The Lincoln Institute of Land Policy today announced the Center for Impact Finance (CIF) will join the Lincoln Institute starting June 1. 

A nationally recognized applied research center founded in 2009 by Dr. Michael Swack and previously operating out of the University of New Hampshire’s Carsey School of Public Policy, CIF’s mission is to address income and wealth inequality by promoting increased access to capital for place-based investments in underserved communities—through applied research, training, and practitioner-driven solutions. 

“The core of the Lincoln Institute’s work is about how land is valued, improved, and shared. Land cannot support housing, economic activity, or community goals without investment—in infrastructure, in remediation, or in redevelopment. Access to finance tools and new partnerships is crucial to manifest land’s potential,” said George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy. “CIF’s ‘think-do-teach’ model aligns perfectly with the Lincoln Institute’s mission to connect land policy with equitable and sustainable development, and we see this integration as a valuable opportunity to address an important gap in our work.” 

Working across a wide range of topics—from affordable housing to small business finance to clean energy and climate resilience—CIF collaborates closely with practitioners, funders and investors, and policymakers to design solutions that expand access to capital. Through applied research, training, and practitioner‑driven innovations, CIF supports stakeholders across geographies and sectors nationwide. CIF brings together thought leaders and practitioners engaged in community and economic development to develop actionable policies, financing strategies, and tools, while strengthening the capacity of organizations and the community development field as a whole. 

CIF offers a variety of courses in community development finance, clean energy finance, solar development, and resilience. Its courses build practical skills, financial acumen, and capacity to move projects from concept to deployment and strengthen organizational sustainability. CIF creates customized and place-based courses for lenders, developers, community‑based organizations, and others across the community development and clean energy finance ecosystems. 

“The Lincoln Institute offers CIF a unique opportunity to expand our programs and amplify our impact,” said Ellen Lurie Hoffman, executive director of the Center for Impact Finance. “By joining the Lincoln Institute, CIF will address multiple dimensions of equity—financial access, place-based inequality, climate resilience, and policy innovation—in complementary ways.”   

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Kristina McGeehan is the director of communications at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Aerial photo of Mar Vista Farmers Market in Los Angeles, California. Image credit: CooperGriggs via Getty Images.

Poseer una propiedad y dejarla en manos de la familia se consideró, durante mucho tiempo, fundamental para el sueño americano, una piedra angular de la riqueza generacional. Los Estados Unidos tienen uno de los mercados inmobiliarios privados más establecidos del mundo, y tanto las personas como los inversionistas esperan que se protejan sus derechos sobre los bienes inmobiliarios.

Sin embargo, cientos de miles de estadounidenses poseen bienes inmobiliarios en un estado de precariedad y vulnerabilidad que refleja lo que sucede en los asentamientos informales en otras partes del mundo. Las casas en las que vivieron durante años, a menudo heredadas de padres o antepasados sin testamento, les confieren las responsabilidades de la titularidad de la vivienda, pero no las protecciones legales. Estas propiedades pueden ser objeto fácil de una venta forzada con poco preaviso. Puede que muchos propietarios de “bienes inmobiliarios heredados” no se den cuenta de lo débil que es su derecho sobre la casa o el terreno hasta que corren el riesgo de perderlo.

Los bienes inmobiliarios heredados existen en todo el país, tanto en entornos rurales como urbanos, aunque hay mayor presencia en el sur y afectan de manera desproporcionada a los estadounidenses negros, que han experimentado discriminación y exclusión a través de generaciones de los tipos de sistemas legales y financieros que sustentan los procesos formalizados de titularidad de vivienda.

De hecho, la explotación de los bienes inmobiliarios heredados se considera una de las principales razones por las que los estadounidenses negros sufrieron la pérdida involuntaria de más de 4,4 millones de hectáreas de tierras entre 1910 y 1997, lo que representa más de USD 325.000 millones en riqueza perdida. Desarrolladores inmobiliarios desde Carolina del Norte hasta Florida lograron apropiarse de los bienes inmobiliarios de los herederos de Gullah Geechee, descendientes de personas esclavizadas de África Occidental, que se encontraban entre los primeros afroamericanos en poseer extensiones importantes de tierras. En lugares como Hilton Head, Carolina del Sur, estas tierras familiares se han convertido en valiosos bienes raíces costeros, sin el consentimiento de los propietarios legítimos en la mayoría de los casos.

A principios de 2025, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo convocó a más de dos docenas de expertos legales, profesionales y promotores comunitarios para debatir los desafíos asociados con los bienes inmobiliarios heredados. “Los investigadores conocen muy bien el problema y tienen experiencia con las comunidades locales”, dice Xinrui Shi, directora asociada de Derecho Comparado y Políticas de Suelo en el Instituto Lincoln. “Pero podemos ayudarlos a unir los puntos en cuanto a las políticas: vemos la conexión entre los bienes inmobiliarios heredados y el impuesto predial, la gestión de desastres, el desarrollo económico y las injusticias sistémicas. Por lo tanto, el objetivo de la conferencia fue reunir estos diferentes tipos de experiencias para ver cómo las políticas de suelo pueden ser de ayuda para abordar los desafíos en el sistema”.

