El Instituto Lincoln ofrece una variedad de oportunidades de becas para investigadores que se encuentran a principios y en mitad de sus carreras. En esta serie, hacemos un seguimiento de nuestros becarios para conocer más sobre su trabajo.

Fernando Lloveras San Miguel se ha desempeñado como director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico durante más de dos décadas, y como presidente de su unidad Para La Naturaleza desde que se fundó en 2013. Con títulos en Economía y Geografía (Universidad de Dartmouth), Políticas Públicas (Universidad de Harvard) y Derecho (Universidad de Puerto Rico), Lloveras se desempeña con agilidad en los entornos naturales y legales.

En 2020, Lloveras recibió el premio y la beca Kingsbury Browne al Liderazgo en Conservación, que lleva el nombre del abogado de Boston y exmiembro del Instituto Lincoln cuyo trabajo condujo a la creación del Land Trust Alliance. En esta entrevista, que se editó por razones de longitud y claridad, Lloveras analiza lo que se necesitará para conservar el 33 por ciento de Puerto Rico para 2033, algunas de las estrategias únicas de financiamiento para la conservación que Para La Naturaleza está utilizando para lograr ese objetivo y el movimiento para reconocer los derechos inherentes de la naturaleza.

JON GOREY: ¿Cuál es el enfoque de su trabajo?

FERNANDO LLOVERAS SAN MIGUEL: Nuestro trabajo se centra en proporcionar a las islas de Puerto Rico la biodiversidad y los sistemas de vida necesarios para vivir una vida sostenible. En 2016, fijamos el objetivo de proteger el 33 por ciento de las islas para 2033, por lo que nuestro objetivo general es convertir a Puerto Rico en un organismo vivo y proporcionar ecosistemas saludables y sostenibles para todos.

Nos propusimos este objetivo y al año siguiente vino el huracán María, un huracán de categoría 5 que devastó toda la isla. Luego, tuvimos muchos problemas con nuestra fuente de financiamiento, y hemos tenido muchas políticas a favor del desarrollo en curso. Así que hemos enfrentado, y enfrentamos, una gran cantidad de desafíos. Pero en general, creo que pudimos superar algunos de ellos. Recientemente obtuvimos más fondos que nos permitirán hacer una mayor planificación a largo plazo y adquisiciones a largo plazo, y trabajar en la protección del suelo y la biodiversidad. Pudimos superar muchas dificultades, y creo que estamos en una buena posición, a pesar de que los desafíos siguen aumentando cada día.

JG: ¿En qué está trabajando ahora y en qué le interesaría trabajar a futuro?

FL: El año pasado trabajamos muy duro para elaborar un nuevo plan estratégico, así que acabamos de terminarlo y lo pusimos en práctica a fines del año pasado. Uno de los desafíos que pudimos superar fue el de las servidumbres de conservación. [En Puerto Rico] tenemos un límite en la cantidad de créditos fiscales disponibles y solíamos tener hasta USD 15 millones al año, pero luego se redujeron a USD 3 millones. Volvimos a tener USD 15 millones, así que logramos esa victoria en la legislatura aquí, y ahora tenemos capacidad para celebrar más servidumbres de conservación.

En términos de adquisiciones de suelo, tenemos muchos proyectos en proceso. Contamos con muchas propiedades que están en proceso de diligencia debida mediante la preparación de inventarios y mediciones. Documentamos la biodiversidad de manera muy sofisticada, utilizando una matriz de conservación del suelo, para definir qué parcelas son más importantes conservar.

Las zonas costeras son las de mayor riesgo y también son las más caras. Así que ese ha sido un gran desafío, porque Puerto Rico se desarrolló mucho alrededor de las áreas costeras. Hemos desconectado gran parte de las áreas marinas costeras y oceánicas de las montañas y los ríos. Resulta necesario crear más corredores como parte de nuestro plan Mapa 33. Tenemos dos, tal vez tres, áreas costeras muy importantes que son vitales, pero son extremadamente caras, así que estamos haciendo malabares para ver cómo podemos protegerlas.

