Más seguridad y confianza para las comunidades del Sur Global

Más de mil millones de personas en todo el mundo, es decir, cerca de uno de cada cuatro residentes urbanos, viven en asentamientos informales, según ONU-Habitat, con las mayores concentraciones en África, Asia y América Latina. Dichos asentamientos, que suelen formarse en respuesta a la falta de viviendas adecuadas, asequibles y bien ubicadas, pueden ofrecer a los residentes acceso a redes de apoyo comunitario y oportunidades económicas. Pero la informalidad también tiende a dejar a los residentes en un estado de precariedad perpetua, sin derechos legales sobre sus hogares o la tierra que ocupan y, a menudo, sin infraestructura o servicios esenciales.

Un informe de políticas de ONU-Habitat pendiente de publicación explora si los fideicomisos comunitarios de tierra (CLT, por sus siglas en inglés), que se componen de viviendas de propiedad individual en tierras de propiedad colectiva, podrían ser una herramienta útil para ayudar a proporcionar más seguridad y estabilidad a los residentes de asentamientos informales, en particular, en el Sur Global.

“Los fideicomisos comunitarios de tierra podrían ayudar a muchos grupos en el Sur Global, pero pocas personas conocen el modelo”, dice Tarcyla Fidalgo, directora de la Iniciativa del Sur Global impulsada por el Centro Internacional de Fideicomisos Comunitarios de Tierra (ICCLT, por sus siglas en inglés) y autora principal del informe de ONU-Habitat. Fidalgo ha estado trabajando para mapear los modelos colectivos de tenencia de tierras a nivel mundial y aprender de ellos a fin de ampliar la comprensión de los CLT en Brasil y otros lugares.

“Creo que el fideicomiso comunitario de tierra responde a una pregunta muy antigua y compleja sobre el movimiento social aquí en Brasil, que es cómo mantener un marco colectivo y, al mismo tiempo, respetar la individualidad”, comenta Fidalgo.

A principios de este año, Fidalgo participó con docenas de otros asistentes en un intercambio de aprendizaje de tres días en Ciudad del Cabo para explorar las realidades legales, financieras y geográficas de los CLT en África. El evento, patrocinado por socios como el Instituto Lincoln y el Development Action Group (DAG), fue el último de una serie de intercambios entre pares para profesionales y otras personas que ven el potencial del modelo de CLT para abordar la inseguridad habitacional en el Sur Global.

“Podía notarse que el evento era histórico”, dice Enrique Silva, director de programas del Instituto Lincoln. “En encuentro inició una conversación en diversos continentes y comunidades sobre la relevancia y la promesa de los CLT, la cual quizás nunca se habría producido por sí sola, y sentó las bases para la adopción de los CLT a una escala nunca imaginada”.

“Temporal por 100 años”

El modelo moderno de fideicomisos comunitarios de tierra es más frecuente en las naciones urbanizadas ricas de América del Norte y Europa, donde se ha utilizado, en gran medida, para garantizar la capacidad de pago habitacional. Sin embargo, Fidalgo dice que, en el contexto de los asentamientos informales, los CLT pueden usarse como una herramienta para preservar comunidades que ya son sólidas y colaborar, de manera más amplia, en la lucha por los derechos a la vivienda y el suelo.

“Estos lugares, incluso si se considera la precariedad y todas las dificultades, son lugares vibrantes llenos de creatividad, con lazos sociales muy sólidos y una solidaridad muy fuerte entre los residentes”, sostiene. Sin embargo, los residentes de asentamientos informales (muchos de los cuales ocupan parcelas de suelo marginales, pero bien ubicadas cerca de lugares de trabajo en el centro de la ciudad) viven bajo una amenaza constante de desalojo y una serie de otras inseguridades, desde un mayor riesgo climático hasta una infraestructura de saneamiento inadecuada.

Según Fidalgo, Río de Janeiro ahora tiene más de 1.000 favelas que se encuentran en casi todos los barrios y, a menudo, emplazadas en laderas empinadas por encima de la ciudad con total desarrollo. “Esta tipología de asentamiento informal ha estado presente desde principios del siglo XX: nuestra favela más antigua ahora tiene 130 años”, dice. Durante ese período, las favelas y sus residentes han experimentado ciclos de abandono, aceptación y, además, desalojo, como durante el período de “megaeventos” de 2009 a 2016, cuando Río fue sede de los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial, los Juegos Panamericanos y otros eventos internacionales importantes.