Titularidad fraccionada y ventas forzadas

Los bienes inmobiliarios heredados crean dos grandes vulnerabilidades “que a menudo se intersecan e interactúan”, dice Heather K. Way, directora de la Clínica de Políticas de Vivienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

La primera es la propiedad fraccionada. Cuando varios miembros de la familia heredan una propiedad juntos, cada heredero obtiene un “interés indiviso” en la propiedad, lo que significa que poseen una parte de la totalidad, no una parte específica y divisible de ella. Con el paso de las generaciones, el número de copropietarios puede crecer de forma exponencial, por ejemplo, de 4 hijos, a 13 nietos, a 42 bisnietos.

Esa titularidad fraccionada hace que la propiedad de los herederos sea muy vulnerable a una venta forzosa, indica Way: “Según nuestras leyes de partición, cualquier tercero puede adquirir cualquiera de los intereses de los herederos en la propiedad e iniciar una acción de partición”.

Una acción de partición solo es un mecanismo legal para dividir la cotitularidad en este tipo de situación. Depende de un tribunal decidir si es posible realizar la división física de una propiedad en proporción a la participación de todos. Si bien es posible dividir 10 hectáreas de tierra abierta en partes iguales entre 5 herederos, no hay una manera justa de repartir una casa. “Para propiedades en áreas urbanas o lotes más pequeños, es inevitable que lleve a una venta forzada del terreno”, agrega Way.

Eso significa que un pariente lejano con un pequeño interés en un bien inmobiliario heredado puede presentar una acción de partición para, en esencia, cobrar su parte del patrimonio. Pero también significa que un desarrollador puede buscar a dichos herederos y comprar sus partes con la intención de solicitar la partición. En cualquier caso, la partición puede causar la venta forzada de toda la propiedad, a menudo en una subasta, por centavos de dólar, incluso si otros descendientes son residentes activos de la propiedad y se encargan de ella.

Mavis Gragg, abogada residente de Carolina del Norte y cofundadora de HeirShares, recuerda el caso de dos hermanos, de 18 y 23 años, con los que trabajó. Vivían en la casa de su abuela, donde se habían criado. Cuando la abuela murió, los hermanos se convirtieron en copropietarios de la casa con el viudo de ella, quien se mudó y se volvió a casar. El viudo presentó una acción de partición, pero los hermanos no podían permitirse el lujo de comprarle su parte. Como no era posible realizar una división física justa de la casa, “la acción de partición, en realidad, desencadenó la posibilidad de que los chicos se quedaran sin hogar”, dice Gragg.

“Tener leyes de herencia resuena con el sueño americano”, agrega. “Tener una propiedad, cuidar de la familia. Uno tiene mucha más autonomía cuando es propietario de un bien inmobiliario. Pero, nuestras leyes no alcanzan para garantizar el éxito de generación en generación”. (Escuche una entrevista con Gragg de 2024 en el pódcast Land Matters).

Títulos defectuosos

Si bien no siempre es así, los bienes inmobiliarios heredados suelen implicar una segunda vulnerabilidad: un título defectuoso o imperfecto, lo que significa que no hay un rastro legal registrado que muestre quién heredó la propiedad.

“Los titulares de bienes inmobiliarios heredados son muy susceptibles a las pérdidas”, dice Gragg. “Pero el verdadero desafío para la mayoría de las familias con bienes inmobiliarios heredados es que no tienen un historial de titularidad claro”.

Una persona que vive en una casa familiar heredada de algún modo experimenta la informalidad de la tierra. Cuando el nombre de un ocupante no coincide con el nombre que figura en la escritura de la propiedad y no puede probar la titularidad, “se enfrenta a la inseguridad de la tenencia, la falta de acceso al capital y las barreras para obtener un seguro u otras formas de protección”, dice Semida Munteanu, directora de Valoración e Impuestos en el Instituto Lincoln.

Si bien siguen siendo responsables del pago de impuestos y el mantenimiento de la propiedad, puede ser difícil para los ocupantes de bienes inmobiliarios heredados acceder a la asistencia, como los programas de exención de impuestos prediales diseñados para ayudar a los propietarios de viviendas de bajos ingresos a permanecer en sus hogares. Una exención por bien de familia, por ejemplo, puede reducir la carga impositiva predial de un titular ocupante en miles de dólares al año, pero solo si puede demostrar la titularidad.

