SHARE
Jim Levitt focuses his work on conservation innovation—present-day and historic innovations that protect land and biodiversity. He has a particular interest in the role that innovations in conservation finance play in advancing the work of professional and volunteer conservation practitioners.
In addition to his responsibilities as coordinator of the Lincoln Institute’s annual Conservation Leadership Dialogue meetings, Levitt directs the Program on Conservation Innovation at The Harvard Forest, Harvard University, and is a research fellow at the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at Harvard’s Kennedy School of Government. He is the editor of From Walden to Wall Street: Frontiers of Conservation Finance (Island Press/Lincoln Institute of Land Policy, 2005) and Conservation in the Internet Age: Threats and Opportunities (Island Press, 2002).
SHARE
Las ciudades contribuyen al cambio climático mundial pero, a la vez, son víctimas de dicho cambio. Es bien sabido que, en particular, las ciudades asentadas sobre deltas son extremadamente vulnerables, debido a que están localizadas donde las agresiones a los sistemas naturales coinciden con una intensa actividad humana.
Ciertos efectos del cambio climático pueden afectar a las ciudades asentadas sobre deltas, tales como el aumento de los niveles del mar; los daños en la infraestructura debidos a condiciones climáticas extremas; las implicaciones en la salud pública causadas por la elevación de las temperaturas promedio; alteración en los patrones de consumo de energía; agresiones a los recursos de agua; impacto en el turismo y el patrimonio cultural; reducción de la biodiversidad urbana; y efectos secundarios en la contaminación del aire (IPCC 2007). El cambio climático puede, además, afectar a los bienes físicos que se utilizan en la producción económica y los servicios, así como también a los costos de la materia prima y los insumos, los cuales, a su vez, afectan a la competitividad, el rendimiento económico y los patrones de empleo.
El significativo crecimiento económico de China a partir del período de reforma del país que comenzó en 1978 ha provocado la concentración de una gran parte de la población y de la riqueza a lo largo de la costa, en particular en tres regiones de megaciudades: el delta del río Perla, el delta del río Yangtze y la región de la capital. Aunque las posibles implicaciones del cambio climático representan un desafío para las comunidades costeras en todo el mundo, la mencionada concentración geográfica de población y actividad económica parece desproporcionada en China.
Entre las regiones costeras y de deltas de China, el delta del río Perla (DRP), en la provincia de G uangdong, es un importante centro económico que abarca las ciudades de Guangzhou y Shenzhen y siete municipios a nivel de prefectura. Junto con Hong Kong y M acao, los alrededores del DRP conforman una de las principales regiones de megaciudades del mundo, aunque su geografía los torna altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. El desarrollo económico y urbano sin precedentes, así como los grandes cambios producidos en la utilización del suelo y la cubierta del suelo que han acompañado dicho desarrollo en las últimas tres décadas, han provocado grandes emisiones de CO2, lo cual ha redundado en la elevación de las temperaturas y de condiciones climáticas más intensas y extremas (Tracy, Trumbull y Loh 2006). Debido a la importancia de esta región tanto para China como para la economía mundial, estudiaremos con más detenimiento la forma en que el DRP contribuye al cambio climático y los riesgos que este cambio conlleva.
Industrialización y urbanización
A partir del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen y Zhuhai en 1980, el DRP fue una de las primeras regiones chinas en comenzar a liberalizar su economía. Sus ventajas institucionales, junto con su proximidad con respecto a Hong Kong y Macao, convirtieron al DRP en la región de más rápido crecimiento del mundo durante las últimas tres décadas. Desde 1979 hasta 2008 el PIB del DRP creció un 15,6 por ciento anual en precios constantes, superando así tanto la tasa nacional del 9,77 por ciento como la tasa provincial de 13,8 por ciento.
Como resultado, el aporte del delta a la participación en el PIB de China se elevó del 2,8 por ciento en 1979 al 9,5 por ciento en 2008. En términos de inversiones fijas totales, inversiones directas del exterior, exportaciones y consumo de energía, el DRP se convirtió en una de las regiones económicas más importantes y dinámicas de China durante este período (ver figura 1).
Este rápido desarrollo fue el resultado del doble proceso de industrialización y urbanización. Las industrias secundaria y terciaria de la región han crecido con rapidez, a la vez que la industria primaria ha disminuido gradualmente en su importancia económica relativa, ya que su aporte al PIB se redujo del 26,9 por ciento en 1979 al 2,4 por ciento en 2008, mientras que el sector terciario de servicios creció del 27,9 por ciento al 47,3 por ciento.
Durante ese mismo período, la población aumentó de 17,97 a 47,71 millones de residentes, alcanzando una tasa de urbanización del 82,2 por ciento en 2008. En términos de utilización del suelo, las áreas destinadas a uso industrial, residencial y comercial crecieron un 8,47 por ciento anual, es decir, de 1.068,70 km2 en 1979 a 4.617,16 km2 en 2008 (ver figura 2).
Cambio climático
Dados estos cambios radicales en la utilización del suelo y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, no es de sorprender que el DRP haya experimentado cambios climáticos regionales evidentes. La Administración Meteorológica de G uangdong (2007) informó que el promedio del aumento de temperatura en la provincia de Guangdong en las últimas cinco décadas ha sido de 0,21°C cada 10 años, en forma similar a la tasa de calentamiento de China a nivel nacional. La región costera de Guangdong, en particular el DRP, que se encuentra altamente urbanizado, experimentó aumentos aún mayores en la temperatura, a promedio de 0,3ºC cada 10 años. Las ciudades de Shenzhen, Dongguan, Zhongshan y Foshan han sufrido un calentamiento de más de 0,4°C cada 10 años.
Después de compilar los datos de 21 estaciones meteorológicas en la región del DRP, calculamoslas temperaturas promedio anuales y estacionales durante el período 1971–2008 y posteriormente las comparamos con las temperaturas anuales en Guangdong. Nuestra investigación reveló que el DRP había experimentado un calentamiento significativo y que había tenido temperaturas más elevadas que el total de la provincia de G uangdong durante el período observado. Desde la década de 1970, el DRP ha sufrido un aumento de la temperatura promedio de aproximadamente 1,19ºC, con lo que ha alcanzado los 22,89ºC en la última década. Desde 1994, las temperaturas promedio anuales se mantuvieron por encima de la temperatura promedio de la región en 30 años de 22,1ºC (ver figura 3).
Los aumentos de temperatura más significativos se dieron en invierno y otoño, arrojando un promedio de 24,1ºC en otoño y de 15,2ºC en invierno entre 1994 y 2007. Dichas temperaturas son significativamente más altas que los promedios de 40 años de 23,5°C y 14,6°C, respectivamente. Aunque no resulten tan significativas, las temperaturas promedio en primavera y verano en el DRP durante el período 1997-2007 también fueron más altas que sus temperaturas promedio de 40 años de 22ºC y 28,2ºC, respectivamente. Este fenómeno de calentamiento regional también puede observarse, a menor escala, en G uangzhou, una populosa y típica metrópolis del DRP, en donde las temperaturas promedio aumentaron a la par que las de los alrededores de la región del delta.
A medida que el clima del DRP se fue calentando con más rapidez que en el resto de la provincia, el elevado ritmo de industrialización y urbanización ha generado una enorme demanda de energía por parte de las industrias manufactureras, el sistema de transporte y los consumidores residenciales, lo que ha dado como resultado mayores emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que están contribuyendo al cambio climático mundial. La concentración cada vez mayor de gases de efecto invernadero, tanto a nivel regional como mundial, representa una gran fuente latente de calentamiento y otros cambios en el futuro.
Efectos del cambio climático
Debido a su geografía costera y a su densidad de población, Guangdong se cuenta entre las provincias litorales más vulnerables de China en cuanto al tipo de catástrofes meteorológicas, cuyo aumento se espera a causa del calentamiento global. En el año 2008, Guangdong sufrió pérdidas económicas directas de 15,43 mil millones de yuanes y 73 muertes, lo que representa el 75 por ciento y el 48 por ciento de los totales nacionales, respectivamente, así como también la pérdida de 602 km de tierras a raíz de la erosión costera (ver tabla 1). Debido a que el nivel del mar en la provinciaaumentó 75 mm durante el período 1975-1993, la predicción de la Administración Meteorológica de China (2009b) de que los niveles del mar crecerán unos 78-150 mm más entre 2008 y 2038 representauna grave amenaza a la infraestructura y a lascomunidades costeras del DRP.
Guangdong ha sufrido desde hace tiempo los efectos de peligros marinos tales como lluvias torrenciales, ciclones y marejadas de tempestad que han provocado la muerte de cientos de personas, han causado graves daños en la infraestructura de viviendas y transporte y han afectado a las actividades agrícolas de la provincia. En la década de 1950, la superficie agrícola promedio anual que se vio afectada por los peligros marinos fue de alrededor de 200.000 ha; posteriormente, en la década de 1960 se incrementó a 440.000 ha y, en la década de 1970, 500.000 ha, antes de alcanzar la cifra de 1.411.000 ha en la década de 1990.
Además de una mayor frecuencia de tormentas extremas, las sequías también han ido aumentando en el DRP. En la década de 1950, la superficie agrícola promedio afectada por la sequía en Guangdong fue de 104.000 ha, superficie que ha crecido sostenidamente hasta alcanzar 201.500 ha en la década de 1980; 282.500 ha en la década de 1990; y 426.400 ha en la década de 2000. Debido al aumento esperado en la frecuencia de condiciones climáticas extremas, así como también a los aumentos de temperatura y del nivel del mar, se prevé que las actividades agrícolas y de maricultura en el DRP serán cada vez más vulnerables al cambio climático.
Las ciudades ubicadas en el DRP son particularmente susceptibles a las catástrofes naturales y al cambio climático, ya que concentran infraestructura, actividades no agrícolas y población, lo que afecta gravemente a las actividades económicas y la vida diaria. En la región se producen con frecuencia temporales de lluvia y tifones que, por lo general, causan daños muy graves y enormes pérdidas económicas. A modo de ejemplo, durante el período 2000-2007, los temporales de lluvia y los tifones en Shenzhen causaron pérdidas económicas directas acumuladas de 525 millones y 227 millones de yuanes, respectivamente, lo que representa aproximadamente el 63 por ciento y el 33 por ciento de las pérdidas económicas directas totales asociadas con todos los peligros meteorológicos en la ciudad (ver figura 4).
Los peligros meteorológicos también provocan efectos negativos en las instalaciones, infraestructuras y sistemas de transporte. Los temporales de lluvia y los tifones suponen desafíos en relación con los sistemas de alcantarillado urbano y los centros de control de inundaciones, a la vez que los períodos prolongados de temperaturas altas o bajas ejercen una presión en la infraestructura urbana de abastecimiento de energía.
En mayo de 2009, se registró en Shenzhen un temporal de lluvia sin precedentes, durante el cual algunas partes de la ciudad recibieron una precipitación diaria de más de 208 mm. La tormenta inundó 40 áreas de la ciudad y dejó 11 áreas debajo de al menos 1 metro de agua. Dos años antes, en abril de 2007, los temporales de lluvia provocaron el desbordamiento del río Qinghuhe en Shenzhen, y la inundación dañó diques y derribó cables de alta tensión. En el otro extremo del espectro, en julio de 2004, Guangzhou sufrió una prolongada ola de calor que generó una enorme demanda de electricidad. El uso de energía eléctrica llegó a los 8,45 millones de kilovatios, lo que obligó a muchas empresas a detener la producción con el fin de ahorrar energía.
El transporte es un elemento esencial para la actividad urbana y la producción económica. Debido a que Shenzhen y Guangzhou son dos de los principales centros poblacionales y económicos de China, tienen una importancia especial como nudos de transporte nacional, por lo que cualquier interrupción originada por condiciones meteorológicas extremas, tales como temporales de lluvia, tifones e inundaciones, puede llegar a causar efectos de largo alcance en todo el país.
Cuando la tormenta tropical Fengshen azotó a Shenzhen el 24 de junio de 2008, el puerto marítimo de la ciudad, Yantian, debió cerrarse y cientos de barcos quedaron varados en el puerto, hecho que provocó grandes pérdidas económicas. Durante el año 2008, cuatro tormentas tropicales y un temporal de lluvia causaron la cancelación de 249 vuelos y el retraso de otros 386 vuelos en el aeropuerto internacional de Shenzhen, lo que dejó varados a más de 20 mil pasajeros. En 2009, tres fenómenos meteorológicos de grandes proporciones causaron la cancelación de 176 vuelos y el retraso de 326 vuelos, mientras que 4.151 buques se vieron obligados a refugiarse en el puerto de Yantian. A medida que los viajeros chinos se vayan enriqueciendo y los viajes aéreos aumenten su frecuencia, la vulnerabilidad de estas ciudades ante los efectos negativos de condiciones meteorológicas graves también aumentará.
