La cuestión central que deben resolver los conservacionistas de suelos hoy en día es cómo ampliar la escala de sus esfuerzos para proteger paisajes y sistemas naturales completos. El movimiento de fideicomisos de suelos se ha cimentado en los éxitos individuales de conservación de propiedades privadas, pero crecientemente tanto los conservacionistas como los propietarios que llegan a acuerdos de conservación quieren saber cómo se puede extender este esfuerzo a sus vecinos, a su barrio y, por sobre todo, a su paisaje (Williams 2011).

Los agricultores y ganaderos expresan la necesidad de sustentar una red continua de tierras de trabajo —una masa crítica de actividad agrícola ganadera— para no correr el riesgo de perder las actividades de respaldo comercial y la cooperación comunitaria necesarias para sobrevivir. Los bomberos abogan por mantener las tierras distantes sin desarrollar, con objeto de reducir el peligro y el costo de incendios en las comunidades locales. Los deportistas están perdiendo acceso a suelos públicos y a la vida silvestre cuando el hábitat es fragmentado por emprendimientos rurales. Los biólogos conservacionistas han argumentado desde hace tiempo que se podrían sustentar más especies, si se protegen espacios más extensos, mientras que, por el contrario, la disminución y desaparición de las especies se debe principalmente a la fragmentación del hábitat. Por último, un clima tan rápidamente cambiante redobla la necesidad de proteger ecosistemas grandes e interconectados para que puedan mantenerse a largo plazo.

Muchos financistas y socios del sector público están tratando de concentrar sus esfuerzos de colaboración para la de conservación del paisaje, de manera que la comunidad de fideicomisos de suelos tiene una excelente oportunidad de potenciar su buena labor embarcándose en “alianzas para el paisaje”. Los fideicomisos de suelos, con su desarrollo de base y estilo de trabajo cooperativo, están en una muy buena posición para respaldar iniciativas locales. El proceso de construcción de estos esfuerzos, sin embargo, requiere un compromiso que va más allá de la urgencia de transacciones y campañas de recaudación de fondos, y exige un esfuerzo sostenido que es mucho más amplio que las metas inmediatas que se proponen muchos fideicomisos de suelos.

¿Cómo se mide el éxito?

El río Blackfoot en M ontana se hizo famoso en 1976 gracias a la historia A River Runs Through It (Nada es para siempre) de Norman Maclean (Maclean 2001), pero lo que realmente es destacable en la región de Blackfoot es la manera en que una comunidad ha trabajado durante muchas décadas para sustentar este lugar tan especial. En la década de 1970 se iniciaron los esfuerzos de conservación por parte de los propietarios locales y en 1993 se estableció la organización Blackfoot Challenge con el objeto de aunar los diversos intereses de la zona en medidas consensuadas que posibilitaran el mantenimiento del carácter rural y los recursos naturales del valle. Jim Stone, presidente de este grupo de propietarios, dice: “nos cansamos de quejarnos de lo que no podíamos hacer, así que decidimos hablar sobre lo que sí podíamos”.

En este esfuerzo conjunto se han utilizado estrategias novedosas de conservación en Blackfoot que se han reproducido en muchos otros lugares. El trabajo del grupo comenzó concentrándose en una mejor gestión del creciente uso recreativo del río y en proteger el corredor fluvial. La primera exención para conservación de Montana se promulgó en Blackfoot en 1976, como parte de este esfuerzo pionero. A partir de este éxito inicial, se fueron creando iniciativas más ambiciosas con la participación de un creciente número de aliados.

Cuando los propietarios se quejaban de que no tenían suficiente ayuda para controlar la maleza, Challenge estableció el distrito de control de maleza más grande del Oeste. Cuando los propietarios plantearon que no había recursos suficientes para conservar las haciendas en funcionamiento, Challenge ayudó a crear un programa innovador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (US Fish and Wildlife Service, o USFWS) para adquirir servidumbres de conservación junto con el Fondo de Conservación de Suelos y Aguas (Land and Water Conservation Fund, o LWCF), que históricamente se ha usado para la adquisición de suelo público.

Cuando los propietarios estaban preocupados por la venta potencial de grandes áreas forestales en el valle, Challenge lanzó un plan comprensivo de adquisiciones que conectó haciendas privadas protegidas al pie del valle con suelos forestales públicos más altos. Cuando los propietarios reconocieron la necesidad de realizar una restauración sistémica del río, Challenge y la sucursal Big Blackfoot de Trout Unlimited ayudaron a restaurar más de 48 corrientes tributarias y 600 millas de pasos piscícolas para preservar la circulación de la trucha nativa y la salud de la cuenca (Trout Unlimited 2011).

Blackfoot Challenge se ha asociado con más de 160 propietarios, 30 empresas, 30 organizaciones sin fines de lucro y 20 dependencias públicas. Claramente, la visión de Challenge para la región no se limita simplemente a algunas haciendas, sino que se preocupa por la salud a largo plazo de todo el valle del río, de “ladera a ladera”, según las palabras de Jim Stone (ver figura 1).

El aspecto admirable de la historia de Blackfoot es que no se trata de una rara excepción, sino que constituye el emblema de un movimiento creciente que se dedica a esfuerzos de colaboración para la conservación en todo el país. Estas alianzas para la conservación del paisaje confirman un consenso emergente sobre la necesidad de proteger y sustentar paisajes completos que son vitales, tanto para la salud de los peces y la vida silvestre, como para la vitalidad de las comunidades locales, su economía y su calidad de vida.

Esfuerzos de conservación iniciados por los propietarios

La historia de Blackfoot subraya una de las lecciones más importantes que emergen de las iniciativas de conservación comunitarias: los propietarios locales deben liderarlas, y todos los demás deben respaldarlos. El ejemplo del río Yampa, en el oeste de Colorado, ilustra esta estrategia. A comienzos de la década de 1990, los grupos conservacionistas estaban tratando de proteger esta región, pero toparon con la falta de confianza de los ganaderos locales. En el valle había personas con visión de futuro entre la comunidad y grupos que trataban de impulsar la conservación en la región, pero ninguna de las ideas arraigó de forma efectiva, precisamente porque los propietarios locales no lideraban el proyecto.

Esa dinámica sufrió un vuelco de 180 grados con varias iniciativas de los propietarios, entre las cuales destacó la del Plan de Suelos Abiertos del Condado de Routt (Routt County Open Lands Plan). Las recomendaciones de plan surgieron de una serie de reuniones que los propietarios locales celebraron a lo largo y ancho del condado. El plan proponía ocho medidas significativas para gestionar mejor el crecimiento explosivo en el valle, desde una ordenanza que otorgaba el derecho a cultivar, hasta un programa de adquisición de derechos de desarrollo inmobiliario en haciendas activas. El condado de Routt se convirtió en uno de los primeros condados rurales del Oeste en obtener fondos públicos por medio de una medida electoral para proteger las haciendas activas.

Malpai Borderlands es otro ejemplo ilustrativo de cómo el liderazgo de los propietarios puede superar varias décadas de inacción. Después de muchos años de conflicto entre los ganaderos propietarios y las agencias federales sobre la gestión de los suelos públicos situados alrededor de las montañas Ánimas, en el talón de la bota del estado de Nuevo México y el sudeste de Arizona, Bill Macdonald y otros ganaderos propietarios de la zona organizaron una alianza llamada Grupo de Malpai Borderlands para volver a introducir el fuego como medio para preservar la salud de los pastizales y la economía ganadera local. Este esfuerzo generó una asociación innovadora entre ganaderos, grupos de conservación y dependencias públicas para conservar y sustentar este ambiente silvestre de 404.684 hectáreas en actividad por medio de servidumbres de conservación, bancos de pastizales y un enfoque más integrado de administración del sistema en general.

Fideicomisos de suelos y sociedades públicas-privadas

De la misma manera que el liderazgo de los propietarios es fundamental en los esfuerzos cooperativos de conservación a escala de paisaje, los fideicomisos y agencias de suelos también pueden desempeñar un papel importante como líder secundario y aliado fiable que posee fuertes vínculos locales, conocimientode los recursos externos y una capacidad para implementar proyectos de investigación y conservación. En Rocky Mountain Front, en Montana, por ejemplo, los ganaderos locales están colaborando con varios fideicomisos de suelos y el USFWS para proteger los suelos activos por medio de servidumbres ecológicas. El comité de propietarios locales ha sido presidido por varios ganaderos locales, pero ha sido su amistad de 20 años con Dave Carr de The Nature Conservancy el hecho decisivo para que el comité se mantuviera activo. Greg Neudecker, del Programa de Socios para la Vida Silvestre (Partners for Wildlife Program) de USFWS, ha jugado un papel similar en Blackfoot, dados sus 21 años de servicio en la cooperación comunitaria.

Muchos propietarios y fideicomisos de suelos son renuentes a crear alianzas con dependencias públicas para proteger el paisaje porque frecuentemente abogan por la conservación con medios privados. Sin embargo, cuando se las incorpora como parte de una sociedad para la conservación del paisaje, las agencias estatales y federales pueden ser aliados muy efectivos. En Blackfoot, los estudios científicos, investigaciones, monitorización, financiamiento y trabajo de restauración efectuados por el estado

de Montana y el USFWS han tenido un impacto enorme en la recuperación del sistema del río.

En el frente de protección de suelos, la adquisición pública de bosques madereros extensos en Blackfoot ha complementado el trabajo de los fideicomisos de suelos privados al consolidar suelos públicos y permitir el acceso de la comunidad a dichos suelos para pastar, explotar el bosque y realizar actividades recreativas. Reconociendo los problemas generados por un siglo de supresión de incendios, el Servicio Forestal de los EE. UU. inició proyectos experimentales de desgaste forestal de pequeño diámetro para restaurar la estructura y el funcionamiento de los bosques y reducir la amenaza de incendio en el valle. Esta actividad se está ampliando ahora por medio de un nuevo Programa de Cooperación para la Restauración del Paisaje Forestal (Collaborative Forest Landscape Restoration ProgramiI>, o CFLRP) financiado por el gobierno federal en los valles de Blackfoot, Clearwater y Swan.

El principio más general es que todas las partes interesadas principales tienen que involucrarse activamente para consensuar una base de intereses comunes. David M annix, otro hacendado de Blackfoot Challenge, explica lo que ellos denominan la “regal 80-20”: “Trabajamos sobre el 80 por ciento en queestamos de acuerdo y dejamos el 20 por ciento restante a la puerta, junto con el sombrero”. Jim Stone afirma que cuando la gente va a una reunion de Blackfoot Challenge “le pedimos que deje sus intereses organizativos en la puerta y dé prioridad al paisaje”, y se centre en la salud de los suelos y de las comunidades que de ellos dependen.

Para que estas alianzas entre el sector privado y el público puedan funcionar, es realmente importante que participe la “gente que importa”, es decir, individuos creativos que estén motivados por una vision común y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente modestos como para reconocer que no tienen todas las respuestas. La colaboración toma tiempo. Una vez que se hayan alcanzado acuerdos en común, es fundamental tener un éxito inicial, aunque sea pequeño, que sirva de base para futuras soluciones de mayor envergadura.

La necesidad de financiamiento

La barrera más importante para que los grupos cooperativos locales puedan alcanzar sus metas a nivel de paisaje es la falta de financiamiento adecuado. Sin un respaldo financiero suficiente, los esfuerzos cooperativos pierden, con frecuencia, su impulso, lo que puede retrasar este tipo de trabajo por muchos años.

El financiamiento no es un elemento estático, pero es proporcional a la escala de resultados que se pueden obtener y al número de participantes que se incorporan al esfuerzo. Los financistas privados o públicos no quieren participar en un éxito parcial a menos que sea un paso hacia un objetivo sustentable de largo plazo. Y no quieren proporcionar financiamiento en lugares donde los grupos están compitiendo. Cada vez más, los fideicomisos y agencias de suelos se han dado cuenta del potencial que se puede alcanzar por medio de la colaboración. Los donantes han tomado siempre la iniciativa en este tema, porque viven en un mundo de recursos limitados y comprenden el valor de potenciar una variedad de recursos y financiamientos.

Aunque se realicen grandes esfuerzos de cooperación con objetivos comunes y una gran probabilidad de éxito, frecuentemente existe una brecha de financiamiento para alcanzar una verdadera conservación del paisaje. Mark Schaffer, exdirector del Programa del M edio Ambiente de la Fundación Caritativa Doris Duke, estimó que esta brecha asciende a alrededor de 5 mil millones de dólares por año en financiamiento nuevo e incentivos tributarios que harán falta en los próximos 30 años para conservar una red de paisajes importantes en los Estados Unidos.

En la actualidad la comunidad de fideicomisos de suelos está conservando suelos a un ritmo de alrededor de 1,05 millones de hectáreas por año, un total acumulado de alrededor de 14,9 millones de hectáreas de acuerdo al último censo de 2005 (Land Trust Alliance 2006). No obstante, para sustentar paisajes completos antes de que las necesidades más urgentes cierren las puertas de la oportunidad, este ritmo se tiene que duplicar o triplicar, y se deben realizar esfuerzos de forma aun más orientada.

Oportunidades emergentes para la conservación a nivel de paisaje

Hay varias tendencias importantes y oportunidades de corto plazo que se podrían aprovechar para promover la conservación a escala de paisaje, pero su éxito depende del nivel de participación y liderazgo de los fideicomisos de suelos. Primero, es fundamental que el Congreso haga permanents las deducciones ampliadas de las servidumbres de conservación. La organización Alianza de Fideicomisos de Suelos (Land Trust Alliance, 2011) apunta que estas deducciones pueden proteger más de 101.170 hectáreas adicionales por año. Dado el interés actual del Congreso por recortar gastos y rebajar impuestos, esta es una de las pocas herramientas de financiamiento de conservación que quizás sea alcanzable en el corto plazo. A más largo plazo, un programa nacional de créditos tributarios transferibles similar a los de Colorado y Virginia podría crear un enorme incentivo para generar servidumbres de conservación.

La segunda tendencia se relaciona con el aumento del interés federal en proteger paisajes completos promoviendo las comunidades que ya están trabajando en conjunto. En 2005, la administración Bush lanzó un Programa de Conservación Cooperativa que mejoró la coordinación entre las agencias y los subsidios de capacidad para trabajos cooperativos locales. En 2010, la administración Obama lanzó la iniciativa America’s Great Outdoors para ayudar a las comunidades a sustentar sus suelos y recursos hídricos por medio de asociaciones gobernadas localmente, y reconectar a la juventud norteamericana con el medio ambiente natural (Obama 2010).

Si bien los recursos federales están enormemente restringidos en el corto plazo, los programas y el financiamiento existentes podrían concentrarse más en proyectos de conservación a nivel de paisaje. El Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, anunció un cambio importante en la política de su departamento hacia un enfoque “integral de suelos” para conservar y restaurar los grandes sistemas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (Natural Resources Conservation Service) anunció recientemente que iba a reinvertir 89 millones de dólares de fondos del Programa de Reserva de Humedales que no se habían gastado para adquirir la servidumbre de conservación de 10.522 hectáreas en haciendas activas en la zona de los Everglades en Florida. La oportunidad que se presenta para la comunidad de fideicomisos de suelos es asegurar que estos proyectos se implementen como manera de obtener un apoyo amplio para este tipo de trabajo en el largo plazo.

La tercera oportunidad es aprobar medidas locales y estatales para aumentar el financiamiento y los incentivos tributarios a la conservación. A pesar de la economía debilitada y de los continuos proyectos para efectuar recortes gubernamentales y reducir los impuestos, los votantes aprobaron en las elecciones de 2010 el 83 por ciento de las iniciativas electorales en todo el país para financiar la conservación de suelos y de agua. En total, se aprobaron 41 de las 49 medidas de financiamiento, generando más de 2 mil millones de dólares para proyectos de conservación de suelos, aguas, parques y tierras agrícolas durante los próximos 20 años (The Trust for Public Land 2010).