“Los programas de exención impositiva están diseñados para evitar que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares por altas facturas de impuestos prediales, pero para poder participar en la mayoría de los programas es necesario cumplir con ciertos requisitos de titularidad de la vivienda”, indica Munteanu. “Cuando no se puede demostrar la titularidad por medios tradicionales, como una escritura registrada, es posible que no se pueda acceder a la exención”.

Y eso, explica Way, hace que los titulares de bienes inmobiliarios heredados sean más susceptibles a otra forma de pérdida de tierras: la ejecución hipotecaria por cuestiones impositivas. Al estudiar la prevalencia de los bienes inmobiliarios heredados entre las ejecuciones hipotecarias impositivas en Dallas y Fort Worth, Texas, Way encontró una conexión sorprendente: “En los condados de Tarrant y Dallas, más de la mitad de las ejecuciones hipotecarias impositivas prediales son bienes inmobiliarios heredados, lo cual es muy impresionante”.

Oportunidad perdida

Incluso si una propiedad no se vende por la fuerza a través de la partición o mediante la ejecución hipotecaria impositiva, los titulares de bienes inmobiliarios heredados pueden perder riqueza de otras maneras.

Por ejemplo, obtener un préstamo con garantía hipotecaria o un seguro de hogar, o vender la propiedad al valor de mercado es difícil con un título defectuoso. (La mayoría de los compradores y las entidades crediticias exigirán título perfecto). Cualquier acción significativa, como refinanciar la hipoteca o reemplazar el techo, requiere el consentimiento por escrito de cada heredero. Y es difícil acceder a préstamos para mejoras en el hogar o incluso a la mayoría de los programas de asistencia para la reparación del hogar cuando el nombre no coincide con el de la escritura. Eso puede hacer que sea más difícil modernizar o climatizar una propiedad, o realizar el mantenimiento necesario.

En teoría, una entidad crediticia podría extender un préstamo garantizado por los bienes inmobiliarios heredados, comenta Cassandra Johnson Gaither, científica social investigadora del Servicio Forestal de EUA. “Pero, en términos prácticos, no es probable que eso suceda”, agrega, cuando podría haber docenas de herederos en todo el país. “Porque el acreedor tendría que obtener el consentimiento de todos los cotitulares, y en muchos casos, eso es casi imposible de hacer, incluso si la entidad crediticia estuviera dispuesta a hacerlo”.

“Sabemos que uno de los impedimentos que enfrentan los titulares de bienes inmobiliarios heredados es poder conservar la propiedad y mantenerla en buenas condiciones”, indica Way. Los programas estatales y locales proporcionan miles de millones de dólares en asistencia para la reparación de viviendas a los propietarios de viviendas de bajos ingresos, “pero, en la gran mayoría de los casos, esos programas están fuera del alcance de los propietarios de bienes inmobiliarios heredados con títulos defectuosos”, agrega Way.

A menudo, eso solo es el resultado de la inercia normativa, explica, ya que las normas del programa se basan en la cautela razonable de los abogados que las redactaron. Pero Way añade que es importante considerar la interseccionalidad entre los bienes inmobiliarios heredados y otras cuestiones en nuestras comunidades.

“Si se restringe la capacidad de los propietarios de bienes inmobiliarios heredados para acceder a la asistencia para la reparación de viviendas, estos no podrán reparar o mantener las viviendas que, en última instancia, quedarán abandonadas y vacantes,” explica Way. “Y eso creará todo tipo de costos e impactos para las ciudades a largo plazo en términos de morosidad fiscal, costos de aplicación de códigos y costos de demolición”, agrega. “Entonces, eso no solo significa robarle a esa familia su mayor activo al no facilitar su capacidad de reparar o mantener su hogar, sino que también tendrá una ola de consecuencias y costos directos para las ciudades y las comunidades en forma de propiedades abandonadas y vacantes”.

Johnson Gaither destaca que muchos titulares de bienes inmobiliarios heredados cuidan muy bien sus parcelas. Pero la incertidumbre sobre el estado de la titularidad a menudo puede hacer que los titulares de los bienes inmobiliarios heredados se muestren reacios a invertir tiempo o dinero en una propiedad, lo que puede aumentar los riesgos para la comunidad en general, y no solo en las áreas urbanas.

“En términos generales, debido a las inseguridades en torno a este tipo de propiedad, es menos probable que los propietarios, si es que siquiera saben que tienen una participación por titularidad en la propiedad, inviertan en ella,” explica Johnson Gaither. “Si no invierten en la propiedad, tampoco podrán, por ejemplo, controlar los incendios forestales. No están despejando el sotobosque si tienen tierras forestales”.

El sistema legal estadounidense: a refaccionar

En la conferencia, los asistentes debatieron algunos de los esfuerzos en curso para remediar los problemas de bienes inmobiliarios heredados y qué más se puede hacer.