Efectos negativos del aumento del nivel del mar
La Administración M eteorológica de China (2009b) identificó al DRP como una de las áreas del país que corre el mayor riesgo de sufrir aumentos del nivel del mar, debido a que posee una media de nivel del mar baja. Según estudios anteriores, los niveles del mar en el DRP están creciendo y seguirán haciéndolo en un futuro previsible. Se registraron cambios del nivel del mar en tres medidores de mareas (Hong Kong, Zha Po y Shan Tou) durante el período 1958-2001. Hong Kong registró un aumento del nivel del mar de 0,24 cm por año durante dicho período, mientras que Zha Po y Shan Tou registraron aumentos del nivel del mar de 0,21 cm y 0,13 cm por año, respectivamente. Según los registros de mareas obtenidos por seis medidores diferentes en el estuario del río Perla, los niveles del mar han crecido a una tasa acelerada en los últimos 40 años.
En vista del derretimiento de los glaciares a nivel mundial debido al cambio climático, se prevé que los recientes aumentos en el nivel del mar continúen produciéndose e, incluso, acelerándose. Li y Zeng (1998) ofrecieron tres pronósticos sobre al aumento del nivel del mar en el DRP: 100 cm (alto), 65 cm (medio) y 35 cm (bajo) para el año 2010. Estos pronósticos se han reflejado en similares proyecciones realizadas por la Academia de Ciencias de China (1994), que indican que los niveles del mar en el DRP podrían crecer entre 40 cm y 60 cm para el año 2050.
La geografía física y el desarrollo urbano del delta lo vuelven extremadamente vulnerable a los efectos del aumento del nivel del mar y es probable que muchas áreas bajas se inunden (Yang 1996). Según los cálculos del Servicio Nacional de Datos e Información Marina de China, un aumento de 30 cm en el nivel del mar podría inundar una superficie de 1.154 km2 de costa e islas en marea alta, por lo que G uangzhou, el condado de Doumen y Foshan son los que corren riesgos particularmente altos (Administración Meteorológica de Guangdong 2007).
Las inundaciones costeras y del río en el DRP se encuentran influenciadas por varios factores: lluvias torrenciales, mareas altas, vientos fuertes, tifones y marejadas de tempestad. En ciertas partes del estuario del río Perla es bien conocida la combinación de factores meteorológicos y de mareas que genera un aumento en los niveles de agua de más de tres metros durante los ciclos de marea alta (Tracy, Trumbull y Loh 2006). De acuerdo con Huang, Zong y Zhang (2004), actualmente el rango máximo de mareas aumenta a medida que recorremos el estuario hacia el norte: desde un nivel bajo de 2,34 metros cerca de Hong Kong hasta 3,31metros en Zhewan, antes de alcanzar los 3,35 metros en Nansha.
El crecimiento de los niveles del mar podría magnificar el efecto de las marejadas de tempestad, que de por sí pueden ser muy graves cuando coinciden los factores meteorológicos y de mareas. Mediante el análisis de registros de 54 medidores de mareas en todo el DRP, Huang, Zong y Zhang (2004) generaron predicciones para el aumento del nivel del agua en diferentes partes del delta según distintos casos posibles de inundación. En el caso de la descarga más baja de agua dulce (2.000 m2/s), las simulaciones realizadas por este equipo mostraron que un aumento de 30 cm en el nivel del mar podría afectar a la parte noroeste de la región de manera más grave y a la mayor parte del área de manera significativa. El equipo de investigadores simuló además el impacto que podría tener un aumento de 30 cm en el nivel del mar sobre la distribución de los daños de una inundación según cuatro casos posibles de descarga de agua dulce: a medida que las inundaciones aumentan en gravedad, aumenta también el tamaño de las superficies afectadas.
Resumen y debate
Las ciudades del delta gozan de ventajas de ubicación que las vuelven atractivas tanto para los residents como para las empresas y, en consecuencia, muchas regiones asentadas sobre el delta se desarrollan y llegan a ser centros económicos vitales en muchos países. No obstante, las ciudades del delta son particularmente vulnerables a los peligros meteorológicos y corren mayores riesgos que las ciudades del interior de sufrir los efectos, tanto actuales como previstos, del cambio climático. El delta del río Perla ha experimentado aumentos significativos tanto en sus niveles del mar como en sus temperaturas; una mayor variación en las lluvias torrenciales; una mayor frecuencia de condiciones meteorológicas extremas; y un aumento de pérdidas debido a los peligros marinos.
De hecho, los peligros meteorológicos más frecuentes, tales como las inundaciones provenientes de tormentas tropicales y lluvias torrenciales, han causado efectos negativos en el DRP: interrupción de la producción agrícola y de maricultura; daños en las defensas costeras y diques; destrucción de viviendas e instalaciones; cierre del transporte; y pérdida de vidas. El aumento del nivel del mar a raíz del calentamiento global representa otra amenaza y otro desafío en muchas partes de la región. El impacto acumulado de estos fenómenos meteorológicos y climáticos interrelacionados ha aumentado los costos de desarrollo en el DRP de manera significativa. Afortunadamente, los gobiernos provinciales y municipales se han dado cuenta de la importancia que tiene la mitigación y adaptación climática y están observando las experiencias de otras ciudades del mundo asentadas también sobre deltas, con el fin de obtener enseñanzas valiosas en cuanto a la mejor manera de fortalecer la sustentabilidad y resistencia urbanas.
Sobre los autores
Canfei He es profesor de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales en la Universidad de Pekín y director asociado del Centro para el Desarrollo Urbano y la Política de Suelos de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln. Asimismo, es director asociado del Grupo Especializado en Geografía Económica de la Sociedad Geográfica China. Sus campos de interés de investigación son las empresas multinacionales, la ubicación industrial y el agrupamiento espacial de empresas, y la energía y el medioambiente en China. Sus artículos se publican en varias revistas internacionales.
Lei Yang es estudiante de doctorado en la Facultad de Graduados de Shenzhen de la Universidad de Pekín.
Referencias:
Administración Meteorológica de China. 2009a. China marine hazards report 2008. Beijing.
———. 2009b. China sea level report 2008. Beijing.
Academia de Ciencias de China. 1994. “The impact of sea level rise on economic development of the Pearl River Delta”. En The impacts of sea level rise on China’s delta regions. Beijing: Science Press.
Du, Yao-dong, Li-li Song, Hui-qing Mao, Hai-yan Tang y An-gao Xu. 2004. “Climate warming in Guangdong province and its influences on agriculture and counter measures”. En Journal of Tropical Meteorology 10(2): 150–159.
Administración Meteorológica de Guangdong. 2007. Informe de evaluación sobre el cambio climático en Guangdong. www.gdemo.gov.cn.
He, Canfei, Lei Yang y Guicai Li. 2010. “Urban development and climate change in the Pearl River Delta”. Documento de trabajo. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy.
Huang, Z., Y. Zong y W. Zhang. 2004. “Coastal inundation due to sea level rise in the Pearl River Delta, China”. Natural Hazards 33: 247–264.
IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático). 2007. “Climate change 2007: Impacts, adaptation, and vulnerability”. Aporte del grupo de trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
Li, P. y Z. Zeng. 1998. “On the climatic and environmental changes in the Pearl River Delta during the last 500 years”. En Quaternary Sciences 1: 65–70.
Tracy, A., K. Trumbull y C. Loh. 2006. “The impacts of climate change in Hong Kong and the Pearl River Delta”. Hong Kong: Intercambio cívico.
Wu, Y. y Li, H. 2009. “Meteorological disasters and hazard evaluations in Shenzhen since 2000”. En Guangdong Meteorology. 31(3): 43-45 (en chino).
Yang, H. 1996. “Potential effects of sea-level rise in the Pearl River Delta area: Preliminary study results and a comprehensive adaptation strategy”. En Adapting to climate change: An international perspective, J. N. Smith y otros, editores. Nueva York: Springer-Verlag.
SHARE
Siqi Zheng es profesora asociada del Centro Hang Lung para Bienes Raíces y subdirectora del Departamento de Gestión de Construcciones de la Universidad Tsinghua en Beijing, China. Se especializa en economía urbana y mercado inmobiliario de China, en particular en estructuras espaciales urbanas, ciudades verdes, oferta y demanda de vivienda, dinámica de los precios de vivienda y políticas de vivienda de interés social.
Sus proyectos de investigación innovadores y diversos han sido respaldados por instituciones de investigación internacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático, el Centro de Crecimiento Internacional de la Escuela de Economía de Londres y varios departamentos del gobierno Chino, incluyendo la Fundación Nacional de Ciencias de China, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y la Agencia de Estadísticas Nacionales de China.
La Dra. Zheng recibió su doctorado en economía urbana y economía de bienes raíces de la Universidad Tsinghua y ha realizado investigaciones posdoctorales en economía urbana en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad Harvard. Es fellow de investigación tanto en el Centro de Desarrollo Urbano y Política de Suelo de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln como en el Centro de Desarrollo Industrial y Gobernanza Medioambiental de la Universidad Tsinghua.
La Dra. Zheng es también vicesecretaria general del Congreso Inmobiliario Chino Global. Ha ganado premios como el Homenaje Posdoctoral Homer Hoyt (2010) y el Premio a la Mejor Publicación de la Sociedad Norteamericana de Bienes Raíces (2005). También es miembro de las juntas editoriales de Journal of Housing Economics e International Real Estate Review.
Land Lines: ¿Cómo llegó a asociarse con el Lincoln Institute of Land Policy y sus programas en China?
Siqi Zheng: Tomé conocimiento del Instituto Lincoln cuando realicé mi investigación posdoctoral en la Universidad Harvard en 2005-2006. Me incorporé al Centro de Desarrollo Urbano y Política de Suelo de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln (PLC) como fellow de investigación poco después de que se fundó en 2007. Desde entonces me he involucrado de lleno a las actividades de investigación del PLC, como la realización de proyectos, dirección de proyectos de investigación, revisión de propuestas de investigación y participación en conferencias. Recibí una beca de investigación internacional del Instituto Lincoln en 2008-2009, junto con mis colegas Yuming Fu y Hongyu Liu, para estudiar las oportunidades de vivienda urbana en varias ciudades de China. Ahora lidero el equipo del PLC que realiza investigaciones de relevancia política en temas como el análisis del mercado de vivienda y políticas de vivienda de interés social.
Land Lines: ¿Por qué es tan importante para el futuro de China el estudio de la economía urbana y el mercado de la vivienda?
Siqi Zheng: China está experimentando una rápida urbanización, a una tasa de alrededor del 50 por ciento en 2011, pero se espera que ascienda al 70 por ciento entre los próximos 10 a 20 años. Hasta 1,5 millones de inmigrantes internos se mudan a las ciudades en China todos los años. Este rápido crecimiento urbano ofrece beneficios económicos potencialmente muy grandes, ya que las ciudades ofrecen muchas mejores oportunidades para comerciar, aprender y especializarse en una ocupación que le ofrece al individuo una mayor oportunidad de alcanzar sus metas de vida.
No obstante, la rápida urbanización también impone potencialmente grandes costos sociales, tales como la contaminación y congestión, y la calidad de la vida urbana sufre de la tragedia fundamental de recursos colectivos. La investigación en economía urbana estudia estos temas y trata de encontrar una manera de maximizar las economías de aglomeración y al mismo tiempo minimizar las deseconomías de congestión. Esto es crucial para el futuro de China, porque la urbanización es el motor del crecimiento chino.
El sector de la vivienda es una clave determinante tanto para las dimensiones cuantitativas como cualitativas del crecimiento urbano. Junto con la dimensión cuantitativa, cada habitante de la ciudad necesita un lugar para vivir. La oferta de vivienda tiene influencia importante en el tamaño general de la ciudad y su costo de vida, y por lo tanto el costo de mano de obra. Junto con la dimensión cualitativa, las comunidades urbanas y barrios dinámicos crean interacciones sociales intensas. El efecto secundario de estas actividades reduce el costo de aprendizaje y contribuye a mejorar el capital humano.
