Topic: Planejamento Urbano e Regional

Rolland Curtis Gardens —un desarrollo de uso mixto y acceso a transporte público a lo largo de la línea del ferrocarril metropolitano Expo/Vermont— construirá 140 unidades de vivienda social en un barrio con gran riqueza histórica y cultural del Sur de Los Ángeles.

Cómo aprovechar el capital

El Marco de Absorción de Capital para inversiones comunitarias
Por Loren Berlin, Março 15, 2018

Desde 2015, los representantes de varias entidades públicas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro del área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles y Denver han estado participando en forma conjunta en talleres de “absorción de capital” para forjar soluciones ante la escasez de vivienda social en sus regiones por medio de estrategias para atraer suelo, capital y otros recursos. Representan a organizaciones no sólo de vivienda sino también de transporte público, planificación y desarrollo económico, partes interesadas que frecuentemente no se unen para resolver problemas, si bien trabajan en temas con muchos puntos en común y en geografías idénticas.

En una de estas reuniones, en 2016, Abigail Thorne-Lyman, gerente del programa de desarrollo orientado al transporte público (TOD, por su sigla en inglés) de Bay Area Rapid Transit (BART) —un sistema de transporte público que todos los años presta servicio a más de 125 millones de pasajeros a lo largo de la región— se dio cuenta de que su agencia podría hacer una contribución sin precedentes para resolver la crisis local de vivienda, que es una de las más grandes del país. Más de 250.000 hogares de muy bajos ingresos de la región carecen de acceso a vivienda a su alcance. La mediana del valor de una vivienda en San Francisco es de USD 1.147.300, en comparación con USD 197.500 en todo el país; la mediana de un alquiler mensual es de USD 4.350, más de tres veces la mediana de alquiler nacional, de USD 1.500. Casi la mitad de los inquilinos locales gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en alquiler.

Cada equipo regional de 6 integrantes que participó en este taller había confeccionado una hoja de cálculo con todos los proyectos de desarrollo pendientes que contemplaban unidades de vivienda social. “Cuando analizamos nuestra lista, nos dimos cuenta de que la restricción principal que impedía la construcción de vivienda no era el capital”, explica Thorne-Lyman. “Lo que necesitábamos —el eslabón perdido, digamos— era el suelo”.

“En el área de la Bahía, los emprendedores no compran el suelo hasta estar seguros de conseguir la financiación necesaria para su proyecto, lo cual dificulta la competencia en un mercado inmobiliario recalentado”, dice Thorne-Lyman. Pero BART ya poseía 120 hectáreas en la región.

Esa noche, Thorne-Lyman comenzó a imaginar la posibilidad de que BART pusiera a disposición su suelo para todos los emprendimientos que incluyeran vivienda social. Al hacer los cálculos, “me di cuenta de que podíamos producir alrededor de 30.000 unidades si usabamos nuestro suelo”, explica. De ellas, 10.000 unidades podían ser vivienda social, una cantidad significativa, dado que el emprendimiento típico de vivienda social en el área de la Bahía produce entre 50 y 200 unidades. “Y, si somos los primeros en hacer este ofrecimiento, quizás otras agencias de transporte público en otros condados nos acompañaran”, ya que BART sólo abarca cuatro de los nueve condados en el área de la Bahía. Esto podría aportar una solución incluso más considerable. “Las 30.000 unidades se podrían convertir en 60.000 unidades, todas ellas en suelo público”, dice Thorne-Lyman.

Thorne-Lyman y el resto del equipo de absorción de capital entregaron su análisis a la gerente general de BART, Grace Crunican. Tanto Crunican como la Junta Directiva de BART decidieron aumentar el compromiso de la agencia con el desarrollo de vivienda social y vivienda a precios de mercado en suelo de BART. Después pidieron a Thorne-Lyman y su equipo que generaran modelos que superaran los cálculos imaginados en privado.

“La conversación con Grace fue como una catapulta”, dice Thorne-Lyman. “Tuvimos estas ideas y las desarrollamos. Después la Junta Directiva nos pidió que imagináramos una visión aún más ambiciosa para nuestro suelo. A través de nuestro trabajo con el equipo de absorción de capital, teníamos todos estos socios interesados —como activistas de vivienda social, instituciones financieras de desarrollo comunitario y fundaciones— que apoyaron la idea y la difundieron al público”.

Los nuevos objetivos de desarrollo para el programa TOD de BART, adoptados en diciembre de 2016, establecen una meta de 20.000 unidades de vivienda nuevas y 400.000 m2 de superficie edificada para oficinas en suelo de BART para el año 2040. Por lo menos el 35 por ciento de estas unidades, o sea 7.000, se destinarán a hogares de bajos y muy bajos ingresos. Hasta ahora, BART ha producido 760 unidades de vivienda social en su suelo, así que queda mucho trabajo por realizar. De todas maneras, Thorne-Lyman se ha entusiasmado con este desafío. “California tiene una crisis de vivienda social, y podemos decir que BART contribuirá a la solución”, explica. “Tenemos el suelo. Y estamos dispuestos a aportarlo”.

“Alguien tiene que pensar en grande sobre cómo abordar esta crisis. Y nosotros estamos ofreciendo algo grande”, dice.

El Marco de Absorción de Capital

Los talleres de absorción de capital a los que asistió Thorne-Lyman son parte de un programa diseñado para ayudar a las ciudades a atraer y distribuir inversiones comunitarias y aprovechar otros recursos críticos para alcanzar sus metas, como suelo y conocimiento técnico. Las inversiones comunitarias se definen como “inversiones que tienen por objeto brindar beneficios sociales y medioambientales en comunidades necesitadas, como préstamos, bonos, créditos tributarios y vehículos de inversión estructurada”.

La arquitecta principal del programa, Robin Hacke, dice:“Es una manera de dirigir los recursos a lugares donde no irían naturalmente, de contrarrestar las fallas del sistema financiero para producir la cantidad suficiente de vivienda social, y reducir las disparidades de salud o minimizar el impacto del cambio climático en lugares vulnerables, entre otros factores ligados al uso del suelo”.

Hacke, directora del nuevo Centro de Inversiones Comunitarias en el Instituto Lincoln, está haciendo un ensayo piloto de una nueva estrategia de “cambio de sistemas” que diseñó en colaboración con sus colegas David Wood, de la Iniciativa para Inversiones Responsables de la Universidad de Harvard, Katie Grace Deane y Marian Urquilla. El modelo, denominado Marco de Absorción de Capital, se basa en la idea de que los mercados de capital tradicionales frecuentemente no resuelven las necesidades de las comunidades de bajos ingresos, por lo cual hace falta una metodología sistemática para reparar esta carencia y obtener resultados significativos a escala (a diferencia de proyectos individuales que son difíciles de implementar y que, aunque sean exitosos, no tienen un impacto significativo sobre el problema). Al “reunir en la misma mesa” a diversas partes interesadas que pocas veces se unen para resolver este tipo de problemas a pesar de tener intereses alineados, el modelo también aumenta la cantidad de activos y de poder, ayudando a identificar nuevas herramientas y estrategias efectivas para abordar las necesidades insatisfechas de la comunidad.

Este marco es una respuesta a los problemas que enfrentaron Hacke y Urquilla mientras trabajaban en la Iniciativa de integración, un programa de USD 80 millones iniciado en 2010 para mejorar las vidas de residentes de bajos ingresos en cinco ciudades piloto: Baltimore, Cleveland, Detroit, Minneapolis/St. Paul y Newark. La idea, administrada por el programa Living Cities (Ciudades Vivientes), era alinear los intereses de una serie de participantes y capitales de inversión en barrios que tradicionalmente no tienen acceso a fondos de financiamiento. 

“La Iniciativa de integración demostró que las ciudades participantes carecían no sólo de capital sino también de la capacidad para absorber y utilizar los fondos asignados por medio del programa”, dice Hacke.

“La distribución espacial desigual de personas de bajos ingresos en los Estados Unidos es producto de muchas décadas de políticas públicas que básicamente privaron de capital a las comunidades, ya sea por trabas burocráticas de los bancos o trabas burocráticas impuestas o toleradas por la Administración Federal de la Vivienda”, dice George McCarthy, presidente y gerente ejecutivo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, quien participó de la Iniciativa de integración durante su trabajo en la Fundación Ford.

 


 

Los sistemas cambian

Para poder superar los efectos de la discriminación y la falla en los mecanismos del mercado para proporcionar bienes, servicios y oportunidades adecuadas a comunidades necesitadas, tenemos que asegurar que fluya capital hacia esos lugares. Para que los residentes puedan progresar hay que encontrar maneras de financiar vivienda social y desarrollar entornos saludables con acceso a comida fresca y lugares seguros para caminar, andar en bicicleta y jugar, y proporcionar acceso a una educación y puestos de trabajo de calidad. No basta simplemente con invertir en un solo proyecto y esperar que los lugares se transformen. El Centro de Inversión Comunitaria se compromete a robustecer los sistemas que impulsan a una comunidad a planificar su futuro, mediante la creación de una plataforma y red de relaciones que unan instituciones con individuos con la capacidad de concretar la visión de la comunidad el desarrollo y la ejecución proyectos de inversión que implementen dicha visión y la adopción las políticas y prácticas que aceleran cómo estos proyectos se llevan a cabo.

—Robin Hacke

 


“Dado que privamos a las comunidades de capital, pensamos que la mejor manera de ayudarlas a recuperarse es darles dinero. Pero en realidad durante todos esos años no sólo le quitamos el capital sino también la capacidad para ayudarse a sí mismos. Muchas personas del movimiento de desarrollo comunitario creen que, si solo encontramos una manera de aportar más capital a esos lugares, el problema se va a resolver. Pero una de las lecciones que aprendimos es que, aunque les demos dinero, no necesariamente tendrán una forma de usarlo. Puede sonar como que estoy culpando a la víctima, pero no es así. En realidad, se trata de comprender que cuando uno priva de recursos críticos a un lugar por un tiempo prolongado y después se los da, la comunidad puede no estar preparada para usarlos. Es como la gente. Si uno le niega comida a alguien por demasiado tiempo y después se la ofrece, quizás no pueda comerla”.

Cómo alinear los recursos necesarios

“Para utilizar el capital con éxito, los lugares tienen que identificar las fuentes de capital y también los proyectos que lo pueden utilizar. Los proponentes de inversiones con impacto se han concentrado en organizar la oferta de capital; nuestro enfoque es en la demanda de inversión”, dice Hacke. “Por ejemplo, en Detroit, Baltimore y Cleveland, no estaban considerando principalmente proyectos de vivienda. Querían acelerar todo tipo de emprendimientos, como proyectos comerciales y de uso mixto. Pero, para negociar convenientemente los proyectos y las condiciones adecuadas para que estos tuvieran la capacidad necesaria, hubo que aportar mucho más que simplemente el capital de inversión. El trabajo tomó más tiempo que lo esperado y requirió mucha más coordinación de recursos de lo que pensábamos”, agregó.

“A pesar de las grandes necesidades de estas comunidades desfavorecidas, las partes interesadas tienen que superar obstáculos mayores para completar sus proyectos”, dice Hacke. “Si la gente cree que la probabilidad de concretar un proyecto no es alta, se da por vencida. Así que organizamos las partes interesadas para resolver los problemas más urgentes, y alineamos los recursos que puedan aumentar la probabilidad y confianza de concretar estos proyectos críticos”.

La falta de confianza se debe a la fría realidad de que los proyectos de desarrollo comunitario en general son difíciles de concretar (figura 1). Hacke ataca esta realidad de frente pidiendo a los participantes que identifiquen lo que ella llama “proyectos de impacto comunitario ejemplares. Los proyectos que la gente identifica como representativos son complejos, prolongados y políticamente trabados, ya que tienen que equilibrar los intereses de muchas partes interesadas y combinar las múltiples fuentes de capital con diversas restricciones y requisitos. Los participantes evocan el lenguaje de misiones heroicas para describir estos proyectos”.

La identificación y el análisis de estos “proyectos ejemplares” son útiles por partida doble. Primero, realzan la naturaleza compleja y enrevesada de muchos proyectos de inversión comunitaria, resaltando la necesidad de una estrategia más eficiente y expansible. En segundo lugar, y más importante aún, el análisis de proyectos ejemplares puede ayudar a las partes interesadas a determinar los recursos y restricciones potenciales del sistema de desarrollo comunitario en general, incluyendo el nivel de participación de las diversas partes, la disponibilidad de una serie de destrezas y recursos y las oportunidades de colaboración.

Tres componentes de un sistema efectivo de inversión comunitaria

Una vez que las partes interesadas de una región hayan usado el marco de proyectos ejemplares para analizar cómo está funcionando actualmente el sistema de inversión comunitaria, el próximo paso es identificar maneras de mejorar el funcionamiento del sistema para que pueda proporcionar impacto a gran escala. De acuerdo con el marco, un sistema efectivo requiere tres elementos, que son el foco del trabajo de Hacke con las comunidades.

Identificar prioridades compartidas

Primero, las partes interesadas tienen que articular un juego bien definido de prioridades ampliamente aceptadas a través de la comunidad. La vivienda social no es siempre el ancla para establecer estas prioridades, pero en los ensayos pilotos organizados por Hacke han sido el punto de partida más fácil, parcialmente porque este aspecto cuenta con fuentes de financiamiento confiables y eficaces, como el crédito tributario para vivienda de bajo ingreso, y una red sólida de organizaciones experimentadas.

“Nos esforzamos mucho por reunir y fortalecer relaciones a lo largo de diversos sectores, para poder operar con un juego de prioridades compartidas”, dice Thomas Yee, encargado de iniciativas de LA THRIVES, una organización sin fines de lucro que se propone avanzar el tema de equidad por medio de crecimiento inteligente, y que participa en el ensayo piloto del Marco de Absorción de Capital.

“Van a existir desacuerdos entre los activistas políticamente progresivos, los funcionarios electos y los emprendedores privados, así que es necesario colaborar mucho, generar confianza y encontrar puntos en común. Pero esa es la manera de organizar metodologías a nivel de sistemas. Permite reducir el trabajo a unos pocos principios que entusiasman a la gente y la mantiene enfocada en el sistema, en vez de su barrio o proyecto en particular”.

Una de las prioridades compartidas que surge del trabajo en Los Ángeles es la importancia de asegurar que LA Metro, la agencia pública responsable por el servicio ferroviario y de autobús en el condado de Los Ángeles, preste un servicio efectivo a los residentes de bajos ingresos, que son los usuarios de base de los servicios de la agencia.