Un esfuerzo legislativo para abordar algunos de los peores impactos de las ventas de particiones es la Ley de Partición Uniforme de Bienes Inmobiliarios Heredados (UPHPA, por sus siglas en inglés), ahora adoptada por 26 estados e introducida en otros 5. En virtud de la UPHPA, cuando un heredero o cotitular solicita una partición, los cotitulares restantes tienen derecho preferencial, una oportunidad de organizarse y comprar la parte del solicitante individual. Si no es posible una compra, el tribunal debe tener en cuenta el valor sentimental y el legado familiar, y dar preferencia real a dividir la propiedad en lugar de venderla. Y, si se considera necesaria una venta, el valuador debe asignar a la propiedad un valor justo de mercado, y se deben vender en el mercado abierto y no en una subasta. Algunos estados han hecho más modificaciones en la ley: como en Nueva York, donde solo los herederos, no los inversionistas, pueden iniciar el proceso de partición.

Otra política que los estados pueden adoptar con facilidad es permitir que los titulares de bienes inmobiliarios heredados proporcionen una prueba de titularidad alternativa a fin de calificar para la exención del impuesto predial u otra asistencia. Por ejemplo, ahora Texas permite que los herederos presenten una declaración jurada con otros documentos como prueba de titularidad en la solicitud de exención por bien de familia.

Cuando se trata de exenciones por desastres, desde 2021, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha permitido que los titulares de bienes inmobiliarios heredados presenten una declaración de titularidad para acceder a los fondos de recuperación de asistencia individual. (Después del huracán Katrina en 2005, quedaron sin reclamar hasta USD 165 millones en fondos de exención por cuestiones de titularidad). Pero algunas exenciones a largo plazo se administran mediante subvenciones en bloque del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), que todavía no ha realizado dicho cambio, aunque algunos estados, como Texas y Luisiana, ahora aceptan declaraciones juradas y otra documentación como prueba de titularidad para estos fondos.

Los estados también pueden facilitar que los titulares transfieran su propiedad: esto se asemeja más a la designación de un beneficiario para un plan 401(k) que a la redacción de un testamento, lo cual implica procesos engorrosos y costosos para ambas generaciones. Para que un testamento sea válido, los herederos deben presentarlo a través de un tribunal en materia sucesoria, y esto puede llevar mucho tiempo y dinero, indica Francine Miller, abogada sénior de planta en el Centro de Sistemas de Agricultura y Alimentos de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont. “Existen herramientas, que varían según cada estado, para transferir bienes inmobiliarios sin necesidad de que haya un testamento de por medio,” agrega.

Ahora, más de 30 estados permiten una escritura de transferencia en caso de muerte (TODD, por sus siglas en inglés) o una escritura Lady Bird (llamada así porque se supone que el presidente Johnson usó este método para transferir propiedades a su esposa), donde “sin exagerar, se le puede firmar una escritura a una persona, y esta no entra en vigencia hasta la muerte y, entonces, no se necesita una sucesión”, explica Miller. “Es necesario presentarla en el registro de la propiedad para transferir el título, pero es mucho más fácil que una sucesión”.

Sobre la fe y los fideicomisos

Para que las reformas legales funcionen según lo previsto, deben considerar los aportes de las comunidades afectadas, dice Josiah “Jazz” Watts, director de Participación Comunitaria de la Iniciativa de Comunidades Vulnerables y estratega de justicia para One Hundred Miles. “Técnica y legalmente, se pueden hacer muchas cosas para ayudar a las personas, pero si no se entiende la dinámica de las familias, puede que todo sea en vano y podría no tener el impacto positivo necesario”. Por ejemplo, algunos residentes Gullah Geechee rechazaron un programa de préstamos en la Ley Agrícola de 2018, que aceptaba la propiedad heredada como garantía, ante la preocupación de que pudiera causar una mayor pérdida de tierras ancestrales.

Al investigar casos en los que los titulares de bienes inmobiliarios heredados habían pasado por el proceso de legitimación de títulos, Johnson Gaither escuchó opiniones similares. “Se supone que, una vez que se legitiman los títulos, las personas deberían poder ingresar al sistema económico convencional”, comenta Johnson Gaither. Si bien las personas con un título legitimado tenían, como era de esperar, más probabilidades de obtener préstamos, “varios de ellos no estaban interesados en obtenerlos”, añade. “No querían estar en una situación donde podrían quitarles su propiedad”.

Legitimar el título de una propiedad puede ser costoso, si es que es posible. Pew Charitable Trusts estimó que el costo promedio de subsanar un título defectuoso en Filadelfia es de USD 9.200. Las organizaciones de asistencia jurídica y las clínicas de las facultades de derecho pueden ofrecer a los herederos servicios gratuitos o con descuento, pero su capacidad y alcance son limitados. “Poder encontrar socios legales fuertes, abogados buenos y confiables, en pequeños pueblos rurales puede ser extremadamente difícil”, señala Watts.