Las viviendas para personas de bajos ingresos son un importante problema político en China. La desigualdad económica está creciendo y los precios de las viviendas son muy altos en las principales ciudades de China, de manera que los hogares de bajos ingresos se enfrentan a graves barreras económicas respecto a la adquisición de viviendas. Durante años, el gobierno de China ha ignorado la oferta de viviendas de interés social, pero recientemente ha comenzando a comprender que es crucial contar con políticas bien diseñadas de viviendas para personas de bajos ingresos para generar oportunidades de crecimiento urbano más inclusivas para todos los residentes.
Land Lines: ¿Cómo enfoca usted el estudio de la economía urbana y el mercado de la vivienda en China?
Siqi Zheng: Estoy realizando estudios entre ciudades y dentro de las ciudades sobre la intersección de la economía urbana y la economía medioambiental. A medida que la movilidad de mano de obra entre ciudades aumenta, China se está moviendo hacia un sistema de ciudades abiertas. En el marco de referencia de diferenciales compensadas, uso los precios inmobiliarios a nivel de ciudad para deducir la disposición de los propietarios a pagar por servicios urbanos, como una mejor calidad del aire, más espacios verdes y oportunidades educativas. Mi conclusión básica es que los hogares urbanos en China valoran la calidad de vida. A medida que los residentes urbanos se van enriqueciendo con el tiempo, su deseo de vivir en ciudades limpias y con bajo riesgo aumenta.
Dentro de la ciudad, examino las interacciones espaciales entre trabajo y vivienda: dónde vive la gente, dónde trabaja y cómo elige su modelo para viajar de su casa al trabajo. Uso datos de encuestas de hogares y de transacciones inmobiliarias para modelar estos comportamientos, ya que el patrón básico de la forma urbana está determinado por las elecciones individuales. Estos comportamientos individuales (“bolas de nieve”) también tienen implicaciones importantes en las interrelaciones entre el uso del suelo, el transporte y el medio ambiente urbano, porque la cantidad de vehículos está aumentando, y el aumento de kilómetros recorridos en los vehículos se ha convertido en un factor de contaminación importante en las ciudades chinas.
También estudio la dinámica del mercado inmobiliario y las políticas de viviendas para personas de bajos ingresos. Nuestro equipo de Tsinghua construyó el primer índice de precios hedónicos con control de calidad, utilizando datos de 40 ciudades chinas. Mis coautores y yo estimamos la elasticidad de ingresos a partir de la demanda de vivienda y la elasticidad de precios a partir de la oferta de vivienda, y examinamos los determinantes de dichas elasticidades. Usando microdatos, investigamos cómo la oferta de suelo y de vivienda y las inversiones públicas afectan las dinámicas de precios y cantidades en el mercado de viviendas urbanas. Presto gran atención a las elecciones de viviendas de los hogares de bajos ingresos y los inmigrantes rurales. Basándome en mi estudio empírico de comportamientos usando microdatos, exploro los tipos de políticas urbanas y de vivienda que pueden mejorar la posición de los grupos necesitados tanto en los mercados de vivienda como de trabajo.
Land Lines: ¿Qué desafíos cree que afrontará China en este campo en la próxima década?
Siqi Zheng: El mayor desafío es cómo conseguir una transición exitosa hacia la sostenibilidad. El rápido crecimiento económico de China en los años recientes se basó fundamentalmente en la exportación y se benefició de los bajos costos de mano de obra, suelo y regulación. Los desastres ecológicos y fricciones sociales que han ocurrido en muchos lugares de China son una señal de que la estrategia actual no es sostenible en el largo plazo.
Los dirigentes políticos deberían reformular las políticas urbanas en una variedad de maneras. Deben levantarse las barreras institucionales que todavía permanecen a la movilidad de la mano de obra. Se deben establecer correctamente los precios de las externalidades negativas debidas a las actividades de consumo y producción urbana (como la contaminación y la congestión), para que el comportamiento de los individuos sea coherente con la solución social óptima. También se tendrán que resolver los problemas de desigualdad de ingresos y desigualdad espacial. Es necesario realizar una mayor inversión en capital humano. La vivienda desempeña un papel primordial, porque es el mayor activo de la unidad familiar y también afecta al acceso a oportunidades urbanas y a la calidad de las interacciones sociales.
Land Lines: ¿Cuáles son algunas de las implicaciones políticas potenciales de esta investigación sobre el mercado de vivienda?
Siqi Zheng: La mayor parte de mi trabajo es un análisis empírico con microdatos, así que me concentro en los incentivos y las elecciones de los individuos, empresas y gobiernos. También analizo cómo estas opciones determinan la forma urbana, la calidad de vida local, el mercado laboral y el mercado de la vivienda. De esta manera podemos crear parámetros clave que den soporte al diseño de políticas por parte de los dirigentes. Por ejemplo, identifico las ciudades con distintas condiciones de oferta y demanda de viviendas, y sugiero que las autoridades deberían ofrecer opciones distintas de política de vivienda para personas de bajos ingresos. Las ciudades con un inventario de viviendas abundante podrían usar instrumentos por el lado de la demanda, como vales para vivienda, pero aquellas que no tienen viviendas suficientes deberían usar instrumentos por el lado de la oferta, como la construcción de más viviendas de interés social.
Land Lines: ¿La experiencia de China en el desarrollo del mercado de la vivienda se puede compartir con otros países en vías de desarrollo?
Siqi Zheng: Sí, porque muchos países también enfrentan situaciones difíciles en sus sectores de vivienda. Algunos de los desafíos comunes son cómo albergar a innumerables inmigrantes rurales en las ciudades, cómo brindar viviendas económicas a una creciente cantidad de personas de bajos ingresos; dónde y cómo proporcionar estas viviendas y, a medida que las ciudades crecen geográficamente, cuáles son las políticas adecuadas de urbanización y las estrategias de inversión en infraestructura que pueden generar un crecimiento urbano eficiente e inclusivo. Por medio de las conferencias y publicaciones de investigación producidas por el Centro de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln, las experiencias de China ya están proporcionando lecciones para otros países en vías de desarrollo.
Land Lines: ¿Puede describir algunos ejemplos de ofertas de vivienda en el sector de la vivienda informal?
Siqi Zheng: Algunos países como Brasil, India y China tienen muchos inmigrantes internos de escasos recursos que viven en asentamientos informales. Los gobiernos locales tienen muy poco incentivo para proporcionar servicios públicos en esos lugares, porque las mejoras, como agua limpia e infraestructura de alcantarillado, simplemente estimularían una mayor inmigración.
Chengzhongcun (pueblo urbano) es un tipo de vivienda informal típica de las grandes ciudades chinas. Representa un equilibrio entre la demanda de los inmigrantes por viviendas de interés social y la oferta de vivienda disponible en las villas que están siendo invadidas por la expansión urbana. Las altas tasas de delitos, la infraestructura y servicios inadecuados y las pobres condiciones de vida son sólo algunos de los problemas de los pueblos urbanos que amenazan la seguridad y la administración públicas. Mi investigación en Chengzhongcun muestra que los gobiernos locales al principio miraron con simpatía esta vivienda informal de bajo costo porque podía reducir los costos de mano de obra y por lo tanto contribuir al alto crecimiento del PIB en sus ciudades. No obstante, la baja calidad de la interacción social y la falta de servicios públicos básicos no proporcionan una manera de vida sostenible para los inmigrantes rurales de escasos recursos.
A medida que el sector industrial va evolucionando a actividades económicas de gran destreza, los gobiernos locales deberían considerar de qué manera mejorar la calidad del capital humano, en vez de concentrarse en la cantidad de mano de obra barata. Esto puede proporcionar un incentivo para mejorar las viviendas informales y transformarlas en viviendas formales, o para ofrecer viviendas de interés social a estos inmigrantes para que puedan acceder a más oportunidades urbanas y mejorar sus destrezas. Este proceso de transición está ocurriendo en China actualmente, y se extenderá pronto a otros países en vías de desarrollo que pueden beneficiarse de la experiencia de China.
Otro ejemplo es el papel de la oferta de viviendas en el crecimiento urbano. Muchos estudios ya demuestran que la oferta de viviendas puede respaldar o restringir el crecimiento urbano, porque el tamaño y el precio del inventario de viviendas afectan a la oferta de mano de obra y al costo de vida. En los países en vías de desarrollo, la oferta de suelo y vivienda se ve afectada por las regulaciones y el comportamiento de los gobiernos en mayor medida que en los países desarrollados. El diseño de políticas de oferta de vivienda se tiene que adaptar al crecimiento urbano futuro para todos los sectores de la sociedad.
He escrito muchos documentos de trabajo sobre estos temas y contribuido al libro, China’s Housing Reform and Outcomes del Instituto Lincoln (2011), editado por Joyce Yanyun Man, directora del Centro de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln.
SHARE
State trust lands in the Intermountain West could play an important role in the growing market for renewable energy. Congress granted these territories, covering 35 million acres, to states upon their entry to the Union, to support schools and other public institutions. As managers of these state trust lands search for innovative and sustainable ways to lease and sell parcels to generate income, renewables could prove to be a double boon—by supplying clean, sustainable power and providing a strong revenue stream for the public benefit.
All seven states in the Intermountain West—Arizona, Idaho, Colorado, Montana, New Mexico, Utah, and Wyoming (figure 1)—are using state trust lands to develop renewables, including wind, solar, geothermal, and biomass projects. Yet the industry has not flourished to its full potential. In 2011, the installed renewable energy production capacity on state trust lands was only 360 megawatts—not enough to power 2 percent of the homes in the region. The $2 million in revenue generated by these sources on state trust lands amounts to less than 1 percent of the $1 billion-plus generated there annually by other means (Berry 2013; WSLCA). Wind energy is experiencing the most activity by far; all the Intermountain West states have leased state trust lands for wind projects, and all have operational wind farms. Although Arizona, New Mexico, and Utah have leased state trust lands for solar operations, only one generation facility is in production on state trust lands in the Intermountain West, in Arizona. Only Utah has a geothermal plant on state trust land, and no states in this region have active biomass facilities on trust lands.
This article will focus on three types of renewable energy production in three states—a wind farm in Montana, geothermal projects in Utah, and solar generation in Arizona—and the conditions, legislation, and other factors that led to successful operations. All three examples demonstrate that these territories offer a largely untapped bounty for this burgeoning, sustainable market; provide learning opportunities across state lines; and help meet growing demand for renewable energy.
Judith Gap Wind Farm, Montana
Judith Gap is Montana’s only operational wind farm on state trust land, straddling private land as well, in the central-eastern part of the state. It has 90 turbines total, each with a capacity of 1.5 megawatts; 13 are on state trust lands, on the leading edge of the wind farm, with a total capacity of 19.5 megawatts. The per-megawatt fee of approximately 2.6 percent of gross receipts brings in about $50,000 per year according to Mike Sullivan of the Montana Department of Natural Resources and Conservation (DNRC). At the time of construction, there was a one-time installation fee of $20,000 (Rodman 2008).
Bob Quinn, founder of a local wind development company called Windpark Solutions, initiated the project in 2000, when he proposed the idea to a small group including representatives from the local utility, the Montana Department of Environmental Quality, and the DNRC. Quinn says that close collaboration between the developer and personnel in these state agencies was key to successfully siting the project on state trust land. State staff also helped Quinn navigate other difficult challenges including unanticipated delays in the request for proposals (RFP) process required by the state.
After conducting preliminary studies—allowed for one year through a land use license from the DNRC—developers must apply to the DNRC in order to proceed with energy projects. The state then issues a request for proposals (RFP). Applicants with a land use license do not receive preferential treatment. After a successful applicant is identified, the developer must conduct environmental analyses, secure a power purchase agreement with a utility, and determine economic feasibility before signing a lease with the DNRC. Currently, fees for new land use licenses are generally $2 per acre per year. Lease agreement costs for new wind projects include a one-time installation charge of $1,500 to $2,500 per megawatt of installed capacity, and annual fees of 3 percent of gross annual revenues or $3,000 for each megawatt of installed capacity, whichever is greater (Rodman 2008, Billings Gazette 2010).
Lease and Fee Structures
Every state has different leasing systems for renewable energy projects on state trust lands, but they all follow a similar pattern. The process usually starts with a short-term planning lease that allows for exploration and meteorological studies. The construction phase is next, followed by a longer-term production lease. Payments to the trust land management agency usually include a per-acre rent during the planning phase, which may continue into the production phase. There are additional installation charges for equipment, including meteorological towers, wind turbines, solar collectors, structures, and other infrastructure. During the production phase, the fee is typically based either on the installed capacity or the gross revenues of the generation facility.