“La ciudad recibió mucho dinero para garantizar la infraestructura para estos eventos”, comenta Fidalgo. Señala que las decisiones políticas de erradicar algunas de las favelas, en especial las cercanas a las sedes de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial, “provocaron oleadas masivas de desalojos y muchas personas de estas favelas murieron; no a causa de la violencia en particular, sino debido a la pérdida de su comunidad y de los lazos sociales”.

Fidalgo dice que la amenaza de desalojo hace que los residentes de asentamientos informales, que podrían invertir en sus hogares y barrios, se muestren reacios a hacerlo. “Si uno no tiene el título de la tierra que ocupa, no invertirá allí porque no tiene seguridad sobre el lugar que ocupa”, dice Fidalgo. “Entonces, solo hace las mejoras más básicas y necesarias para sobrevivir porque es una condición temporal. Pero es temporal durante 100 años”.

Un fideicomiso comunitario de tierra ofrece a los residentes la oportunidad de mantener la comunidad intacta de forma legal y permanente mientras asegura la inversión en infraestructura y el poder político, y la posibilidad de ser propietarios de sus propias viviendas y permanecer en ellas durante el tiempo que deseen. Sin embargo, Fidalgo señala que, durante mucho tiempo, incluso los pocos profesionales y encargados de elaborar políticas en Brasil que conocían el modelo lo descartaron, en gran medida, por ser algo que solo funcionaba en el contexto más rico del Norte Global.

Esa situación fue hasta que se enteraron del fideicomiso comunitario de tierra Caño Martín Peña en la capital puertorriqueña de San Juan.

Una vista aérea muestra los barrios del fideicomiso comunitario de tierra Caño Martín Peña que bordean el canal, con edificios de San Juan en el fondo. — Los asentamientos informales que se formaron a lo largo de las orillas del Caño Martín Peña, cerca del centro de San Juan, ahora son parte de un fideicomiso comunitario de tierra. *Crédito*: Google Earth con datos de Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO.

Puerto Rico da el ejemplo

El canal Martín Peña antes pasaba por el centro de San Juan y, a principios del siglo XXI, unas 8.000 familias se habían asentado en los pantanosos manglares a lo largo de sus orillas. Después de mucho tiempo lleno de limo y escombros, y sin alcantarillado ni sistema de drenaje, el canal tenía una contaminación extrema y era propenso a inundaciones, por lo que el gobierno comenzó a hacer planes para dragarlo.

Los residentes sintieron alivio, pero también preocupación: como la zona se encontraba tan cerca del distrito financiero de San Juan, las mejoras en la infraestructura podían elevar el valor del suelo y obligarlos a desplazarse. El gobierno deseaba el apoyo de la comunidad para el proyecto, por lo que se involucró en un largo proceso de consulta con los residentes de los ocho barrios para crear un plan de desarrollo integral y un proyecto de ley, un componente clave que incluía la entrega de las tierras de propiedad pública a sus residentes a través de un nuevo fideicomiso comunitario de tierra.

La formación del CLT llevó varios años y muchos debates: más de 700 reuniones comunitarias en total, según Mariolga Juliá Pacheco, directora de la Oficina de Participación del CLT Caño Martín Peña. “Al principio, fue interesante porque había diferentes dirigentes en diferentes comunidades que no necesariamente se conocían”, dice. “Pero comenzaron a ver que estaban luchando por las mismas causas, que tenían los mismos problemas, que si una comunidad se inundaba, la otra también se inundaría… En verdad fue un hermoso proceso en términos de fomentar el pensamiento crítico y el despertar de los dirigentes comunitarios”.

Después de algunos reveses políticos y los consiguientes desafíos legales, el fideicomiso comunitario de tierra finalmente ganó la propiedad de la tierra a fines de 2013. Dos años más tarde, el Caño Martín Peña ganó un Premio Mundial del Hábitat, lo que le dio reconocimiento como un nuevo modelo para transformar los asentamientos informales y prevenir los desplazamientos.

Solo alrededor de una cuarta parte de los 8.000 hogares se unieron al nuevo fideicomiso comunitario de tierra (aunque más personas se siguen inscribiendo). Sin embargo, incluso cuando se brindó protección a solo 2.000 de las viviendas al retirarlas del mercado inmobiliario, esto ha sido suficiente para proteger a toda la comunidad de la presión del aburguesamiento, ya que las viviendas se encuentran intercaladas en todos los barrios.

