En sus tres décadas como director del Scenic Hudson Land Trust, Steve Rosenberg vio olas de personas mudándose de ciudades a Hudson Valley tras acontecimientos importantes: El 11 de septiembre, los huracanes Sandy e Irene, e incluso la boda de Chelsea Clinton en Rhinebeck. Así que, cuando llegó una nueva ola durante la COVID-19, parte de la gran migración de trabajadores de oficina urbanos hacia la zona rural de los Estados Unidos, no fue una gran novedad.

Pero, esta vez, las cosas fueron diferentes en Hudson Valley, un valle que corre a lo largo del río Hudson desde Nueva York hasta Albany. Los precios del suelo y los bienes raíces se dispararon, debido a la afluencia de residentes nuevos y a las presiones más amplias del mercado. En las ciudades y los pueblos de la región, el aburguesamiento había empezado a arrasar con áreas echadas a perder por mucho tiempo a causa de la falta de inversión. Como consecuencia, los residentes de bajos ingresos se sintieron desplazados, las comunidades de personas negras y mestizas se vieron amenazadas, y se dificultó la preservación y creación de viviendas asequibles.

Esta “presión intensa sobre el suelo”, dice Rosenberg, también obstaculizó el trabajo de conservación. Tan solo una década antes, los fideicomisos de suelo pudieron ensamblar con mayor facilidad tres o más parcelas de tierra para crear un área protegida continua que ayudaría a preservar el hábitat silvestre y desarrollar la resiliencia ante el cambio climático. Ahora se necesitarían entre 10 y 12 compras para poder ensamblar una cantidad comparable de superficie, y, por lo general, siempre había ofertas mejores que las de los grupos de conservación.

Debido a que competían con compradores externos por la tierra, las organizaciones de vivienda y conservación de la región enfrentaban desafíos similares, y algunas empezaron a preguntarse si podrían lograr más trabajando juntas. Al mismo tiempo, algunas organizaciones de conservación, impulsadas principalmente por el movimiento Las vidas negras importan, exploraron cómo podrían abordar mejor la justicia racial, la salud pública y la equidad climática, como parte de un tipo de conservación del suelo más centrado en la comunidad. Pero los grupos de conservación y vivienda parecían existir en mundos paralelos, con misiones, objetivos, modelos de financiación y estructuras de gobierno diferentes.

Aun así, Rosenberg divisó un potencial. Cuando se jubiló de Scenic Hudson en 2021, se reunió con Rebecca Gilman Crimmins, nacida en Hudson Valley y profesional de la vivienda asequible en Nueva York, para reunir a un grupo de trabajo de cinco fideicomisos de conservación del suelo y cinco organizaciones de vivienda asequible de la región. Los grupos empezaron a aprender sobre el trabajo de lo demás, para identificar puntos de intersección y trazar un mapa de lugares potenciales en los que podrían asociarse. Combinaron datos sobre clima, biodiversidad y censo con su conocimiento sobre los funcionarios locales, las políticas de planificación y la regulaciones del uso del suelo (RPA 2023). “Las comunidades saludables necesitan tener ambas cosas”: espacios abiertos y viviendas asequibles, dijo Rosenberg. “Estas no deberían verse como mutuamente excluyentes u opuestas”.

A medida que los precios de los bienes raíces se disparan, el clima se desmorona y los Estados Unidos atraviesan una época de reconocimiento del tema racial, grupos de apoyo a la vivienda asequible y la conservación están empezando a explorar cómo pueden trabajar juntos. En 2022, el Instituto Lincoln reunió a profesionales y defensores, incluidos Rosenberg y Crimmins, para debatir sobre el potencial de colaboración entre los fideicomisos de conservación del suelo y los fideicomisos de suelo comunitarios. A través de una serie de debates presenciales y virtuales con el apoyo de la 1772 Foundation, participantes de grupos locales, regionales y nacionales exploraron las barreras que han enfrentado en el camino hacia la asociación, y las oportunidades que tienen por delante.

Preocupaciones compartidas, raíces diferentes

El arquitecto paisajista Charles Eliot, cuyo padre fue presidente de Harvard, fue quien inventó el primer fideicomiso de conservación del suelo de los Estados Unidos, The Trustees of Reservations. Eliot vio cómo las ciudades del país se marchitaban con la contaminación industrial, y previó focos de espacios abiertos de color verde silvestre en todas las ciudades y pueblos. El estado permitió que The Trustees empezara a adquirir y proteger suelo en 1891. En la actualidad, en los Estados Unidos hay 1.281 fideicomisos de suelo que protegieron más de 24 millones de hectáreas. Los fideicomisos de suelo, que en su mayoría operan en entornos rurales y suburbanos, y suelen estar a cargo de voluntarios, protegen los hábitats salvajes, los ecosistemas críticos y los espacios culturales, históricos y naturales, al comprar y gestionar parcelas en su totalidad o al poseer servidumbres de conservación, es decir, acuerdos legalmente voluntarios con los propietarios que limitan el desarrollo y otros usos determinados en una propiedad.

En cambio, el inicio de los fideicomisos de suelo comunitarios (CLT) es más reciente.En 1969, un grupo de activistas de derechos civiles dirigido por Charles Sherrod se propuso generar riqueza y poder colectivo entre los productores rurales negros del suroeste de Georgia. Crearon New Communities, una empresa que combinaba propietarios comunitarios de suelo con propietarios individuales de viviendas, lo que sirvió como modelo para los CLT de hoy en día. La organización se vio forzada a una ejecución hipotecaria de su tierra en 1985, después de que las prácticas discriminatorias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) la privaran de subsidios y ayudas fundamentales tras una sequía devastadora. Pero aún está funcionando como una organización educativa y le dio vida un movimiento: hoy en día existen más de 300 CLT en el país. Los CLT aún tienen como propósito servir a las comunidades marginales, y por lo general, poseen suelo a la vez que les dan a las personas la oportunidad de ser propietarias de viviendas y negocios. A pesar de sus orígenes rurales, ahora, la mayoría de los CLT se centran en brindar viviendas asequibles de forma permanente en entornos urbanos.

Estos orígenes diversos condujeron a una variedad de diferencias, como Katie Michels y David Hindin describen en un documento de trabajo elaborado para la convocatoria del Instituto Lincoln (Michels y Hindin, 2023). La tendencia de los fideicomisos de suelo ha sido centrarse en un electorado más rural, blanco y más adinerado, que, a su vez, está a cargo de su dirección, mientras que los CLT suelen estar destinados a personas de color, que son quienes los dirigen. Los recursos disponibles para los grupos también difieren.

“En comparación con los CLT, los fideicomisos de suelo pueden ser organizaciones más ricas y tener un mayor acceso al poder político y recursos financieros”, escriben Hindin y Michels, y advierten que el financiamiento público y privado se suele destinar a la vivienda o la conservación, pero no a ambas. Debido a que ambos grupos necesitan suelo para cumplir su misión, añaden, “algunos fideicomisos de suelo comunitarios y de conservación del suelo locales han tenido experiencias negativas entre ellos y pueden considerarse como enemigos”.

Pero eso está empezando a cambiar. “Estamos empezando a ver que algunos fideicomisos de conservación del suelo y CLT están realmente intentando resolver cómo trabajar juntos”, dijo Beth Sorce, vicepresidenta del sector de crecimiento de Grounded Solutions Network, una organización nacional sin fines de lucro que promueve soluciones de vivienda asequible y fue producto de una red de CLT. A medida que las ciudades se extienden y las parcelas asequibles empiezan a escasear, las organizaciones de vivienda asequible y conservación están empezando a dejar a atrás sus diferencias, dice Sorce, que participó en la convocatoria del Instituto Lincoln: “Tenemos un objetivo en común de una lugar realmente saludable y habitable. Quizás, en lugar de que todos intentemos adquirir tierras de forma individual, podríamos trabajar juntos para resolver cómo hacerlo de un modo más ecológico para nuestra comunidad”.

