Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En las ciudades de América Latina, y especialmente en las más grandes, la ubicación de las viviendas es crítica para los grupos más vulnerables. En Buenos Aires, la población de las villas miseria en el área del centro se duplicó en el último período intercenso (1991-2001), si bien la población total declinó aproximadamente el 8 por ciento. En Rio de Janeiro, durante la misma década, los asentamientos informales de mayor crecimiento fueron los que se percibían como mejor ubicados, generalmente cerca de la costa en los barrios de clase media y alta, si bien éstos eran ya los barrios más hacinados y congestionados.

También se observa esta tendencia en Chile, no obstante el problema de los asentamientos informales es mucho menor que en el resto de América Latina. Sólo alrededor de 28.600 familias (el 1 por ciento de la población total de Chile) viven en 533 asentamientos precarios identificados (los cuales son denominados campamentos). Los catastros sucesivos demuestran que al mismo tiempo que los campamentos más antiguos se van reordenando, se continúan creando campamentos nuevos. Más de la mitad de los campamentos existentes fueron establecidos entre 1991 y 2007 (Fundación un Techo para Chile, 2007).

Hay varias explicaciones para esta persistencia de campamentos, aun en Chile, donde la política de vivienda se considera más desarrollada que en otros países, y donde ya queda poca tierra urbana disponible para ser invadida. Algunas familias que viven en campamentos pueden representar un grupo residual en transición entre su llegada a la ciudad y su reubicación en viviendas de interés social u otro tipo de vivienda formal. Otros pueden tener preferencia por tener su propia casa en un campamento en vez de tener que compartir cuartos con otra familia o parientes en una vivienda más formal.

Vivir en un campamento también puede ser comparable a anotarse en una lista de espera para poder acceder a un programa de vivienda de interés social, ya que el programa del gobierno que se concentra en este tipo de familias (Chile Barrio) tiene por finalidad atender a sus necesidades y facilitar su acceso a la vivienda de interés social. Como algunas de las familias que viven en campamentos aún no cumplen con las condiciones necesarias para participar en el programa de viviendas de interés social, siguen allí hasta poder encontrar otras opciones.

Por otro lado, la continua existencia de campamentos no se puede atribuir a altos niveles de pobreza o a una política débil de regularización de asentamientos. Por el contrario, en los últimos 20 años la pobreza en Chile se redujo a la mitad, y ahora se estima que alcanza al 13,7 por ciento de la población (CASEN, 2006). Al mismo tiempo, el gobierno implementó una política de vivienda que entrega bonos a las familias para comprar una casa. Este programa ha sido respaldado por sucesivas administraciones de gobierno y ha beneficiado hasta ahora a dos millones de familias, a un promedio de 100.000 familias por año, o casi el 3 por ciento de los 3,6 millones de hogares urbanos de Chile en 2002.

Independientemente de su éxito en términos de cobertura, los programas de vivienda han generado una concentración de viviendas de interés social en la periferia de Santiago y otras ciudades principales. Históricamente, los proyectos de viviendas de interés social han creado grandes zonas socialmente homogéneas que han producido la segregación de familias de bajos ingresos, con consecuencias negativas. Algunas de estas zonas ahora sufren de serios problemas sociales, como un alto nivel de desempleo y deserción escolar, como también sentimientos generalizados de falta de esperanza y inversión de los valores sociales entre sus residentes (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2004).

También hay mayor inestabilidad e inseguridad laboral en la economía chilena en la actualidad que en el pasado, y una transformación radical del sistema político ha desestabilizado las relaciones cotidianas entre las clases populares y los líderes de los partidos políticos. A medida que estas formas tradicionales de cohesión social se van debilitando, ciertos factores, como la ubicación de una casa en la ciudad, se hacen más relevantes, ya que una buena ubicación puede brindar acceso a una mejor “geografía de oportunidades”, o sea a lugares que se perciben como de mayor y mejor acceso a servicios públicos y privados, como escuelas, mercados, parques y redes de transporte, como también acceso a mejores trabajos y proximidad a redes sociales y familiares.

