Topic: Meio Ambiente

El Premio Lincoln 2025 rinde homenaje al periodismo riguroso sobre el uso de suelo en América Latina

Por Jon Gorey, Fevereiro 11, 2026

En agosto de 1985, los residentes de Jaguaribara, una pequeña comunidad en el estado brasileño de Ceará, recibieron la noticia de que el gobierno pensaba inundar su ciudad.

La construcción planificada de la enorme represa de Castanhão y el embalse cercano inundarían la ciudad, y toda la comunidad tendría que reubicarse y reconstruirse a 50 kilómetros de distancia. Después de años de demora y resistencia continua, la orden de trabajo oficial se firmó en 1995; en 2001, los residentes tuvieron que decir adiós con gran dolor al lugar donde vivieron, amaron y crecieron, y mudarse a una comunidad nueva y planificada construida en suelo donado por los municipios cercanos.

En una serie de varias entregas para el Jornal Diário do Nordeste llamada “Castanhão: 30 años”, la periodista Thatiany do Nascimento Pereira rastreó las diversas historias de angustia, activismo comunitario y reconstrucción colectiva que surgieron de una decisión de uso del suelo tan compleja y a gran escala. Las casas, los recuerdos y los monumentos públicos quedaron atrás, pero también quedó atrás gran parte de la segregación económica histórica de la ciudad, dado el lienzo en blanco de una nueva comunidad planificada.

En noviembre, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo honró a do Nascimento Pereira con el primer lugar del Premio Lincoln 2025 (Premio Lincoln) al Periodismo sobre Políticas Urbanas, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, en COLPIN 2025, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. La 16.ª edición anual de COLPIN, celebrada en Buenos Aires, marcó el cuarto año en que se entrega el Premio Lincoln como parte de la conferencia.

El segundo lugar fue para dos investigadores nicaragüenses por “Las ‘casas fantasmas’ del programa habitacional insignia de los Ortega-Murillo”, que documentó promesas incumplidas y millones de dólares faltantes en el plan de vivienda del gobierno. Debido a su trabajo, que destaca las prácticas corruptas del régimen político, los periodistas nicaragüenses ahora viven en el exilio en Costa Rica.

Massiell Largaespada, del Equipo Divergentes y Connectas, Nicaragua, recibe el Premio Lincoln al Periodismo sobre Políticas Urbanas, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en segundo lugar en la ceremonia de COLPIN en noviembre. Crédito: IPYS/COLPIN.

El tercer lugar fue para Mary Triny Zea Cornejo por su historia “Reubicación de una población desplazada por el aumento del nivel del mar amenaza importante área protegida”, que exploró la reubicación masiva de 300 familias de la isla Cartí Sugdup en Panamá. Los tres principales ganadores participaron en un panel de discusión en COLPIN, y otros cinco proyectos recibieron menciones honoríficas.

Entre los 266 artículos, provenientes de 19 países, publicados en una amplia variedad de medios, que incluyen videos y visualizaciones interactivas de datos, el cambio climático y la gestión del agua fueron temas repetidos, indica Laura Mullahy, gerente sénior de programas del Instituto Lincoln.

En particular, el cambio climático se convirtió en “un tema transversal, asociado con la minería, eventos climáticos extremos como huracanes, olas de calor, inundaciones, y crisis hídricas que afectan a ciudades y regiones”, agrega Mullahy. “Muchos de los artículos vinculan la conservación del suelo y la gestión del agua con megaproyectos de infraestructura, turismo y otros medios de transformación de áreas protegidas”.

Mullahy también destaca un aumento en los artículos que ven los esfuerzos de planeamiento urbano a través de la lente de la segregación, la vivienda o los asentamientos informales, donde el enfoque no está en la práctica en sí, sino en los efectos “como el desalojo, el aumento de los costos del suelo y la vivienda, y la desigualdad en el acceso a los servicios”.

El arquitecto Miguel Jurado forma parte del comité de selección del Premio Lincoln desde el principio; su función es revisar cientos de artículos que se presentan al concurso cada año, y destaca que la profundidad de las obras presentadas ha madurado en ese período. “Del énfasis inicial en conservación y cambio climático se avanza hacia tramas que conectan clima, territorio, desigualdad y estructuras económicas”, indica.

Centrado en el uso del suelo y cómo funcionan las ciudades, el Premio Lincoln “abrió nuevas tendencias temáticas para el periodismo investigativo en la región”, comenta Adriana León, del IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), con sede en Lima, Perú, que organiza COLPIN. “Para el IPYS y para la COLPIN, el Premio Lincoln es un aporte esencial en el objetivo de contribuir al ejercicio del buen periodismo”.

Personas sentadas en la conferencia COLPIN levantan sus brazos y sonríen.
Los asistentes a la conferencia COLPIN participan en una actividad inspirada en TikTok para romper el hielo. Crédito: IPYS/COLPIN.

A continuación, encontrará los ganadores del Premio Lincoln 2025 al Periodismo sobre políticas urbanas, desarrollo sostenible y cambio climático, junto con enlaces a su trabajo (vea los ganadores de 2024 aquí).

Ganadores del Premio Lincoln 2025

Primer premio: Thatiany do Nascimento Pereira, Brasil, por la serie “Castanhão: 30 años desde que comenzó la construcción”, publicada en el Jornal Diário do Nordeste.

La narrativa de múltiples ángulos reflexiona sobre cómo la construcción de la represa más grande de Brasil, iniciada hace tres décadas, transformó para siempre la ciudad de Jaguaribara en el estado nororiental de Ceará, e inundó por completo la ubicación original. Mediante la combinación de recuerdos, fotografías antiguas y los testimonios de quienes vivieron este desplazamiento, la serie explora las tensiones sociales, políticas y culturales que surgen del proyecto, y revela el dolor de la pérdida, pero también las formas en que la comunidad resistió y reconstruyó su identidad a pesar del desplazamiento.

Segundo premio: Equipo Divergentes y Connectas, Nicaragua, por “Las ‘casas fantasmas’ del programa habitacional insignia de los Ortega-Murillo”.

El gobierno nicaragüense había prometido construir 50.000 viviendas para 2026, pero ahora informa que solo se entregarán 6.000 en todo el país. Mediante imágenes satelitales, los investigadores nicaragüenses demostraron que el plan de vivienda de Managua solo se había completado en un 27 por ciento, a pesar de las afirmaciones oficiales de que toda la inversión se había desembolsado por completo. Eso deja un déficit de USD 30 millones y más de 4.000 viviendas sin construir en los dos desarrollos planificados. La investigación también reveló que el financiamiento del Banco de Fomento de la Producción (BFP) y bancos privados implica tasas de interés cercanas al 10 por ciento anual, lo que significa que, durante 25 años, una familia terminará pagando más del doble del valor de la casa. Esta situación, que ocurre en medio de retrasos de tres a cuatro años en la entrega, benefició a las empresas afiliadas al régimen político.

Tercer premio: Mary Triny Zea Cornejo, Panamá, por “Reubicación de una población desplazada por el aumento del nivel del mar amenaza importante área protegida”, publicado por Mongabay Latam.

Panamá llevó a cabo la primera reubicación masiva debido al aumento del nivel del mar en América Latina, y trasladó a 300 familias de la isla Cartí Sugdup, la isla más poblada del archipiélago indígena Guna Yala, al continente. Sin embargo, el nuevo asentamiento afecta a 11 hectáreas de bosque dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, una de las áreas protegidas más importantes del país. Este artículo reveló que el estudio de impacto medioambiental omitió los efectos a largo plazo sobre la biodiversidad y la amenaza a la identidad cultural del pueblo Guna. Aunque el gobierno presenta la reubicación como un “proyecto emblemático para la adaptación al cambio climático”, los expertos advierten que su implementación fue defectuosa y podría exacerbar la degradación medioambiental.

Mención de honor 1: Jorge Dett, Perú, por “ Vecinos afectados por construcción de viviendas sociales en distritos urbanos ¿Negocio encubierto?” para Latina Televisión.

Los distritos de la capital peruana de Lima, como San Isidro, Surco y Miraflores, conocidos por sus altos precios inmobiliarios, ahora cuentan con edificios con unidades de hasta 40 metros cuadrados, resultado de la implementación de una nueva Ley de Viviendas de Interés Social. Esta legislación permite la construcción en áreas previamente restringidas, lo que llevó a un aumento desproporcionado y no regulado en la construcción y densificación de edificios debido a regulaciones poco claras y, en ocasiones, contradictorias.

Mención de honor 2: María Luzdary Ayala, María Gabriela Ensinck, María Belén Galeano, Eirinet Gómez, Sergio Rincón, Judith Scheyer, Flávia Schiochet, Kennia Velázquez, Ahiana Figueroa, Maximiliano Manzoni, Juan David Olmos y Suhelis Tejero, CONNECTAS, PopLab (México), EcoGuia (Colombia), O Joio e o Trigo (Brasil), Argentina + Sustentable (Argentina), Consenso (Paraguay) y TalCual (Venezuela), por “Agua por ultraprocesados: un mal negocio para América Latina”.

Este informe colaborativo revela excesos, abusos e inequidades en el volumen de agua otorgado a través de concesiones a industrias de alimentos ultraprocesados en las cuatro economías más grandes de América Latina. La investigación encontró que las regulaciones débiles, los controles inadecuados y el cabildeo corporativo se combinan para facilitar el consumo excesivo de agua, a menudo a precios muy bajos, en áreas que ya experimentan una grave escasez de agua. Esta situación agrava el problema de la desigualdad del agua para las comunidades vulnerables.

Mención de honor 3: Judith Herrera Cabello, Chile, por “Cambio climático: ¿cómo podría influir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las políticas que tomen los países?”, publicado por la Revista Hiperlatidos, Chile.

Este informe examina la opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las responsabilidades de los gobiernos nacionales en el abordaje del cambio climático y el impacto en sus territorios y ciudadanos. El artículo se centra en dos temas principales: el proceso ante la CIDH y sus posibles efectos en las políticas públicas de los países involucrados; y los impactos del cambio climático en Chile, como la sequía, los incendios forestales y el aumento de las temperaturas.

Mención de honor 4: Kenneth Andrei Pérez y Arturo Contreras Camero, México, por “¿Dónde vamos a vivir?” para Capital 21.

A través de experiencias personales y análisis de expertos, esta serie de videos de seis episodios explora los fenómenos que impulsaron los precios de la vivienda en la Ciudad de México en los últimos años. La serie busca explicar, desde una perspectiva tanto internacional como nacional, cómo se transita la crisis de la vivienda en esta ciudad, así como las posibles soluciones o alternativas que existen para analizarla.