“Cuando algún agente del mercado inmobiliario viene a la comunidad, no quiere comprar solo una o dos casas”, explica Fidalgo. “Quiere comprar un gran terreno para construir otra cosa, como un centro comercial o lo que sea. Y, al tratar de obtener esta gran parcela de suelo, inevitablemente se topará con una casa del fideicomiso comunitario de tierra. Por lo tanto, no podrá adquirir esa parcela”.

Intercambio de conocimientos de sur a sur

En 2017, World Habitat organizó un intercambio internacional entre pares en San Juan con el fideicomiso comunitario de tierra Caño Martín Peña, al que asistió el director del ICCLT, Greg Rosenberg. “Quedé asombrado por lo que habían logrado”, dice Rosenberg. “Me abrió los ojos al potencial que tienen los fideicomisos comunitarios de tierra en el Sur Global de maneras que nunca había imaginado: podría ser una herramienta muy útil para los mil millones de personas que viven sin seguridad de tenencia en comunidades informales autoconstruidas”.

Eso inspiró al ICCLT a organizar su propio intercambio de aprendizaje entre pares en Brasil, que atrajo a participantes de 11 países. Entre ellos, estaba Crystal West, directora ejecutiva del Development Action Group (DAG), una organización sin fines de lucro de desarrollo habitacional y económico con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

“Nuestra noción de los CLT se basaba en el enfoque del Norte Global y Australia, y acabamos de descubrir que eso no va a funcionar aquí”, señala West. “Pero al ir a Río, ver lo que está sucediendo en Brasil, Puerto Rico y estos otros países, notamos que, en realidad, los principios de este modelo no son ajenos a nosotros. Estos son los principios con los que hemos estado trabajando a medida que apoyamos a las comunidades: se trata de la propiedad, se trata de la administración y, más importante aún, se trata de situar a las comunidades en el centro”.

“En este momento, el gran desafío que enfrentamos en Sudáfrica con la informalidad es que no lleva a ningún lado”, dice West. “La tasa de informalidad solo crece exponencialmente”.

Un grupo de personas escucha con atención en una visita a un sitio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. — En un intercambio de aprendizaje de junio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los asistentes visitaron asentamientos informales y debatieron cómo un modelo de fideicomiso comunitario de tierra podría proporcionar seguridad en la tenencia para los residentes. *Crédito*: Development Action Group.

Cuando Sudáfrica se convirtió en una nación democrática en 1994, después de décadas de gobierno del apartheid, bajo el cual la población negra sudafricana tenía prohibido por ley poseer propiedades y se la desalojaba de sus tierras por la fuerza, el nuevo gobierno, que buscaba reparar esos daños, hizo muchas promesas. “Un tema central era que cada persona obtendría una casa gratis”, explica West, un objetivo noble que está lejos de cumplirse.

Si bien hay antecedentes de tenencia de suelo comunal en Sudáfrica, la adopción de los CLT requerirá superar algunos obstáculos legales y políticos, dice Michael Clark, investigador de suelos urbanos de DAG. “Una de las conclusiones que resultaron bastante claras del intercambio de aprendizaje es que, si bien una forma de fideicomiso comunitario de tierra sin duda sería posible en el contexto sudafricano, la forma específica que tomaría no tiene disponibilidad inmediata en nuestro contexto legal directamente”, dice, por lo que podría ser necesario abogar por una nueva forma de tenencia del suelo o modernizar un marco existente.

Aparte de los obstáculos legales, la historia del apartheid también puede hacer que los residentes se muestren algo escépticos con respecto a la propiedad comunitaria. Después de haber tenido prohibido por ley poseer propiedades durante generaciones, es comprensible que muchos sudafricanos negros ven la propiedad privada del suelo como un símbolo importante de libertad. “Ya que se ha desplazado a las personas y se les han quitado sus derechos al suelo como parte de la deshumanización que el apartheid logró con tanta eficacia, existe una gran fijación en la propiedad como meta final”, dice Clark.

El intercambio de aprendizaje en Ciudad del Cabo comenzó con visitas guiadas a los asentamientos informales de Ses’khona y Winnie Madikizela Mandela, donde los participantes pudieron hablar con los residentes y comprender mejor la precariedad a la que se enfrentan.