Pero en algunas de las comunidades con las que trabaja a lo largo de la costa de Georgia, “tendrán una clínica de planificación patrimonial una vez al año”, agrega, con socios como Georgia Heirs Property Law Center, Georgia Legal Services o Atlanta Legal Aid. “Esas asociaciones son casos de éxito increíbles”, añade. “Nos hemos asociado con firmas de abogados privadas mediante sus departamentos pro bono y con excelentes abogados que han ayudado a las familias a asegurar sus propiedades y también a luchar contra reclamos infundados sobre las tierras familiares”.

Dicha educación y divulgación también es clave para evitar la creación de más propiedades heredadas. Por ejemplo, la Iniciativa sobre Derechos del Suelo, la Vivienda y la Propiedad de la Facultad de Derecho de Boston College se ha asociado con la Alianza de Vivienda Asequible de Massachusetts a fin de incluir una sesión sobre planificación patrimonial como parte del plan de estudios para nuevos compradores de vivienda de la organización.

Si bien la creación de un testamento o una escritura de transferencia en caso de muerte es un punto de partida importante para los propietarios, Gragg menciona que las formas de planificación patrimonial centradas en la entidad, como los fideicomisos en vida o las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), son más adecuadas para garantizar que la propiedad permanezca en una familia durante generaciones.

“Si pensamos en múltiples generaciones de titulares de bienes raíces, los testamentos individuales no bastan”, señala, porque solo se aplican a una única transferencia. Incluso si cada miembro de la familia hace un testamento, algo que rara vez ocurre, eso solo asegura el hogar para una generación. “Pensemos en las servidumbres de conservación”, explica. “La razón por la que las hacemos perpetuas es que queremos asegurarnos de que sucedan ciertas cosas con el paso del tiempo. Para eso, se requieren condiciones muy específicas: es una estrategia integral”. En lugar de depender de varias voluntades individuales, un modelo centrado en la entidad establece un plan para la propiedad en sí misma bajo un amparo individual más amplio.

Formar un fideicomiso o una SRL familiar es más costoso que un testamento básico, pero, según Gragg, son inversiones que valen la pena. “La realidad es que [establecer un fideicomiso] puede costar miles de dólares”, comenta Gragg. “Pero creo que pagar esos miles de dólares es mucho mejor negocio que perder cientos de miles de dólares en valor porque la propiedad se perdió por una partición”.

Puede ser difícil para las familias (y, en ese sentido, para los legisladores) debatir sobre la muerte y la incertidumbre del futuro. Sin embargo, los expertos en bienes inmobiliarios heredados dicen que estas conversaciones son fundamentales.

“Siempre les digo a las familias, en especial a las matriarcas y los patriarcas”, indica Watts, “que hoy, en este momento, tienen el poder de crear el legado que tendrá su familia. Por su nombre. Por su tierra”.

Jon Gorey es redactor en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Vista desde una casa en la isla de Sapelo, Georgia. En las últimas décadas, los descendientes de personas que estuvieron esclavizadas y establecieron comunidades en la pequeña isla a fines del siglo XIX han luchado por restablecer sus derechos sobre el suelo. Crédito: Wirestock/Alamy Stock Photo.

A fines de la década de 1980, Anne Whiston Spirn lanzó un “proyecto de investigación en acción” diseñado para explorar cómo las pequeñas intervenciones en el paisaje podrían ayudar a restaurar la naturaleza y reconstruir la comunidad en barrios de bajos ingresos en el oeste de Filadelfia. Se suponía que el proyecto duraría cuatro años. Casi cuatro décadas después, el Proyecto de Paisaje del Oeste de Filadelfia (West Philadelphia Landscape Project) sigue vigente, y ha cosechado esperanza y un entendimiento otorgado por la experiencia.

En Mill Creek y otros barrios de Filadelfia, el trabajo conjunto de estudiantes, residentes, paisajistas y otros actores locales creó focos estratégicos de diseño ecológico, por ejemplo, al convertir lotes abandonados en jardines comunitarios y espacios verdes que absorben las inundaciones, y luego vincularon esos proyectos al plan de estudios en las escuelas locales. Este enfoque liderado por la comunidad atrajo la atención nacional. Más cerca de su origen, el programa ayudó a inspirar el plan Green City, Clean Waters (Ciudad Verde, Aguas Limpias) de Filadelfia, a través del cual la ciudad instaló infraestructura verde, como acequias con árboles, jardines pluviales y extensiones con vegetación para aguas pluviales en las aceras en más de 1200 hectáreas de tierras públicas y privadas en toda la ciudad y, de esta forma, se redujo la escorrentía anual de aguas pluviales hacia los cursos de agua locales en más de once mil millones de litros.