En este contexto, examinaremos algunos de los factores que influyen en el continuo desarrollo y persistencia de los campamentos, a pesar de la disponibilidad de programas gubernamentales masivos de vivienda, como también un sistema legal que protege los derechos de propiedad.

Una encuesta de preferencias de localización de vivienda

Usando datos de la Región Metropolitana de Santiago, diseñamos tres conjuntos de muestras con un total de 1.588 unidades familiares: familias que viven en campamentos (812); familias que viven en viviendas de interés social y que se mudaron de campamentos que fueron erradicados (510); y familias que viven en viviendas de interés social pero que no se mudaron de un campamento (266). Las tres muestras fueron tomadas, respectivamente, de un inventario de moradores de campamentos preparado en 2007; y el registro del programa Chile Barrio, que identifica a familias que vivían en campamentos y que adquirieron viviendas de interés social entre 1999 y 2005; y familias del mismo proyecto de viviendas de interés social que no provenían de un campamento. Las encuestas en los campamentos fueron efectuadas de puerta en puerta en agosto de 2008, y en los barrios de proyectos de vivienda de interés social en diciembre de 2008.

Los resultados de la encuesta muestran que al vivir en campamentos, las familias logran optimizar las preferencias de localización de su vivienda con una mayor probabilidad de éxito, entendiendo dichas preferencias fundamentalmente como la proximidad a una buena geografía de oportunidades. Casi el 70 por ciento de las familias que antes vivían en campamentos y ahora viven en viviendas de interés social se quedaron en el mismo distrito, comparado con el 51,7 por ciento de las familias que viven en viviendas de interés social y que no vinieron de campamentos (ver Cuadro 1). Por lo tanto, sin alterar radicalmente la ubicación de su vivienda, las familias que antes vivían en campamentos pudieron acceder a subsidios de vivienda que les permitieron mejorar su estándar de vida y obtener un título legal.

Ver Cuadro 1 en anexo: Origen de las muestras de hogares en la Región Metropolitana (RM) de Santiago (porcentajes)

Las familias que viven en campamentos también perciben que tienen mayor prioridad que otras familias similares para acceder a viviendas de interés social, y una mayor probabilidad de acceder a viviendas de interés social en su localización preferida. Alrededor del 63 por ciento de las familias que viven actualmente en campamentos reportaron tener ventaja en el acceso a viviendas de interés social en comparación con otras familias. Esta percepción coincide con la realidad, ya que entre 1996 y 2007 la cantidad de campamentos en Chile declinó de 972 (105.888 familias) a 533 (alrededor de 28.600 familias) y el déficit de viviendas asociado con campamentos se redujo en un 75 por ciento.

Para examinar el precio del suelo como factor en la selección de vivienda, utilizamos la tasación fiscal en zonas de características similares (ZCS) y, como referencia, el valor máximo obtenido por cada distrito. En este análisis, el 71,4 por ciento de las familias que se mudaron de un campamento a una vivienda de interés social se transfirieron a una localización mejor o equivalente (ver Cuadro 2).

Ver Cuadro 2 en anexo: Valor actual del suelo comparado con el valor en el distrito de origen

La encuesta también muestra que la mayoría de las familias de campamentos (60,6 por ciento) llegó entre 2000 y 2008, un período de gran expansión en la oferta de viviendas para familias de menores ingresos, indicando una preferencia por vivir en un campamento bien ubicado antes que en una vivienda de interés social en otro lado (ver Cuadro 3).

Ver Cuadro 3 en anexo: Año de llegada de la muestra de familias que viven en campamentos

Los resultados de la encuesta se deben interpretar teniendo en cuenta los siguientes factores contextuales.