La tendencia y oportunidad finales para la comunidad de fideicomisos de suelos es asociarse con financistas de capital privado para llevar adelante proyectos de conservación de suelos. Entre 1983 y 2009, cambiaron de manos más de 17,4 millones

de hectáreas de suelos forestales (Rinehart 2010). Nuevos grupos de capital privado, llamados Organizaciones de Gestión de Inversiones Madereras (Timber Investment Management Organizations o TIMO) y Fidecomisos de I nversión I nmobiliaria (Real Estate Investment Trusts, o REIT) adquirieron en muy poco tiempo 10,9 millones de hectáreas, y muchos de estos grupos de inversión, como Lyme Timber, Conservation Forestry, Ecosystem Investment Partners y Beartooth Capital Partners, utilizan la conservación como parte de su modelo de negocios.

La cuestión de escala

Una tendencia en curso en el movimiento de conservación ha sido darle un enfoque cada vez más amplio, pasando de las propiedades individuales a barrios, paisajes, ecosistemas, hasta llegar ahora a las redes de ecosistemas. Por ejemplo, los propietarios de Blackfoot, Swan Valley y Rocky Mountain Front han comprendido que la salud de sus paisajes depende de la salud del ecosistema Crown of the Continent (ver figura 2).

Crown, un área de más de 4 millones de hectáreas que rodea Bob Marshall Wilderness y Glacier-Waterton International Peace Place, es uno de los ecosistemas mejor preservados de América del Norte. Gracias a un siglo de designaciones de suelos públicos y 35 años protección privada de suelos por parte de las comunidades locales, este ecosistema no ha perdido una sola especie desde el asentamiento de los europeos en América. Los propietarios y otros socios se han conectado a lo largo de Crownde varias maneras para ver cómo pueden trabajar de forma más estrecha para el bien de todos.

Aun en la inmensidad de Crown, la sustentabilidad de su población silvestre depende de sus conexiones con otras poblaciones de las Montañas Rocosas del Norte. Sin embargo, estas redes aún mayores de sistemas naturales sólo se pueden concretar si se logran sustentar los vínculos esenciales de la región. Por esta razón, los fideicomisos de suelos de Wyoming, Idaho, Montana y Canadá han estado colaborando dentro de un marco llamado Corazón de las Montañas Rocosas (Heart of the Rockies) para identificar prioridades comunes y necesidades de conservación. Este nivel de colaboración regional ha generado un nuevo nivel de conservación y una mayor atención de los financistas. También ha sido clave para la colaboración entre fideicomisos de suelos basada en prioridades políticas comunes.

Para poder sustentar sistemas naturales interconectados, es realmente imperativo que se establezcan organizaciones a esta escala, pero también es importante comprender lo que se puede obtener a cada escala. Las grandes iniciativas regionales tienen gran importancia para crear una visión amplia y atractiva, pero no para implementar la conservación propiamente dicha. Dichos enfoques de gran escala sirven para aplicar la ciencia a nivel de la naturaleza, crear colaboraciones regionales alrededor de prioridades comunes y establecer un foro para intercambiar ideas novedosas, creando una mayor atención sobre la región. También brindan un contexto importante para realzar el trabajo local.

Melanie Parker, una líder local de los esfuerzos para la colaboración en la conservación de Swan Valley, lo expresa de esta manera: “Tenemos que integrar nuestros esfuerzos en una región más amplia para tener influencia política y acceder a recursos, pero cualquiera que piense que el trabajo de conservación se puede o debe hacer a una escala de 4 millones de hectáreas está seriamente equivocado. Este tipo de trabajo se tiene que realizar a la escala del lugar donde la gente vive, trabaja y comprende su paisaje”.

La gente local quiere actuar para preservar su propio lugar y su propio modo de vida. El diseño de estrategias a gran escala es frecuentemente demasiado abstracto para los propietarios y, en algunos casos también puede hasta conducirlos a la alienación. Como en la política—los politicos responden mejor a proyectos locales, diseñados y apoyados por sus residentes— toda la conservación es local. Conocer cuán amplios pueden ser los esfuerzos regionales sin que se pierda la cohesion comunitaria es una cuestión importante, pero lo cierto es que Blackfoot, Rocky Mountain Front y Swan Valley están al límite de lo posible hoy en día. Cada una de estas regiones opera en una escala de 202.340 a 607.000 de hectáreas.

Los fideicomisos de suelos pueden agregar valor a los esfuerzos locales por medio de colaboraciones regionales. Si bien los propietarios y residentes locales frecuentemente no tienen el tiempo necesario para participar en estas iniciativas de mayor calado, quieren

que su lugar y sus intereses estén bien representados. Los fideicomisos de suelos y las organizaciones de conservación pueden desempeñar un papel muy importante para interconectar grupos locales y geográficos, pero tienen que coordinarse con estos grupos en vez de tratar de liderarlos. En última instancia, la comunidad de fideicomisos de suelos puede beneficiarse si refuerza su trabajo cooperativo, profundiza su participación en asociaciones de paisajes, y trabaja a gran escala para alcanzar éxitos en el ámbito de la conservación.

Conclusión

Después de muchas décadas de trabajo extraordinario, los más de 1.700 fideicomisos de suelos en todo el país pueden usar su impulso para conservar los grandes sistemas que resultan más importantes para la gente y para la naturaleza. En efecto, esto es lo que las comunidades están pidiendo y lo que la naturaleza necesita para sobrevivir. Trascender más allá de victorias aisladas, generando una visión de conservación más interconectada, es tan importante para el sustento de las economías locales y su acceso recreativo como lo es para los corredores de vida silvestre y las cuencas hídricas saludables. Para tener éxito a esta escala hace falta una colaboración real y una reorientación de todas las partes interesadas. Con las múltiples oportunidades que se presentan actualmente para la conservación de paisajes completos, el impulso está de nuestro lado.

Sobre el Autor

Jamie Williams es el director de conservación de paisajes de The Nature Conservancy en América del Norte, con sede en Boulder, Colorado. Se concentra en programas para proteger los grandes paisajes por medio de alianzas innovadoras públicas y privadas. Fue Kingsbury Browne Fellow en el Instituto Lincoln durante 2010–2011. Tiene una Maestría en Estudios Medioambientales de la Facultad de Estudios

Forestales y Ambientales de Yale y un título de licenciatura por la Universidad de Yale.

Referencias

Land Trust Alliance. 2006. 2005 national land trust census. Washington, DC. 30 November.

———. 2011. Accelerating the pace of conservation. www.landtrustalliance.org/policy

Maclean, Norman. 2001 [1976]. A river runs through it and other stories. 25th anniversary edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Obama, Barack. 2010. Presidential Memorandum: America’s Great Outdoors, April 16. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-americas-great-outdoors

Rinehart, Jim. 2010. U.S. timberland post-recession: Is it the same asset? San Francisco, CA: R&A Investment Forestry. April. www.investmentforestry.com

The Trust for Public Land. 2010. www.landvote.org Trout Unlimited. 2011. Working together to restore the Blackfoot Watershed. February. www.tu.org

Williams, Jamie. 2011. Large landscape conservation: A view from the field. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy

Policies affecting the use, regulation, and taxation of land in the United States are promulgated and applied primarily by states and local governments, and real estate markets are largely local and not national in scope. However, national policies including those on taxation, property rights, and mortgage financing have a significant impact on local land and housing policies and their outcomes. Accordingly, it often makes sense for local policy makers and activists to combine forces so they can learn from each others’ experiences and ensure that their viewpoints are present in national land policy debates. The Lincoln Institute has played, and continues to play, an important role in sponsoring research and fostering training, communication, and organizational activities that promote land policies consistent with the its mission.

One example is the Lincoln Institute’s role in helping to establish the Land Trust Alliance (LTA), the national network of nonprofit conservation organizations that protect natural resources such as farmland, forests, and wilderness areas. The Lincoln Institute in 1981 provided a fellowship to Kingsbury Browne, a Boston-based conservationist and lawyer, to visit land trust leaders throughout the country. He discovered that they had no organized means to communicate and learn from each others’ experience. His work and counsel led the Lincoln Institute to carry out a national survey of the 400 known local and regional land conservation organizations at the time and to sponsor a national meeting for 40 representatives in October 1981. As a result of that meeting, the Land Trust Exchange was incorporated and initiated activity in July 1982. This year, as the Land Trust Alliance, the organization is celebrating its 30th anniversary.

LTA has become a major presence in the conservation community, and the Lincoln Institute continues to support its networking goals. For example, the Lincoln Institute sponsors the annual Kingsbury Browne Fellowship, which supports research, writing, and mentoring by outstanding individuals whose vision and creativity have contributed to land conservation and the land trust community. The Lincoln Institute also participates in LTA’s annual Rally and has supported selected projects, such as the 2010 National Land Trust Census Report that summarizes the land conservation and organizational activities of the 1,760 known land trusts at the time of the survey.

The Lincoln Institute has also played a key role over the past few years in developing a practitioners’ network on large landscape conservation, bringing together those working on projects at a regional scale, such as the Crown of the Continent, an 18-millionacre area spanning the US–Canadian border including portions of Montana, Alberta, and British Columbia. Still in its formative stages, this international network provides a semiannual forum to exchange information and best practices, examine emerging policy initiatives, and advance the theory and practice of large landscape conservation.

In a similar initiative, the Lincoln Institute supports the National Community Land Trust Network, formally organized in 2006. Community land trusts (CLTs) are local nonprofit organizations that own land and provide housing whose affordability is preserved permanently. While CLTs have existed for more than 30 years, coordination and communication among them was limited until the national network was established. With about 200 member CLTs in 2012, the network provides training, supports research, and disseminates guidelines and good practice to its members.

The Lincoln Institute maintains a role in the network’s training program, the Community Land Trust Academy, which offers courses, conferences, and other activities ranging from a general introduction for new residents and staff members to sessions on standard legal documents, financing, and city-CLT partnerships. The Lincoln Institute published The Community Land Trust Reader (2010), a compendium of articles on the historical background and current practices of the international CLT movement, edited by John Emmeus Davis, former dean of the Academy. In addition, the Lincoln Institute sponsors research disseminated in working papers and analytic work, including a 2007 survey of CLTs in the United States.

Information about these conservation and community land trust networks and their related programs and publications is available on the Lincoln Institute website at www.lincolninst.edu.

Twenty-three states offer an incentive to preserve open space by providing preferential property tax assessment of qualifying parcels (table 1, p. 15). These property tax reductions can be considered expenditures in that they reduce revenue available for other uses in the interest of protecting the many amenities and environmental benefits of undeveloped land.

Programs vary widely from state to state, but all preferential assessment programs for open space must define the type and size of qualified parcels; permissible uses; certification requirements; assessment methods; enrollment term lengths; and penalties, if any, for removing a parcel from preferential status. Several states offer more than one program, each with its own qualification requirements. This article considers these differences, offers examples of how the tax expenditure is calculated, and describes potential societal benefits and costs of such programs.

Determining Eligibility for Preferential Assessment

States define eligibility in many different ways, but the requirements are usually relatively easy to meet. A parcel might qualify simply by being undeveloped. Several states allow landscaped land to qualify provided the building density doesn’t exceed established limits. Washington, for example, allows land to qualify if it meets at least one of eleven very general requirements, including the protection of streams or water supplies, conservation or enhancement of natural or scenic resources, preservation of visual quality along roads, or enhancement of recreational opportunities.

While these criteria are very general, states may raise the bar by placing additional requirements on landowners. Some states require landowners to create and seek state approval for a property management plan that improves benefits for local wildlife. Vermont stipulates that a qualified conservation organization must own and manage the open space. One of two Texas programs requires landowners to provide land and wildlife management to propagate a breeding, migrating, or wintering population of indigenous wild animals for human use, including food, medicine, or recreation.

Several states offer preferential assessment to properties that have attained federal status as open space. For example, parcels restricted by a conservation easement that meets the IRS requirements for a charitable donation automatically qualify for preferential assessment in Illinois and Oregon. Ohio will qualify only parcels under contract to one of four USDA programs (Conservation Reserve Program, Conservation Reserve Enhancement Program, Wetlands Reserve Program, and Grassland Preserve Program).

Parcels may have to meet minimum size requirements as well. The most common minimum is ten contiguous acres, though some programs allow properties as small as two acres, and several have no stated requirements. A few states limit the total acreage that any individual landowner may enroll. Tennessee, for example, limits eligibility to 1,500 acres per owner per county, including agricultural land, forest, and open space combined. The stated use of the property may influence its acceptability; several states specifically prohibit commercial property, including golf courses. At least two states, however, have programs specifically designed for golf courses and other commercial properties that provide outdoor recreational opportunities.

State Versus Local Criteria

State governments typically authorize preferential assessment programs and the criteria for inclusion. Six states allow local or county government officials to determine criteria by authorizing a program and requiring only that parcels be “included within a plan for preservation approved by state or local planning agencies” (Chervin, Gibson, and Green 2009, 8), for example, or by requiring that the appropriate governing body accepts the property via resolution. States with this requirement include California, Connecticut, Florida, Nevada, Tennessee, and Oregon. It is then up to local or county officials to choose the criteria for qualification, in some cases naming specific parcels. In other cases, the assessor’s office determines the eligibility, based on the characteristics of the property and whether it meets the criteria.

This approach allows local governments to control the amount of the expenditure in their jurisdiction and tailor the program to protect the specific qualities most important to the area. For example, officials in a predominantly agricultural environment may prefer to use tax expenditures on forests or wetlands, while open fields might prove most valuable in a more urban setting.

Calculating the Value of the Tax Expenditure

Open space preferential assessment programs typically use one of three methods to determine the property’s assessed value. Nine states value open space as if it were enrolled in the state’s program for agriculture or forestry, even though the land isn’t used for either activity. Nine other states instruct assessors to value the property considering only its current use, excluding the value of development rights (i.e., the market value as if its future use were permanently restricted to its current use). Four states instruct the assessor to determine the fair market value as if it were not in the program and then apply a statutory formula to determine the preferential assessed value. Illinois has three programs for preferential assessment of open space, which vary by the criteria for eligibility; all offer statutory reductions that range between 75 percent and 85 percent. Nevada applies a lower statutory reduction of 26 percent.

States occasionally choose to define maximum or minimum values per acre for open space parcels. For example, Maryland set a statewide value of $187.50 per acre for 2009. Washington allows local governments to determine a use value for their region, depending on a public benefit rating system; if no such system exists, open space land may receive an assessment no lower than the lowest agricultural valuation in the county. Massachusetts calculates the preferential value as use value, not to exceed 25 percent of fair market value.

Program Duration and Penalties for Early Withdrawal

Many programs provide for automatic annual renewal unless the landowner chooses to withdraw from the program. In some cases, length of contract is predetermined, most frequently for ten years, which generally carries forward upon the sale of the property unless the new property owner alters the use and violates the terms of the program. Landowners pay a penalty for withdrawing from the program in order to alter land use, or for altering it without notification. Such penalties tend to equal the value of the tax expenditure received for a specified number of years prior to the current year, plus interest on that expenditure. Several states either charge 10 percent of the fair market value when use of the parcel changes, or charge a conveyance or transfer tax when a parcel in the program is sold.

If an owner withdraws a parcel from the program after a minimum number of years, however, the state may reduce or even eliminate penalties. For example, Vermont charges owners 20 percent of fair market value for withdrawing the property in the first decade and 10 percent for withdrawing after more than 10 years. Rhode Island exacts 10 percent of the new fair market value for removing a property after 6 years, but that penalty declines until it terminates, 16 years after enrollment.

Economic Benefits of Open Space Preservation

The large literature discussing the effect of environmental amenities on surrounding property values suggests that preventing development on a parcel will raise the value of neighboring parcels. The studies find complicating factors, however, that make it difficult to predict changes in value for specific regions. One study in Maryland, for example, finds that open space programs have very different effects on the value of property in three different counties, probably due at least in part to variations in the amount of open space present (Geoghegan, Lynch, and Bucholtz 2003). Numerous other studies indicate that the value of open space for individual homeowners declines with distance from the protected parcel (Chamblee, et al. 2011). The type of habitat or green space is also likely to be influential; one analysis finds that the presence of broad-leaved trees in a neighborhood is associated with positive values, but the presence of spruce trees has a negative effect on property values (Garrod and Willis 1992). An analysis of home prices in Tucson, Arizona, finds a preference for homes in areas with green space including native riparian habitat (Bark, et al. 2009; 2011).