JG: ¿Existen diferencias legales o culturales que afecten la forma en que se usa o conserva el suelo en Puerto Rico respecto de los Estados Unidos continentales?

FL: Adoptamos en gran medida la mentalidad de expansión urbana descontrolada, el hecho de tener suburbios y centros comerciales en todas partes. Copiamos muchos patrones de desarrollo comercial de EUA en un lugar muy pequeño. Tenemos un territorio de solo 160 kilómetros por 56 kilómetros y 3 millones de personas viviendo aquí, por lo que la densidad poblacional es muy alta, lo que hace que el costo del suelo sea mayor. Y luego ocurre la expansión urbana descontrolada porque no tenemos un buen sistema de planificación del uso del suelo. La expansión urbana descontrolada y la construcción generan mucha desconexión entre los ecosistemas.

También tenemos algunos acuerdos especiales con el gobierno de Puerto Rico que no sé si otras ONG en los Estados Unidos pueden tener. Estamos autorizados por el Tesoro de Puerto Rico a emitir bonos libres de impuestos para financiar la conservación. Es decir que somos bastante únicos, porque Puerto Rico no está dentro de la jurisdicción fiscal de Estados Unidos, por lo que el Departamento del Tesoro en Puerto Rico tiende a tener más margen de acción.

JG: ¿Está buscando alguna otra estrategia innovadora para el financiamiento de la conservación?

FL: Somos una organización muy compleja y única en términos de financiamiento. Pudimos crear una dotación financiera que significó un cambio radical para nosotros. Nuestra dotación cubre casi el 70 por ciento de nuestros costos operativos, lo que nos da mucha estabilidad. Por lo general, recomiendo que las organizaciones comiencen a buscar cómo financiar al menos los costos operativos principales y básicos de manera más sostenible, por ejemplo, mediante una dotación, porque conozco la lucha que atraviesan muchas ONG para cubrir la nómina de pagos todos los meses. Es un estrés que agota a cualquiera. Hemos estado trabajando en este proyecto durante los últimos 30 a 40 años.

Dado que Puerto Rico tiene muchas comunidades de bajos ingresos, calificamos para lo que se llama un Nuevo Crédito Fiscal de Mercado, que es un crédito fiscal creado para incentivar la inversión en zonas de bajos ingresos. Por este motivo, implementamos ese mecanismo. También estamos haciendo un banco de mitigación que está a punto de comenzar y se espera que genere algunos ingresos.

JG: ¿Qué le gustaría que más personas comprendan respecto de la conservación del suelo y los ecosistemas naturales?

FL: Tenemos toda una unidad llamada unidad de Cultura Ecológica, que realmente está restaurando no solo la conciencia, sino la comprensión, de que somos parte de un ecosistema natural y que necesitamos convivir con otras especies.

Hacemos las cosas de manera automática, solo porque los números económicos cierran, pero nos estamos olvidando de todo el funcionamiento y los sistemas de vida de la isla. Por este motivo, realizamos mucho trabajo educativo, mucho trabajo de comunicación con los estudiantes. Tenemos campamentos de verano y diferentes tipos de programas para que las personas entiendan que sus decisiones son importantes.

JG: ¿Hay algo sorprendente o inesperado que haya encontrado en su trabajo?

No totalmente inesperado, pero los huracanes, me refiero tanto a huracanes climáticos como a huracanes políticos. Vivimos grandes cambios en cuanto a la importancia de la naturaleza. Esos son los grandes cambios negativos que no se esperaban. En cuanto a lo positivo, como digo, hemos podido asegurar cierta estabilidad para el futuro. Así que eso ha sido muy positivo.

JG: En lo que respecta a su trabajo, ¿qué lo mantiene despierto por la noche? ¿Y qué le da esperanza?