Antes de participar en los talleres, LA Metro sabía que sus usuarios de base eran residentes de bajos ingresos. Un estudio de investigación comisionado por la agencia antes de incorporarse al equipo de Los Ángeles describió cómo podían ayudar a esos usuarios a vivir cerca de las líneas de transporte público. LA Metro estaba generando metas agresivas de construcción de vivienda en suelo de su propiedad cuando se unió a la colaboración con LA THRIVES.

“Se produjo una confluencia que obligó a LA Metro a pensar cómo estaba administrando sus operaciones, qué iba a pasar si esos usuarios de base vivían cada vez más lejos de los sistemas de transporte público existentes”, explica Yee.

Según Yee, LA Metro estaba interesada en encontrar maneras adicionales de contrarrestar el desplazamiento de sus usuarios, y su colaboración con LA THRIVE fue “realmente el riego que necesitaba para hacer crecer esas semillas”.

La idea de que los usuarios de bajos ingresos iban a ser desplazados a mayor distancia también causó preocupación en otros miembros del equipo piloto de Los Ángeles. Los planificadores de transporte público criticaron el costo e ineficiencia de ampliar el servicio a zonas más alejadas, mientras que los conservacionistas se preocupaban por el impacto en el medio ambiente. Los activistas comunitarios estaban preocupados por el aislamiento económico y social, y las organizaciones de vivienda temían por la falta de vivienda social en los anillos periféricos de la ciudad. La resolución correcta de este problema presentaría una oportunidad para abordar en forma simultánea estas preocupaciones aparentemente no relacionadas entre sí, convirtiéndose en una prioridad compartida en la colaboración. Gracias a ello, LA Metro adoptó un nuevo término para pensar sobre el transporte público en el contexto del desplazamiento de sus usuarios: el Marco de Comunidades Orientadas al Transporte Público.

Pero LA Metro quería hacer más aún. A diferencia de BART, la agencia no contaba con mucho suelo adicional para albergar las miles de unidades de vivienda social necesarias. En su lugar, LA Metro, en sociedad con otros miembros del equipo, creó un fondo de préstamo para respaldar el desarrollo de vivienda social y retener unidades existentes no restringidas de alquiler bajo cerca de las líneas de transporte público de la agencia. Lo importante es que estas unidades no tienen que estar en suelo propiedad de la agencia, sino sólo lo suficientemente cerca como para brindar fácil acceso al sistema de transporte público.

“Estamos muy entusiasmados porque LA Metro está dispuesta a realizar inversiones fuera de sus propiedades”, dice Yee. “El desarrollo de vivienda social en suelo de la agencia es importante, sin duda un paso enorme por sí mismo. Pero ir más allá del suelo de su propiedad es una gran innovación y demuestra un compromiso para limitar el desplazamiento de los usuarios de base”.

Establecer una lista de proyectos para ejecutar

Una vez que las partes interesadas hayan identificado una serie de prioridades estratégicas, pueden concentrarse en establecer una lista de proyectos para ejecutar, el segundo paso de la implementación del marco. Las partes interesadas comienzan por examinar los proyectos en marcha y analizar si responden a las prioridades fijadas y si puede haber brechas.

La práctica de examinar la lista de proyectos también permite identificar los recursos necesarios para concretarlos con éxito.

Para el equipo de Denver, el análisis de la lista de proyectos municipales le permitió reconocer que el equipo se tenía que concentrar más en atraer capital privado acorde con la misión, dice Dace West, uno de los líderes del programa piloto de Denver y en ese momento director ejecutivo de Mile High Connects, una organización sin fines de lucro cuya misión es asegurar que el sistema de transporte regional de la zona metropolitana de Denver promueva comunidades que ofrezcan a todos los residentes la oportunidad de tener una alta calidad de vida.

“Se produjo este momento crucial como comunidad cuando nos dimos cuenta de que la manera en que realizábamos nuestras actividades de desarrollo comunitario en realidad estaba gobernada por fuentes de financiamiento específicas y restrictivas, propias de sistemas más maduros, como los créditos tributarios, que han llegadoa su límite, o, en otros casos, fuentes de capital que no son muy predecibles”, dice West, en referencia a las conclusiones del análisis de la lista de proyectos.

“Nos dimos cuenta de que con frecuencia nos quedamos cortos en los emprendimientos que abordamos debido a que no podemos obtener y utilizar el capital de manera sistemática. Así que, de aquí en más, estamos muy enfocados en cómo aprovechar el capital de impacto del sector privado en el sistema, utilizando las fuentes de capital tradicionales de nuevas maneras y esforzándonos por incorporar una cantidad significativa de capital que está buscando lugares donde invertir”, dice West.

“Gracias a un trabajo profundo e intencional, hemos descubierto que el término ‘impacto’ tiene distintos significados para los inversores de impacto. Cuando algunos de ellos dicen que quieren generar un impacto, lo que realmente quieren es poder otear el futuro y ver buenas ganancias; eso les basta, porque lo que quieren en última instancia es liquidez y una buena tasa de retorno. Nosotros pensamos: ‘Es bueno saberlo, porque hemos estado perdiendo el tiempo en estas cosas que a nadie le importa’. Ahora nos podemos enfocar en cuestiones tales como: ¿cuál es la tasa de retorno buscada? Y ¿cuáles son los lugares correctos para utilizar este tipo de capital en vez de otros tipos? Y ese fue un descubrimiento esencial, reconocer que los emprendimientos inmobiliarios, que habíamos considerado una inversión más tradicional, pueden ser en verdad una inversión de impacto comunitario, que crea conexiones nuevas e interesantes”.

Una de esas conexiones es con la agencia de financiamiento de vivienda de Denver.

“A medida que fuimos pensando en maneras de aprovechar este nuevo capital, hemos descubierto que tenemos una agencia de financiamiento de vivienda muy inusual. Es muy creativa y flexible y ya está administrando una enorme cantidad de fondos estructurados separados que tienen alguna forma de propósito comunitario”, dice West. “Estamos trabajando para construir una plataforma que use la agencia como base para atraer capital que puede destinarse a canales específicos, pero que también se puede usar para rellenar esas brechas e implementar proyectos impulsados por la comunidad y sus necesidades. La agencia de financiamiento de la vivienda no está respondiendo meramente a las fuentes de financiamiento existentes; está actuando como un intermediario amplio para trabajar con otras agencias del sistema”.

Crear un entorno habilitante

Después de crear una lista de proyectos para ejecutar, el próximo paso natural es la última pieza del marco: fortalecer el “entorno habilitante”. Esto se define como “las condiciones latentes que conforman las operaciones del sistema”, como “la presencia o ausencia de destrezas y capacidades necesarias, las realidades políticas, las relaciones formales e informales entre los actores clave y las normas y comportamientos culturales que se manifiestan en forma distinta dependiendo del lugar”.

En los talleres de absorción de capital, se les pide a los participantes que analicen cuáles áreas del entorno funcionan bien y cuáles no, y cuáles políticas y prácticas afectan en forma directa sus prioridades estratégicas. Al hacerlo, pueden comprender mejor las oportunidades y limitaciones inherentes en el sistema actual. 

Para Thorne-Lyman y el resto del equipo de San Francisco, el análisis del entorno habilitante —o sea, qué recursos están o no disponibles y funcionan bien o no en el ecosistema de vivienda social— reveló inmediatamente el problema de la escasez de suelo.

Centro de Inversión Comunitaria

Thorne-Lyman no es la única persona entusiasmada por el trabajo generado por el Marco de Absorción de Capital. McCarthy también se muestra optimista.

“El suelo es uno de los recursos más valiosos y escasos de una comunidad”, dice. “Las políticas de suelo pueden jugar un papel central en atraer o generar la inversión necesaria para hacer uso de lotes vacantes y desperdiciados por mercados de suelo disfuncionales, o para abordar el impacto desigual de la polución y el cambio climático sobre familias pobres y necesitadas”.

Por esa razón, en 2016 el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo lanzó el Centro de Inversión Comunitaria con el respaldo de la Fundación Kresge y otras fundaciones nacionales importantes. El Centro es una iniciativa de investigación, construcción de capacidad y desarrollo de liderazgo para ayudar a que las comunidades movilicen el capital y aprovechen el suelo y otros activos para implementar sus prioridades económicas, sociales y medioambientales. Hacke dirigirá el nuevo centro y lo usará como plataforma para desarrollar el modelo de absorción de capital.

“Hemos visto una y otra vez que el suelo es realmente una parte importante de la solución, ya sea que se trate de la salud de la gente, o infraestructura ecológica y la salud de los ecosistemas naturales. Ser parte del Instituto Lincoln, que tiene un conocimiento tan amplio en el uso de suelo para generar y recuperar plusvalías, es una gran ventaja para nosotros”, dice Hacke.

En Lincoln, Hacke espera ampliar su trabajo con programas pilotos en comunidades adicionales. Aquellos que integran su cohorte actual alientan a estas ciudades a aprovechar la oportunidad. “Cuando comenzamos a trabajar, hace dos años, esto parecía un ejercicio académico abstracto repleto de ‘tareas para el hogar’. Pero persistimos con su metodología y hemos podido encontrar mucho valor en el marco”, dice Christopher Goett, un alto administrador de programa en California Community Foundation y uno de los que respaldan el programa piloto de Los Ángeles. “Robin, Katie, David y Marian han construido un espacio seguro para poder realizar trabajos difíciles, y han creado un sistema de apoyo que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. En retrospectiva, estas actividades han constituido momentos críticos para nuestra evolución y crecimiento”.

“El trabajo de desarrollo comunitario y económico se aborda frecuentemente por medio de programas aislados, pero esa no es la manera en que funciona el mundo”, dice Goett. “El angelino promedio se despierta y usa el transporte público para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Los sistemas de vivienda, empleo y educación interactúan entre sí, y esta es la manera en que está diseñado el marco del Centro”. 

“Para alguien que administra una cartera de crecimiento inteligente aquí en California Community Foundation, el marco es cada vez más útil; el crecimiento inteligente es, por naturaleza, integrado. Tenemos que pensar sobre la salud pública al mismo tiempo que pensamos sobre infraestructura y vivienda, y con este marco podemos promover el desarrollo orientado al transporte público y aun así ver el ángulo de la prevención de desplazamiento y la vivienda”.

Este artículo se publicó originalmente en el número de Land Lines de abril de 2017.

 


 

Loren Berlin es una escritora y consultora de comunicaciones independiente del área metropolitana de Chicago.

Fotografía: Cortesía de Abode Communities

 


 

Referencias

Bay Area Council Economic Institute. 2016. “Solving the Housing Affordability Crisis: How Policies Change the Number of San Francisco Households Burdened by Housing Costs.” (Octubre). www.bayareaeconomy.org/files/pdf/BACEI_Housing_10_2016.pdf.

Hacke, Robin, David Wood y Marian Urquilla. 2015. “Community Investment: Focusing on the System.” Documento de trabajo. Troy, MI: Kresge Foundation.

Truong, K. 2016. “Here Are 11 Solutions to the Bay Area Housing Crisis.” San Francisco Business Times. Octubre 11.

Zillow.com. “San Francisco Home Prices and Values.” https://www.zillow.com/san-francisco-ca/home-values.

Zillow.com. “United States Home Prices and Values.” https://www.zillow.com/home-values.
 

Portland

Relleno sensible

Las ciudades de crecimiento rápido están haciendo lugar para casas angostas, apartamentos para abuelos y otras viviendas accesibles
Por Kathleen McCormick, Março 15, 2018

En los últimos tiempos, hemos visto de forma rutinaria referencias periodísticas a ciudades estadounidenses con un “mercado en auge” y precios de vivienda astronómicos que terminan desplazando a los residentes de ingresos bajos o moderados. Las batallas épicas sobre la vivienda en San Francisco enfrentan a los residentes de larga data contra los trabajadores de alta tecnología. En Portland, Oregón, el concejo municipal extendió el estado de emergencia declarado en 2015 para hacer frente a la crisis local de viviendas asequibles. En Denver, el alcalde Michael Hancock prometió invertir USD 150 millones de para viviendas accesibles en la próxima década. El alcalde de Boston Martin J. Walsh piensa construir 53.000 unidades para 2030, mientras que la ciudad vecina de Cambridge agrega densidad en áreas de relleno cerca del transporte público. Y en Boulder, Colorado, los funcionarios públicos buscan agregar una serie de opciones de vivienda, con una estrategia que llaman de “relleno sensible”.

“Los mercados ‘calientes’ existen por muchas razones, pero en Portland, San Francisco, Boulder y otras ciudades, los problemas de vivienda se deben claramente a un fuerte desarrollo económico”, dice Peter Pollock, fellow del Instituto Americano de Planificadores Certificados (FAICP) y gerente de Programas del Oeste del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. En estos lugares, un desequilibrio entre los puestos de trabajo y la disponibilidad de viviendas crea un déficit de espacios para vivir adecuadas. El método de relleno ‘suave’ o ‘sensible’ “trata de encontrar maneras de que el relleno sea compatible con sus alrededores para cumplir con metas de diseño urbano y permitir la producción de más viviendas”, dice. El término también “crea un marco positivo para algo que no está aceptado universalmente” —es decir, la densidad— “y sugiere que podría haber una mejor alternativa”.

Mientras la mitad de los hogares del país están gastando más del 30 por ciento de sus ingresos en la vivienda, muchos residentes de ciudades con mercados en auge están gastando más del 50 por ciento, y se ven obligados a irse. Los activistas de la vivienda, como aquellos que asistieron a la reunión anual de YIMBY (“Yes in my backyard” [A lado de mi casa, ¡sí!]) de EE. UU., están desafiando a los planificadores urbanos y funcionarios electos a crear más opciones de relleno para albergar a la gente, reducir el desplazamiento de residentes, realizar mejores conexiones de transporte público y crear más comunidades ecológicamente sostenibles.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Las ciudades deseables están creciendo rápidamente porque atraen a la generación del milenio y a personas culturalmente creativas con oportunidades de empleo y amenidades de estilo de vida, y los recién llegados han gravitado en números que sobrepasan de lejos los lugares disponibles para vivir. Frecuentemente se culpa a la industria de alta tecnología por el aumento de los precios de la vivienda y el desplazamiento consiguiente de los residentes existentes debido al influjo de trabajadores bien pagos. Pero también hay otros factores en juego. Muchas ciudades construyeron muy pocas unidades de vivienda durante la Gran Recesión. Es más difícil conseguir un crédito hipotecario. Los costos de construcción están subiendo. Las unidades de vivienda nuevas se venden a los precios de mercado, y aumentan el costo de las viviendas existentes. La zonificación que favorece las casas unifamiliares separadas o apartamentos de lujo ha generado una monocultura de viviendas caras. Muchas ciudades están en crisis por la pérdida de viviendas no solo para los residentes de bajos ingresos, sino también para la fuerza laboral y residentes de ingresos medios: maestros, enfermeras, bomberos, propietarios de pequeñas empresas, profesionales jóvenes, familias jóvenes y otros que típicamente forman el cimiento de las comunidades.