Mención de honor 5: Neil Marks, Guyana, por “Billions in Carbon Revenues Helping Amerindian Communities with Economic, Social, Cultural Advancement (Miles de millones en ingresos por bonos de carbono para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades amerindias)”, publicado por Newsroom Guyana.

Guyana obtiene ingresos por la preservación de su selva tropical, que cubre más del 85 por ciento del país, y en un solo año pudo distribuir más de USD 3.800 millones en fondos de créditos de carbono a 232 comunidades indígenas como parte de su Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (Low Carbon Development Strategy, LCDS 2030).  Este informe detalla cómo el pueblo indígena de River’s View reconstruyó un muelle y espacios culturales a través del programa. Si bien algunas organizaciones expresaron su preocupación por la transparencia y la participación genuina en la gestión de estos recursos, según el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI), las comunidades deciden por sí mismas cómo invertir los fondos en infraestructura, educación u otras áreas de progreso económico o cultural.


Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: El embalse creado por la represa brasileña Castanhão, cuya construcción forzó la mudanza de una comunidad entera hace 30 años. Una serie reciente que explora ese desplazamiento ganó el primer lugar del Premio Lincoln annual para periodismo sobre el uso de suelo en América Latina. Crédito: Viktor Braga vía Flickr CC.

From AI to the Future of Work: Trends in Planning

February 19, 2026

By Anthony Flint, February19, 2025

Urban planners want to try to figure out what’s coming in the future, just like everybody else. But it might be said that those in the planning profession have a special obligation to be alert to all the different scenarios they can possibly anticipate, given that so much of what they do is to … well, plan ahead. 

The pace of change has been especially dizzying recently, as artificial intelligence, social media, and other related technological advances continue to transform fields of practice and the day-to-day functioning of communities  across the world.

The 2026 Trend Report, by the American Planning Association, curated in partnership with Lincoln Institute of Land Policy, was published last month as one way to prepare for uncertainty and navigate these careening developments.

“People fear that they might get replaced by AI, because it seems to be developing so fast,” said Petra Hurtado, APA’s chief foresight and knowledge officer, who shared key takeaways from the Trend Report on the latest episode of the Land Matters podcast. “We will have to upskill and learn more about how these AI tools work, and how we can effectively and also ethically and responsibly use them in our work.”

The APA is a professional organization with some 40,000 members, helping guide practitioners in their work, whether at city halls or in private consulting or other platforms informing the development of the built environment.

Over the years, APA has built a framework of categories of emerging trends that have included housing, climate change, economic development, transportation, work and the workplace, and technology. But the tumult of the past year, APA says, has introduced changes and related uncertainties in almost every area of planning. Environmental deregulation is on the rise, instances of political violence are increasing, community safety is at risk on a number of fronts, and the growing use of AI companions are changing how people engage with one another. And these changes are occurring, APA says, against a backdrop of institutionalized disinformation that has made trust more tenuous.

The disruption and promise of artificial intelligence have been front and center in urban planning and government. At the US Conference of Mayors recently, Boston Mayor Michelle Wu said AI was being used to streamline permitting, so among other things more housing can be built faster and less expensively. Tim Kelly, the mayor of Chattanooga, said the city sought to “reframe AI as a productivity tool that makes our teams’ jobs easier.” For him, the bottom line is  “getting to better solutions, faster.”

The conversation also turned to the advent of smart cities technology to manage traffic, facilitate signals for bus lanes, and manage autonomous vehicles. Technological advances are further shaping the future of work and the workplace, which have broad implications for entry-level jobs and time spent in offices in downtowns.

Tech trends are having an impact on tourism, an $11 trillion industry representing 10 percent of the global economy, according to the report. Online influencers are overwhelming formerly off-the-beaten-path places, Hurtado said, as visitors flock to spots publicized on Instagram and Tik-Tok. Short-term rentals under platforms like Airbnb, meanwhile, are making housing less affordable for locals in heavily visited cities such as Barcelona.

Another important story over the past year has been increasing tensions between local governments and the federal government, amid funding cuts, diverging policy priorities, and a flurry of lawsuits and pre-emption. “Federal agencies have increasingly used funding conditions and project cancellations as tools to influence local and state policies,” according to report contributor Nestor Davidson from Harvard Design School, who also discussed this emerging dynamic at a workshop for journalists at the Lincoln Institute recently.

Complicating matters, Hurtado said, is diminished agreement on facts, as researchers and policymakers see “entire datasets disappearing from the internet, essentially.”

The 2026 Trend Report can be downloaded in full at planning.org/foresight. The webinar explaining the details of the report is also at APA’s YouTube channel.

Listen to the show here or subscribe to Land Matters on Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube, or wherever you listen to podcasts.

 


Further Reading

2026 Trend Report for Planners | American Planning Association

2026 APA Trend Report Launch: Embracing Uncertainty | YouTube

Seven Need-to-Know Trends for Planners in 2026 | Land Lines

The Role of AI in Modern Urban Planning | Vu City News

Google updates Mayors AI playbook for smarter cities | Axios

The Geography of Work Is Shifting—Here’s What the Research Shows | Bloomberg Center for Cities

Crowds, chaos and counteractions: How TikTok became the enemy of small destinations | Euronews

  


Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines. 


Transcript

Anthony Flint: Welcome to the first episode of Season 7 of the Land Matters podcast — hard to believe we’ve been producing this show for that many years. I’m your host, Anthony Flint. Well, planners want to try to figure out what’s coming in the future just like everybody else, but it might be said that those in the planning profession have a special obligation to be alert to all the different future scenarios they can possibly anticipate, given that so much of what they do is, well, plan ahead. That’s why one of the things we really look forward to each year is the trend report by the American Planning Association.

The APA is a professional organization with some 40,000 members helping guide practitioners in their work, whether at city halls or in private consulting or other platforms, all informing the development of the built environment. The trend report is described as a way to prepare for uncertainty and navigate change. It’s a smart compilation of trends that allows communities to stay a step ahead of the issues driving that oftentimes dizzying change. With us today is Petra Hurtado from the American Planning Association to walk us through the 2026 Trend Report, which I should note is curated in partnership with the Lincoln Institute of Land Policy. Petra, welcome to the Land Matters podcast.

Petra Hurtado: Hi, Anthony. Thanks so much for having me.

Anthony Flint: Well, looking at these trends, APA has, over the years, built up a framework of categories that have included housing, climate change, economic development, transportation, work in the workplace, and technology. This past year, APA says, has introduced changes and related uncertainties in almost every area of planning. So much to get into, but let’s dive right in and start with all things digital, the most omnipresent story of our times, it seems, and that’s artificial intelligence. Obviously, AI is being used in so many fields, including government, these days.

At the US Conference of Mayors recently, Boston Mayor Michelle Wu said AI was being used to streamline permitting, so among other things, more housing can be built faster and less expensively. The city of Chattanooga jumped into action, deploying a number of AI pilot use cases, including making Google’s AI assistant Gemini available to all city employees for daily use, training Gemini to help city employees find answers in Chattanooga’s codes and ordinances, and expanding a smart traffic management system across the city.

Tim Kelly, the mayor of Chattanooga, I think, summed it up pretty well when he said the city sought to reframe AI as a “productivity tool that makes our team’s jobs easier.” For him, the punchline is “getting to better solutions faster.” Petra, what are some of the examples of how AI is being used in planning, and what applications might there be in the future?

Petra Hurtado: In our first trend report, which was just in 2022, we were struggling to find these use cases, and we started to talk about AI, but it was still this abstract thing that no one really understood. This year, we had exactly the opposite problem because this year, we actually included a few of these examples of how different municipalities and different planners use AI in their work. It can be using chatbots for customer service. Some places start having their custom-tailored GPTs. There’s also examples of how you can do law enforcement or traffic regulations enforcement, traffic management with different AI tools.

I can really say today, the sky’s the limit. Obviously, what’s on us right now is to monitor and see what are the things that work well, what are some of the issues that we see, and how can we improve some of these tools. I really like the framing that you just mentioned in terms of having it as a productivity tool, because obviously, a lot of people currently also have the fear of getting replaced by some of this. We’re creating a platform that will soon be online on the APA website to showcase all of these different cases. I think in the report, we have about nine this year, just as examples, but there will be more soon.

Anthony Flint: It’s really here to stay. It’s just part of the profession now, is that right? I have a friend who is the chair of a local planning commission, and he was appointed to a task force charged with coming up with an outdoor lighting bylaw. He said he asked ChatGPT for a summary of all the lighting ordinances in the surrounding communities. It was just amazing. It was just instantly packaged up. All the parameters, the feasibility, the issues, the legal challenges they ran into. It’s just the speed and the packaging that’s so remarkable — summing up what others have done and pointing towards what a good ordinance would look like.

Petra Hurtado: I think the important piece is really the human oversight because we do have to look into the content, for example, in this case, that these tools give us, and we can’t just take it and roll with it. We really need to question the things, verify. I don’t think that these tools are in a place yet where they can just really take over and do it all for us, and we can just go on vacation. The human oversight is still very important, and obviously, questioning where does the data come from, what’s actually feeding into the system, where all of this is coming out of.

Anthony Flint: It’s a whole new frontier. Well, let’s turn to some of the other themes, many of them actually related to technology. Let’s start with what’s in store for the future of work and the workplace.

Petra Hurtado: We can stay with AI for a little bit here because that’s really the big fear, as I mentioned earlier, that people fear that they might get replaced by AI because it seems to be developing so fast. When you look into the future, it’s good to look into the past and learn from what happened in the past. When you look at any technology innovation since the Industrial Revolution, there has always been the big fear of global mass unemployment, and it never really happened. The only times when larger numbers of people from one profession lost their jobs was when those jobs really just had one or two tasks, and the task got replaced by a technology.

Looking at planning, I’m not very worried because our work has many different tasks, and especially the human component that for sure won’t be replaced by a machine anytime soon, might actually just gain more importance, and we might be able to get rid of some of the tasks that are repetitive. What we also saw in our research is that, well, first of all, technology also creates new roles, new tasks, new things that we need to learn so we can actually use the technology. We will have to upskill and learn more about how these AI tools work and how we can effectively, and also ethically and responsibly, use them in our work.