Public access to privately owned open space for recreation or educational purposes would also be likely to provide substantial local benefits in many cases. States rarely require public access as a condition for the tax expenditure, but Maine and New Hampshire both encourage it by offering an additional reduction in assessed value of 25 percent and 20 percent, respectively.

Protected open space can also reduce growth in the demand for municipally provided services and forestall negative effects of development, such as heavy traffic or overcrowded schools, which would likely impose a heavier tax liability on current residents. A growing literature on cost of community services indicates that the property taxes paid on developed land are often insufficient to cover the cost of services created to support that development, while open space frequently generates tax revenues well in excess of the cost of services expended on the property. The American Farmland Trust, reporting results from 151 studies covering counties and municipalities in 25 states, finds that the owners of working and open land frequently pay taxes above or even twice the cost of services received on those properties, while residential property owners typically pay less than the cost of services received (Farmland Information Center 2010).

Findings like these suggest that preferential assessment can be justified on the grounds of fairness, because the owners of open space may be subsidizing services sent to owners of developed property. However, the fact that most programs require a long-term agreement and include penalties for early conversion indicates that the goal is not fairness, but preventing development for a specified period.

Unfortunately, there is very little literature evaluating whether preferential assessment programs prevent future development on parcels that aren’t under permanent protection such as an easement. Much of the existing evidence is based on studies of farmland protection programs rather than evaluations of the impact of property tax expenditures on open space. Two studies of Tennessee’s Greenbelt Program evaluated a survey of woodland owners enrolled in the program and found little support for the hypothesis that preferential assessment reduced the likelihood of development on these parcels (Brockett, Gottfried, and Evans 2003; Williams, et al. 2004).

It’s easier to evaluate land under long-term or permanent protection of either a perpetual conservation easement or a long-term preferential assessment contract with substantial penalties for withdrawal. In those cases, it’s possible to reliably predict the continued presence of open space; unfortunately, these protection agreements may predate the preferential assessment or be otherwise uninfluenced by it.

Costs of Preferential Assessment for Open Space

In addition to the tax expenditure itself, these programs may incur several other potential costs. Programs that require an approved conservation plan, for example, might generate a particularly challenging expense. While a state agency could develop and approve such a plan, it will be costly to ensure that conditions of the plan are met.

Program enforcement requires evaluating not only changes in a property’s market value but also changes in its use. If open space is used to graze livestock, for example, this new use might protect the undeveloped condition of the property but still reduce the environmental benefits.

Additionally, evidence suggests that in some instances open space preservation can lower property values by shifting development patterns, typically by resulting in the development of nearby properties (Irwin and Bockstael 2004; McDonald, et al. 2007). If preferential assessment prevents development on particular parcels, that development may shift to other parcels in ways that increase sprawl. If a leapfrog pattern of development occurs because a program prevented development on a parcel-by-parcel basis, the negative effects, such as higher infrastructure costs, could overwhelm any public benefits from the program.

Given the voluntary nature of these programs and resulting changes in development patterns, a worst-case scenario is that lower-quality parcels might receive the preferential assessment, increasing development pressure on parcels that generate greater public benefits. On the one hand, local government approval might reduce this problem by allowing individuals who know the area best to choose the parcels that most deserve protection. On the other hand, it might inspire local officials to protect open space in their jurisdiction, pushing development into other communities and creating undesirable development patterns at the regional level. It is also important to mention that preferential assessment of open space to some degree creates a split-rate system with a higher rate on developed land, particularly on improvements to the land—an issue that concerns many property tax scholars and may also significantly affect land use patterns.

Finally, the value of the public benefits is not static; it may increase or decrease depending on the condition of the property and surrounding area. The changes may be uncorrelated, or even negatively correlated, with future changes in assessed value. For example, more intense development pressure might increase the benefit of preserving a large parcel as open space; or it might decrease the benefit of preserving a small “island” parcel. Twenty-five acres of open space in the middle of a town can greatly benefit a community, but, if 24 of those acres are developed, it will likely diminish the environmental benefits of the remaining acre. Both scenarios, however, are likely to increase tax savings from preferential assessment, as development pressure drives up local property values.

These factors indicate that, while preferential assessment does offer landowners an incentive to preserve public benefits, the amount of the incentive may under-correct or even over-correct for the benefit being created. This will result in an inherently inefficient program, though such programs may still result in significant net benefits compared to having no program at all.

Distributional Consequences

Property tax expenditures to protect open space will have distributional consequences. Most immediately, the program would redistribute the tax burden onto other property owners in the same tax districts, as governments change the mill rate in order to maintain budgeted revenue. Owners of developed properties will now constitute a larger share of the tax base and will need to pay a greater fraction of the total tax bill as a result.

Since preferential assessment programs are primarily designed to maintain existing open space, enrolled parcels continue to generate benefits, but those benefits don’t necessarily increase. Thus the public benefits should be expected to continue to accrue as before. Local residents alone will benefit from scenic views and the foregone external costs of development, while residents and nonresidents alike may benefit from protecting watersheds or habitat for endangered species (Anderson and West 2006). Benefits may be expected to increase, however, if the program requires owners to improve the value of the open space by activity such as habitat restoration.

Several studies indicate that the effects of open space on surrounding property values depend critically on the type of protection and its ability to prevent development in the future. For example, land acquired as a park or forest preserve, or land placed under a conservation easement, has a much more positive effect on neighboring property values than open space that is not permanently protected (Geoghegan 2002). Enrollment in a preferential assessment program might have little or no effect on surrounding property values if the protection is perceived to be temporary, resulting in either permanent reductions in revenue or permanently higher tax rates on the non-enrolled parcels.

Calculating the Fiscal Cost of Preferential Assessment Expenditures

The methodology for calculating the tax expenditure resulting from the preferential assessment of open space is straightforward. The property owner will see a reduced tax burden based on the difference between the assessment without the program and the preferential assessment. This reduction in assessed value can lower tax revenue due to a reduced base. Alternatively, the lost revenue could be recouped by shifting the burden onto other property owners by increasing the tax rate. A combination of both outcomes is also possible. Oregon reports both the loss and the shift in their tax expenditure report (table 2), which listed exemption values of $126 million in fiscal year 2009–10 for the three open space programs. The estimated revenue loss over two fiscal years is $3.2 million, while the estimated revenue shift during that period is $0.7 million.

Data is inconsistent from state to state, which makes it difficult to estimate the revenue effects of preferential assessment. The aggregate data presented for Oregon is much more useful than what many other states present. States that do not calculate property tax expenditures frequently do not make such data available; at best, they usually offer aggregate figures that combine the programs for agriculture, forestry, and open space. Table 2 also indicates the relative scope of open space in that context. The exemption values for private forestry were over $5 billion, and the exemption values for farmland and farm home sites were $14.1 billion. The three conservation programs combined represent approximately one-half of one percent of the total exemption value, and less than one percent of the revenue lost or shifted.

Such calculations also depend on other effects that may be very difficult to observe. It will be impossible to determine the extent to which revenue shifted, without detailed information about local government’s ability to respond by changing the mill rate. In that case, the estimate will account for only foregone revenue. It will also be necessary to ignore the program’s possible positive property value effects on neighboring parcels.

Conclusion

Designing a preferential assessment program for open space requires careful consideration. While land with limited development does provide amenities and environmental benefits under many circumstances, the value of those benefits may vary dramatically according to local conditions. If the program’s goal is primarily to provide local, rather than regional, benefits, one set of criteria for the entire state is unlikely to maximize benefits. Local determination of the enrollment criteria may provide the flexibility necessary to react to those varying conditions, whereas state-level criteria are probably necessary to protect regional resources such as watersheds.

The shortage of empirical work in this area makes it difficult to assess the effectiveness of existing programs. If the goal is genuinely to forestall development on certain parcels, program design should consider the length of contract and penalty for early conversion. Short-term delays in development will primarily benefit the owners of open space. For a program to succeed, the open space must generate significant community benefits in the form of either long-term environmental protection or higher property values for other residents of the area. Higher eligibility requirements for inclusion in the program should reduce the amount of acreage enrolled; however, the number of acres should not be the program’s primary goal unless legislators intend it solely as a means to reduce local development. Significant enrollment in the program could have substantial fiscal implications for local jurisdictions, especially if broad criteria and low conversion penalties make it easy for landowners to enroll and then develop the property later. Program design must ensure a maximum of public benefit in exchange for the fiscal effects.

This article was adapted from the Lincoln Institute working paper, “Preferential Assessment for Open Space”: https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2281_1620_Sundberg_WP13JS1.pdf.

About the Author

Jeffrey O. Sundberg is the James S. Kemper Foundation Professor of Liberal Arts and Business and Professor of Economics at Lake Forest College. He received a Ph.D. in economics from Stanford University. His recent research interests include the efficiency of state and federal tax incentives for conservation easement donations and preferential assessment programs for open space. He has also served on the board of a land trust in Lake County, Illinois, serving as board president for four years. Contact: jsundber@mx.lakeforest.edu.

Resources

Anderson, Soren and Sarah West. 2006. Open space, residential property values, and spatial context. Regional Science and Urban Economics 36: 773–789.

Bark, R. H., D. E. Osgood, B. G Colby, and E. Halper. 2011. How Do Homebuyers Value Different Types of Green Space? Journal of Agricultural and Resource Economics 36(3): 395–415.

Bark, R. H., D. E. Osgood, B. G. Colby, G. Katz, and J. Stromberg. 2009. Habitat preservation and restoration: Do homebuyers have preferences for quality habitat? Ecological Economics 68(5): 1465–1475.

Brockett, C. D., R. R. Gottfried, and J. P. Evans. 2003. The Use of State Tax Incentives to Promote Forest Preservation on Private Lands in Tennessee: An Evaluation of Their Equity and Effectiveness Impacts. Politics and Policy 31(2): 252–281.

Chamblee, John F., Peter F. Colwell, Carolyn A. Dehring, and Craig A. Depken. 2011. The Effect of Conservation Activity on Surrounding Land Prices. Land Economics 87(3): 453–472.

Chervin, Stan, Teresa Gibson, and Harry Green. 2009. Greenbelt Revisited. Tennessee Advisory Commission on Intergovernmental Relations. http://www.tn.gov/tacir/PDF_FILES/Taxes/greenbeltrevisited.pdf.

Farmland Information Center, American Farmland Trust. 2010. Fact Sheet: Cost of Community Services Studies. http://www.farmland.org/documents/Cost-of-Community-Services-08-2010.pdf.

Garrod, Guy, and Ken Willis. 1992. The environmental economic impact of woodland: a two-stage hedonic price model of the amenity value of forestry in Britain. Applied Economics 24: 715–728.

Geoghegan, Jacqueline, Lori Lynch, and Shawn Bucholtz. 2003. Capitalization of Open Spaces into Housing Values and the Residential Property Tax Revenue Impacts of Agricultural Easement Programs. Agricultural and Resource Economics Review 32(1): 33–45.

Geoghegan, Jacqueline. 2002. The Value of Open Spaces in Residential Land Use. Land Use Policy 19(1): 91–98.

Irwin, Elana G. and Nancy E. Bockstael. 2004. Land Use Externalities, Open Space Preservation, and Urban Sprawl. Regional Science and Urban Economics 34:705–725.

The Sun Belt grew at spectacular rates in the late twentieth century, and among western U.S. cities Phoenix and its metropolitan region led the pack. The Census Bureau reports that between 1990 and 2000 Maricopa County was the fastest growing county in the nation at 44.8 percent, increasing from 2,122,101 to 3,072,149 people. The county is the fourth largest in the nation in terms of total population. During the 1990s, the city of Phoenix topped one million people and became the sixth largest U.S. city. Its spatial expanse has eclipsed that of the city of Los Angeles. According to the Phoenix Planning Department’s data, the region is growing by about 63,000 residents per year and requires about 23,000 new housing units to meet the demand. Statewide, the population is growing by more than 2,000 residents per week, and the number of people in the state is expected to double in the next 20 years.

The weather, relatively affordable housing and abundant jobs attract a diverse array of newcomers, but increased population has numerous social and environmental consequences. Debate rages about the impacts of growth locally and nationally: Is it good? Is it deleterious? Can it be sustained? At what cost? Who benefits? Who suffers?

A group of Arizona State University (ASU) faculty has recognized that these phenomena represent an opportunity for both research and public service in this fast-growing urban environmental laboratory. Furthermore, knowledge gleaned from such inquiries could lead to smarter growth and more livable places in the future. This notion provides the intellectual foundation for a project named Greater Phoenix 2100 (GP 2100), which seeks to provide data and analysis to the region’s decision makers to help them make wise choices about the future.

Greater Phoenix 2100 Workshops

The Lincoln Institute helped ASU launch GP 2100 through workshops in April 2001 that brought together ASU faculty and staff, community leaders, national participants from institutions such as the Los Alamos National Laboratory and the National Research Council, and four distinguished speakers who stimulated debate and discussion. The panelists were ecologist and author Dan Botkin, professor emeritus of the University of California-Santa Barbara; Michael Crow, an authority on science policy and executive vice provost at Columbia University; political scientist Helen Ingram, formerly director of the Arizona Water Resources Research Center and now professor of human ecology at the University of California-Irvine; and Bob Yaro, executive director of the Regional Plan Association.

They observed that for the Phoenix metropolitan region to continue to prosper, three overlapping spheres of influence must be considered: the creation of knowledge capital, the enhancement of social capital, and the preservation of natural capital.

The GP 2100 workshop panelists and other participants suggested that ASU should become the convener for discussions on growth, as well as the data bank for computer-stored geographical information about these intersecting, mutually dependent spheres. As a result, ASU should create various scenarios for the future in a “Sim Phoenix” format and a “Decision Theater” that would be a physical and a virtual place where academic and community leaders could probe the consequences of possible actions.

Databases and Audiences

Still in its early stages, ASU’s GP 2100 seeks to coordinate federal, state and academic information programs relating to the environment of the region. The project will be linked with similar studies in other metropolitan areas and global city regions (Simmonds and Hack 2000). GP 2100 will answer questions that people care about by providing objective, scientifically based information using state-of-the-art forecasting and decision tools and theories. Coupled with the Central Arizona/Phoenix Long-Term Ecological Research Project (CAP LTER) supported by the National Science Foundation, GP 2100 has the potential to launch a network of similar undertakings nationally and internationally.

GP 2100 will develop and present a wide variety of scientific and technical data on the past, present and possible futures of the Phoenix metropolitan region. The project builds on the premise that knowledge can be used to create better lives for future generations. GP 2100 will provide learning and research experiences to six major groups of people.

• Regional decision makers and community leaders. Many activities, including community visioning exercises and open space ballot initiatives, point to an acute need for regional leadership. Regional decision makers have identified the need for sound, long-term environmental information.
• The general public. GP 2100 will generate considerable interest within the metropolitan Phoenix community. According to several opinion polls, the public is deeply concerned about growth, environmental quality, and the livability of their neighborhoods.
• Middle- and high-school students and teachers. The project will offer engaging learning opportunities for students and teachers about scientific and decision-making processes. The multiscale aspect of the project will enable teachers to illustrate how specific neighborhoods are connected to regional systems.
• ASU faculty. GP 2100 will be an umbrella and a catalyst for researchers studying the urban ecologies of the region. It will provide the opportunity to explore the integration of scientific information, the examination of new technologies for representation and visualization, and a platform for advancing modeling and decision theory.
• ASU students. Both undergraduate and graduate students will be engaged in GP 2100’s unique multidisciplinary studies that will contribute to an improved quality of life in the region.
• Future generations. The century-long approach means that there will be several generations of audiences.