Cómo restaurar el “medio faltante”

La buena noticia es que las ciudades ya están trabajando en soluciones en todo el país. Las comunidades están revocando políticas que prohíben la construcción de viviendas o restringen demasiado dónde o cómo se pueden construir para crear lugares más diversos y económicos para vivir. Muchos planificadores urbanos y funcionarios públicos se están concentrando en el desarrollo de viviendas que restauren el “medio faltante”, es decir, para albergar hogares de ingresos moderados a medios.

El “medio faltante”, un concepto que nació del nuevo urbanismo, se compone de casas en hilera, dúplex, departamentos en lotes comunes y otras viviendas pequeñas o medianas diseñadas a escala y con una densidad compatible con los barrios residenciales unifamiliares. Desde la década de 1940, este tipo de desarrollo ha sido limitado por las restricciones de las regulaciones, el surgimiento del desarrollo inmobiliario dependiente del automóvil e incentivos para ser propietario de una vivienda unifamiliar. Los edificios de tres o cuatro pisos, con densidades de 40 a 85 unidades de vivienda por hectárea, formaban parte del perfil estándar de los barrios urbanos. Muchos planificadores urbanos dicen que se necesita nuevamente esta escala y densidad de vivienda para ofrecer diversidad, economía y acceso peatonal a servicios y transporte público. Las ciudades están usando una serie de metodologías adicionales para inyectar un precio más moderado en las viviendas de barrios residenciales, desde reducir y subdividir los lotes hasta agregar unidades de viviendas accesorias (accessory dwelling units o ADU) en un lote para ampliar la ocupación legal en las casas. Algunas de estas estrategias de relleno sensible están mostrando un gran potencial o están agregando de hecho unidades a mayor velocidad.

¿Cómo funciona el relleno sensible? Depende de la ciudad, como se demuestra en los siguientes ejemplos de Portland, Oregón; Boulder, Colorado; y Cambridge, Massachusetts.

Portland, Oregón: cuantas más viviendas, mejor

Portland aparece típicamente al tope de las listas de “mejores lugares” para vivir, pero recientemente ha bajado algunos peldaños debido a los precios de sus viviendas, que se han disparado un 13 por ciento en 2015. De acuerdo con un estudio reciente publicado por Metro, la organización gubernamental regional, los alquileres en el área de Portland aumentaron un 63 por ciento desde 2006, mientras que el promedio de ingresos de los inquilinos aumentó sólo un 39 por ciento. La población creció en 12.000 habitantes en 2015, hasta alcanzar más de 632.000 residentes que viven en más de 250.000 unidades de vivienda.

Desde 1973, Portland ha estado regulada por un plan urbano estatal que impone un límite al crecimiento urbano para proteger el suelo agrícola y los bosques del crecimiento urbano desordenado, y garantizar el uso eficiente del suelo, los predios públicos y los servicios dentro del límite urbano. Esta ciudad tiene una agenda ambiciosa para cumplir con sus proyecciones de crecimiento, que se compone de varios planes de gran envergadura: un nuevo mapa de zonificación y el Plan de Ordenamiento de 2025, su primera actualización en 30 años, adoptado por el concejo municipal en junio de 2016; un nuevo código de uso del suelo, con regulaciones que afectan el crecimiento de viviendas, desde el desarrollo de viviendas multifamiliares y de uso mixto, a corredores de transporte y estacionamiento; y Central City 2035, un plan de desarrollo de largo plazo para el centro de la ciudad y sus distritos.

La ciudad depende de estos cambios de política para absorber 142.000 puestos de empleo adicionales, 135.000 hogares adicionales y 260.000 personas más que tendrá que acomodar para 2035, según Metro. Alrededor del 30 por ciento de las nuevas viviendas se construirán en el centro de la ciudad, un 50 ciento en centros y corredores de uso mixto, y el 20 por ciento en las zonas residenciales unifamiliares de Portland, que cubren alrededor del 45 por ciento de sus 345 kilómetros cuadrados de suelo. La ciudad cuenta con alrededor de 12.000 lotes para construir, suponiendo que algunos de los lotes actuales se puedan subdividir para albergar más viviendas.

Desde 2010, se han construido o están en proceso de construcción aproximadamente 20.000 unidades residenciales nuevas, y el financiamiento por incremento tributario en áreas de renovación urbana designadas ha invertido USD 107 millones en viviendas accesibles nuevas y preservación de unidades existentes. En 2016, la legislatura estatal revocó una prohibición de 17 años de zonificación de inclusión, permitiendo que la ciudad requiera a los constructores que reserven unidades de vivienda para la nueva fuerza laboral. La ciudad se está enfocando en estrategias de financiamiento para proporcionar más viviendas accesibles a hogares debajo del 80 por ciento de la mediana de ingresos de la zona (area median income o AMI). Para aumentar la cantidad de unidades para personas de ingresos medios que ganan más del 80 por ciento de la AMI, la ciudad está apostando por cambios de política en vez de estrategias de financiamiento.

A fines de 2016, un comité asesor de partes interesadas en el Proyecto de Relleno Residencial (Residential Infill Project o RIPSAC) brindará asesoramiento sobre el tamaño y la escala de las casas, el desarrollo de lotes pequeños y tipos de vivienda alternativos. Una propuesta bajo consideración es permitir más reconversiones internas de grandes viviendas históricas en unidades múltiples, una estrategia que generaría más unidades de vivienda y al mismo tiempo evitaría demoliciones y preservaría la esencia histórica de los barrios. Aprovechando el legado de pequeñas casas que existe desde hace un siglo, Portland está tratando de construir casas pequeñas en lotes de poca superficie ya parcelados. Y la ciudad está considerando el desarrollo de más casas altas y ‘angostas’ de hasta 160 m2 en lotes de 232 m2, una superficie de suelo que es la mitad de lo que requiere la zonificación unifamiliar R-5.

“Hace cinco o diez años, la gente habría preguntado: ‘¿Por qué están construyendo esta casa en un lote tan angosto?’”, dice el gerente de proyecto de RIP, Morgan Tracy. “Ahora ya no causa sorpresa. Se están haciendo realmente populares porque cuestan menos a los compradores”.

Los cambios de política sobre las unidades de vivienda accesibles han generado nuevas viviendas a un precio moderado y han llamado la atención de funcionarios públicos de otras ciudades que están buscando soluciones a sus propias crisis de vivienda. La construcción de ADU se ha disparado desde 2010, cuando la ciudad eximió las cuotas de desarrollo inmobiliario para cubrir el costo del alcantarillado, agua y otras conexiones de infraestructura, reduciendo los costos de construcción en USD 8.000 a USD 11.000 por unidad. Esta exención inspiró un auge en la construcción: se otorgaron casi 200 permisos para construir ADU en 2013, seis veces más que el promedio anual entre 2000 y 2009. En 2015, la ciudad otorgó 350 permisos nuevos de ADU, para un total de hoy en día de más de 1.500 unidades. Tracy dice que las ADU “son un medio bien aceptado para producir más viviendas porque están mejor integradas en un lote y no hace falta demoler una casa existente”.

Las viviendas unifamiliares en los distritos de zonificación principales pueden tener una ADU, y una propuesta permitiría hasta dos unidades, un apartamento interior más una “vivienda adosada” o “apartamento para la abuela” adicional. La ciudad no limita la cantidad de ADU en un barrio ni requiere estacionamiento fuera de la calle. También ha racionalizado algunas normas de ADU para permitir mejores diseños con altura y retiros un poco mayores. RIPSAC está considerando propuestas para permitir que cualquier casa pueda tener dos ADU, tanto interior como separada, una vivienda para tres familias en lotes ubicados en las esquinas, donde hoy se permiten construir unidades en dúplex, y dúplex en lotes interiores, con una ADU separada. El hecho de permitir la construcción de dúplex en lotes interiores o unidades para tres familias en las esquinas “no quiere decir que todos harán uso de estos cambios de política”, dice Tracy, señalando que sólo el 3 por ciento de las esquinas tienen un dúplex hoy en día. Pero “si todos los propietarios aprovecharan esta nueva política, se duplicaría la cantidad de viviendas en cada barrio”.

La próxima fase de las consideraciones de política de viviendas de relleno se abocará a cómo se pueden incorporar viviendas de densidad media en lotes pequeños de unidades múltiples y de relleno. La ciudad ya ha comenzado a moverse en esa dirección. La guía Juego de herramientas de diseño de relleno de Portland se enfoca en la integración de casas en hilera, casas para tres y cuatro familias, apartamentos en lotes comunes y edificios multifamiliares de baja altura en los barrios.

“Lo que puede parecer sorprendente y alarmante para algunos, se hace más aceptable cuanto más se lo mire”, dice Tracy. “Lo vemos con las unidades para dos y tres familias en barrios unifamiliares. La última vez que las construimos fue en las décadas de 1930 y 1940. Estamos tratando de promover una mayor diversidad de viviendas, y algunos nos apoyan porque comprenden la necesidad de albergar a más gente en el suelo disponible”.

Boulder: cuantas más viviendas, mejor, pero hay desventajas

Boulder está estudiando lo que hacen otras ciudades para alentar el relleno sensible, y las autoridades, el personal municipal y dirigentes empresarios fueron a Portland recientemente para obtener una perspectiva de lo que se podría hacer en su propia ciudad. Como Portland, Boulder se ha propuesto reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030, crear más viviendas de relleno en el centro ya edificado, proteger los espacios abiertos y alentar el uso de transporte público. Con un sexto de la población de Portland y distintos problemas y oportunidades, Boulder está tratando de obtener un consenso sobre lo que significa el relleno sensible en su caso.

Ubicada a 40 km al noroeste de Denver, a los pies de las Rocosas, Boulder ocupa un lugar alto en las listas de lugares saludables, habitables y emprendedores. La belleza natural y la buena calidad de vida en esta ciudad de 66,8 km2 y 105.000 habitantes han atraído a empresas nuevas y firmas de alta tecnología ya establecidas, como Google y Twitter. Este influjo ha alimentado un estilo de vida “digital” y un mercado de vivienda impulsado por el “1 por ciento más rico”, donde la mediana del precio de una vivienda unifamiliar separada supera el millón de dólares.

En los últimos dos años, los precios de la vivienda han subido un 31 por ciento en general. Esto se debe a factores que van más allá del crecimiento de la industria de alta tecnología (aclaración: he vivido, trabajado y criado dos hijos durante casi 25 años en un barrio de Boulder que era modesto, y ahora ha sido reconstruido con casas de alto nivel). La Universidad de Colorado-Boulder, un factor de crecimiento económico importante, emplea a 38.000 académicos, personal auxiliar y estudiantes, generando una demanda significativa de viviendas. El desequilibrio entre puestos de empleo y viviendas hace que aproximadamente 60.000 vehículos entren y salgan diariamente de la ciudad, a pesar del servicio regional y local de autobuses.

La ley estatal prohíbe el control de alquileres, y la legislación sobre defectos de construcción en condominios ha reducido este tipo de construcción para residentes de ingresos medios. Boulder también aloja a muchos “bohemios” jóvenes con dinero y compradores especulativos que adquieren viviendas con efectivo de propiedades que vendieron en otros mercados de alto nivel. Algunas son segundas o terceras residencias, y otras se reservan para alquileres de corto plazo, como Airbnb. En junio de 2015, el concejo municipal impuso una restricción sobre los alquileres de corto plazo para vacaciones, debido a que afectan los precios y reducen la cantidad de oportunidades de vivienda de largo plazo.

El desarrollo inmobiliario está limitado por la escasez de lotes residenciales, un anillo de espacio abierto protegido de 18.000 hectáreas que rodea la ciudad, y limitaciones de altura en los edificios, que no pueden superar entre 10 y 17 metros, dependiendo de la densidad de edificación planificada y la cercanía al transporte público. La ciudad se está aproximando al límite teórico de edificación. Se pronostican 6.760 unidades de viviendas adicionales para 2040 en la última versión del Plan de Ordenamiento del Valle de Boulder. Una encuesta de viviendas realizada en 2015 para el plan reveló que la mayoría de los residentes está dispuesto a aumentar la densidad y la altura de los edificios para crear más viviendas, por lo menos en ciertas partes de la ciudad.

Desde 1989, si bien el porcentaje de viviendas de menores ingresos ha permanecido constante, los hogares de ingresos medios se han reducido del 43 por ciento al 37 por ciento de la población. El segmento que está desapareciendo más rápidamente es el de hogares que ganan entre USD 65.000 y USD 150.000 por año, y también las familias con hijos. El concejo municipal, la junta de planificación y las páginas editoriales de los periódicos locales señalan que Boulder se está convirtiendo en “Aspen”, y que las opciones de viviendas de relleno podrían reducir o revertir la tendencia a mayor exclusividad y menos diversidad de la ciudad.

Boulder ha estado trabajando en la inclusión y creación de viviendas económicamente accesibles desde hace tiempo. Su ordenanza de zonificación inclusiva produjo 3.300 unidades de vivienda social entre 2000 y 2016. Los emprendedores de proyectos con cinco o más unidades tienen que construir un 20 por ciento de viviendas permanentemente sociales o fuera del predio, donar suelo o realizar pagos en lugar de impuestos al fondo de viviendas sociales de la ciudad. La meta de la ciudad es tener un 10 por ciento de viviendas sociales permanentes; en la actualidad, un 7,3 por ciento del inventario de viviendas de la ciudad reúne estas condiciones.