In addition to that, we also looked into some questions in terms of when will we reach peak productivity, for example, because you mentioned it, AI can be a productivity tool. At the same time, I think since the 1940s, we’ve been working 40-hour work weeks, and in the meantime, we invented computers, internet, and now AI. At some point, someone might raise the question of when will we work less because of all of these tools that we have.

We saw during COVID some of these four-day work weeks popping up for some organizations and companies. A lot of them actually kept that because it created the same productivity while obviously giving more, a better life-work balance, if you want to call it that. That’s a big question that I think that at some point, society we will have to ask ourselves. Do we want to increase productivity even more, or do we want to increase the quality of life with these tools? A couple of other things that we looked into when it comes to the future of work. One big question right now, also in the context of AI and some of these new technologies, is what’s the future of entry-level jobs?

A lot of the tasks that entry-level planners, but also other professions, are doing are exactly what AI can do. When I think of an entry-level job and planning, a lot of it has to do with putting data into Excel sheets, maybe doing some analysis, doing some basic research. There’s an opportunity to rethink how we work with young people entering the profession and how we can actually leverage their passion, their drive, their technology, literacy, as well as their outside-of-the-box thinking. They come in with very different perspectives. That’s, I think, a big discussion that we all have to have to create meaning for these jobs.

We also looked at where leadership roles might be going in the future. There was a quote from the CEO of Salesforce who said, “The current CEOs are the last generation of CEOs who manage an all-human workforce, because we have AI agents come into our teams, and a leader of tomorrow really will have to understand how they can lead hybrid teams, meaning teams that have human beings as well as AI agents in them.”

Maybe the last point about the future of work, something that we’ve been talking about for the last few years. We see it more and more is skills-based hiring, and really the idea of disconnecting work from job descriptions, acknowledging that the world is getting more and more complex, and legacy job descriptions don’t really connect anymore with what work looks like today. Instead of creating job descriptions, really looking at the different skills and talents of the individual and using that in our work in a productive way that can actually create way more meaning and value than our legacy job descriptions might.

Anthony Flint: The reason this is important is that ultimately it reflects how cities are going to function, and the local economy, and downtowns.

Petra Hurtado: Absolutely. We had some examples from the past where entire communities had the fear of displacement and job loss because they were very focused on one industry. There’s mining towns where, as soon as the mine was closed, the majority of people lost their jobs, or during the Industrial Revolution, when the loom was invented, and then the hand weavers were replaced by that.

Something that we’ve been talking about in economic development forever, I would say, is the diversifying what types of industries you have in your community. Then, on the other hand, what’s really more and more important is really this upskilling. What you learn in school is important, but you need to continuously learn and adjust to the new environment, to the new technologies, to the new ways of doing things. I think that’s equally important to any profession out there.

Anthony Flint: Another category is described as the colliding of online and offline. What did your team mean by that?

Petra Hurtado: Yes. That’s really a very serious topic, and I’m not sure if we talk enough about it. It’s really about how certain conversations and certain behaviors in our online world, in our digital life, if you want to call it that, really impact how we behave offline in our real-world life. We have several examples on that really scattered throughout the report, one of which most people probably have heard about, mass tourism, which really gets results from online influencers that tell us where to travel. Where to eat, what to do, all of that. Obviously, the communities that are affected by that struggle, and that’s a very direct planning issue.

There’s many other items. One of really big concern is, for example, how we deal with violence online. A recent example is when, for example, the CEO of United Healthcare was killed, and there were online platforms that made [the alleged assassin] a hero, essentially. What does that do to our society and how we think about violence? We’ve seen some numbers, some recent numbers, how the comfort with violence has been increasing, especially in the US, and how that really comes out of maybe online being anonymous, being able to say whatever you want to think without being scared that someone might criticize you. Then that translates into our offline behavior, and that’s really a concern.

Another topic that we looked at are things like how people who feel lonely in the real world look for help and maybe companions in the online world. There are AI companions. Some are for friendship. Others use them really as a romantic relationship. There are places now that have laws in place that prohibit marriage with AI companions. Also, AI therapy is something … We’ve seen studies that say that it actually is just as effective as a real therapist. For us, it always comes down to what is that going to do to society, meaning also what does it do to the community that we, as planners, work with?

Then ultimately, the other thing that I see as a big concern there is all of these online interactions also lead to your personal data being collected by some company, whoever it is that owns that platform that you are using for your AI companion, your AI therapist, whatever it is. I see a big issue with data privacy and data protection there because I think most people are not aware of that, and just share extremely personal things with these platforms. In the end, we don’t know what the companies that own these platforms then will do with those. At this point, there are not enough privacy protection laws and data protection laws in place that can actually protect these people.

Anthony Flint: Well, let’s turn to one last tech trend, traffic, public transit, and autonomous vehicles. There’s a lot of interesting reading in the report. Seems to be some promising outcomes at hand, something as simple as managing bus lanes and traffic signals, but also the way robotaxis and Waymo might reduce the need for parking, which can affect the physical landscape of our cities and towns. Also, plenty to worry about as well. What are some of the observations you made about mobility and the future of public transportation?

Petra Hurtado: Personally, I’m very skeptical with the whole autonomous vehicles topic because we’ve been talking about this for so long now, and they’re still not operating the way we thought they would. There are more and more pilots popping up, and obviously, Waymo is operating in some places in the US already. Obviously, there’s still the missing piece of making it really operational in a way that it’s becoming mainstream like other transportation systems. I do think that they could really create an opportunity to close some of the gaps that we have in public transit and elsewhere.

Of course, as long as they’re operated by private companies with the main goal of creating profit, we’ll see how that’s going to go. I know that in previous studies a few years ago, we also looked into what you just mentioned in terms of we might need less parking and traffic might become more efficient because these AVs will just circulate town, and we hop on and get off however it fits. One thing that we looked at is this intersection of transit and autonomous vehicles in terms of, can it really be a means of closing gaps — or will it be a competitor? We also put some future scenarios on that in the report this year.

That obviously also in the context of where public transit is right now. I think most of us know that it’s been struggling in the US since COVID. The numbers of ridership had been going down during COVID and then have not really recovered, just in some places, but in most places they did not. Then, during the Biden administration, there was really a funding boost for these systems, which now, with the current administration, we’ll see where that’s going to go. It’s a very car-centric approach, it seems like, of the current administration. A lot of these communities that thought they could expand their systems or improve the quality are left with uncertainty right now, not knowing where to take the funding from. It’s been not the most positive development in the last few years with transit.

Anthony Flint: That’s a good segue … in terms of funding and the federal government, you always look at the interplay between cities and towns and state, and especially the federal government. This past year, that relationship has certainly grown more contentious. We see diverging priorities, promises to cut off funding for things like rental assistance. Not only that, there’s so much conflict and lawsuits and counter lawsuits and preemption. The federal government calls back the deployment of clean energy wind turbines; the Utah state legislature has a bill that tells Salt Lake City they can’t do complete streets.

At the Lincoln Institute, we recently held a workshop for journalists featuring Nestor Davidson from the Harvard Design School, who makes a cameo in the Trend Report documenting just how bare-knuckled things have become. We don’t have to get into the details of preemption, but it does raise the basic question: Looking at all this, how in the world can cities and towns navigate this more adversarial environment?

Petra Hurtado: That’s the million-dollar question right now. In the report, we look at really many different items related to this, be it policy changes, shifts in funding priorities, also data and misinformation, entire datasets disappearing from the Internet, essentially, as well as community safety. All of that is really impacted right now. What’s important for us to mention is that those are not really trends yet. They’re signals. There’s obviously a shift happening right now, and it’s important to really stay on top of it and be informed about it.

At the same time, it’s also important to look at what else is happening around that. For example, with the data question, there are now private nonprofits that create new databases or use that data that used to be hosted by the federal government and provided otherwise. There’s a lot of movement coming from other places to really provide all of that, but the big question obviously is who can provide the funding that the federal government used to provide. When it comes to preemption, the problem right now is that it’s becoming more and more politicized, and used as a political weapon, if you want to call it that.

Anthony Flint: Finally — and a reminder, there are several more fascinating topics in the trend report, we’re just delving into some of the many topics — but I was interested to read the section about tourism. I want to come back to … you actually started to talk about it earlier. I don’t think I appreciated how much of a cornerstone it is for so many communities around the world. An $11 trillion industry representing 10% of the global economy. Travel and tourism — it’s a good thing generally, but we’ve seen it also creates tensions. Think about Barcelona and this notion of over-tourism and short-term rentals. Can you talk about travel and tourism and what we might see in the future?

Petra Hurtado: There have been many different developments over the last few years and potentially decades in some cases, but we really thought this year we want to take a deeper dive into this topic because it affects a lot of planners. One of the big topics is how social media is impacting tourism. You mentioned over-tourism. A lot of times, that really results from online influencers, people that essentially show up on our social media feeds, be it Instagram, TikTok, or you name it. Share their pictures, their selfies of beautiful places, and tell us, yes, you should travel there, or of restaurants, and tell us, yes, you should eat there.

With the popularity of social media and really the way it influences what we do, it created these masses of tourism that go to the places that are being talked about. That’s one big thing. In addition to that, there’s obviously more and more places also that really hire these influencers to specifically advertise their places. In a lot of cases, and we mentioned some examples from Italy, in the report, for example, where smaller villages just can’t handle the numbers of tourism anymore, and so it’s really becoming a problem, and some places are getting more and more creative on how to limit the numbers of tourists and otherwise .. of course, for many of these places, it’s also an important economy and really the main driver of their economy.

Then the other thing, looking back over the last few years, what has impacted tourism a lot are things like short-term rentals, Airbnb, those platforms that allow now private people to rent out a room or the place that they live in. It’s become a problem in two ways. On the one hand, it obviously creates more places for tourists to come and stay, but it also creates an issue with the housing market in those places, really raising the housing prices. You mentioned Barcelona. That’s obviously one of the examples where that is really a big issue right now because the locals can’t afford to live there anymore, and there’s less and less places available for rent because they all become short-term rentals.

Anthony Flint: All right. Well, like I said, we could go on, but that was a pretty good sampling of what’s in the report. Petra Hurtado, thank you for taking this whirlwind tour of all the trends that we’re all going to encounter in the planning profession and beyond.

Petra Hurtado: Yes, thank you so much for having me, and yes, would really recommend to all the listeners to take a look.

Anthony Flint: You can find the 2026 Trend Report at planning.org/foresight. APA’s social media handle is @APA_planning. There’s also a recorded webinar that is at that website. It’s very nicely done, where different folks from the team put the spotlight on these various topics. You can also find it at the American Planning Association’s YouTube channel. Pretty easy to find. Just search for it. I guess now you can just ask Gemini! The Lincoln Institute website is lincolninst.edu, and our social media handle is @landpolicy. Please go ahead and rate, share, and subscribe to the Land Matters podcast. For now, I’m Anthony Flint signing off, until next time.