Goals and Benefits

The goal of GP 2100 is to make the best possible scientific and technical information available in ways that will enable wise, knowledge-based decision-making that can shape the region during the next 100 years. This time frame presents a purposefully longer-term view of the metropolitan region than has previously been developed. While short-term visioning is limited by immediate considerations, a century-long perspective requires the incorporation of mutigenerational concerns and changes in technology. A 100-year time frame also allows for evaluation of impacts of such geologically common events as droughts, major floods and gradual climate changes. In short, GP 2100 will be a strong scientific resource for consideration of the region’s long-term prospects and for creating the kind of future its residents want.

Two types of benefits will flow from the project. The first relates to the future quality of life in the region. An underlying assumption of GP 2100 is that better information will lead to wiser decision-making that will, in turn, result in healthier, more livable communities. Metropolitan Phoenix is expected to double from 3 to 6 million people in the next 20 or 30 years. Meanwhile, the global population will increase from 6 to 9 billion people and will become more urban. Such growth poses many challenges relating to land use, transportation, open space, biodiviersity, urban design, recreation, employment, equity, air quality, water quality and quantity, and the overall quality of life of city regions. The GP 2100 effort will be beneficial to those who are addressing these concerns in Phoenix by providing a prototype of how science-based tools and a regional perspective can better inform long-term decision-making. By viewing the Phoenix region as an urban environmental laboratory, the lessons learned will have implications for the broader scientific and policy communities.

GP 2100 will also be an asset for ASU researchers and students, who will have the opportunity to collaborate in multidisciplinary teams and will have access to state-of-the-art GIS and visualization technologies. New and emerging theories in urban and landscape ecology, decision science, land use and environmental modeling, and biocomplexity will be explored.

Special Features

Several linked products are envisioned to flow from GP 2100. Existing data can be coalesced into a dynamic warehouse of continuously updated regional information. Such a data repository can be presented to the public through an Urban eAtlas, which will be made available in electronic and more conventional forms to provide documentation of existing conditions and enable the construction of future scenarios. The digital version will be available on-line so it may be continuously accessed and updated.

The data archives and Urban eAtlas will contribute to a third major product: Sim Phoenix, an interactive computer game that can help researchers, citizens and decision makers visualize the consequences of “what if” scenarios. Sim Phoenix is a step toward the creation of an even more ambitious visualization project: a Decision Theater where local leaders, citizens, students and researchers can explore future options for the region. The Decision Theater will be a physical space in which scientific data, group dynamics and interactive computer technology are used to develop simulations of the region’s futures and considerations of their consequences. The simulations and their representations will evolve with new computational and representational technologies as well as with new scientific information.

GP 2100 will complement and augment existing long-term monitoring activities being conducted at ASU, such as the CAP LTER project, one of only two such urban LTER sites in the nation. Launching a satellite in cooperation with NASA is one monitoring possibility. This “Phoenix-Sat” would pass over the region twice daily, enabling diurnal measurements of such dynamic parameters as traffic, air quality, soil moisture and construction. It is possible that the Phoenix-Sat could be part of a larger international remote-sensing program for urban resource monitoring. Tools such as the data archives, Urban eAtlas, Sim Phoenix, the Decision Theater and Phoenix-Sat will enable scholars and decision makers alike to probe the major issues that metropolitan areas like Phoenix will face in the coming century. As a result, problems may be foreseen and avoided and opportunities pursued with vigor.

Faculty in the life, physical and social sciences at Arizona State University are currently compiling a comprehensive suite of information about the region. Planners, policy analysts and educators also could identify a series of key response variables and parameters for a Decision Theater. Computer scientists could program this complex information so that it can be displayed in both two- and three-dimensional formats, as well as animated views illustrating changes through time. The data could be automatically updated from dynamic government and university databases, from hundreds of sensors throughout the metropolitan region, and from orbiting satellites.

In this first-of-its-kind Decision Theater, high quality audio and visual presentation systems will include a 180-degree screen, which provides an immersive, synthetic environment along with comfortable ergonomics. This arrangement enables decision makers and researchers to come together to explore, debate and analyze options for the future. The Decision Theater is capable of high-resolution stereoscopic viewing using shuttered glasses. A visitor can have her or his viewing position tracked (”head-tracking”), giving the impression of truly walking within the data and data results, pondering the possible landscapes of the future from different angles. It could be associated with an innovative Planetary Imaging Faculty set up jointly by ASU and the Jet Propulsion Laboratory, as well as dance and visual representation projects from ASU’s Institute for Studies in the Arts. While real-time interaction with data and models in the Decision Theater is engrossing, a comparably rich on-line experience is also possible through the use of web-based multimedia, text, data download and upload, and modeling tools. The virtual Decision Theater allows a participant to interact with a Sim Phoenix-like game.

How will the Decision Theater be implemented? Four interactive parameters appear especially crucial for modeling the future: water availability, air quality, open space and land use. ASU and its community and government partners already possess an enormous storehouse of data on these parameters, but the challenge is to combine the data in meaningful ways. To this end, the Greater Phoenix 2100 team, in conjunction with the Arizona Department of Water Resources and the U.S. Geological Survey, is now developing a water availability prototype that would use the hydrologic cycle to model regional water availability using factors of precipitation, supply, evaporation and demand to illustrate water futures both graphically and spatially.

A Model for Other Metropolitan Regions

Generations of citizens and scholars will benefit from Greater Phoenix 2100. The project will result in products that will help community and business leaders make wiser decisions. It will assist local, state, and federal officials in planning and designing programs and policies. The project will aid teachers and students in their understanding of natural and social processes. Greater Phoenix 2100 presents uniquely complex targets for technological, scientific and policy analysis advancements. It will produce and facilitate interaction with massive, typically disparate, datasets. Because its major components are easily transferable to other urban regions, the project can provide a model for other places interested in pursuing similar initiatives. In this century, some two-thirds of the world’s population will live in urban areas. Greater Phoenix 2100 has far-reaching implications concerning the application of knowledge capital to regional and urban decision-making in order to maximize social capital while maintaining the natural capital of the metropolitan region.

Frederick Steiner, an internationally recognized expert on environmental planning, is dean of the School of Architecture at the University of Texas at Austin. He was formerly professor and director of the School of Planning and Landscape Architecture at Arizona State University.

Reference

Simmonds, Roger and Gary Hack, editors. 2000. Global City Regions: Their Emerging Forms. London: Spon Press.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 5 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El Instituto Lincoln está colaborando en Argentina con la ciudad de Córdoba en un proyecto de gran importancia para cambiar las formas de abordar la planificación física de la ciudad, así como los instrumentos que se usan para lograrla. Córdoba representa un caso particularmente interesante por su ubicación estratégica en el centro del área de desarrollo del Mercosur.

La primera fase del proyecto fue un seminario llevado a cabo el pasado abril titulado “Hacia una gestión urbana integrada: Implementación de un plan estratégico para la ciudad de Córdoba”, cuyo objetivo principal fue congregar a los “actores” principales en Córdoba para analizar y debatir las metas de planificación y los instrumentos en el contexto de desarrollos nuevos en la gestión urbana.

El seminario contó con las ponencias de expertos internacionales y discusiones entre funcionarios municipales, promotores inmobiliarios, intereses comerciales y de negocios, organizaciones no gubernamentales y profesionales del urbanismo. El papel del Instituto Lincoln fue de gran importancia ya que facilitó un foro para que los participantes locales se reunieran por primera vez para hablar de dificultades urbanísticas y problemas de desarrollo, y para dar inicio al proceso de establecer políticas de administración y procedimientos nuevos.

De las discusiones surgieron tres temas principales. El primero, tuvo que ver con decidir el orden de prioridad de la tierra a ser urbanizada, con un interés particular en el acceso equitativo a la tierra, infraestructura y vivienda para los sectores populares, así como mecanismos apropiados para llevar a cabo una planificación urbana integrada a nivel regional. El segundo tema, estuvo enfocado en el impacto ambiental y fiscal de los grandes establecimientos comerciales en estructuras urbanas existentes, distritos históricos y barrios residenciales. El tercer tema se concentró en varios actores y sectores involucrados en el desarrollo industrial de Córdoba, prestando atención a la distribución de la industria, las limitaciones de infraestructura y los costos sociales y ambientales.

Además de dar a los participantes cordobeses una perspectiva amplia sobre problemas de gestión urbana en otras ciudades, el seminario generó dos puntos de importancia: 1) que la planificación para el desarrollo no sólo se trata de regulación o de control del uso de la tierra, sino que las políticas tributarias y fiscales afectan con igual importancia los valores de la tierra; y 2) que los funcionarios locales deben aprender a evaluar los costos y beneficios de los proyectos urbanísticos para poder tener relaciones comerciales efectivas con promotores inmobiliarios del sector privado.

El seminario ya ha tenido impactos específicos en actividades comerciales de trabajo conjunto en el centro histórico y en programas de gestión mejorados para proporcionar una infraestructura y servicios nuevos al mismo tiempo que se reducen los déficits. Además, el programa animó a los participantes a reconocer la importancia de la planificación estratégica a largo plazo para trazar las indicaciones generales sobre cambios de política y para comprender los efectos de tipos particulares de desarrollo en el medio físico y social.

El Instituto Lincoln continúa trabajando con funcionarios municipales para ayudar a desarrollar nuevos paradigmas de gestión que puedan sostener alianzas público-privadas, así como mejores técnicas de análisis y planificación. Los programas de seguimiento ayudarán a gestores de políticas y promotores inmobiliarios privados (que operan tanto en mercados formales como informales) a comprender mejor el funcionamiento de los mercados de tierra urbanos y las consecuencias de cambios de políticas para el desarrollo urbano.

El próximo curso sobre “Comportamiento del mercado inmobiliario en Cordoba: Implicaciones para la estructura urbana” explorará investigaciones sobre los mercados formales en Córdoba, haciendo énfasis en los efectos de las políticas económicas y las intervenciones del gobierno. A este curso lo seguirá un seminario regional donde la experiencia se compartirá con los participantes de por lo menos otros tres países. Simultáneamente, el Instituto Lincoln está desarrollando junto con funcionarios de la ciudad de Córdoba un programa de entrenamiento dirigido a un amplio espectro de funcionarios locales, regionales y promotores inmobiliarios, que se concentra en la administración general, la planificación urbana y la preparación e implementación de proyectos.

Douglas Keare es docente visitante del Instituto Lincoln. Tiene una amplia experiencia en planificación estratégica para ciudades grandes en países en desarrollo a través de investigaciones previas y dirección de proyectos en el Banco Mundial y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ricardo Vanella es director del Departamento Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba.

The case for thinking and acting regionally has been made in this country for well over 100 years. After surveying the West in 1890, John Wesley Powell published an essay titled “Institutions for the Arid Lands,” in which he articulated his vision that the most appropriate institutions for governing western resources are commonwealths defined by watersheds. He reasoned that “there is a body of interdependent and unified interests and values, all collected in [a] hydrographic basin, and all segregated by well-defined boundary lines from the rest of the world. The people in such a district have common interests, common rights, and common duties, and must necessarily work together for common purposes” (Powell 1890, 114).

Powell’s prescription to organize around watersheds was largely ignored in the formative years of the settlement and development of the West (Stegner 1953). His vision of watershed democracies, however, is part of a larger story of how American citizens and communities have attempted to govern public affairs on the basis of regions. Some 30 years after Powell’s writing, Lewis Mumford, Benton MacKaye and others created the Regional Planning Association of America in 1923 to focus largely on cities and municipal regions, and to a lesser extent on rural and wilderness landscapes. Although the history of regionalism is characterized by a mix of successes and failures, there is renewed interest throughout North America in addressing land use, natural resource and environmental problems on a regional basis (see Derthick 1974; Seltzer 2000; Foster 2001).

Today, regional initiatives emerge in response to a growing number of land use and related issues that transcend political and jurisdictional boundaries and often involve business and nonprofit organizations. These issues are most often framed as a crisis or threat, and less so as an opportunity: sprawl across city, county and even state boundaries; water supply for growing communities; water quality protection; wildlife habitat; management of traffic corridors; economic development; and taxation. Effective solutions require people to work across boundaries (jurisdictions, sectors and even disciplines) on a regional scale that corresponds to the challenge or opportunity, as in the New York–New Jersey Highlands region.

Existing institutions, however, rarely have the legitimacy and credibility to convene the plurality of stakeholders interested in or affected by these regional issues. In response, policy makers will occasionally mandate some form of regional collaboration as the most logical way to address trans-boundary issues. Metropolitan Planning Organizations (MPOs), for example, are required to develop regional transportation plans in order to secure access to federal transportation dollars. Some landscape-based efforts, such as the Adirondack Park Commission and the Columbia River Gorge National Scenic Area, also fall into this category. In these types of cases, policy makers mandate regional collaboration when it is apparent that responding within jurisdictional boundaries is ineffective or threatens the integrity of key resources central to community identity and prospects.

When policy makers are slow to act, or fail to act, stakeholders may become frustrated and ultimately realize that if anything is going to happen citizens need to step forward, with or without government participation. Thus, regional initiatives emerge as much from the bottom up as the top down. When people inhabiting a common place develop a shared recognition that acting together is the best way to address a regional crisis, threat or opportunity, or simply to achieve economies of scale, we see regional initiatives arise more organically, bubbling up from a shared sense of destiny or fate.

In light of the growing interest in acting regionally, this article offers a framework to help organize our thinking about regionalism, and to begin to identify and promote best practices for regional collaboration. No single model or approach will solve all regional problems. By looking at regional efforts around the country, however, it is possible to identify a common set of goals and principles for initiating, designing and sustaining regional efforts.

Shortly before his death, John W. Gardner, a long-time advocate for regional approaches to solving public problems, argued that there can be “no more regionalism for its own sake. We now need pragmatic regionalism with a purpose” (Parr et al. 2002, 3). While the specific objectives of regional initiatives vary, the overarching purpose of most regional initiatives is to integrate three goals (see Figure 1).

Regional Leadership

To achieve these goals, regional initiatives require a certain type of leadership. In contrast to exercising authority by taking unilateral action (a command-and-control model of leadership), people who initiate regional efforts cross jurisdictions, sectors, disciplines and cultures to forge alliances with diverse interests and viewpoints. These “regional stewards” invite people to take ownership of a shared vision and values, and they work hard to bridge differences and nourish networks of relationships.

Regional stewards share power and mobilize people, ideas and resources. They also provide integrity and credibility, and show a high tolerance for complexity, uncertainty and change. They emphasize dialogue and build relationships by respecting the diversity of ideas and viewpoints. Respect builds trust, which in turn fosters communication, understanding and eventually agreement.

Regional stewards tend to be committed to the long-term well-being of a particular place. They apply the same entrepreneurial spirit and persistence to solving regional challenges that business entrepreneurs apply in building a business; they are civic entrepreneurs. They see the need for more connected regional approaches to address social, economic and environmental issues; they are integrators. They build support from leaders, citizens, interest groups and policy makers toward a shared vision; they are coalition builders. Regional stewards hold themselves and each other accountable to achieve tangible results and sustained outcomes.

Regional stewards may be local elected or appointed officials, university or college professors, local business executives, program officers at philanthropic foundations, staff or board members of nonprofit organizations, and community activists. Regardless of their background or station in life, they share a common belief in the need to work across boundaries to accomplish the goals of regional stewardship (Parr et al. 2002).

Principles for Regional Collaboration

To foster livable communities, vibrant economies and healthy environments through regional collaboration, we have distilled seven principles from the literature and our own experiences. These principles are not necessarily new, but they embody practices that, when used in a regional context, create the conditions for successful collaboration.

