La reciente recesión ha sido reconocida como la peor de que hayamos tenido memoria, y sus efectos todavía se están sintiendo. Lo que no se comprende tan bien es que esta recesión ha sido mucho peor para los gobiernos estatales de lo que se podría inferir por la caída en el producto interno bruto (PIB). Si bien las finanzas de los gobiernos estatales han dejado de desplomarse, siguen estando más cerca del fondo del precipicio que de su cima. Las recaudaciones de impuestos no han recobrado sus niveles previos a la recesión, y la demanda de nuevos ingresos puede llegar a abrumar cualquier mejora provisional en las cobranzas. Aun cuando los estados puedan superar estos desafíos, el camino hacia la recuperación fiscal será largo y lento, con varios y grandes riesgos en la andadura.

Los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante en la economía y en nuestra vida cotidiana. Financian más del 90 por ciento de la educación primaria y secundaria, y proporcionan casi toda ella. Las universidades públicas educan a tres cuartos de los estudiantes inscritos en instituciones académicas. Los gobiernos estatales y locales supervisan, diseñan y construyen más del 90 por ciento de la infraestructura pública del país. Financian gran parte de la red de seguridad social de la nación y también implementan gran parte de ella. De hecho, los gobiernos estatales y locales gastan más en la implementación directa de políticas internas que el gobierno federal.

Los servicios financiados y proporcionados por los gobiernos estatales y locales tienden a tener una demanda estable y generalmente creciente. Cuando llega una recesión, no se reduce la cantidad de niños en la escuela o de ancianos en residencias para la tercera edad –dos de las áreas de gasto más importantes para los gobiernos estatales y locales– ni la cantidad de incendios o delitos. Para programas como Medicaid o educación universitaria, por ejemplo, la demanda de los tipos de servicios proporcionados por los gobiernos estatales y locales aumenta precisamente durante las recesiones. A menos que los estados puedan corregir las estructuras de ingresos o desarrollar las reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro de la economía.

La disminución en la recaudación de impuestos estatales

La Gran Recesión que comenzó en diciembre de 2007 fue la recesión más profunda y prolongada desde la Gran Depresión de la década de 1930. La tasa de desempleo subió al 10,1 por ciento y sigue siendo obstinadamente alta, cayendo sólo al 9,1 por ciento después de dos años de recuperación. Las recaudaciones de impuestos estatales se desplomaron, cayendo por cinco trimestres consecutivos desde el último trimestre de 2008 hasta finales de 2009. Las recaudaciones de impuestos cayeron vertiginosamente un 16,8 por ciento en el segundo trimestre de 2009, y en los años siguientes disminuyeron aún más, y más rápidamente, que en cualquier otra recesión habida desde la Segunda Guerra Mundial (figura 1).

La reciente caída en el PIB ha sido significativa en comparación con recesiones pasadas, pero las caídas en el consumo tributable y en los ingresos personales, dos componentes que constituyen la base tributaria de los gobiernos estatales y locales, han sido mucho peores. El consumo tributable cayó alrededor del 11 por ciento, mientras que el PIB cayó alrededor del 5 por ciento. Los componentes tributables de los ingresos personales también cayeron mucho más que la economía en general, y siguen languideciendo más del 5 por ciento por debajo del auge previo a la recesión, lo cual refleja que no ha habido recuperación en el empleo.

Si bien esta ha sido la peor recesión desde la posguerra según los patrones económicos tradicionales, estas formas de medir no cuentan toda la historia. Las ganancias de capital, un componente importante de las bases tributarias de los estados, no forman parte de los ingresos personales en las cuentas económicas de la nación. Estas ganancias han aumentado en importancia y son una de las causas principales de la mayor volatilidad de las finanzas estatales. Las ganancias de capital cayeron más del 55 por ciento, impulsando la caída de la recaudación de impuestos en el trimestre final del año fiscal 2009, cuando se presentaron las declaraciones de impuestos que correspondían al colapso de la bolsa en 2008.