Since Judith Gap was completed in 2005, several wind farms have proposed development on state trust lands in Montana, but none have reached the production phase. These include the Springdale Wind Energy project—an 80-megawatt wind farm consisting of 44 turbines, 8 of which would be on state trust lands. The DNRC has also leased 3,000 acres near Martinsdale to Horizon Wind Energy for a wind farm with 27 turbines, 7 to 15 of which would be on state trust lands. The Martinsdale wind farm could expand to 100 turbines in the future (MT DNRC).
In order to make state trust lands more attractive to these and other renewable energy developers, the DNRC would benefit from a more streamlined process. Developers working on state trust lands in Montana have cited struggles with timing, financing, environmental mitigation, cooperation from power buyers, and transmission (Rodman 2008). According to Quinn, Judith Gap succeeded in part due to dedication and close collaboration between agency personnel and the energy developer. In the future, the DNRC may need to assign personnel to renewable energy projects in order to guide developers through the process. The DNRC could also attract projects by granting land use license holders preferential status in the RFP process and by opening up bidding faster. Quinn notes that evaluating bids according to performance rather than price alone would improve the system.
Geothermal Energy, Utah
Geothermal energy is a potentially constant power source, offsetting fluctuations from intermittent renewables such as wind and solar. However, it’s also technically complex and expensive—and thus rare on state trust lands in the Intermountain West. Utah is currently the only state in the region with active geothermal facilities on state trust land. Measured by land area, geothermal is Utah’s largest renewable energy supply, with approximately 100,000 acres leased on state trust lands. There are currently two geothermal energy plants in production, generating revenue of $200,000 to $300,000 per year. For geothermal projects, the State and Institutional Trust Lands Administration (SITLA), which manages state trust lands in Utah, charges 2.25 percent of electricity sales for the first 5 or 10 years, and 3.5 percent thereafter.
PacifiCorp’s 34-megawatt Blundell plant, on a mix of federal, state, and private territory, was the state’s first, built in 1984. Blundell taps into an underground reservoir that is 3,000 feet deep, more than 500° F, and pressurized at 500 pounds per square inch. A well brings the hot, high-pressure water to the surface, where it powers a steam turbine. The Blundell plant has two units, a 23-megawatt unit built in 1984 and an 11-megawatt unit completed in 2007.
The newer Raser plant in Beaver County has been less successful. Raser originally planned to build a 15-megawatt operation using a new, modular technology produced by United Technologies, says John Andrews, SITLA associate director. The company aimed to cut costs and development time by exploring the geothermal resource while constructing the generation facility—instead of fully developing geothermal wells first, then building the power plant later. Unfortunately, the geothermal resource fell short of expectations and could not support a 15-megawatt operation. With limited income, Raser could not cover debts and declared bankruptcy in 2011. The plant continues to run at limited capacity (Oberbeck 2009).
The experience at Raser shows that the costs of geothermal development continue to be daunting and that it’s worthwhile to fully characterize the available geothermal resource prior to constructing generation facilities, although that additional step is costly and time-consuming. Future technological advances may help to cut the costs and time required for geothermal development, but, given the current state of technology, geothermal projects still require significant upfront outlays.
For renewable energy development, SITLA responds to applications as they are received; they can also offer lands through a request for proposals or a competitive sealed bid process (Rodman 2008). The state has mapped renewable energy zones, but the task of finding locations and proposing renewable energy projects devolves to developers.
Utah faces other challenges to all forms of renewable energy development on trust lands. Because of the high proportion and pattern of federally owned territory, national agencies sometimes take the lead on energy development projects. According to Andrews, the absence of an RPS in Utah is another drawback, leaving local utilities without a state mandate to supply renewable energy.
Even without an RPS, however, Utah is geographically well-positioned to export energy to other states—particularly to population centers on the west coast. Although transmission can be a barrier in some parts of the state, transmission capacity is available between Utah and southern California. What’s more, developers can tap an array of renewable resources—wind, solar, and geothermal. SITLA would benefit from marketing trust lands within renewable energy zones to potential developers and by offering reduced rates for renewable energy projects within these areas.
Solar Developments in Arizona
Even in Arizona—the sunniest state in the U.S., according to the National Weather Service—the solar industry faces several obstacles on state trust lands. The only active solar facility on state trust lands, the Foothills Solar Plant opened on 400 acres in Yuma County in April 2013, when the first 17 megawatts came online. An additional 18 megawatts are scheduled to go online in December 2013. Once it’s fully operational, the facility will serve 9,000 customers. The 35-year lease will generate $10 million for state trust lands beneficiaries, and most of that money will fund public education.
The slow development of the solar industry on trust lands mirrors a larger trend seen nationwide. In 2010, only 0.03 percent of the nation’s energy came from solar projects, while 2.3 percent came from wind (www.eia.gov). Solar projects usually require exclusive use of a site—putting them at an even greater disadvantage on state trust lands, where many acres are already leased for agriculture, grazing, or oil and gas production. Wind projects, by contrast, can co-exist with other land uses. Solar projects also require large tracts—as many as 12 acres per megawatt (Culp and Gibbons 2010)—whereas wind facilities have a relatively small footprint. And, although prices are dropping, solar generation facilities can be very expensive.
Despite these drawbacks, there are ways in which solar development is well-suited to state trust lands. For starters, these territories are untaxed and owned free and clear; unburdened by the carrying costs that private owners might have, state trust land management agencies have an advantage for holding and maintaining renewable energy projects. Some solar developers have found state trust land attractive because they can work with one owner for very large tracts. Solar generation is also well-suited to previously disturbed sites, such as old landfills and abandoned agricultural areas, which may include trust lands. Near urban areas, state trust lands slated for future development could be used for solar generation in the interim; after the solar leases expire, the grounds could be developed for urban uses (Culp and Gibbons 2010).
State-level RPS and tax incentives could also encourage solar development. Some states provide up to 25 percent investment tax credits, property tax exemptions, and standard-offer contracts on solar, guaranteeing a long-term market for solar output.
As one of the largest landowners in the state, with several large, consolidated parcels, the Arizona State Land Department (ASLD) would do well to position itself as an attractive partner for the renewable energy industry (Wadsack 2009). The ASLD is taking steps in the right direction by developing a GIS-based renewable energy mapping system to analyze state trust lands for general suitability for solar production, based on avoiding critical wildlife habitat and wilderness areas, and minimizing distance to roads, transmission, and load. But it must follow up and market the most suitable areas for renewables (Culp and Gibbons 2010) and facilitate the process for developers, who can be deterred by complex leasing structures, requirements for public auctions, and required environmental and cultural analyses (Wadsack 2009). The more the agency can build capacity to help developers through this process, the more the renewable energy industry might flourish on state trust lands. For example, the department could offer long-term leases, expedite land sales, or develop a reduced-cost, revenue-sharing lease system specifically tailored for renewable energy development.
General Recommendations for Montana, Utah, and Arizona
Leasing renewable energy on state trust lands is complicated. Each state has a unique set of political, environmental, and economic circumstances that makes it difficult to determine any one best method for all. However, the accomplishments, problems, and solutions detailed in the examples above provide some general recommendations for success.
At the state land trust agency level:
At the state level:
Federal policies play a considerable role as well. Production tax credits in particular have spurred U.S. renewable energy deployment in recent decades. Likewise, federal investment tax credits for renewable energy—which provide developers with a tax credit during the planning and construction phases—have helped the renewable energy industry grow in recent years, even when the national economy was in recession. Finally, there have been several proposals for a federal-level renewable portfolio standard, although researchers disagree whether this type of policy would interfere with existing state-level RPS policies, which have proven extremely effective.
Renewable energy offers state trust land managers an opportunity to diversify their revenue stream to benefit the public good. For the most part, wind and transmission projects can be co-located with pre-existing leases for grazing, agriculture, oil, and gas. Solar projects could have great potential in previously disturbed sites or areas with little other value. Where geothermal resources are available, they offer consistent power that can offset intermittent sources like wind or solar. Technological advances could help bring down prices for renewables, particularly solar, geothermal, and biomass. As our energy demands grow, state trust lands are poised to play an important role in the growing renewable energy industry.
This article was adapted from the Lincoln Institute working paper, “Leasing Renewable Energy on State Trust Lands,” available online here: http://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2192_1518_Berry_WP12AB1.pdf.
About the Author
Alison Berry is the energy and economics specialist at the Sonoran Institute, where her work focuses on land use issues in a changing West. She holds a bachelor’s degree in biology from the University of Vermont and a master’s degree in forestry from the University of Montana. Her work has been published in the Wall Street Journal, the Journal of Forestry, and the Western Journal of Applied Forestry, among other publications. Contact: aberry@sonoraninstitute.org.
Resources
Berry, Jason, David Hurlbut, Richard Simon, Joseph Moore, and Robert Blackett. 2009. Utah Renewable Energy Zones Task Force Phase I Report. http://www.energy.utah.gov/renewable_energy/docs/mp-09-1low.pdf.
Billings Gazette. 2010. Wind farm developers eye school trust land. April 22. http://billingsgazette.com/news/state-and-regional/montana/article_14bfb038-4e0a-11df-bc99-001cc4c002e0.html.
Bureau of Land Management. 2011. Restoration Design Energy Project. http://www.blm.gov/az/st/en/prog/energy/arra_solar.html.
Culp, Peter, and Jocelyn Gibbons. 2010. Strategies for Renewable Energy Projects on Arizona’s State Trust Lands. Lincoln Institute of Land Policy Working Paper WP11PC2. https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/1984_1306_CulpGibbon%20Final.pdf.
Montana Department of Natural Resources. 2011. Montana’s Trust Lands. Presented at the Western States Land Commissioners Association annual meeting. Online: http://www.glo.texas.gov/wslca/pdf/state-reports-2011/wslca-presentation-mt-2011.pdf accessed November 23, 2011.
Oberbeck, Steven. 2009. Utah geothermal plant runs into cold-water problems. Salt Lake Tribune. September 17. And Bathon, Michael. 2011. Utah’s Raser Technologies files Chapter 11. Salt Lake Tribune. May 2.
Rodman, Nancy Welch. 2008. Wind, wave/tidal, and in-river flow energy: A review of the decision framework of state land management agencies. Prepared for the Western States Land Commissioners Association. http://www.glo.texas.gov/wslca/pdf/wind_wave_tidal_river.pdf.
Wadsack, Karin. 2009 Arizona Wind Development Status Report. Arizona Corporation Commission.
SHARE
This article reviews the Western State Planning Leadership Retreat, in which state planners from 13 western states have participated. The retreats provide a forum for state-level planners to compare their experiences, learn from each other’s successes and failures, and build a common base of experience for land use planning in their states and across the region. Rather than promote a particular approach to land use planning and growth management, the retreats encourage planners to explore a range of land use planning strategies for responding to growth and land use issues in the West. This article summarizes what we learned during the first two retreats in 2000 and 2001.
Forces and trends of land use planning. The West is changing and there are many differences in the states’ approach to land use planning. New forces and trends are redefining the region’s quality of life, communities, and landscapes—directly influencing how we approach land use planning and growth management. Within these trends, western state planners recognize a variety of common challenges—pockets of explosive population growth, sprawl, drought, out-of-date legislation, a lack of funding, and a lack of public and political support for planning, and changing the way development occurs.
Major themes related to land use planning and growth in the West;
Why plan? How can we build public and political support for planning? Historically, land use planning was motivated by a concern to promote orderly development of the landscape, preserve some open spaces, and provide consistency among developments. These continue to be important objectives, but they are insufficient for building public and political support.
What is the role of state government? State programs should support local land use planning efforts, and should try to engage the “big players,” such as transportation departments, to work with local jurisdictions and maintain their state’s economic competitiveness by encouraging local communities to improve their quality of life through infill, redevelopment, and preserving the natural environment.
How can regional approaches to land use planning complement state actions? Regionalism allows multiple jurisdictions to share common resources and manage joint services, such as water treatment facilities and roads. Regional approaches are gaining momentum, but they also create new challenges.
Foster effective planning and growth management through collaboration. Collaboration can be defined many ways, but most planners agree with the premise that if you bring together the right people with good information they will create effective, sustainable solutions to their shared problems. Collaboration, when done correctly, allows the people most affected by land use planning decisions to drive the decisions.
How do we measure success? In 1998, the Arizona legislature passed the Growing Smarter Act, which was amended in 2000, and created a Growing Smarter Commission. The act reformed land use planning and zoning policies and required more public participation in local land use planning. This brings us full circle to our first theme—Why are we planning?