Fideicomisos de todo el país “están brindando muchos beneficios a nuestro medioambiente, así como a las vidas y el bienestar de las personas”, comentó Forrest King-Cortes, director de conservación centrada en la comunidad de Land Trust Alliance (LTA), una colación nacional de fideicomisos de conservación del suelo. LTA contrató a King-Cortes, quien también participó en la convocatoria del Instituto Lincoln, para coordinar sus esfuerzos para poner a las personas en el centro del trabajo de conservación. King-Cortes ve “más oportunidades de tener diálogo con otros movimientos como el movimiento de vivienda asequible”.

A medida que estas conversaciones continúan, los participantes están identificando muchas formas posibles de colaboración, desde el intercambio de ideas e información hasta esfuerzos para impulsar una reforma política de forma conjunta. En algunos casos, los grupos están adoptando medidas en el terreno. En Ohio, la Western Reserve Land Conservancy, que trabajó mucho tiempo con bancos de tierras locales para adquirir propiedades inmobiliarias para el espacio público verde, está empezando a asociarse con CLT para una planificación conjunta coordinada por la comunidad que incluirá la vivienda asequible. En Mount Desert Island, Maine, donde hay restricciones de vivienda y los costos llevan al 54 por ciento de los trabajadores a vivir fuera de la isla, Island Housing Trust, un CLT, se está asociando con Maine Coast Heritage Trust en un proyecto de 24 hectáreas que combina la conservación de humedales con el desarrollo de viviendas asequibles para los trabajadores. Y en un suburbio de Seatle con predominio de personas negras y desarrollo acelerado, Homestead Community Land Trust y la organización dirigida por la comunidad Skyway Coalition se están asociando para proteger el espacio verde y la capacidad de pago, mientras evitan el aburguesamiento.

Un modelo colaborativo en Athens, Georgia

Mientras quienes defienden la vivienda asequible y la conservación exploran oportunidades de colaboración, pueden aprender de organizaciones que incorporaron ambos objetivos en su misión. Muchas personas consideran que Athens Land Trust es la estrella guía en la intersección de estos mundos.

A principios de la década de 1990, Nancy Stangle y Skipper StipeMaas estaban desarrollando una comunidad intencional rural, Kenney Ridge, en 53 hectáreas del condado de Athens-Clarke, Georgia, unos 320 kilómetros al norte de Albany, donde nació el movimiento CLT. El plan era que Kenney Ridge incluyera lotes privados para propietarios de viviendas, una casa de hacienda y jardines comunitarios, y espacios abiertos comunes conservados. Pero a medida que desarrollaban la iniciativa, se dieron cuenta de que separar más suelo para conservación también encarecía los lotes privados, porque el costo de construir rutas, tuberías de agua y cloacas se dividía entre los lotes, y a mayor conservación menor era la cantidad de lotes, y por tanto, menos propietarios de lotes había para afrontar los costos. “Veían esta tensión entre el desarrollo de tipo medioambiental y la asequibilidad”, dijo Heather Benham, directora ejecutiva de Athens Land Trust. Además, el aumento del precio estaba excluyendo a algunos de sus amigos.

En esta época, un día Stangle estaba llevando a sus hijos al zoológico en Atlanta cuando su auto se rompió. Una mujer paró y ofreció llevar a Stangle a su oficina, donde podía usar el teléfono. La mujer trabajaba en un fideicomiso de suelo comunitario, Cabbagetown Revitalization and Future Trust.

Después de repasar el modelo del CLT, Stangle y StipeMaas decidieron crear una organización que funcionaría como un fideicomiso de suelo y como un CLT, y así nació Athens Land Trust.

Durante los primeros años, Athens Land Trust funcionó principalmente como un fideicomiso de conservación del suelo. Luego, en 1999, uno de los miembros de la junta compró un baldío en un barrio de Athens con tradición histórica de personas negras y lo donó al grupo. El gobierno local otorgó un subsidio para viviendas asequibles y la organización construyó su primera vivienda.

Las dos alas de la organización siguieron creciendo (el fideicomiso llegó a poseer 8.375 hectáreas de servidumbre de conservación, que provenían de orígenes diversos, desde granjas a las afueras de Athens, hasta plantaciones de pino y montañas en el norte de Georgia, y construyó y reacondicionó viviendas dentro de la ciudad), pero permanecieron prácticamente separadas. “Básicamente, cuando atendíamos el teléfono, era bastante claro si alguien llamaba por una cosa o por otra”, dijo Benham. Quienes llamaban solían ser familias negras de ingresos bajos interesadas en viviendas, o agricultores blancos que deseaban proteger el suelo que habían poseído por generaciones.

A principios de la década de 2000, estas facetas de trabajo paralelas empezaron a intersectarse. Un miembro de la junta mencionó que en uno de los baldíos en el barrio se estaban llevando a cabo actividades con drogas. ¿Podría el fideicomiso de suelo transformarlo en un jardín comunitario? “Cuando estás protegiendo granjas, hacer jardines no parece un salto tan grande”, dijo Benham. “Eso se convirtió en un proyecto, y luego, simplemente siguió creciendo”.

Otros barrios empezaron a comunicarse con nosotros a fin de iniciar proyectos similares. El grupo se asoció con la universidad local para crear una red de jardines comunitarios y una granja urbana donde los vecinos pudieran cultivar alimentos para vender, complementando sus ingresos. El subsidio del USDA brindó financiamiento y la ciudad también ofreció algunas tierras. Para maximizar el beneficio que obtiene la comunidad del suelo, Athens Land Trust empezó a organizar clases de jardinería y jornadas de cultivo, programas para jóvenes relacionados con las habilidades agrícolas y un mercado de productores rurales en un barrio de personas negras con ingresos bajos. Estas actividades apoyan los objetivos de Athens Land Trust de fomentar el desarrollo económico y el empoderamiento de la comunidad, dice Benhma. “La oportunidad económica en torno al mercado de los productores rurales y el desarrollo de pequeños negocios”, comenta, entreteje las parcelas en “el ecosistema y la economía de los barrios”.

Punto de encuentro de la conservación y la justicia

A medida que crecía el trabajo urbano de Athens Land Trust, sus dirigentes también empezaron a aplicar una perspectiva de equidad en su trabajo de conservación rural, e identificaron poblaciones desatendidas por esfuerzos previos de proteger las tierras agrícolas. En abril de 2023, el fideicomiso del suelo estaba cerca de alcanzar un trato para la primera servidumbre de conservación en una granja en posesión de personas negras en Georgia. A lo largo de los Estados Unidos, un 97 por ciento de granjas y un 94 por ciento de hectáreas de granjas pertenecen a productores rurales blancos. Muchos propietarios de tierras negros carecen de un derecho claro (un legado de reglas injustas de herencia de bienes inmuebles) y no pueden donar o vender las servidumbres de sus tierras. Por otro lado, es entendible que quienes ganaron la lucha para obtener un derecho claro duden a la hora de transferirlo. Benham añade que los mecanismos de puntuación utilizados por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA para determinar si una parcela debe conservarse tienden a favorecer a las granjas ubicadas en suelos agrícolas de primera calidad. “¡Vaya sorpresa!: la mayoría de los productores rurales negros no obtuvieron las tierras de mejor calidad”, señala.

Benham cree que Athens Land Trust logró tender un puente entre ambos mundos porque su objetivo fundamental es darle a la comunidad el control de las tierras y el desarrollo. Dejando de lado la visión estricta hacia la vivienda o la conservación, el fideicomiso y otras organizaciones afines “pueden tener más marcos, vocabulario, prácticas y formas de interactuar en común” con el movimiento de justicia medioambiental que con los fideicomisos de conservación del suelo, explica. Esto también se refleja en la filantropía: los financiadores que parecen entender cómo se alinean el trabajo de vivienda y de conservación de los fideicomisos son quienes reconocen su “trabajo de sostenibilidad”, similar a la justicia social, “en barrios de bajos ingresos”.