Parte del programa de viviendas accesibles está destinado a viviendas para ingresos medios: la ciudad tiene como objetivo crear 450 unidades permanentes de vivienda accesible para hogares que ganan entre el 80 y el 120 por ciento de la mediana de ingresos de la zona. Entre 2000 y 2016, se construyeron 107 unidades de vivienda para hogares de ingresos medios en barrios nuevos de ingresos mixtos, en suelo anexado al norte de Boulder. Muchas están en el barrio Holiday, un modelo de uso mixto con un 42 por ciento de unidades accesibles integradas en un total de 333 casas adosadas, casas en hilera, apartamentos, estudios de residencia y trabajo, y coviviendas. Recientemente se han construido unidades para ingresos medios en el barrio de Northfield Commons, donde la mitad del 43 por ciento de unidades accesibles se compone de dúplex, unidades para cuatro y seis familias y casas adosadas reservadas para ingresos medios.

“Es muy caro subsidiar a personas que ganan entre USD 70.000 y USD 130.000 por año”, dice Aaron Brockett, concejal y ex miembro de la junta de planificación, refiriéndose a un estudio de viviendas para ingresos medios preparado por la ciudad que definió el mercado de ingresos medios del 80 al 150 por ciento de la AMI. Propone “soluciones de mercado, por ejemplo, unidades más pequeñas en las áreas que tienen amenidades y servicios, como las áreas de uso mixto, donde la gente puede caminar hasta el transporte público, y áreas de revitalización”.

Al preparar una estrategia integral de viviendas, Boulder está explorando ideas de viviendas de relleno para ingresos medios en los corredores de transporte público, franjas comerciales, parques empresariales y áreas industriales que se podrían rezonificar y revitalizar, y en centros barriales de uso mixto en áreas residenciales. “El barrio ‘a 15 minutos del trabajo’ es el ideal para muchas comunidades, pero para eso hay que trabajar mucho”, dice Jay Sugnet, gerente de proyecto de Housing Boulder. “¿Están en barrios unifamiliares o en el límite de las áreas de servicio o industriales? ¿Dónde estamos dispuestos a colocar estas viviendas, y qué es lo apropiado? También hace falta una cierta densidad de población para respaldar el comercio minorista. Boulder tiene muchos corredores comerciales, pero hace falta una cantidad suficiente de personas para respaldar a todos ellos”.

 


Unidades de Viviendas Accesorias (Accesory Dwelling Units o ADU): un método preferido de viviendas de relleno

Los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, la reducción del tamaño de los hogares, el nivel de deuda estudiantil de la generación del mileno y las preferencias culturales están llevando a muchas ciudades a permitir la construcción de ADU, también conocidas como “apartamento para los suegros”, “apartamento de la abuela” y “cabañas adosadas”. Los proponentes dicen que las ADU —construidas dentro de una casa, reconstruidas en un garaje o edificadas como cabañas nuevas separadas— ofrecen opciones accesibles para padres de edad avanzada, hijos adultos y cuidadores. También son una fuente de ingresos por alquiler que ayudan a los residentes a permanecer en su casa. A medida que los propietarios más viejos quieren reducir el tamaño de su casa, pero permanecer en ella, algunos deciden vivir en una ADU y alquilar su residencia principal.

Las ADU, que varían entre 20 y más de 100 metros cuadrados, forman parte de una larga tradición de apartamentos modestos y casas multigeneracionales que eran comunes antes de la era de casas unifamiliares suburbanas. Muchos activistas de vivienda proponen el uso de ADU como manera de agregar unidades rápidamente, ya que los propietarios mismos son los que financian el relleno en barrios existentes, en comparación con el prolongado y costoso proceso de adquisición y desarrollo de proyectos multifamiliares de gran escala a cargo de municipalidades, organizaciones sin fines de lucro de viviendas accesibles y emprendedores privados. En la reunión de la organización Bridging the Gap (Cerrar la Brecha) realizada en mayo en la ciudad de Denver, una sesión sobre accesibilidad de pequeña escala consideró un escenario posible para la ciudad: 70 barrios, multiplicados por 300 ADU por barrio, crearían 21.000 unidades de vivienda a precios moderados.

En la conferencia de YIMBY realizada en Boulder en 2015, Susan Somers, de AURA (anteriormente Austinites for Urban Rural Action) en Austin, Texas, describió un esfuerzo de la coalición por convertirse en “una ciudad de ADU” y aumentar la densidad de viviendas en esta ciudad donde la mayoría de las viviendas son casas unifamiliares separadas. Cumplieron con su misión: en noviembre de 2015, el concejo municipal de la ciudad de Austin aprobó una resolución que relaja las regulaciones de ADU y las permite en lotes más pequeños. AURA espera ayudar a los propietarios a construir 500 ADU nuevas por año. Estas unidades proporcionan “viviendas accesibles y una fuente de ingresos para que los propietarios puedan quedarse en su casa”, dice Somers. En la zona aburguesada de East Austin, “esta es la manera de conseguir que las familias permanezcan juntas”.

 


 

La ciudad también piensa modificar la ordenanza de ADU para crear más viviendas al alcance de los ingresos medios en barrios compuestos en su mayoría por casas unifamiliares separadas, que constituyen el 41 por ciento del inventario de viviendas de la ciudad, de 46.000 unidades. La ordenanza de ADU, en vigencia desde 1981, ha otorgado solo 186 permisos para ADU y 42 OAU (unidades adicionales de propietario, por su sigla en inglés) debido a los requisitos de estacionamiento fuera de la calle, superficie mínima de lote y límites en la densidad de las ADU. “Nos gustaría tener ADUs para promover la diversidad de viviendas en los barrios”, dice David Driskell, Director Ejecutivo de Planificación, Vivienda y Sostenibilidad. “Podríamos crear bastantes unidades desde el punto de vista del espacio, pero habría mucha discusión política sobre el estacionamiento y el impacto sobre el tráfico”.

El concejo municipal está considerando realizar “ajustes creativos” a las viviendas existentes que no afectarían tanto la planta edificada y el “carácter” de las áreas residenciales, como un relajamiento de las restricciones del código de edificación sobre la cantidad de gente no emparentada que pueden compartir una casa. En la mayoría de las zonas residenciales, no más de tres personas no emparentadas pueden compartir una vivienda, aunque tenga seis cuartos y múltiples baños. Una petición electoral presentada recientemente por estudiantes de posgrado de la Universidad de Colorado les pide a los votantes de Boulder que revoquen el límite de ocupación y adopten una política de “una persona = un cuarto”. Este mayor nivel de ocupación es controversial. Si bien permitiría que más estudiantes y otros vivan legalmente, también podría aumentar el costo de la vivienda para las familias, ya que el alquiler mensual en casas grupales, particularmente para aquellos que viven cerca de la universidad, cuesta frecuentemente hasta USD 1.000 por cuarto.

La ciudad también está considerando una revisión de su ordenanza sobre vivienda cooperativa, que tiene ya 20 años de antigüedad. No se ha permitido ningún proyecto cooperativo hasta ahora, porque la ordenanza era “esencialmente un camino hacia el no”, dice Driskell. Se establecieron tres cooperativas de alquiler social bajo otras medidas. El concejo municipal está considerando emitir una ordenanza más benévola que, según los proponentes, beneficiaría a la ciudad al ofrecer un estilo de vida sostenible y orientado hacia la comunidad para residentes solteros, familias jóvenes, personas de edad avanzada, y personas que trabajan en empleos de sueldos bajos.

“Tenemos tendencia a ser una ciudad con muchas regulaciones, y realmente estamos comprometidos con nuestra planificación deliberativa”, dice Susan Richstone, Subdirectora de Planificación, Vivienda y Sostenibilidad. “No siempre ha sido fácil, pero estamos debatiendo y haciendo los cambios de planificación y niveles de zonificación necesarios, dentro de un marco de referencia de regulación. Es parte de nuestro ADN”.

“La densidad es un espantajo en esta situación, y la gente está revoloteada”, dice Bryan Bowen, un arquitecto y planificador que es miembro de la Junta de Planificación de Boulder y el Grupo de Trabajo para Ingresos Medios de la ciudad. Los residentes están inquietos porque se están demoliendo las casas modestas y se las reemplaza con casas nuevas de 500 m2 que valen USD 1,5 millones, y la posibilidad de que construyan edificios de apartamentos multifamiliares de mayor densidad más grandes de mal aspecto. “Por eso el relleno sensible cae bien, si bien tiene una calidad interpretativa. Se trata de encontrar lo que la gente considera compatible y aceptable”. Todavía no hay consenso sobre qué método de relleno es el mejor, dice Bowen. “Pero, con franqueza, es probable que necesitemos todas estas variantes, en moderación”.

Cambridge: cómo cerrar la brecha de ingresos

Cambridge, ubicada del otro lado del río Charles y a tres millas al oeste de Boston, tiene las viviendas más caras de Massachusetts y está bajo presión para producir más opciones para los residentes de ingresos medios. La población ha aumentado más del 10 por ciento desde 2000, hasta llegar a 110.000 residentes en una superficie compacta de 17 km2, y se proyecta que tendrá 6.200 viviendas más antes de 2030, según el Consejo de Planificación del Área Metropolitana (MAPC, por su sigla en inglés), la entidad de planificación regional del área metropolitana de Boston. La ciudad tiene 117.000 puestos de empleo y más de 52.000 unidades de vivienda, de las cuales la mitad se encuentra en áreas comerciales de uso mixto. El precio de lista promedio de una vivienda unifamiliar superó los USD 1,2 millones en 2015. La mediana del alquiler mensual de un apartamento de un solo cuarto era de USD 2.300.

“Cambridge se ha convertido en un lugar bifurcado de ingresos muy altos e ingresos muy bajos”, dice Andre Leroux, Director Ejecutivo de la Alianza para el Crecimiento Inteligente de Massachusetts. “A la clase media le cuesta mucho vivir aquí”. Cambridge tiene la infraestructura para respaldar una mayor densidad y agregar emprendimientos residenciales mucho más significativos y torres residenciales inmensas, “pero no quiere convertirse en el centrode Boston”.

La ciudad se encuentra en el primer año de un proceso de planificación maestra de tres años de duración, el primero desde el año 2000 (el estado no exige a las municipalidades que desarrollen planes de ordenamiento). La prioridad número uno es para viviendas al alcance del bolsillo para familias de ingresos bajos, moderados y medios —un tema que resuena en todo el proceso público— dice Iram Farooq, Subgerente Municipal para Desarrollo Comunitario.

“Hay muy pocas opciones al alcance de la gente trabajadora en la ciudad”, dice Farooq. La reducción más grande de población se ha producido en residentes que ganan entre el 50 y el 80 por ciento de la AMI, dice. Los hogares de ingresos medios, que ganan entre el 80 y el 120 por ciento de la AMI, también están dejando la ciudad para encontrar opciones de vivienda en otras zonas de la región urbana. Señala que un programa municipal que ofreció financiamiento de bajo interés para gente que quiere comprar una vivienda que gana hasta el 120 por ciento de la AMI tuvo muy poca demanda.

“El solo hecho de crear un programa no quiere decir que la gente lo vaya a usar. Con el mismo compromiso financiero, pueden caminar 5 kilómetros y encontrar una casa mejor o más grande por el mismo dinero. Es un problema más grande alojar a la clase media que otros niveles de ingresos”.

La ciudad está usando estrategias de regulación para financiar más viviendas accesibles. Una ordenanza de zonificación de incentivo promulgada en 1988 requería pagos para compensar por los efectos del desarrollo comercial del mercado de viviendas. En 2015, la ciudad actualizó la ordenanza para aumentar la tasa para los emprendedores de USD 4,58 a USD 12 por pie cuadrado, y ampliar el requisito para incluir en ella todo emprendimiento no residencial, incluyendo instituciones de cuidado de salud y universidades, laboratorios y edificios de oficina. La ciudad también está considerando nuevas zonificaciones para sitios de relleno y una expansión de su ordenanza de viviendas inclusivas, que en la actualidad requiere el 11,5 por ciento de viviendas accesibles en nuevos proyectos, que ahora se elevará al 20 por ciento de unidades de viviendas accesibles para hogares de ingresos moderados, medios y bajos.

Cambridge ha estado construyendo viviendas de relleno, la mayoría de ellas en complejos de 50 a 300 unidades, en predios más grandes. En East Cambridge, por ejemplo, se han creado miles de unidades de vivienda en la última década, junto con cientos de miles de metros cuadrados de espacio de oficina y restaurantes, en tierras que antes eran industriales. La ciudad está requiriendo la creación de unidades residenciales en todos los emprendimientos nuevos; el 40 por ciento de un nuevo proyecto comercial en la zona de Kendall Square, en East Cambridge, se dedicará a viviendas. Parte de estos emprendimientos se subsidian para la clase media. Pero hay muy pocas parcelas en áreas residenciales, los costos del suelo son altos y los residentes se están resistiendo.

Por muchos años, aquellos interesados en los problemas de vivienda han estado urgiendo a la ciudad a que agregue más viviendas de relleno y aumente la densidad en Central Square, el centro municipal histórico. Central Square, ubicado sobre la Avenida Massachusetts, tiene una estación de metro y una estación de transferencia de autobuses, donde convergen ocho rutas de autobuses. El área tiene algunos edificios de tres y cuatro pisos, y también de uno o dos pisos, que se podrían reconvertir en viviendas de alta densidad de uso mixto cerca del transporte público. Históricamente, la zona tenía edificios más altos y densos, pero se eliminaron el tercer y cuarto piso de algunos edificios para reducir los impuestos durante la Gran Depresión. Sin embargo, en 2012, algunos vecinos trataron de persuadir a la ciudad de que redujera el requisito de densidad en Central Square.

“Reducir la densidad no es apropiado en momentos de crisis, cuando nuestra capacidad para construir viviendas está tan restringida”, dice Jesse Kanshoun-Benanav, un planificador urbano y emprendedor de viviendas accesibles que fundó el grupo cívico llamado Por un Mejor Cambridge para responder al esfuerzo por reducir la densidad, y para promover una mayor densidad por medio de oportunidades de viviendas de relleno. El concejo municipal postergó la consideración del proyecto para reducir la densidad y desde entonces ha estado autorizando cambios de zonificación en Central Square y brindando incentivos, como permisos para construir edificios de mayor altura y densidad, a cambio del desarrollo de viviendas más económicas.

En el extremo este de Central Square, Twining Properties está desarrollando Mass + Main, un proyecto de uso mixto de múltiples parcelas con una torre de 60 m de altura y 270 apartamentos, de los cuales el 20 por ciento se asignará a residentes de ingresos bajos, moderados y medios. El proyecto requirió una varianza de zonificación, señala Farooq. “Ahora estamos viendo voluntad política para rezonificar el resto de Central Square. La gente no parece oponerse a la densidad en forma de edificios de mayor altura, así que tendremos que explorar qué significa esto en lo que hace a la forma urbana”.