The Three Cs of Planning—three recommendations emerge from the western state planners’ retreats that can be implemented throughout the country. First, identify the most compelling reason to plan in your community; second, rely on collaborative approaches; third, foster regional connections.
“This [the West] is the native home of hope. When it fully learns that cooperation, not rugged individualism, is the quality that most characterizes and preserves it, then it will have achieved itself and outlived its origins. Then it has a chance to create a society to match its scenery.”
Wallace Stegner, The Sound of Mountain Water (Penguin Books 1980, 38)
During the past two years, state planners in 13 western states have met in the Western State Planning Leadership Retreat, an annual event sponsored by the Lincoln Institute of Land Policy and the Western Consensus Council. Cosponsors include the Western Governors’ Association, the Council of State Governments–WEST, and the Western Planners’ Association. The retreats provide a forum for state-level planners to compare their experiences, learn from each other’s successes and failures, and build a common base of experience for planning in their states and across the region. Rather than promote a particular approach to planning and growth management, the retreats encourage planners to explore a range of strategies for responding to growth and land use issues in the West. This article summarizes what we have learned during the first two retreats in 2000 and 2001.
Forces and Trends
The West is changing. New forces and trends are redefining the region’s quality of life, communities and landscapes, directly influencing how we approach land use planning and growth management. One force that sets the West apart from other regions of the country is the overwhelming presence of the landscape. The West has more land and fewer people than any other region, yet is also very urbanized. More people live in urban centers than in rural communities.
The dominance of land in the politics and public policy of the West is due in part to the large amount of land governed by federal and tribal entities (see Figure 1). More than 90 percent of all federal land in the U.S. lies in Alaska and the 11 westernmost contiguous states. The U.S. Forest Service, U.S. Bureau of Land Management, National Park Service, and the U.S. Fish and Wildlife Service manage most of the West’s geography and significantly influence the politics of land use decisions. Indian tribes govern one-fifth of the interior West and are key players in managing water, fish and wildlife.
The West is also the fastest growing region of the country (see Figure 2). The five fastest-growing states of the 1990s were Nevada, Arizona, Colorado, Utah and Idaho. Between 1990 and 1998, the region’s cities grew by 25 percent and its rural areas by 18 percent, both significantly higher rates than elsewhere in the U.S. As western demographics diversify, the political geography has grown remarkably homogeneous. Following the 2000 elections, Republicans held three-quarters of the congressional districts in the interior West (see Figure 3) and all governorships except the coastal states of California, Oregon and Washington.
Within these trends, western state planners recognize a variety of common challenges—pockets of explosive population growth, sprawl, drought, out-of-date legislation, a lack of funding, and a lack of public and political support for planning and changing the way development occurs in the West. They also point out many differences in their states’ approaches to planning. Oregon and Hawaii have long-standing statewide land use planning efforts, but planning in Nevada is a recent phenomenon, limited mainly to the Las Vegas and Reno areas. Vast federal holdings in Nevada, Idaho and Utah dictate land use management more than in other states, and Arizona and New Mexico share planning responsibilities with many sovereign tribal governments. Alaska and Wyoming—with small populations and little or no growth—do very little planning.
Major Themes
Based on the first two retreats, we have identified six major themes related to planning and growth in the West.
Why plan? How can we build public and political support for planning? Historically, planning was motivated by a concern to promote orderly development of the landscape, preserve some open spaces, and provide consistency among developments. These continue to be important objectives, but they are insufficient for building public and political support. Particularly during economic recession, planning takes a back seat—the public can focus on only so many problems at once. Today, the most compelling argument for planning is that it can be a vehicle to promote economic development and sustain the quality of life. People move to the West and create jobs because they like the quality of life in the region, and planners need to tap into this motivation.
In Utah, for example, quality of life is an economic imperative, so state planners tie their work to enhancing quality of life rather than to limiting or directing growth. It is used to integrate economic vitality and environmental protection. Several years ago, business leaders and others created Envision Utah, a private-public partnership. Participants use visualization techniques and aerial photos, mapping growth as it might occur without planning, and then again under planned cluster developments with greenbelts and community centers. These “alternative futures” scenarios help citizens picture the changes that are coming and the alternatives for guiding those changes in their communities. As Utah’s state planner says, “Growth will happen, and our job is to preserve quality. That way, when growth slows, we will still have a high quality of life.”
Kent Briggs, executive director for the Council of State Governments–WEST (a regional association for state legislators), and Jim Souby, executive director of the Western Governors’ Association, acknowledge the difficulty of nurturing public and political support for growth management in the West. They agree that political power shifts quickly from one party to the other, and yet is a lagging indicator of cultural, demographic and economic change. Governors and legislators might be more convinced to support land use planning, they say, by using visualization techniques to help them understand the costs of existing patterns of development, and to picture the desired future of our communities and landscapes.
How much planning is enough, and who should be in the driver’s seat? Arizona and Colorado have smart growth programs designed to help communities plan for growth and preserve open space. In the November 2000 elections, citizen initiatives in both states introduced some of the nation’s most stringent planning requirements, but both initiatives failed by a 70 to 30 percent vote, suggesting that citizens want to maintain flexibility and freedom—and local control—when it comes to planning and growth management. The story is similar in Hawaii, where business profitability—not zoning maps—directs land use. In May 2001, Hawaii’s governor vetoed a smart growth initiative because it was perceived as being too environmental and would limit developers’ ability to convert agricultural lands.
This emphasis on home rule or local control is supported by a recent survey of citizens in Montana, conducted by the Montana Association of Realtors. In the survey, 67 percent of respondents said that city or county governments should have the power to make land use decisions, while 60 percent opposed increasing state involvement in managing growth-related problems.
In Oregon, citizens narrowly passed Measure 7, an initiative requiring state and local governments to pay private property owners for any regulations that restrict the use or reduce the value of real property. While the impacts and constitutionality of this initiative are still being debated, it sends a strong message to planners in a state that has had one of the most progressive land use and growth management programs for 25 years. The message, according to Oregon’s state planner, is to not rest on your successes, and to keep citizens and communities engaged in an ongoing discussion about the effectiveness of land use planning. He also stressed the need to balance preservation with appropriate development, emphasizing that “good planning doesn’t just place limits on growth and development.”
What is the role of state government? Douglas Porter, keynote speaker at the first retreat and a nationally known consultant on land use and growth policy, says that one of the most important state roles is to offset the lack of will to plan at the local level. He says that state programs should support local planning efforts, and should try to engage the “big players,” such as transportation departments, to work with local jurisdictions. Porter also suggests that state governments can maintain their state’s economic competitiveness by encouraging local communities to improve their quality of life through infill, redevelopment, and preserving the natural environment.
Oregon’s state government attracted $20 million in federal funding to help communities overhaul zoning ordinances and remove obstacles to mixed uses. Colorado created an Office of Smart Growth to provide technical assistance on comprehensive planning; document best practices for planning and development; maintain a list of qualified mediators for land use disputes; and provide grants for regional efforts in high growth areas. In Arizona, Montana and New Mexico, state planning offices provide a range of technical services to assist communities, such as clarifying state laws, promoting public participation, and fostering intergovernmental coordination.
Jim Souby suggests that one of the most effective roles of state government is to promote market-based strategies and tax incentives. “Tax what you don’t like, subsidize what you do like,” Souby says. Other incentives might include cost sharing and state investment strategies—similar to Maryland and Oregon—to drive development in a positive direction.
How can regional approaches to land use planning complement state actions? Regionalism allows multiple jurisdictions to share common resources and manage joint services, such as water treatment facilities and roads. In Washington, citizens recently rejected the top-down smart growth model popularized in Florida due to concerns over home rule and private property rights. In response, the state legislature approved a system of regional planning boards that instill some statewide consistency while allowing for regional and local differences.
Nevada, despite double-digit growth in the Las Vegas and Reno areas, does not have a state planning office. However, the legislature mandated Washoe County (home of Reno and Sparks) to create a regional planning commission to address growth issues jointly rather than in a piecemeal manner. Key municipal and county officials in Clark County (Las Vegas) formed their planning coalition voluntarily—compelled to cooperate by the highest growth rate in the nation. This coalition recently presented the state legislature with a regional plan that emphasizes resolving growth issues locally rather than at the state level.
In New Mexico, the city and county of Santa Fe each recently updated their comprehensive land use plans. The plans were fine, except that they were stand-alones prepared with no coordination. Citizens demanded better integration of planning efforts and pushed for a new regional planning authority. Within 18 months, citizens and officials developed a joint land use plan for the five-mile zone around the city, and the regional authority is now developing zoning districts and an annexation plan. In Idaho, city and county officials in Boise voluntarily created the Treasure Valley Partnership as a forum to discuss policies for controlling sprawl, and to coordinate the delivery of services. They are also reviewing the possibility of light rail development.
Regional approaches are gaining momentum, but they also create new challenges. For example, the city of Reno has been reluctant to join the neighboring city of Sparks and Washoe County in revising their regional plan. With no enforcement or penalty at the state level, the other jurisdictions can do little to encourage Reno’s involvement. Likewise, New Mexico has no policy framework for regional planning and thus no guidelines on how to share taxing authority, land use decision making and enforcement responsibilities.
Foster effective planning and growth management through collaboration. Collaboration can be defined many ways, but most planners agree with the premise that if you bring together the right people with good information they will create effective, sustainable solutions to their shared problems. Collaborative forums allow local officials to weigh and balance competing viewpoints, and to learn more about the issues at hand. According to Jim Souby, local efforts should incorporate federal land managers because they play such a dominant role in the region’s political geography. Kent Briggs agrees that collaboration, when done correctly, allows the people most affected by land use decisions to drive the decisions. Collaborative processes, when they include all affected interests, can generate enormous political power, even when such efforts do not have any formal authority. While it may be appropriate in some cases to have national or state goals, it is ultimately up to the people who live in the communities and watersheds of the West to determine their future, according to Briggs.
How do we measure success? In 1998, the Arizona legislature passed the Growing Smarter Act, which was amended in 2000, and created a Growing Smarter Commission. The act reformed land use planning and zoning policies and required more public participation in local planning. The commission recommended that the state should monitor and evaluate the effectiveness of land use planning on an ongoing basis. The governor recently appointed an oversight council to continue this work, but council members say that clear benchmarks are needed against which to evaluate the effectiveness of land use planning—a percentage of open space preserved, for example, or a threshold on new development that triggers tighter growth restrictions. Arizona law, however, simply identifies the issues that must be addressed in comprehensive land use plans. It does not set specific standards or expectations, making meaningful evaluation impossible. This brings us full circle to our first theme—Why are we planning?
The Three Cs of Planning
Three recommendations emerge from the western state planners’ retreats that can be implemented throughout the country.
First, identify the most compelling reason to plan in your community. What are you trying to promote, or prevent? Be explicit about the values driving the planning process. Emphasize the link between quality of life, economic development and land use planning as a way to sustain the economy and the environment. Remember that people must have meaningful reasons to participate constructively in the planning process.
Second, rely on collaborative approaches. Engage the full range of stakeholders, and do it in a meaningful way. A good collaborative process generates a broader understanding of the issues—since more people are sharing information and ideas—and also leads to more durable, widely supported decisions. Collaboration may also be the most effective way to accommodate the needs and interests of local citizens within a regional approach and when the state’s role is limited.
Third, foster regional connections. Recognize that planning is an ongoing process, not a product to be produced and placed on a shelf. Link the present to the future using visualization and alternative futures techniques. Build monitoring and evaluation strategies into plan implementation. Encourage regional approaches that build on a common sense of place and address transboundary issues. Emphasize that regionalism can lead to greater efficiencies and economies of scale by coordinating efforts and sharing resources.
Matthew McKinney is executive director of the Western Consensus Council in Helena, Montana, a nonprofit organization that helps citizens and officials shape effective natural resource and other public policy through inclusive, informed and deliberative public processes. Will Harmon is the communications coordinator for the Western Consensus Council and a freelance writer based in Helena.
References
Center for Resource Management. 1999. The Western Charter: Initiating a Regional Conversation. Boulder, CO: Center for Resource Management.
Kwartler, Michael. 1998. Regulating the good you can’t think of. Urban Design International 3(1):13-21.
Steinitz, Carl and Susan McDowell. 2001. Alternative futures for Monroe County, Pennsylvania: A case study in applying ecological principles, in Applying Ecological Principles to Land Management, edited by Virginia H. Dale and Richard A. Haeuber. New York, NY: Springer-Verlag, 165-189.
Swanson, Larry. 1999. The emerging ‘new economy’ of the Rocky Mountain West: Recent change and future expectation. The Rocky Mountain West’s Changing Landscape 1(1):16-27.