Read full transcript

Lincoln Institute Presents Fourth Annual Award for Rigorous Land Policy Journalism in Latin America

By Jon Gorey, Fevereiro 11, 2026

In August 1985, residents of Jaguaribara, a small community in the Brazilian state of Ceará, received word that the government intended to drown their town.

Planned construction of the massive Castanhão dam and reservoir nearby would flood the town, and the entire community would have to be relocated and rebuilt 50 kilometers (31 miles) away. After years of delay and ongoing resistance, the official work order was signed in 1995; by 2001, residents had to say wrenching goodbyes to the place they had lived, loved, and grown up in, and move to a brand-new, planned community built on land donated by nearby municipalities.

In a multipart series for Jornal Diário do Nordeste called “Castanhão: 30 Years,” journalist Thatiany do Nascimento Pereira traced the many stories of heartache, community activism, and collective rebuilding that emerged from such a complex, large-scale land use decision. Homes, memories, and public landmarks were left behind in the move—yet so was much of the town’s historic economic segregation, given the blank slate of a new planned community.

The Lincoln Institute of Land Policy honored do Nascimento Pereira in November with the top prize in its 2025 Lincoln Award (Premio Lincoln) for Journalism on Urban Policy, Sustainable Development, and Climate Change, at COLPIN 2025—the Latin American Conference for Investigative Journalism. The 16th annual COLPIN, held in Buenos Aires, marked the fourth year the Lincoln Award has been offered as part of the conference.

Second prize went to a pair of Nicaraguan researchers for “The ‘Ghost Houses’ of the Ortega-Murillo’s Flagship Housing Program,” which documented unmet promises and missing millions from the government’s housing plan. The Nicaraguan journalists are now living in exile in Costa Rica due to their work highlighting the political regime’s corrupt practices.

Massiell Largaespada, of Equipo Divergentes and Connectas, Nicaragua, accepts the second place Lincoln Award for Journalism on Urban Policy, Sustainable Development, and Climate Change at the COLPIN awards ceremony in November. Credit: IPYS/COLPIN.

Third prize was awarded to Mary Triny Zea Cornejo for her story “Relocation of a Population Displaced by Rising Sea Levels Threatens an Important Protected Area,” which explored Panama’s mass relocation of 300 families from Cartí Sugdup Island. The three top winners participated in a panel discussion at COLPIN; five more projects received honorable mentions.

Among the 266 entries—which came from 19 countries, across a wide variety of media, including video and interactive data visualizations—climate change and water management were consistent themes, says Laura Mullahy, senior program manager at the Lincoln Institute.

Climate change, in particular, has emerged as “a transversal theme, associated with mining, extreme weather events such as hurricanes, heat waves, and floods, and water crises that affect cities and regions,” Mullahy says. “Many of the articles link land conservation and water management with infrastructure megaprojects, tourism, and other means of transformation of protected areas.”

She’s also noticed an increase in articles that view urban planning efforts through the lens of segregation, housing, or informal settlements—where the focus is not on the practice itself, but on effects “such as eviction, rising land and housing costs, and inequality in access to services.”

Architect Miguel Jurado has served on the Lincoln Award selection committee since the outset, reviewing hundreds of contest entries each year, and says the depth of the submitted works has matured in that time. “From the initial emphasis on conservation and climate change, the focus has shifted to narratives that connect climate, territory, inequality, and economic structures,” he says.

With its focus on land use and how cities function, the Lincoln Award “has opened new thematic avenues for investigative journalism in the region,” says Adriana León, of the Lima, Peru–based IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), which organizes COLPIN. “For IPYS and COLPIN, the Lincoln Award is an essential contribution to the goal of promoting quality journalism.”

A crowd of seated people at the COLPIN conference raise their arms in the air and smile.
COLPIN conference attendees participate in a TikTok-inspired icebreaker. Credit: IPYS/COLPIN.

Below, find the winners of the 2025 Lincoln Award for Journalism on Urban Policy, Sustainable Development, and Climate Change, along with links to their work. (See the 2024 winners here.)

2025 Premio Lincoln Winners

First Prize: Thatiany do Nascimento Pereira, Brazil, for the series “Castanhão: 30 Years Since the Construction Began,” published in Jornal Diário do Nordeste.

The multipart narrative reflects on how the construction of Brazil’s largest dam, begun three decades ago, forever transformed the city of Jaguaribara in the northeastern state of Ceará, completely flooding the original location. Combining memories, old photographs, and the testimonials of those who lived through this displacement, the series explores the social, political, and cultural tensions arising from the project, revealing the pain of loss but also the ways in which the community has resisted and rebuilt its identity despite displacement.

Second Prize: Equipo Divergentes and Connectas, Nicaragua, for “The ‘Ghost Houses’ of the Ortega-Murillo’s Flagship Housing Program.”

The Nicaraguan government promised to build 50,000 homes by 2026, but now reports only 6,000 delivered nationwide. Using satellite imagery, Nicaraguan researchers demonstrated that Managua’s housing plan was only 27 percent completed, despite official claims that the total investment had been fully disbursed. That leaves a deficit of $30 million and more than 4,000 homes unbuilt in the two planned developments. The investigation also revealed that financing from the Production Development Bank (BFP) and private banks carries interest rates close to 10 percent annually, meaning that over 25 years, a family will end up paying more than double the value of the house. All of this, occurring amid three- to four-year delays in delivery, has benefited companies affiliated with the political regime.

Third Prize: Mary Triny Zea Cornejo, Panama, for “Relocation of a Population Displaced by Rising Sea Levels Threatens an Important Protected Area,” published by Mongabay Latam.

Panama carried out the first mass relocation due to rising sea levels in Latin America, moving 300 families from Cartí Sugdup Island, the most populated island in the indigenous Guna Yala archipelago, to the mainland. However, the new settlement affects 11 hectares (27 acres) of forest within the Mesoamerican Biological Corridor, one of the country’s most important protected areas. This article revealed that the Environmental Impact Study omitted the long-term effects on biodiversity and the threat to the Guna people’s cultural identity. Although the government presents the relocation as a “flagship project for climate change adaptation,” experts warn that its implementation was flawed and could exacerbate environmental degradation.

Honorable Mention 1: Jorge Dett, Peru, for “Social Housing: Undercover Business?” for Latina Televisión.

Districts in the Peruvian capital of Lima such as San Isidro, Surco, and Miraflores, known for their high real estate prices, now feature buildings with units as small as 40 square meters, a result of the implementation of a new Social Interest Housing Law. This legislation allows construction in previously restricted areas, which has led to a disproportionate and unregulated increase in building construction and densification due to unclear and sometimes contradictory regulations.

Honorable Mention 2: María Luzdary Ayala, María Gabriela Ensinck, María Belén Galeano, Eirinet Gómez, Sergio Rincón, Judith Scheyer, Flávia Schiochet, Kennia Velázquez, Ahiana Figueroa, Maximiliano Manzoni, Juan David Olmos y Suhelis Tejero, CONNECTAS, PopLab (México), EcoGuia (Colombia), O Joio e o Trigo (Brasil), Argentina + Sustentable (Argentina), Consenso (Paraguay) and TalCual (Venezuela), for “Water for Ultra-Processed Foods: A Bad Deal for Latin America.”

This collaborative report reveals excesses, abuses, and inequities in the volume of water granted via concession to ultra-processed food industries in Latin America’s four largest economies. The investigation found that weak regulations, inadequate controls, and corporate lobbying combine to facilitate the excessive consumption of water, often at very low prices, in areas already experiencing severe water scarcity. This situation exacerbates the problem of water inequality for vulnerable communities.

Honorable Mention 3: Judith Herrera Cabello, Chile, for “Climate Change: How Could the Inter-American Court of Human Rights Influence the Policies Adopted by National Governments?” published by Revista Hiperlatidos, Chile.

This report examines the advisory opinion requested by Chile and Colombia from the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) regarding the responsibilities of national governments in addressing climate change and its impact on their territories and citizens. The article focuses on two main topics: the process before the IACHR and its potential effects on the public policies of the countries involved; and the impacts of climate change in Chile, such as drought, wildfires, and rising temperatures.

Honorable Mention 4: Kenneth Andrei Pérez and Arturo Contreras Camero, Mexico, for “Where Are We Going to Live?” for Capital 21.

Through personal experiences and expert analysis, this six-episode video series explores the phenomena that have driven up housing prices in Mexico City in recent years. The series seeks to explain, from both an international and national perspective, how the housing crisis is being experienced in this city, as well as possible solutions or alternatives that exist to address it.

Honorable Mention 5: Neil Marks, Guyana, for “Billions in Carbon Revenues Helping Amerindian Communities with Economic, Social, Cultural Advancement,” published by Newsroom Guyana.

Guyana earns revenue for preserving its rainforest, which blankets over 85 percent of the country, and in a single year was able to distribute more than $3.8 billion in carbon credit funds to 232 Indigenous communities as part of its Low Carbon Development Strategy (LCDS 2030).  This report details how the Indigenous village of River’s View rebuilt its dock and cultural spaces through the program. While some organizations have expressed concerns about transparency and genuine participation in the management of these resources, under the principle of free, prior, and informed consent (FPIC), the communities decide themselves how to invest the funds in infrastructure, education, or other areas of economic or cultural advancement.


Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: The reservoir created by Brazil’s Castanhão dam, whose construction 30 years ago forced an entire community to relocate. A recent series exploring that displacement won first prize in the annual Lincoln Award for land policy journalism in Latin America. Credit: Viktor Braga via Flickr CC.

Elevated mass transit train in background with an apartment building in foreground.

Lincoln Institute Announces Campaign to Redevelop Public Land for Public Good

By Kristina McGeehan, Janeiro 13, 2026

CAMBRIDGE, MA– The Lincoln Institute of Land Policy has announced Public Land for All Communities and the Environment (PLACE), a national campaign to empower local government and civic partners to overcome common procedural and legal barriers to the effective transfer and transformation of public land, including for affordable housing, nature-based solutions, conservation, and other public benefits.

“Public land has a crucial role to play in addressing the housing affordability crisis and adapting to environmental challenges that impact millions of Americans—but local governments need support to enable the transformation,” said George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy. “The PLACE campaign builds on the Lincoln Institute’s unparalleled history of finding answers in land, including how policymakers and their partners can better and more strategically leverage publicly owned land.”

