the challenges related to getting out ahead of risk.

This problem grows even muddier when it comes to planning for erosion and flooding events after wildfires—how can you meaningfully quantify the potential impacts of a disaster that is the result of another disaster, which is also relatively difficult to predict? And how can you garner the essential buy-in of residents who could be financially affected by a better understanding of the risk in certain areas?

Despite these challenges, some communities are making progress, Barrett said: “I can tell you that there are communities that recognize their level of risk, and are addressing it in aggressive ways that go beyond what we’re seeing from federal mandates or state regulations.”

Communities Taking Action

Barrett said some communities in California have implemented mandates beyond existing state requirements for ignition resistance standards. Portola Valley, for example, adopted a home-hardening ordinance to supplement the state building code, which requires ignition-resistant building materials for new developments in high-risk areas. In 2020, residents in Marin County approved a measure that applies a property tax of 10 cents per square foot to support wildfire prevention efforts. The measure, which includes exemptions for low-income senior citizens, is expected to generate nearly $20 million per year over a 10-year period.

Both Barrett and McCabe mentioned that bond proposals have been a successful—though not yet widely utilized—means for motivated communities to set aside funding for wildfire and post-fire resilience. One particularly notable example is the Flagstaff Watershed Protection Project (FWPP), initiated after the Schultz Fire burned 15,000 acres in the mountains north of the city in 2010. The fire itself had little impact on homes and private property in Flagstaff, but a month later heavy rains triggered debris flows and floods that swept into the valley, causing the death of a young girl and the loss of 85 homes. Two years later, residents approved a $10 million bond that would help protect the watershed and adjacent homes and properties against similar impacts.

FWPP is a partnership between the state, city, and Coconino National Forest intended to help reduce the risk of both wildfire and post-fire flooding. “This has become one of the best examples I’ve seen out there of a partnership that has really resulted from a pretty devastating event that was post-fire related,” Barrett said. “It’s just a really good example of what can happen when the right players are there, and of communities and local partners recognizing a risk and acting on it.” Last year, voters in Flagstaff showed sustained support for continuing the city’s wildfire suppression and stormwater management efforts, with 76 percent approving a proposal to issue $57 million in bonds to invest in water- and fire-related infrastructure.

McCabe mentioned Montecito, California, as another notable example of community resilience arising from tragedy. The 2017 Thomas Fire destabilized slopes above Montecito. When these slopes were subjected to a deluge of rain just a few weeks later, 23 people lost their lives and 130 homes were destroyed. Since then, Santa Barbara County officials have developed debris flow risk maps for the area, while a community-led nonprofit called the Project for Resilient Communities facilitated the installation of steel mesh netting to catch debris in drainages above the community.

In Montecito and other communities, McCabe says, “people are voluntarily using grants and other monies to build their homes up on 10-foot elevated pads, so that if they’re in a path, the mud flows around them. But I haven’t seen any policies that are requiring that for new construction, much less existing construction.”

Still, local or regional policy can support such individual actions. Grants or insurance incentives can be offered to homeowners who create defensible space around their home, or to those who retrofit their homes with ignition-resistant materials. Programs like FireWise USA, an initiative of the National Fire Protection Association, can help neighborhoods organize collective fire mitigation projects and hold residents accountable for maintaining properties over time.

Getting buy-in at the local level also hinges on communicating strategically. In Central Washington’s Chelan County, public information campaigns around wildfire risk reduction included translators who could engage Spanish-speaking communities. Engaging with non-English speaking and migrant communities, in addition to other communities that are at disproportionate risk of wildfire and post-fire flooding, is an important component of public information campaigns throughout the process—from preparing for wildfire to navigating the recovery stage.

A Watershed Moment

In 2012, a major wildfire burned 87,000 acres near Fort Collins, Colorado. In the months following the fire, ash and mud choked the Poudre River, which provides drinking water for 135,000 downstream residents. Sediment clogged the pipes of the local water treatment plant, requiring extra clean-up and treatment and leading the city to install sensors that monitor sediment in the river. “We had been privileged and in some ways probably took for granted that these watersheds were providing us consistently clean, clear water, all the time,” the city’s water quality manager, Jill Oropeza, told a local radio station. “That was the first time, for many of us working there, that we had to grapple with the fact that our watersheds are under pressure.”

According to the U.S. Forest Service, the forested watersheds of the United States provide drinking water for 180 million people. Ninety-nine percent of people who rely on public water systems in the United States get at least some of that water from forested ecosystems. Research suggests that post-wildfire flooding contaminated the drinking water of hundreds of thousands of people in the West between 2017 and 2020.

In Mora County, “people sent me photos of turning their water on and having sludge come out,” said Serna, the county commissioner. Many wells were destroyed, with some residents only getting their water back online in October and November. The city of Las Vegas, in nearby San Miguel County, almost ran out of water for its 13,000 residents after debris from the fire found its way into the local reservoir. With only 20 days’ worth of clean water remaining, the city used emergency state funding to convert a local lake into a short-term back-up water source. Longer-term relief came in the form of $140 million from the omnibus bill that will allow Las Vegas to invest in water treatment and filtration upgrades.

In response to situations like these, organizations including the Coalition for the Poudre River Watershed in Fort Collins and the Greater Santa Fe Fireshed Coalition, which focuses on a high-risk area just south of the Hermits Peak–Calf Canyon fire area, are bringing stakeholders together to better understand the risks wildfire poses to water supply and water quality. Many communities in the West take great pride in the places where their water comes from. Protecting watersheds from high-severity wildfire—and, thus, debris flows—is an easy sell to the communities that rely on the resources these ecosystems provide, and building resilience in watersheds inherently builds resilience for downstream communities.

Whether focused on making a watershed more resilient, guiding development to less vulnerable areas, or envisioning and preparing for multiple possible futures, communities can take many steps to build resilience to wildfire and post-fire flooding. The profound influence of past and present land management decisions on wildfire and flood outcomes makes it increasingly clear that we can better prepare for events that are exacerbated by human actions—and, in some cases, inaction. Adequately planning for wildfires and subsequent debris flows or flooding in the West requires significantly more funding, resources, and creative policy solutions than are currently available, but taking action and making investments on the front end can lead to stronger communities that are better prepared to face future disasters.

Amanda Monthei is a freelance writer, podcast producer, and former wildland firefighter whose work on wildfire adaptation and resilience has been featured in The Atlantic and The Washington Post, as well as on her podcast Life with Fire. She lives in Bellingham, Washington.

Lead image: Smoke from the Hermits Peak–Calf Canyon wildfire over Las Vegas, New Mexico, in May 2022. Credit: Robert Browman/Albuquerque Journal via AP Images.

“Climate change is water change.” It’s an adage that has caught on in certain circles, as our shifting global systems affect every part of the water cycle. In the United States, that has looked like record drought and aridification in the West, massive flooding in the Midwest, and superstorms in the East. Those climatic changes have also created secondary impacts, like land subsidence, longer wildfire seasons, and contaminated water supplies. And all these effects are complicated by factors ranging from population growth to aging infrastructure.

As these impacts hit every corner of the country, planners and water managers are finding new ways to address them, working together to build resilience in the face of an increasingly volatile climate. Planning for a future that could include an unpredictable combination of drought, flooding, pollution, and other water-related issues takes a significant shift, says Bill Cesanek of the American Planning Association’s Water and Planning Network. “Historically, U.S. communities have dealt with land use planning and water management in separate silos,” Cesanek says. “But now we know we have to manage them using an integrated approach.”

Traditionally, he explains, water departments and planners have often worked within different geopolitical boundaries, management structures, and timelines, even as their work has overlapped on the ground. But with communities growing rapidly, especially in the South, and climate change exacerbating water-related risks, planning is becoming more complex, and the need for collaboration more urgent.

“We need an integrated and multidisciplinary approach,” agrees Brenda Bateman, director of the Oregon Department of Land Conservation and Development. Bateman is chair of the American Water Resources Association’s Land and Water Specialty Conference, an event focused on connecting land and water for healthy communities. “These problems are so thorny that if we try to solve them one by one, or in a vacuum, we end up with solutions or results that don’t stick. They’re tied together regardless of how our budgets and bureaucracies work.”

The goal of improving planning and resource management processes so they are more integrated, resilient, flexible, and creative is complicated by regional differences—“what works in California won’t necessarily work in New Jersey,” Cesanek says. And since the nature of climate volatility means what works in California today won’t necessarily work in the future, planners and water managers have to prepare for many possible scenarios.

“In the planning world, it used to be ‘let’s envision the highly desirable future we want, and build to that,’” says Jim Holway, director of the Lincoln Institute’s Babbitt Center for Land and Water Policy. “Now we have to put in place policies that will be robust across different futures—not just desirable ones—and bring in programs that are more adaptive. This is a shift in approach.”

Anticipating potential futures and changing practices to account for uncertainty is tricky, but not impossible. And despite the local nature of planning and resource management, shared practices and strategies can work across the country. Here’s how three communities facing different challenges are adapting their approaches and practices to prepare for a changing future.

New Orleans: Living with Water

Few cities have spent as much time and energy fighting water as New Orleans. The city was built on a natural levee along the Mississippi River, a prized location that offered obvious economic and environmental benefits. But centuries of efforts to engineer the river and drain the surrounding swamps led to land subsidence so severe that some neighborhoods are up to 11 feet below sea level, making them prone to frequent flooding. New Orleans is also one of the rainiest places in the country, with five feet of annual precipitation, and is vulnerable to the increasingly strong hurricanes that frequent the Gulf Coast.

When Hurricane Katrina hit in 2005, inundating 80 percent of the city, it explicitly revealed a truth that had been gradually coming to light: New Orleans couldn’t use its historical approaches to fight the stronger storms and rising waters of climate change. It had to think differently.

“Katrina was a tipping point,” says Ed Blakely, a global urban policy expert who led the city’s recovery effort. Blakely says the city’s previous approach to water—attempting to overpower it rather than planning around natural streamflow and flood patterns—reflected a common urban pattern in the United States: “We have not used history to plan settlement.”

As the urgent work of recovery got underway, a new approach to long-term planning began to emerge as well. With support from a state community resilience fund powered by federal disaster recovery dollars, the region’s economic development organization, Greater New Orleans, Inc. (GNO) commissioned a project that would help the city reimagine its relationship to water.

Inspired by the Dutch approach to water management, which hinges on collaborating across disciplines and viewing water as an asset, the Greater New Orleans Water Plan drew on local, national, and international expertise, envisioning nature-inspired systems and strategies that could help manage stormwater more effectively and contribute to the health of residents, ecosystems, and the economy. The green infrastructure proposals in the plan ranged from small-scale retrofits like bioswales and permeable pavement to the more comprehensive strategic use of parks, canals, and waterways to slow and store water.

The ambitious plan intentionally focused on physical space, not policy or politics, explains Andy Sternad, an architect and resilience expert who was a lead author of the plan for New Orleans–based firm Waggonner & Ball. It won acclaim from organizations including C40 Cities and APA, which gave it a National Planning Excellence Award in 2015, in part due to its collaborative nature. “Planners have been instrumental in communicating with designers and engineers about the spatial, socioeconomic, political, and cultural impacts of the plan,” APA noted in its award description. “They have also been successful in integrating the Urban Water Plan with the Louisiana Coastal Master Plan and other local planning processes.”