FL: Tenemos la oportunidad de lograr [nuestro objetivo del 33 por ciento para 2033], pero necesitamos cambiar gran parte de la mentalidad de desarrollo que sigue estando muy arraigada. Quiero decir, están hablando de hacer un enorme complejo con cinco hoteles en una zona de 800 hectáreas. Esa es un poco la pesadilla por la noche, tener todos estos megaproyectos que no son en absoluto sensibles al medio ambiente, ya que destruirán 800 hectáreas de suelo. Es un impacto fuerte sobre nuestra isla. Entonces, eso es lo más importante, asegurarnos de que podamos cambiar nuestra mentalidad de desarrollo hacia un marco económico sostenible en lugar del marco de destrucción total que tenemos en este momento.

JG: ¿Qué ha estado leyendo últimamente?

FL: Bueno, hemos estado trabajando en un nuevo concepto. Uno de nuestros objetivos actuales es que se reconozcan los derechos inherentes de la naturaleza. Así que estamos trabajando con este movimiento, surgido de las comunidades indígenas, que sostiene que la naturaleza tiene sus propios derechos, es decir, no solo las leyes para proteger a las especies en peligro de extinción y demás, sino también leyes que otorgan a la naturaleza personalidad jurídica para poder demandar y protegerse a sí misma. Por lo tanto, es un enfoque diferente respecto de la protección legal, lograr que la naturaleza sea reconocida como un organismo vivo, sujeto de derechos legales.

Tendremos un panel de discusión sobre este tema en la Semana del Clima en Nueva York el próximo mes. Existe una organización, la Global Alliance for the Rights of Nature, que en su sitio web garn.org presenta mucha información sobre todos y cada uno de los países del mundo que han adoptado leyes o regulaciones de derechos de la naturaleza. Incluso en los Estados Unidos, existen bastantes ejemplos de tribus indígenas y otros estados que reconocieron algunos derechos de la naturaleza.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Fernando Lloveras San Miguel, director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y exbecario de Kingsbury Browne en el Instituto Lincoln. Crédito: Foto de cortesía.

CLEVELAND, OH – The Lincoln Institute of Land Policy and the Land Trust Alliance are pleased to announce that Steve Rosenberg has been presented with the 2025 Kingsbury Browne Distinguished Practitioner Award at the Alliance’s annual national land conservation conference, held this year in Cleveland, Ohio.

The Kingsbury Browne Distinguished Practitioner award—named for Kingsbury Browne, a lawyer and conservationist who was a Lincoln Institute Fellow in 1980 and inspired the Alliance’s founding in 1982—is presented annually and honors those who have enriched the conservation community through their outstanding leadership, innovation, and creativity in land conservation. Rosenberg will serve as the Kingsbury Browne distinguished practitioner for the Lincoln Institute in Cambridge, Massachusetts, for 2025–2026.

Rosenberg is currently the co-convener of the Hudson Valley Alliance for Housing and Conservation, which brings together organizations to strengthen biodiversity and climate resilience in New York’s Hudson Valley while creating affordable places where people can live. His work there follows more than three decades as the senior vice president of Scenic Hudson and the executive director of the Scenic Hudson Land Trust, where he led many efforts bringing land, equity, and conservation together at the regional scale, including authoring the NYC/Hudson Valley Foodshed Conservation Plan, launching Scenic Hudson’s River Cities Program, and transforming postindustrial Hudson River waterfronts into inviting public places. Rosenberg served on the board of the Land Trust Alliance for nine years.

“Steve has been a driving force in putting conservation to work for communities—safeguarding local food systems, expanding land access, and advancing economic opportunity,” said Chandni Navalkha, director of conservation and stewardship at the Lincoln Institute. “His leadership in uniting the land conservation and affordable housing sectors in the Hudson Valley sets a powerful example for collaborative solutions that benefit people and places, nationwide and beyond.”

“I have witnessed firsthand Steve’s passion and tireless dedication to land conservation and the mutually reinforcing benefits to people and communities,” said Ashley Demosthenes, CEO of the Land Trust Alliance. “The acreage protected and parks that were created during his tenure at Scenic Hudson are tremendous assets for communities and the entire Hudson Valley. And his bringing together of the affordable housing community and the land preservation community has made it possible to address critical community issues in new and collaborative ways. It is my honor to recognize Steve Rosenberg as the recipient of the 2025 Kingsbury Brown Distinguished Practitioner award.”