Las casas adosadas, dúplex y casas de tres pisos son la norma en Cambridge, y sólo el 7,5 por ciento son casas unifamiliares separadas. Las nuevas reglas promulgadas en mayo permiten la conversión de sótanos en unidades de viviendas accesorias (ADU) en casas unifamiliares y para dos familias en la ciudad, lo cual podría generar 1.000 ADU legales. Las ADU no necesitan una varianza de zonificación y no se exige estacionamiento fuera de la calle. La superficie de las nuevas unidades no se incluirá en el área bruta de suelo (anteriormente se prohibían las ADU en la mayoría de los casos debido a que violaba las reglas de coeficiente de edificación y los requistos de área de lote mínima para cada vivienda). Los proponentes dicen que estas reglas permitirán un uso más eficiente de las casas grandes y que no alterarán el perfil del barrio.

“Lo importante es que hay gente en la ciudad dispuesta a aceptar compromisos”, dice Farooq, y señala que el movimiento YIMBY (A lado de mi casa, ¡sí!) tiene un “gran capital político” para contraponerse al esfuerzo NIMBY (A lado de mi casa, ¡no!) contrario a las viviendas de relleno. “Hay un deseo de la comunidad por crear más viviendas, y mucha gente joven, muchos de los cuales son inquilinos, reconoce que es importante aumentar la oferta y evitar los grandes aumentos de alquiler, para que la vivienda sea más manejable y accesible”.

Metodologías regionales

Leroux, de la Alianza para el Crecimiento Inteligente de Massachusetts, y otros en el resto del país, dicen que las necesidades de vivienda se tienen que resolver a nivel regional, y que las ciudades y los pueblos deberían trabajar en conjunto para permitir las viviendas de relleno y otras estrategias, como las ADU, bajo las leyes de zonificación estatales. En junio, el Senado de Massachusetts aprobó una ley que reformaría las leyes de zonificación de la década de 1970 para permitir ADU y distritos de viviendas multi-familiares en todas las comunidades. Una coalición entre la Alianza, el presidente del Senado, los alcaldes y activistas ecológicos, de salud pública, de viviendas accesibles y transporte respaldan este proyecto de ley, que probablemente se promulgue en la próxima sesión legislativa. Esta es una estrategia legal y política que incluye una cláusula de vivienda equitativa que prohíbe a las comunidades tomar decisiones discriminatorias de uso de suelo, que Leroux y otros dicen que aumentan la segregación en muchas áreas metropolitanas, donde los residentes de bajos ingresos y gente de color son excluidos de los barrios urbanos en proceso de revitalización.

Las comunidades suburbanas también necesitan contribuir su parte, dice. Muchos suburbios siguen zonificados y edificados para el mercado del automóvil, y “muchas casas modestas se están derribando para reemplazarlas con mansiones de lujo”, dice. “Creemos que las ciudades y los pueblos pueden llegar a un acuerdo con la comunidad de desarrollo inmobiliario para permitir el desarrollo cerca de lugares peatonales, con infraestructura y transporte, limitando al mismo tiempo el crecimiento desordenado y protegiendo las áreas naturales”. Para permitir un crecimiento más diverso de viviendas, dice, la Alianza y otros están promoviendo exenciones de zonificación en áreas peatonales, centros comerciales, villas, centros y plazas urbanas, porque “allí es donde está el mercado y necesitamos que el mercado haga su tarea”.

Este artículo se publicó originalmente en el número de Land Lines de julio de 2016.

 


 

Kathleen McCormick, fundadora de Fountainhead Communications, LLC, vive y trabaja en Boulder, Colorado, y escribe frecuentemente sobre comunidades sostenibles, saludables y resilientes.

Fotografía: Fred King

Mapa de San Francisco con áreas con bajos porcentajes de viviendas sociales indicadas en verde claro.

Bases de datos de lugares

La escasez de viviendas sociales en San Francisco
Por Jenna DeAngelo, Março 15, 2018

En gran parte de San Francisco, según lo indican las zonas de color verde más claro en el mapa, en 2015, apenas el 8,32% o menos de las casas podían ser asequibles para una familia de 4 miembros que ganaran USD 81.500; o el 80% de la Mediana de Ingresos de la Zona (AMI).

Vea la versión en PDF de este mapa para más detalles.

Fuente: The Place Database, www.lincolninst.edu/research-data/data/place-database

Fotografía de George W. McCarthy

Mensaje del presidente

Cómo proteger una parte del mercado de la vivienda
Por George W. McCarthy, Março 15, 2018

Las personas que trabajan conmigo por lo general se sorprenden de hasta qué punto mi canon filosófico deriva de las películasno convencionales de bajo presupuesto, especialmente de la década de 1980. Cuando busco sabiduría, suelo recurrir a las enseñanzas de la película “Repo Man” (traducida al español como “Los recolectores”) o, en el caso de este ensayo, a la obra maestra alegórica de Terry Gilliam, “Time Bandits” (“Bandidos del tiempo”). En esta película, un grupo de trabajadores públicos son empleados por el Ser Supremo para rellenar los agujeros que quedaron en el continuo espaciotiempo por el apresuramiento de haber creado el universo en siete días: “Verán, fue un trabajo algo chapucero”.

Al igual que los bandidos del tiempo, los gestores de políticas generalmente tienen la tarea de rellenar agujeros: agujeros literales, como los baches de las calles, o agujeros más teóricos, que son los artefactos de los mercados privados disfuncionales; uno de ellos es la oferta inadecuada de viviendas sociales. Por ejemplo, los economistas especializados en vivienda de los Estados Unidos se han vuelto bastante expertos en hacer el seguimiento del tamaño de este agujero, que cada vez es más difícil de rellenar desde que el gobierno federal se comprometió a tratar el tema como una prioridad de política nacional a partir de la Ley de Vivienda de 1949, que fue parte de la legislación conocida como Fair Deal del expresidente Harry S. Truman.

En su discurso del Estado de la Unión de 1949, el presidente Truman resaltó que, para poder suplir las necesidades de millones de familias sin una vivienda adecuada, “la mayoría de las viviendas que necesitamos deberán ser construidas por el sector privado sin subsidios públicos”. Casi 70 años más tarde, nuestro fracaso colectivo para resolver el déficit de viviendas sociales tenga que ver con un análisis incorrecto del problema y con la conclusión de que pueden diseñarse soluciones basadas en el mercado con el fin de resolver la discordancia entre la oferta y la demanda de viviendas sociales.

Para apoyar esta idea, me desviaré brevemente hacia la teoría del mercado. Partiendo del enfoque matemático para analizar la economía que predomina hoy en día, un mercado es, simplemente, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que se resuelve mediante un único precio. Estas captan las decisiones complejas que toman los consumidores y los productores de bienes, y concilian las preferencias y los presupuestos de los consumidores con la elaboración de técnicas, capital y costos de transacción por parte de los productores para así llegar a un precio que despeje el mercado mediante el acuerdo de las operaciones que todos los proveedores y consumidores están dispuestos a intercambiar por ese precio.

Los prestigiosos economistas Arrow, Debreu y McKenzie demostraron la existencia teórica de un conjunto único de precios capaz de resolver simultáneamente la cuestión del “equilibrio general” de todos los mercados en una economía nacional o mundial. Un aspecto importante de esta contribución (que obtuvo el Premio Nobel) fue la observación de que un único precio despejaba cada mercado: un mercado, un precio. No se esperaba que un único precio mantuviera el equilibrio en dos mercados. Y este es el defecto fundamental del mercado de la vivienda: en realidad, no es un mercado, sino dos. Los mercados de la vivienda proporcionan tanto lugares para vivir a los consumidores locales como bienes de inversión comercializables en todo el mundo, gracias a los grandes mercados de capital al servicio de los inversores a nivel mundial. Esta condición de mercado doble correspondía al sector de viviendas ocupadas por sus propietarios; sin embargo, con la proliferación de los fideicomisos de inversión inmobiliaria, los mercados de alquiler se encuentran ahora en la misma situación.

Los mercados de bienes de consumo se comportan de manera muy diferente a los mercados de inversión, ya que responden a “reglas básicas” distintas. En lo que a la oferta se refiere, los precios de los bienes de consumo se derivan de los costos de producción, mientras que los precios de los mercados de inversión tienen que ver con los beneficios esperados. En relación con la demanda, factores tales como gustos y preferencias, ingresos de las familias y características demográficas determinan el precio de la vivienda como lugar donde residir. La demanda de vivienda con fines de inversión está relacionada con aspectos tales como la liquidez y las preferencias de liquidez de los inversores, las ganancias esperadas de inversiones alternativas, o las tasas de interés.

En los países desarrollados, los mercados de capitales mundiales y el mercado de la vivienda colisionan a nivel local, con pocas probabilidades de reconciliación. Los hogares a nivel local compiten con los inversores a nivel mundial para decidir el tipo y la cantidad de viviendas que se producen. En los mercados que atraen la inversión mundial se produce una gran cantidad de viviendas, aunque la falta de viviendas sociales es aguda y empeora con el paso del tiempo. Esto se debe a que una gran parte de las viviendas nuevas se produce para maximizar las ganancias de la inversión y no para suplir las necesidades de vivienda de la población local. Por ejemplo, no escasean los inversores mundiales dispuestos a participar en el desarrollo de apartamentos de USD 100 millones en la Ciudad de Nueva York; sin embargo, escasean las viviendas sociales por la dificultad de conseguir fondos para desarrollarlas. En los mercados que han sido abandonados por el capital mundial, los precios de las viviendas caen por debajo de los costos de producción, por lo que existe un excedente de viviendas que se acumula y se deteriora. En casos extremos como el de Detroit, el orden del mercado sólo puede recuperarse mediante la demolición de miles de viviendas y edificios abandonados.

Tal vez sea este el momento de cuestionar la conclusión de que las soluciones basadas en el mercado pueden resolver el desafío de proveer de vivienda a la población del país. Truman concluyó que “al producir pocas unidades de alquiler, frente a una proporción demasiado grande de viviendas de alto precio, la industria de la construcción se está excluyendo a sí misma rápidamente del mercado debido a los precios”. No obstante, Truman se refería al mercado de la vivienda para residir, no para invertir. Es destacable que la cantidad de unidades habitacionales en los países desarrollados excede en mucho la cantidad de hogares. En el año 2016, el censo de los EE. UU. calculó que en el país existían 13 millones de unidades habitacionales y 118 millones de hogares. Una de cada siete unidades habitacionales se encontraba vacante. Este excedente de la oferta de viviendas es una característica de todos los mercados metropolitanos de Estados Unidos, incluso de aquellos mercados con una escasez extrema de viviendas sociales. En 2016, el 10,3 por ciento de las unidades habitacionales se encontraban vacantes en el Nueva York, un 6,0 por ciento en el área de la Bahía de San Francisco, un 8,2 por ciento en Washington D.C., y el valor sorprendente del 13,7 por ciento en Honolulu. El problema radica en que muchas familias no tienen suficientes ingresos para acceder a las viviendas que están disponibles.

Al final, los bandidos del tiempo decidieron, en lugar de rellenar los agujeros que existían en el tejido de espacio y tiempo, aprovecharse de ellos para “hacerse indecentemente ricos”. Los bandidos querían capitalizar las imperfecciones celestiales, al igual que los inversores mundiales desean obtener rentabilidad de las dislocaciones del mercado a corto plazo. A fin de ilustrar los peligros de dicha especulación desmedida en los mercados no regulados, consideremos un relato apocalíptico de un mercado muy diferente. En 1974, en Bangladesh, se sugirió que, debido a las copiosas lluvias que habían caído durante la temporada de siembra, era posible que existiera una escasez de arroz en la temporada de cosecha, y el precio del arroz comenzó a subir. Los especuladores expertos en bienes comercializables se dieron cuenta de que obtendrían una buena rentabilidad del arroz que mantuvieran fuera de mercado. La cosecha real produjo abundante arroz, pero la interacción entre las expectativas del mercado y las manipulaciones del mercado por parte de los inversores en bienes comercializables generó una de las peores hambrunas del siglo XX, que causó aproximadamente un millón y medio de muertes relacionadas con el hambre. Esta hambruna no fue el resultado de una escasez real de alimentos. La colisión entre el mercado de bienes y el mercado de inversión especulativa causó tal aumento del precio del arroz que hizo que quedara fuera del alcance de las poblaciones locales, lo que dio como resultado que las familias sin tierras sufrieran una tasa de mortalidad tres veces más alta que las familias con tierras.

Tal vez la vivienda y el alimento sean aspectos demasiado importantes para ser administrados por los mercados no regulados. Quizá las políticas públicas deberían concentrarse en proteger una parte del mercado —y del público— de los estragos de la especulación. En este número especial antológico de Land Lines, Loren Berlin describe las medidas tomadas a fin de preservar la vivienda social en forma de viviendas prefabricadas y promover la accesibilidad permanente a dichas viviendas mediante la conversión de comunidades de viviendas prefabricadas en cooperativas de patrimonio limitado.

Los fideicomisos de suelo comunitario y las políticas inclusivas de vivienda también son formas efectivas de apartar a las viviendas sociales de la especulación, según lo demostró una investigación del Instituto Lincoln. Después de casi setenta años de medidas fallidas para lograr que los mercados privados suplan las necesidades de vivienda social de la población, tal vez sea el momento de desarrollar y exportar estos otros enfoques que se fundamentan en una comprensión más realista de la complejidaddel mercado de la vivienda y del mercado del capital.

Este artículo se publicó originalmente en el número de Land Lines de julio de 2015.

Course

Revisando los Fundamentos de la Planificación para la Gestión del Suelo

Março 31, 2018 - Maio 8, 2018

Free, offered in espanhol


El curso ofrece un espacio para debatir las nuevas miradas teóricas y experiencias prácticas que buscan cuestionar y superar algunas debilidades de la planificación tecnocrática tradicional. La necesidad de hacer más visible el papel del Estado en la construcción de la ciudad y el impacto que las decisiones de planificación tiene en los mercados de suelo, la distribución de los costos y beneficios del proceso de urbanización, y la calidad de vida urbana son algunas de las ideas que se considerarán.