El resultado neto de estas y otras fuerzas fue una enorme disminución en los impuestos estatales sobre los ingresos, las ventas y las corporaciones. La figura 2 ilustra cómo los impuestos anuales sobre los ingresos cayeron más del 15 por ciento cuando se los ajusta por la inflación; los impuestos sobre las ventas cayeron más del 10 por ciento; y los impuestos corporativos cayeron más del 25 por ciento. Los impuestos sobre la propiedad, que son cruciales para los gobiernos locales pero, en general, no son una fuente significativa de ingresos para los estados, permanecieron bastante estables durante todo el período, si bien están comenzando a debilitarse y en algunas partes del país han caído significativamente.

Una lenta recuperación

La recesión terminó en junio de 2009 y la economía se ha estado recuperando lentamente. La recaudación de impuestos estatales creció en cada trimestre del año natural 2010, y el carácter de este crecimiento ha mejorado con el tiempo. En los primeros dos trimestres de 2010, los incrementos en las tasas tributarias compensaron con creces las caídas causadas por la debilidad económica subyacente, pero en los últimos dos trimestres el crecimiento de los ingresos tributarios ha sido impulsado principalmente por una mejoría en la economía. En el cuarto trimestre, los ingresos tributarios crecieron un 7,8 por ciento, pero incluso sin los aumentos en las tasas tributarias hubieran crecido un 7,0 por ciento. Los ingresos tributarios del trimestre de enero a marzo de 2011 crecieron un 9,3 por ciento en comparación con el año anterior, y 21 estados tuvieron un crecimiento mayor del 10 por ciento. Los datos preliminares para el trimestre de abril a junio muestran que las recaudaciones tributarias aumentaron un 11,4 por ciento.

Los ingresos tributarios estatales con inflación ajustada para el país en general en los últimos cuatro trimestres (que finalizan en el primer trimestre del año natural 2011) fueron un 7,7 por ciento menores que el pico alcanzado en 2007. El considerable crecimiento observado en los primeros dos trimestres de 2011 probablemente no se podrá sostener mucho más porque parece haber sido impulsado por las ganancias en la bolsa del año fiscal 2010, inflando las declaraciones de impuestos en el segundo trimestre. Casi con seguridad estas ganancias no se repetirán en 2011.

Además, las turbulencias en los mercados de deuda europeos y la reciente rebaja de la deuda a largo plazo de los Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s han contribuido al temor de que se produzca una segunda recesión. Existen señales de que el crecimiento económico será más lento de lo que la mayoría de estados había supuesto en sus presupuestos actuales. Los estados están más cerca del fondo del precipicio que de su cima, y corren el riesgo de volver a caerse. Mientras tanto, hay algunos signos de que los ingresos tributarios de los gobiernos locales también están comenzando a debilitarse.

Si bien los ingresos tributarios están creciendo ahora en la mayoría de los estados en comparación con las bajas tasas de recaudación del año anterior, no han alcanzado todavía los niveles previos a la recesión. Después de ajustarlos a la inflación, los ingresos tributarios para los últimos cuatro trimestres están por debajo del nivel del año natural 2007 en 43 estados, y los ingresos son por lo menos 10 por ciento menores que dicho nivel en 20 de estos estados. Entre los siete estados que muestran un giro positivo en la recaudación de impuestos, sólo Oregón (8,9 por ciento), Delaware (13 por ciento) y Dakota del Norte (62,9 por ciento) muestran niveles superiores al 2 por ciento.

Reacciones de los gobiernos estatales y locales

Los estados que han sufrido una reducción en sus ingresos también han visto subir el costo de sus programas sociales, debido en gran parte a la inscripción en Medicaid, que siempre aumenta después de que los trabajadores desempleados agotan sus prestaciones de seguro de salud. Según la Asociación Nacional de Funcionarios Presupuestarios Estatales (2011, ix), la inscripción en Medicaid aumentó un 8,1 por ciento en el año fiscal 2010, y se estima que aumentará un 5,4 por ciento en el año fiscal 2011; los estados proyectan un incremento adicional del 3,8 por ciento en el año fiscal 2012. Estos y otros tipos de gastos necesarios producen aún más tensiones en las actividades cotidianas de los gobiernos estatales y locales.