En el sur del Bronx, Nueva York, un fideicomiso de suelo comunitario creado en 2020, funciona con un modelo híbrido similar, y trabaja para preservar la capacidad de pago de la vivienda y proteger el espacio abierto, lo que incluye la red de jardines comunitarios del barrio. South Bronx Community Land and Resource Trust surgió del trabajo de Nos Quedamos, una sociedad de desarrollo comunitario local que comenzó en la década de 1990 como resistencia de base a un plan de renovación urbana que habría desplazado a una comunidad de ingresos bajos, en su mayoría latina. Comprometidos con el “desarrollo sin desplazamiento”, desarrollo impulsado y controlado por la comunidad, Nos Quedamos ahora tiene una cartera de viviendas asequibles. Lanzó el CLT para “crear y fomentar una comunidad más saludable al equilibrar el uso del suelo, la capacidad de pago, la accesibilidad a los servicios y espacios abiertos, la sostenibilidad y la resiliencia medioambiental, la escala y el carácter comunitario”. Tiene como objetivo ser una entidad centralizada que sea propiedad de la comunidad.

Julia Duranti-Martínez, que trabaja convarios CLT en la organización para el desarrollo comunitario nacional LISC y es miembro de la junta directiva de East Harlem/El Barrio CLT en la ciudad de Nueva York, recomienda que las conversaciones sobre colaboración “den prioridad a los grupos que surgen de la organización de justicia medioambiental”. En un mercado de bienes raíces donde el suelo es costoso y escaso, los grupos de conservación y vivienda compiten por parcelas, y los parques nuevos suelen verse como presagios de aburguesamiento, los proyectos de desarrollo comunitario que han navegado estas tensiones con mayor éxito se han visto impulsados por el mismo objetivo fundamental que el movimiento de justicia medioambiental, explica Julia, y asegura que las “comunidades de color, indígenas y negras son las que realmente están en condiciones de tomar decisiones”.

Duranti-Martínez agrega que, históricamente, el marco de los CLT ha tenido más en común con los grupos de justicia medioambiental que con el movimiento ecologista. “La promoción de estos modelos de administración comunitarios no se opone a la vivienda asequible”, comentó, simplemente porque “una comunidad saludable” tiene “todos los tipos de espacios: vivienda asequible y digna, espacio comercial asequible, espacio verde y espacios culturales y comunitarios”.

Hacia adelante

A pesar de las ideas prometedoras de colaboración y entusiasmo para estas iniciativas, sigue habiendo obstáculos culturales e ideológicos. Históricamente, para los fideicomisos de suelo, el éxito se ha medido por el número de hectáreas protegidas y los dólares recaudados, pero estas mediciones convencionales “no capturan realmente todo el impacto” de los proyectos más complejos y pequeños, dijo Michels. Proteger el especio verde y construir viviendas en dos hectáreas podría llevar la misma cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos que conservar 4.000 hectáreas rurales, señala, lo que significa que existen algunos marcos ideológicos en relación con la conservación que deben cambiar.

Los colaboradores potenciales también deben avanzar con determinación y esmero. Según muchas parte involucradas en este trabajo, la participación significativa e inclusiva de la comunidad será clave para lograr combinar con éxito objetivos de espacio abierto y vivienda asequible, ya sea que ese esfuerzo esté ocurriendo dentro de una sola organización o como parte de una colaboración entre grupos. “La conservación tiene mucho que aprender sobre cómo incorporar a las partes interesadas de la comunidad como tomadores de decisiones dentro de nuestras organizaciones”, dice King-Cortes de LTA. A pesar del interés cada vez mayor de ampliar el trabajo del movimiento, “muchos de nosotros no estemos listos, diría, para formar parte de asociaciones con grupos para la vivienda asequible hasta que no hayamos hecho nuestro trabajo: hasta que hayamos aprendido sobre las raíces del movimiento de vivienda asequible, los lazos con el movimiento de derechos civiles”.

Sin embargo, los grupos de conservación también tienen un caudal de recursos y experiencia para ofrecer. Para los CLT, “sin lugar a duda, el mayor obstáculo para poder expandirse es el acceso al suelo y al dinero”, dijo Sorce de Grounded Solutions Network. Las asociaciones suelen ser útiles para cerrar la brecha, y los grupos de conservación también podrían ayudar en este sentido. “Podrían agruparse para adquirir una parcela más grande, parte de la cual se destinará a conservación, y parte a vivienda”.

De hecho, este tipo de sociedad podría beneficiar a ambos sectores. “Todos están luchando para recaudar fondos”, dijo King-Cortes. “Todos están intentando sacarle el mayor provecho a lo que tenemos. Pero, si trabajamos juntos en la planificación, creo que ambos movimientos pueden lograr más o aprovechar al máximo los recursos”.

Tener éxito en eso demandará esfuerzo, porque la mayor parte de la financiación para la conservación y la vivienda se ha separado históricamente, como apuntan Michels y Hindin. “Todos los programas y financiamientos apoyados por políticas públicas están estancados”, confirmó Rosenberg. Un grupo para la vivienda que quiere ejecutar una iniciativa de desarrollo con caminos, parques o jardines comunitarios, por lo general, puede conseguir financiación para construir las viviendas, mientras, por otro lado, los grupos de conservación solo pueden conseguir financiamiento para conservar suelo.

Sin embargo, existen excepciones a la regla. En Vermont, en 1987, los grupos de conservación y vivienda se organizaron para crear una fuente única de financiamiento público, el Vermont Housin and Conservation Trust Fund, administrado por la Junta de Conservación y Vivienda de Vermont (Vermont Housing and Conservation Board, VHCB). Michels, que trabajó en VHCB por muchos años, dice que representa un modelo potencial de colaboración. Se cultivaron relaciones y se logró un entendimiento entre las dos comunidades, y tanto los profesionales como los gestores de políticas llegaron a ver que los objetivos dobles se complementan, no compiten, lo que refuerza una tradición de uso del suelo de casi 100 años de antigüedad de asentamiento compacto rodeado por un paisaje de trabajo.

Todos los años, una coalición de grupos de conservación y vivienda asequible ejercen presión en la legislatura del estado para obtener financiamiento del VHCB. El resultado es “muchas relaciones forjadas entre dichas comunidades de práctica, y cada una sabe en qué trabaja la otra”, dijo Michels. VHCB invirtió en proyectos con ambos elementos en muchos pueblos, y garantizó la disponibilidad de viviendas asequibles y espacios abiertos. “Existe una versión de colaboración que no implica trabajar en conjunto en una misma parcela”, pero se puja por el mismo resultado, dice Michels; cuando una oportunidad se presenta en una parcela, se aprovecha al máximo.

De regreso en Hudson Valley, el grupo de trabajo de Rosenberg está tomando como modelo la Ley de Preservación Comunitaria (Community Preservation Act) de Massachusetts. Los votantes en Massachusetts pueden elegir que su municipalidad aplique un recargo a los impuestos prediales, lo que, luego, puede usarse para financiar la conservación, vivienda asequible, recreación en espacios abiertos y preservación histórica. La legislatura de Nueva York autorizó que algunas municipalidades voten por una tarifa local de transferencia de bienes raíces para crear un fondo de preservación comunitario, pero la recaudación solo puede apoyar la conservación, no la vivienda.

Identificar las reformas políticas que podrían ayudar a realizar su trabajo y acordar en una declaración de propósitos compartidos han sido prioridades para el grupo de Hudson Valley, que continuó sus exploraciones con apoyo de la Regional Plan Association, el patrocinador fiscal del proyecto, y el Consensus Building Institute. “En realidad, existen algunas colaboraciones que ya están comenzando”, dijo Rosenberg. Kingston Land Trust, que estudia y fomenta el modelo de fideicomiso de suelo comunitario desde 2017, se asoció con el grupo para la vivienda asequible regional, RUPCO, para lanzar una CLT como parte de su iniciativa Land for Homes (Suelo para Viviendas). Además, la organización trabajó con estudiantes graduados en la Universidad de Columbia y Bard College para desarrollar una visión de vivienda regional, y una guía para la colaboración entre grupos de conservación y vivienda (Kingston Land Trust 2021). Mientras tanto, The Chatham, una empresa de conservación del suelo de Columbia, con sede en Nueva York, cumple la función de patrocinador fiscal de otro CLT nuevo.