The PLACE campaign builds off the Lincoln Institute’s past work to inform federal policy on how best to repurpose suitable public land for the development of affordable housing. As part of that work, the Center for Geospatial Solutions (CGS)—a nonprofit geospatial services provider operating out of the Lincoln Institute—conducted a national, parcel-level analysis that found more than 276,000 acres of buildable, government-owned land in transit-accessible urban areas with existing infrastructure. These findings suggest federal agencies, states, and localities could add more than 6.9 million homes to the nation’s current housing stock in places closer to jobs and schools than many traditional development sites tend to offer.

The findings, developed using CGS’s Who Owns America ® methodology, also show that while federal land comprises approximately 5,200 acres of that total, the majority of opportunity to translate public land into lasting public benefit lies with state and local governments, which collectively hold more than 98 percent of the land identified.

Land unsuitable for housing still has potential for public good as well—primarily by affording nature-based solutions to other social challenges. The Lincoln Institute is committed to putting the tools and expertise in the hands of local communities so that they can better use their own land to solve urgent challenges, such as expanding green infrastructure for stormwater management, seeding urban forests that address the impacts of climate change, and more.

As part of the campaign, the Lincoln Institute will also equip individual leaders and city teams with necessary skills and expertise through Lincoln Vibrant Communities, a 24-week program at Claremont Lincoln University, the university of the Lincoln Institute. This collaborative certificate program offers graduate-level education, expert coaching, and peer networking to support public and private-sector leaders in advancing sustainable community development.

More information about the Lincoln Institute and the PLACE campaign can be found here.

Lead image: The Artspace Mt. Baker Lofts near Mount Baker Station in Seattle. Credit: Sound Transit.

Public Land for All Communities and the Environment

Elevated mass transit train in background with an apartment building in foreground.
Lead image: The Artspace Mt. Baker Lofts near Mount Baker Station in Seattle. Credit: Sound Transit.

Millions of Americans, in urban and rural places alike, are grappling with housing affordability issues. Cities large and small are looking for ways to build up resilience in the face of extreme weather events—and, in some cases, to adapt for an influx of new residents fleeing the impacts of a changing climate.  

Solutions to all these challenges share an essential ingredient: land.  

 

The PLACE Campaign

Public land—physical space owned collectively by the public and administered by municipal, regional, or national government—includes not only parks and green space but also places like surface parking lots, vacant parcels, institutional land, government buildings, and large swathes of urban and already-developed areas. Repurposing underutilized public land for public benefits—such as affordable housing, nature-based solutions, conservation, and infrastructure—can improve life in communities while optimizing use of land the public already owns. 

The Lincoln Institute’s Public Land for All Communities and the Environment (PLACE) campaign examines and elevates the potential for public land to address today’s critical urban and economic challenges. The PLACE campaign builds on the Lincoln Institute’s work, including research on land-based public revenues, nature-based solutions, municipal fiscal health, public land management strategies, and equitable land governance.  

By spotlighting public land as a strategic instrument to solve housing crises, achieve climate adaptation, and finance infrastructure and social services, we can recommend and implement measures to overcome all-too-common financial, logistical, and policy-related barriers. We also seek to influence public discourse by collaborating with academic partners, civil society, and public leaders to promote transparent, socially oriented public land governance. Through this initiative, the Lincoln Institute reaffirms its mission to advance land policy for the public good and positions public land as an essential component of 21st-century policy solutions to society’s most serious problems. 

Our Work

The PLACE campaign builds off the Lincoln Institute’s past work to inform federal policy on how best to repurpose suitable public land for the development of affordable housing. Analysis by the Center for Geospatial Solutions has found more than 276,000 acres of government-owned land in transit-accessible, urban areas with existing infrastructure—places often close to jobs and schools—that, if built upon, could add more than 6.9 million homes to our current housing stock.  

Lead image: The Artspace Mt. Baker Lofts near Mount Baker Station in Seattle. Credit: Sound Transit.

Learn More About Our Work
Fellows in Focus

Guiding Greenways in New Ways

By Jon Gorey, Janeiro 7, 2026

The Lincoln Institute provides a variety of early- and mid-career fellowship opportunities for researchers. In this series, we follow up with our fellows to learn more about their work.

Managing major municipal accounts for BellSouth telecommunications for two decades, Darryl Washington learned a lot about the inner workings of local government. So in 2012, he started his own consulting firm, and has since led economic and community development efforts for a number of Alabama cities, including Birmingham and Montgomery.

Now Washington is back in Birmingham as the chief executive of Jefferson County Greenways, a new public-private organization formed in 2024 by the merger of three public green spaces. These outdoor spaces, Washington says, “are really infrastructure for our city … they’re also connective tissue for our communities.”

In 2024, Washington was invited to participate in the inaugural cohort of the Lincoln Vibrant Communities fellowship, a joint initiative of the Lincoln Institute and Claremont Lincoln University. The six-month LVC program, which aims to equip fellows with the leadership, policy, and public sector practice skills needed to grapple with vexing local challenges, combines online graduate courses, peer networking, and individual and group coaching with immersive, in-person training sessions.

In this conversation, which has been edited for length and clarity, Washington shares his passion for the outdoors, explains why governments need nonprofit partners, and reveals his newfound fascination with England’s centuries-old canal system.

JON GOREY: After many years working in economic development, you’ve taken on a new role, leading an organization focused on public green spaces. Can you talk a bit about your career arc and how you got to where you are now?

After I left BellSouth, I started my own consulting firm, and my first big client was the city of Irondale, a small city right outside of Birmingham. My scope of work for that contract was to help the city adopt their very first comprehensive plan. I did consulting for about five years, and then went to work for a community development corporation called Urban Impact, to create a plan to get the Birmingham Civil Rights District ready to become a national monument. Instead of relying strictly on local resources, we sought after national programs. We became a national Main Street-designated community [the 4th Avenue Historic District], which opened up all kinds of avenues for us and for the businesses in that district. We also connected with the Co.Starters program, which is a national program that teaches entrepreneurship.

After leaving Urban Impact, I had an opportunity to work for the city of Montgomery, to create their first-ever department of economic and community development. One of the big wins we had was bringing a national Main Street-designated community to Montgomery to focus on downtown revitalization. We also started several entrepreneurship and small business programs, like the Small Business One Stop Shop to connect local businesses, no matter where they are in the business cycle, to about 15 different resource providers to help them get their questions answered—whether they need assistance with a business plan, are seeking funding, or are looking at strategies to scale.

I got a call to come back to Birmingham to interview for a newly formed public-private partnership, Jefferson County Greenways, which merged the county’s three largest public green spaces: Red Mountain Park, Ruffner Mountain, and Turkey Creek Nature Preserve. This was a great opportunity for me because it merged my love for economic and community development with outdoor recreation, hiking, and mountain biking.

An educational program at Turkey Creek, part of the a network of greenways in Jefferson County, Alabama. Credit: Jefferson County Greenways.

The Lincoln Institute has been tremendous for me in this role; I really have to highlight my LVC advisor, Stephanie Varnon-Hughes. She’s served as a business coach and a leadership coach for me as we begin to do a five-year strategic plan.

JG: The Lincoln Vibrant Communities leadership cohort included fellows from all over the country—what has that experience been like?

DW: When you do the kind of work I do … it’s kind of hard to describe what I do when I come home at night. But when you’re around practitioners who do similar work throughout the United States, it really is an opportunity to learn best practices, to build friendships and partnerships. And now I have in my Rolodex an extra 30-plus people I can reach out to, from New Orleans, New Mexico, Hawaii, and other places, and that has been the real value.

Our in-person convenings have all been rewarding, going to a different city and touring some of the things that are working for them. I’m thinking back to our tour of Chicago, and most recently, Denver, to learn what some people are doing locally on the ground. And more than anything, we all face similar challenges—funding, especially, is always an issue in this current environment, for both nonprofits and local governments. But being able to talk to people who are doing the same or similar things that you are doing, or different things, has truly been one of the most beneficial aspects of the cohort.

The combination of the academic and the practical expertise that comes with this program has been just a tremendous opportunity for me. We’re leaning toward utilizing the Teams program in our strategic planning process. I think the beauty of that opportunity is that my staff can be very involved in the strategic planning process.

Denver City Council member Darrell Watson speaks to Lincoln Vibrant Communities participants during a site visit to a Tierra Colectiva Community Land Trust site in Denver. Credit: CLU.

JG: What’s something that has surprised you in your long career?

DW: Sometimes, no matter what you propose, there are going to be people who are diametrically opposed to it—just because. Birmingham is building out what’s called the Red Rock Trail System. It’s an aspiration of about 700 miles of connected bike lanes and trails and pedestrian walkways. And one of the trails, I remember, just as I was leaving Birmingham, they were announcing the trail in the neighborhood, and you had a couple of people come out to say, ‘We don’t want that, it’s going to bring crime.’

There was one lady, in particular, who was very vocal. Three years later, they interviewed her, and she now has a walking group that walks on the trail. She marveled at how property values have gone up, how businesses in close proximity to the trail are vibrant. A lot of times people don’t know what they don’t know, but you’ve got to always anticipate opposition.

JG: What is something you’ve learned or encountered in your work that you wish more people understood?

DW: Having worked for and with local governments, the government can’t do everything. It is government combined with nonprofits—the nonprofits are the gap fillers. Oftentimes, especially in the South, people think the government is supposed to solve all the problems. The cities that get it right are the cities that have an innovative local government, but also a myriad of different public-private partnerships, corporate partnerships, and regional collaborations. It truly is a team approach.

JG: When it comes to your work, what keeps you up at night? And what gives you hope?

DW: In my current role, I have a team of about 27 highly mission-driven staff, and what keeps me up at night is retaining my talented staff. But what keeps me refreshed? I’m in my mid-50s, and most of my team is 25 to 35, my kids’ age. So what keeps me motivated? They keep me motivated, just how talented they are—they are sponges for wanting to learn—and just how innovative they are. It took me a while to acquiesce to being called “OG,” but I’m good in that role, because I like teaching, I like storytelling. And unlike my kids, they actually like to listen to my stories. So that keeps me refreshed.

JG: What’s a good book you’ve read recently, or a TV show you’ve streamed?

DW: I’m reading, for the third time, Joan Garry’s Nonprofits Are Messy. That’s a book about nonprofit leadership, and she also has a podcast that gives you practical tools that you can use if you’re in nonprofit leadership.