En las comunidades históricamente desatendidas, donde los residentes deben tolerar una carga desproporcionada de riesgos climáticos y contaminación, agregar espacios verdes parecería una medida lógica para abordar desigualdades de larga data. Sin embargo, ocurrió algo más cuando el Proyecto de Paisaje del Oeste de Filadelfia tomó impulso. A mediados de la década de 2010, los precios de la vivienda en barrios como Mill Creek comenzaron a subir, al igual que el interés de los inversionistas institucionales, que tienden a aumentar el valor de los alquileres con mayor agresividad que los propietarios que no son inversores, según una investigación del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Al parecer, todas esas zonas verdes estaban convirtiendo al área más deseable para los inversionistas y más costosa para vivir.

Los espacios verdes no solo filtran y enfrían el aire circundante, sino que también absorben aguas pluviales y mejoran la salud física y mental. También está comprobado que aumentan el valor de las propiedades cercanas.

El aumento del valor puede resultar ventajoso para los propietarios de viviendas en barrios que han pasado años sin recibir inversiones, un fenómeno sistemático en las comunidades de color. Pero si bien beneficia a los propietarios, puede ejercer presión de desplazamiento sobre los inquilinos. En ciudades como Atlanta, Baltimore, Charlotte, Filadelfia y Seattle, alrededor de la mitad de las familias son inquilinas, mientras que en ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York esta cifra es de casi dos tercios.

“Me resultó impactante… la rapidez con la que se reemplazaron la desinversión, las plazas disponibles y los edificios abandonados con especulación y desarrollo”, menciona Spirn, que era profesora en la Universidad de Pensilvania cuando comenzó el proyecto en el oeste de Filadelfia y, ahora, enseña en el MIT. “En este momento, las comunidades en las que he trabajado, como Mill Creek, están bajo el asedio de especuladores y desarrolladores”.

Reverdecimiento sin desplazamiento

En un estudio de 28 ciudades norteamericanas y europeas que realizaron grandes inversiones en espacios verdes o adaptación climática entre 1990 y 2016, se concluyó que el reverdecimiento urbano fue un factor principal o contribuyente en el aburguesamiento de diversos sectores de la ciudad en 17 lugares. En Boston, Denver y otras ciudades, el reverdecimiento fue solo un factor que contribuyó al aburguesamiento. En lugares como Atlanta, Copenhague y Montreal, el reverdecimiento urbano se consideró el principal impulsor del aburguesamiento.

Por ejemplo, entre 2011 y 2015, el valor de las viviendas en un rango de 0,8 kilómetros de la vía verde Beltline de Atlanta, un circuito de 35 kilómetros de senderos y parques que conectan 45 barrios de la ciudad, aumentó entre un 18 y un 27 por ciento más que las propiedades en otras partes de la ciudad.

“Hasta que el reverdecimiento urbano sea tan generalizado que no haya un diferencial de precios por su presencia, tendremos que enfrentar el hecho de que es una comodidad a la que la gente responde con una suba de precios”, menciona Amy Cotter, directora de Sostenibilidad Urbana del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Existe una fuerte asociación entre los parques y las vías verdes a gran escala y el aburguesamiento, explica James Connolly, profesor asistente de Planificación en la Universidad de Columbia Británica y coautor del estudio de aburguesamiento verde y un documento de trabajo encargado por el Instituto Lincoln. “Es una comodidad muy visible y, al igual que ocurre con cualquier otra comodidad tan visible, como una nueva estación de transporte o un nuevo desarrollo de alto perfil, el reverdecimiento cambia los mercados inmobiliarios de la zona”, indica.

Los grandes proyectos como parques y vías verdes no son los únicos esfuerzos de reverdecimiento urbano que pueden impulsar el aburguesamiento. Los inversionistas y desarrolladores prestan atención a las inversiones municipales. E incluso las intervenciones más pequeñas, como jardines de lluvia y árboles en la calle, pueden interpretarse como indicios de un cambio cultural o económico.

“Algunas de estas intervenciones de infraestructura verde más pequeñas son solo pequeños jardines de lluvia o elementos ecológicos en la acera”, menciona Connolly; es decir, no significa que los mercados inmobiliarios estén reaccionando a una nueva comodidad de gran envergadura que está cambiando la dinámica de la comunidad. Pero al considerarlas en conjunto, “todas estas intervenciones diferentes pueden comenzar a producir una especie de cambio en la percepción”, agrega Connolly. “En Filadelfia, por ejemplo, podemos ver evidencias, ya que, al sumar las intervenciones de muy pequeña escala, se observa un alto nivel de correlación con los cambios en la dinámica racial y los cambios en el aburguesamiento en la ciudad”.