Y, dentro del grupo de trabajo, uno de los fideicomisos de conservación del suelo identificó una parcela agrícola de 46 hectáreas para la venta en el pueblo de Red Hook que “define la entrada a la comunidad”, dijo Rosenberg. Red Hook, tiene un fideicomiso de preservación comunitario que apoya la conservación, y Scenic Hudson y otros grupos están activos allí desde hace mucho tiempo.  Pero, tras expandir, hace poco, su sistema cloacal público, Red Hook también estuvo considerando desarrollar más viviendas asequibles, y, en el caso de estos bienes inmobiliarios, repeler a los compradores privados interesados en desarrollar la parcela completa.

Las condiciones parecían favorables. Así que dos de las organizaciones de vivienda del grupo de trabajo y dos de los fideicomisos de suelo se reunieron con funcionarios locales para debatir sobre la colaboración con el pueblo en torno a un proyecto que alcanzaría ambos objetivos: conservar las tierras agrícolas y construir algunas viviendas asequibles. Ahora, el pueblo planea comprar la tierra, trabajar con uno de los fideicomisos de suelo para implementar una servidumbre de conservación en la mayor parte de esta y separar el resto para viviendas que uno de los grupos para la vivienda asequible construirá. “Ese proyecto aún no se implementó, pero está avanzando”, dijo Rosenberg. “Es muy emocionante”.

COLOQUIO DEL INSTITUTO LINCOLN SOBRE FIDEICOMISOS DE SUELO COMUNITARIOS Y DE CONSERVACIÓN DEL SUELO

Durante 2022, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo coordinó un trabajo de investigación de un año sobre el potencial de colaboración entre los fideicomisos de conservación de suelo y fideicomisos de suelo comunitarios. Con el apoyo de Peter Stein de Lyme Timber Company y un subsidio de 1772 Foundation, el instituto reunió a un grupo de expertos en conservación y vivienda asequible para realizar una serie de reuniones, lo que culminó con un coloquio y un documento de trabajo (Michels y Hindin, 2023).

El coloquio ha servido como fuente de información para iniciativas en curso para fomentar prioridades en materia de conservación y vivienda asequible. En febrero, en la cumbre del Con-necticut Land Conservation Council (Consejo de Conservación del Suelo de Connecticut), los coautores del documento de trabajo, Katie Michels y David Hindin, aconsejaron a los defensores y líderes de los sectores de conservación y vivienda que consideren agendas compartidas y objetivos de políticas futuras. En marzo, Jim Levitt, director de Recursos de Suelo y Agua Administrados de Forma Sustentable del Instituto Lincoln, moderó un panel principal titulado “Affordable Housing and Land Conservation: Not an Either/Or” (Vivienda asequible y conservación del suelo: no es una o la otra) en la reunión anual de la Massachusetts Land Trust Coalition; el panel incluyó un participante del coloquio.

“Para prosperar, las comunidades necesitan viviendas asequibles permanentemente y suelo conservado permanentemente que brinde espacios verdes, infraestructura verde y hábitats respetuosos de la biodiversidad”, dice Chandni Navalkha, directora asociada de Recursos de Suelo y Agua Administrados de Forma Sustentable del Instituto Lincoln. “Al trabajar de forma más colaborativa, estas comunidades de práctica tienen un potencial único para aprovechar sus décadas de éxito y experiencia para implementar proyectos con múltiples beneficios y objetivos que enfrentan los desafíos más urgentes de las comunidades”.

Audrea Lim es escritora en la ciudad de Nueva York y su trabajo ha aparecido en el New York Times, Harper’s y Guardian. Su libro Free the Land (Liberar el suelo), sobre la mercantilización del suelo y alternativas en los Estados Unidos, será publicado por la editorial St. Martin’s Press en 2024.

Imagen principal: Estudiantes de posgrado de la Universidad de Columbia trabajaron con Kingston Land Trust en un proyecto que prevé nuevos modelos de vivienda asequible en inmuebles de propiedad comunal, incluidos departamentos de densidad media. Crédito: “(E)CO-Living: Towards a More Affordable and Green Kingston” ([E]COVida: hacia un Kingston más ecológico y asequible) de Yiyang Cai, Kai Guo, Lingbei Chen, Wenyi Peng. Urban Design Studio II, primavera de 2021, Facultad de Arquitectura, Planificación y Preservación, Universidad de Columbia. Profesores: Kaja Kühl (coordinadora), con Lee Altman, Anna Dietzsch, Shachi Pandey, Thaddeus Pawlowski y asociados, Zarith Pineda, Victoria Vuono. Socio local: Kingston Land Trust.

Referencias

Kingston Land Trust. 2021. “An Affordable Eco-Dwelling Roadmap: A Guide for Land Trusts and Housing Organizations to Collaborate on Inclusive, Holistic, and Sustainable Affordable Housing Developments”. Kingston, Nueva York: Kingston Land Trust and Bard College MBA in Sustainability. https://kingstonlandtrust.org/sites/KingstonLandTrust.org/files/inline-files/Affordable%20Eco-Dwelling%20Roadmap%20KLT%20v.5.28.21_0.pdf.

Michels, Katie y David A. Hindin. 2023. “Building Collaboration Among Community Land Trusts Providing Affordable Housing and Conservation Land Trusts Protecting Land for Ecological Value”. Documento de trabajo. Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. (Enero). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/building-collaboration-among-community-land-trusts-providing-affordable.

RPA (Regional Plan Association). 2023. Hudson Valley Affordable Housing and Conservation Strategy. https://rpa.org/hudson-valley-affordable-housing-conservation-strategy.

Aftab Pureval, electo en 2021, está haciendo historia como el primer alcalde asiático estadounidense de Cincinnati. Se crio en el suroeste de Ohio, fue hijo de primera generación de estadounidenses y trabajó en una juguetería cuando estaba en la secundaria. Después de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, Pureval ejerció varios cargos en la comunidad jurídica, entre ellos, abogado en Procter & Gamble, antes de ingresar al servicio público. Ejerció como secretario del Tribunal del condado de Hamilton de 2016 a 2021, y fue el primer demócrata en ocupar dicha oficina en más de 100 años. Pureval reside en el norte del barrio de Clifton, en Cincinnati, con su esposa y sus dos hijos. A principios de este año, habló con nuestro miembro sénior, Anthony Flint, para el pódcast Land Matters. Esta transcripción se editó por motivos de espacio y claridad.

Anthony Flint: Has atraído mucha atención por lo que algunas personas denominan una “responsabilidad heroica” de preservar el parque de viviendas unifamiliares de la ciudad y mantenerlo lejos de las manos de los inversionistas externos. Explíquenos brevemente cuáles fueron los logros en colaboración con Port of Cincinnati.

Aftab Pureval: Solo para brindar un poco más de contexto, Cincinnati es una de las antiguas ciudades industriales. Tenemos una larga y orgullosa tradición de ser el destino final del Ferrocarril Subterráneo. Fuimos la puerta de entrada a la libertad para muchos esclavos que escapaban de esa experiencia horrible. Tenemos muchos vecindarios históricos, muchas construcciones históricas, y tenemos mucha infraestructura antigua y viviendas unifamiliares antiguas, lo que, sumado al hecho de que somos una ciudad asequible en el contexto nacional, nos convierte en el blanco principal de los inversionistas institucionales.

Desafortunadamente, Cincinnati figura en lista nacional tras lista nacional en cuanto a la tasa de aumento de los alquileres. El factor principal que impulsa esta situación proviene de esos inversionistas, que no son de la ciudad y no tienen ningún interés en el bienestar de Cincinnati y sus inquilinos, y que acaparan todas las viviendas unifamiliares baratas, no hacen nada para invertir en ellas, pero duplican o triplican los alquileres de un día para el otro. La ciudad está haciendo muchas cosas a través de litigaciones, por medio de la aplicación del código . . . para hacerles saber que no estamos jugando. Si vas a tener un comportamiento depredador en nuestra comunidad, no te defenderemos.