U.S. Environmental Protection Agency. 2000. Environmental Planning for Communities: A Guide to the Environmental Visioning Process Utilizing a Geographic Information System (GIS). (September).
SHARE
Increasing socio-economic and spatial disparities in Latin American cities have prompted a revival of interest in equity-oriented government policies to reduce those disparities. However, solutions to the major urban problems being faced today must go far beyond the implementation of inconsistent and narrowly defined actions. The solutions must ensure equity for all sectors of society. In too many places, entire neighborhoods are forced to exist under deplorable living conditions while government agencies seek to evict residents in the name of environmental protection. It is evident that urban legislation can no longer ignore the rights of people to have a place in which to live in security and dignity.
The critical impact of land inequity on the urban environment requires that the urban poor gain access to the technical information necessary to better negotiate their concerns with public officials. My research explores the role of environmental education in low-income communities in developing countries. Taking a perspective based on self-help capacity building, my goal is to develop programs to train community leaders at the grassroots level to deal more effectively with local land use conflicts and environmental risks.
Impacts of Land Inequity
Like many Latin American cities, Rio de Janeiro is strongly affected by prevailing poverty and environmental degradation. Complex factors are involved: economic instability, inequitable land ownership, short-sighted development policies, and a lack of a democratic system that provides for human rights and freedoms. In my view, the problems experienced by Rio de Janeiro during the last few decades are mainly a result of existing “apartheid” urban planning assumptions and a lack of political will to incorporate the popular sectors in land use policy making.
In the region of Baixada de Jacarepaguá-at the heart of the core expansion area of Rio de Janeiro-the extraordinary process of urban growth since the 1970s has provoked dramatic changes in the landscape, as well as a variety of environmental problems. Amidst the spectacular natural beauty of lagoon ecosystems, mangrove forests and wetlands, the region remains home to a large population of urban poor who live in favelas-shanty communities resulting from largely uncontrolled urbanization of public land.
During the 1980s and early 1990s, the region enjoyed an unprecedented development boom that has fostered unsustainable patterns of land use. Discrimination against the poor inhabitants and inequalities in landownership allowed landowners and speculators to capitalize on the boom by formally obtaining titles and subdividing the land. In addition, a select group of private builders injected themselves into the local scene with multiple court permits to develop the region for high-income residential condominiums, commercial establishments and industrial enterprises.
Increasing pressures on the land snowballed into a wide range of protests between the popular sectors and the powerful land developers, posing the threat of forced eviction of the poor inhabitants. The accumulated discontent against the government for failing to control land speculation and ensure protective legislation created an extremely dangerous situation. Violence and persecution claimed the lives of 30 community leaders, presidents of local community associations, their family members and relatives. The murders were carried out by what are known in the region as “extermination squads,” and no criminal investigation has taken place.
The Vicious Cycle of Poverty and Environmental Degradation
Since poverty and environmental degradation are interdependent, it is appropriate to think of environmental concerns in terms of social justice. My research revolves around the problems of inequality and the environmental risks faced by the residents of the Via Park village-an informal settlement located in the region of Baixada de Jacarepaguá. A basic question arising from this research is to what extent can improved access to land equity actually contribute to mitigate the factors that encourage environmental degradation. By connecting land use issues to the learning process of environmental education, the research demonstrates that environmental degradation is a recurring phenomenon manifested in the inequitable ways land has been used and distributed in the region.
Via Park village has been caught in a serious land use struggle since the 1970s, when urban development began to impact many traditional fishing communities in the area. Builders were eager to lobby the government to break the fishermen’s land tenure system, which was enforced by law, and thereby turn the land over to market forces. In the 1980s, the area was designated a public reserve for environmental preservation, enshrined in Article 225 of the Brazilian Constitution (1988). Since the village was located on protected land, the city’s planning authorities then argued that the Via Park residents had no legitimate claims of ownership.
Living in an atmosphere of fear and at mercy of the land developers and speculators who continued to flourish, the Via Park residents started illegally subdividing and selling small parcels of land to new settlers. The growth of the poor population and the concentration of land ownership and speculation contributed to the expansion of informal land markets into nearby low-income communities.
Underlying these practices was a more complex system of commercial transactions and civil relations governing the invasion of vacant lands, as well as the division and sale of plots. Throughout Rio de Janeiro, land development through informal channels is the predominant “territorial pact” by which disadvantaged local groups have been able to gain access to land and housing. At the same time, agents from the “formal world” have developed political arrangements to support and take advantage of existing informal land markets.
It was in this context that a program for grassroots environmental improvement was conceived and eventually implemented in Via Park village. However, given the residents’ long history of exclusion-including threats of forced eviction-they remained suspicious. It became clear that successful program implementation would depend on managerial strategies based on an integrated vision of the geographic/ecological and social/cultural environment.
If the dilemma of poverty and environmental degradation is to be overcome, then the task of improving the environment must be shown to be compatible with the struggle for land equity. This innovative approach toward environmental education differs from traditional methodology, which is generally more concerned with simply introducing physical changes to the environment. The key here is to focus on the conditions that are favorable for the development and exercise of a sense of “community belonging”-a tangible expression of shared sentiments, values and identities where land is understood not only as a component of wealth, but as a common settled place invested with symbolic meanings.
Lessons of Via Park Village
While there is no single solution to the social and environmental vulnerability of the urban poor living in the Via Park village, their experience does offer some insights. One alternative suggests creating “urban natural reserves” integrated into the community where those threatened with forced eviction are encouraged to maintain their traditional lifestyles. In exchange, government authorities at all levels would accept the obligation to promote land equity, giving security of tenure and protection to those forced by circumstances to live in informal settlements.
Aspects of the environmental education program initiated in the Via Park village are applicable to other Latin American cities. The fundamental principle is based on insuring respect for the inherent identity of the community. The experience of the Via Park residents demonstrates that local action can contribute to consolidating a socio-political struggle for land equity with protection of the environment. This is in line with current thinking about land use and environmental management, which suggests an integrated approach that acknowledges the leadership role of the local residents.
The Via Park case reveals that a routine excuse being used to justify evictions is “protecting the environment.” In other words, the urban poor most often accused of being the primary protagonists of environmental degradation are in reality the greatest victims. For the 450 residents of the Via Park village, the trauma of being forcibly evicted from their homes will never be overcome. Five people, including two children and one woman, lost their lives in the confrontation. The Via Park village, now destroyed by bulldozers, still reminds us that hope for land equity lies in community solidarity, effective governance and democracy.
Sonia Pereira is a visiting fellow of the Lincoln Institute. She is also completing her Ph.D. thesis from the Institute of Earth Sciences of the Federal University in Rio de Janeiro, with support from a Fulbright scholarship. An environmental lawyer, biologist, social psychologist and activist on behalf of human rights, she has been widely recognized for her work on environmental protection for low-income communities in Brazil. She is a Citizen of the World Laureate (World Peace University, 1992) and a Global 500 Laureate (United Nations Environment Programme-UNEP, 1996).
SHARE
Matthew McKinney was named director of the Public Policy Research Institute at the University of Montana in 2003, after serving for 10 years as the founding director of the Montana Consensus Council. He is also a senior lecturer at the University of Montana’s School of Law, a partner with the Consensus Building Institute in Cambridge, and a faculty associate of the Lincoln Institute. Matt was a research fellow at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, in 2000 and 2002, and a visiting fellow of the Lincoln Institute in 2000. During the past 18 years, he has designed and facilitated more than 50 multiparty public processes, helping leaders and citizens address issues related to federal land management, land use planning, growth management, water policy, fish and wildlife, and public health and human services. He has published numerous journal articles and is coauthor of The Western Confluence: Governing Natural Resources (Island Press, June 2004).
Land Lines: You have a strong background in facilitation and consensus building. How do you apply that to land use planning?
Matt McKinney: I come to planning largely from a process perspective. Land use issues typically involve multiple parties, and the challenge of planning is to integrate diverse, often conflicting, interests. In my current work with the Public Policy Research Institute I operate on the assumption that one of the most effective ways to develop and implement strategies to sustain livable communities and healthy landscapes is to create opportunities for stakeholders to come together with the best available information to address issues of common concern. In short, the planning process is most effective when it is inclusive, informed and deliberative:
This principled approach has been shown through experience to produce decisions that are broadly supported by the public, and it eases implementation because the key stakeholders have already played their part in shaping the proposed action or plan. Compared to lobbying, litigation and other ways of shaping public policy, it can save time and money. Last—and important for planners—this approach offers an effective way to integrate social and political values within the scientific, technical and legal framework of land use planning. It’s a more cooperative and constructive way for planners and public interests to work together.
LL: Can you give some examples of how these principles work in the real world?
MM: In the northern Rocky Mountains, many communities with limited staff, money and other resources are struggling with double-digit growth, strains on local infrastructure and cultural clashes between newcomers and those with traditional western values. But westerners are infamous for resisting government intrusion—a predictable backlash in a region where the federal government holds sway over more than half of the land base. As a result planners often face a steep climb just to gain the public’s ear on land use issues.
These situations are ripe for inclusive, informed and deliberative approaches, and there are many examples across the West. In Helena, Montana, we helped a broad-based citizens group—including open space advocates, neighborhood leaders, realtors and developers—negotiate new procedures for subdivision reviews. Developers wanted to streamline the subdivision application process, and residents of established neighborhoods wanted to ensure that safeguards remained in place to preserve the small-town feel and curb sprawl. In another case, residents of Jefferson County, Montana, started talking about zoning after a cement plant near an elementary school proposed burning hazardous waste as fuel. The “z” word caused some resistance from local business and industry, notably the cement plant and a nearby mining operation, but we brought in a facilitator who helped a working group of local residents, industry representatives, private property rights advocates and county officials develop a zoning plan.
In both cases, negotiations took the form of deliberative dialogue that lasted about a year. Both groups used joint fact-finding to gather information that was credible to all parties at the table. Then they crafted proposals and submitted them to formal decision-making arenas—city council and county commission, respectively. After careful review, both the new subdivision protocols and the zoning plan were adopted essentially unopposed.
LL: What role do planners play in such processes?
MM: We frequently recommend using an impartial, third-party facilitator to help build trust and more effective working relationships among the stakeholders. A facilitator can also keep the group on task and focused on a common goal. In some cases planners can play this role themselves, but more often they act as conveners or sponsors of a multiparty process, or as vested stakeholders and hands-on participants. Either way, planners can participate more effectively if they have a working knowledge of the principles and strategies of collaborative problem solving.
LL: How can planners obtain this kind of training?
MM: Since 1999 the Lincoln Institute and the Consensus Building Institute have cosponsored a two-day introductory course, Mediating Land Use Disputes, for planning practitioners and others interested in land use decisions. It presents practical insights into negotiating and mediating conflicts over land use and community development. Using interactive exercises, games and simulations, participants receive hands-on experience with collaborative problem solving and public participation. They learn how to dovetail these concepts with existing processes for designing and adopting land use plans and evaluating development proposals. In addition, we are reaching out to 100 planners across 10 western states to enroll in the Planning Fundamentals course offered online through LEO, the Lincoln Education Online program.
LL: What other planning-related programs do you teach?
MM: Again with the Lincoln Institute, I have been involved in a relatively new and much-needed program for state planning directors in 13 western states, modeled on a similar program in the Northeast. These seminars provide a forum for leaders within state government to compare their experiences, learn from each others’ successes and failures, and build a common base of practical knowledge that will serve them in their individual efforts and in the region generally. The intent is not to promote any particular approach to planning and growth, but to explore a range of strategies to respond to growth and land use challenges in the West. The level of interest goes well beyond the planning officials themselves, as evidenced by the list of cosponsors: the Council of State Governments-WEST (an association of state legislators), the Western Governors Association, the Western Municipal Conference and Western Planners Resources.
LL: Is regionalism in the West a new emphasis in your work?
MM: Land use issues often transcend political and jurisdictional boundaries. Coping with sprawl, water and air quality, economic development and the effects of globalization demands practical, local solutions that also work within the bigger picture. Research indicates that many land use issues are most efficiently addressed at a regional scale. Instead of stopping at the county line or the border between federal and private land, planners are now thinking in terms of the “problemshed” or the “natural territory” of the problem.