“Esas visitas al sitio fueron muy importantes para fundamentar la conversación y ubicar a las diferentes personas que participaron en la conferencia en las realidades de las que estamos hablando”, comenta Akhona Siswana, coordinadora de proyectos de DAG.

“Es muy difícil organizarse en torno a la esperanza”, dice Siswana. “Las comunidades enfrentan desafíos inmediatos, y nosotros llegamos con propuestas a muy largo plazo. Pero todo el intercambio de aprendizaje, en mi opinión, nos ha dado la esperanza de que esto en verdad pueda funcionar en estas comunidades”.

Es un modelo, no una receta

En Puerto Rico, las esperanzas crecen a medida que la planificación se convierte en progreso en el CLT Caño Martín Peña, con el dragado del canal en curso.

Los residentes ahora imaginan cómo podría ser usar un canal limpio para actividades sociales y recreativas al aire libre, como el kayak. “Hay muchos residentes ancianos que recuerdan ese tipo de interacciones con el caño y hay nuevas generaciones que no han tenido esa oportunidad”, dice Pacheco. “Así que es un interrogante, pero uno que se hace con una sonrisa”.

Al reflexionar sobre la función influyente e inspiradora del CLT Caño Martín Peña, Pacheco afirma: “Creo que es un honor y una responsabilidad. Para los líderes de la comunidad, y también para el personal, es la comprobación de que todos los esfuerzos, todos los años de lucha y todas las largas noches de reuniones han valido la pena”.

Sin embargo, si bien el Caño ofrece un ejemplo inspirador y exitoso, es solo eso: un ejemplo, en un solo lugar, que ha funcionado. No existe una única forma de hacerlo. “Cada vez que tenemos intercambios entre pares y diferentes oportunidades de compartir nuestra experiencia, expresamos con mucha claridad que es necesario tener en cuenta el contexto de la comunidad y las personas que están considerando esta opción”, explica.

“Hemos tenido muchos intercambios donde, al final, le hemos dicho al otro grupo que quizás no necesitan un CLT”, dice Pacheco. “Porque no es una receta. Deben considerarse a las personas y las comunidades como sujetos y protagonistas [de sus historias]”, agrega. “Lo que la comunidad necesita, lo que la comunidad desea… ese es el punto de partida y el punto final”.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: Las modestas casas de una favela se alinean en una ladera en Río de Janeiro, con rascacielos cercanos visibles en el fondo. Crédito: Getty Images/Cokada.

Securing Communities, and Trust, in the Global South

More than a billion people worldwide—about one in four urban residents—live in informal settlements, according to UN Habitat, with the greatest concentrations in Africa, Asia, and Latin America. Such settlements, which generally form in response to a lack of adequate, affordable, and well-located housing, can offer residents access to community support networks and economic opportunity. But informality also tends to leave residents in a state of perpetual precarity, without legal rights to their homes or the land they occupy, and often without essential infrastructure or services.

A forthcoming Policy Brief from UN-Habitat explores whether community land trusts (CLTs), which are made up of individually owned homes on collectively owned land, might be a useful tool to help provide more security and stability to residents of informal settlements, particularly in the Global South.

“Community land trusts could help a lot of groups in the Global South, but few people know about the model,” says Tarcyla Fidalgo, who, as head of the Global South Initiative at the International Center for Community Land Trusts (ICCLT) and lead author of the UN-Habitat report, has been working to map and learn from collective land tenure models globally and to broaden understanding of CLTs in Brazil and beyond.

“I think the community land trust answers a very old and complex question facing the social movement here in Brazil,” Fidalgo says, “that is how to keep a collective framework while also respecting individuality.”

Earlier this year, Fidalgo joined dozens of other attendees for a three-day learning exchange in Cape Town to explore the legal, financial, and geographic realities of CLTs in Africa. The event, which was sponsored by partners including the Lincoln Institute and the Development Action Group (DAG), was the latest in a series of peer exchanges among practitioners and others who see potential for the CLT model to address housing insecurity in the Global South.

“One could see that event as historic,” says Enrique Silva, chief program officer at the Lincoln Institute. “It opened a conversation across continents and diverse communities on the relevance and promise of CLTs that may never have happened on its own and set the stage for the adoption of CLTs at a scale never thought of.”

‘Temporary for 100 Years’

The modern community land trust model is most prevalent in the wealthy urbanized nations of North America and Europe, where it’s largely been used to guarantee housing affordability. But Fidalgo says that, in the context of informal settlements, CLTs can be used as a tool to preserve already strong communities and to serve more broadly in the fight for housing and land rights.