As far as streaming, I found myself recently enchanted with narrow boats in England, watching a lot of documentaries about people who live in narrow boats using the canal system. I think it’s called “Canal Boat Diaries,” and it chronicles different people who have adopted the narrow boat lifestyle. There’s a narrow boat hotel, there’s a narrow boat that sells art … there’s actually a narrow boat that does bicycle repair. I find it really intriguing. I guess from a historical perspective, those canals predated trains, that was the way industry and commerce took place throughout England, they built this elaborate canal system that is now being repurposed for tourism and lifestyle.

A glimpse of the canal boat culture in Regent’s Canal, London, England. Credit: Jon Gorey.

JG: What are some of your goals for Jefferson County Greenways in the coming years?

DW: There’s an opportunity for us to acquire more land for public use. There are also opportunities for us to expand our partnerships and programs. Our programs are unique in that we do a lot of educational programs with local schools, and we also do a lot of programs in the corporate community, where companies have volunteer work days. We connect with the Scouts, whether it’s building benches or bridges at our spaces. If we could expand our program staff, we could make even more impact.

And on a personal level, we have a hiking group that started organically, and we meet every Saturday at seven o’clock. And over 12 years, we’ve had over 800 different people join us, from all walks of life, all ages. Our youngest hiker is two years old, and she hikes on her dad’s back.

It’s amazing to see kids get introduced to nature for the first time. There are so many stories, like one of our board members, he and his wife, their first date was hiking on a trail. I’m on a mission to get as many people outdoors as possible, because for me, there’s a trilogy. When you’re outside, you connect spiritually, you definitely connect physically, to clean air and walking. But it’s also mental; I do some of my best journaling while I’m hiking. So I’m on a mission to share with others the euphoria I feel when I’m outside, because it’s free and it is so beneficial.


Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Darryl Washington. Credit: Courtesy photo.

 

The Wild West of Data Centers: Energy and water use top concerns

December 18, 2025

By Anthony Flint, December 18, 2025

It’s safe to say that the proliferation of data centers was one of the biggest stories of 2025, prompting concerns about land use, energy and water consumption, and carbon emissions. The massive facilities, driven by the rapidly increasing use of artificial intelligence, are sprouting up across the US with what critics say is little oversight or long-term understanding of their impacts.

“There is no system of planning for the land use, for the energy consumption, for the water consumption, or the larger impacts on land, agricultural, (forest) land, historic, scenic, and cultural resources, biodiversity,” said Chris Miller, president of the Piedmont Environmental Council, who has been tracking the explosion of data centers in northern Virginia, on the latest episode of the Land Matters podcast.

“There’s no assessment being made, and to the extent that there’s project-level review, there’s a lot of discussion about eliminating most of that to streamline this process. There is no aggregate assessment, and that’s what’s terrifying. We have local land use decisions being made without any information about the larger aggregate impacts in the locality and then beyond.”

Miller appeared on the show alongside Lincoln Institute staff writer Jon Gorey, author of the article Data Drain: The Land and Water Impacts of Data Centers, published earlier this year, and Mary Ann Dickinson, policy director for Land and Water at the Lincoln Institute, who is overseeing research on water use by the massive facilities. All three participated in a two-day workshop earlier this year at the Lincoln Institute’s Land Policy Conference: Responsive and Equitable Digitalization in Land Policy.

There is no federal registration requirement for data centers, and owners can be secretive about their locations for security reasons and competitive advantage. But according to the industry database Data Center Map, there at least 4,000 data centers across the US, with hundreds more on the way.

A third of US data centers are in just three states, with Virginia leading the way followed by Texas and California. Several metropolitan regions have become hubs for the facilities, including northern Virginia, Dallas, Chicago, and Phoenix.
Data centers housing computer servers, data storage systems and networking equipment, as well as the power and cooling systems that keep them running, have become necessary for high-velocity computing tasks. According to the Pew Research Center, “whenever you send an email, stream a movie or TV show, save a family photo to “the cloud” or ask a chatbot a question, you’re interacting with a data center.”

The facilities use a staggering amount of power; a single large data center can gobble up as much power as a small city. The tech companies initially promised to use clean energy, but with so much demand, they are tapping fossil fuels like gas and coal, and in some instances even considering nuclear power.

Despite their outsized impacts, data centers are largely being fast-tracked, in many cases overwhelming local community concerns. They’re getting tax breaks and other incentives to build with breathtaking speed, alongside a major PR effort that includes television ads touting the benefits of data centers for the jobs they provide, in areas that have been struggling economically.

Listen to the show here or subscribe to Land Matters on Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube, or wherever you listen to podcasts.

 


Further Reading

Supersized Data Centers Are Coming. See How They Will Transform America | The Washington Post

Thirsty for Power and Water, AI-Crunching Data Centers Sprout Across the West | Bill Lane Center for the American West

Project Profile: Reimagining US Data Centers to Better Serve the Planet in San Jose | Urban Land Magazine

A Sustainable Future for Data Centers | Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

New Mexico Data Center Project Could Emit More Greenhouse Gases Than Its Two Largest Cities | Governing magazine

  


Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines. 


Transcript

Anthony Flint: Welcome back to the Land Matters Podcast. I’m your host, Anthony Flint. I think it’s safe to say that the proliferation of data centers was one of the biggest stories of 2025, and at the end of the day, it’s a land use story braided together with energy, the grid, power generation, the environment, carbon emissions, and economic development – and, the other big story of the year, to be sure, artificial intelligence, which is driving the need for these massive facilities.

There’s no federal registration requirement for data centers, and sometimes owners can be quite secretive about their locations for security reasons and competitive advantage. According to the industry database data center map, there are at least 4,000 data centers across the US. Some would say that number is closer to 5,000, but unquestionably, there are hundreds more on the way.

A third of US data centers are in just three states, with Virginia leading the way, followed by Texas and California. Several metropolitan regions have become hubs for these facilities, including Northern Virginia, Dallas, Chicago, and Phoenix, and the sites tend to get added onto with half of data centers currently being built being part of a preexisting large cluster, according to the International Energy Agency.

These are massive buildings housing computer servers, data storage systems, and networking equipment, as well as the power and cooling systems that keep them running. That’s according to the Pew Research Center, which points out that whenever you send an email, stream a movie or TV show, save a family photo to the cloud, or ask a chatbot a question, you’re interacting with a data center. They use a lot of power, which the tech companies initially promised would be clean energy, but now, with so much demand, they’re turning largely to fossil fuels like gas and even coal, and in some cases, considering nuclear power.

A single large data center can gobble up as much power as a small city, and they’re largely being fast-tracked, in many cases, overwhelming local community concerns. They’re getting tax breaks and other incentives to build with breathtaking speed, and there’s a major PR effort underway to accentuate the positive. You may have seen some of those television ads touting the benefits of data centers, including in areas that have been struggling economically.

To help make sense of all of this, I’m joined by three special guests, Jon Gorey, author of the article Data Drain: The Land and Water Impacts of Data Centers, published earlier this year at Land Lines Magazine; Mary Ann Dickinson, Policy Director for Land and Water at the Lincoln Institute; and Chris Miller, President of the Piedmont Environmental Council, who’s been tracking the explosion of data centers in Northern Virginia.

Well, thank you all for being here on Land Matters, and Jon, let me start with you. You’ve had a lot of experience writing about real estate and land use and energy and the environment. Have you seen anything quite like this? What’s going on out there? What were your takeaways after reporting your story?

Jon Gorey: Sure. Thank you, Anthony, for having me, and it’s great to be here with you and Mary Ann, and Chris too. I think what has surprised me the most is the scale and the pace of this data center explosion and the AI adoption that’s feeding it. When I was writing the story, I looked around the Boston area to see if there was a data center that I could visit in person to do some on-the-ground reporting.

It turns out we have a bunch of them, but they’re mostly from 10, 20 years ago. They’re pretty small. They’re well-integrated into our built environment. They’re just tucked into one section of an office building or something next to a grocery store. They’re doing less intensive tasks like storing our emails or cell phone photos on the cloud. The data centers being built now to support AI are just exponentially larger and more resource-intensive.

For example, Meta is planning a 715,000-square-foot data center outside the capital of Wyoming, which is over 16 acres of building footprint by itself, not even counting the grounds around it. That will itself use more electricity than every home in Wyoming combined. That’s astonishing. The governor there touted it as a win for the natural gas industry locally. They’re not necessarily going to supply all that energy with renewables. Then there’s just the pace of it. Between 2018 and 2021, the number of US data centers doubled, and then it doubled again by 2024.

In 2023, when most people were maybe only hearing about ChatGPT for the first time, US data centers were already using as much electricity as the entire country of Ireland. That’s poised to double or triple by 2028. It’s happening extremely fast, and they are extremely big. One of the big takeaways from the research, I think, was how this creates this huge cost-benefit mismatch between localities and broader regions like in Loudoun County, Virginia, which I’m sure Chris can talk about.

The tax revenue from data centers, that’s a benefit to county residents. They don’t have to shoulder as much of the bills for schools and other local services. The electricity and the water and the infrastructure and the environmental costs associated with those data centers are more dispersed. They’re spread out across the entire utilities service area with higher rates for water, higher electric rates, more pollution. That’s a real discrepancy and it’s happening pretty much anywhere one of these major data centers goes up.

Anthony Flint: Mary Ann Dickinson, let’s zoom in on how much water these data centers require. I was surprised by that. In addition to all the power they use, I want to ask you, first of all, why do they need so much water, and where is it coming from? In places like the Southwest, water is such a precious resource that’s needed for agriculture and people. It seems like there’s a lot more work to be done to make this even plausibly sustainable.

Mary Ann Dickinson: Well, water is the issue of the day right now. We’ve heard lots of data center discussion about energy. That’s primarily been the focus of a lot of media reporting during 2025. Water is now emerging as this issue that is dwarfing a lot of local utility systems. Data centers use massive amounts of water. It can be anywhere between 3 and 5 million gallons a day. It’s primarily to answer your question for cooling. It’s a much larger draw than most large industrial water users in a community water system.

The concern is that if the data centers are tying into local water utilities, which they prefer because of the affordability and the reliability and the treatment of the supply, that can easily swamp a utility system that is not accustomed to that continuous, constant draw. These large hyperscale data centers that are now being built can use hundreds of millions of gallons yearly. That’s equivalent to the water usage of a medium-sized city.