“The water plan facilitated a new way for us to approach water, locally and regionally,” says Robin Barnes, a New Orleans-based economic recovery and resilience consultant who is the former executive vice president and COO of GNO, Inc. “It provides us with information and schematics and instructions about everything from materials to specific demonstration projects, and it illustrates how living with water can work.”

Barnes has been a director on the Sewerage & Water Board of New Orleans (SWBNO) since 2014, and says she has seen the plan’s guiding philosophy seep into operations citywide and regionally. The idea of living with water can be seen in everything from stormwater storage requirements for new construction and pilot projects funded by the SWBNO to broader initiatives such as the Gentilly Resilience District, a multi-pronged effort to reduce flood risk and support revitalization across an entire neighborhood. The city has received significant federal funding for green infrastructure, including a major award from the U.S. Department of Housing and Urban Development’s National Disaster Resilience Competition.

The city’s master plan envisions that by 2030, New Orleans will become “a city that celebrates its relationship to water.” The plan prioritizes water conservation, sustainable stormwater management, and the protection of wetlands and other areas needed for water storage. It endorses land use approaches that were key elements of the post-Katrina rebuilding effort, says Blakely, such as density, infill development, and building on high ground.

Recommendations like those are constructive outcomes of the devastation caused by Katrina. So are community-level conversations about water management and resilience that continue to evolve, led in part by the Water Collaborative of Greater New Orleans, which formed after the release of the water plan.

Like many cities, New Orleans has faced challenges as it works to implement these ideas, from the pandemic to political transitions. There is still much work to be done, but other flood-prone places across the country have begun to embrace the New Orleans mindset; Sternad and his Waggonner & Ball colleagues have brought the Living with Water approach to cities including Houston, Miami, Charleston, Hampton, Virginia, and Bridgeport, Connecticut.

“We are poised to lead future climate solutions, in part because the things we experience here provide valuable lessons for other cities,” Sternad says. “It’s OK to live in a place that floods sometimes, as long as the culture, and eventually the infrastructure, can adapt.”

Evans, Colorado: Preparing for Scarcity

The northern Colorado city of Evans has a population of 21,000, a projected growth rate of 3 percent per year, and a reliable supply of water from the region’s river basins. But demand for water is projected to come close to the limits of that supply by the end of the decade, especially as the state faces drying and warming due to climate change. As the city grows, its municipal departments are trying to work together to make sure that demand doesn’t exceed supply.

“We’re going into a period where we have increasing demand for water, but the pie is shrinking,” says Anne Best Johnson, former community development director in Evans. “It’s one thing to divide up a growing pie, but it’s harder and harder to divide a shrinking pie.”

In 2019, the city completed a Municipal Water Efficiency Plan, a guide for its water conservation measures. That plan identified 34 water conservation activities that the city will prioritize for implementation, ranging from outdoor watering and landscape design ordinances to requirements for things like wind and rain sensors for new developments, and water-efficient fixture retrofits for existing buildings. If all of these steps are implemented, projections suggest the city could see total water savings of up to 17 percent by 2028 compared to projected demand.

Around the time the water plan came out, city officials started their decadal update of the city’s comprehensive plan. “The timing was important because these documents guide the city for anywhere from 10 to 30 years,” says Justine Schoenbacher, the city’s water conservation coordinator. Both planning processes incorporated cross-departmental input and extensive public outreach, Schoenbacher adds: “The fact that both plans were updated in a time of heightened awareness around water resource issues was beneficial.” She says the timing and collaborative approaches allowed the city to seamlessly integrate the plans and address water resources comprehensively.

Johnson—who left her role in Evans in early 2023 for a similar role in nearby Berthoud—says city officials were able to build principles from the Municipal Water Efficiency Plan into the comprehensive plan, which includes a chapter on water conservation and stewardship, as well as instructions for incorporating water conservation principles into planning.

This puts Evans on a solid path toward a sustainable water supply. But the city didn’t do it alone. Johnson says support from other organizations helped the small city maximize its efforts. In 2018, as officials were working on the municipal water plan, they participated in a Growing Water Smart workshop hosted by the Sonoran Institute and the Babbitt Center, which allowed them to learn from other communities and create their own action plan. “Land and water are interlinked, and the local planning and decision-making frameworks for how we use them should be too,” says Kristen Keener Busby, associate director for practice and partnerships at the Babbitt Center. “Growing Water Smart workshops help communities identify thoughtful ways to make these connections and implement actions to strengthen their sustainability and resilience.”

The city also participated as a pilot community for a Water and Land Use Metrics program coordinated by the Sonoran Institute, which helped them measure their local water conservation data. To help implement their Growing Water Smart action plan, they received technical support from WaterNow Alliance and Western Resource Advocates to administer a water efficiency audit program and a community-wide fixture replacement and installation program. Schoenbacher says that has been key in helping them make tangible progress, and in educating the community about the application and benefits of the water efficiency plan.

As they put the plans into practice, Johnson says city leaders are trying to be proactive and clear about their goals, by talking to the community and gathering data to show what’s working well. “A lot of time, money, effort, and citizen input went into our guide for moving forward,” she says. “We don’t want to have a comp plan that just sits on the shelf.” Johnson says the city started with the easiest projects, like fixture retrofits, to show the community that reducing water use didn’t have to be painful. Then they started to bring in some of the bigger pieces. Using those tools, they’re confident that they can balance population growth and new development while decreasing citywide water use.

“Change can be very threatening to people. If you offer them opportunities to have success, then you’re going to be seen as a community that encourages business while being respectful of your environment and limited resources,” Johnson says. Evans, she adds, “wants to have an opportunity to grow and change when it’s not a reactionary situation.”

Schoenbacher says that’s true across the region, where communities need to be planning for scarcity. Communication and early thoughtful action are both key for being prepared, she notes: “We adhere to the motto that’s happening across the West: we need to be doing more with less. We’re thinking about that potential gap between supply and demand in the long term. What changes can communities make now to preserve our rights and ability to grow in the future?”

Golden Valley, Minnesota: Thinking Beyond Boundaries

A decade ago, planners and water engineers in the Minneapolis suburb of Golden Valley worked in different departments on different floors of city hall. “There was general agreement on the direction that the city was moving, but there was minimal coordination,” says Planning Director Jason Zimmerman. To facilitate communication and collaboration in this city of 22,000, which relies primarily on redevelopment to accommodate growth, the city combined planning, engineering, and inspections into one department, creating an open-concept office on a single floor of the building.

Today, Zimmerman says, “there is close communication between planning and engineering staff, in relation to redevelopment projects in particular. . . . Planning decisions always acknowledge the requirements and challenges associated with water.”

Those challenges have increased as climate change makes storms in the region stronger. “New flood elevations due to more intense rain events have created new challenges for properties in low-lying areas,” Zimmerman says, noting that planners carefully evaluate grading when reviewing site plans, in light of the increased runoff caused by extreme weather.

As Golden Valley continues to adjust its practices to meet evolving needs, a state-enabled regional planning agency, the Metropolitan Council, is helping the city address pollution, plan for flooding, and protect the quality of its creeks and lakes by thinking beyond boundaries. Golden Valley buys its water from the city of Minneapolis, as part of a joint agreement with two other nearby suburbs, Crystal and New Hope. The Metropolitan Council oversees wastewater collection and treatment infrastructure and water supply planning across the area, a relatively unique arrangement that helps communities learn from each other. “We’re working with our partners in the region to make sure we have sustainable supplies for the growth that is planned,” says Judy Sventek, Met Council’s manager of water resources. “People think of Minnesota as a water-rich state with 10,000 lakes, but we do have water supply limitations” including differences in the types and quantities of water communities can access.

In 2005, the council created a Water Supply Planning Unit to bring communities together from across the region. A decade later, this work shaped updates to regional water policy reflected in the 2040 Water Resources Policy Plan, which directly influenced Golden Valley’s 2040 Comprehensive Plan and its goals of responding to new and changing development, future water demands, and changing weather patterns.

“In the ’80s, when most people lived in the urban core around Minneapolis and St. Paul, most residents and businesses relied on surface water,” Sventek says. “Now 75 percent of residents in the metro area are using groundwater from wells in the suburbs. We’re thinking about the implications of this change as cities continue to grow outward, and we’re looking at how climate change affects water supply.”

Lanya Ross, a Met Council environmental analyst, says the council’s regional vision can help communities like Golden Valley make long-term water-supply plans in the face of changing climate and population dynamics. It also serves as a hub of data on issues like regional groundwater modeling and flooding impacts, which individual communities might not have access to or might not normally consider. In Golden Valley, where Bassett Creek is a critical waterway, leaders can use this shared information to see where stormwater management projects can be most helpful, and how redevelopment projects can help with flood control. “We can look at the entire region: how we plan for sustainable water resources together and how do those interactions happen,” Ross says.

In the face of climate change, communication among neighboring communities can be particularly important on the supply side. It can lead to sharing tools and resources to protect source water, monitor aquifer levels, and address contamination from pollutants like phosphorus and nitrate that come from agricultural runoff.

Sventek says other states and organizations have looked at the Met Council’s approach, especially on the supply side, because planning for watershed health is becoming more relevant and necessary. Having an entity that plans for a region and addresses issues across local boundaries is also helpful for transferring knowledge and thinking about the big picture, she says—and that shows up in the way places like Golden Valley are planning for the future.

Hard Decisions Ahead

The need for big-picture, long-term thinking by policy makers across the country is clear. “There isn’t a place that is not subject to some form of disaster in the United States, be it drought, cyclones, or tornados. We’ve seen flooding year after year,” says Blakely, who led the Hurricane Katrina recovery in New Orleans. “We need to be catching up to the game, not adding to the destruction.”

The threats are different from place to place and ecosystem to ecosystem, but there are broadscale ways to address climate-related disasters. Communities can store and reuse water, instead of relying on manmade infrastructure to fend it off. They can plan for uncertainty, anticipate a range of futures, and implement adaptable long-term plans. They can also collaborate and work across boundaries to manage resources regionally, build resilience, and increase flexibility.

To stay ahead of the game, planners and water managers need to implement changes now, working across departments to integrate land and water planning. “We made a lot of choices that have kicked the can down the road by saying, ‘We’ll do more monitoring or regulation at a later date.’ That time has arrived,” says Bateman, chair of this year’s AWRA conference. “We’re going to have to make some hard decisions. We’re going to need leaders who are willing to make those decisions based on science.”

Holway says organizations like APA, AWRA, the American Water Works Association, and the Babbitt Center can help communities build the capacity they need to implement solutions by providing tools and support, and by helping them connect across geographic and bureaucratic boundaries. “We’re not trying to predict the future, we’re trying to prepare for a range of potential future conditions. Building that awareness and working in new ways can start to change the narrative and lay the groundwork for implementing necessary programs,” he says. “As you look forward, disasters are going to be a constant. They’re going to come one after another, and if that’s the future, we need to prepare for that.”