More and more regional initiatives are being designed to address transboundary matters. Some augment existing government institutions, but most are more ad hoc and rely on the principles of collaboration to engage people with diverse interests and viewpoints. When we inventoried such initiatives throughout the West, we were as surprised as anyone by the sheer number and variety of ongoing regional efforts. They range from ad hoc, community-based groups like the Applegate Partnership in the Siskiyou Mountains of southwestern Oregon, which seeks to promote and sustain the ecological health of land within its watershed, to substantial government entities with regulatory authority like the Tahoe Regional Planning Agency (McKinney, Fitch and Harmon 2002).
LL: How do you transfer this work to other regions?
MM: Recently I have worked with the Lincoln Institute to conduct clinics on regional collaboration for several interstate efforts in the New Jersey-New York area, including a watershed management plan for the Delaware River Basin Commission.
Another project is a collaborative effort among local, state and federal agencies in the New York-New Jersey Highlands, the 1.5-million-acre region between the Delaware and lower Connecticut rivers. State and federal land managers are assessing changes in land cover and use, identifying significant natural areas for protection, and developing strategies to protect the 12-county region’s open space and natural resources.
In addition, we have designed a two-day course titled Regional Collaboration: Learning to Think and Act Like a Region. It provides a conceptual framework and practical skills to train planners, local elected officials, small business owners, advocates and educators to initiate, design, coordinate and sustain regional initiatives. With the involvement of several national and regional organizations, the Institute cosponsored the first course in spring 2003 in Salt Lake City and offered it again in March 2004 at Lincoln House in Cambridge.
Reference
McKinney, Matthew, Craig Fitch, and Will Harmon. 2002. Regionalism in the West: An inventory and assessment. Public Land and Resources Law Review 23:101–191.
The inventory is also available online at www.crmw.org/Assets/misc/regionalinventory.asp and www.crmw.org/Assets/misc/regarticle.htm
Related Articles
Carbonell, Armando, and Lisa Cloutier. 2003. Planning for growth in western cities. Land Lines 15(3):8–11.
McKinney, Matthew. 2003. Linking growth and land use to water supply. Land Lines 15(2):4–6.
McKinney, Matthew, and Will Harmon. 2002. Land use planning and growth management in the American West. Land Lines 14(1):1–4.
SHARE
Report from the President on Property Rights
SHARE
Cities are both contributors to and victims of global climate change. Delta cities, in particular, have long been recognized as being extremely vulnerable because they are located where the stresses on natural systems coincide with intense human activity.
A number of climate change impacts may affect delta cities, including rising sea levels, infrastructure damage from extreme weather events, the public health implications of higher average temperatures, altered energy consumption patterns, stress on water resources, impacts on tourism and cultural heritage, decreased urban biodiversity, and ancillary effects on air pollution (IPCC 2007). Climate change also may affect physical assets used for economic production and services, as well as the costs of raw materials and inputs, which in turn will affect competitiveness, economic performance, and employment patterns.
China’s remarkable economic growth since the beginning of the country’s reform period in 1978 has concentrated a large share of population and wealth along the coast, especially in three megacity regions: Pearl River Delta, Yangtze River Delta, and Capital Region. While the potential implications of climate change pose a challenge for coastal communities around the world, this geographic concentration of population and economic activity seems disproportionate in China.
Among China’s coastal and delta regions, the Pearl River Delta (PRD) in Guangdong province is an important economic center that includes the cities of Guangzhou, Shenzhen, and seven prefecture-level municipalities. Together with Hong Kong and Macao, the greater PRD area is one of the key megacity regions in the world, but its geography makes it highly vulnerable to sea level rise. Unprecedented economic and urban development, along with the major changes in land use and land cover accompanying that development over the past three decades, has released large emissions of CO2, leading to higher temperatures and more intensive and extreme weather events (Tracy, Trumbull, and Loh 2006). Given the importance of this region to both China and the broader global economy, we take a closer look at the PRD’s contribution to and risks from climate change.
Industrialization and Urbanization
With the establishment of the Shenzhen and Zhuhai Special Economic Zone in 1980, the PRD was among the earliest regions in China to begin to liberalize its economy. Its institutional advantages, combined with its proximity to Hong Kong and Macao, made the PRD the fastest growing region in the world during the past three decades. From 1979 to 2008, the PRD’s GDP grew at 15.6 percent annually in constant prices, outpacing both the national rate of 9.77 percent and the provincial rate of 13.8 percent.
As a result, the delta’s contribution to the share of GDP in China soared from 2.8 percent in 1979 to 9.5 percent in 2008. In terms of total fixed investment, foreign direct investment, exports, and energy consumption, the PRD was one of the most important and dynamic economic regions in China during this period (figure 1).
This rapid development resulted from the dual process of industrialization and urbanization. The region’s secondary and tertiary industries have grown rapidly as primary industry has gradually decreased in relative economic importance, with its contribution to GDP declining from 26.9 percent in 1979 to 2.4 percent in 2008, while the tertiary service sector grew from 27.9 percent to 47.3 percent.
Over the same time, the population increased from 17.97 to 47.71 million residents, reaching an urbanization rate of 82.2 percent in 2008. In terms of land use, areas designated for manufacturing, residential, and commercial uses grew by 8.47 percent annually, increasing from 1,068.7 square kilometers (k2) in 1979 to 4,617.16 k2 in 2008 (figure 2).
Climate Changes
Given these dramatic land use changes and the region’s increased emissions of greenhouse gases, it is not surprising that the PRD has experienced noticeable regional climate changes. The Guangdong Meteorological Administration (2007) reported that the average temperature increase in Guangdong province over the past five decades has been 0.21 °C every 10 years, which is similar to the rate of warming seen nationally in China. Guangdong’s coastal region, especially the highly urbanized PRD, witnessed even greater temperature increases, averaging 0.3 °C every 10 years. The cities of Shenzhen, Dongguan, Zhongshan, and Foshan warmed more than 0.4 °C every 10 years.
After compiling data from 21 meteorological stations in the PRD region, we calculated the average annual and seasonal temperatures during the 1971–2008 period and compared them with the annual temperatures in Guangdong. Our research showed the PRD has experienced significant warming and has been hotter than the entire Guangdong province during the observed period. Since the 1970s, the PRD has seen its average temperature rise by approximately 1.19 °C to 22.89 °C in the most recent decade, with annual average temperatures remaining above the region’s 30-year average temperature of 22.1 °C since 1994 (figure 3).
The winter and autumn seasons saw the most considerable temperature increases, with averages of 24.1 °C in the autumn and 15.2 °C in the winter between 1994 and 2007. These temperatures are significantly higher than their respective 40-year averages of 23.5 °C and 14.6 °C. While not as significant, average spring and summer temperatures in the PRD during the 1997–2007 period were also greater than their 40-year average temperatures of 22 °C and 28.2 °C. This regional warming phenomenon is also seen to a lesser degree in Guangzhou, a populous and characteristic metropolis in the PRD, where average temperatures have risen like those in the greater delta region.
As the PRD’s climate has warmed more quickly than that in the rest of the province, the rapid industrialization and urbanization has generated enormous energy demand from manufacturing industries, transportation, and residential consumers, resulting in greater emissions of CO2 and other greenhouse gases that are contributing to global climate change. The increased concentration of greenhouse gases, both regionally and globally, represents a large latent source of future warming and additional changes.
Impacts of Climate Change
Given its coastal geography and population density, Guangdong is among the most vulnerable of China’s coastal provinces to the sort of meteorological disasters that are expected to increase with global warming. In 2008, Guangdong experienced direct economic losses of 15.43 billion yuan and 73 deaths, accounting for 75 percent and 48 percent of national totals, respectively, as well as the loss of 602 kilometers (km) of land to coastal erosion (table 1). With sea levels in the province having risen by 75 millimeters (mm) during the 1975–1993 period, the China Meteorological Administration’s (2009b) prediction that sea levels will rise a further 78–150 mm between 2008 and 2038 represents a serious threat to coastal infrastructure and communities in the PRD.
Guangdong has long been impacted by marine hazards such as rainstorms, cyclones, and storm surges that have killed hundreds of people, caused serious damage to housing and transportation infrastructure, and impacted farming in the province. In the 1950s, the annual average farming area affected by marine hazards was about 200,000 hectares (ha), which grew to 440,000 ha in the 1960s and 500,000 ha in the 1970s, before jumping to 1,411,000 ha in the 1990s.
In addition to more frequent extreme storm events, instances of drought also have been increasing in the PRD. In the 1950s, the average farming area affected by droughts in Guangdong was 104,000 ha, which grew steadily to reach 201,500 ha in the 1980s, 282,500 ha in the 1990s, and 426,400 ha in the 2000s. Given the expected increases in the frequency of extreme weather events, as well as rising temperatures and sea levels, agricultural and mariculture activities in the PRD will be increasingly vulnerable to future climate change.
Cities in the PRD are particularly susceptible to natural disasters and climate change as they concentrate infrastructure, nonagricultural activities, and population, severely impacting economic activities and daily life. Rainstorms and typhoons occur frequently in the region and typically entail serious damage and huge economic losses. During the 2000–2007 period, for instance, rainstorms and typhoons in Shenzhen caused cumulative direct economic losses of 525 and 277 million yuan respectively, accounting for approximately for 63 and 33 percent of total direct economic losses associated with all meteorological hazards in the city (figure 4).
Meteorological hazards also lead to disruptive impacts on facilities, infrastructure, and transportation. Rainstorms and typhoons impose challenges on urban sewage systems and flood control facilities, while prolonged periods of high or low temperatures exert pressure on urban power supply infrastructure.
In May 2009, Shenzhen experienced an unprecedented rainstorm, with some parts of the city receiving daily precipitation in excess of 208 mm. The storm flooded 40 areas of the city and left 11 areas under at least one meter of water. Two years before, in April 2007, rainstorms flooded the Qinghuhe River in Shenzhen, damaging embankments and toppling power lines. On the other end of the spectrum, in July 2004 Guangzhou suffered a prolonged heat wave that created tremendous demand for electricity. Usage eventually peaked at 8.45 million kilowatts and forced many enterprises to stop production to help conserve power.
Transportation is the lifeline of urban activity and economic production. As two of China’s major population and economic centers, Shenzhen and Guangzhou are particularly important national transportation hubs, and any disruptions from extreme weather events such as rainstorms, typhoons, and flooding have far-reaching effects across the country.
When tropical storm Fengshen landed in Shenzhen on June 24, 2008, the city’s Yantian seaport was forced to close and hundreds of vessels were stuck in port, resulting in huge economic losses. During 2008, four tropical storms and one rainstorm resulted in the cancellation of 249 flights and the delay of 386 other flights at the Shenzhen International Airport, stranding more than 20,000 passengers. In 2009, three major weather events caused the cancellation of 176 flights and the delay of 326 flights, while 4,151 ships were forced to take shelter in Yantian port. As Chinese travelers become more affluent and air travel grows more rapidly, the vulnerability of these cities to disruption by severe weather events is set to increase.
Disruptive Effects of Sea Level Rise
The China Meteorological Administration (2009b) has identified the PRD as one of the country’s areas most at risk from rising sea levels due to its low mean sea level. Previous studies concur that sea levels in the PRD are rising and will continue to do so in the foreseeable future. Figure 5 illustrates the changes in sea level recorded at three tidal gauges (Hong Kong, Zha Po, and Shan Tou) during the 1958–2001 period. Hong Kong recorded a sea level rise of 0.24 centimeters per year (cm/year) during the period, while Zha Po and Shan Tou saw sea levels rise by 0.21cm/year and 0.13cm/year, respectively. Tidal records from six different gauges in the Pearl River estuary show that sea levels have risen at an accelerating rate over the last 40 years.
With the melting of glaciers globally due to climate change, these recent rises in sea level are expected to continue and potentially even accelerate. Li and Zeng (1998) offered three forecasts for sea level rise in the PRD, with 100 cm (high), 65 cm (middle), and 35 cm (low) forecasts by 2100. These predictions have been echoed by similar projections from the Chinese Academy of Sciences (1994), which indicate that sea levels in the PRD would rise by 40 to 60 cm by 2050.
The physical geography and urban development of the delta render it extremely vulnerable to the effects of sea level rise, and many lowland areas are likely to be inundated (Yang 1996). According to calculations by China’s National Marine Data and Information Service, a sea level rise of 30 cm could inundate an area of 1,154 k2 of coast and islands at high tide, with Guangzhou, Doumen County, and Foshan at particular risk (Guangdong Meteorological Administration 2007).
Coastal and river flooding in the PRD is influenced by several factors: rainfall, high tides, high winds, and typhoons and storm surges. The combination of weather and tidal factors that causes water levels to rise by upwards of three meters during tidal cycles is already well known in parts of the Pearl River Estuary (Tracy, Trumbull, and Loh 2006). According to Huang, Zong, and Zhang (2004), the current maximum tidal range increases as one travels up the estuary, from a low of 2.34 meters near Hong Kong to 3.31 meters at Zhewan, before reaching 3.35 meters at Nansha.