To Jon’s point, if you look at how much water that is being consumed by a data center in very water-scarce areas in the West in particular, you wonder where that water is going to come from. Is it going to come from groundwater? Is it going to come from surface water supplies? How is that water going to be managed and basically replaced back into the natural systems, like rivers, from which it might be being withdrawn? Colorado River, of course, being a prime example of an over-allocated river system.

What is all this water going for? Yes, it’s going for cooling, humidification in the data centers, it’s what they’re calling direct use, but there’s also indirect use, which is the water that it takes to generate the electricity that supplies the data center. The data center energy loads are serious, and Chris can talk about the grid issues as well, but a lot of that water is actually indirectly used to generate electricity, as well as directly used to cool those chips.

This indirect use can be substantial. It can be equivalent to about a half a gallon per kilowatt hour. That can be a fair amount of water just for providing that electricity. What we’re seeing is the average hyperscale data center uses about half a million gallons of water a day. That’s a lot of water to come from a local community water system. It’s a concern, and especially in the water-scarce regions where water is already being so short that farmers are being asked to fallow fields, how is the data center water load going to be accommodated within these water systems?

The irony is the data centers are going into these water-scarce regions. There was a Bloomberg report that showed that, actually, water-scarce regions were the most popular location for these data centers because they were approximate to areas of immediate use. That, of course, means California, it means Texas and Phoenix, Arizona, those states that are already struggling with providing water to their regular customers.

It’s a dilemma, and it’s one that we want to look at a lot more closely to help protect the community water systems and give them the right questions to ask when the data center comes to town and wants to locate there, and help them abate the financial risk that might be associated with the data center that maybe comes and then goes, leaving them with a stranded asset.

These are all complex issues. The tax issues tie into the water issues because the water utility system and impacts to that system might not be covered by whatever tax revenues are coming in. As sizable as they might be, they still might not be enough to cover infrastructure costs that then would otherwise be given to assess to the utility ratepayers. We’re seeing this in the energy side. We’re seeing electric rates go up. At the same time, we know these data centers are necessary given what we’re now as a society doing in terms of AI and digital computing.

We just have to figure out the way to most sustainably deal with it. We’re working with technical experts, folks from the Los Alamos National Lab, and we’re talking with them about the opportunities for using recycled water, using other options that are not going to be quite as water-consumptive.

Anthony Flint: Yes, we can talk more about that later in the show — different approaches, using gray water or recycled water, sounds like a promising idea because at the end of the day, there’s only so much water, right? Chris Miller, from the Piedmont Environmental Council, you pointed out, in Jon’s story, that roughly two-thirds of the world’s internet traffic essentially passes through Northern Virginia, and the region already hosts the densest concentration of data centers anywhere in the world. What’s been the impact on farmland, energy, water use, carbon emissions, everything? Walk us through what it’s like to be in such a hot spot.

Chris Miller: The current estimate is that Virginia has over 800 data centers. It’s a little hard to know because some of them are dark facilities, so not all of them are mappable, but the ones we’ve been able to map, that’s what we’re approaching. For land use junkies, there’s about 360 million square feet of build-approved or in-the-pipeline applications for data centers in the state. That’s a lot of footprint. The closest comparison I could make that seemed reasonable was all of Northern Virginia has about 150,000 square feet of commercial retail space.

We are looking at a future where just the footprint of the buildings is pretty extraordinary. We have sites that are one building, one gigawatt, almost a million square feet, 80 feet high. You just have to think about that. That’s the amount of power that a nuclear reactor can produce at peak load. We’re building those kinds of buildings on about 100 acres, 150 acres. Not particularly large parcels of land with extraordinary power density of electricity demand, which is just hard to wrap your head around.

The current estimate in Virginia for aggregate peak load demand increase in electricity exclusively from data centers is about 50 gigawatts in the next 20 years. That’ll be a tripling of the existing system. Now, more and more, the utilities, grid regulators, the grid monitor for PJM, which is a large regional transmission organization that runs from Chicago all the way to North Carolina.

As Anthony said, the existing system is near breaking point, maybe in the next three years. If all the demand came online, you would have brownouts and blackouts throughout the system. That’s pretty serious. It’s a reflection of the general problem, which is that there is no system of planning for the land use, for the energy consumption, for the water consumption. Larger impacts on land, agricultural, forestal land, historic scenic, cultural resources, biodiversity sites. There’s no assessment being made.

To the extent that there’s project-level review, there’s a lot of discussion about eliminating most of that to streamline this process. There is no aggregate assessment. That’s what’s terrifying. We have local land use decisions being made without any information about the larger aggregate impacts in the locality and then beyond. Then the state and federal governments are issuing permits without having really evaluated the combined effect of all this change.

I think that’s the way we’re looking at it. Change is inevitable. Change is coming. We should be doing it in a way that’s better than the way we’ve done it before, not worse. We need to do it in a way that basically is an honest assessment of the scale and scope, the aggregate impacts, and then apply the ingenuity and creativity of both the tech industry and the larger economy to minimize the impact that this has on communities and the natural resources on which we all depend on.

It’s getting to the point of being very serious. Virginia is water-constrained. It doesn’t have that reputation, but our water supply systems are all straining to meet current demand. The only assessment we have on the effect of future peak load from data centers is by the Interstate Commission on the Potomac River Basin, which manages the water supply for Washington metropolitan region in five states.

Their conclusion is, in the foreseeable future, 2040, we reach a point where consumption exceeds supply. Think about that. We’re moving forward with [facilities]  as they create a shortage of water supply in the nation’s capital. It’s being done without any oversight or direction. The work of the Lincoln Institute and groups like PEC is actually essential because the governmental entities are paralyzed. Paralyzed by a lack of policy structure, they’re also paralyzed by politics, which is caught between the perception of this is the next economic opportunity, which funds the needs of the community.

The fact is, the impacts may outweigh the benefits. We have to buckle down and realize this is the future. How do we help state, local, federal government to build decision models that take into account the enormous scale and scope of the industry and figure out how to fix the broken systems and make them better than they were before? I think that’s what all of us have been working on over the last five years.

Anthony Flint: It really is extraordinary, for those of us in the world of land use and regulations. We’ve heard a lot about the abundance agenda and how the US is making it more difficult to build things and infrastructure. Whether it’s clean energy or a solar farm or a wind farm, they have to go through a lot of hoops. Housing, same way. Here you have this — it’s not just any land use; it’s just this incredibly impactful land use that is seemingly not getting any of that oversight or making these places go through those hoops.

Chris Miller: They are certainly cutting corners. Jon mentioned the facility outside of Boston. What did you say, 150 acres? We have a site adjacent to the Manassas National Battlefield Park, which is part of the national park system, called the Prince William Digital Gateway, which is an aggregation of 2100 acres with plans for 27 million square feet of data centers with a projected energy demand of up to 7.5 gigawatts. The total base load supply of nuclear energy available in Virginia right now is just a little bit over 3 gigawatts.

The entire offshore wind development project at Dominion is 80% complete, but what’s big and controversial is 2.5 gigawatts. The two biggest sources of base load supply aren’t sufficient to meet 24/7 demand from a land use proposal on 2100 acres, 27 million square feet, that was made without assessing the energy impact, the supply of water, or the impact of infrastructure on natural, cultural, and historic resources, one of which is hallowed ground. It’s a place where two significant Civil War battlefields were fought. It’s extraordinary.

What’s even more extraordinary is to have public officials, senators, congressmen, members of agencies say, “We’re not sure what the federal next steps [are].” These are projects that have interstate effects on power, on water, on air quality. We haven’t talked about that, but one of the plans that’s been hatched by the industry is through onsite generation and take advantage of the backup generation that they’ve built out. They have to provide 100% backup generation onsite for their peak load. They’ve 90% of that in diesel without significant air quality controls.

We have found permits for 12.4 gigawatts of diesel in Northern Virginia. That would bust the ozone and PM2.5 regulatory standards for public health if they operated together. It’s being discussed by the Department of Environmental Quality in Virginia as a backup strategy for meeting power demand so that data centers can operate without restriction. These are choices that are being proposed without any modeling, without any monitoring, and without any assessment of whether those impacts are in conflict with other public policy goals, like human health. Terrifying.

We are at a breaking point. I have to say that the grassroots response is a pox upon all your houses. That was reflected in the 2025 elections that Virginia just went through. The tidal wave of change in the General Assembly and statewide offices and data centers and energy costs were very, very high on the list of concerns for voters.

Anthony Flint: I want to ask all three of you this question, but Jon, let me start with you. Is there any way to make a more sustainable data center?

Jon Gorey: Yes, there are some good examples here and there. It is, in some cases, in their best interest to use less electricity. It’ll be less expensive for them to use less water. Google, for its part, has published a pretty more transparent than some companies in their environmental report. They compare their water use in the context of golf courses irrigated, which does come across as not a great comparison because golf courses are not a terrific use of water either.

They do admit that last year, 2024, they used about 8.1 billion gallons of water in their data centers, the ones that they own, the 28% increase over the year before, and 14% of that was in severely water-stressed regions. Another 14% was in medium stress. One of their data centers in Council Bluffs, Iowa, consumed over a billion gallons of water by itself. They also have data centers, like in Denmark and Germany, that use barely a million gallons over the course of a year.

I don’t know if those are just very small ones, but I know they and Microsoft and other companies are developing … there’s immersive cooling, where instead of using evaporative water cooling to cool off the entire room that the servers are in, you can basically dunk the chips and servers in a synthetic oil that conducts heat but not electricity. It’s more expensive to do, but it’s completely possible. There are methods. There’s maybe some hope there that they will continue to do that more.

Mary Ann Dickinson: Immersive cooling, which you’ve just mentioned, is certainly an option now, but what we’re hearing is that it’s not going to be an option in the future, that because of the increasing power density and chips, they are going to need direct liquid cooling, period, and immersive cooling is not going to work. That’s the frightening part of the whole water story is as much or as little water is being used now, is going to pale against the water that’s going to be used in the next 5 to 10 years by the new generation of data centers and the new chips that they’ll be using.

The funny thing about the golf course analogy is that, in the West, a lot of those golf courses are irrigated with recycled water. As Chris knows, it also recharges back into groundwater. It is not lost as consumptive loss. That’s the issue is, really, to make these sustainable, we’re going to need to really examine the water cooling systems, what the evaporative loss is, what the discharge is to sewer systems, what the potential is for recycled water. There’s going to be a whole lot of questions that we’re going to ask, but we’re not getting any data.