“These places, even considering the precarity, even considering all the difficulties, are vibrant places with a lot of creativity, with very strong social bonds, and very strong solidarity among the residents,” she says. Yet residents of informal settlements—many of whom occupy marginal but well-located plots of land near downtown jobs—live with a constant threat of eviction and a host of other insecurities, from increased climate risk to inadequate sanitation infrastructure.

Rio de Janeiro now has over 1,000 favelas, Fidalgo says, in virtually every neighborhood, often ascending steep hillsides above the formally developed city. “We have had this typology of informal settlement since the beginning of the 20th century—our oldest favela is now 130 years old,” she says. Throughout that time, the favelas and their residents have experienced cycles of neglect, acceptance—and eviction, as during the “Mega Events” period of 2009–2016, when Rio hosted the Olympic Games, World Cup, Pan American Games, and other major international events.

“The city received a lot of money to guarantee the infrastructure for these events,” Fidalgo says. Political decisions to eradicate some of the favelas, especially those close to the Olympic and World Cup venues, she says, “led to massive waves of evictions, and a lot of people from these favelas died—not specifically because of violence, but because they lost their community, they lost the social bonds.”

Fidalgo says the threat of eviction leaves residents of informal settlements who might be able to invest in their homes and neighborhoods reluctant to do so. “If you don’t have the title of the land that you occupy, you won’t invest there, because you’re insecure about your position,” Fidalgo says. “So you just do the most basic improvements you need to survive, because it’s a temporary condition. But it’s temporary for 100 years.”

A community land trust offers residents the chance to legally and permanently keep their community intact while securing infrastructure investment and political power, and to own their own homes and remain in them for as long as they wish. But for a long time, Fidalgo says, even the few practitioners and policymakers in Brazil who had heard of the model largely dismissed it as something that only worked in the wealthier context of the Global North.

That is, until they heard about the Caño Martín Peña community land trust in the Puerto Rican capital of San Juan.

aerial view of Caño Martín Peña and downtown San Juan behind it — About 2,000 households from the informal settlements that formed along the banks of the Caño Martín Peña near downtown San Juan have formed a community land trust. *Credit*: Google Earth including data from Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO.

Changing the Channel in Puerto Rico

The Martín Peña channel once flowed through the center of San Juan, and by the turn of the 21st century, some 8,000 families had settled in the swampy mangroves along its banks. Long since filled with silt and debris, and with no sewer or drainage system, the channel had become extremely polluted and prone to flooding, so the government began making plans to dredge it.

Residents were relieved but also concerned: With the area so close to San Juan’s financial district, the infrastructure improvements could raise land values and force their displacement. The government wanted the community’s support for the project, so it engaged in a lengthy consultation process with residents from the eight different neighborhoods to create a Comprehensive Development Plan and a legislative bill—a key component of which included handing over the publicly owned land to its residents through a newly established community land trust.

Forming the CLT took several years and a whole lot of discussion—more than 700 community meetings in total, says Mariolga Juliá Pacheco, director of the Office of Participation at the Caño Martín Peña CLT. “It was interesting at the beginning, because you had different leaders in different communities who didn’t necessarily know each other,” she says. “But they started seeing that they were fighting the same struggles, that they had the same troubles—that if one community gets flooded, the other one will get flooded.… It was a really beautiful process in terms of facilitating the critical thinking and awakening of the community leaders.”

After some political setbacks and ensuing legal challenges, the community land trust finally gained ownership of the land at the end of 2013. Two years later, the Caño Martín Peña won a World Habitat Award, gaining recognition as a new model for transforming informal settlements and preventing displacement.

Only about a quarter of the 8,000 households joined the new community land trust (though more continue to sign up). But even having just 2,000 of the homes permanently protected by removing them from the property market has been enough to shield the entire community from gentrification pressure, because the homes are interspersed throughout the neighborhoods.

“When some agent from the real estate market comes to the community, they don’t want to buy just one house or two houses,” Fidalgo explains. “They want to buy a large piece of land to build another thing—a shopping center or whatever. And in trying to get this large piece of land, they will inevitably run into a community land trust house. So they will not be able to acquire that piece of land.”