Además, hemos tomado medidas en una etapa temprana para prevenir que esto suceda al asociarnos con The Port . . . Cuando muchas propiedades salieron a la venta porque un inversionista institucional las incluyó en un bloque de venta, The Port gastó US$ 14,5 millones para comprar más de 190 viviendas unifamiliares, y superó las apuestas de otros 13 inversionistas institucionales . . . Durante el año pasado, The Port trabajó para modificar esas propiedades a fin de que cumplan con los requisitos [y de encontrar] compradores calificados, a menudo, ciudadanos que están trabajando en la pobreza o de clase media-baja, que jamás han poseído una vivienda.

Este año estamos trabajando en tres de las 194 de esas viviendas disponibles para la venta. Es un gran éxito en desde donde se lo mire . . . pero es solo una herramienta en la que The Port y la ciudad están trabajando para aumentar la capacidad de pago de la vivienda en todos nuestros barrios.

AF: ¿Qué aprendió de esto que pueda transferirse a otras ciudades? Se requiere mucho capital para superar la apuesta de un inversionista institucional.

AP: Es verdad, se requieren muchos fondos. Por eso es que necesitamos más flexibilidad del gobierno federal y del estatal para brindarles a las municipalidades las herramientas necesarias para evitar que esto suceda en una primera instancia. Ahora, una vez que un inversionista institucional clava sus garras en una comunidad, no hay mucho que la ciudad pueda hacer para responsabilizarlo.

Como hemos visto, la mejor estrategia es comprar grandes cantidades de propiedades en una etapa temprana. Muchas ciudades reciben muchos dólares del gobierno federal por medio del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por su sigla en inglés). Hemos usado gran parte de los dólares del ARP no solo para que el dinero llegue a las manos de las personas que más lo necesitan, lo que es de vital importancia en este momento, sino también para asociarnos a otras alianzas público-privadas o a The Port, a fin de proporcionarles los recursos necesarios para comprar grandes cantidades de suelo y conservarlo.

Este es un momento único para las ciudades que tienen más flexibilidad [con] los recursos que provienen del gobierno federal. Incentivaría a todos los alcaldes y consejos a que realmente piensen de forma crítica sobre el uso de los fondos, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, para enfrentar a algunas de estas fuerzas macroeconómicas.

AF: Cincinnati se convirtió en un destino de residencia más atractivo, y la población aumentó ligeramente tras años de recesión. ¿Considera a Cincinnati como un refugio del clima o de la pandemia? ¿Qué implicaciones tiene este crecimiento?

AP: Lo que amo de mi trabajo como alcalde es que no me centro necesariamente en los próximos dos o cuatro años, sino en los próximos 100 años. En este momento, estamos atravesando un cambio de paradigma debido a la pandemia. La forma en la que vivimos, trabajamos y jugamos está cambiando drásticamente. El trabajo remoto está transformando por completo nuestro estilo de vida económico en todo el país, pero, en particular, aquí en el Medio Oeste.

No me cabe duda de que debido al cambio climático, debido al aumento del costo de vida en la costa, habrá una migración hacia el interior. No sé si será entre los próximos 50 o 75 años, pero sucederá. Estamos viendo cómo grandes empresas toman decisiones con base en el cambio climático. Tan solo a dos horas al norte de Cincinnati, Intel está invirtiendo US$ 200.000 millones para crear la planta semiconductora más amplia del país, atraída por nuestro acceso a agua dulce y la resiliencia climática de nuestra región.

Ahora, no me malinterpreten: el cambio climático nos afecta a todos . . . pero en Ohio y Cincinnati, no observamos los incendios forestales, las sequías, los huracanes, los terremotos, la erosión costera que vemos en otras partes del país, lo que nos hace un refugio seguro del cambio climático no solo para la inversión privada sino también para las personas.

Cincinnati está creciendo, en parte, porque, en este momento, nuestra economía se está expandiendo, pero creo que realmente veremos un crecimiento exponencial en las próximas décadas debido a estos factores masivos que empujan a la gente hacia el interior del país. Para asegurarnos de que en el futuro las inversiones y el crecimiento demográfico no desplacen a nuestros residentes actuales, tenemos que estabilizar el mercado ahora y prepararnos para tal crecimiento..

AF: ¿Cuáles son los cambios en el uso del suelo y las mejoras de transporte en las que se está concentrando con relación a esto?

AP: Si queremos que esto salga bien, debemos hacer una revisión y una reforma integrales de nuestras políticas. Nos estuvimos reuniendo con las partes interesadas para [explorar cómo] se vería una Cincinnati moderna. Creo que se vería como un barrio denso y diverso por el que se podría caminar, y tendría un buen transporte público e inversiones en arte público. Ahora mismo, la zonificación de la ciudad de Cincinnati no está promoviendo esos tipos de barrios. Cerca del 70 por ciento de nuestra ciudad se zonificó exclusivamente para uso unifamiliar, lo que representa una restricción artificial en la cantidad de oferta que podemos crear. A su vez, esto está aumentando los alquileres y los impuestos a la propiedad de forma artificial, lo que está haciendo que muchos de nuestros antiguos residentes, incluso aquellos que poseen sus viviendas, se vean desplazados.

Si nos tomamos con seriedad la desconcentración de la pobreza y la desegregación de nuestra ciudad, entonces tenemos que analizar las prohibiciones de unidades multifamiliares. Tenemos que analizar los requisitos de estacionamiento para empresas y viviendas. Tenemos que considerar el desarrollo orientado al transporte público junto con nuestras líneas de tránsito rápido de autobuses. Tenemos que considerar oportunidades creativas para crear más viviendas como unidades accesorias, pero nada de esto es fácil . . . Tengo la convicción de que podemos lograr algunos cambios sustanciales para nuestro código de zonificación a fin de propiciar una mayor capacidad de pago, fomentar más transporte público y, simplemente, ser una ciudad más ecológica. En este punto, asumimos el compromiso de que, cuando estén disponibles, solo compraremos vehículos para la cuidad que sean eléctricos. Tenemos la granja solar administrada por una ciudad más grande de todo el país, lo que contribuye significativamente a nuestro consumo de energía.

AF: Un poco de esto es volver al futuro, porque la ciudad tenía tranvías. ¿Tiene la sensación de que existe una apreciación de eso, de que esos tiempos, en realidad, hicieron que la ciudad funcione mejor?

AP: La ciudad solía ser densa, solía tener tranvías increíbles, transporte público, y luego, lamentablemente, las ciudades, no solo Cincinnati sino en todo el país, vieron una disminución constante de la población, y una pérdida de residentes desplazados a los suburbios. Ahora las personas quieren regresar a la ciudad, pero tenemos el trabajo duro de deshacer lo que muchas ciudades intentaron hacer, que fue crear vecindarios de suburbios dentro de una ciudad para incentivar que la gente de los suburbios regrese. Se trata de deshacer un poco el pasado a la vez que nos concentramos en lo que supo existir.

AF: ¿Qué le preocupa más sobre este tipo de transiciones, y qué identifica como el problema principal que enfrentan las personas de ingresos bajos y comunidades de color en Cincinnati?

AP: Desplazamiento. Si no podemos ser una ciudad asequible para sus residentes, estos se irán, lo que es perjudicial en muchos aspectos. Si la ciudad no crece, una ciudad de nuestra magnitud y con nuestra ubicación dentro del país, entonces muere, muere rápido. Las ciudades de magnitudes como la nuestra tienen que crecer, y para que esto ocurra, no solo debemos reunir talento, sino también preservar a las familias y las comunidades antiguas que han estado aquí desde el primer momento..

Ninguna ciudad del país descubrió una forma de crecer sin desplazamiento. Los factores del mercado, los factores económicos son tan profundos y es tan difícil influir sobre estos, y los recursos de la ciudad son tan limitados, que es realmente difícil . . . A menudo, supongo que me frustro por no contar con suficientes recursos, suficiente autoridad para tener un impacto significativo en las fuerzas macroeconómicas que están ingresando a la ciudad. Ya que, si alcanzamos nuestro sueño, que es más inversión, más crecimiento, esto conllevará consecuencias negativas, y es realmente difícil de gestionar ambos..

AF: La página web de la alcaldía dice que Cincinnati está bien posicionada para ser líder en el cambio climático localmente y en el exterior. ¿Qué cree que la ciudad tiene para ofrecer que hace que se distinga en términos de acción climática?