Resources and Further Reading

The Growing Water Smart program introduces communities to strategies and tools that can help them integrate water and land use planning to better adapt to change and uncertainty. A joint program of the Sonoran Institute and the Babbitt Center for Land and Water Policy, Growing Water Smart has reached more than 80 communities in Colorado, Arizona, and Utah, and is expanding to California and along the Mexican border this year. To learn more, watch our “Growing Water Smart” video.

To learn more about how communities are incorporating water into their planning processes, check out Integrating Land Use and Water Management: Planning and Practice, a Lincoln Institute Policy Focus Report by Erin Rugland.

Connecting land and water for healthy communities is the theme of this year’s American Water Resources Association (AWRA) summer conference, to be held July 17–19 in Denver. The planning committee for this event includes representatives from the Lincoln Institute’s Babbitt Center and many other organizations, agencies, and institutions working to advance the integration of land and water planning. 

Heather Hansman is a freelance journalist, Outside magazine’s environmental columnist, and the author of the book Downriver: Into the Future of Water in the West.

Image: An illustration from the Greater New Orleans Water Plan shows how redesigning streets with rain gardens, pervious pavement, and other elements can help slow and store stormwater, reducing flooding. Credit: Waggonner & Ball.

Los últimos kilómetros del viaje de una hora en dirección oeste desde Boston a la Granja Knowlton en Grafton, Massachussetts, recorren una gran variedad de paisajes: bosques, loteos residenciales con casas de estilo ranchero de la década de 1950, subdivisiones sin árboles en las que predominan grandes casas nuevas y pretenciosas, y las onduladas praderas del área de conservación Hennessy Conservation Area que abarca 65 hectáreas. Por último, se vislumbra el viejo establo rojo de la granja, con un pequeño letrero que dice “Hay 4 Sale” (Se vende heno) sobre un camino rural arbolado.

En sus mejores épocas, este negocio familiar de 135 hectáreas fue una granja lechera. Sin embargo, cuando las ganancias de la industria lechera comenzaron a escasear a fines de la década de 1990, la familia Knowlton vendió el rebaño y se centró en la producción de heno. Este día de fines de agosto, Paul Knowlton, miembro de la cuarta generación de propietarios de la granja, enfarda heno en un campo más allá del granero rodeado por bosques. Un águila de anchas alas planea sobre la zona. El sol está fuerte, pero la luz suave y el canto de los grillos advierten que se acerca el atardecer. Knowlton conduce un pequeño tractor verde, que remolca una cosechadora mecánica que produce fardos rectangulares, como una caja de sorpresas, a medida que recorre el campo de heno.

En un año o dos, todo se verá diferente. La Granja Knowlton produce heno, frutos rojos, calabazas, hojas verdes y carne de res alimentada con pasturas, todo con menos de 3,1 megavatios (MW) de paneles solares “agrovoltaicos” diseñados para la producción de energía renovable y cultivos en el mismo suelo. Los ingresos generados con este proyecto de paneles solares instalados recientemente le permitirán a Knowlton quedarse con la granja, que pertenece a su familia desde el 1800. También podrá plantar nuevos cultivos, comprar un poco de ganado y probar prácticas de cultivo regenerativas que pueden contribuir a mejorar la salud del suelo, restaurar los ecosistemas y capturar carbono. Los paneles son parte de un proyecto comunitario de energía solar de la zona que producirá suficiente energía para abastecer a alrededor de 520 casas. Una menor cantidad de paneles producen la energía necesaria para llevar a cabo las actividades de la granja.

Uno de ellos se encuentra en un campo de 0,8 hectáreas detrás de la casa. A diferencia de los paneles solares convencionales instalados en el suelo muy cerca de la superficie, estos paneles fotovoltaicos se elevan casi tres metros por encima de esta. Knowlton plantó raigrás de invierno como cultivo de cobertura a fin de preparar el campo para los cultivos de primavera. Monarcas y otras mariposas revolotean entre el centeno y las flores silvestres que crecen dispersas bajo las hileras de relucientes paneles. Los paneles están separados entre sí por varias decenas de metros para permitir la circulación del equipamiento de cosecha entre ellos.

Los sistemas agrovoltaicos, también conocidos como paneles solares fotovoltaicos, se implementaron con éxito en Japón y algunos países de Europa en la última década. En los Estados Unidos, están emergiendo como una forma de que las tierras agrícolas contribuyan con la mitigación del cambio climático y la generación de resiliencia ante este, a la vez que los agricultores permanecen en sus propiedades en un momento muy disruptivo para la agricultura. Mientras tanto, en la costa oeste, que se ve azotada por sequías, las estrategias agrícolas de transición inteligentes desde el punto de vista climático fomentan la instalación de sistemas de energía solar más convencionales en tierras agrícolas que ya no pueden usarse para la agricultura.

Ubicar instalaciones de producción de energía renovable en tierras agrícolas no es un concepto nuevo en este país. En estados con llanuras ventosas, el desarrollo eólico ayudó a impulsar las economías agrícolas que llevaban una década en decadencia. Además, un estudio realizado en 2021 por la Universidad Cornell reveló que el 44 por ciento de la energía solar a gran escala existente en el estado de Nueva York se desarrolló en tierras agrícolas (Katkar et al., 2021). Los espacios abiertos de las tierras agrícolas son especialmente buenos para el desarrollo de instalaciones de energía renovable, además de que suele ser más fácil conectar a la red los proyectos de paneles solares en áreas rurales porque hay una mayor capacidad de transmisión en comparación con áreas urbanas densamente pobladas. Los agricultores se benefician de las contraprestaciones por arrendar parte de su terreno, lo que puede hacer una gran diferencia al momento de recuperar las granjas de la bancarrota.

A medida que la energía renovable se populariza y los dirigentes de todo el mundo se comprometen con las metas de transición energética, surgen nuevas oportunidades. La energía solar está en auge en los Estados Unidos debido a la baja en los precios de los paneles fotovoltaicos. En la última década, la industria creció un 42 por ciento por año. En el 2020, se la valuó en 25.300 dólares, con más de 100 gigavatios en paneles solares instalados en el país. El presidente Biden redobló la apuesta hace poco y anunció una meta para todo el sector económico de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. Investigadores de la Universidad de Princeton estiman que, para cumplir esta meta, se deberán implementar soluciones solares y eólicas en alrededor de 60.000 millones de hectáreas, o suelo equivalente a la superficie de Wyoming y Colorado (Larson et al., 2020). Eso representa una porción considerable de las tierras agrícolas de los EE.UU., que en el 2020 se acercaban a los 364.000 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, la Ley de Gestión Sostenible del Agua Subterránea de California impulsa el retiro de entre 202.000 y 404.000 hectáreas de las 2.023.000 de hectáreas que conforman las tierras agrícolas irrigadas del valle Central para el 2040, como parte de una iniciativa para reequilibrar el suministro de agua subterránea del estado.

Invertir en energía renovable en las tierras agrícolas podría ser muy beneficioso para la mitigación del clima, la conservación y la agricultura, tanto para los agricultores como para las economías locales, pero solo si se hace de la manera correcta, dicen los observadores. Los paneles fotovoltaicos representan “una gran oportunidad para la agricultura y la zona rural de los Estados Unidos”, dice David Haight, vicepresidente de programas en American Farmland Trust, que es certificador de terceros del proyecto de la Granja Knowlton. “Pero para implementarlos, debemos tener en cuenta la agricultura, de modo que no se desplacen granjas en grandes partes del paisaje”. Haight dice que el 90 por ciento de la capacidad solar nueva instalada para el 2050 se desarrollará en zonas rurales.

Mientras tanto, las instalaciones en tierras agrícolas no productivas pueden impulsar las metas de conservación, ya que permiten que los agricultores permanezcan en sus terrenos. Las tierras agrícolas bien administradas pueden brindar una variedad de servicios de ecosistemas, desde capturar carbono y proporcionar un hábitat para diversas especies de plantas y animales nativos, hasta protegernos de inundaciones, sequías y olas de calor.

Ya sea que la energía solar complemente a la agricultura o la reemplace en una parte de una granja, la renta asociada “puede ayudar a los agricultores con dificultades económicas a mantenerse durante épocas de mal clima o problemas económicos”, dice Jim Holway, director del Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua del Instituto Lincoln. La renta de las fuentes renovables, agrega, puede aportar fondos para mejoras beneficiosas de la eficiencia del agua u otras inversiones para la conservación de la tierra y el suelo.

Paneles fotovoltaicos en el noreste 

Entre 2001 y 2016, según el American Farmland Trust, aproximadamente 42.700 hectáreas del 1.606.602 de hectáreas de tierras agrícolas de Nueva Inglaterra se perdieron o vieron amenazadas debido a la urbanización. Alrededor del 35 por ciento se perdió definitivamente en manos de la urbanización, mientras que el resto sufrió los efectos de desarrollos residenciales de baja densidad, que de todas formas alteran la naturaleza de las comunidades rurales.

El cambio climático agrega más presión, ya que las lluvias intensas, las inundaciones y las sequías intermitentes, entre otros factores, presentan más desafíos para la agricultura (ver nota de recuadro). “Las incertezas del futuro sobre cómo mantener la viabilidad de las granjas son cada vez más, y eso genera mucha incertidumbre sobre la permanencia de las tierras agrícolas como parcelas para la agricultura”, dice Emily Cole, directora adjunta de Nueva Inglaterra en American Farmland Trust.

La agricultura es responsable de alrededor de un quinto del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, pero las iniciativas de transición hacia prácticas agrícolas que capturan carbono en la tierra podrían convertirla en parte de la solución. La Academia Nacional de Ciencias estima que las tierras agrícolas de los EE.UU. tienen una capacidad de captura de carbono equivalente a 276.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, un cuatro por ciento de las emisiones del país. Sin embargo, eso no es posible una vez que las tierras agrícolas dejan de ser propiedad de un agricultor y se destinan a la urbanización permanente, dice Cole. “A partir de ese momento, ya no hay posibilidad de mejorar las prácticas de salud del suelo ni de generar energía limpia”.

Paul Knowlton conoce muy bien estas presiones. Grafton es el centro de lo que la Sociedad Audubon de Massachusetts llama “la frontera de expansión urbana descontrolada”, un cinturón de comunidades que se desarrollan con rapidez en el centro de Massachussetts en las afueras de Worcester, la segunda ciudad más grande de Nueva Inglaterra. Los precios de las parcelas son altos y los agricultores mayores se enfrentan a una presión cada vez más fuerte para vender sus tierras. Varios emprendedores inmobiliarios se han acercado a Knowlton, que incluso trabaja como carpintero en construcciones residenciales para complementar los ingresos de la agricultura. “Cada vez que voy a trabajar, veo una granja destruida. Soy parte de la máquina y no me gusta”, se lamenta.

Por un tiempo después de vender su rebaño, la familia Knowlton se las arregló para llegar a fin de mes con la venta de heno e ingresos por otros trabajos. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer una renovación completa de la casa de campo, la familia separó una parcela y la vendió a un emprendedor inmobiliario. En ese momento, Knowlton supo que había otra manera.