Es difícil medir el impacto de los recortes de gastos sobre los programas estatales y locales, pero sí se pueden medir los cambios en el nivel de empleo de los gobiernos estatales y locales. Si bien en el sector privado el empleo cayó significativamente desde el comienzo de la recesión, el empleo en los gobiernos estatales y locales siguió creciendo modestamente durante alrededor de un año y medio. Poco antes de que el empleo en el sector privado alcanzara su nadir, el empleo en los gobiernos estatales y locales comenzó a disminuir, y han tenido que recortar el empleo de manera agresiva. El nivel de empleo en los gobiernos locales es ahora un 3 por ciento menor que el pico, y el empleo en los gobiernos estatales es alrededor del 2 por ciento menor que el pico.

Los puestos de trabajo en educación en la mayoría de los estados están relacionados principalmente con la educación superior –universidades comunitarias, universidades de licenciatura y universidades con cursos de posgrado– si bien parte de ellos corresponden a la burocracia administrativa de la educación primaria y secundaria, y en algunos estados incluye parte de la fuerza de trabajo de ese sector educativo. El empleo en educación de los gobiernos estatales ha seguido creciendo significativamente durante la recesión y la recuperación, reflejando en parte el aumento en la demanda de educación terciaria que normalmente se produce en las recesiones (figura 3). Cuando es difícil encontrar trabajo, muchas personas deciden aumentar su nivel de destrezas y conocimientos inscribiéndose en un programa educativo o prolongando su estadía en la universidad (Betts y McFarland, 1995).

Mientras tanto, los gobiernos estatales han estado recortando el empleo no relacionado con la educación a pasos acelerados, de tal manera que ha bajado ahora casi un 5 por ciento desde su pico a mediados de 2008, casi comparable con lasituación actual de recuperación leve del empleo en el sector privado. En cada una de las nueve recesiones previas, el empleo no relacionado con la educación en los gobiernos estatales no disminuyó en absoluto o lo hizo en mucha menor medida, como fue el caso, por ejemplo, en la recesión de 2001.

La figura 4 muestra los mismos datos de empleo para los gobiernos locales, que están sufriendo cada vez más por la disminución de los impuestos sobre la propiedad y los recortes de ayuda estatal. El empleo en educación es ahora un 3,5 por ciento menor que el pico producido a finales de 2008, y el sector no relacionado con la educación ha caído un porcentaje similar con respecto al pico. No hay señales de que estos recortes se estén frenando, y hay pocas razones para pensar que vayan a remitir a corto plazo.

Las presiones fiscales continúan

La reciente mejoría de los ingresos tributarios estatales es bienvenida, pero siguen quedando varios desafíos. Los estados tienen problemas fiscales por cuatro razones principales. Primero, los ingresos totales siguen estando muy por debajo de su pico. Segundo, la recesión ha provocado efectos fiscales demorados, aumentando la demanda de muchos servicios gubernamentales, sobre todo Medicaid, otros programas de la red de seguridad, y la educación superior. La recesión también ha creado otras presiones y problemas para los estados al vaciar los fondos de fideicomiso del seguro de desempleo, lo cual puede llevar a imponer impuestos mayores para los seguros de desempleo con el fin de poder pagar los préstamos federales.

Tercero, los ajustes estatales cíclicos no se han completado aún, porque tienen que contabilizar las pérdidas del estímulo federal de más de US$50.000 millones en el año fiscal 2011–12 y el vencimiento de las medidas temporales de aumento de ingresos que se promulgaron en respuesta a la recesión. Cuarto, aun después de que este ciclo se estabilice por completo, los estados tendrán que enfrentarse con grandes aumentos en contribuciones de pensiones y pagos para la salud de los jubilados –una presión que probablemente se irá acumulando en los años venideros por varias razones como el aumento en la cantidad de jubilados debido al envejecimiento de la fuerza de trabajo; la probabilidad de que los costos de salud aumenten más rápidamente que la economía en general (Keehan et al. 2011); y, en el caso de algunos sistemas de pensiones y la mayoría de los planes de salud para jubilados, muchos años de subfinanciamiento crónico.

Los estados financian estos servicios con fuentes de ingresos inestables, y los ingresos tributarios se han hecho mucho menos confiables en las últimas dos décadas, reflejando en gran parte la participación cada vez mayor de los impuestos volátiles sobre la ganancia de capital. A menos que los estados puedan ampliar sus bases tributarias para que sus estructuras de ingresos sean menos volátiles, o desarrollar reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro en la economía.