1. Make the Case. Working across boundaries is tough. There is tremendous inertia in existing political arrangements, so the reasons for working regionally must be clear and compelling. Regional collaboration emerges when a core group of leaders recognizes a crisis, threat or opportunity that is not likely to be adequately addressed through existing institutional arrangements. Depending on the unique needs and interests of a region, initiatives might be organized to achieve one or more objectives (see Figure 2). Far from being mutually exclusive, these objectives reinforce one another and suggest a natural progression from knowledge- and community-building to advocacy and governance.
2. Mobilize and Engage Key Participants. To be effective, regional initiatives must engage the right people. If the objective is to advocate for a particular interest or outcome, a different group of people will be required than if the objective is to build agreement on a regional vision or resolve a multiparty dispute among people with different viewpoints. In the latter types of situations, the regional forums should be as inclusive as possible, seeking people who are interested in and affected by the issue, those needed to implement any potential recommendation (i.e., those with authority), and those who might undermine the process or outcome if not included.
3. Define the Region Based on People’s Interests. Regions vary in size and shape. Some are defined by a sense of place while others address a key function or purpose, such as a watershed, transportation corridor or ecosystem. How people define a region naturally flows from their interests and concerns. This variation in scale suggests that regionalism is at once a unifying theme and an adaptive concept. However it is defined, the region must engage the hearts and minds of people and appeal to shared interests. The precise physical boundaries of a region are often less important than the process of clarifying the core area of interest. Boundaries can be soft and flexible, adaptable to changing needs and interests.
4. Foster Mutual Learning. Regional efforts often begin by providing opportunities to learn about the region and how to think and act across boundaries. Building this common understanding fosters a sense of regional identity, and often the will to act. Regional forums should enable participants to jointly develop and rely on the best available information regardless of the source, thereby creating a greater sense of ownership in the region’s story. Regional efforts should consider a variety of scenarios and options to shape the future of the region, and all participants should have an equal opportunity to share views and information.
5. Forge Collaborative Decisions. Since most regional initiatives do not have authority per se, they must create coalitions and forge collaborative decisions to foster social change and shape public policy. Collaboration is a social learning process where people share knowledge, ideas and experiences through cooperative, face-to-face interaction. The premise of collaboration is that if the right people come together in constructive ways with good information they will produce effective, sustainable solutions to the challenges and opportunities they face. Genuine collaboration occurs when people listen to each other, consider the rationales or interests behind competing viewpoints, and seek solutions that integrate as many interests as possible. Collaborative decision making may or may not result in consensus or unanimous agreement, but it allows participants to create effective coalitions to get things done.
6. Take Strategic Action. The objectives of a regional collaboration should determine what people do. Experience suggests that early successes help build momentum and trust. It is important to develop the capacity to (1) communicate your message, make it relevant and compelling, and use multiple strategies to inform, educate and mobilize people (e.g., media, public events, publications, Web sites); (2) link your effort to established decision-making systems by seeking access to power rather than power itself; and (3) monitor, evaluate and adapt by developing indicators of performance and clarifying who will do what, when and how.

   Being strategic and deciding what to do require an understanding of how regional action supplements efforts at local, state and even national levels. The desired outcomes for a region are often contingent upon many seemingly disconnected decisions. Regional strategies need to recognize these contingencies up front, and create opportunities to build bridges, coordinate actions and do things that otherwise would not get done.

7. Sustain Regional Action and Institutionalize Regional Efforts. Assuming there is a need to sustain a regional partnership, the key challenge is to keep stakeholders engaged and to recruit more leaders. Since the region is no one’s community, building a sense of regional identity, responding to the needs and interests of partners, and capturing and sharing accomplishments are critical to sustain any regional effort. To be effective, regional initiatives should be both idealistic and opportunistic. People’s attention will naturally devolve to more established, usually local, institutions if the mission of the regional effort is not consistently and continuously reviewed, revised, renewed and adapted to address new information and opportunities.

   Regional stewards should also explore the value of integrating regional efforts into existing institutions or designing new ones. Partners need to identify and develop the capacities to sustain the regional initiatives: people, resources (e.g., money and information) and organizational structure. Given the source and diversity of regional initiatives, it is not surprising that different organizational models have emerged to meet particular challenges.

Figure 2.

Objectives of Regional Initiatives

Build knowledge and understanding

• Conduct research
• Acquire information

Build community

• Inform and educate citizens and leaders
• Promote mutual understanding
• Shape public values
• Stimulate conversation
• Foster a common sense of place

Share resources

Solve specific problems

• Provide input and advice
• Advocate for a particular interest or outcome
• Resolve disputes

Govern

• Make and enforce decisions.

Source: McKinney et al. 2002.

Tools for Regional Collaboration

To foster effective regional initiatives and support regional stewards, the Lincoln Institute offers the two-day skill-building course Regional Collaboration, usually in the spring. The Institute also convenes Regional Collaboration Clinics in selected regions, where we work with diverse groups of people to address the regional challenges and opportunities they face. Recently, we completed clinics in the New York–New Jersey Highlands and the Delaware River Basin, both regions experiencing tremendous growth and development.

The Alliance for Regional Stewardship is in the process of creating RegionLink, an online consultative network for regional practitioners.

Our approach to regional collaboration is experimental. We are interested in working with and learning from people involved at different regional scales and on different issues. Please contact us to share your story and suggest how we might improve the framework presented here to better reflect the practice of regional stewardship.

Matthew McKinney is director of the Public Policy Research Institute, The University of Montana, Helena

John Parr is executive director of the Alliance for Regional Stewardship, Denver, Colorado.

Ethan Seltzer is chair of the Department of Urban Studies and Planning, Portland State University, Portland, Oregon.

A longer version of this article, including case studies, is available from the authors.

References

Derthick, Martha. 1974. Between nation and state: Regional organizations of the United States. Washington, DC: The Brookings Institution.

Foster, Kathryn A. 2001. Regionalism on purpose. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

McKinney, Matthew, et al. 2002. Regionalism in the West: An inventory and assessment. Public land and resources law review, 101–191. Missoula: The University of Montana School of Law.

Parr, John, et al. 2002. The practice of stewardship: Developing leadership for regional action. Denver, CO: Alliance for Regional Stewardship, March.

Powell, John Wesley. 1890. Institutions for the arid lands. The Century Magazine (May-June): 111–116.

Seltzer, Ethan. 2000. Regional planning in America: Updating earlier visions. Land Lines (November): 4–6.

Stegner, Wallace. 1953. Beyond the hundredth meridian. Lincoln: University of Nebraska Press.

Emerging concerns about climate change impacts along with changing preferences for housing options are shaping the debate over growth patterns and sustainability. Climate modeling experts expect Arizona’s Sun Corridor to become hotter, drier, and more prone to extreme weather events. In a region where summer temperatures top 110°, annual precipitation is only 9 to 10 inches, and flood events already can be extreme, adaptation to and mitigation of climate change impacts will be of paramount importance. The response will require significantly changing prevalent land use planning and development patterns in the region.

The central question facing land conservationists today is how to scale up efforts to protect entire landscapes and whole natural systems. The land trust movement has been built on the individual successes of conserved private properties, but increasingly both conservationists and landowners entering into conservation agreements want to know what is being done about their neighbor, their neighborhood, and most significantly their landscape (Williams 2011).

Farmers and ranchers talk of the need to sustain a continuous network of working lands—a critical mass of agricultural activity—or risk losing the supporting businesses and community cooperation they require to survive. Firefighters say that keeping remote lands undeveloped reduces the hazards and costs of firefighting for local communities. Sportsmen are losing access to public lands and wildlife when scattered rural development fragments habitat. Conservation biologists have long suggested that protecting bigger places will sustain more species, and conversely that fragmentation of habitat is the leading cause of species decline and loss. Finally, a rapidly changing climate reinforces the need to protect large, connected ecosystems to be resilient over the long term.

With many funders and public partners seeking to focus on collaborative, landscape-scale conservation efforts, the land trust community has an excellent opportunity to leverage its good work by engaging in landscape partnerships. Land trusts, with their grassroots base and collaborative working style, are in a good position to help support local initiatives. The process of building these efforts, however, requires a commitment beyond the urgency of transactions and fundraising, and necessitates a sustained focus that is much broader than the immediate objectives of many land trusts.

What Does Success Look Like?

Montana’s Blackfoot River was made famous in Norman Maclean’s 1976 story, A River Runs Through It (Maclean 2001), but what really stands out about the Blackfoot region is how the community has worked together over many decades to sustain this special place. Building on conservation work initiated by local landowners in the 1970s, the Blackfoot Challenge was established in 1993 to bring the area’s diverse interests together around consensus-based approaches to sustaining the rural character and natural resources of the valley. Rancher Jim Stone, chairman of this landowner group, says “we were tired of complaining about what we couldn’t do, so we decided to start talking about what we could do.”

This collaborative effort has used innovative conservation approaches for the Blackfoot that have been replicated in many other places. The group’s work began with a focus on better managing increased recreational use of the river and protecting the river corridor. The first conserva-tion easement secured in Montana was on the Blackfoot in 1976 as part of this pioneering effort. From that initial success grew more ambitious initiatives with engagement from an expanding set of partners.

When landowners said they were not getting enough help to control weeds, the Challenge established one of the largest weed control districts in the West. When landowners argued there were not enough resources for conserving working ranches, the Challenge helped create an innovative U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) program to purchase conservation easements with the federal Land and Water Conservation Fund (LWCF), which historically has been used for public land acquisition.

When landowners were concerned about the potential sale of vast forest lands in the valley, the Challenge launched a comprehensive acquisition plan that linked protected private ranches on the valley floor with forested public lands at higher elevations. When landowners recognized the need for systemic river restoration, the Challenge and the Big Blackfoot Chapter of Trout Unlimited helped restore more than 48 tributary streams and 600 miles of fish passage for native trout and watershed health (Trout Unlimited 2011).

The Blackfoot Challenge partners with more than 160 landowners, 30 businesses, 30 nonprofits, and 20 public agencies. Clearly, the Challenge’s vision for the area is not limited to just a few ranches, but rather is focused on the long-term health of the entire river valley, from “ridge to ridge” in Jim Stone’s words (figure 1).

The wonderful aspect of the Blackfoot story is that it is no longer a rare exception but an emblem of a much larger movement of collaborative conservation efforts around the country. These landscape partnerships confirm an emerging consensus about the need to protect and sustain entire landscapes that are vital to the health of fish and wildlife, as well as to the vitality of local communities, their economy, and their quality of life.

Landowner-Driven Conservation Efforts

The Blackfoot story underscores one of the most important lessons emerging from community-based conservation initiatives—local landowners should be in front and everyone else behind. An example from the Yampa River in western Colorado illustrates this approach. In the early 1990s, conservation groups were trying to protect the area, but were met with major mistrust by the local ranchers. The valley had no shortage of community visioning exercises and groups trying to conserve the region, but none of the ideas had really taken hold in a meaningful way, precisely because local landowners were not in the lead.

That dynamic was then turned on its head by several landowner initiatives, the most significant being the Routt County Open Lands Plan. The plan’s recommendations grew out of a series of local landowner meetings held throughout the county. The plan called for eight significant measures to better manage explosive growth in the valley, ranging from a right-to-farm ordinance to a purchase of development rights program on working ranches. Routt County became one of the first rural counties in the West to raise public funds through a local ballot measure to protect working ranches.

The Malpai Borderlands is another enduring example of how landowner leadership can break through decades of gridlock. After years of conflict between ranchers and federal agencies over the management of public lands around the Animas Mountains in the boot heel of New Mexico and southeastern Arizona, Bill Macdonald and other neighboring ranchers helped spearhead a landowner collaborative called the Malpai Borderlands Group to reintroduce fire for the health of grasslands and the local ranching economy. That effort grew into an innovative partnership among ranchers, conservation groups, and public agencies to conserve and sustain this one-million-acre working wilderness through conservation easements, grass banking, and a more integrated stewardship approach to the system as a whole.

Land Trusts and Public-Private Partnerships

As significant as landowner leadership is to collaborative, landscape-scale conservation efforts, land trusts and agencies also can play a vital role in leading from behind as a reliable partner with deep local ties, knowledge of outside resources, and an ability to implement research and conservation projects. On Montana’s Rocky Mountain Front, for example, local ranchers are working together with several land trusts and the USFWS to protect working lands through conservation easements. The local landowner committee has been led by several local ranchers, but their 20-year friendship with Dave Carr of The Nature Conservancy has been pivotal in their staying engaged. Greg Neudecker of the USFWS’s Partners for Wildlife Program has played a similar role in the Blackfoot, given his 21-years of service to community collaboration there.

Many landowners and land trusts hesitate to bring public agencies into landscape partnerships because they often pride themselves on achieving conservation through private action. When engaged as part of landscape partnerships, however, state and federal agencies can be very effective allies. In the Blackfoot, the science, research, monitoring, funding, and restoration work delivered by the State of Montana and the USFWS has made a huge impact on the recovery of the river system.

On the land protection front, public acquisition of extensive timberlands in the Blackfoot has complemented private land trust work by consolidating public lands and maintaining community access to those lands for grazing, forestry, and recreation. Recognizing the problems associated with a century of fire suppression, the U.S. Forest Service has initiated experimental thinning projects of small-diameter stands to restore the structure and function of forestlands and reduce the fire threat to the valley. That work is now being expanded through a new federally funded Collaborative Forest Landscape Restoration Program (CFLRP) across the Blackfoot, Clearwater, and Swan valleys.

The larger principle is that all the major stakeholders have to be at the table, working together toward their common ground. David Mannix, another Blackfoot Challenge rancher, explains what they call the 80–20 rule: “We work on the 80 percent we can agree on and check the other 20 percent at the door with our hat.” Jim Stone claims that when people show up at a Blackfoot Challenge meeting, “We ask you to leave your organizational agenda at the door and put the landscape first,” focusing on the health of the land and the community so closely tied to it.

What’s really important is having the “right people” at the table for private-public partnerships to work—creative individuals motivated by a common vision and humble enough to recognize that they do not have all the answers. Collaboration takes time. Once common-ground approaches are developed, it is critical to have initial success, however small, that can build the kind of foundation needed for bigger solutions down the road.

The Need for Funding

The most serious barrier for local collaborative groups to achieve landscape-level goals is the lack of adequate funding. Without sufficient financial support, collaborative efforts often lose momentum, which can set back this kind of work for years.

Funding is not a static element, but it is responsive to the scale of the outcomes that can be achieved and the breadth of the constituency engaged. Neither private nor public funders want to participate in partial success unless it is a step toward a long-term, sustainable goal. And they do not want to fund places where groups are competing. Increasingly, land trusts and agencies have come to realize the potential of what can be achieved through collaboration. Donors consistently have led on this issue because they understand a resource-constrained world and the value of leveraging diverse strengths and funding.

Even when great collaborative efforts come together around common goals and achieve a heightened threshold of success, a serious funding gap often exists in achieving truly landscape-scale conservation. Mark Shaffer, former director of the Doris Duke Charitable Foundation’s Environment Program, estimated this gap to be about $5 billion per year in new funding and tax incentives needed over the next 30 years to conserve a network of important landscapes in the United States.

The land trust community is now conserving land at the rate of about 2.6 million acres per year—a cumulative total of about 37 million acres according to the last census in 2005 (Land Trust Alliance 2006). However, to sustain whole landscapes before urgent threats close the window of opportunity, that rate needs to double or triple, and efforts must be conducted in a more focused way.

Emerging Opportunities for Landscape-Scale Conservation

There are several major trends and near-term opportunities that could enhance landscape-scale conservation efforts, but their success hinges on land trust engagement and leadership. First, it is critical that Congress make permanent the enhanced deductions for conservation easements. The Land Trust Alliance (2011) points out that these deductions can protect more than 250,000 additional acres per year. Given the current congressional focus on spending cuts and tax cuts, this is one of the few conservation finance tools that may be achievable in the near term. Over the longer term, a national transferable tax credit program, similar to those in Colorado and Virginia, could create an enormous incentive for securing conservation easements.

The second trend relates to increasing the federal focus on protecting whole landscapes by empowering communities that are already working together. In 2005 the Bush administration launched a Cooperative Conservation Program that provided improved agency coordination and capacity grants for local collaborative work. In 2010, the Obama administration launched the America’s Great Outdoors Initiative to help communities better sustain their land and water resources through locally driven partnerships and to reconnect America’s youth to the natural environment (Obama 2010).

While federal resources are highly constrained in the near term, existing programs and funding could be more focused on whole landscape conservation projects. Secretary of Agriculture Tom Vilsack has announced a major policy shift for the department to an “all lands” approach to conserving and restoring the big systems of the United States. For example, the Natural Resources Conservation Service recently announced that it would reinvest $89 million of unspent Wetland Reserve Program funds to purchase conservation easements over 26,000 acres of working ranches in the Florida Everglades. The opportunity facing the land trust community is to ensure that these projects are implemented in a manner that builds broad support for this work over the long term.