About the Land Trust Alliance

Founded in 1982, the Land Trust Alliance is a national land conservation organization working to save the places people need and love by empowering and mobilizing land trusts in communities across America to conserve land for the benefit of all. The Alliance represents approximately 1,000 member land trusts and affiliates supported by more than 250,000 volunteers and 6.3 million members nationwide. The Alliance is based in Washington DC, with staff in communities across the United States.

About the Lincoln Institute of Land Policy 

The Lincoln Institute of Land Policy seeks to improve quality of life through the effective use, taxation, and stewardship of land. A nonprofit private operating foundation whose origins date to 1946, the Lincoln Institute researches and recommends creative approaches to land as a solution to economic, social, and environmental challenges. Through education, training, publications and events, we integrate theory and practice to inform public policy decisions worldwide.

Lead image: Steve Rosenberg (center) accepts the Kingsbury Browne award alongside Land Trust Alliance CEO Ashley Demosthenes (right) and board chair David Calle (left). Credit: DJ Glisson II/Firefly Imageworks.

The Lincoln Institute provides a variety of early- and mid-career fellowship opportunities for researchers. In this series, we follow up with our fellows to learn more about their work.

Fernando Lloveras San Miguel has served as executive director of the Conservation Trust of Puerto Rico for more than two decades, and as president of its Para La Naturaleza unit since its founding in 2013. With degrees in economics and geography from Dartmouth College, public policy from Harvard University, and law from the University of Puerto Rico, Lloveras knows his way around both natural and legal landscapes. 

In 2020, Lloveras received the Kingsbury Browne Conservation Leadership Award and Fellowship, named for the Boston lawyer and former Lincoln Institute fellow whose work led to the creation of the Land Trust Alliance. (The award is now known as the Kingsbury Browne Distinguished Practitioner program.) In this interview, which has been edited for length and clarity, Lloveras discusses what it will take to conserve 33 percent of Puerto Rico by 2033, the unique conservation finance strategies Para La Naturaleza is using to achieve that goal, and the movement to recognize the inherent rights of nature.

JON GOREY: What is the focus of your work?

FERNANDO LLOVERAS SAN MIGUEL: Our work has been centered on providing the islands of Puerto Rico with the biodiversity and life systems that are needed to live a sustainable life. We set a goal in 2016 to protect 33 percent of the islands by 2033, so that’s our overarching goal: having Puerto Rico as a living organism and providing healthy and sustainable ecosystems for everybody.

We set this goal, and the year after we got Hurricane Maria, which was a Category 5 hurricane that devastated the whole island. And then we had a lot of issues with our funding source, and we’ve had a lot of pro-development policies going on. So there’s been a huge amount of challenges that we have faced, and are facing. But in general, I think we have been able to overcome some of those. We recently secured more funding that will allow us to do more long-term planning and long-term acquisitions, and land protection and biodiversity protection. So we have been able to navigate in very rough waters, and I think we’re in good shape, even though the challenges keep increasing every day.

JG: What are you working on now, and what are you hoping to work on next?

FL: Last year we worked really hard to do a new strategic plan, so we just finished and adopted that late last year. One of the challenges we were able to overcome was around conservation easements. [In Puerto Rico] we have a cap on the amount of tax credits that are available, and we used to have up to $15 million a year, but then it went down to $3 million. We got it back to $15 million, so we got that win in the legislature here, and now we have capacity to do more conservation easements.

In terms of land acquisitions, we have a lot in the pipeline. We have a lot of properties that are in the due diligence process, doing inventories and measurements. We do a very sophisticated biodiversity documentation, using a land conservation matrix, to see which ones are more critical for conservation.

The coastal areas are the most high-risk areas, and they’re also the most expensive areas. So that’s been a big challenge, because Puerto Rico has been developed a lot around the coastal areas. We have disconnected a lot of the ocean and coastal marine areas from the mountains and rivers. So we need to create more corridors as part of our Map 33 plan. We have two, maybe three, very important coastal areas that are critical, but are extremely expensive, so we’re juggling to see how we can get those protected.