Sobre El Autor

Donald Boyd es el director ejecutivo del Comité de Tareas Nacional sobre la Crisis en los Presupuestos Estatales, cuyos presidentes son el expresidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul Volcker, y el exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch. Boyd se encuentra actualmente bajo licencia de sus responsabilidades como senior fellow en el Instituto de Gobierno Rockefeller, donde realiza investigaciones sobre temas fiscales de los gobiernos estatales y locales.

Referencias

Betts, Julian R., and Laurel L. McFarland. 1995. Safe port in a storm: The impact of labor market conditions on community college enrollments. Journal of Human Resources 30(4):741–765.

Boyd, Donald. 2011. Recession, recovery, and state and local finances. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Keehan, Sean P., Andrea M. Sisko, Christopher J. Truffer, John A. Poisal, Gigi A. Cuckler, Andrew J. Madison, Joseph M. Lizonitz, and Sheila D. Smith. 2011. National health spending projections through 2020: Economic recovery and reform drive faster spending growth. Health Affairs 30(8): 1594–1605.

National Association of State Budget Officers. 2011. The fiscal survey of states. Washington, DC. http://nasbo.org/Publications/FiscalSurvey/ tabid/65/Default.aspx

Nueva colaboración editorial: El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria—Un número especial de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa)

Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky

Consecuencia de la gran recesión, el financiamiento del sistema de educación primaria y secundaria pública en los Estados Unidos ha sido particularmente problemática, dado la estrecha relación entre las finanzas escolares y el tributo sobre la propiedad. A lo largo del país, la caída abrupta de los precios de las viviendas que dieron lugar a la recesión también redujo la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Más del 80 por ciento de los ingresos de las escuelas públicas provienen del impuesto local sobre la propiedad (McGuire, Papke y Reschovsky 2015) y casi la mitad del total recaudado por ese concepto en los Estados Unidos se usa para financiar la educación pública primaria y secundaria (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014, Oficina del Censo de los EE.UU. 2013).

Para fomentar nuevas investigaciones sobre estos temas, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo organizó una conferencia sobre “Impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria” en Cambridge, MA, EE.UU., en octubre de 2013. El número de otoño de 2014 de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa) contiene cinco ponencias de la conferencia, junto con dos trabajos adicionales presentados como parte de la convocatoria para la publicación de este número especial, que fueron sometidos a un proceso de revisión por parte de los colegas de la revista. Nosotros cumplimos la función de editores invitados, trabajando en estrecha colaboración con los editores de la publicación, Thomas A. Downes y Dan Goldhaber. Gracias al financiamiento del Instituto Lincoln, este número especial se puede descargar gratis hasta enero de 2016 en el sitio web de la Asociación de Finanzas y Política Educativa (www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).

Desafíos para financiar la educación primaria y secundaria

Usando los datos de recaudación de fondos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (2014), determinamos que los ingresos totales dedicados a la educación pública, medidos en términos reales por alumno, cayeron un 6,2 por ciento desde septiembre de 2008 a junio de 2012. Aunque todavía no hay cifras totales disponibles para los años más recientes, los datos existentes apuntan a una disminución sostenida en el apoyo financiero a la educación pública. Los datos del Resumen trimestral de ingresos tributarios estatales y locales de la Oficina del Censo de los EE.UU. señalan que los ingresos reales per cápita por el impuesto sobre la propiedad de los gobiernos locales (tanto para fines escolares como no escolares) fueron 2,7 por ciento menores al finalizar el año fiscal 2014 que al final del año fiscal 2011. Y una encuesta realizada por el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias concluyó que, por lo menos en 35 estados, la ayuda estudiantil estatal real por estudiante fue menor en el año fiscal 2014 que en el año fiscal 2008 (Leachman y Mai 2014).

Muchos distritos escolares del país respondieron a la reducción de ingresos despidiendo a empleados. De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. (2013) reporta que entre el pico de empleo en junio de 2009 y el valle en octubre de 2012, el empleo en educación por parte de los gobiernos locales se redujo en 357.400 puestos, lo cual corresponde a una disminución del 4,4 por ciento. En este mismo periodo, la inscripción en la escuela pública creció un 0,9 por ciento (Centro Nacional de Estadísticas Educativas, 2013).