The third opportunity is passing local and statewide measures to increase funding and tax incentives for conservation. Despite the weak economy and pervasive talk of less government and lower taxes, voters in the 2010 elections passed 83 percent of the ballot initiatives presented nationwide to fund land and water conservation. Overall, 41 of 49 funding measures passed, generating more than $2 billion for land, water, parks, and farmland conservation over the next 20 years (The Trust for Public Land 2010).

The final trend and opportunity for the land trust community is partnering with private capital funders on major land conservation projects. Between 1983 and 2009, more than 43 million acres of forest lands traded hands (Rinehart 2010). New private equity groups, called Timber Investment Management Organizations (TIMOs) and Real Estate Investment Trusts (REITs), picked up 27 million acres of this land in a very short period, and many of these investment groups, including Lyme Timber, Conservation Forestry, Ecosystem Investment Partners, Beartooth Capital Partners, have conservation as part of their business model.

The Question of Scale

An ongoing trend in conservation has been an expanding focus from individual properties to neighborhoods, landscapes, ecosystems, and now networks of ecosystems. For example, landowners in the Blackfoot, Swan Valley, and Rocky Mountain Front have come to realize that the health of their landscapes depends on the health of the larger Crown of the Continent (figure 2).

Surrounding the Bob Marshall Wilderness and Glacier-Waterton International Peace Park, the 10-million-acre Crown is one of the most intact ecosystems in North America. Thanks to a century of public land designations and 35 years of private land protection by local communities, this ecosystem has not lost a single species since European settlement. Landowners and other partners have been reaching across the Crown in a variety of ways to see how they can work together more closely for the good of the whole.

Even in the Crown’s large expanse, the sustainability of its wildlife populations depends on their connections to other populations throughout the Northern Rockies. That even larger network of natural systems can only be realized, however, if critical linkage areas can be sustained. For this reason, land trusts in Wyoming, Idaho, Montana, and Canada have been collaborating through a framework called the Heart of the Rockies to identify common priorities and conservation needs. This level of regional collaboration has resulted in both a new level of conservation and more attention from funders. It has also been pivotal for land trust collaboration around common policy priorities.

Organizing at these larger scales is truly imperative if we are to sustain well-connected natural systems, but it is also important to understand what can be achieved at each scale. Large regional initiatives are important for creating a broad, compelling vision, but not for implementing conservation on the ground. Such large-scale approaches are good at applying science at nature’s scale, creating regional collaboration around common priorities and a forum for exchange on innovative ideas, and bringing greater attention to the area. They also provide an important context for why local work is so significant.

Melanie Parker, a local leader for collaborative conservation efforts in the Swan Valley, cautions: “We need to aggregate our efforts across the larger region to influence policy and to access resources, but anyone who thinks that conservation work can or should be done at the scale of 10 million acres is seriously misguided. This kind of work has to be done at the scale at which people live, work, and understand their landscapes.”

Local people are moved to act by the power of their own place and in their own way. Designing strategies at a large scale is often too abstract for landowners at best, or outright alienating at worse. As in politics, all conservation is local. Likewise, politicians are most responsive to homegrown projects devised and backed by local residents. How large place-based efforts really can be and still hold community cohesion is an important question, but certainly the Blackfoot, Rocky Mountain Front, and Swan Valley are pushing the outer limits. Each is addressing lands at the scale of 0.5 million to 1.5 million acres.

Land trusts can add value to local efforts through regional collaboration. While landowners and local residents often do not have the additional time to participate in these larger initiatives, they want their place and specific issues to be well-represented. Land trusts and conservation organizations can play the very important role of connecting local, place-based groups, but they need to coordinate with those groups and not get out in front of them. In the end, the land trust community could be well served by strengthening its collaborative work, by deepening its engagement in landscape partnerships, and by working at larger scales to achieve conservation success.

Conclusion

After many decades of outstanding work, the more than 1,700 land trusts across the country can use their momentum to conserve the large systems that matter for people and nature. Indeed, this is what communities are asking for and what nature needs to survive. Moving beyond isolated victories to a more interconnected conservation vision is just as important for local sustainable economies and recreational access as it is for wildlife corridors and healthy watersheds. To be successful at this scale requires real collaboration and a reorientation for everyone involved. With the many opportunities currently rising for whole-landscape conservation, the moment is ours to seize.

References

Land Trust Alliance. 2006. 2005 national land trust census. Washington, DC. 30 November.

———. 2011. Accelerating the pace of conservation. www.landtrustalliance.org/policy

Maclean, Norman. 2001 [1976]. A river runs through it and other stories. 25th anniversary edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Obama, Barack. 2010. Presidential Memorandum: America’s Great Outdoors, April 16. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-americas-great-outdoors

Rinehart, Jim. 2010. U.S. timberland post-recession: Is it the same asset? San Francisco, CA: R&A Investment Forestry. April. www.investmentforestry.com

The Trust for Public Land. 2010. www.landvote.org

Trout Unlimited. 2011. Working together to restore the Blackfoot Watershed. February. www.tu.org

Williams, Jamie. 2011. Large landscape conservation: A view from the field. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

About the Author

Jamie Williamsis The Nature Conservancy’s director of landscape conservation for North America, based in Boulder, Colorado. He focuses on programs to protect large landscapes through innovative public and private partnerships. He was a Kingsbury Browne Fellow at the Lincoln Institute in 2010–2011. He holds a Master in Environmental Studies from the Yale School of Forestry and Environmental Studies and a B.A. from Yale University.

El Parque Nacional Yellowstone parece tan silvestre hoy en día porque en 1872 se convirtió en el primer parque nacional del mundo, y porque los incendios de 1988 y la exitosa reintroducción de lobos en la década de 1990 restauraron el carácter dinámico del paisaje original. En su última serie de televisión en PBS, el cineasta Ken Burns llamó a nuestros parques nacionales “la mejor idea de los Estados Unidos”; sin embargo, cada vez más personas dentro del movimiento conservacionista creen actualmente que, en el mejor de los casos, las áreas totalmente protegidas como Yellowstone son sólo una parte de la solución conservacionista. Este grupo sostiene que deberíamos salvar a la naturaleza para las personas en lugar de salvar a la naturaleza del impacto ocasionado por las personas y que nuestros esfuerzos deberían incluir otras muchas áreas diferentes con menor énfasis en la “preservación” de los terrenos.

Esta es una variación del debate mantenido hace cien años entre el conservacionista John Muir y el administrador forestal Gifford Pinchot: ¿Deberíamos proteger a la naturaleza por su valor intrínseco o nuestro enfoque debería sería mucho más utilitarista? Este último punto de vista tenía como objetivo maximizar la producción a largo plazo de agua, vida silvestre aprovechable y madera, y que en la actualidad incluiría los yacimientos de carbón, los biocombustibles, la eliminación de nutrientes y la protección contra peligros naturales… en suma, todas las cosas que brinda el mundo natural.

El debate contemporáneo plantea además otra cuestión acerca de la omnipresencia del impacto humano sobre las áreas naturales. Yellowstone, como cualquier otro lugar del planeta, se encuentra profundamente influenciado por las decisiones del ser humano. Aldo Leopold (1966, 254) percibió este dilema hace más de 60 años cuando escribió: “La invención de herramientas por parte del ser humano le ha permitido realizar cambios de una violencia, rapidez y alcance sin precedentes”. En la actualidad, estas herramientas son todavía mucho más poderosas. En su último libro, Rambunctious Garden, la escritora científica Emma Marris (2011) propone el argumento según el cual tendremos que aprender a aceptar una naturaleza alterada por las actividades del ser humano. No resulta suficiente pensar en la preservación de las áreas naturales para permitir un funcionamiento sin obstáculos de sus sistemas naturales. Cada lugar requiere algún tipo de gestión, aun cuando fuere sólo con el fin de proteger lo que resta de su condición “natural”.

Los alcances de la responsabilidad del ser humano en relación con la naturaleza me quedaron claros en una reciente conversación con Phil Kramer, director para el Caribe de la organización The Nature Conservancy, quien describió la disminución regresiva de los arrecifes de coral en esa región y los esfuerzos llevados a cabo por su equipo para restaurar dichos arrecifes, seleccionando los genotipos de coral que parecían más resistentes al agua más caliente, cultivándolos en viveros y utilizándolos posteriormente para reconstruir los arrecifes en diferentes lugares.

Durante miles de años, de manera consciente e inconsciente, el ser humano ha modelado su entorno según sus necesidades; sin embargo, este tipo de intervención intencional a fin de responder a las cada vez mayores amenazas contra la naturaleza representa un nuevo enfoque que resulta diferente del punto de vista de preservación de Muir y de la perspectiva de administración científica de Pinchot. Hoy en día estamos intentando crear nuestro futuro de conservación a escalas cada vez mayores. Este proceso de conservación creativa se basa en los enfoques analíticos acerca de la conservación que se tenían en el pasado, pero ello no depende únicamente del análisis de referencia de ecosistemas históricos para establecer metas para el futuro. Por el contrario, requiere que nuestras metas provengan de una síntesis de necesidades y beneficios tanto del ser humano como de la naturaleza, según lo que Aldo Leopold (1966, 239) denominó “ética del suelo”, es decir, una responsabilidad personal e informada con respecto a la salud y el futuro de nuestro suelo y del agua.

Desafíos a la hora de proteger a la naturaleza

Esta perspectiva sobre la conservación se ve envuelta en un encendido debate dentro de la comunidad conservacionista. Muchos sostienen la idea de restaurar las áreas afectadas para que vuelvan a su estado silvestre y, finalmente, al poder de la naturaleza, mientras que otros reconocen que estos enfoques sólo pueden ser una parte de nuestro futuro. Desde mi punto de vista, la energía de la comunidad conservacionista debería dirigirse no tanto hacia el debate interno sino a resolver los verdaderos desafíos que enfrentamos a la hora de sustentar el marco y las funciones principales de los sistemas naturales para beneficio de las personas y de la naturaleza misma. Y ¿cuáles son estos desafíos?

• Una menor preocupación y comprensión de la ciencia, incluyendo el tipo de ciencia de conservación y administración de la vida silvestre de la que los estadounidenses han sido pioneros durante más de 100 años.
• Los impactos cada vez más evidentes del cambio climático, independientemente de sus causas, sobre la estabilidad de los procesos naturales y su relación con la salud y la seguridad de las personas.
• Un horizonte a corto plazo para tomar decisiones sobre la administración, las políticas y el uso del suelo y del agua, que entran en conflicto con los extensos períodos que son necesarios para desarrollar e implementar políticas y proyectos de conservación a gran escala.
• La utilización cada vez más hábil y efectiva de campañas con grandes financiamientos para lograr objetivos económicos o políticos especializados, independientemente de las consecuencias de mayor envergadura para la sociedad de hoy en día y para las futuras generaciones.
• Una renuencia cada vez mayor a regular los impactos de las actividades que afectan la salud del suelo, el aire y el agua, aunque ya hace mucho quedó claro, en una época en que Estados Unidos tenía mucho menos gobierno, que las fuerzas de mercado por sí solas no pueden garantizar la producción y protección de bienes públicos tales como los beneficios para el ser humano y la ecología que pueden tener los sistemas naturales.
• La concepción de la protección de nuestro aire, nuestro suelo y nuestra agua como una cuestión política partidista, sin tener en cuenta el liderazgo pasado y los muchos aportes realizados por los dos principales partidos políticos a la conservación en este país.
• El creciente distanciamiento de muchos estadounidenses de experiencias reales al aire libre que podrían ayudar a fomentar una mayor apreciación y comprensión de las cuestiones conservacionistas y brindar un equilibrio contra los argumentos antiambientales.

Estrategias para la conservación creativa

Al llegar a este punto fundamental en la historia conservacionista de los Estados Unidos, ¿qué debería hacer el movimiento conservacionista para resolver los conflictos entre los partidos políticos actuales, la presión que ejerce el ser humano a nivel mundial sobre nuestros sistemas naturales y la necesidad de crear un futuro ambiental, tanto en nuestro país como en todo el mundo, que sea ético, sustentable y alcanzable? Las respuestas, creo yo, no vendrán de Washington sino de un movimiento en todo el país formado por propietarios, agencias del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios que trabajen juntos para proteger los lugares que valoran, como el valle Blackfoot en Montana, las colinas Flint en Kansas y los valles de los ríos Connecticut y Hudson en el este del país. Para encarar proyectos populares como los mencionados, surgen ciertas propuestas que podrían contribuir a un éxito duradero y a gran escala del conservacionismo.

Trabajar a escala del paisaje

En un mundo donde la naturaleza está sometida a muchos factores de estrés y amenazas, entendemos que es improbable que porciones desconectadas de sistemas naturales puedan sobrevivir. La mayoría de las agencias federales está comenzando a pensar en estos términos, aunque todavía deben superarse numerosos obstáculos institucionales para lograr que lo que The Nature Conservancy denomina “sistemas integrales” se convierta en la forma normal de encarar esta tarea.

Utilizar varias herramientas de conservación simultáneamente

Resulta de esencial importancia integrar la preservación, la gestión tradicional del suelo tanto pública como privada y la restauración en lugares que se definan tanto por sus atributos naturales como humanos. La combinación del trabajo a gran escala y la utilización de varios enfoques sugieren que el gobierno deberá lograr un nivel de coordinación sin precedentes en cuanto a la forma en que utilizan su influencia y sus recursos.

Reconocer, respetar y cuantificar los beneficios a corto y largo plazo que la conservación puede brindar a la humanidad

Las organizaciones conservacionistas deben volverse expertas en comprender y explicar el valor de la naturaleza para dar forma al mundo del futuro. A medida que los diferentes intereses intentan encajar dentro del diseño del futuro, también deben ser capaces de representar de forma exacta la importancia que tendrán los componentes naturales de ese futuro.

No rechazar la idea de las condiciones de referencia

No siempre resulta posible mantener la naturaleza tal y como se encontraba en el pasado, pero podemos dar la más alta prioridad a la protección de aquellos lugares donde pueden continuar los procesos ecológicos, donde puede gestionarse el cambio y donde podemos, según las palabras de Mark Anderson, científico de The Nature Conservancy, “salvar el escenario, si no podemos salvar a todos los actores”.

Aprender a equilibrar la gestión de adaptación con las metas a largo plazo

Esto requiere combinar la intención de admitir los errores y adaptarnos a ellos con una coherencia de propósito y acción que resultan necesarios para influir en el futuro de grandes sistemas. Lleva tiempo llegar al tipo de consenso a largo plazo sobre la deseada condición futura que las comunidades intentan lograr. Los proyectos de conservación exitosos y creativos se prolongan durante varias décadas, no años.

Mantener leyes ambientales justas y coherentes

Los procesos normativos del medio ambiente y el uso del suelo, así como los incentivos económicos (y la falta de ellos), pueden y deberían reestructurarse de tal manera que se establezca un marco más coherente y flexible para configurar el futuro y lograr que el funcionamiento de los mercados tenga una influencia ambiental positiva. No obstante, las normas regulatorias deben mantenerse con el fin de garantizar un campo de acción equilibrado y proteger el medio ambiente y la salud del ser humano, a la vez que permita el crecimiento económico a largo plazo. Una utilización amplia de la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, compensar) podría ser muy útil en este caso. Este enfoque sobre la ubicación de la infraestructura y el desarrollo puede permitir las inversiones y el crecimiento económico al tiempo que brinda beneficios netos a la naturaleza.