AP: Todas nuestras iniciativas políticas se analizaron con dos lentes. El primer lente es el de la equidad racial y el segundo, el del clima. Esto se aplica a todo lo que hacemos, ya sea nuestra valuación de la silvicultura urbana, el análisis de un mapa de calor de nuestra ciudad o las inversiones en árboles no solo para limpiar el aire sino también para enfriar nuestros barrios, [o] nuestras inversiones en biocarbón. Somos una de las únicas tres ciudades en todo el mundo que recibieron un copioso subsidio por parte de Bloomberg Philanthropies para seguir innovando en el mundo del biocarbón, que es un subproducto de la quema de madera, que es un imán de carbono increíble que ayuda con la escorrentía de aguas pluviales a la vez que captura el carbono del aire.

Últimamente, las empresas y personas que miran hacia el futuro consideran al cambio climático en ese futuro. Si busca una ciudad que sea resiliente ante el cambio climático y además realice inversiones cuantiosas en tecnología climática, entonces Cincinnati es el destino indicado para usted.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

Imagen principal: Aftab Pureval. Crédito: Amanda Rossmann/USA Today Network.

Puede que el hecho de que el financiamiento de la vivienda pueda considerarse una política de suelo no sea evidente a simple vista, e incluso menos evidente el motivo por el que los opinólogos como yo describimos la regulación financiera nacional, como la Ley de Reinversión Comunitaria, como una de las políticas de suelo más importantes del siglo XX. ¿Cómo diablos podría la regulación financiera nacional influir sobre el uso del suelo local, y qué tiene que ver la actividad de inversión y préstamo de los bancos con el suelo?

Como ya he señalado aquí en otras ocasiones, los mapas de préstamos federales discriminatorios diseñados por la Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas y adoptados por la Administración Federal de Vivienda (FHA, por su sigla en inglés) en la década de 1930 tuvieron un impacto duradero. Unos 90 años más tarde, una revisión de 2022 llevada a cabo por la Reserva Federal informó sobre una investigación que finalmente vinculó estos mapas con inequidades contemporáneas en cuanto a oportunidades económicas, resultados sanitarios, acceso a espacios verdes, efectos de islas de calor, mortalidad por la COVID y expectativa de vida.

La Ley de Reinversión Comunitaria (CRA, por su sigla en inglés) fue una de tres acciones del Congreso, posteriores a la Ley de Derechos Civiles de 1964, diseñadas para remediar el daño infligido a las comunidades por las políticas federales de financiación de la vivienda. Décadas de escases de capital y discriminación intencionada han vaciado las ciudades de los Estados Unidos y empobrecido a millones de estadounidenses y sus comunidades.

A raíz de la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibió la discriminación en las transacciones inmobiliarias, y la Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas de 1975, que exigió que las entidades crediticias informen sobre sus actividades con precisión geográfica, la CRA impuso una obligación positiva, que se aprobó en 1977, a los bancos regulados por el estado para que satisfagan las necesidades crediticias de todas las comunidades en las áreas en las que ofrecen servicios. No le indicó a los bancos lo que no podían hacer, sino lo que tenían que hacer para revertir décadas de mal comportamiento.

Tres agencias federales, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por su sigla en inglés), se encargaron de garantizar que los bancos cumplieran la nueva regulación. Curiosamente, la ley solo se aplicó por completo doce años más tarde, cuando a los reguladores se les encomendó que aprobaran la expansión geográfica de los bancos, principalmente a través de fusiones o adquisiciones.

La CRA se ha revisado en numerosas oportunidades para responder a la industria bancaria en crecimiento. Recientemente, en 2020, la OCC propuso una regla de modernización para abordar el cambio del mundo físico a los bancos digitales, pero la Reserva Federal, la FDIC y miles de grupos comunitarios se opusieron. La propuesta se revocó en 2021, pero pocos supervisores argumentarían que la CRA no necesita una modernización. Más apremiante que el banco digital son las preocupaciones sobre el enorme cambio en la concesión de préstamos hipotecarios, que se aleja de los bancos regulados y se consolida cada vez más en entidades crediticias no bancarias.

Según el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras, en 2021, 10 de las 12 entidades crediticias más importantes (y cuatro de las primeras cinco) eran empresas hipotecarias independientes. Estas entidades crediticias no bancarias no tienen obligaciones positivas de analizar la discriminación histórica.  Más allá de la observancia de la Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas, la regulación de su actividad crediticia es muy deficiente. Sin embargo, no están fuera del alcance de las políticas de suelo en cuanto a la regulación financiera.

Las entidades crediticias no bancarias dependen de las grandes corporaciones de la industria para obtener capital. Según el Urban Institute, las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE, por su sigla en inglés), Fannie Mae y Freddie Mac, compraron alrededor del 60 por ciento de las hipotecas que surgieron en los Estados Unidos en 2021. La FHA y el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos fueron los responsables de otro 16 por ciento. Cabe destacar que las entidades no bancarias dieron origen a alrededor del 70 por ciento de los préstamos comprados por las GSE y a más del 90 por ciento de los préstamos respaldados por el gobierno en 2021. Por lo tanto, si alguien quisiera continuar las medidas positivas para satisfacer las necesidades de financiamiento de la vivienda de los mercados desatendidos, el camino es bastante obvio: buscar marcos de políticas nuevas o existentes que brinden oportunidades, por medio de la regulación de las GSE, para afectar el comportamiento crediticio de las entidades no bancarias.

Por suerte, las grandes corporaciones de financiamiento de la vivienda se someten a controles públicos. En 2008, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA, por su sigla en inglés) colocó a Fannie Mae y Freddie Mac bajo la tutela del estado, cuando se volvieron insolventes durante la crisis de ejecución hipotecaria. En 2017, la FHFA implementó el programa Duty to Serve, que impuso obligaciones legales a las GSE para que se ocupen de tres mercados específicos desatendidos: viviendas prefabricadas, preservación de la vivienda y viviendas rurales. Bajo el programa Duty to Serve, Fannie Mae y Freddie Mac tuvieron que presentar tres planes anuales que describieran cómo atenderían mejor tales mercados. Los planes se ultiman con base en la participación del público y se informan en el Congreso anualmente.

IEn 2021, la FHFA impuso obligaciones adicionales a las GSE para ampliar el acceso a oportunidades de vivienda asequible, decente y segura: ahora deben preparar e implementar planes de Financiamiento de la Vivienda Equitativa de forma anual, y presentar informes sobre estos, en los que se describa cómo “resolverán sustancialmente las diferencias étnicas y raciales en la propiedad de la vivienda y la riqueza que han persistido por décadas”.

La década posterior a la primera aplicación de la CRA en 1989 fue la época dorada para el desarrollo de las comunidades ya que los defensores se movilizaron para presionar a los bancos a fin de que cumplieran sus obligaciones en virtud de la CRA. Casi de inmediato, cientos de miles de millones de dólares de nuevos préstamos se dirigieron a las áreas de servicio de la CRA. La tasa nacional de propiedad de la vivienda subió de un 64 por ciento a un 68 por ciento, y el crecimiento de los barrios de ingresos bajos y medios duplicó las cifras nacionales. Prosperaron las corporaciones de desarrollo comunitario y se incubó la industria de financiamiento de desarrollo comunitario.

Nos encontramos en un momento similar en cuanto a los planes de Financiamiento de la Vivienda Equitativa y Duty to Serve, que he decidido llamar “la Nueva CRA”. La FHFA está construyendo una vigilancia regulatoria rigurosa, y, con la ayuda del Instituto Lincoln, el sector civil ha vuelto a movilizarse para pedir por mejores planes, mejor observancia y mejores resultados.