En 2015, instaló paneles solares convencionales de 2,5 megavatios que estabilizaron las contraprestaciones por arrendamiento de la granja. El éxito llevó a Knowlton a pensar si podía instalar más paneles solares de una forma que le permitiera cultivar alrededor. BlueWave, la empresa de paneles solares que había instalado los primeros, justamente estaba pensando lo mismo.

John DeVillars, fundador de BlueWave, exsecretario de Medioambiente de Massachussetts y administrador regional de la EPA, tiene lazos fuertes con la comunidad ecologista. Fue uno de los primeros desarrolladores de paneles solares del estado en aprovechar los incentivos que el programa Solar Massachusetts Renewable Target (SMART) de 2018 de Massachussetts brindaba por proyectos con paneles solares fotovoltaicos.

“Lo que nos motiva es proteger el suelo, apoyar a las comunidades y la agricultura, y también la energía renovable”, dice DeVillars. “Los paneles agrovoltaicos son una gran oportunidad para fortalecer las comunidades rurales . . . y permitir que todos compartan los beneficios de un entorno más limpio y de alimentos más sanos de producción local”.

El acuerdo de la Granja Knowlton involucra a muchas partes: AES, una empresa de energía internacional que es dueña del proyecto; el Departamento de Energía y el Departamento de Agricultura de Massachussetts; la Universidad de Massachussetts, que estudiará el impacto de los sistemas en la producción agrícola y las condiciones del suelo; American Farmland Trust; y un consultor agrícola, Iain Ward, a quien BlueWave reclutó para ayudar en el desarrollo de los planes de plantación y como asesor de Knowlton. AES le proporciona a Knowlton contraprestaciones por arrendamiento y un estipendio para cubrir los gastos agrícolas, que, en algún momento, le permitirán dejar la carpintería y cumplir su sueño de ser agricultor a tiempo completo.

No todos los desarrolladores de paneles solares fotovoltaicos pagan estipendios y contratan consultores agrícolas. Algunos simplemente le pagan al agricultor para alquilar la tierra. “El modelo de BlueWave es progresivo”, dice Ward. “Da prioridad a los agricultores y los tiene en cuenta . . . el espíritu con el que imagino que se crearon los paneles solares fotovoltaicos”.

Ward cultiva arándanos rojos y defiende la agricultura regenerativa. Ve en los paneles solares fotovoltaicos una oportunidad de pagarles a los agricultores para que prueben cultivar de una manera nueva. Hace unos años, inauguró su propia empresa consultora, Solar Agricultural Services.

Ward, vestido con jeans, una camiseta, botas y un sombrero marrón, le muestra a un visitante la segunda instalación (mucho más grande) de paneles solares fotovoltaicos de Knowlton, ubicada en un sector de pastoreo más allá del campo de heno. Los paneles de ambas instalaciones son bifaciales, dice. Esto significa que permiten que la luz solar penetre la superficie y llegue al suelo, lo que aporta más luz a los cultivos. En un año o dos, el campo debajo de esta instalación de 4,6 hectáreas será pastizal para ganado para carne. Knowlton plantará principalmente alfalfa, así como algunos rábanos y calabazas para enriquecer el suelo. Ahora está cubierto de raigrás, que funciona como cultivo de cobertura.

Knowlton está especialmente entusiasmado con las vacas. “Hace mucho que no tenemos animales”, dice con emoción, recordando que solía ordeñar las vacas con su padre y abuelo todos los fines de semana y cada día después del trabajo. “No veo la hora de volver a eso”.

Ward espera que los resultados de la Granja Knowlton ayuden a generar un debate nacional que impulse una mayor adopción de los paneles solares fotovoltaicos. Las investigaciones realizadas a la fecha se han llevado a cabo, en su mayoría, en entornos experimentales. En un estudio de la Universidad de Arizona sobre tomates cherry y dos tipos de pimientos, se descubrió que los cultivos se beneficiaban de no recibir luz solar directa. Los jalapeños perdían menos agua por transpiración, lo que sugiere que cultivar debajo de paneles solares fotovoltaicos puede ahorrar agua en climas cálidos y secos (Barron-Gafford et al., 2019). Una investigación no publicada de la Universidad de Massachussetts reveló que los paneles solares ayudaban a reducir el estrés del calor y a lograr una mayor producción de cultivos como brócoli, acelga, kale y pimientos, aunque la sombra disminuía el rendimiento en algunos casos (Sandler, Mupambi y Jeranyami 2019). Unos investigadores en Japón realizaron un análisis y observaron que ciertos tipos de sistemas agrovoltaicos funcionan incluso con cultivos intolerantes a la sombra, como el maíz (Sekiyama y Nagashima 2019).

Los paneles solares fotovoltaicos son mejores en proyectos pequeños, en zonas en las que hay una fuerte competencia por el suelo, porque el aspecto económico es complejo si no hay incentivos, y se requiere mucha supervisión y asistencia técnica para garantizar que los planes de administración de las tierras agrícolas sean sólidos. Los costos de construcción de los paneles solares fotovoltaicos son un 40 por ciento más altos que los de los paneles convencionales, dice Drew Pierson, jefe de sostenibilidad en BlueWave. Los mantos elevados aumentan el costo de los materiales y de mano de obra. Los costos del seguro también son más altos por la actividad continua que se desarrolla debajo de los paneles.

Massachussetts es líder en el uso de paneles solares fotovoltaicos por su programa SMART, que se diseñó para agregar 3.200 megavatios de energía solar a la red. Con SMART, los proyectos fotovoltaicos pueden recibir una compensación base de entre 0,14 y 0,26 dólares por kilovatio-hora de electricidad producida, según el tamaño del proyecto y los servicios locales, y reciben 0,06 dólares adicionales por kilovatio-hora como parte de un incentivo federal. A la fecha, 11 proyectos, que suman 23 megavatios, cumplen con los rigurosos requisitos de elegibilidad del estado. Incluso con los incentivos, dice DeVillars, “el aspecto económico es, cuando menos, muy desafiante”.

El año pasado, Nueva Jersey aprobó un incentivo similar al de Massachussetts. En Nueva York, los proyectos solares reciben mejores calificaciones si tienen características agrovoltaicas, pero no está claro si eso ayudará a incentivar proyectos o si complicará la obtención de permisos, dice Pierson. También se están desarrollando agrovoltaicos para campos de polinizadores y pastizales en el centro oeste y el oeste. Mientras tanto, investigadores de California estudian si las instalaciones solares podrían evitar que las tierras agrícolas de barbecho desaparezcan por completo.

La agricultura y el cambio climático 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la agricultura y los cambios asociados al uso del suelo, como la deforestación, generaron el 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo en el 2018. Si se tienen en cuenta actividades como el empaquetado y el procesamiento, el sistema de alimentación representa el 34 por ciento de todas las emisiones, una cifra que se estima que se incrementará a medida que la población mundial aumenta a pasos agigantados, dice la FAO. Si bien la agricultura contribuye con el cambio climático, también sufre el impacto del clima: las temperaturas más altas, las sequías, las pestes y las inundaciones afectan a los cultivos, las condiciones para la ganadería y otros elementos esenciales de un suministro de alimentos en funcionamiento. Las prácticas regenerativas que restauran la salud del ecosistema y capturan carbono, como la siembra directa y el uso de cultivos de cobertura, se promocionan cada vez más como una forma de que los agricultores generen resiliencia y sean parte de la solución climática. 

Paneles solares en tierras agrícolas del oeste 

En el oeste, el agua (o la falta de esta) está siendo el impulsor clave para la instalación de energía renovable en las tierras agrícolas. Las sequías extremas relacionadas con el cambio climático disminuyen el suministro de agua a la misma velocidad que el aumento de la población incrementa la demanda. Tras la declaración federal de sequía en la cuenca del río Colorado en el 2021, los agricultores del centro de Arizona se enfrentan a grandes recortes en el suministro de agua de río. California y Colorado también tienen dificultades para equilibrar el uso de agua en la agricultura, la creciente demanda de agua en las ciudades y la disminución de los recursos hídricos.

“Siempre existió esta idea de que la calidad del suelo es la que determina el mejor lugar para cultivar. Ahora nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el que el mejor suelo, sin agua, es solo tierra”, dice Lorelei Oviatt, directora de planificación para el condado de Kern, California.

En un esfuerzo por tomar el control de los recursos que escasean, en 2014, California aprobó la Ley de Gestión Sostenible del Agua Subterránea (SGMA). Una de las estrategias clave que propone es la presencia de tierras agrícolas de barbecho. Ahora que tanto en California como en otros lugares con sequía en el oeste se observan transiciones en las tierras agrícolas, el Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua investiga futuros sostenibles para la agricultura, así como maneras de llegar a ellos y sostenerlos, dice Holway, el director del centro.

El equipo de Holway explora cómo facilitar transiciones voluntarias de tierras agrícolas de forma que se usen los mercados de suelo, se mantengan las economías agrícolas y se conserve el suelo más productivo para el cultivo. El centro también investiga cómo maximizar los beneficios del ecosistema y si existe la posibilidad de capturar carbono en las tierras agrícolas fuera de producción. Como parte de su trabajo, el Centro Babbitt financia al Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por su sigla en inglés) para que investigue el potencial del desarrollo solar en el valle de San Joaquín.

Según Ellen Hanak, vicepresidenta y directora del Centro de Políticas de Agua del PPIC, esa región, que ocupa la parte sur del valle Central del estado, famoso por su productividad, tiene el déficit de agua subterránea más grande de California y sufre algunos de los peores efectos de la sobreexplotación, como la subsidencia del agua y la sequía de pozos. El PPIC estima que entre el 10 y el 20 por ciento de las tierras agrícolas del valle (de 202.000 a 400.000 hectáreas) deberán retirarse por completo de conformidad con la SGMA.

“Si no planificamos cómo se dará la transición, tendrá un impacto económico de mil millones de dólares”, dice Holway. La ejecución hipotecaria de hogares, la bancarrota y los problemas de la cadena de suministro son parte de los efectos que podríamos observar por elegir tierras al azar para el barbecho.

El PPIC está estudiando cómo el desarrollo solar puede facilitar el retiro agrícola necesario de forma que el ingreso de los agricultores no se vea afectado. La investigación forma parte de un estudio más amplio sobre transiciones agrícolas inteligentes desde el punto de vista climático que analiza los beneficios y los costos de diferentes opciones para administrar el suelo. El PPIC también explora problemas como los riesgos de calidad del aire por el polvo, las pestes y las malezas que surgen en las tierras de barbecho, y el potencial de la agricultura de secano en invierno.

“Estamos trabajando con colegas para encontrar alternativas que podrían generar una renta y evitar factores externos negativos, pero que también podrían brindar beneficios, como el [almacenamiento] de carbono en el suelo, la retención de humedad en la tierra y la [protección] del hábitat. La energía solar es una de las opciones más prometedoras”, dice Hanak.