Las proyecciones actuales pronostican un incremento significativo tanto en la inscripción de primaria y de secundaria como en el costo por alumno. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES 2013) proyecta que los gastos por alumno aumentarán de un promedio de US$10.518 en el año escolar 2009–10 a US$12.530 en 2021–22. El NCES también proyecta aumentos sustanciales en la inscripción en la escuela pública, si bien las proyecciones de crecimiento en estados específicos varían, y en general son mucho mayores en los estados del sur y el oeste (8,9 por ciento y 12,7 por ciento respectivamente entre 2010 y 2021) que en el noreste y el medio oeste (2,2 por ciento y 2,4 por ciento). Si bien las políticas y prioridades públicas pueden cambiar dependiendo de las políticas actuales y las proyecciones de recaudación, es poco probable que la recaudación para el sostenimiento de la educación pública crezca con la suficiente rapidez como para ajustarse al crecimiento proyectado en la inscripción estudiantil y los costos.

Los datos nacionales indican que en 2011–12, el 10 por ciento de los ingresos totales de educación pública provinieron del gobierno federal, y el resto se repartió por igual entre fuentes de financiamiento estatal y local (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014). Los programas del gobierno federal de apoyo a la educación se clasifican como gastos discrecionales domésticos. Si bien el Congreso ha hecho poco a la fecha para controlar el crecimiento de los gastos en programas de ayuda social, ha impuesto límites estrictos sobre el crecimiento de los gastos discrecionales internos por medio de la Ley de Control Presupuestario de 2011 y el acuerdo presupuestario del Congreso para el año fiscal 2014. La Oficina Presupuestaria del Congreso (2013) pronostica que los gastos discrecionales internos disminuirán, en proporción al PIB, por lo menos hasta 2023. Dados los límites impuestos a los gastos totales, junto con la competencia de otras necesidades internas urgentes, es probable que se produzcan reducciones en el apoyo educativo federal por alumno.

Los sistemas de financiamiento escolar varían mucho entre un estado y otro, y las tendencias futuras en el apoyo estatal para la educación pública también variarán mucho entre estados. No obstante, muchos gobiernos estatales tienen problemas estructurales que a la larga probablemente limiten el financiamiento estatal de la educación pública en el futuro. Por el lado de los ingresos, muchos estados tienen bases impositivas reducidas sobre las ventas, que excluyen muchos servicios y, en consecuencia, no crecen en forma proporcional a la economía. Los problemas de ingreso se ven agravados por la imposibilidad de los estados para cobrar impuestos sobre las ventas por Internet y por correo. En el último par de años, una serie de estados han adoptado recortes en los impuestos individuales sobre las ganancias. Estos recortes de impuestos en general han sido promulgados sin un aumento compensatorio en los ingresos, o se han financiado usando ingresos de superávits no recurrentes del presupuesto estatal.

Por el lado de los gastos, el financiamiento de la educación primaria y secundaria compite con otras prioridades. En muchos estados, los gastos de Medicaid (seguro de salud para las personas sin recursos) crecerán más rápido que los ingresos tributarios estatales, una tendencia agudizada en parte por el envejecimiento de la población. Muchos estados también están enfrentando un considerable y creciente pasivo de pensiones sin dotación financiera. Para liquidar estas obligaciones sin fondos hará falta sin duda aumentar las contribuciones para las pensiones del gobierno estatal. Aun cuando las encuestas indican que los votantes están a favor de un aumento del gasto en educación más que en otras áreas, las obligaciones crecientes en Medicaid y pensiones de los estados pueden reducir los gastos en educación primaria y secundaria, a menos que los gobiernos estatales tomen decisiones políticas difíciles para aumentar los impuestos (Pew Research 2011).

Con esta perspectiva de reducción en el financiamiento de los gobiernos federal y estatal, es probable que los distritos escolares locales jueguen un papel cada vez más importante en el financiamiento de la educación pública. El incremento del financiamiento del gobierno local para la educación pública exigirá que se tome el paso políticamente difícil de aumentar los impuestos sobre la propiedad o, si esto fuera imposible, el desarrollo y adopción amplia de fuentes alternativas de ingresos para el gobierno local. Ninguna de las estrategias será fácil de implementar.