Ver la convocatoria


Details

Date
Março 31, 2018 - Maio 8, 2018
Application Period
Março 1, 2018 - Março 19, 2018
Selection Notification Date
Março 27, 2018 at 6:00 PM
Language
espanhol
Cost
Free
Registration Fee
Free
Educational Credit Type
Lincoln Institute certificate

Keywords

Planejamento

Oportunidades de bolsas para estudantes graduados

Babbitt Center Dissertation Fellowship Program

Submission Deadline: March 1, 2023 at 11:59 PM

The Lincoln Institute’s Babbitt Center Dissertation Fellowship Program assists PhD students at U.S. universities whose research builds on, and contributes to, the integration of land and water policy to advance water sustainability and resilience, particularly in the West. The program provides support to scholars early in their careers.

For information on present and previous fellowship recipients and projects, please visit Babbitt Center Dissertation Fellows, Current and Past.


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Submission Deadline
March 1, 2023 at 11:59 PM


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Keywords

Preservação, Ecologia, Planejamento Ambiental, Intermountain West, Planejamento de Uso do Solo, Planejamento, Água

Map of San Francisco with areas with low percentages of affordable housing indicated in light green.

Place Database

San Francisco’s Affordable Housing Shortage
By Jenna DeAngelo, Janeiro 25, 2018

In most of San Francisco, indicated by the lightest green areas of the map, only 8.32 percent or less of homes in 2015 were likely to be affordable for a 4-person family earning $81,500, or 80 percent of the Area Median Income (AMI).

View the PDF version of this map for more detail and a key.

Source: The Place Database, www.lincolninst.edu/research-data/data/place-database

An architect's rendering shows a mixed-use condo development along Los Angeles' Metro Expo/Vermont rail line.

Landing Capital

Helping Underinvested Communities to Absorb Resources
By Loren Berlin, Janeiro 25, 2018

In 2015 and 2016, representatives from various public agencies, foundations, and nonprofit groups in the San Francisco Bay Area, Los Angeles, and Denver participated in “capital absorption” workshops, to forge solutions to local affordable housing shortages through strategies that attract land, capital, and other resources. They represented not just housing, but transit, planning, and economic development organizations—stakeholders that often don’t join forces to solve problems, even though they work on overlapping issues in identical geographies.

At one of these meetings in 2016, Abigail Thorne-Lyman, program manager for transit-oriented development (TOD) at Bay Area Rapid Transit (BART)—a public transportation system that annually shuttles more than 125 million passengers across the region—realized her agency might be able to make a game-changing contribution to solving the local housing crisis, which is among the nation’s largest. More than 250,000 of the region’s very low-income households lack access to affordable housing. The median home value is San Francisco is $1,147,300, compared to $197,500 nationally; the median monthly rent is a whopping $4,350, more than three times the national median rent of $1,500. Nearly half of local renters spend more than 30 percent of income on rent.

Each six-member team of participants from each region had drafted a spreadsheet of all pending development projects that included affordable housing units. “Staring at our list, we realized that capital wasn’t the primary constraint to building more housing,” explains Thorne-Lyman. “What we needed—the missing piece, so to speak—was land.”

In the Bay Area, developers don’t buy land until they are confident they can assemble the necessary financing for their project, making it difficult to compete in a hot real estate market, Thorne-Lyman says. But BART already owned 300 acres across the region.

That evening, Thorne-Lyman started imagining scenarios in which BART made all its land available for developments that included affordable housing. She ran the numbers. “I saw that we could produce maybe 30,000 units if we put our land in play,” she explains. Ten thousand units could be affordable—which is significant, given that the typical affordable housing development in the Bay Area produces 50 to 200 units. “And if we put ourselves out there first, maybe other transit agencies in other counties would come along,” as BART serves only four of the Bay Area’s nine counties. Together they could make an even bigger dent. “The 30,000 units could turn into 60,000 units, all on public land,” says Thorne-Lyman.

Thorne-Lyman and the rest of the capital absorption team delivered the analysis to BART’s general manager, Grace Crunican. Both Crunican and the BART board of directors decided to increase the agency’s commitment to both market-rate and affordable housing on BART land. Then they asked Thorne-Lyman and the team to model scenarios above and beyond any they had privately imagined.

“That conversation with Grace was like a slingshot,” says Thorne-Lyman. “We had these ideas and played them out. Then the board asked for an even more ambitious vision for our land. Through our work with the capital absorption team, we had all these willing partners—including the affordable housing advocates, community development financial institutions, and foundations—who backed up the idea and pushed it out to the public.”

BART’s new TOD development targets, adopted in December 2016, call for production of 20,000 new housing units and 4.5 million square feet of office space on BART land by 2040. At least 35 percent of these units—7,000, to be exact—will be affordable to low- and very low-income households. So far, BART has produced 760 affordable units on its land, meaning the agency has some work to do. Nonetheless, Thorne-Lyman is encouraged by the challenge. “California has this affordable housing crisis, and we can say that BART will be part of the solution,” she explains. “We have land. And we are willing to offer it up.” 

“Someone has to be thinking big about how to address this crisis. We are putting forward something big,” she says.

The Capital Absorption Framework

The capital absorption workshops that Thorne-Lyman attended were part of a pilot program designed to help cities attract and deploy community investment and to leverage other critical resources, such as land and expertise, to achieve their goals. Community investment is defined as “investments intended to achieve social and environmental benefits in underserved communities—such as loans, bonds, tax-credit equity, and structured investment vehicles.”

The program’s chief architect, Robin Hacke, says, “It’s a way to make resources go to places where they’re not going by themselves, to address the failures of mainstream finance to produce enough affordable housing, reduce health disparities, or minimize the impact of climate change on vulnerable places, among other factors tied to land use.”

Hacke, who is the director of the Center for Community Investment at the Lincoln Institute, is utilizing a new “systems change” strategy that she designed in collaboration with colleagues David Wood of Harvard University’s Initiative for Responsible Investment, Katie Grace Deane, and Marian Urquilla. Called the Capital Absorption Framework, the model is predicated on this idea that mainstream capital markets frequently fail to address the needs of low-income communities, requiring a systemic approach to repair this breakdown and achieve meaningful outcomes at scale (opposed to one-off projects that are difficult to accomplish and, even when successful, fail to move the needle in a significant way). By “bringing to the table” stakeholders who rarely join forces to solve problems despite having aligned interests, the model also augments available assets and power, helping to identify effective new tools and strategies to address unmet community needs.

The framework is a response to challenges Hacke and Urquilla faced while working on The Integration Initiative, an $80 million program begun in 2010 to improve the lives of low-income residents in five pilot cities—Baltimore, Cleveland, Detroit, Minneapolis/St. Paul, and Newark. Administered by Living Cities, the idea was to align interests across a range of players and invest capital in neighborhoods that traditionally can’t access funds.

The Integration Initiative demonstrated that participating cities not only lacked capital; they lacked the capacity to absorb and deploy the funds allotted to them through the program, says Hacke.

“Spatially inequitable distribution of low-income people across the United States grew from decades of public policy that basically starved communities of capital, through redlining by banks or redlining aided and abetted by the Federal Housing Administration,” says George McCarthy, president and chief executive of the Lincoln Institute of Land Policy, who was involved in The Integration Initiative during his tenure at the Ford Foundation.

 


 

Systems Change

In order to overcome the effects of discrimination and the market’s failure to deliver adequate goods, services, and opportunities to disadvantaged communities, we need to ensure that capital can flow to those places. Ensuring that residents can thrive means finding ways to finance affordable housing; developing healthy environments with access to fresh food and safe places to walk, bike, and play; and providing access to quality education and jobs. It is not enough simply to invest in a single project and expect places to be transformed. The Center for Community Investment is committed to strengthening the systems that engage a community in planning for its future, creating a platform and network of relationships that unite the institutions and individuals with the capacity to advance the community’s vision; developing and executing investment transactions that implement that vision; and shaping the policies and practices that accelerate how transactions proceed.

—Robin Hacke

 


 

“Because we starved communities of capital, we think the way to help them recover is just to provide them with money. But that misses the point that over the years we didn’t just strip out the capital but also the capacity of those places to help themselves. Many people in the community development movement believe that if we just find a way to get more capital to places, then good things are going to happen. But one of the hard lessons we have learned is that, even if you can get the money to those communities, they don’t necessarily have a way to use it. It may sound like I’m blaming the victim, but that’s not it. Rather, it’s understanding that when you deny a place critical resources for long enough and then suddenly provide it, the community may not be ready to deploy it. It’s like people. If you starve someone for too long and then provide food, that person may not be able to eat it.”

Managing the Pipeline

“To deploy capital successfully, places need to identify sources of capital as well as projects that can use it. Proponents of impact investment have focused on organizing capital supplydemand for investment,” Hacke says. “For example, in Detroit, Baltimore, and Cleveland, they were not primarily looking at housing. They wanted to accelerate all kinds of development, including commercial and mixed-use developments. Getting the right set of deals and the right conditions to supply capacity to those deals required much more than just investment capital. The work took longer than we expected and required much more upfront arrangement of the plumbing than we had anticipated,” she adds.

“Despite the great need in disadvantaged communities, stakeholders have to overcome major obstacles to complete projects,” says Hacke. “If people don’t believe that the deals have a decent-sized chance, they give up on them. So we organize stakeholders around what is most urgent at that time and organize the resources that way as well to increase the probability and the confidence that the critical deals will get done.”

The lack of confidence stems from the cold truth that community development projects are usually difficult to realize (figure 1). Hacke confronts that fact head-on by asking participants to identify what she calls “exemplary community impact deals. The ones that stick out in people’s minds as representative of the field tend to be complex, time-consuming, and politically fraught, balancing the interests of many stakeholders and blending many different sources of capital with varied constraints and requirements. Practitioners evoke the language of heroic quests to describe these deals.”

Identifying and examining “exemplary deals” is helpful in two ways. First, it highlights the complex and convoluted nature of many community investment projects, clarifying the need for a more efficient, scalable strategy. More importantly, analyzing exemplary deals can help stakeholders determine the potential resources and constraints of the larger community development system, including the engagement level of various players, the availability of an array of skills and resources, and opportunities for collaboration.

3 Components of an Effective Community Investment System

Once stakeholders in a region have used the exemplary deals framework to examine how the community investment system is currently operating, the next step is to identify ways to improve the functioning of that system so that it can deliver impact at greater scale. As organized by the framework, an effective system requires three things, which are the focus of Hacke’s work with communities.

Identify Shared Priorities

First, stakeholders must articulate a well-defined set of priorities that are widely embraced across the community. Affordable housing is not always the anchor for establishing these priorities, but it was the easiest starting point in Hacke’s pilot programs—in part because the field has reliable, effective funding sources, such as the Low-Income Housing Tax Credit, and a robust network of experienced organizations.

“We work really hard to convene and build cross-sector relationships so that we can operate from a set of shared priorities,” says Thomas Yee, the Initiatives Officer at LA THRIVES, a nonprofit that works to advance the equity agenda around smart growth and participated in the Capital Absorption Framework pilot.

“There’s going to be disagreement among really progressive advocates, elected officials, and private developers, so it takes a lot of working together, building trust, and finding common ground. But that’s the way to organize system-level approaches. It allows you to boil down the work to a few principles that excite people and keep them focused on the system instead of their particular neighborhood or project.”

One of the shared priorities to emerge out of the Los Angeles work is the importance of ensuring that LA Metro, the public agency responsible for bus and rail services in Los Angeles County, effectively serves low-income residents, who are the agency’s core riders.

Prior to joining the workshops, LA Metro knew its core riders were low-income. Based on the findings of a research study the agency had commissioned prior to joining the Los Angeles team, the agency also understood how it could assist those riders to live near transit lines. It was developing aggressive housing targets on agency-owned land when it joined the LA THRIVES collaborative.

“The sea change was coming together to get LA Metro to think about what that means for how the agency runs its business—about the bottom-line question of what happens if those core riders are living farther and farther away from existing transit systems,” explains Yee.

According to Yee, LA Metro was interested in additional ways to counter displacement, and joining the collaborative was “really the water needed to grow those seeds.”

The idea that low-income riders would be pushed farther afield disturbed the other members of the pilot’s Los Angeles team. The transportation planners balked at the cost and inefficiencies of expanding service to outlying areas, while the conservationists worried about the environmental impact.

The community advocates were concerned about economic and social isolation, and the housing folk feared there was a lack of affordable housing in the outer ring areas. Resolving this issue correctly would present an opportunity to simultaneously address these seemingly unrelated concerns, and so it became a shared priority among the collaborative. In response, LA Metro adopted a new term for thinking about transit in the context of displacement: the Transit-Oriented Communities frame.

But LA Metro wanted to do more. It was clear that, unlike BART, the agency did not have much additional land that could allow for thousands of new affordable housing units. Instead, LA Metro, in partnership with other members of the team, created a loan fund to support the development of affordable housing and retention of existing low-rent, nonrestricted units near the agency’s transit lines. Critically, the units do not have to be on agency-owned land, but they must be close enough to provide easy access to the transit.

“We are so excited that LA Metro is willing to make investments off their property,” says Yee. “Making it easier to develop affordable housing on agency-owned land is one thing—and obviously a huge step in and of itself. But for them to go beyond agency-owned land is a big innovation and demonstrates a commitment to limiting the displacement of core riders.”

Establish a Pipeline of Deals

Once stakeholders identify a set of strategic priorities, they can then focus on establishing a pipeline of deals—the second step in implementing the framework. Stakeholders begin by examining deals in progress, analyzing whether they support the priorities and where there may be gaps.

The practice of examining the deal pipeline also helps to highlight the resources that are necessary for success.

For the Denver team, analyzing the city’s pipeline resulted in the recognition that the team needed to focus more on attracting mission-driven private capital, says Dace West, a leader of the Denver pilot and, at the time, executive director of Mile High Connects, a nonprofit with a mission to ensure that the Metro Denver regional transit system fosters communities that offer all residents the opportunity for a high quality of life.

“We had this powerful moment as a community when we realized that the way we are doing community development work is really driven by specific, restrictive funding sources that are more mature systems—like tax credits, which are oversubscribed—or, in other cases, sources of capital that are not very predictable,” says West, referring to the takeaways from the pipeline analysis.

“We realized that we are so often falling short in the developments we are working on because of an inability to be very systematic about the way we draw down and deploy capital. So, going forward, we are very focused now on how we leverage private-sector impact investment capital into the system, looking at traditional capital sources in new ways and at what we need to do to unlock significant capital seeking a place to land,” West says.