El año pasado, reunimos a 20 de los mayores desarrolladores de viviendas asequibles para lanzar la Coalición de Mercados Hipotecarios Desatendidos (UMMC, por su sigla en inglés). El objetivo es transmitir un mensaje unificado que aliente a las GSE, junto con nuestra colaboración, a que cumplan su misión respecto de los planes de Financiamiento de la Vivienda Equitativa y Duty to Serve. Juntos podemos trabajar con las GES para diseñar mejores productos crediticios para financiar la compra de viviendas prefabricadas, fortalecer la capacidad de las Instituciones de Financiamiento de Desarrollo Comunitario para crear hipotecas nuevas en los mercados de difícil alcance, y persuadir a la FHFA para que apoye los nuevos programas pilotos de préstamos para evaluar los productos y procesos nuevos a fin de atender mejor estos mercados.

La UMMC está desmitificando el mercado hipotecario secundario (donde las entidades crediticias y los inversionistas compran y venden préstamos y derechos de servicio) y proponiendo soluciones realistas para fomentar un cambio real en los sistemas. En su primer año como coalición, la UMMC alcanzó una importante victoria cuando la FHFA rechazó los nuevos planes del Duty to Serve presentados por las GSE y pidió planes más ambiciosos con objetivos más específicos como aquellos reflejados en un proyecto integral que la coalición había preparado. Entre las iniciativas recientes de la UMMC se encuentran un sistema de puntuación que muestra en qué medida las GSE respetaron el proyecto y un tablero que brindará datos cuantitativos detallados y accesibles sobre su desempeño.

Los planes de Financiamiento de la Vivienda Equitativa y Duty to Serve no sustituyen la Ley de Reinversión Comunitaria. La CRA sigue siendo la política de suelo más importante de nuestro arsenal nacional de regulaciones financieras, y es responsable de las inmensas cantidades de crédito nuevo que regresó a las comunidades a las que se les había negado el acceso durante décadas.

Pero los tiempos han cambiado. Cuando se aprobó la CRA, la FDIC aseguró alrededor de 18.000 bancos. Hoy en día son 4.844. Y, por si fuera poco, muchos bancos están cerrando y reduciendo su negocio hipotecario minorista, para ceder el espacio a entidades crediticias no bancarias. Podemos intentar reformular la CRA para reflejar esta nueva realidad de mercado, o podemos cumplir con las expectativas del mercado tal como está.

Las brechas raciales y étnicas respecto a la propiedad de la vivienda siguen siendo dolorosamente altas, al igual que la inaceptable y persistente desigualdad racial de ingresos. Si esperamos hacer mella en cualquiera de estos aspectos, tendremos que encontrar una forma de expandir la propiedad de la vivienda de formas sin precedentes.

Nadie esperaba que la CRA reparara losimpactos vergonzosos de políticas de préstamos engañosas. Los planes de Financiamiento de la Vivienda Equitativa y Duty to Serve son un maravilloso complemento de la CRA. Quizás una cartera de regulaciones de préstamos sea un enfoque más apropiado que una solución universal. Deseamos que la UMMC empodere a los profesionales y defensores para que les exijan a las GSE y la FHFA lo que necesitan a fin de afrontar estos inmensos desafíos.

Imagen: El presidente Jimmy Carter firma la Ley de Reinversión Comunitaria en 1977. Crédito: Reserva Federal.

We can trace the origins of the Lincoln Institute to a chance encounter between a Cleveland inventor and industrialist and a barnstorming political economist in the 1890s. John C. Lincoln, an engineer who invented arc welders, high-torque electric motors, braking systems for streetcars, and even an electric car, was deeply moved by Henry George’s impassioned account of the stubbornness of urban poverty in the face of the unprecedented wealth generated by the Industrial Revolution. Lincoln subsequently devoted years of his life—and a big chunk of his fortune—to advancing George’s ideas for social improvement.

George showed in a powerful and persuasive way that poverty was the result of distributive injustice. The wrong people were benefiting from economic growth. Idle landowners could sit and watch land values increase exponentially, while the productive classes, labor and capital, were taxed to support the government. George proposed replacing corporate and income taxes with a new tax that expropriated the unearned value of land from its owners. He estimated that land tax revenue would be sufficient both to eliminate poverty and to fund the government.

Given his own disposition toward social justice, ethics, efficiency, and basic fairness, this proposition resonated with John Lincoln. But the failure of George’s policy prescriptions to gain any political traction mystified him. One reason he could see was the lack of general academic embrace of George’s analytics and his conclusions. Quite frankly, except for a handful of universities like Columbia, UC–Berkeley, or the University of Chicago, George’s work was marginalized if it was taught at all.

It was never considered a mainstream component of the training of economists or political scientists. Lincoln decided to remedy this by creating the Lincoln Foundation and partnering with universities to establish programs in land economics and taxation. And that’s what the Lincoln Foundation did from 1946 until 1974. In 1974, John’s son, David C. Lincoln, took a hard look at the impact of the foundation’s efforts to mainstream land economics and taxation in the fields of economics and political science. He was underwhelmed. The programs supported with the foundation’s resources were evanescent and land economics remained specialized in a few universities. He decided to try a new approach and established the Lincoln Institute of Land Policy to bring research and training under our own roof. And David was clear about one thing that he often repeated: “Henry George’s work was not about promoting the land tax—it was about eliminating poverty.” Thus, the Lincoln Institute was founded on the notion that land policy was not an end, but a means to solve bigger economic, social, and environmental challenges.

With that clarity, measurable impact quickly followed. In the 1980s, the arrival of Boston lawyer and conservationist Kingsbury Browne as a Lincoln Institute fellow led to the scaling up and national networking of private land conservation in the United States. Today, members of the Land Trust Alliance, an organization that evolved from Browne’s work, have protected more than 57 million acres of private land in perpetuity in the United States. In the 1990s, the Lincoln Institute invented computer-assisted mass appraisal. Systems built on that legacy are now used by local governments everywhere. In the 2000s, new international programs in Latin America supported, tested, and documented modern land value capture tools and techniques. Dozens of countries and thousands of jurisdictions are now studying ways to use these tools to mobilize their own public revenue. In the 2010s, the Lincoln Institute went global, establishing the International Land Conservation Network to promote private land conservation and sharing our work on the global stage at venues like Habitat III.

There is an important point here (and I know I buried the lede): we accomplished decades of significant work even though we could not easily define the discipline in which we operated. Over the last few years, we’ve been trying to rectify that. This spring, the board and management of the Lincoln Institute tried to effectively define land policy. By effectively, I mean clearly, accessibly, and efficiently. We found the task so daunting that we even consulted artificial intelligence. In my spring column, I shared our challenges and asked for your help. I asked you to submit your best definitions of land policy and offered a prize.

I’m delighted to report that we got many submissions. They ranged from the artistic to the theological. They arrived from four continents, with the furthest submission coming from New Zealand. They came mainly from individuals, but included a group effort from a network of 40 practitioners in Latin America. They ranged in length from 12 to 548 words. I even submitted my own definition.

While the judges were duly impressed with the scope and creativity of the submissions, I’m afraid I have unsettling news for the Luddites among us: they did not think we outperformed the AI bot. To remind you, here is the 85-word definition offered by ChatGPT:

Land policy refers to the rules and regulations that govern the use, ownership, and management of land. It involves making decisions about how land should be used, who should have access to it, and what activities are permitted on it. Land policy can affect a wide range of issues, from urban development and environmental conservation to property rights and social equity. Its goal is to balance the interests of different stakeholders and ensure that land is used in ways that benefit society as a whole.

That doesn’t mean, however, that accolades aren’t due. In the view of the judges, the best submission was from Harvey Jacobs:

Land policy is about the rules, the culture that underlies those rules, and the social expectations for the use of land. It draws together government, the market, and private actors. It has formal and informal outputs. Formal outputs are often plans, regulations, and programs. Informal outputs are often socially accepted patterns for how land is to be used and our behavior upon land.

The most economical submission was a haiku written by PD Blumenthal—

Use, control, share land
Protect earth, water, and air
To benefit all

—and the most creative submission was a poem entitled “A More Stealthy Georgist Cat,” by David Harold Chester. It is too long to reprint here, but you can read it in its entirety elsewhere on our site.

The pithiest submission was from Ben Brown:

Land policy is the bundle of rules through which governments formalize wishful thinking for responding to competing demands for land use in a future that is both inevitable and uncertain.