Este sombrío panorama de las perspectivas de financiación de la educación pública da lugar a una serie de preguntas de investigación. Por ejemplo: ¿Pueden los gobiernos estatales adoptar políticas para que el impuesto sobre la propiedad sea más aceptable políticamente? ¿Qué papel pueden jugar las fuentes alternativas de ingreso local en el financiamiento de la educación pública? ¿Puede incrementarse este papel? ¿Es posible diseñar sistemas estatales de ayuda a la educación que se traduzcan en un flujo más estable de ayuda estatal durante los momentos de recesión económica? ¿Se puede aumentar la efectividad de las políticas estatales para proporcionar alivio tributario en el impuesto sobre la propiedad? ¿Se pueden reformar los sistemas de ayuda estatal para aumentar las oportunidades educativas de todos los estudiantes? El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria considera esta y otras cuestiones.

Conclusión

En este número especial hay tres temas centrales que emergen. El primero es la posibilidad de que la legislación estatal tenga consecuencias imprevistas. Eom et al. concluyen que el programa de descuentos al impuesto sobre la propiedad (STAR, por su sigla en inglés) de Nueva York induce a los votantes a aumentar el gasto escolar y aumentar los impuestos sobre la propiedad, reduciendo así la efectividad de la reducción fiscal prevista. Jeffrey Zabel concluyó que las exenciones fiscales sobre la propiedad en Massachusetts han causado un aumento de la segregación racial. Y Phuong Nguyen-Hoang determinó que el uso de recuperación de plusvalías en Iowa condujo a reducciones modestas en los gastos de educación.

El segundo tema es la posibilidad de que el financiamiento escolar estatal y las políticas de impuestos sobre la propiedad proporcionen mayores ventajas para los distritos escolares ricos o con mayores ingresos que para los de bajos recursos o con menores ingresos. En algunos casos, el sesgo hacia la riqueza es una característica explícita del programa. Por ejemplo, el factor de ajuste del diferencial del precio de venta del programa STAR desvía una cantidad desproporcionada del descuento al impuesto sobre la propiedad a los distritos escolares más ricos. En forma similar, el sistema de ayuda estatal de Michigan envía alrededor del 7 por ciento más de ayuda estatal por alumno a los distritos más ricos. En otros casos, el sesgo hacia distritos más ricos se manifiesta de maneras más indirectas. Chakrabarti et al. determinaron que los distritos escolares ricos tenían mayor probabilidad de aumentar los ingresos por el impuesto sobre la propiedad como reacción a los recortes en la ayuda estatal. Zabel notó que las comunidades de ingresos más altos tenían una mayor probabilidad de aprobar exenciones a los límites de aumento del impuesto. Nguyen-Hoang estableció que las medidas de recuperación de plusvalías tienen un efecto negativo mayor sobre los gastos escolares en distritos de bajos ingresos o escasos recursos que en los distritos de altos ingresos o gran riqueza. Finalmente, Nelson y Gazley encuentran que los distritos acomodados tienen una mayor probabilidad de recibir ingresos de organizaciones sin fines de lucro que respaldan las escuelas, y que sus contribuciones por alumno tienden a ser mayores.

Un tercer tema es la importancia sostenida del impuesto sobre la propiedad como fuente de financiamiento de la educación pública en los Estados Unidos. Los artículos de Nelson y Gazley, y de Downes y Killeen, demuestran que los ingresos no tributarios juegan un papel relativamente pequeño en el financiamiento de las escuelas públicas. Y no hay ninguna evidencia que demuestre que la proporción de ingresos obtenidos de las tasas y cargos a los estudiantes, organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo a escuelas, o de ingresos no tributarios varios haya aumentado durante o después de la Gran Recesión.