Todo esto significa que los residentes de comunidades históricamente marginadas pueden desarrollar un escepticismo justificado hacia los nuevos proyectos verdes, incluso cuando las intervenciones tienen la intención de mejorar un barrio o brindarle una mejor protección de los riesgos climáticos como las inundaciones o el calor extremo.

Durante los quince años posteriores a la apertura de Schuylkill River Park en el sur de Filadelfia, la mediana de los precios de las viviendas aumentó un 1.120 por ciento, la residencia en el barrio pasó de ser mayoritariamente negra a ser mayoritariamente blanca, y las instituciones culturales locales, como la Iglesia Bautista New Light Beulah, consideraron necesario cerrar o reubicarse, escriben Sterling Johnson, candidato a doctorado en la Universidad de Temple, y Kimberley Thomas, profesora asociada de Geografía en Temple. “Puede que los términos hayan cambiado desde principios del siglo XX, pero la administración medioambiental sigue pareciendo colonización para muchas personas negras de bajos ingresos”.

Y en Detroit, alrededor de una cuarta parte de los residentes se negaron a aceptar árboles gratuitos en las calles frente a sus casas: no por no entender los beneficios del dosel de árboles, sino debido a la persistente desconfianza en la ciudad, según un estudio realizado por Christine Carmichael, en ese momento, en la Universidad de Vermont.

Si las ciudades no reconocen y tratan con seriedad el potencial de desplazamiento causado por las intervenciones ecológicas, agrega Connolly, “lo que logramos es un apoyo político muy reducido para el reverdecimiento urbano, ya que muchas personas terminan pensando que no tiene sentido apoyarlo porque no está dirigido a ellas”.

Formulación coordinada de políticas 

La tensión entre el reverdecimiento urbano destinado a mejorar la calidad de vida y el desplazamiento económico que suele resultar es un problema que exige una planificación y formulación coordinadas de políticas. “No se puede tener seguridad residencial a expensas de la seguridad medioambiental, y no se puede tener seguridad medioambiental a expensas de la seguridad residencial”, explica Connolly. “Estos dos elementos no son negociables entre sí: ambos son necesarios”. También señala que el reverdecimiento urbano no siempre conduce al desplazamiento; en casi la mitad de las ciudades estudiadas, el impacto de el reverdecimiento en el aburguesamiento fue leve o nulo.

Una ciudad puede usar diversas herramientas de política específicas para ayudar a mitigar el desplazamiento al reverdecer un barrio. De hecho, las soluciones son similares al margen de la causa de la presión del desplazamiento, pero deben aplicarse en conjunto con las intervenciones verdes (o incluso antes).

Los fideicomisos de suelo comunitarios, por ejemplo, pueden ayudar a los residentes a obtener participación en la propiedad del barrio y garantizar la capacidad de pago permanente de la vivienda. Las medidas de estabilización de alquileres pueden controlar los aumentos de los precios del alquiler, por lo que los inquilinos no deben abandonar la comunidad por cuestiones de precio. Las leyes de “oportunidad de compra”, como las de Washington, DC, permiten que los inquilinos o las ciudades tengan prioridad para comprar una casa si un propietario decide vender. La zonificación inclusiva, los requisitos de vivienda asequible, las tarifas de los desarrolladores y otras herramientas también pueden ayudar a aliviar la presión del desplazamiento.

“No es solo un elemento, sino un conjunto de herramientas”, explica Isabelle Anguelovski, profesora de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Laboratorio de Barcelona para la Justicia Medioambiental Urbana y la Sostenibilidad (BCNUEJ), coautora del estudio y documento de trabajo sobre el aburguesamiento junto con Connolly.

“Depende tanto de los impuestos como de los incentivos”, continúa. “Vancouver tiene un impuesto a las viviendas vacías. Algunos estados, como Washington, tienen control de alquileres a un nivel estatal más amplio. Portland, Oregón, implementó lo que se denomina política de “derecho al retorno”, que está dirigida a residentes que sufrieron desplazamiento debido al aburguesamiento en las últimas décadas o la renovación urbana en la década de 1960”.

Se pueden aplicar otros impuestos y tarifas para desarrolladores a fin de construir viviendas sociales, generar subsidios para el alquiler o apoyar a pequeños comercios minoristas locales que, de lo contrario, podrían verse obligados a abandonar la comunidad que habitan hace un largo tiempo por cuestiones de precio. “A nivel local, si los impuestos se asignan con claridad de la manera correcta, las ciudades pueden usar esos fondos para comprar terrenos vacantes o edificios abandonados y transformarlos en viviendas sociales y públicas”.

Mientras tanto, los incentivos pueden tomar la forma de bonificaciones de densidad, que permiten que los desarrolladores construyan estructuras más altas de lo que se permite con la condición de que se reserven más unidades para viviendas con ingresos limitados, por ejemplo, el 30 por ciento del edificio. “A menudo, los municipios no logran obtener más del 10 o 15 por ciento”, según Anguelovski. “Sin embargo, es el turno de las ciudades en crecimiento que son atractivas para los desarrolladores. Así que no deberían tener miedo de ejercer presión sobre ellos, ya que son ciudades que tienen diversas comodidades que la gente busca”.