South-South Knowledge Sharing

In 2017, World Habitat organized an international peer exchange in San Juan with the Caño Martín Peña land trust, which ICCLT director Greg Rosenberg attended. “I was blown away at what they had accomplished there,” Rosenberg says. “It opened my eyes to the potential of the community land trust in the Global South, in ways I had never imagined—that it could be a very useful tool to the one billion people living without security of tenure in self-built, informal communities.”

That inspired the ICCLT to host its own peer learning exchange in Brazil, which drew participants from 11 countries. Among them was Crystal West, who manages the Informal Settlements and Civic Action Hub programs at the Development Action Group (DAG), a housing and economic development nonprofit based in Cape Town, South Africa.

“Our notion of CLTs was based on the Global North approach, and that of Australia, and we just found that’s not going to work here,” West says. “But going to Rio, seeing what’s happening in Brazil and Puerto Rico and these other countries, we said, actually, the principles of this model are not foreign to us.  These are the principles that we have been working with as we support communities—it’s about ownership, it’s about stewardship, and most importantly, it’s about putting communities at the center.”

“The big challenge we are facing in South Africa at the moment with informality is that it’s not going anywhere,” West says. “The rate of informality has just grown exponentially.”

A group of people listen intently on a site visit in Cape Town South Africa — At a June learning exchange in Cape Town, South Africa, attendees visited informal settlements and discussed how a community land trust model could provide security of tenure for residents. *Credit*: Development Action Group.

When South Africa became a democratic nation in 1994 after decades of apartheid rule—under which Black South Africans were legally barred from owning property and forcibly removed from their land—the new government, seeking to redress those harms, made many promises. “A central theme was that every person would get a free house,” West says, a lofty goal that is nowhere near being realized.

While there is a history of communal land tenure in South Africa, adopting CLTs will require navigating some legal and political hurdles, says Michael Clark, urban land researcher at DAG. “One of the things that came out quite clearly from the learning exchange is that, while a form of a community land trust would definitely be possible in the South African context, the specific form that it would take isn’t immediately available in our legal context directly,” he says, so it might require advocating for a new form of land tenure or retrofitting an existing framework.

Aside from the legal obstacles, the history of apartheid can also make residents somewhat skeptical of communal ownership. Having been legally forbidden from owning property for generations, many Black South Africans understandably see private landownership as an important symbol of freedom. “Because people have been displaced and have had their land rights taken away as part of this dehumanization that apartheid was so effective at, there’s this very big fixation on ownership as being the end goal,” Clark says.

The Cape Town learning exchange kicked off with escorted site visits to the Ses’khona and Winnie Madikizela Mandela informal settlements, where participants were able to speak with residents and get a deeper understanding of the precarity they face.

“Those site visits were very important to ground the conversation, to locate the different people that were part of the conference to the realities of what we’re talking about,” says Akhona Siswana, projects coordinator at DAG.

“It’s really very difficult to organize around hope,” Siswana says. “There are immediate challenges that the communities are facing, and here we are coming in with conversations that are quite longitudinal in nature. But the whole learning exchange, for me, it’s given us hope that this can really fly in these communities.”

It’s a Model, ‘Not a Recipe’

Back in Puerto Rico, hopes are high as planning turns into progress at the Caño Martín Peña CLT, with dredging of the channel underway.

Residents are now envisioning what it might look like to use a cleaned-up channel for social and outdoor recreational activities like kayaking. “We have many elderly residents that remember those kinds of interactions with the caño, and we have new generations that haven’t had that opportunity,” Pacheco says. “So that’s a question, but with a smile on it.”

Reflecting on the influential and inspirational role of the Caño Martín Peña CLT, Pacheco says, “I think it’s an honor and a responsibility. For the community leaders, and for the staff also, it’s validation that it has been worth it—all the efforts, all the years of struggle, all the long nights of meetings.”

But while the Caño offers an inspiring and successful example, it is just that—one example, in one place, that has worked; there’s no single way to do it. “We’re very clear whenever we have peer exchanges and different opportunities to share our experience that you need to consider the context of the community and the people that are considering this option,” she says.

“We have had many exchanges where, at the end, we have said to the other group, maybe you don’t need a CLT,” Pacheco says. “Because it’s not a recipe. You have to take people and communities as the subjects and protagonists [of their stories],” she adds. “What the community needs, what the community wants… that’s the starting and the ending point.”

Jon Gorey is a staff writer at the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: The modest homes of a favela line a hillside in Rio de Janeiro, with nearby skyscrapers visible in the background. Credit: Getty Images/Cokada.

Topic: Habitação