The Nature Conservancy (TNC) se está enfocando en el valle de San Joaquín para el desarrollo de energías renovables. En el informe “Power of Place”, de 2019, se identificó al valle de San Joaquín como un lugar prometedor para que el estado cumpla sus metas de energía renovable, porque está más degradado en términos ecológicos que los desiertos del interior de California, donde todavía habitan borregos cimarrones, tortugas del desierto y águilas reales (Wu et al., 2019). California estableció una meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 80 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para el 2050. Además, en 2018, aprobó una ley que exige que las fuentes de energía renovable proporcionen el 100 por ciento de la electricidad para el 2045.

“Obviamente, TNC está a favor del desarrollo de energías renovables, pero nos interesa hacerlo de formas que no dañen los hábitats existentes”, enfatiza Abigail Hart, directora de proyecto en el Programa de Agua de California de TNC.

“Si vas a construir instalaciones de energía renovable en tierras protegidas o destinadas a la agricultura, debes asegurarte de hacerlo en lugares que no sean esenciales por otras razones, como el hábitat”, confirma Jim Levitt, director de la Red Internacional de Conservación del Suelo del Instituto Lincoln. “Es importante ser estratégico”.

En el valle de San Joaquín, el desarrollo de energía solar a gran escala ya está en curso. Westlands Solar Park, uno de los desarrollos solares más grandes del mundo, se está construyendo en 8.093 hectáreas de antiguas tierras agrícolas que se contaminaron con selenio en los condados de Fresno y King. El desarrollador, CIM Group, planea instalar al menos 2.700 megavatios para el final de la década, lo que brindaría energía limpia a más de 750.000 hogares.

E.ON Solar instaló un proyecto más pequeño, de 20 megavatios, en Maricopa Orchards, un productor de almendras, naranjas y otros cultivos del condado de Kern. Ese proyecto es parte de un plan de conservación de un hábitat de 2.428 hectáreas diseñado por Maricopa Orchards y funcionarios locales. El plan permite el desarrollo solar en 1.618 hectáreas de tierras agrícolas, pero conserva 809 como hábitat de los zorros del desierto de San Joaquín, los lagartos leopardo de nariz roma, los tecolotes llaneros y otras especies en riesgo.

“En algunos casos, el suelo que no se cultiva desde hace un par de años puede funcionar como hábitat para especies en riesgo”, dice Hart. Las hectáreas conservadas funcionarán como corredores para la vida silvestre en la propiedad. La instalación de 20 megavatios, que ocupa 64 hectáreas y ahora es propiedad de Dominion Energy de Virginia, es el primero de muchos proyectos que se esperan en el resto de la parcela de Maricopa. Hart dice que TNC ve el acuerdo como “un ejemplo cautivante de cómo el desarrollo solar puede llevarse a cabo en suelo con funciones limitadas de una forma que genera energía renovable y crea un hábitat valioso”.

Si bien las energías eólica y solar son excelentes opciones para los propietarios, las comunidades suelen cuestionar si proveen “las mismas ventajas a la economía local” que el desarrollo de viviendas y espacios comerciales, dice Hanak. Algunas comunidades, como el condado de San Bernardino, prohibieron todo tipo de energía solar.

La exclusión de los impuestos por instalaciones solares en California, un incentivo aprobado en todo el estado a principios del 2000 que evita que la instalación de sistemas de energía solar que cumplan los requisitos afecte la valuación de una propiedad, es uno de los motivos por los que las comunidades temen en cuanto a la economía. Tenía sentido para las instalaciones en los techos y en proyectos a pequeña escala, pero no funciona para los proyectos solares a gran escala de hoy en día, observa Oviatt. Hanak está de acuerdo y agrega que el PPIC está investigando “las diferentes maneras de pagar la energía solar, para que este costo no recaiga sobre las arcas de un condado rural pobre”.

Hay otras cuestiones que deben tenerse en cuenta. En el condado de Kern, uno de los más grandes del valle, la capacidad de transmisión es un factor limitante, dice Oviatt. El condado de Kern ya instaló paneles en 20.234 hectáreas, principalmente en suelos marginales. “Recién ahora alcanzamos la cantidad de energía solar que tenemos”, dice. Sin líneas de transmisión adicionales, los agricultores no podrán vender su suelo a desarrolladores de energía renovable. Por lo tanto, el condado de Kern busca otros usos posibles para las tierras agrícolas retiradas, incluida la tecnología para la captura de carbono.

El camino hacia el futuro 

La instalación de paneles solares, tanto convencionales como fotovoltaicos, en tierras agrícolas podría ayudar a los estados individuales y a los Estados Unidos a alcanzar las metas radicales de energía renovable. Los paneles solares en las tierras agrícolas reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético y, si se instalan correctamente, pueden ayudar a conservar el suelo y a proteger la biodiversidad y los recursos hídricos.

Jeremy McDiarmid, vicepresidente del Consejo de Energía Limpia de Nueva Inglaterra, señala que la energía solar puede ser una estrategia de desarrollo pasajera, a diferencia del desarrollo de viviendas o espacios comerciales. Según él, las comunidades deben “encontrar el equilibrio entre conservar el espacio abierto y desarrollar fuentes de energía limpia que . . . generen fuentes de trabajo locales y ayuden a alcanzar las metas climáticas”.

American Farmland Trust está creando una serie de principios para orientar la instalación de fuentes de energía renovable en tierras agrícolas de manera que se proteja a los agricultores y se mejoren la viabilidad y la productividad en las tierras que siguen activas. Esos principios también recomiendan aprovechar al máximo minas y terrenos abandonados, y los techos de construcciones urbanas. “Hay muchas opciones con impacto limitado para el suelo”, dice Haight. “Sin embargo, también sabemos que no podremos instalar todo en terrenos abandonados y dentro del entorno construido”.

Cole ve una oportunidad para iniciar conversaciones estado por estado para identificar las mejores tierras agrícolas, las necesidades de las comunidades agrícolas, y las metas solares y de protección del suelo de cada estado para desarrollar guías y programas específicos para cada uno de ellos.

Esas conversaciones recién se están iniciando en California, Massachussetts y Nueva York. En California, el Consejo de Crecimiento Estratégico, un organismo gubernamental, financia la investigación solar y la transición agrícola inteligente desde el punto de vista climático del PPIC para ayudar a planificar el futuro del valle de San Joaquín.

En Massachussetts, el Departamento de Recursos Energéticos estudia el potencial solar para la Mancomunidad de Naciones y, probablemente, sumará la posibilidad técnica y los usos del suelo competidores para la protección de la biodiversidad y el espacio abierto, según McDiarmid. En el estado de Nueva York, el profesor Max Zhang de Cornell dijo que su estudio reciente sobre el análisis del uso estratégico del suelo para el desarrollo de energía solar precipitó una reunión con senadores estatales (Katkar et al., 2021).

Mientras tanto, Levitt piensa que en las próximas décadas el sector agrícola podría sufrir otros problemas. La gran escasez de agua en paisajes áridos y semiáridos es uno de los posibles impulsores del cambio. Las industrias tradicionales de lácteos y carnes podrían verse desplazadas por productos alternativos como leches de frutos secos y carnes sintéticas. Este problema podría liberar una cantidad sustancial de suelo para la agricultura regenerativa, el desarrollo de energías renovables, la captura de carbono, la recarga de acuíferos y la protección de la vida silvestre, en particular en el sector del centro del país que ahora se destina al pastoreo del ganado y la siembra de los cultivos con los que se lo alimenta.

“Tal como está cambiando el patrón del uso del suelo en California, estas tendencias podrían alterar antiguos patrones del uso del suelo en toda América del Norte”, dice Levitt. Si bien las poderosas asociaciones de la industria agrícola harán lo que sea necesario para minimizar estos problemas, así como lo harán los estados en los que la agricultura es una parte fundamental de la identidad, la cultura y la economía, Levitt dice que existe el potencial para un cambio drástico y que es posible que los factores que lo impulsan cobren fuerza con el tiempo.

Mientras los sistemas fotovoltaicos se instalan y empiezan a funcionar en la Granja Knowlton y otros sitios, aún quedan dudas sobre las dimensiones de las instalaciones solares fotovoltaicas en diferentes geografías y sistemas agrícolas. La expansión de los sistemas convencionales de paneles solares en tierras agrícolas retiradas es más sencilla, pero se verá limitada por factores como la capacidad de transmisión local o los incentivos económicos. Independientemente de esto, el desarrollo de energía solar en tierras agrícolas productivas o retiradas es una herramienta importante para enfrentar la crisis climática. Cuanto más rápido pueda la industria solar perfeccionar los sistemas que mantienen a los agricultores en sus tierras y a la producción intacta (u optimizada para la sostenibilidad del agua), más chances tendrá la humanidad de preservar un planeta habitable.

Meg Wilcox es periodista ambiental; escribe sobre cambio climático, salud medioambiental y sistemas de alimentación sostenible. Su trabajo se ha publicado en The Boston Globe, Scientific American, Next City, Smithsonian, Salon, Eater, Civil Eats y otros medios. 

Imagen principal: El consultor solar Iain Ward se encuentra entre los paneles agrivoltaicos en Knowlton Farm en Grafton, Massachusetts. Crédito: Meg Wilcox. 

Referencias

Barron-Gafford, Greg A., Mitchell A. Pavao-Zuckerman, Rebecca L. Minor, Leland F. Sutter, Isaiah Barnett-Moreno, Daniel T. Blackett, Moses Thompson, Kirk Dimond, Andrea K. Gerlak, Gary P. Nabhan y Jordan E. Macknick. 2019. “Agrivoltaics Provide Mutual Benefits Across the Food-Energy-Water Nexus in Drylands”. Nature Sustainability 2: 848–855. https://www.nature.com/articles/s41893-019-0364-5.

Katkar, Venktesh V., Jeffrey A. Sward, Alex Worsley y K. Max Zhang. 2021. “Strategic Land Use Analysis for Solar Energy Development in New York State”. Renewable Energy 173: 861–875. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148121004900.

Larson, Eric, Chris Greig, Jesse Jenkins, Erin Mayfield, Andrew Pascale, Chuan Zhang, Joshua Drossman, Robert Williams, Steve Pacala y Robert Socolow. 2020. “Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts”. Princeton, N.J.: Universidad de Princeton. 15 de diciembre. https://netzeroamerica.princeton.edu/img/Princeton_NZA_Interim_Report_15_Dec_2020_FINAL.pdf.

Sandler, Hilary, Giverson Mupambi y Peter Jeranyama. 2019. “Expectations for Cranberry Growth and Productivity Under Solar (Photovoltaic) Panels”. East Wareham, MA: UMass Cranberry Station. Mayo. https://ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/pdf-doc-pt/shading_and_solar_panels_may_2019.pdf.

Sekiyama, Takashi y Akira Nagashima. 2019. “Solar Sharing for Both Food and Clean Energy Production: Performance of Agrivoltaic Systems for Corn, a Typical Shade-Intolerant Crop”. Environments 6(6): 65. https://doi.org/10.3390/environments6060065.

Wu, Grace C., Emily Leslie, Douglas Allen, Oluwafemi Sawyerr, D. Richard Cameron, Erica Brand, Brian Cohen, Marcela Ochoa y Arne Olson. 2019. “Power of Place: Land Conservation and Clean Energy Pathways for California”. Washington, DC: The Nature Conservancy. Agosto. https://www.scienceforconservation.org/products/power-of-place.