“We have discovered, from deep and intentional work, that impact means really different things to impact investors. When some say they want impact, what they are really saying is that they want to be able to squint and see something good; that is good enough for them, because what they really want is liquidity and rates of return. We think, ‘That’s good to know, because we have been wasting our time on these things that aren’t real issues.’ Now we can focus on questions such as: what is that target rate of return, and where are the right places to leverage that capital versus other kinds of capital? And that’s been a real ‘aha’ moment—this recognition that real estate, which is something we had been thinking of as a more traditional investment, can be an actual community impact investment, which creates new and interesting connections.”

One of those connections is to Denver’s housing finance agency.

“As we have been thinking about ways this new capital could land, we have discovered that we have a very unusual housing finance agency.

It is very creative and flexible and is already managing a huge number of siloed, structured funds that have a community purpose in some way,” says West. “We are working to build out a platform that uses the agency as a base to draw in capital that can go to specific sleeves but can also flow across those gaps and allow us to pursue projects driven by the community and its needs. The housing finance agency is not responding merely to existing funding sources any longer; it’s acting as a broad-based intermediary that can work across and among agencies in the system.”

Create an Enabling Environment

After building out a pipeline of deals, it’s a natural next step to the final piece of the framework—strengthening the “enabling environment.” This is defined as “the latent conditions that shape the system’s operations,” including but not limited to “the presence or absence of needed skills and capacities, political realities, formal and informal relationships among key actors, and the cultural norms and behaviors that manifest differently in different places.”

In the capital absorption workshops, participants are asked to figure out which areas of the environment are or are not working well, and which policies and practices directly affect their strategic priorities. In doing so, they can better grasp the opportunities and limitations inherent in the current system.

For Thorne-Lyman and the rest of the San Francisco team, it was analysis of the enabling environment—of what resources are and are not available and functioning well in the ecosystem of affordable housing—that immediately revealed that shortage of land.

Center for Community Investment

Thorne-Lyman is not the only one excited by the work that has come out of the Capital Absorption Framework. McCarthy is also encouraged.

“Land is one of a community’s most valuable and scarce resources,” he says. “Land policies can play a central role in attracting or generating the investment needed to tackle vacancies and blight produced by dysfunctional land markets or to address the disparate impact of pollution and climate change on poor and disadvantaged families.”

For that reason, the Lincoln Institute of Land Policy launched the Center for Community Investment in 2016 with support from The Kresge Foundation, Robert Wood Johnson Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and Surdna Foundation. The Center is a leadership development, research, and capacity-building initiative to help communities mobilize capital and leverage land and other assets to achieve their economic, social, and environmental priorities. Hacke will direct the new center and use it as a platform to advance the capital absorption model.

“We have seen over and over again that land really is an important part of the solution, whether we are talking about the health of people or green infrastructure and the health of natural ecosystems. Being at the Lincoln Institute, which has such tremendous expertise in the use of land to generate and capture value, is a real boon for us,” says Hacke.

Building on the success of the pilot, the Center for Community Investment has launched a new initiative, Connect Capital, aimed at helping cities and regions across the country improve access to opportunities so that everyone has a fair chance to lead a healthy and productive life. The Center is working with cross-sector partnerships that are reshaping local systems and deploying capital to make their communities healthier, more cohesive, resilient, and vibrant. Selected teams receive coaching and the opportunity to participate in learning sessions to help them strengthen their local community investment system.

At Lincoln, Hacke hopes to expand her work by piloting it in additional communities. Participants in the pilot cohort encourage those cities to seize on the opportunity. “When we started this work two years ago, it felt like an abstract academic exercise replete with homework assignments. But we hung in there with their approach and have seen such value in the framework,” says Christopher Goett, a senior program officer at the California Community Foundation, one of the supporters of the Los Angeles pilot. “Robin, Katie, David, and Marian pulled together a safe space that allowed us to tackle difficult work and created a support system that strengthened over time. In hindsight, these activities have been critical moments for us in our evolution and growth.”

“Community and economic development work is often addressed through programs in their own respective silos, but that’s not how the world operates,” Goett says. “Average Angelenos wake up and use transit to get to work or drop off their children at school. Systems such as housing, employment, and education all interact, and that’s how the Center’s frame is laid out.”

“For someone who manages a smart growth portfolio here at the California Community Foundation, the framework continues to become increasingly useful; smart growth is, by its nature, integrated. We have to think about public health at the same time we think about infrastructure and housing, and with this frame we can walk through the transit-oriented development door and still see the anti-displacement and housing angles.”

Revised in January 2018, this article originally appeared in April 2017 Land Lines.

 


 

Loren Berlin is a writer and independent communications consultant in Chicago.

Photograph: Courtesy of Abode Communities

 


 

References

Bay Area Council Economic Institute. 2016. “Solving the Housing Affordability Crisis: How Policies Change the Number of San Francisco Households Burdened by Housing Costs.” (October). http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/BACEI_Housing_10_2016.pdf

Hacke, Robin, David Wood, and Marian Urquilla. 2015. “Community Investment: Focusing on the System.” Working paper. Troy, MI: Kresge Foundation.

Truong, K. 2016, October 11. “Here Are 11 Solutions to the Bay Area Housing Crisis.” San Francisco Business Times. October 11.

Zillow.com. “San Francisco Home Prices and Values.” https://www.zillow.com/san-francisco-ca/home-values/

Zillow.com. “United States Home Prices and Values.” https://www.zillow.com/home-values/
 

Portland

Gentle Infill

Boomtowns Are Making Room for Skinny Homes, Granny Flats, and Other Affordable Housing
By Kathleen McCormick, Janeiro 25, 2018

Recent news stories routinely feature “hot market” U.S. cities with astronomical housing prices that end up displacing residents with moderate or low incomes. San Francisco’s epic housing battles pit longtime residents against tech workers. In Portland, Oregon, city council extended the state of emergency it declared in 2015 to address the local affordable housing crisis. In Denver, Mayor Michael Hancock pledged $150 million for affordable housing in the next decade. Boston Mayor Martin J. Walsh plans to build 53,000 units by 2030, while neighboring Cambridge adds density in infill areas and near transit. And in Boulder, Colorado, public officials seek to add a host of housing options through an approach they call “gentle infill.” 

“Hot markets exist for many reasons, but in Portland, San Francisco, Boulder, and other cities, housing issues are clearly a result of strong economic development,” says Peter Pollock, FAICP, manager of Western programs for the Lincoln Institute of Land Policy. In these places, a jobs-housing imbalance leads to inadequate shelter options. The “gentle” or “sensitive” infill approach is about “trying to find ways to make infill compatible with surroundings to achieve urban design goals and enable production of more housing,” he says. The term also “puts a positive spin on something that may not be universally accepted”—namely, density—“and suggests that we can do a better job.”

While half of all households nationwide are spending more than 30 percent of their income on housing, many residents in hot market cities are spending more than 50 percent and being forced to leave. Housing activists, such as those at the annual U.S. YIMBY (“Yes in my backyard”) gathering, are challenging city planners and elected officials to create more diverse infill options to house people, stem displacement, make better transit connections, and create more environmentally sustainable communities.

How Did We Get Here?

Desirable cities are growing rapidly because they’re attracting millennials and cultural creatives for job opportunities and lifestyle amenities, and the newcomers have gravitated in numbers that far exceed places to live. The tech industry, with its influxes of well-paid workers, is often blamed for driving up housing costs and causing displacement. But other factors are also in play. Many cities built little if any housing during the Great Recession. Mortgage credit is tighter. Construction costs are escalating. New housing is priced at market rates that drive up the cost for existing homes. Zoning that favors single-family detached houses or luxury apartments has led to expensive housing monocultures. What’s being viewed as a crisis in many cities is the loss of housing not just for lower-income residents but also for workforce and middle-income residents—teachers, nurses, firefighters, small business owners, young professionals, young families, and others who typically provide a foundation for communities.

Restoring the “Missing Middle”

The good news is that cities across the United States are already working on solutions. Communities are overturning policies that prohibit housing or place tight restrictions on where and how it can be built, to allow for more diverse and affordable places to live. Many urban planners and public officials are focused on developing housing types that restore the “missing middle,” to shelter moderate and middle-income households. 

The missing middle, a concept that grew out of new urbanism, includes row houses, duplexes, apartment courts, and other small to midsize housing designed at a scale and density compatible with single-family residential neighborhoods. Since the 1940s, this type of development has been limited by regulatory constraints, the shift to car-dependent development, and incentives for single-family home ownership. Three- or four-story buildings at densities of 16 to 35 dwelling units per acre used to be a standard part of the mix in urban neighborhoods. Many urban planners say this scale and density of housing is needed again to offer diversity, affordability, and walkable access to services and transit. Cities are using a variety of additional approaches to inject more moderately priced housing into residential neighborhoods, from shrinking or subdividing lots to adding accessory dwelling units (ADUs) to expanding legal occupancy in homes. Some of these gentle infill approaches are showing great potential or in fact adding needed units on a faster track. 

How does gentle infill work? It depends on the city, as demonstrated by the following examples from Portland, Oregon; Boulder, Colorado; and Cambridge, Massachusetts.

Portland, Oregon: More Housing is Better

Portland typically ranks atop lists of “best places” to live but has recently slipped a few notches because of its housing prices, which ballooned 13 percent in 2015. According to a recent study released by Metro, the regional government organization, Portland area rents increased 63 percent since 2006, while the average income of renters rose only 39 percent. The population grew by 12,000 in 2015, to more than 632,000 residents in 250,000-plus households. 

Since 1973, Portland has been living with statewide urban planning that mandates an urban growth boundary to protect farmland and forests from urban sprawl and to ensure efficient use of land, public facilities, and services within the urban boundary. This city has an ambitious agenda to meet its growth projections with several big planning efforts: a new zoning map and the 2035 Comprehensive Plan, its first update in 30 years, adopted by city council in June 2016; a new land use code with regulations that affect a range of growth from multifamily and mixed-use development to transportation corridors and parking; and Central City 2035, a long-range development plan for the city center and its districts. 

The city is relying on policy changes in view of the 142,000 additional jobs, 135,000 extra households, and 260,000 more people that it will need to accommodate by 2035, according to Metro. About 30 percent of new housing will be built in the city center, 50 percent in mixed-use centers and corridors, and 20 percent in Portland’s single-family residential zones, which comprise about 45 percent of the city’s 133 square miles of land. The city has about 12,000 buildable lots, assuming that some current lots can be subdivided to provide more sites.

Since 2010, an estimated 20,000 new residential units have been built or are in the pipeline, and tax increment financing in designated urban renewal areas has invested $107 million in new and preserved affordable housing. In 2016, the state legislature lifted a 17-year ban on inclusionary zoning, which will allow the city to require builders to set aside units for new workforce housing. The city is focused on funding strategies to provide more affordable homes for households below 80 percent of the area median income (AMI). To increase the number of middle-income units for people earning more than 80 percent of AMI, the city is relying on policy changes, rather than funding strategies.

By the end of 2016, a stakeholder advisory committee for the Residential Infill Project (RIPSAC) will provide advice regarding the size and scale of houses, small-lot development, and alternative housing types. One proposal under consideration is to allow more internal conversions of large historic houses into multiple units, an approach that would provide more housing while avoiding teardowns and preserving the historic fabric of neighborhoods. Building on the legacy of small homes that exist from a century ago, Portland is looking to add little houses on undersized, pre-platted lots. And the city is considering whether to allow the development of more tall “skinny” homes of up to 1,750 square feet on 2,500 square-foot lots, half the square footage of land required under R-5 single-family zoning.

“Five or ten years ago, people would ask, ‘Why is this house being built on a narrow lot?’” says RIP project manager Morgan Tracy. “Now it’s not so surprising. They’re really becoming popular because they’re at a lower price point for buyers.”

Policy changes regarding accessory dwelling units have helped generate new moderately priced housing and have drawn the attention of public officials from other cities in search of solutions to their own housing crises. ADU construction has exploded since 2010, when the city waived development fees covering sewer, water, and other infrastructure connections, reducing construction costs by $8,000 to $11,000 per unit. The waiver inspired a surge in construction: almost 200 ADUs were permitted in 2013—six times the yearly average from 2000 to 2009. In 2015, the city granted 350 new ADU permits, for a current total of more than 1,500 units. Tracy says ADUs “are a well-accepted means of producing more housing because they’re better integrated into a site and don’t necessitate a home being demolished.”

Any single-family house in the main zoning districts can have an ADU, and a proposal would allow up to two units—an interior apartment plus a separate carriage house or granny flat. The city does not limit the number of ADUs within a neighborhood or require off-street parking. It has also streamlined some ADU standards to allow for improved designs with slightly greater height and setbacks. RIPSAC is considering proposals to allow any house to have two ADUs, both interior and detached, triplexes on corner lots where duplexes are now allowed, and duplexes on interior lots, with a detached ADU. Allowing duplexes on interior lots and triplexes on corners “doesn’t mean everyone will take advantage” of the policy changes, says Tracy, noting that only 3 percent of corners now have duplexes. But “if every property owner took advantage of additional unit potential, we would double the number of housing units in each neighborhood.”

The next phase of infill housing policy considerations will address how medium-density housing types might fit into small infill and multi-dwelling sites. The city has already been moving in that direction: Portland’s Infill Design Toolkit guide focuses on integrating rowhouses, triplexes and fourplexes, courtyard housing, and low-rise multifamily buildings into neighborhoods.

“What may be shocking and alarming for some people becomes more acceptable as you see it more,” says Tracy. “We’re seeing that with duplexes and triplexes in single-family neighborhoods. The last time we built them was in the 1930s and ’40s. We’re trying to promote a wider diversity of housing forms, and some folks are supportive because they understand the need to be able to house more people on available land.”

Boulder: More Housing Is Better, But There Are Down Sides

Boulder is studying what other cities are doing to encourage gentle infill, and a recent trip to Portland by city officials, staff, and business leaders offered perspective on what could work at home. Like Portland, Boulder has determined to halve carbon emissions by 2030, provide more infill housing in the developed city core, protect open space, and encourage public transportation use. But with one-sixth of Portland’s population and different challenges and opportunities, Boulder seeks its own consensus on what gentle infill means.

Located 25 miles northwest of Denver in the foothills of the Rockies, Boulder also ranks high on the lists of healthy, livable, and entrepreneurial places. The natural beauty and high quality of life in this 25.8-square-mile city of 105,000 have attracted start-ups and established tech firms such as Google and Twitter. The influx has fed a digitally paced lifestyle and “1 percent” housing market in which the median single-family detached house costs over $1 million.