Even though we haven’t yet outperformed artificial intelligence, I am very happy with the outcome of this exercise. It affirms a couple of important things. First, land policy has a vast scope, and it touches many aspects of life. As such, maybe it is okay that it eludes easy definition. Second, it is possible to spend years doing something that you cannot easily explain. I’m guessing land policy experts aren’t the only people who cannot explain at get-togethers with their extended families what exactly they do.

It occurs to me that the problem might be taxonomical. In taxonomy, it might be harder to define a classification than it is to give an example of something in that classification. For the life of me, I can never remember the differences between class, order, family, genus, or species, but if pressed I can give an example of something in each.

In the end, I’m going to give everyone who submitted an entry in the contest a book of their choice from our impressive and ever-expanding library of land policy publications. In addition, I will give the authors of each of the four distinguished submissions above their choice of five books each.

It was a great exercise, and we appreciate the thought and effort put into all the submissions. We appreciate even more your collegiality, and we’re honored to share this hard-to-define endeavor with all of you. What started with a chance encounter between a barnstorming reformer and an inventor more than a century ago is even more relevant today: finding answers in land to improve the quality of life.

Lead image: Devonyu via iStock/ Getty Images Plus.

With sophisticated market research powered by prodigious profits, corporate real estate investors have long had the upper hand over vulnerable homeowners and the groups trying to protect them.

Investors can identify distressed homes in otherwise gentrifying neighborhoods, snap them up at a discount, and leave them empty for years waiting for nearby home values to rise. They can target longtime, elderly homeowners who may need to sell at a discount. And with plenty of cash on hand—and a new playbook that includes renting out houses rather than just flipping them—they can outbid individual homebuyers as they turn bedrooms into balance sheet items.

Now, a new data mapping tool from the Lincoln Institute’s Center for Geospatial Solutions (CGS) can help equip nonprofits, advocates, and local governments with similarly powerful technology to help identify and defend affordable housing stock threatened by real estate speculators and absentee landlords.

“It’s a very uneven playing field between private investors, who have the capital and are willing to invest the capital to get this market intelligence, and nonprofits that are struggling to keep the doors open, let alone invest in platforms like this,” says Jeff Allenby, CGS director of Geospatial Technology. “What you see is governments and nonprofits continuously trying to play catch up.”

Down-to-the-Parcel Data

In the wake of the Great Recession, corporations increasingly started purchasing and then renting out not just apartment buildings, but also single-family homes—especially in Sun Belt metro areas and postindustrial legacy cities, where rents remained stable despite lower property prices. Often, that’s had a cascade of negative impacts on low-income communities.

For one thing, it leaves more renters dealing with absentee corporate landlords, who can be quick to force an eviction and raise rents, but slow to fix a leaky roof or resolve code violations. It also reduces the supply of affordable housing stock available to would-be homebuyers, robbing local renters of opportunity.

In Baltimore’s Harlem Park neighborhood, for example, just 53 of the 464 homes sold since 2017—12 percent—were purchased by owner occupants. In 2022, one of every five homes sold in the neighborhood (19.2 percent) was purchased by an out-of-state business, and nearly half were bought by in-state corporations with multiple-property portfolios.

“You just saw this backfill of corporate ownership come into this neighborhood, and it’s going to take years to come back from that,” Allenby says. Where real estate investors once focused on flipping houses for a quick buck, they now see rental properties as a long-term moneymaker. “These houses are just gone, likely in perpetuity, from a homeownership perspective.”

This grim, granular data is courtesy of a CGS initiative called “Who Owns America?” Starting with Baltimore, CGS used a variety of public data sources to map every parcel in the city by its ownership characteristics, cross-checking postal information with deeds and other records to distinguish owner-occupied properties from those owned by private landlords and large or out-of-state businesses.

After coding city-owned residential parcels, Allenby explains, CGS filters for all properties where the owner’s mailing address doesn’t match the physical address—meaning it isn’t owner-occupied. After that, CGS can differentiate between private, off-site owners—local “mom-and-pop” landlords who may own one or two properties, for example—and more formal corporations, checking the names against a series of business-related keywords and acronyms, such as LLC, LLP, incorporated, and so on. Further filtering reveals whether a business is based in or out of state, and whether it owns multiple properties in the city.

The resulting color-coded maps make it clear where owner occupancy is more prevalent and where corporate landlords are most active. Empowered with this intuitive, down-to-the-parcel data, communities can identify housing stock likely to be targeted by speculators. Then they can take steps to defend (or even reclaim) affordable housing before it’s lost to corporate ownership.

The Right to Fight Back 

One policy cities can employ to thwart predatory investors is a right of first refusal rule, which gives tenants the option to purchase their home before it’s sold to a corporation. Knowing where such investors are active can help community leaders support the rollout of such a program with more targeted public outreach, says Senior Research Fellow Robert “R.J.” McGrail, director of the Lincoln Institute’s Accelerating Community Investment initiative.

“That’s the neighborhood you do flyers in, where you have some community organization go knock on doors to tell people, ‘Just so you know, if the out-of-state company that you write your rent check to ever sells your house, you have the first chance to buy it,’” McGrail says. “The ‘just-so-you-know’ conversation can be incredibly agency building and empowering for an individual, in a way that I think is another downstream potential benefit from this tool.”

Allenby is quick to point out that the formalization of property ownership isn’t in itself a bad thing. For example, if a local landlord dies and his children inherit his three rental properties and put them all into an LLC, that doesn’t fundamentally alter the local real estate landscape. And true investment—companies that buy vacant, dilapidated buildings, restore them to good condition, and get them back into the housing market—is almost always welcome.

“Investor owner doesn’t necessarily mean bad owner,” McGrail agrees. But by overlapping additional layers of parcel-level datasets, CGS can provide more context and reveal bad actors. For example, mapping where corporate ownership coincides with code violations—reports of broken deck railings, lack of heat, leaky toilets, and so on—“tells a dramatically more nuanced, useful story around what is happening and what to do about it,” he says.

In that case, McGrail notes, mapping might offer chronically understaffed inspectional departments a better way to prioritize their code enforcement. Similarly, layering vacancy data over out-of-state ownership maps can inform discussions around land use policies such as a split-rate tax.

“So many times, policy discussions happen in a vacuum of data,” Allenby says. “You’re talking about theoreticals, abstract numbers, abstract concepts, and you don’t really have a good handle on the scale of the issue that you’re talking about. And these tools allow you to frame that conversation very specifically.”

Beyond Baltimore 

CGS can provide a granular data map customized to an organization’s or community’s needs in just a couple of weeks, Allenby says. And it’s not just a tool for cities. CGS has also mapped the entire state of Massachusetts for a housing nonprofit, and is currently documenting timberland ownership across Alabama.

CGS also partnered with the International Land Conservation Network to combine the research of multiple conservation organizations in search of “Consensus Landscapes”—areas that meet not just one conservation priority, such as biodiversity, habitat connectivity, or carbon storage potential, but many such goals, all at once. The goal of this collaborative mapping framework, according to CGS, is to identify “places that everyone can agree are important, and should be the immediate focus of collective conservation efforts” as the United States works to protect 30 percent of its land by 2030.

The Center for Geospatial Solutions created a framework for mapping “consensus landscapes” by assessing and integrating the research of several conservation organizations. Credit: Center for Geospatial Solutions.

Jim Gray, senior fellow at the Lincoln Institute, is now working with CGS to study ownership trends among manufactured housing communities, which have also garnered the attention of real estate investors in recent years for their relatively low costs and reliable rents. Gray calls CGS’s work “invaluable” for its ability to transform a largely anecdotal challenge into real data.

“Knowing the extent of the problem, who is responsible, and where the problem is most acute will help inform and target which communities need to prioritize preserving this affordable housing stock, and how to go about that,” he says.

To learn more or to work with the Center for Geospatial Solutions, visit the CGS website or contact cgs@lincolninst.edu.

Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: This Center for Geospatial Solutions image combines spatial analysis with land parcel data to illustrate different types of property ownership, part of a project intended to help communities better understand how institutional investors are affecting local land markets. Credit: Center for Geospatial Solutions.