Esta entrevista, que se ha editado por motivos de espacio, también está disponible como pódcast de Land Matters. 

Cuando fue electo en 2017, Randall L. Woodfin se convirtió en el alcalde en funciones más joven de Birmingham en 120 años. Woodfin, que actualmente tiene 40 años y hace casi uno que ejerce su segundo mandato, convirtió la revitalización de los 99 barrios de la ciudad, junto con la mejora en educación, la promoción de un clima de oportunidad económica y el aprovechamiento de asociaciones de entes públicos y privados en su prioridad máxima. 

En una ciudad abatida por la pérdida de población y de fábricas, incluso en los sectores siderúrgico y del hierro que alguna vez prosperaron allí, Woodfin posó su mirada en la educación y la juventud como elementos clave para un futuro mejor. Creó Birmingham Promise, una asociación de entes públicos y privados que ofrece formación y asistencia para matrículas a fin de cubrir los costos de los estudios superiores para los graduados de las escuelas secundarias de Birmingham, y lanzó el programa Pardons for Progress (Perdonar para progresar), a través del cual la alcaldía indultó 15.000 cargos por delitos menores de posesión de marihuana del año 1990, que obstaculizaban las oportunidades de empleo.

Woodfin es graduado de Morehouse College y de la Facultad de Derecho Cumberland de la Universidad de Samford. Se desempeñó como adjunto del fiscal de la ciudad durante ocho años, antes de postularse para alcalde, y fue presidente del Consejo de Educación de Birmingham.

Anthony Flint: ¿Cómo considera que influyó su visión sobre la revitalización urbana en la gran cantidad de personas que votaron por primera vez y se inclinaron por usted?

Randall Woodfin: Creo que mi visión en cuanto a la revitalización urbana (en la práctica yo la llamo revitalización barrial) influyó de manera significativa no solo en los votantes que habitualmente acuden a las urnas para apoyarme, sino también en los nuevos. Pienso que me eligieron porque los escucho más de lo que hablo. Creo que muchos residentes pensaron: “hace años que tengo estos problemas al lado de mi casa, a la derecha o a la izquierda, pero nadie les presta atención. Nadie me da una respuesta. No se brindan los servicios. Quiero un cambio”. Prioricé la revitalización barrial porque es la prioridad de los ciudadanos para los que quería trabajar. 

AF: Dado que la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense otorgan grandes cantidades de fondos a los gobiernos estatales y locales, ¿cómo tiene planificado distribuir ese dinero de manera efectiva para obtener el máximo beneficio?

RW: Es una oportunidad única para dar un gran impulso a las mejoras e inversiones en infraestructura que necesitamos hacer tanto en nuestra ciudad como en nuestra comunidad. No contamos con este tipo de dinero, quizás, desde el Nuevo Trato. Si tenemos eso en cuenta, esta es una oportunidad para que la ciudad de Birmingham, los ciudadanos y las comunidades ganen. 

Implementamos un sistema de comando unificado para recibir estos fondos. Por un lado, la ciudad de Birmingham tiene derecho, por ley, a recibir esos fondos directos, y así lo haremos. Por el otro, debemos ser radicales y buscar subsidios competitivos para proyectos de construcción listos para comenzar de inmediato.

Con nuestro Centro de Comando de Estímulos, lo que hicimos fue asociarnos no solo con el consejo de nuestra ciudad, sino con la agencia de transporte. Tenemos un puerto interno, así que nos asociamos con el Puerto de Birmingham. Nos asociamos con nuestro aeropuerto y con el departamento de obras hídricas. Todas estas agencias son organismos públicos que brindan servicios a los mismos ciudadanos para los que yo trabajo.

Opinamos que la mejor manera de acercarnos a todos estos recursos de infraestructura es a través de un enfoque colectivo. Con estos fondos, tenemos la oportunidad no solo de impulsar nuestra identidad económica, sino también de realizar inversiones reales en la infraestructura que nuestros ciudadanos usan a diario.

AF: El Instituto Lincoln ha trabajado mucho en pos de la regeneración equitativa de antiguas ciudades. ¿Cuáles son para usted los elementos clave de inversión en la comunidad y en la revitalización barrial que realmente tienen peso? 

RW: Yo explico todo lo que sucede desde el punto de vista de la revitalización barrial de esta manera. En primer lugar, contaré una historia para plantear el problema. La ciudad de Birmingham tiene la suerte de estar formada por 23 comunidades en 99 barrios. Para profundizar más, podemos visitar un barrio determinado, en una cuadra en particular. Hay una madre en un hogar unifamiliar que es la propietaria y el sostén responsable de la familia.

Tiene un hijo o una nieta que viven con ella. Cuando se asoma por el frente, mira hacia la derecha y ve una casa abandonada y en ruinas que hace años que está allí y debería demolerse. Mira hacia la [izquierda] y ve un terreno baldío junto a su casa. Cuando sale a la calle, tiene miedo de que su hijo o su nieta jueguen o anden en bicicleta por ahí, ya que la acera no está en buen estado.

Cuando saca su automóvil del garaje, advierte que hace años que no pavimentan esa calle. Los juegos de la plaza a la que quiere ir caminando con su hijo o su nieta hace tiempo que no se mejoran o actualizan. Como está oscureciendo, se prepara para volver con su hijo o nieta caminando a casa, pero las luces de la calle no funcionan. Llega la hora de la cena, pero no hay opciones de comida cerca. Estos son los temas que intentamos resolver.

Uno es la eliminación de la casa en ruinas, deshacerse de la estructura destruida que tiene a su derecha. Tenemos que edificar de manera vertical para generar más hogares unifamiliares asequibles y a precio de mercado, y evitar [que queden] barrios “desdentados”, donde se demuelen las casas destruidas, pero queda una casa, un baldío, una casa, un baldío, un baldío.

En cuanto a los niños, debemos invertir en esa acera para que puedan jugar, o simplemente caminar, de manera segura. Tenemos que pavimentar más calles. Debemos equipar los parques de juegos de manera adecuada. Debemos asociarnos con nuestra empresa de electricidad para instalar más luces LED en ese barrio, para que la gente se sienta segura. Tenemos que invertir en opciones de alimentos saludables para poder ofrecer a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida. Estos son los temas relacionados con la revitalización barrial que yo enmarco y trato para asegurarme de que la gente quiera vivir en estos barrios.

AF: ¿Cuáles son sus prioridades principales para abordar el cambio climático? ¿Cómo siente Birmingham los efectos del calentamiento y qué se puede hacer al respecto?

RW: El cambio climático es una realidad. Quiero ser contundente al afirmar que el cambio climático es una realidad. Al no estar cerca de la costa, no sentimos el impacto directo que sufren otras ciudades, como Mobile, en el estado de Alabama. Sin embargo, cuando se producen determinados fenómenos climáticos en la costa de Alabama, sí generan un impacto en la ciudad de Birmingham.

Además, está el problema de los tornados, que creo que siguen aumentando con el paso de los años y afectan a ciudades como Birmingham, ubicada en una cuenca del valle. En cuanto a la calidad del aire, Birmingham se fundó, desde el punto de vista de los trabajadores, a partir de la industria siderúrgica y del hierro, y de otros artículos de fabricación local. Si bien estas ya dejaron de impulsar la economía, aún quedan vestigios que tienen un impacto negativo.

Tenemos un sitio Superfund justo en el centro de nuestra ciudad que ha afectado la calidad del aire que se respira, lo que me parece absolutamente inaceptable. La prioridad de la ciudad de Birmingham y de su administración ha sido abordar el cambio climático desde una perspectiva de justicia social. Lo que estamos haciendo es asociarnos con la EPA para resolver problemas locales concretos.

Desde el punto de vista nacional, Birmingham se sumó a otras ciudades en lo que respecta al Pacto de París. En mi opinión, esta conversación sobre el cambio climático no se puede dar en una ciudad aislada y, desafortunadamente, la ciudad de Birmingham no tiene autonomía. Ha sido difícil conversar con nuestro gobernador acerca de lo importante que es para el estado de Alabama unirse al llamado que proclama: “tenemos que levantar nuestra voz y aumentar nuestra intención y determinación acerca del cambio climático”, y defenderlo de verdad.

AF: ¿Qué puede decir acerca de sus iniciativas para crear viviendas seguras y asequibles, incluido un banco de tierras?

RW: Desde mi perspectiva, es como una caja que contiene varias herramientas que permiten abordar el tema de las viviendas. Cuando la población de la ciudad de Birmingham alcanzó su punto máximo, a fines de la década del 60 y principios de la del 70, había aproximadamente 340.000 residentes. Ahora somos 206.000 dentro de los límites de nuestra ciudad.

No es difícil imaginar el costo y la carga que tuvo esa disminución sobre el parque de viviendas. Si sumamos a eso las casas que pasan de una generación a otra sin que se les realice necesariamente el mantenimiento adecuado, el resultado es una cantidad importante de casas en ruinas. Como otras ciudades del país, creamos un banco de tierras. Este banco se creó antes de que yo asumiera mi cargo, pero nosotros, como administración, hemos intentado mejorar su efectividad. Para propiciar esa efectividad, no solo miramos hacia aquellos que pueden comprar tierra a granel, sino que también capacitamos al vecino de al lado, al barrio o a la iglesia local de modo que puedan participar en la compra del lote contiguo, para asegurarnos, una vez más, de poder deshacernos de estas cuadras o barrios “desdentados” y empezar a edificar viviendas unifamiliares verticales.

Además, estamos reconociendo que, en los centros urbanos, es difícil involucrar a los emprendedores inmobiliarios privados en las negociaciones. Lo que estuvimos haciendo (con parte de los fondos obtenidos en el marco de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense [ARPA, por su sigla en inglés]) es reservar dinero para cubrir parte de estos costos de desarrollo, a fin de financiar viviendas no solo asequibles sino a precio de mercado dentro de los límites de nuestra ciudad, para asegurarnos de que nuestros ciudadanos participen en el debate y puedan sentir que están preparados si realmente optan por cumplir su deseo de tener un hogar, y que tienen una vía para eso.

AF: Para terminar, cuéntenos un poco su opinión acerca del ingreso garantizado que se ofrece a madres solteras a través de un programa piloto. Usted se sumó a la iniciativa de varios otros alcaldes. ¿Cómo refleja eso su enfoque para gobernar esta ciudad posindustrial mediana?

RW: La ciudad de Birmingham tiene la suerte de formar parte de un programa piloto que ofrece ingreso garantizado a madres solteras de nuestra ciudad. Reciben un ingreso de US$ 375 durante un período de 12 meses. Es decir, US$ 375 por mes, sin restricciones ni requisitos en cuanto a en qué pueden gastar el dinero.