In the past two years, housing prices overall have risen 31 percent. Factors beyond the tech industry have limited affordability for many years (disclosure: for nearly 25 years, I’ve lived, worked, and raised two kids in a formerly modest Boulder neighborhood that has been largely rebuilt with higher-end homes). The University of Colorado-Boulder, a key economic driver with 38,000 faculty, staff, and students, generates significant housing demand. A jobs-housing imbalance translates to an estimated 60,000 cars arriving and departing daily, despite regional and local bus service.

State law prohibits rent control, and the state’s “condominium construction defects legislation” has squelched that type of construction for middle-income housing. Boulder is also home to many independently wealthy “trustafarians” and speculative buyers who purchase homes with cash from selling property in other high-end markets. Some are second or third residences; others are reserved for short-term rentals like airbnb. In June 2015, city council voted to restrict short-term vacation rentals, saying they impacted affordability and reduced the number of long-term housing opportunities.

Development limitations include few residential lots, a 45,000-acre ring of protected open space around the city, and a height limit, to preserve mountain views, capped at between 35 and 55 vertical feet, depending on planned development intensity and location near transit. The city is within sight of a theoretical build-out; a forecast of 6,760 additional units by 2040 is being considered for the current update of the Boulder Valley Comprehensive Plan. A 2015 housing survey conducted for the plan indicated that most residents were willing to increase density and building height to allow for more housing, at least in some parts of the city.

Since 1989, while the percentage of lower-income households has held steady, middle-income households have declined from 43 percent to 37 percent of the populace. The segment disappearing at the fastest rate is households earning between $65,000 and $150,000 as well as families with children. City council, the planning board, and local newspaper op-ed pages field lively debates over the “Aspenization” of Boulder and infill housing options that could slow or reverse the city’s momentum toward greater exclusivity and less diversity.

Boulder has been working on affordability and inclusivity for some time. Its inclusionary zoning ordinance produced 3,300 affordable housing units between 2000 and 2016. Developers of projects with five or more units are required to construct 20 percent as permanently affordable, build off-site, donate land, or make a cash-in-lieu payment to the city’s affordable housing fund. The city’s goal is 10 percent permanently affordable housing; some 7.3 percent of the city’s housing stock now qualifies.

Part of the affordable program is aimed at middle-income housing: the city has a goal of creating 450 permanently affordable units for households earning 80 to 120 percent of AMI. Between 2000 and 2016, 107 units for middle-income households were built in new mixed-income neighborhoods on land annexed in north Boulder. Many are in the Holiday neighborhood, a mixed-use model of 42 percent affordable units integrated within a total of 333 townhomes, row houses, flats, live-work studios, and cohousing. Recently built middle-income units are located in the Northfield Commons neighborhood, where half of the 43 percent of affordable units in duplexes, fourplexes, sixplexes, and townhomes are reserved for middle-income households.

“It’s very expensive to subsidize people making $70,000 to $130,000 per year,” says Aaron Brockett, a city council member and former planning board member, referencing a middle-income housing study prepared for the city that defined Boulder’s middle market as 80 to 150 percent of AMI. He advocates for “market solutions like smaller units as a trade-off in those areas that have amenities and services such as mixed-use areas where people can walk to transit and redeveloping areas.”

In preparing a comprehensive housing strategy, Boulder is exploring ideas for middle-income infill housing in transit corridors, commercial strips, business parks, and industrial areas that could be rezoned and redeveloped, and in walkable mixed-use neighborhood centers in residential areas. “The 15-minute neighborhood is the Holy Grail for a lot of communities, but it takes a lot of work,” says Jay Sugnet, project manager for Housing Boulder. “Are they in single-family neighborhoods or at the edge of service-industrial areas? Where are you willing to locate those, and what’s appropriate? You also need a concentration of people to support retail. Boulder has lots of commercial corridors, but they need a sufficient number of people to support all of them.”

The city also plans to adjust the ADU ordinance to achieve more middle-income affordability in neighborhoods of mostly single-family detached houses, which comprise about 41 percent of the city’s 46,000-unit housing stock. An ADU ordinance in effect since 1981 has permitted only 186 ADUs and 42 OAUs (owner’s accessory units) because of requirements regarding off-street parking, minimum lot size, and limits on ADU density. “We’d like ADUs for diversity of housing in neighborhoods,” says David Driskell, executive director of planning, housing, and sustainability. “Physically we could put in quite a few here, but, politically, there will be quite a lot of discussion about parking and traffic impacts.”

City council is considering “creative adjustments” to existing housing that could have less impact on the footprint and “character” of residential areas, such as loosening code restrictions on the number of unrelated people who can share a home. In most residential zones, no more than three unrelated people can share a house, even if it has six bedrooms and multiple bathrooms. A ballot measure petition launched recently by University of Colorado graduate students asks Boulder voters to overturn the occupancy limit and adopt a “one person = one bedroom” policy. Allowing higher occupancy is controversial. Although it would provide more places for students and others to live legally, it could further drive up housing costs for families, as monthly rent in group houses, particularly close to the university, often costs as much as $1,000 per bedroom.

The city is also discussing a revision of its 20-year-old cooperative housing ordinance. No co-op projects have been permitted because the ordinance was “essentially a path to No,” says Driskell. Three affordable rental co-ops were established under other measures. City council is considering a more welcoming ordinance that supporters say would benefit the city by offering a sustainable and community-oriented lifestyle for single residents, young families, seniors, and people who work lower-wage jobs.

“We tend to be a regulatory city, and we have really embraced deliberative planning,” says Susan Richstone, deputy director of planning, housing, and sustainability. “It hasn’t always been easy, but we’re having the discussions and making changes in planning and zoning levels within a regulatory framework. It’s in our DNA.”

“Density is a bogeyman here, and people are up in arms,” says Bryan Bowen, an architect and planner who is a member of the Boulder Planning Board and the city’s Middle Income Working Group.  Residents are anxious about both modest homes being scrapped and replaced with 5,000 square-foot $1.5 million new homes and the possibility of greater density with more large edgy-looking multifamily apartment buildings. “That’s probably why gentle infill feels good, though it has an interpretive quality. It’s a question of what people find to be compatible and palatable.” There’s no consensus yet about which infill approach will work best, Bowen says. “But frankly, in moderation, some application of all of them might be needed.”

 


 

Accessory Dwelling Units (ADUs): A Preferred Infill Housing Approach

Demographic changes such as aging populations, shrinking household size, college-loan-strapped millennials, and cultural preferences are leading many cities to allow home owners to build ADUs, also known as in-law apartments, granny flats, and carriage houses. Advocates say ADUs—built in the interior of a home, rebuilt from a garage, or newly built as a separate cottage—offer affordable options for elderly parents, adult kids, and caregivers. They’re also a source of rental income that can help residents stay in their homes. As older home owners wish to downsize and age in place, some are choosing to live in the ADU and rent out their main house.

Typically ranging from 200 square feet to more than 1,000 square feet, ADUs are part of a long tradition of modest apartments and multigenerational houses that were common before the era of single-family suburban homes. Many housing advocates are keen on ADUs as a way to add units quickly, with home owners financing the infill of existing neighborhoods, compared to the lengthy and costly process of land acquisition and development of larger-scale multifamily projects by municipalities, nonprofit affordable housing organizations, and private developers. At Denver’s Bridging the Gap housing summit in May, a session on small-scale affordability posed a potential scenario for the city: 70 neighborhoods multiplied by 300 ADUs per neighborhood would equal 21,000 moderately priced housing units.

At the 2015 YIMBY conference in Boulder, Susan Somers of AURA (formerly Austinites for Urban Rail Action) in Austin, Texas, described a coalition effort to become “an ADU city” and achieve much greater housing density in the mostly single-family detached city. They accomplished their mission; in November 2015, the Austin City Council passed a resolution relaxing ADU regulations and allowing them on smaller lots. AURA hopes to help home owners entitle 500 new ADUs annually. The units provide “affordable housing and a source of income to allow folks to stay in their homes,” says Somers. In gentrifying East Austin, “this is how families stay together.”

 


 

Cambridge: Bridging the Income Gap

Cambridge, located across the Charles River and three miles west of Boston, has the most expensive housing in Massachusetts and bears keen pressure to produce more missing-middle options. The population has increased more than 10 percent since 2000, to 110,000 residents within a compact 6.5 square miles, and is projected to grow by 6,200 homes before 2030, according to the Metropolitan Area Planning Council (MAPC), the regional planning agency for Metro Boston. The city has 117,000 jobs and more than 52,000 housing units, about half of them located in mixed-use commercial areas. The average listed single-family home price in 2015 exceeded $1.2 million. Median monthly rent for a one-bedroom apartment was $2,300.

“Cambridge has become a bifurcated place of very high income and very low income,” says Andre Leroux, executive director of the Massachusetts Smart Growth Alliance. “It’s hard for middle-class people to live there.” Cambridge has the infrastructure to support much greater density and to add significantly more residential development and huge residential towers, “but it doesn’t want to be downtown Boston.”

The city is in the first year of a three-year comprehensive plan process, its first since 2000 (the state does not require municipalities to develop comprehensive plans). Affordable housing for low, moderate, and middle incomes—a resounding theme through the public process—is the number-one priority, says Iram Farooq, assistant city manager for community development.

“For a lot of working people, there are fewer affordable options in the city,” says Farooq. The greatest population decline has occurred among residents earning between 50 and 80 percent of AMI, she says. Middle-income households earning between 80 and 120 percent of the area’s AMI are also leaving the city for housing options elsewhere in the urban region. She notes that a city program that offered low-interest financing to home buyers earning up to 120 percent of AMI experienced little demand.

“Just creating the program doesn’t mean people are going to use it. With the same financial commitment, they are able to go three miles down the road and find a nicer or bigger house for the same money. Being able to hold onto the middle is more challenging than at other income levels.”

The city is using regulatory strategies to fund more affordable housing. An incentive zoning ordinance enacted in 1988 required linkage payments to offset the effects of commercial development on the housing market. In 2015, the city updated the ordinance, increasing the rate for developers from $4.58 to $12 per square foot and broadening the requirement to include any nonresidential development, including healthcare and university facilities, labs, and office space. The city is also considering new zoning for infill sites and an expansion of its inclusionary housing ordinance, which now requires 11.5 percent affordability in new projects, to 20 percent affordable units for moderate, middle-income, and low-income households.

Cambridge has been building infill housing, mostly in projects ranging from 50 to 300 units, on larger sites. East Cambridge, for example, has seen the development of thousands of housing units in the past decade, along with millions of square feet of office space and restaurants, on land that was formerly industrial. The city is requiring residential units with all new development; 40 percent of a new commercial project in East Cambridge’s Kendall Square will be dedicated to housing. Some of this new development is subsidized for the middle class. But few parcels exist in residential areas, land costs are high, and residents are pushing back.

For years, housing advocates have been urging the city to add more infill housing and increase density in Central Square, the historic municipal center of the city. Located on Massachusetts Avenue, Central Square has a subway station and a bus-transfer station where eight bus routes converge. The area has some three- and four-story buildings as well as one- and two-story buildings that could be redeveloped for dense mixed-use housing next to transit. The square historically had taller, denser buildings before some third and fourth stories were removed to reduce taxes during the Depression. In 2012, however, some neighbors tried to persuade the city to downzone Central Square.

“Downzoning is not appropriate in a crisis in which we’re so restricted in our ability to build housing,” says Jesse Kanshoun-Benanav, an urban planner and affordable housing developer who started the civic group A Better Cambridge in response to the downzoning effort, to promote increased density for infill housing opportunities. The city council tabled the downzoning effort and since then has been allowing zoning changes in Central Square and providing incentives such as additional height and density in exchange for the development of more affordable housing.

At the eastern end of Central Square, Twining Properties is developing Mass + Main, a multiparcel mixed-use project with a 195-foot tower and 270 apartments, 20 percent of which will be affordable for low, moderate, and middle-income residents. The project required a zoning variance, notes Farooq. “We’re now hearing political desire to rezone the rest of Central Square. People don’t seem to be as opposed to density as height, so we’ll have to explore what that means in terms of urban form.”

Townhouses, duplexes, and triple deckers are the norm in Cambridge, and only 7.5 percent are single-family detached homes. New rules passed in May that allow the conversion of basements into accessory dwelling units in single- and two-family homes throughout the city could enable 1,000 legal ADUs. The ADUs don’t need a zoning variance, and off-street parking is not required. The square footage of the new units won’t count as gross floor area (ADUs previously were prohibited in most cases due to the existing floor-area ratio and requirements for lot area per dwelling unit). Supporters say the rules won favor because they allow for more efficient use of large homes and won’t alter the look of the neighborhood.

“It’s important that there are people in the city who are willing to accept trade-offs,” says Farooq, noting that the YIMBY movement has “great political capital” to counter NIMBY pushback against infill housing. “There is a community desire to see more housing, and many young people, including a lot of renters, recognize that it’s important to increase the supply and not have steep increases in rent, to make housing more manageable and accessible.”

Regional Approaches

Leroux from the Massachusetts Smart Growth Alliance and others across the nation say that housing needs should be addressed as a regional issue, and cities and towns should work together to allow urban infill housing and approaches like ADUs under state zoning laws. In June, the Massachusetts Senate passed a bill that would reform 1970s-era zoning laws to permit ADUs and multifamily housing districts in every community. A coalition including the Alliance; the Senate President; mayors; and advocates for the environment, public health, affordable housing, and transportation supported the bill, which is poised to become state law next legislative session. A legal and policy strategy, it includes a fair-housing clause that prohibits communities from making discriminatory land-use decisions, which Leroux and others say increase segregation in many metropolitan areas, as low-income residents, including people of color, get pushed out of redeveloping urban neighborhoods.

Suburban communities also need to do their fair share, he says. Many suburbs are still zoning and building for the auto-oriented market, with “a lot of modest homes being torn down and replaced with McMansions,” he says. “We think there’s a grand bargain to be made between cities and towns and the real estate development community to unshackle development near walkable places, infrastructure, and transportation while curbing sprawl and protecting natural areas.” To allow for more diverse housing growth, he says, the Alliance and others are promoting “as-of-right,” or permitted zoning uses, in walkable areas, commercial centers, villages, town centers, and urban squares, because “that’s where the market is and where we need to let the market do its job.”

This article originally appeared in July 2016 Land Lines.

 


 

Kathleen McCormick, principal of Fountainhead Communications, LLC, lives and works in Boulder, Colorado, and writes frequently about sustainable, healthy, and resilient communities.

Photograph: Fred King