Rising sea levels would magnify the effect of storm surges, which already can be dramatic when weather and tidal factors coincide. Analyzing records from 54 tidal gauges across the PRD, Huang, Zong, and Zhang (2004) created predictions for water level rises in different parts of the delta under a number of different flood scenarios. According to the lowest freshwater discharge scenario (2000 m2/s), their simulations show that a 30 cm sea level rise will affect the northwest part of the region most severely and the majority of the area significantly. These researchers also simulated the impacts of a 30 cm sea level rise on the distribution of flood damage based on four freshwater discharge scenarios, showing that as floods increase in severity the size of the areas affected also increases.
Summary and Discussion
Delta cities enjoy locational advantages that make them attractive to both residents and businesses, and thereby lead many delta regions to develop into vital economic cores in many countries. Delta cities, however, are particularly vulnerable to meteorological hazards and are more at risk than inland cities to the existing and anticipated effects of climate change. The Pearl River Delta has witnessed substantial increases in both sea levels and temperatures, greater variation in rainfall, more frequent extreme weather events, and increasing losses from marine hazards.
More frequent meteorological hazards such as flooding from tropical storms and rainfalls have indeed caused disruptive impacts in the PRD: disrupting agricultural and mariculture production, damaging coastal defenses and embankments, destroying houses and facilities, shutting down transportation, and causing the loss of life. Sea level rise resulting from global warming represents a further threat and challenge in many parts of the region. The cumulative impact of these interrelated weather and climate phenomena have increased the costs of development in the PRD substantially. Fortunately, provincial and municipal governments have realized the importance of climate mitigation and adaptation, and are looking to the experiences of other delta cities around the world for valuable lessons about how best to strengthen urban sustainability and resiliency.
References
China Meteorological Administration. 2009a. China marine hazards report 2008. Beijing.
———. 2009b. China sea level report 2008. Beijing.
Chinese Academy of Sciences. 1994. The impact of sea level rise on economic development of the Pearl River Delta. In The impacts of sea level rise on China’s delta regions. Beijing: Science Press.
Du, Yao-dong, Li-li Song, Hui-qing Mao, Hai-yan Tang, and An-gao Xu. 2004. Climate warming in Guangdong province and its influences on agriculture and counter measures. Journal of Tropical Meteorology 10(2): 150–159.
Guangdong Meteorological Administration. 2007. Assessment report on climate change in Guangdong. www.gdemo.gov.cn
He, Canfei, Lei Yang, and Guicai Li. 2010. Urban development and climate change in the Pearl River Delta. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Huang, Z., Y. Zong, and W. Zhang. 2004. Coastal inundation due to sea level rise in the Pearl River Delta, China. Natural Hazards 33: 247–264.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2007. Climate change 2007: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Li, P., and Z. Zeng. 1998. On the climatic and environmental changes in the Pearl River Delta during the last 500 years. Quaternary Sciences 1: 65–70.
Tracy, A., K. Trumbull, and C. Loh. 2006. The impacts of climate change in Hong Kong and the Pearl River Delta. Hong Kong: Civic Exchange.
Wu, Y. and Li, H. 2009. Meteorological disasters and hazard evaluations in Shenzhen since 2000. Guangdong Meteorology. 31(3): 43-45 (in Chinese).
Yang, H. 1996. Potential effects of sea-level rise in the Pearl River Delta area: Preliminary study results and a comprehensive adaptation strategy. In Adapting to climate change: An international perspective, J. N. Smith, et al., eds. New York: Springer-Verlag.
About the Authors
Canfei Heis professor in the College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, and associate director of the Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy. He is also the associate director of the Economic Geography Specialty Group of the China Geographical Society. His research interests include multinational corporations, industrial location and spatial clustering of firms, and energy and the environment in China, and his publications appear in many international journals.
Lei Yang is a Ph.D. student in Shenzhen Graduate School of Peking University.
SHARE
Siqi Zheng is an associate professor at the Hang Lung Center for Real Estate and the deputy head of the Department of Construction Management, both at Tsinghua University in Beijing, China. She specializes in urban economics and China’s housing market, particularly urban spatial structure, green cities, housing supply and demand, housing price dynamics, and low-income housing policies.
Her innovative and diverse research projects have been supported by international research institutions including the World Bank, the Asian Development Bank, the International Growth Center at London School of Economics, and various departments of the Chinese government including the National Science Foundation of China, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, and the National Statistics Bureau of China.
Dr. Zheng received her Ph.D. in urban economics and real estate economics from Tsinghua University, and she pursued post-doctoral research in urban economics at the Graduate School of Design at Harvard University. She is a research fellow at both the Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy and the Center for Industrial Development and Environmental Governance at Tsinghua University.
Dr. Zheng is also the vice secretary-general of the Global Chinese Real Estate Congress. She has won awards such as the Homer Hoyt Post-Doctoral Honoree (2010) and the Best Paper Award from the American Real Estate Society (2005). She is also on the editorial boards of Journal of Housing Economics and International Real Estate Review.
Land Lines: How did you become associated with the Lincoln Institute of Land Policy and its programs in China?
Siqi Zheng: I first learned about the Lincoln Institute when I did my postdoctoral research at Harvard University in 2005-2006. I joined the Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy (PLC) as a research fellow soon after it was established in 2007. From that time I became fully involved in PLC’s research activities, such as conducting research projects, reviewing research proposals, and participating in conferences. I was awarded an international research fellowship by the Lincoln Institute in 2008-2009, with my colleagues Yuming Fu and Hongyu Liu, to study urban housing opportunities in various Chinese cities. I now lead the housing team at PLC in conducting policy-relevant research in the areas of housing market analysis and low-income housing policies.
Land Lines: Why is the study of the urban economics and the housing market so important to China’s future?
Siqi Zheng: China is experiencing rapid urbanization at a rate of about 50 percent in 2011, but it is expected to reach 70 percent over the next 10 to 20 years. Up to 1.5 million new migrants already move to Chinese cities per year. Such rapid urban growth offers potentially large economic benefits, as cities offer much better opportunities to trade, to learn, and to specialize in an occupation that offers an individual the greatest opportunity to achieve life goals.
However, rapid urbanization also imposes potentially large social costs, such as pollution and congestion, and urban quality of life suffers from a fundamental tragedy of the commons problem. Urban economics research addresses these issues and tries to figure out a way to maximize agglomeration economies and at the same time minimize congestion diseconomies. This is crucial for China’s future, because urbanization is the engine for China’s growth.
The housing sector is a key determinant of both the quantitative and qualitative dimensions of urban growth. Along the quantitative dimension, everyone in the city needs some place to live. Housing supply has important influences on a city’s overall size and its living cost, and thus the labor cost. Along the qualitative dimension, intensive social interactions happen in vibrant urban communities and neighborhoods. The spillover effect arising from such activities reduces the cost of learning and contributes to human capital improvement.
Low-income housing is a major policy issue in China. Income inequality is rising and housing prices are very high in major Chinese cities, so low-income households face severe affordability problems. For years the Chinese government had overlooked the supply of affordable housing, but it has recently began to understand that well-designed policies for low-income housing are crucial for achieving more inclusive urban growth opportunities for all residents.
Land Lines: How do you approach the study of urban economics and China’s housing market?
Siqi Zheng: I am doing cross-city and within-city studies on the intersection of urban and environmental economics. With increasing labor mobility across cities, China is moving toward a system of open cities. Under the compensating differentials framework, I use city-level real estate prices to recover households’ willingness-to-pay for urban amenities, such as better air quality, more green space, and educational opportunities. My basic finding is that Chinese urban households do value quality of life. As China’s urbanites grow richer over time, their desire to live in clean, low-risk cities is rising.
Within a city, I examine the jobs-housing spatial interactions–where people live, where they work, and how they choose their commuting mode. I use household survey data and real estate transaction data to model these behaviors, since individual choices determine the basic pattern of urban form. Those individual behaviors (“snowballs”) also have important implications for the interrelationships among land use, transportation, and the urban environment, because car ownership is rising and the increase in vehicle miles traveled has become a major contributor to pollution in Chinese cities.
I also focus on housing market dynamics and low-income housing policies. Our Tsinghua team constructed the first quality-controlled hedonic price index based on transaction data in 40 Chinese cities. My coauthors and I estimate the income elasticity of housing demand and the price elasticity of housing supply, and examine the determinants of such elasticities. Using microdata, I investigate how land and housing supply and public investments affect price and quantity dynamics in the urban housing market. I pay close attention to the housing choices of low-income households and rural migrants. Based on my behavior-based empirical study using microdata, I explore the kinds of urban and housing policies that can improve the position of these disadvantaged groups in both housing and labor markets.
Land Lines: What challenges do you think China will face in this field in the coming decade?
Siqi Zheng: The major challenge is how to achieve a successful transition toward sustainability. China’s rapid economic growth in recent years was largely export-based and benefited from low labor, land, and regulatory costs. The environmental disasters and social unrest that have occurred in many places in China indicate that the current approach is not sustainable for the long term.
Policy makers should reshape urban policies in a variety of ways. Remaining institutional barriers on labor mobility should be removed. Negative externalities of urban production and consumption activities (such as pollution and congestion) should be priced correctly so that individuals’ behaviors are consistent with the socially optimal solution. Income inequality and spatial inequality issues should be addressed. More investment in human capital is needed. Housing plays a pivot role because it is the largest asset a household owns, and it also affects accessibility to urban opportunities and the quality of social interactions.
Land Lines: What are some potential policy implications of this research on the housing market?
Siqi Zheng: Most of my work is empirical analysis with microdata, so I can focus on the incentives and choices made by individuals, firms, and governments. I also look at how these choices determine urban form, local quality of life, the labor market, and housing market outcomes. In this way I can provide key parameters for policy makers to support their policy design. For instance, I identify the cities with different housing supply and demand conditions, and suggest that officials should offer different low-income housing policy choices. Cities with an abundant housing stock can use demand-side instruments such as housing vouchers, but those without enough housing should use supply-side instruments such as building more public housing.
Land Lines: Is China’s experience with housing market development useful to share with other developing countries?
Siqi Zheng: Yes, because many countries also face difficult situations in their housing sectors. Some of the common challenges are how to house the vast numbers of rural migrants in cities; how to provide more affordable housing for increasing numbers of low-income people; where and by what means to provide such housing; and, as cities expand spatially, what are the appropriate urban planning policies and infrastructure investment strategies that can achieve efficient and inclusive urban growth? Through the research conferences and publications produced by the Peking University-Lincoln Institute Center, China’s experiences are already providing lessons for other developing countries.
Land Lines: Can you describe some examples of housing supply in the informal housing sector?
Siqi Zheng: Nations such as Brazil, India, and China have many poor migrants living in squatter and informal areas. Local governments have little incentive to provide public services to such areas because the improvements, including clean water and sewerage facilities, will simply stimulate more urban migration.
Chengzhongcun (urban village) is a typical type of informal housing in large Chinese cities. It represents a match between migrants’ demand for low-cost housing and the supply of housing available in the villages being encroached upon by urban expansion. High crime rates, inadequate infrastructure and services, and poor living conditions are just some of the problems in urban villages that threaten public security and management. My research on Chengzhongcun shows that local governments at first liked this kind of low-cost informal housing because it can lower labor costs and thus contribute to higher GDP growth in their cities. However, the low quality of social interaction and the shortage of basic public services do not provide a sustainable way of life for the poor rural migrants.
As the industrial sector moves toward a more skill-intensive economy, local governments should consider how to improve the quality of human capital rather than focus on the quantity of cheap labor. This may provide the incentive to upgrade informal housing and transform it to formal housing, or provide public housing to those migrants so they can access more urban opportunities and improve their skills. This transitional process is now occurring in China, and will soon happen in other developing countries that can benefit from China’s experience.
Another example is the role of housing supply in urban growth. Many studies already show that housing supply can support or constrain urban growth because the size and price of housing stock influence labor supply and living costs. In developing countries land and housing supply are influenced by government regulations and behaviors to a greater extent than in developed countries. The design of housing supply policies needs to accommodate future urban growth for all sectors of society.
I have written many working papers on these topics and contributed to the 2011 Lincoln Institute book, China’s Housing Reform and Outcomes, edited by Joyce Yanyun Man, director of the Peking-Lincoln Center at Peking University.