Cada ciudad del país tiene su propia historia, su propia personalidad y su propio conjunto de desafíos únicos. A la vez, todas compartimos destinos similares y tenemos problemas parecidos. La ciudad de Birmingham tiene su dosis considerable de pobreza. No tenemos solo pobreza, sino que está concentrada, [y] el ingreso garantizado es otra herramienta de la caja que reduce la pobreza. Más del 60 por ciento de los hogares de Birmingham están a cargo de mujeres solteras. No es que presuma de esto, es un hecho real. Muchas de estas madres de familia están solas y enfrentan dificultades.

Supongo que todos estamos de acuerdo en que nadie puede vivir con US$ 375 por mes. Pero si tuvieran estos US$ 375 adicionales en el bolsillo o en sus casas, ¿serían de ayuda para el hogar? ¿Ayudarían para llevar comida a la mesa? ¿Ayudarían para pagar los servicios? ¿Ayudarían para conseguir ropa y calzado para los niños? ¿Ayudarían para ir de un punto a otro para conservar el trabajo y poder, así, mantener a los niños?

Por eso creo que este programa piloto de ingreso garantizado será útil. Solo tenemos 120 cupos, así que no representa necesariamente a la mayoría, pero puedo decirle que más de 7.000 hogares lo solicitaron. La necesidad existe, y nosotros debemos hacer todo lo posible para ofrecer más oportunidades de manera que nuestras familias puedan cuidarse.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines. 

Imagen cortesía de Anthony Flint. 

D

urante años, las innovaciones en métodos de movilidad alternativos (escúteres, bicicletas eléctricas, vehículos autónomos) se han enfocado en cómo se desplazan las personas. Pero, en la era de la pandemia, el foco se movió hacia otro objetivo de movilidad: el traslado de artículos.

La demanda de entregas rápidas ha aumentado bruscamente en los últimos dos años y no parece estar disminuyendo. Según ciertas estimaciones, empresas como Door Dash advierten que solamente la entrega rápida de artículos comestibles genera un mercado de hasta un billón de dólares. Como grandes empresas, desde UPS hasta Domino’s, están probando maneras nuevas de repartir sus productos, el ritmo y el alcance de los experimentos de transporte se ha acelerado, lo que probablemente tenga un impacto en el diseño, la planificación y la regulación de los espacios urbanos y suburbanos.

Si bien no está claro cuál de estos experimentos dará resultado, es innegable que en nuestras calles ya hay, o pronto habrá, nuevos tipos de unidades para las entregas a domicilio. A medida que surgen interrogantes nuevos, los urbanistas, las tiendas minoristas, las empresas de tecnología y los municipios trabajan para hacer frente a la convergencia de una creciente demanda de entregas a domicilio y nuevas formas de transporte.

El pack de micromovilidad está encabezado por la bicicleta eléctrica que, si bien está en circulación desde hace décadas, en los últimos tiempos se ha vuelto asombrosamente popular: con un aumento de las ventas de hasta un 145 por ciento desde el comienzo de la pandemia, según se informa, superaron las cifras de la venta de autos eléctricos. John MacArthur, gerente de programa en el Centro de Investigación y Educación sobre Transporte (TREC, por su sigla en inglés) de la Universidad Estatal de Portland, ha estado investigando su potencial durante casi una década, incluso la “seductora esperanza” de que la tecnología de micromovilidad logre que cada vez más personas dejen de usar automóviles. El año pasado, dictó un nuevo curso sobre ciudades interesadas en todo tipo de experimentos de micromovilidad novedosos o “tecnologías impuestas en la vía pública”.

Los alumnos de ese curso descubrieron que la pandemia inspiró distintas respuestas de las ciudades. Por un lado, las tendencias al trabajo desde casa redujeron y reconfiguraron los patrones de traslado centrados en el automóvil. Según expresa MacArthur, en Portland y otros lugares, eso condujo a la creación de más carriles para autobuses y ciclovías. Por otro lado, aumentó la demanda de entregas a domicilio, lo que genera preocupación acerca del consiguiente aumento de unidades de reparto para una sola persona.

La investigación de MacArthur lo conectó con B-Line Urban Delivery de Portland, una empresa creada hace 12 años que opera una flota de triciclos eléctricos de carga que pueden transportar unos 227 kilogramos. Gracias a la información del TREC y de B-Line, Portland actualmente está considerando formas de crear “centros de microentregas”.  En este modelo, un camión acerca una carga de repartos a una ubicación estratégica, y los últimos 1.600 metros de cada entrega se recorren en bicicletas eléctricas u otros microvehículos, lo que reduce la congestión del tráfico. Estos experimentos ya están en curso en Europa, donde UPS, empresa líder en repartos, ha estado experimentando con bicicletas eléctricas, centros de distribución y otras “soluciones logísticas sostenibles”.

MacArthur reconoce que puede haber zonificaciones complicadas y otros temas implicados. Pero lo más importante es que Portland se encuentra entre las ciudades que lidian de manera proactiva con el futuro de la movilidad y la forma en la que las ciudades pueden responder a ella y, sobre todo, moldearla.

La determinación de la respuesta a nuevas formas de transporte fue el tema de un proyecto de investigación reciente titulado “Rebooting NYC” liderado por Rohit Aggarwala, miembro sénior del Centro Técnico Urbano del Jacobs Technion-Cornell Institute, en Cornell Tech. Aggarwala, quien previamente dirigió un trabajo sobre movilidad de Sidewalk Labs y acaba de incorporarse al gobierno de la Ciudad de Nueva York como comisionado del Departamento de Protección Ambiental y encargado de cuestiones climáticas de la ciudad, describe las líneas generales del marco más amplio. “Si el diseño de un vehículo se adapta bien al tráfico convencional, entonces, casi por definición, no es un buen vehículo urbano”, comenta. Los automóviles, camionetas y SUV se fabrican para autopistas; los fabricantes ponen menos énfasis en cuestiones como el radio de giro u otros factores que los harían más adecuados para los confines más estrechos de las calles urbanas.

Esto da lugar al aumento de vehículos autónomos nuevos y más pequeños, como el Nuro, con la forma de una furgoneta diminuta y casi la mitad del ancho de un sedán convencional; sin conductor, está diseñado para transportar hasta unos 227 kilogramos de carga. Quizás el emprendimiento se conozca más por un programa piloto limitado que se llevó a cabo en Houston con Domino’s, en el que se ofrecía “el primer servicio de reparto de pizza del mundo totalmente automatizado”.

Si bien se dice que estos vehículos diminutos reducen significativamente no solo la contaminación sino también la congestión del tráfico, la realidad es que, en la práctica, suelen ser inadecuados para el tránsito. Entonces, ¿dónde se pueden utilizar?

Otro programa piloto reciente que involucra el emprendimiento REV-1 de Refraction AI consiste en un vehículo autónomo del tamaño de un lavarropas y con tres ruedas que transporta pizzas por las ciclovías de Austin, Texas (desarrollo que no agradó a algunos ciclistas). “¿Qué pasa si, en dos años, tenemos cientos de ellos en la calle?” preguntó un defensor de las bicicletas a un periodista local. Otro emprendimiento, Starship, ha estado probando su pequeño robot móvil, un objeto de 25 kilogramos con la huella de un vagón, que circula por las aceras de varias ciudades. En este caso, las reacciones también fueron diversas.

Estas respuestas indican un posible foco de tensión, pero también, quizás, una oportunidad. Aggarwala señala que, en Nueva York y otras ciudades, los ciclistas que usan tanto bicicletas convencionales como eléctricas (en general, repartidores) vienen batallando hace tiempo por el uso de las ciclovías. En muchos casos, los defensores de las bicicletas han peleado por años o décadas para que se establezcan carriles exclusivos, y no tienen demasiado interés en verlos abarrotados de vehículos motorizados modernos de ningún tipo.

Pero el problema no son las bicicletas eléctricas, los vehículos automatizados ni los robots que ofrecen alternativas positivas a los automóviles convencionales, indica Aggarwala, “el problema radica en que todos estos vehículos alternativos están apretujados en una red incompleta de carriles demasiado angostos que, en su mayoría, no son seguros”. Por lo tanto, las propuestas de “Rebooting NYC” incluyen la creación de nuevos carriles para movilidad. Esto implicaría ensanchar y ampliar las ciclovías actuales de la ciudad para convertirlas en una “red en la quepan tanto las bicicletas como estos nuevos vehículos”.

Otros investigadores han presentado propuestas similares de “carriles para transportes individuales livianos” con distintas especificaciones, pero un objetivo en común: “básicamente, proporcionar más espacio para distintos tipos de vehículos”, indica MacArthur de PSU. “Este es el gran tema que van a tener que resolver los urbanistas en los próximos cinco años”. Es un desafío complicado para los municipios, que quedan atrapados entre las ambiciones de las empresas tecnológicas, los límites sobre las regulaciones locales que surgen de la sustitución de normas estatales o federales, y la realidad de que incluso la designación de ciclovías, en primer lugar, depende más de reunir la voluntad política y el apoyo popular que de la planificación que la respalda.

Sobre ese último punto, Aggarwala sugiere una oportunidad potencial. En el ámbito de la política, las ciclovías suelen verse como un beneficio solo para una parte de la población a expensas de la otra. Pero, prácticamente todos hemos quedado varados detrás de un vehículo de entrega a domicilio. Y, quizás más significativo todavía, más y más personas hemos llegado a depender de estos vehículos. Por lo tanto, reorganizar la forma en la que está dividido el espacio vial no beneficia solo a unos pocos, sino a casi todas las personas. En otras palabras, Aggarwala pregunta: “¿qué pasa si, al ampliar el uso de una ciclovía, se acentúa su importancia?”.

Queda claro que hay una ola de experimentación de nuevos vehículos lista para irrumpir en el negocio de las entregas a domicilio en una época de demanda sin precedentes. Vale la pena pensar la manera en que los urbanistas y gestores de políticas pueden no solo dar respuesta a esa ola, sino aprovecharla para facilitar la transformación de las calles de modo que sean más funcionales y accesibles para todos.

Rob Walker es periodista; escribe sobre diseño, tecnología y otros temas. Es el autor de The Art of Noticing. Publica un boletín en robwalker.substack.com. 

Imagen: Nuro, una empresa de vehículos autónomos fundada por dos ex ingenieros de Google, se asoció con empresas como Domino’s, CVS, Walmart y FedEx en proyectos piloto de entregas a domicilio en varios estados de los Estados Unidos. Crédito: Domino’s.

This content was developed through a partnership between the Lincoln Institute and the American Planning Association as part of the APA Foresight practice. It was originally published by APA in Planning. 

It’s hard to believe that it’s been a year since we published our first Trend Report for Planners, and a lot has happened. While most of the trends from the 2022 Trend Report are still relevant, we have been working nonstop on the development of our next trend report. There are more trends we need to act on, emerging trends and potential disruptors to prepare for, and many signals on the horizon to pay attention to in 2023.

Together with the Lincoln Institute of Land Policy, we are excited to share the 2023 Trend Report for Planners. This report doesn’t just describe the trends and signals that are coming at us, it also dives deeper into the most pressing topics, from biodiversity and mass extinction to urban heat and artificial intelligence.