• El grupo de familias que viven en los campamentos es pequeño comparado con la población que potencialmente se puede beneficiar de programas de subsidio de vivienda. Las familias que antes vivían en campamentos eran sólo el 2,2 por ciento de todas las familias que vivían en viviendas de interés social en 2001 (INVI, 2001).
• El proceso de segregación de las familias más pobres a la periferia urbana es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los últimos 30 años. En la década de 1980 se instituyó una política de erradicación masiva de campamentos, y las familias fueron reubicadas desde los distritos del centro a la periferia. En la década de 1990, a medida que la democracia echó raíces en el país, la nueva administración adoptó una política de construcción de viviendas de interés social en gran escala para prevenir la formación de nuevos campamentos. No obstante, muchas de estas viviendas de interés social se están construyendo en zonas aún más periféricas, causando una segregación residencial a escala regional.
• Como resultado de estas políticas, grandes sectores de la región metropolitana de Santiago se caracterizan por su homogeneidad social. Por ejemplo, el distrito periférico de La Pintana creció 2,5 veces entre 1985 y 1994 (de 80.000 a 190.000 habitantes) debido a la reubicación de familias de menores ingresos que antes vivían en distritos actualmente habitados por familias de ingresos medios y altos en el Gran Santiago (Las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina, entre otros).
• A pesar de la tendencia predominante, y en contraposición a lo que ocurrió en décadas anteriores, las familias que ahora viven en campamentos parecen tener una ventaja sobre las familias que no vinieron de campamentos para obtener un subsidio de vivienda en su localización preferida.

Interacciones entre pobreza y los valores del suelo

La mitad de las familias que viven en campamentos (51 por ciento) no son pobres, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). En nuestra muestra, la mayoría de las familias que vivían en campamentos tienen un mayor porcentaje de jefes de familia masculinos, menor tamaño familiar, y un ingreso per cápita casi el doble de la mayoría de las familias de bajos ingresos de la Región Metropolitana. Este resultado contradice la creencia convencional de que las familias más pobres viven en los campamentos. Lo que parece estar ocurriendo es la expresión de una estrategia por parte de familias de menores ingresos para superar su vulnerabilidad y aprovechar al máximo las oportunidades para mejorar su situación, usando para ello la ubicación de su vivienda como un recurso en el proceso de movilidad social.

La incidencia de pobreza en los campamentos varía en función del precio promedio del suelo en el distrito donde se encuentra el barrio. Menos de la mitad de las familias que viven en campamentos ubicados en distritos de valor bajo y alto del suelo son pobres, mientras que aquéllas que viven en distritos de valor medio del suelo tienen niveles de pobreza mucho mayores (ver Cuadro 4). Las familias que viven en distritos de valores bajos y altos del suelo también tienen una mayor proporción de trabajadores en los sectores de servicios privados y domésticos, y menos empleados por cuenta propia.

Ver Cuadro 4 en anexo: Pobreza y empleo en las familias que viven en campamentos, por valor del suelo en el distrito

Los residentes perciben que la localización objetiva de los campamentos es mejor que el de las viviendas de interés social, porque es más probable que los campamentos se encuentren en los distritos de mayor valor del suelo, en comparación con las viviendas de interés social: 27 por ciento, comparado con 7,9 por ciento (ver Cuadro 5). Al mismo tiempo, las familias que viven en campamentos tienen una percepción mucho mejor de su proximidad a los servicios y puestos de empleo, y encuentran que su distrito es socialmente más diverso que el de las familias que viven en viviendas de interés social (ver Cuadro 6).

Ver Cuadro 5 en anexo: Distribución de familias por valor del suelo en sus distritos respectivos (porcentajes)

Ver Cuadro 6 en anexo: Percepciones de localización de la vivienda

Si se usan los valores del suelo como indicador de acceso a servicios, queda claro cuán significativa es la localización para las familias. Los campamentos ubicados en distritos donde los valores del suelo son altos exhiben ventajas significativas sobre aquellos en distritos de precio del suelo bajo, sobre todo con respecto a la ubicación del trabajo del jefe de familia y su cónyuge (ver Cuadro 7).

Ver Cuadro 7 en anexo: Percepciones de localización por valor del suelo en el distrito entre las familias que viven en campamentos (porcentaje)

Preferencias declaradas de localización

Las familias que viven en campamentos valoran su localización. Al preguntar: “Si tuviera la oportunidad de mudarse a otra casa, ¿qué elegiría?”, el 28,8 por ciento declaró que preferiría quedarse en el mismo lugar y el 57,6 por ciento se mudaría a otra ubicación dentro del mismo distrito. La tercera opción, mudarse a otro distrito, fue seleccionada sólo por el 13,6 por ciento de las familias.