Reverdecimiento dirigido por la comunidad con intención de colaboración

Ninguna de estas intervenciones de desplazamiento es particularmente misteriosa o difícil de implementar, menciona Cotter. Pero hacerlo bien requiere la colaboración entre agencias que no suelen trabajar juntas: “La tarea del silvicultor urbano no es pensar en la estabilización de los alquileres”.

Es por eso que Connolly y Anguelovski, que presentaron una investigación para un próximo informe de enfoque en políticas en un taller del Instituto Lincoln en junio, indican que es esencial que las ciudades adopten un enfoque coordinado e intersectorial para el reverdecimiento. Incluso si el departamento de parques o la comisión de agua está tomando la iniciativa en una intervención ecológica en particular, explica Connolly, el esfuerzo también debería involucrar a otros departamentos clave de la ciudad, de modo que “la infraestructura ecológica se implemente con un plan de infraestructura de vivienda y transporte integrados”.

Barcelona demostró que este enfoque es posible, y quizás perfecto, durante la alcaldía de Ada Colau, indica Connolly. “Desde la oficina del alcalde, ordenaron que muchas de las agencias comenzaran a tener más conversaciones transversales sobre cómo la planificación de recursos existente se integra con otras dimensiones del gobierno y otras operaciones de la ciudad”, agrega Connolly.

“Es necesario intentar, en la medida de lo posible, evitar que estos dos elementos entren en conflicto, evitar que los desarrollos de la agencia de reverdecimiento dificulten que se alcancen las medidas de capacidad de pago de la vivienda”, agrega. “Solo se trata de debatir los dos temas en conjunto, lo que no significa rechazar la capacidad de pago de las viviendas ni rechazar el reverdecimiento: significa realizar esto de forma coordinada, además de incorporar elementos como apoyos sociales e infraestructura de transporte, entre otros… No digo que sea simple. Pero Barcelona tomó buenas medidas en pos de esto”.

Otro cambio más grande, casi filosófico, que Connolly cree que las ciudades deberían lograr es alejarse de un enfoque “oportunista” de el reverdecimiento, en el que las ciudades con objetivos climáticos o medioambientales específicos aprovechan cualquier oportunidad que tengan para agregar intervenciones verdes para avanzar en esos objetivos. Si existe la oportunidad de plantar algunos árboles o ponerlos en algún parque, lo hacen por reflejo, explica Connolly. “Pero esas oportunidades se crean por ciertas razones que, en general, están asociadas con el desarrollo. Entonces, si solo se tiene un enfoque oportunista para el reverdecimiento, siempre se vinculará el reverdecimiento con estos ciclos de desarrollo y ahí radica un desafío”. En cambio, recomienda adoptar un enfoque más intencional y general. “Incluso si no hay una oportunidad para el reverdecimiento, ¿cómo podemos crearla por nuestra cuenta?”.

Spirn, del Proyecto de Paisaje del Oeste de Filadelfia, que ha pasado gran parte de los últimos cinco años trabajando con sus alumnos en estrategias para prevenir el desplazamiento relacionado con el reverdecimiento urbano, está de acuerdo: “Es muy importante empezar a pensar en cómo ayudar a las personas a permanecer en sus hogares antes de comenzar a construir nuevos proyectos de infraestructura verde”, concluye. Y agrega que cualquier estrategia que una ciudad emplee en este sentido debe centrarse en los residentes. “La infraestructura verde debe ser algo más que el reverdecimiento. Tiene que tratarse de las personas”.

A algunos les preocupa que este enfoque, el reverdecimiento con más intención y con más aportes e intervención de los residentes empoderados de la comunidad, no pueda seguirle el ritmo a la urgencia de la crisis climática. “Existe la preocupación de que ser equitativos y respetar la autodeterminación implicará una peligrosa ralentización, y lo entiendo, pero también rechazo esa suposición”, indica Cotter. “Es un imperativo de la equidad que abordemos el cambio climático lo más rápido posible, porque las personas que más sufrirán son las poblaciones que siempre quedan marginadas, las mismas personas cuya autodeterminación y participación se ha visto socavada por los sistemas de racismo estructural”.

Si las comunidades pueden liderar la toma de decisiones frente al cambio climático, continúa Cotter: “No creo que sean más lentas. Creo que tendrían una perspectiva clara de lo que debe suceder, lo harían más rápido y encontrarían soluciones que en verdad reflejen las condiciones y las necesidades locales”.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Una calle residencial en el oeste de Filadelfia. Crédito: Ciudad de Filadelfia.