Tomar más medidas para garantizar la participación de los ciudadanos y las distintas partes interesadas en la planificación del futuro

Si nuestra sociedad no sólo protege a la naturaleza sino que está creando un mundo futuro, entonces todos tenemos un derecho, y yo diría, una responsabilidad, aún mayor para involucrarnos en el establecimiento de dichas metas. Ya no vivimos en una sociedad basada en un centro que toma las decisiones. La mayoría de las decisiones es el resultado de acciones individuales interconectadas, y los ciudadanos necesitan un renovado sentido de poder de decisión a la hora de determinar el carácter de los lugares donde viven, trabajan y se esparcen. El conservacionismo también se convertirá en un proceso más descentralizado, con una orientación de abajo hacia arriba. La participación de la juventud es de particular importancia y las cuestiones ambientales deben darse a conocer entre los residentes de las áreas metropolitanas del país donde vive la gran mayoría de los estadounidenses.

Identificar, capacitar y guiar a una nueva generación de líderes conservacionistas locales

Una nueva generación de conservacionistas con aptitudes para trabajar en diferentes áreas de interés permitirá crear un futuro en el que se combinen las necesidades del medio ambiente y de la economía a largo plazo.

Solución compartida de problemas

De más está decir que todo lo anteriormente mencionado podría poner a la conservación creativa en el fuego cruzado entre aquellos que no le dan importancia a la naturaleza y los que temen que cambiar algo en las normas ambientales o en la protección de los terrenos públicos daría lugar a un cambio cataclísmico. Sin embargo, estos pasos podrían llevarnos a soluciones prácticas respecto del impasse político cada vez mayor que experimenta el país respecto a la conservación y el medio ambiente. Y la razón central de este impasse es la creencia compartida de que hemos perdido el control del futuro de nuestras familias y comunidades y que nos hemos convertido en víctimas de acciones de fuerzas lejanas.

La conservación creativa llevada a cabo de manera correcta puede darnos a todos un rol significativo a la hora de dar forma al futuro de los lugares que nos son más caros, es decir, donde se encuentran nuestros hogares. Además, ofrece dos beneficios que pueden conllevar una tracción política poderosa: la oportunidad de tener mejores lugares para vivir, trabajar y visitar que proporcionen beneficios tangibles a nuestras vidas, y el sentido de respeto y dignidad implícito en nuestra tarea de ayudar a determinar el futuro de los lugares que amamos.

Un enfoque de este estilo podría poner en marcha la política ambiental tanto de conservadores como de liberales hacia una forma compartida de resolver los problemas. En cuanto a los conservadores: ¿Se oponen a la planificación del futuro o solamente a la planificación realizada por sus oponentes? ¿Estarían dispuestos a incluir las esperanzas de los ciudadanos en cuanto a sus propias comunidades como una parte legítima de un futuro menos gubernamental y más regido por el mercado que les gustaría ver? Con respecto a los liberales: ¿Estarían dispuestos a confiar en que las personas que trabajan la tierra tomen más decisiones acerca del destino de nuestro suelo y nuestra agua, o también están en realidad más interesados en un control centralizado para lograr su propia visión de lo que debería hacerse? La oportunidad de trabajar juntos para crear buenos futuros para los lugares reales que rodean nuestras vidas ¿puede convertirse en el terreno común, literal y simbólico, que pueda sanar algunas de las divisiones de nuestra sociedad?

El arco de piedra en la entrada norte de Yellowstone se erigió en conmemoración de la creación del parque y posee una inscripción que reza: “Para el beneficio y goce de las personas”. Theodore Roosevelt colocó la piedra angular del arco cuando visitó Yellowstone en 1904, en un momento en que los estadounidenses veían al gobierno como un protector del bien común. Yellowstone era un ejemplo de ese espíritu.

No obstante hoy, en pleno siglo XXI, me parece que el arco de la entrada también tiene un importante mensaje: el de mirar fuera del parque, pasando por el valle Paradise donde el río Yellowstone se dirige hacia el río Missouri, el Mississippi y el golfo de México. El desafío de conservación que tenemos por delante, contra todas las probabilidades y nos guste o no, es crear un futuro para el beneficio de las personas, basado en el respeto y la comprensión de los diferentes valores de la naturaleza, en muchos más lugares de los Estados Unidos.

Si el enfoque se hiciera de esta manera en cada lugar del país, los estadounidenses con diferentes puntos de vista podrían unir esfuerzos para la causa del conservacionismo, no sólo como algo en lo que pensar en las vacaciones ni como un lujo sino como un fundamento duradero para una vida más saludable, segura, próspera y espiritualmente gratificante para nuestros hijos y nietos.

Sobre el autor

Bob Bendick es director de Relaciones del Gobierno de los EE.UU. en The Nature Conservancy, Washington, DC.

Referencias

Leopold, Aldo. 1966 [1949]. A Sand County almanac: With essays on conservation from Round River. Nueva York: Oxford University Press.

Marris, Emma. 2011. Rambunctious garden: Saving nature in a post-wild world. Nueva York: Bloomsbury Press.

A pesar de la creciente popularidad de la agricultura urbana, muchas granjas urbanas siguen enfrentando el desafío de la inseguridad respecto de la posesión del suelo y de políticas públicas demasiado restrictivas. Algunos investigadores y responsables de diseñar políticas han identificado la necesidad de un marco actualizado para este movimiento que apoye a los granjeros urbanos en temas relacionados con las reglamentaciones sobre el uso del suelo, zonificación e impuestos a la propiedad. Los fideicomisos de suelo comunitarios (CLT, por sus siglas en inglés) se dedican a apoyar este tipo de estructura, ya que su abordaje del uso del suelo tiene que ver con ejercer un control a nivel local que fomente el activismo y la participación comunitaria, a la vez que responden a las condiciones del mercado y las necesidades de los barrios en constante evolución.

El estado de la agricultura urbana

El término “agricultura urbana” se refiere tanto a las actividades comerciales como no comerciales que se llevan a cabo dentro de un centro urbano o cerca del mismo con el fin de elaborar productos alimenticios o no para su utilización en un área urbana (Mougeot 2000). Aunque las granjas urbanas y las huertas comunitarias son, por lo general, la cara visible de la agricultura urbana, los espacios de cultivo a pequeña escala y los huertos que se encuentran en los jardines traseros de las casas también representan una parte significativa de la producción.

La agricultura urbana ha permitido a las comunidades obtener diferentes tipos de beneficios ambientales, económicos y sociales, tales como una mejor alimentación, una mayor seguridad en el abastecimiento de alimentos, la restauración ecológica, la creación de espacios abiertos y oportunidades de educación y capacitación en habilidades para el trabajo (Bellows, Brown y Smit 2004; Kaufman y Bailkey 2000; Smit, Ratta y Nasr 1996). Las granjas urbanas tienen además la capacidad única de unir diferentes tipos de poblaciones, generar un capital social y promover la atribución de responsabilidades mediante la construcción de la comunidad (Staeheli y otros 2002). En las ciudades tradicionales (es decir, aquellos antiguos centros industriales que han sufrido el impacto de la pérdida continua de empleo y población y los consiguientes cambios económicos, sociales y políticos), la agricultura urbana se ha utilizado en gran manera como una herramienta de desarrollo tanto provisional como permanente a fin de fortalecer la cohesión social y catalizar el progreso en barrios que carecen de inversión. El proceso de convertir lotes vacantes y abandonados en espacios para cultivo puede resultar una estrategia relativamente rápida y económica que produzca un gran impacto visible y mejore la seguridad pública.

A raíz de los mencionados beneficios en diversas áreas, la agricultura urbana ha gozado de un renacimiento como movimiento social. En los últimos años, algunas ciudades y municipios han actualizado sus políticas públicas con el fin de apoyar en mayor medida las prácticas agrícolas urbanas. No obstante, este movimiento presenta sus propios desafíos, tales como la preocupación en cuanto a la seguridad ambiental y la seguridad en la posesión del suelo (Brown y otros 2002). En particular, la inseguridad en cuanto al suelo es el motivo de preocupación más citado como el mayor obstáculo para la implementación y sustentabilidad de las granjas urbanas (Lawson 2004; Yuen 2012). Según una encuesta nacional realizada en 1998 a más de 6.000 granjas urbanas, el 99,9 por ciento de los horticultores consideraban el tema de la posesión del suelo como un desafío y, a la vez, como un elemento vital para el éxito futuro del movimiento (ACGA 1998).

En estos casos, la inseguridad en cuanto al suelo surge cuando el costo de los terrenos a precio de mercado excede los ingresos derivados de las actividades agrícolas. Básicamente, la mano escondida del mercado hace presión sobre la asignación de terrenos según el mejor y óptimo uso que se le pueda dar. Debido a dicha conceptualización dominante, los planificadores y responsables de diseñar políticas históricamente han considerado la agricultura urbana como una medida provisional para mantener un lugar en actividad hasta que se puedan desarrollar usos mejores y óptimos. Sin embargo, los académicos señalan que las granjas urbanas pueden producir muchos efectos secundarios positivos relacionados con la salud pública y el bienestar de la comunidad, y que resulta difícil monetizar dichos beneficios (Schmelzkopf 1995). Las valuaciones de cambio tradicionales relacionadas con el suelo casi nunca reflejan los aportes que realizan las huertas comunitarias a la educación sobre alimentación saludable y al bienestar físico de los residentes. Esta desconexión entre el valor social y los valores de mercado ha sido el impulso para intervenciones tanto públicas como privadas.

En general, los gobiernos municipales responden comprando parcelas de terrenos agrícolas urbanos, aislándolas así de las fuerzas especulativas del mercado y evitando su inclusión en los registros tributarios. Aunque este abordaje del sector público ha sido sumamente importante, a veces no logra otorgar una seguridad a largo plazo, especialmente cuando los cambios administrativos en los gobiernos municipales dan como resultado modificaciones en las prioridades y estrategias, tal como ocurrió en 1999 cuando el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, propuso subastar 850 huertas comunitarias de toda la ciudad. Por lo tanto, los investigadores se han enfocado en la necesidad de buscar estrategias alternativas que puedan complementar las medidas llevadas a cabo por el sector público a fin de apoyar la seguridad del suelo para la agricultura urbana.

————————

Recuadro 1: Encuesta 2012 de CLT en los Estados Unidos de América

En el otoño de 2012, la Red Nacional de Fideicomisos de Suelo Comunitarios (NCLTN), junto con el Lincoln Institute of Land Policy, encargó realizar un estudio de proyectos comerciales y agrícolas urbanos llevados a cabo por CLT en los EE.UU. (Rosenberg y Yuen 2012). Mediante este estudio, se analizó el papel que representan los CLT al implementar proyectos no residenciales y se evaluaron los beneficios y desafíos derivados de dichos proyectos. Los investigadores distribuyeron una encuesta por Internet a las 224 organizaciones que aparecen en la base de datos de la NCLTN: 56 CLT (25 por ciento) respondieron el cuestionario y 37 CLT informaron que se dedicaban a actividades agrícolas. Se seleccionaron 12 CLT para recopilar información más detallada, lo cual mostró una variedad de proyectos con diferentes niveles de éxito en distintos lugares. Para levantar los datos se utilizó un enfoque de estudio de casos, mediante la recopilación de documentos organizacionales y fuentes secundarias, así como también entrevistas al personal de las CLT. El documento de trabajo definitivo tiene su sustento en otro recurso conformado por un listado de proyectos que resalta los proyectos y organizaciones involucradas en el estudio (Yuen y Rosenberg 2012).

En el presente artículo tomamos en cuenta dicha investigación a fin de analizar los beneficios, desafíos y consideraciones derivadas de las actividades agrícolas urbanas llevadas a cabo por las CLT. Además, se examina de qué manera dichas intervenciones son capaces de apoyar las actividades integrales de desarrollo comunitario, particularmente en las ciudades tradicionales.

————————

Los CLT como marco para la agricultura urbana

Un CLT es una sociedad anónima comunitaria sin fines de lucro cuyos miembros provienen del mismo lugar, posee un directorio elegido democráticamente y tiene un compromiso con fines benéficos basado en el uso y la administración del suelo a favor de la población local. Los CLT, por lo general, conservan la propiedad permanente del suelo y lo arriendan a personas u organizaciones que tienen la propiedad sobre las mejoras del suelo, tales como viviendas, edificios comerciales e instalaciones agrícolas o recreativas. El modelo del CLT ofrece una forma de conservar la propiedad del suelo administrada por y para la comunidad, por lo que el mejor u óptimo uso de la propiedad puede permanecer definido y controlado por la comunidad y puede adaptarse a las condiciones cambiantes.

Aunque en las últimas décadas los CLT se han enfocado en el desarrollo y la administración de viviendas accesibles económicamente, el movimiento se originó en respuesta a ciertos problemas relacionados con los terrenos con fines agrícolas en el área rural de Georgia durante la década de 1960. Otras influencias aun anteriores son los kibutz en Israel, los barrios Gramdan en la India y las ciudades jardín de Ebenezer Howard (Davis 2010). La solidez del modelo del CLT se fundamenta en su capacidad de equilibrar el control del suelo a nivel local y el desarrollo administrado a largo plazo que trata las necesidades de la comunidad siempre cambiantes. Así, los CLT se encuentran en la mejor posición para abordar diferentes usos del suelo mediante estrategias de desarrollo integrales. Las ciudades tradicionales son, tal vez, las más aptas para la participación de un CLT, ya que la disponibilidad generalizada de suelo vacante ha dado como resultado un floreciente movimiento agrícola urbano, aunque el énfasis sea menor respecto a la seguridad del suelo a largo plazo.

Nuestra investigación encontró que los CLT había dado apoyo a los proyectos de agricultura urbana de tres formas diferentes: garantizando el acceso al suelo para fines agrícolas, proporcionando apoyo programático y participando directamente en la producción de alimentos.

Cómo garantizar el acceso al suelo para fines agrícolas

Las competencias fundamentales de los CLT se prestan mejor a la tarea de acceder a espacios con fines agrícolas. Una de las misiones centrales de los CLT es garantizar el acceso al suelo para oportunidades de desarrollo comunitario. Con el fin de llevar a cabo esta tarea, los CLT han utilizado diversos tipos de posesión del suelo, tales como la propiedad en pleno dominio, el arrendamiento de terrenos, las servidumbres y las restricciones en los títulos de propiedad (tabla 1). Estos tipos de acuerdo no se excluyen mutuamente: las organizaciones pueden emplear diferentes técnicas con el fin de garantizar el acceso al suelo tanto dentro de un mismo proyecto agrícola como para diferentes proyectos.

Propiedad en pleno dominio

La propiedad en pleno dominio permite al CLT conservar la mayor cantidad de derechos de propiedad y brinda un alto nivel de seguridad en cuanto al suelo, siempre que cumpla con todos los pagos de hipotecas y obligaciones fiscales. Por ejemplo, Dudley Neighbors Incorporated (DNI), un CLT de Roxbury, Massachusetts, llevó a cabo el redesarrollo de un sitio contaminado donde anteriormente funcionaba un taller mecánico de automóviles para transformarlo en el vivero Dudley de 930 metros cuadrados, que funciona como una granja comercial y, a la vez, como un espacio de cultivo comunitario. DNI obtuvo la seguridad del terreno mediante la propiedad en pleno dominio, y arrienda la estructura del vivero a una tasa nominal a una entidad alimentaria sin fines de lucro que administra la totalidad de la programación y el mantenimiento agrícola. Harry Smith, director de sustentabilidad y desarrollo económico de DNI, señala: “El cultivo de alimentos es algo totalmente diferente, por lo que no intentamos encargarnos de esa tarea”.

Arrendamiento del terreno

Aunque la propiedad en pleno dominio es una herramienta simple y con un nivel de seguridad alto, por lo general resulta demasiado costosa para que los CLT puedan comprar suelo urbano directamente para la producción de alimentos. En vista de este desafío, algunos CLT han utilizado el arrendamiento de terrenos para tener acceso al suelo con fines agrícolas. Por ejemplo, el CLT de Southside (SCLT) posee un contrato de alquiler por 10 años con el estado de Rhode Island sobre una granja de 8 hectáreas en Cranston. A su vez, el CLT de Southside administra la granja en calidad de arrendatario principal y subarrienda lotes a siete granjeros noveles a tasas nominales. Debido a que el arriendo del terreno es accesible y seguro, se generan oportunidades para que los jóvenes granjeros puedan comenzar sus incipientes negocios y participar en el sistema de producción de alimentos local. Un contrato de arrendamiento de terrenos sólido que presente rigurosos estándares de rendimiento y condiciones de renovación puede proporcionar una seguridad igual o mayor que una propiedad en pleno dominio. No obstante, los arrendamientos de terrenos a largo plazo pueden resultar difíciles de elaborar e implementar, especialmente cuando la entidad que posee el título de propiedad tiene la intención de establecer una flexibilidad a largo plazo.