Estas conclusiones sugieren que para garantizar suficiente financiamiento para la educación pública en el futuro, se deben hacer esfuerzos para que el impuesto sobre la propiedad sea una fuente más atractiva de ingresos. Estas mejoras del impuesto sobre la propiedad podrían incluir la expansión de programas de descuentos tributarios bien dirigidos y diseñados, como por ejemplo la adopción de “fusibles”, programas de postergación del impuesto sobre la propiedad para contribuyentes que tienen una carga tributaria pesada o sufren un incremento muy rápido en sus facturas de cobro de impuestos sobre la propiedad, y mejoras en la administración tributaria que se concentren en una mayor transparencia.

Dada la gran diversidad en el financiamiento escolar y los sistemas de impuestos sobre la propiedad en los EE.UU. y los problemas fiscales que se avecinan, los artículos de este número especial no pueden cubrir la gama completa de políticas necesarias que aseguren un financiamiento adecuado y equitativo de la educación pública. No obstante, esperamos que estos artículos constituyan un motivo de reflexión tanto para los dirigentes políticos como los investigadores, y que también inspiren investigaciones adicionales sobre la tributación de la propiedad y el financiamiento escolar.

Índice

Introduction to Special Issue on the Property Tax and the Financing of K–12 Education
(Introducción al número especial sobre el impuesto a la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria)
Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky

Did Cuts in State Aid During the Great Recession Lead to Changes in Local Property Taxes?
(Los recortes en la ayuda estatal durante la Gran Recesión, ¿produjeron cambios en los impuestos locales sobre la propiedad?)
Rajashri Chakrabarti, Max Livingston y Joydeep Roy

Michigan and Ohio K–12 Educational Finance Systems: Equality and Efficiency
(Sistemas de financiamiento de la educación primaria y secundaria en Michigan y Ohio: Equidad y eficiencia)
Michael Conlin y Paul Thompson

The Unintended Consequences of Property Tax Relief: New York’s STAR Program
(Las consecuencias imprevistas de descuentos en el impuesto sobre la propiedad: El programa STAR de Nueva York)
Tae Ho Eom, William Duncombe, Phuong Nguyen-Hoang y John Yinger

Unintended Consequences: The Impact of Proposition 2½ Overrides on School Segregation in Massachusetts
(Consecuencias imprevistas: El impacto de las exenciones a la Propuesta 2½ sobre la segregación escolar en Massachusetts)
Jeffrey Zabel

Tax Increment Finance and Education Expenditures: The Case of Iowa
(Financiamiento por aumento de impuestos y gastos educativos: El caso de Iowa)
Phuong Nguyen-Hoang

The Rise of School-Supporting Nonprofits
(El ascenso de organizaciones sin fines de lucro que respaldan escuelas)
Ashlyn Aiko Nelson y Beth Gazley

So Slow to Change: The Limited Growth of Non-Tax Revenues in Public Education Finance, 1991–2010
(Un cambio muy lento: El crecimiento limitado de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la educación pública, 1991–2010)
Thomas Downes y Kieran M. Killeen

Sobre los autores

Daphne A. Kenyon, Ph.D., es economista y fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y socio fundador de D. A. Kenyon & Associates.

Andrew Reschovsky, Ph.D., es fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Referencias

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Leachman, Michael y Chris Mai. 2014. “Most States Funding Schools Less Than Before the Recession,” Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities, actualizado 12 de septiembre. www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4011.

McGuire, Therese J., Leslie E. Papke y Andrew Reschovsky. 2015. “Local Funding of Schools: The Property Tax and Its Alternatives,” chapter 22 in Handbook of Research on Education Finance and Policy, revised edition, edited by Helen F. Ladd y Margaret Goertz, Routledge, 376–391.

National Center for Education Statistics (NCES). 2014. “National Public Education Financial Survey Data,” School Year 2010–11. http://nces.ed.gov/ccd/stfis.asp.

National Center for Education Statistics (NCES). 2013. “Projections of Education Statistics to 2021.” http://nces.ed.gov/programs/projections/projections2021/index.asp.

Pew Research. 2011. “Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular.” Center for People and the Press. 10 de febrero. www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-remain-unpopular.

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2013. Table B-1a: Employees on Non-Farm Payrolls by Industry Sector and Selected Industry Detail, Seasonally Adjusted. Current Employment Statistics, Establishment Data. www.bls.gov/web/empsit/ceseeb1a.htm.

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