JG: Are there any legal or cultural differences that affect how land is used or conserved in Puerto Rico versus the mainland United States?

FL: We have adopted a lot of the urban sprawl mentality, to have suburbs, to have shopping malls everywhere. We have adopted a lot of US commercial development patterns in a very small place. We’re only 100 miles by 35 miles, and we have 3 million people living here, so the population density is very high, which creates a higher cost of land. And then sprawl happens because we haven’t had a good land use planning system. The sprawl and the construction creates a lot of disconnection between ecosystems.

We also have some special arrangements with the Puerto Rico government that I don’t know if other NGOs in the States can have. We are authorized by the Puerto Rico Treasury to issue tax-free bonds to finance conservation. So we’re very unique, because Puerto Rico is not within the tax jurisdiction of the US, so the Treasury Department in Puerto Rico tends to have more leeway.

JG: Are there other innovative conservation finance strategies you’re pursuing?

FL: We are a very complex and unique organization in terms of financing. We have been able to create an endowment, and that’s been a game changer for us. Our endowment covers pretty much 70 percent of our operational costs, so that gives us a lot of stability. I usually recommend that organizations start looking into how to support at least a core, basic operational cost on a more sustainable basis, like an endowment, because I know the struggle that a lot of NGOs go through, making the payrolls every month. That’s a stress that just wears down anybody. So that’s something that we have been building for the past 30 to 40 years.

Since Puerto Rico has a lot of low-income communities, we qualify for what’s called a new market tax credit, which is a tax credit created to incentivize investment in low-income areas. So we’ve been using that mechanism. We’re also doing a mitigation bank, which is about to get started, and that is expected to provide some revenue.

JG: What’s one thing you wish more people understood about land conservation and natural ecosystems?

FL: We have a whole unit called the ecological culture unit, which is really restoring not only the awareness, but the understanding, that we are part of a natural ecosystem, and that we need to coexist with other species.

We do things automatically, just because the economic numbers work out, but we’re forgetting the whole functioning and life systems of the island. So we’re doing a lot of educational work, a lot of communication work with students. We have summer camps, we have different types of programs to get people to understand that their decisions are important.

JG: Is there anything surprising or unexpected that you’ve encountered in your work?

Not totally unexpected, but hurricanes—I mean both climatic hurricanes and political hurricanes. We have been living through great changes in terms of the importance of nature. So that’s kind of the big changes that were not expected on the negative side. On the positive side, as I say, we have been able to secure some stability into the future.

JG: When it comes to your work, what keeps you up at night? And what gives you hope?

FL: We have the opportunity to achieve [our 33 percent by 2033 goal], but we need to change a lot of the development mentality that is still very strong. I mean, they’re talking about doing a huge 2,000-acre complex with five hotels. That’s kind of the nightmare at night, having all these mega-projects which are not at all sensitive to the environment, destroying 2,000 acres of land. It’s just a huge impact to our island. That’s the biggest thing, just to make sure that we can move our development mindset toward a sustainable economic framework instead of the total destruction framework that we have right now.

JG: What have you been reading lately?

FL: One of our objectives now is to have nature’s inherent rights recognized. So we’re working with this movement, sprung out of Indigenous communities, of having nature have its own rights—so not only laws to protect endangered species and so forth, but laws that give nature legal personality to be able to sue and protect itself. It’s a different approach to legal protection, having nature be recognized as a living organism, able to have legal rights. We’re going to have a panel discussion on this issue at Climate Week in New York next month. The Global Alliance for the Rights of Nature website, GARN.org, has a lot of good information, every single country in the world that has adopted rights of nature laws or regulations. Even in the US, there are quite a few examples of Indian tribes and other states that have provided some rights of nature.

Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Fernando Lloveras San Miguel, executive director of the Conservation Trust of Puerto Rico and former Kingsbury Browne fellow at the Lincoln Institute. Credit: Courtesy photo.