Servidumbres de conservación

Los CLT también garantizan el acceso al suelo mediante servidumbres de conservación o restricciones voluntarias que limitan de forma permanente el uso que se puede dar al suelo. Por lo general, el CLT posee una servidumbre donada por un propietario particular. Este propietario particular conserva el título de propiedad y hasta puede vender los terrenos a un tercero sin comprometer la seguridad del suelo, ya que la servidumbre de conservación garantiza el acceso a largo plazo al espacio con fines agrícolas. Las servidumbres también pueden reducir la carga administrativa del propietario, ya que el receptor de la servidumbre por lo general brinda servicios de administración del suelo como parte del intercambio. Esta estrategia puede beneficiar económicamente a los propietarios, quienes reciben beneficios fiscales tanto a nivel federal como municipal por donar servidumbres de conservación. Aunque las servidumbres pueden efectivamente garantizar el acceso al espacio con fines agrícolas, el costo legal puede llegar a ser muy alto, especialmente en lo que respecta a las parcelas más pequeñas.

Restricciones en el tÍtulo de propiedad

Las restricciones en el título de propiedad pueden limitar efectivamente los usos del suelo y, por lo general, están relacionadas con fuentes de financiamiento específicas. Aunque una restricción en el título de propiedad puede garantizar que el suelo se reserve para un uso específico, no necesariamente ofrece al granjero o agricultor particular una posesión segura. Además, las restricciones en el título de propiedad son efectivas sólo cuando todas las partes y agentes externos deciden poner en vigencia el contrato. Cada uno de los diferentes acuerdos de posesión del suelo posee ventajas y desventajas relativas, por lo que la mejor manera de utilizarlos es en el contexto de un proyecto específico. Por ejemplo, en Wisconsin, el CLT del área de Madison tuvo que otorgar una restricción en el título de propiedad a la ciudad de Madison como condición para recibir fondos destinados al desarrollo de uso mixto Troy Gardens. La restricción en el título de propiedad se estableció sobre una parte del terreno para limitar su uso a los proyectos agrícolas y de conservación. Sin embargo, si el CLT no cumpliera con los términos de la restricción en el título de propiedad, esto desencadenaría la inmediata devolución de la totalidad del subsidio otorgado por la ciudad.

Apoyo mediante programas

Debido a que la tarea de garantizar el acceso al suelo con fines agrícolas puede presentar muchos desafíos, tal vez no sea el emprendimiento adecuado para cualquier organización o comunidad. Algunos CLT han apoyado las tareas agrícolas urbanas de otras maneras, tales como la gestión de programas, la asistencia técnica y otros servicios de índole agrícola. Por ejemplo, en Georgia, el Athens Land Trust es un fideicomiso de suelo con una doble misión —viviendas y espacio abierto— que se ha involucrado en la agricultura urbana exclusivamente a través de un programa de apoyo. El Athens Land Trust decidió aceptar este rol debido a los altos costos de propiedad asociados a las políticas sobre el impuesto a la propiedad vigentes en Georgia, según las cuales el suelo de un CLT se valúa al valor de mercado sin restricciones. El Athens Land Trust se asocia con propietarios del sector público y privado a fin de proporcionar apoyo para proyectos agrícolas a nivel local. Por ejemplo, el personal del Athens Land Trust trabajó junto con la congregación de la iglesia bautista Hill Chapel a fin de diseñar una huerta comunitaria en terrenos de propiedad de la iglesia, y brindó servicios de apoyo tales como prueba y cultivo del suelo, organización del cronograma de trabajo y entrega de materiales sobre plantas y realización de talleres educativos sobre horticultura.

Producción agrícola

Finalmente, algunos CLT han participado en la producción agrícola mediante el cultivo directo y activo del suelo. Por ejemplo, el CLT de Southside administra una granja comercial de 3 kilómetros cuadrados en Providence, Rhode Island, donde se cultivan y venden verduras directamente a los restaurantes de la zona. Muchos CLT también apoyan la producción agrícola de forma indirecta, entregando propiedades residenciales a personas que cultivan productos alimenticios en las huertas de sus patios traseros. De esta manera, sin saberlo, muchos CLT han apoyado la agricultura urbana durante años, simplemente por haber proporcionado un acceso económico y seguro a terrenos cultivables en las ciudades. Algunos grupos, como DNI, diseñan específicamente lotes de propiedad residencial de mayores dimensiones a fin de ofrecer la oportunidad de plantar huertas urbanas en los patios traseros. Harry Smith, de DNI, explica: “A medida que realizábamos nuestra planificación comunitaria, la gente dejó muy claro que quería ver espacios abiertos y que se tuviera en cuenta la calidad de vida de los residentes. Estamos tratando de incorporar [la agricultura] a las propias viviendas”. De esta manera, la producción agrícola del CLT también puede abarcar características innovadoras de diseño, tales como huertas, agroforestería y otros conceptos derivados de la permacultura que se incorporan de manera intencional y sistemática en el plan de desarrollo.

Beneficios de la agricultura urbana sustentada por los CLT

En última instancia, según nuestro estudio, se han observado beneficios mutuos entre la agricultura urbana y los CLT. Las granjas urbanas aumentan el valor de los CLT, ya que ayudan a las organizaciones a expandir su visión de desarrollo hacia necesidades y prioridades más integrales de los barrios. Todas las comunidades tienen diferentes necesidades además de la necesidad de viviendas accesibles, por lo que los proyectos agrícolas pueden generar conexiones a otros problemas clave, como la seguridad en el abastecimiento de alimentos, la educación en temas de salud, la recuperación de terrenos vacantes y la seguridad de los barrios. Los proyectos agrícolas, además, pueden considerarse atracciones del barrio, lo que puede aumentar la demanda de propiedades o viviendas de CLT de los alrededores en el mercado convencional. Por ejemplo, Church Community Housing Corporation (CCHC) desarrolló el proyecto de granjas de Sandywoods en Tiverton, Rhode Island, que incluye diferentes tipos de programas de viviendas, agricultura y artísticos. Al principio, CCHC comercializó el desarrollo solamente como una comunidad artística, pero los posibles residentes expresaron un fuerte interés en las huertas comunitarias y en la preservación de terrenos agrícolas. En consecuencia, CCHC renombró el proyecto como un desarrollo “artístico y agrícola”. Brigid Ryan, gerente principal de proyectos de CCHC, explica: “La agricultura ha despegado mucho más de lo que hubiéramos pensado. La huerta realmente atrae a algunas personas [a las unidades de vivienda para arrendar]. Nunca pensaron que sus hijos serían capaces de cultivar sus propios alimentos”.

En el vivero Dudley de DNI también se observaron conexiones beneficiosas entre la agricultura y la vivienda. Harry Smith, de DNI, señala: “El proyecto realmente ayuda a la comercialización de nuestras viviendas. Las personas no sólo obtienen una vivienda sino también una comunidad que está basada en alimentos frescos cultivados en el lugar”.

Desafíos de la agricultura urbana sustentada por los CLT

A pesar de los beneficios, los CLT que implementan proyectos agrícolas todavía enfrentan muchos desafíos. En particular, la rentabilidad económica continúa siendo una de las principales luchas en todo el sector de la agricultura urbana, ya que los ingresos generados por las ventas de productos son relativamente modestos, aun en los establecimientos comerciales. El CLT de Southside cubre solamente el 8 por ciento de sus gastos operativos a través de la venta comercial de sus productos a restaurantes locales. Gracias a otras fuentes de ingresos, tales como las cuotas de membresía y las ventas de plantines, los ingresos del CLT sólo llegan a cubrir el 20 por ciento de sus gastos. Los CLT siguen dependiendo en gran manera de los subsidios para poder compensar la diferencia entre costos y beneficios.

Un segundo posible desafío tiene que ver con que algunos proyectos requieren un alto nivel de conocimientos agrícolas, por lo que pueden poner a prueba la capacidad y la experiencia del personal del CLT. Incluso Athens Land Trust, que posee un personal con experiencia en la preservación de suelos agrícolas y técnicas de cultivo, reconoció las dificultades que tuvo al principio para aprender los detalles específicos derivados de los códigos de zonificación municipal relacionados con la agricultura comercial. Como resultado, algunos proyectos principales del CLT tuvieron que demorarse hasta que se encontraran soluciones de zonificación que funcionaran. El riesgo es aun mayor para aquellos proyectos agrícolas comerciales que requieren un gran nivel de comprensión de los sistemas de procesamiento y distribución y de las condiciones del mercado local. Por ejemplo, en la granja Sandywoods, CCHC había planificado inicialmente utilizar el suelo de cultivo preservado para la alimentación del ganado. Sin embargo, finalmente se enteraron de que el único matadero de ganado de Rhode Island había cerrado. El matadero más cercano se encontraba cruzando la frontera, en Massachusetts, por lo que el procesamiento de carne resultaba demasiado costoso. Brigid Ryan, gerente principal de proyectos de CCHC, señala: “Cuando uno debe aprender acerca de estos sectores especializados, resulta muy importante conseguir socios que sepan de lo que están hablando”. Debido a los desafíos y posibles inconvenientes, los CLT deben considerar las siguientes cuestiones a fin de mejorar la factibilidad y sustentabilidad de los proyectos agrícolas.

Participación de la comunidad

En su calidad de organización basada en la comunidad, el impulso de un CLT debería estar determinado siempre por las necesidades y preocupaciones del barrio. No obstante, resulta particularmente vital que existan sólidos procesos de planificación comunitaria para que la agricultura urbana sea exitosa, y en estas planificaciones los CLT por lo general dependen de los residentes y socios locales para llevar a cabo la producción agrícola. Harry Smith, de DNI, hace hincapié en este punto: “Diría que el trabajo de un CLT no consiste sólo en administrar las propiedades y obtener más terrenos para el fideicomiso, sino también en involucrar realmente a la comunidad en lo que esta desea además de la vivienda, ya sean emprendimientos comerciales, un vivero o terrenos de cultivo”. Además, la participación de un CLT en proyectos agrícolas puede catalizar mayores medidas de organización de la comunidad y ayudar a los residentes a hacer presión para exigir más políticas públicas de apoyo.

Evaluación de la organización

Los CLT pueden apoyar los proyectos no residenciales de diferentes maneras, y las organizaciones deberían evaluar sistemáticamente sus capacidades internas, así como también a las partes interesadas que podrían llegar a ser posibles socios en los proyectos. De esta manera, los CLT pueden generar colaboraciones complementarias y desarrollar aún más los activos y capacidades existentes en la comunidad. Si el CLT carece de experiencia en temas de cultivo, bien puede apoyar la agricultura urbana en otras formas a fin de alinearse en mayor medida con los socios locales, por ejemplo, garantizando el acceso al suelo, ayudando a desarrollar los códigos de zonificación agrícola urbana o actuando en calidad de agente fiscal en lo relacionado con los subsidios.

Gestión de riesgos

Los CLT deberían minimizar su riesgo económico en los proyectos agrícolas, especialmente en vista de los modestos ingresos y la futura incertidumbre en cuanto a la obtención de subsidios para la producción de alimentos. En respuesta a esto, algunos CLT concentran desde un inicio los gastos previstos de capital relacionados con los proyectos agrícolas. De manera similar, los CLT pueden gestionar la exposición al riesgo evitando el financiamiento de la deuda de los proyectos agrícolas. Varios CLT consideran que cubrir el servicio de deuda representa un desafío demasiado grande debido a los modestos ingresos derivados de la venta de productos y a las tasas de arrendamiento nominales que los CLT en general cobran por los terrenos agrícolas. Por ejemplo, DNI logró adquirir terrenos y construir el vivero Dudley sin incurrir en una deuda a largo plazo, a la vez que su condición de entidad exenta del impuesto municipal a la propiedad le permitió tener costos de posesión mínimos. La estructura financiera de bajo riesgo que se generó a raíz de esto resultó muy importante cuando DNI no pudo conseguir a su primer arrendatario del vivero. Aunque con posterioridad el vivero estuvo vacante durante aproximadamente cinco años, DNI fue capaz de absorber la pérdida derivada de este inesperado período en que la propiedad estuvo vacante.

Conclusión

Aunque el movimiento de agricultura urbana ha experimentado un gran impulso en los últimos años, aún necesita estrategias coherentes a largo plazo para proteger los espacios de cultivo de las fuerzas especulativas del mercado. La relación fundamental entre el suelo y la comunidad está en juego. Dentro del movimiento de agricultura urbana, la inseguridad en cuanto al suelo resalta la urgente necesidad de reconceptualizar requerimientos de las comunidades tanto presentes como futuras. Además, la noción del “mayor y mejor uso” debe ampliarse con objeto de incluir los resultados no económicos y las diferentes formas de participación comunitaria efectiva. Los CLT son entidades ideales para tratar estos problemas críticos y, al hacerlo, pueden lograr que los procesos de desarrollo económico sean más inclusivos, justos y capaces de responder a las condiciones locales siempre cambiantes.

Sobre el autor

Jeffrey Yuen, M.S., es un investigador, profesional y entusiasta en temas relacionados con los CLT y es miembro del directorio del Fideicomiso de Suelo Comunitario de Essex. Se desempeña como gerente de evaluación de impactos en New Jersey Community Capital, en New Brunswick, Nueva Jersey.

Recursos

ACGA (American Community Gardening Association). 1998. National Community Gardening Survey: 1996. http://www.communitygarden.org/docs/learn/cgsurvey96part1.pdf

Bellows, A., K. Brown y J. Smit. 2004. “Health Benefits of Urban Agriculture.” Community Food Security Coalition’s North American Initiative on Urban Agriculture. http://community-wealth.org/content/health-benefits-urban-agriculture

Brown, K., M. Bailkey, A. Meares-Cohen, J. Nasr y P. Mann (editores). 2002. “Urban Agriculture and Community Food Security in the United States: Farming from the City Center to the Urban Fringe.” Urban Agriculture Committee of the Community Food Security Coalition.

Davis, J. E. 2010. “Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United States.” En The Community Land Trust Reader, editado por J. E. Davis, 3–47. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Kaufman, J. y M. Bailkey. 2000. “Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States.” Documento de trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Lawson, L. 2004. “The Planner in the Garden: A Historical View of the Relationship of Planning to Community Garden Programs.” Journal of Planning History 3(2): 151–176.

Mougeot, L. 2000. “Urban Agriculture: Definition, Presence, Potentials and Risks.” En Growing Cities, Growing Food, Urban Agriculture on the Policy Agenda, editado por N. Bakker, M. Dubbeling, S. Guendel, U. Sabel Koschella y H. de Zeeuw. DSE, Feldafing.

Rosenberg, G. y J. Yuen. 2012. “Beyond Housing: Urban Agriculture and Commercial Development by Community Land Trusts.” Documento de trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Schmelzkopf, K. 1995. “Urban Community Gardens as Contested Space.” Geographical Review 85(3): 364–381.

Smit, J., A. Ratta y J. Nasr. 1996. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities. Nueva York: United Nations Development Programme. http://jacsmit.com/book.html

Staeheli, L., D. Mitchell y K. Gibson. 2002. “Conflicting Rights to the City in New York’s Community Gardens.” Geojournal 58(2–3): 197–205.

Yuen, J. 2012. “Hybrid Vigor: An Analysis of Land Tenure Arrangements in Addressing Land Security for Urban Community Gardens.” Masters’ Thesis, Columbia University. http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:147036

Yuen, J. y G. Rosenberg. 2012. National Community Land Trust Network. Non-Residential Project Directory. National Community Land Trust Network. http://www.cltnetwork.org/doc_library/FINAL%20Non-residential%20project%20directory%204-26-13.pdf