The report provides questions you can use to prepare for emerging trends related to the future of work and other topics. And we’ve done some time travel and created future scenarios of what the world may look like, considering trends and signals such as the metaverse, synthetic meat and tomatoes grown in outer space, and smart cities in the context of a changing climate. Read on for some highlights of the 2023 Trend Report for Planners.

1. Rewilding to Address Serious Biodiversity Challenges

According to a recent report by the World Wildlife Federation (WWF), animal populations have declined by nearly 70 percent on average in the last 50 years. Recent news reports about this have reminded us about the ongoing global biodiversity crisis. With nearly 44 percent of known species now at a high risk of going extinct, scientists have been framing the biodiversity challenge as the sixth great mass extinction. The discussion around this topic has been overshadowed by a much-needed focus on the climate change emergency, but the two are occurring in tandem, and the solutions to reversing course on mass extinction can only reinforce climate action.

With the UN Biodiversity Conference (COP15), which happened in December 2022, comes a renewed interest in addressing biodiversity. That’s why the 2023 Trend Report includes a deep dive on biodiversity, particularly the idea of “rewilding.” The concept, which has been promoted by researchers since about 1998, refers to an ecological strategy that rebuilds the population of animals by restoring wildlife habitats.

Rewilding tactics like bioarchitecture that accommodate urban bats, opossums, and birds, as well as pollinator gardens for bees and butterflies, are already part of the planner’s toolbox. And biophilic planning is a movement to support biodiversity by improving ecological connectivity for the benefit of both people and animals. While rewilding can first and foremost increase biodiversity, it can also address urban heat (another topic we deep-dive into in the report), and of course, improve climate resilience.

The global decline of large mammals in ecoregions across the world is particularly complex, but the issue requires attention. Restoration efforts to this point typically leave out the rewilding of large mammals, since people perceive them as dangerous or destructive. Urban areas have a responsibility to ramp up wildlife-friendly planning, while suburban areas have a responsibility to support larger mammals through wildlife-friendly development.

For planners, this perhaps means working with biologists and wildlife experts to promote coexistence between people and wildlife. And as we see the trend in food becoming more intensively produced in fewer areas, there is an opportunity for planners to promote rewilding projects alongside emerging land uses like large-scale solar development.

2. Looking to Outer Space to Solve Our Problems

Is our planet getting too small for us? It seems that could be the case, as we start to look to outer space for solutions on how to save the planet. NASA is reexamining the viability of space-based solar power, a clean energy solution that makes even more sense in light of the current energy crisis.

Space agencies are also looking beyond this planet to feed us all, a growing and serious challenge. NASA is collaborating with the company Redwire on plans to launch the first commercial outer space greenhouse sometime this spring. The space agency has already started hiring farmers who can help develop its outer space agriculture program.

Beyond power and food, multiple private entities are exploring other ideas, like outer space tourism, entertainment, and sports. (Just imagine what that first zero-gravity soccer match will be like!)

3. Cargo Bikes Are the Future, for People and Goods

More people than ever are riding bikes in the United States. And cities have started to adapt to this trend, providing bike infrastructure such as bike lanes and bike parking racks.

However, cycling isn’t always the most convenient option, especially when you’re getting weekly groceries, handling larger purchases, or transporting kids to school or daycare. The latest trend in the bike world aims to resolve this issue: cargo bikes. Cargo bike sales in the EU are growing at a rate of about 60 percent per year. In Copenhagen, 24 percent of families have them. That city and Vienna have had citywide cargo bike–share programs for years.

These signals indicate a potential coming trend in the United States as well. Cities like Madison, Wisconsin, and Portland, Oregon—among others—have launched electric cargo bike programs for municipal employees. In Boston, the city transportation department has partnered with Cornucopia Logistics on a pilot program for cargo bike delivery services between small businesses and their clients, from business to business, or from suppliers to businesses.

Urban freight is an area where cargo bikes could really make an impact, especially when it comes to greenhouse emissions and congestion. According to the World Resources Institute Ross Center for Sustainable Cities, 15 percent of vehicles on city streets are freight vehicles, occupying 40 percent of the space, emitting half of the greenhouse gases, and causing a quarter of all urban traffic fatalities.

When compared with diesel vans, cargo bikes cut emissions by a whopping 90 percent (they emit about a third less than electric vans), according to the British advocacy group Possible. In addition, especially in urban areas where delays due to traffic are common, cargo bikes are much more efficient. According to Possible, electric cargo bike deliveries were 60 percent faster and delivered almost double the number of parcels per hour compared to vans.

The remaining question, however, is this: How can communities accommodate cargo bikes in a way that is safe and efficient for all? Bigger than conventional bikes, they might require wider cycling lanes as well as special considerations for both the rider’s and their passengers’ safety.

4. Big Brother Tries for Transparency

Planning is fundamentally about working with people to create places, so establishing and maintaining trust is essential. Last year’s trend report talked about how declining trust in governments affects planners’ day-to-day work as they are forced to deal with chaotic meetings or combat misinformation. This year, we see that people’s trust in all things digital is also on a downward spiral, and that matters a lot as more aspects of our lives go digital.

Meanwhile, the digitalization of everything is being met with governmental investment in internet-connected technologies aimed at improving city functions and services. Sensors can track parking and manage streetlights to save electricity, or a video camera on a street corner can make someone walking alone at night feel safer. (Cameras can also make people feel targeted, especially if their data is read by AI built on biased inputs.)

Whatever a city’s intentions, quickly adopting surveillance tools in a world of decreasing digital trust can lead just as rapidly to backlash and unwillingness to work with planners and local officials.

That’s why cities like Washington, DC, are taking the lead on addressing declining digital trust, in part by piloting a transparency standard for increasingly digitized public spaces. For the public, tactics include posting stickers that identify technology installations or QR codes that link to more in-depth information. Making the public aware of nearby technology and its purpose is the first step to getting people involved, allowing them to provide feedback, and making them feel like they have the power to co-create the smart city.

5. From Talking About Gender to Taking Action

Public conversation around gender is maturing. Gender neutrality attempts to avoid assuming roles based on gender, while gender expansiveness pushes us to imagine life outside the gender binary of male and female.

At first, the trend of gender-neutral products in the beauty and fashion industries could have merely been a signal of a shift in cultural practices—how we express and present ourselves—but not particularly relevant to planning. In recent years, however, regular reporting on nonbinary and transgender experiences and the tense negotiations of civil rights through federal and state legislation has pushed this trend closer and closer to the planning world.

There are also efforts to finally get the United States on board with gender mainstreaming, a strategy used in European countries since the 1990s that identifies how policy decisions impact people based on gender.

Now, we layer in the recognition of nonbinary genders as well as transgender people in these conversations, and U.S. planners have an opportunity to leverage their slow adoption of gender mainstreaming to a develop an even more inclusive version. (An in-depth exploration of this topic, with recommendations for planners, will be available in an upcoming APA report on gender-responsive planning.)

On a related topic, planners also need to understand how aspects of public space and design directly relate to gender. For example, the disappearance of bathrooms as a public amenity—which got worse during the COVID-19 pandemic—disproportionately affects women, both because of their anatomy and because more of their daily activities (like childcare) typically require bathroom access. Similarly, the privatization of bathrooms allows for discriminatory practices against marginalized genders.

Another example is how inclusive design can sometimes be overly focused on biological differences instead of on the overall diversity of body types—sometimes age and (dis)ability are more relevant than gender identity. 

Gender neutrality has its time and place as a mechanism to address the historical exclusion of women and gender minorities in decision-making. Traditional gender categorization, namely the gender binary, has also led to patterns in people’s needs and routines that planners cannot ignore. As discussions around gender continue to mature, planners need to balance addressing real-world implications of gender on public space use, behavior, and daily activities while also avoiding reaffirming the systems that lead to exclusionary and limited understandings of gender.

6. The Future of Work Includes a New Definition of Flexibility

The COVID-19 pandemic has changed how we do our work and how we think about our work-life balance. Employers across the globe are struggling to figure out what the future of a great work environment will look like. In the new trend report, the list of trends and signals in this arena is endless.

The option to work from anywhere (for some workers) impacts how people choose where they want to live. While some people moved out of cities and into the countryside to be closer to nature, others relocated to different countries, enjoying la dolce vita in Italy or the ocean breeze on a Caribbean island, while taking care of their U.S.-based jobs. Multiple countries across the globe now offer so-called digital nomad visas for these expat remote workers.

Other trends range from the great resignation—and an even greater resignation in the public sector—to quiet quitting, the wave of unionizations, and new expectations from younger generations. One thing all these trends seem to have in common is the need for flexibility in all areas of work.

The era of the 9-to-5 in-office job is over. “Flexibility is a mindset, not a policy,” says futurist Sophie Wade. It means being able to choose how many hours a day you can dedicate to your job, whether you are in a leadership position or an associate. For years, some German companies have offered the option to choose if you want to work part-time or full-time no matter what the position is. This flexibility was created to give women, and especially mothers with childcare responsibilities, the opportunity to move into leadership positions. A part-time CEO—why not?

Flexibility also means being able to have other gigs on the side. We talked about polyworkers in our last trend report. Younger generations are less interested in linear career paths; portfolio careers are the new trend. You can be a research manager while walking dogs and teaching yoga on the side. Sounds like a healthy suite of activities, right?

Regardless of what the future of work looks like, one thing is clear: The COVID-19 pandemic pushed us to experiment with how work could be done, and the people who feel their work-life balance has improved won’t be willing to go back.

7. When Nature Inspires: 4D Printing 

Last year, we reported on 3D printing. While we try to make sense of that trend’s potential impacts on the housing market, infrastructure systems, and retail, the industry is on to its next endeavor: 4D printing. A combination of printing technology and material sciences, 4D printing is about 3D-printed objects that can change their shape over time. Inspired by nature (think: flowers closing during rain), materials used for 4D printing may respond to external stimuli such as heat, light, and pressure.

While this technology is still in its infancy, it has the potential to become a game changer in many areas—medical devices, manufacturing, automotive, and infrastructure, to name a few. Imagine stormwater pipes that expand as needed during extreme rain events.

Obviously, we live in a world of accelerating change, and in many ways today already is the future. In her 2017 book, The Future: A Very Short Introduction, Jennifer M. Gidley put things this way: “The future is paradoxical: it is completely open and beyond our control and yet it is the object of trillions of dollars in government expenditure aimed at controlling it. It is both the playground of science fiction, and the raw material of town planners and policy nerds.” 

One thing is for sure: If we as planners want to shape the future of our communities, we need to be able to imagine what the future may look like. Even if some of our potential futures might sound more sci-fi than scientific, we can’t ignore the changing world around us, and we must use the future to create great communities for all.

Petra Hurtado, PhD, is APA’s director of research and foresight. Alexsandra Gomez is an APA research associate. This work was developed in partnership with the Lincoln Institute of Land Policy. Explore the 2023 Trend Report for Planners and keep an eye out for APA’s Using the Future to Create Dynamic Plans, an interactive online training on how you can use the future in your work and upskill your futures literacy.

Image: NASA and private companies including Aleph Farms are exploring how to create sustainable food systems in space, growing not just fruits and vegetables, but also meat. Credit: Rendering by Aleph Farms.