Only a third of the data centers nationally even report their energy and water use. The transparency issue is becoming a serious problem. Many communities are being asked to sign NDAs. They can’t even share the information that a data center is using in energy and water with their citizens. It is a little bit of a challenge to try and figure out the path going forward. It’s all about economics, as Chris knows. It’s all about what can be afforded.

The work we’re doing at the Lincoln Institute, we would like to suggest as many sustainable options from the water perspective as possible, but they’re going to have to be paid for somewhere. That is the big question. Data centers need to pay.

Chris Miller: I think we’re entering a [time] where innovation is necessary. It has to be encouraged, and it’s where a crisis, just short of what we saw with lapse of the banking system in 2008, 2009, where no one was really paying attention to the aggregate system-wide failures. Somebody had to step up and say it’s broken. In the case of the mortgage crisis, it was actually 49 states coming to a court, saying, “We have to have a settlement so that we can rework all these mortgages and settle out the accounts and rebuild the system from no ground up.”

I think that’s the same place we’re at. We have to have a group of states get together and saying, “We are going to rebuild a decision model that we use for this new economy. It’s not going away. Any gains in efficiency are going to be offset by the expansion on demand for data. That’s been the trend for the last 15 years. We have to deal with the scale and the scope of the issue. I’ll give you just one example.

Dominion Energy has published at an aggregated contracts totaling 47.1 gigawatts of demand that they have to meet. Their estimate of the CapEx to do that ranges for 141 billion to 271 billion depending on whether they comply with the goals of the Virginia Clean Economy Act and move towards decommissioning and replacement of existing fossil fuel generation with cleaner sources. That range is not the issue. It’s the bottom line, which is 150 to 250 $300 billion in CapEx in one state for energy infrastructure. That’s enormous. We need a better process than a case-by-case review of the individual projects.

The state corporation does not maintain a central database of transmission and generation projects, which it approves. The state DEQ does not have a central database for water basin supply and demand. The state DEQ does not have a database of all of the permits in a model that shows what the impacts of backup generation would be if they all turned on at the same time in a brownout or blackout scenario. The failure to do that kind of systems analysis that desperately needs to be addressed. It’s not going to be done by this administration at the federal level.

It’s going to take state governments working together to build new systems decision tools that are informed by the expertise of places like the Lincoln Institute, so that they’re looking at this as a large-scale systemic process. We build it out in a way that’s rational, that takes into account the impacts of people and on communities and on land, and does it a way that fairly distributes the cost back to the industry that’s triggering the demand.

This industry is uniquely able to charge the whole globe for the use of certain parts of America as the base of its infrastructure. We should be working very hard on a cost allocation model and an assignment of cost to data center industry that can recapture the economic value and pay themselves back from the whole globe. No reason for the rate payers of Virginia or Massachusetts or Arizona, Oregon to be subsidizing the seven largest corporations in the world, the [capital expenditures] of over $22 trillion. It’s unfair, it’s un-American, it’s undemocratic.

We have to stand up to what’s happening and realize how big it is and realize it’s a threat to our way of life, our system of land use and natural resource allocation and frankly, democracy itself.

Anthony Flint: I want to bring this to a conclusion, although certainly there are many more issues we could talk about, but I want to look at the end user in a way and whether we as individuals can do anything about using AI, for example. I was talking with Jon, journalist-to-journalist, about this. I want to turn to you, Jon, on this question. Should we be trying not to use AI, and is that even possible?

Jon Gorey: The more I researched this piece, the more adamant I became that I shouldn’t be using it where possible. Not that that’s going to make any difference, but to me, it felt like I don’t really want to be a part of it. I expect there’s legitimate and valuable use cases for AI and science and technology, but I am pretty shocked by how cavalier people I know, my friends and family, have been in embracing it.

Part of that is that tech companies are forcing it on us because they’ve invested in it. They’re like, “Hey, we spent all this money on this, you got to use it.” It takes some legwork to remove the Google Assist from your Google searches or to get Microsoft Copilot to just leave you alone. I feel like that’s like it’s ancestor Clippy, the paperclip from Microsoft Office back in the day.

Here’s something that galls me more in a broader sense. I don’t know if we want to get into it, but I’m an amateur musician. I’m amateur because it’s already very difficult to make any money in the arts. There’s a YouTube channel with 35 million subscribers that simply plays AI-generated videos of AI-generated music, which is twice as many subscribers as Olivia Rodrigo has and 20 times as many as Gracie Abrams. Both of them are huge pop stars who sell out basketball arenas. It astounds me, and I don’t know why people are enjoying just artificially created things. I get the novelty of it, but I, for one, am trying to avoid stuff like that.

Chris Miller: We were having a debate about this issue this week on a series of forums. The reality is there’s stuff that each of us can do to significantly reduce our data load. It takes a little bit of effort. Most of us are storing two or three times what we need to, literally copies of things that we already have. There’s an efficiency of storage thing that takes time, and that’s why we don’t do it. There’s the use of devices appropriately.

If you can watch a broadcast television show and not stream it, that’s a significant reduction in load, actually. Ironically, we’ve gone from broadcast through the air, which has very little energy involved, to streaming on fiber optics and cable, and then wireless, which is incredibly resource-intensive. We’re getting less efficient in some ways in the way we use some of these technologies, but there are things we can do.

The trend in history has been that doesn’t actually change overall demand. I think we need to be careful as we think about all the things we can do as individuals to not lose sight of the need for the aggregate response, the societal-wide response, which is this industry needs to check itself, but it also needs to have proper oversight. The notion that somehow they’re holier than the rest of us is totally unsustainable.

We have to treat them as the next gold rush, the next offshore drilling opportunity, and understand that what they are doing is globally impactful, setting us back in terms of the overall needs to address climate change and the consumption of energy, and threatens our basic systems for water, land, air quality that are the basis of human life. If those aren’t a big enough threat, then we’re in big trouble.

Anthony Flint: Mary Ann, how about the last word?

Mary Ann Dickinson: When I looked up and saw that every Google search I do, which is AI backed these days, is half a liter of water, each one, and you think about the billions of searches that happen across the globe, this is a frightening issue. I’m not sure our individual actions are going to make that big a difference in the AI demand, but what we can require is, in the siting of these facilities, that they not disrupt local sustainability and resiliency efforts. That’s, I think, what we want to focus on at the Lincoln Institute. It’s helping communities do that.

Anthony Flint: Jon Gorey, Mary Ann Dickinson, and Chris Miller, thank you for this great conversation on the Land Matters Podcast. You can read Jon Gorey’s article, Data Drain, online at our website, lincolninst.edu. Just look for Land Lines magazine in the navigation. On social media, the handle is @landpolicy. Don’t forget to rate, share, and subscribe to the Land Matters Podcast. For now, I’m Anthony Flint signing off until next time.

Read full transcript

Building Vibrant Communities: Municipal Government Workers Get a Boost

November 4, 2025

By Anthony Flint, November 4, 2025

 

It’s a tough time to be working in government right now—long hours, modest pay, and lots of tumult in the body politic.

While this is especially true at the moment for employees in the federal government, a new program offered by Claremont Lincoln University and the Lincoln Institute of Land Policy aims to give public employees in municipal government a boost.

Over the last year, 150 planners, community development specialists, and other professionals in municipal government have participated in the Lincoln Vibrant Communities fellowship, a 24-week curriculum combining in-person and online education, expert coaching, and advanced leadership training.

The idea is to build capacity at the local level so those professionals can have greater impact in the communities they serve, on everything from affordable housing to greenspace preservation and revitalizing Main Streets, said Stephanie Varnon-Hughes, executive dean of academic affairs at Claremont Lincoln University.

“All of us can Google or go to seminars or read texts or access knowledge on our own, but this program is about the transformative, transferable leadership skills it takes for you to use that knowledge and use that technical experience to facilitate endeavors to bring about the change that you need in your community,” she said on the latest episode of the Land Matters podcast.

“These leadership skills can be measured and modeled and sustained. We can surround you with the abilities and the resources to change the way that you move through the world and collaborate with other people working on similar issues for long-term success,” she said.

Lincoln Vibrant Communities fellows can use the training to implement some of the ideas and policy recommendations that the Lincoln Institute has developed, like setting up a community land trust (CLT) for permanently affordable housing, said Lincoln Institute President and CEO George W. “Mac” McCarthy, who joined Varnon-Hughes on the show.

“They’re the ones who find a way to find the answers in land and to manifest those answers to actually address the challenges we care about,” he said. “It’s this cadre of community problem solvers that are now all connected and networked together all across the country.”

The support is critical right now, McCarthy said, given estimates of a shortage of a half-million government workers, and amid a flurry of retirements from veteran public employees who tend to take a lot of institutional memory with them.

The Lincoln Institute has a long tradition of supporting local government, beginning in earnest in 1974, when David C. Lincoln, son of founder John C. Lincoln, established the Lincoln Institute as a stand-alone entity emerging from the original Lincoln Foundation. The organization made its mark developing computer-assisted assessment tools to help in the administration of property tax systems, and has since supported city planners, land conservation advocates, and public finance professionals experimenting with innovations such as the land value tax.

In the later stages of his philanthropic career, David Lincoln established a new model for university education, Claremont Lincoln University, a fully accredited non-profit institution offering a Bachelor of Arts in Organizational Leadership, as well as master’s degrees and graduate certificates. The guiding mission is to bridge theory and practice to mobilize leaders in the public sector.

Municipal employees engage in the Lincoln Vibrant Communities fellowship for about a six-month program in advanced leadership training and expert coaching, either as individuals or as part of teams working on projects in cities and towns and regions across the US.

McCarthy and Varnon-Hughes joined the Land Matters podcast after returning from Denver last month for a leadership summit where some of the first graduates of the program had an opportunity to share experiences and celebrate some of the first graduates of the program. Denver Mayor Mike Johnston joined the group, underscoring how technical expertise will be much needed as the city launches complex projects, such as building affordable housing on publicly owned land.

More information about Claremont Lincoln University and the Lincoln Vibrant Communities fellowship program is available at https://www.claremontlincoln.edu.

Listen to the show here or subscribe to Land Matters on Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube, or wherever you listen to podcasts.

 


Further Reading

Bridging Theory and Plastics | Land Lines

Lincoln Institute Invests $1 Million in Scholarships for Future Leaders | Land Lines 

Denver Land Trust Fights Displacement Whether It Owns the Land or Not | Shelterforce 

New Lincoln Institute Resources Explore How Community Land Trusts Make Housing More Affordable | Land Lines

Accelerating Community Investment: Bringing New Partners to the Community Investment Ecosystem | Cityscapes

  


Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.