Con respecto a sus expectativas para el futuro, la mayoría de las familias que viven en campamentos declaran que esperan vivir en una vivienda de interés social dentro de cinco años. El sesenta y siete por ciento cree que vivirá en una vivienda de interés social dentro del mismo distrito y el 25 por ciento de ese grupo cree que vivirá en una vivienda de interés social construida en el mismo lugar donde se encuentra el campamento donde vive ahora.

El resultado más interesante es que el 51,8 por ciento de las familias que viven en campamentos dicen que prefieren quedarse en el barrio (bajo las mismas condiciones) que mudarse a una vivienda de interés social lejos de su distrito actual, Esta preferencia también es expresada por el 58.7 por ciento de las unidades familiares que declararon estar dispuestas a ahorrar más de los aproximadamente 400 dólares estadounidenses que el estado exige actualmente como pago para participar en el programa; un pago más alto aumentaría aún más la probabilidad de quedarse en la misma localización.

Conclusión

Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre los patrones y preferencias de localización de las familias que viven en asentamientos precarios. Subyacente en la decisión familiar de vivir en un campamento está el interés de aumentar la probabilidad de obtener una vivienda de interés social en un período más corto y en el distrito de su preferencia. No parece haber ningún conflicto entre obtener una mejor localización y obtener un subsidio residencial de una vivienda formal. Por el contrario, el vivir en un campamento constituye una estrategia racional para alcanzar ambos objetivos.

Las familias que han seguido esta estrategia tienen un perfil un tanto distinto a la típica familia pobre de Santiago. La mayoría tiene un jefe de familia masculino y un nivel de ingresos que, si bien es bajo, se encuentra significativamente por encima de la línea de pobreza tal como se define en Chile. La localización del campamento parece cumplir un rol importante en favorecer la proximidad al trabajo tanto para el jefe de familia como para su cónyuge.

Los programas de vivienda de interés social en Chile se han guiado fuertemente por la noción del déficit de viviendas, donde las familias pasan a ser un número de una lista para obtener un subsidio de manera independiente, sin considerar aspectos tales como el mantenimiento de las redes sociales o las preferencias de localización. Esta política, basada en subsidiar la demanda y dar por sentado el valor del suelo, llevó a una segregación a gran escala en la periferia, donde los precios del suelo tienden a ser menores.

Este estudio demuestra que las familias optarán por una mejor localización, frecuentemente en la ciudad central, aunque ello signifique vivir en un campamentos o un lote más pequeño, demostrando los límites de la vivienda de interés social basada en los precios más bajos del suelo en la periferia. El programa Chile Barrio, creado en 1996, ha reemplazado el énfasis en el déficit de viviendas por un enfoque territorial que hace del campamento la unidad de intervención, y este nuevo enfoque parece haber mejorado las opciones de vivienda. La lección de política pública aprendida para programas de vivienda futuros es la necesidad de concentrarse en la calidad de la localización y en la inclusión social.

Referencias

CASEN. 2006. Ministerio de Planificación. www.mideplan.cl

Fundación un Techo para Chile. 2007. Informe catastro de campamentos. www.untechoparachile.cl/cis

Instituto de la Vivienda (INVI). 2001. Diagnóstico de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Sabatini, F., G. Cáceres, y J. Cerda. 2001. Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”. EURE 27 (82) Diciembre.

Sobre los autores

Isabel Brain es socióloga y coordinadora del Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo (ProUrbana) de la Universidad Católica de Chile Sus investigaciones se concentran en el desarrollo urbano, viviendas económicas, segregación residencial, mercados de suelos y asentamientos informales.

Pablo Celhay es economista e investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Recibió una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. En la actualidad está cursando la carrera de maestría en políticas públicas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

José Joaquín Prieto es director del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Sus investigaciones se concentran en políticas sociales y metodología de las investigaciones aplicadas.

Francisco Sabatini es sociólogo y profesor de planeamiento urbano en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Se especializa en segregación social, conflictos medioambientales y participación ciudadana.

Alan Mallach es senior fellow no residente en el Programa de Políticas Metropolitanas del Instituto Brookings y senior fellow en el Centro para el Progreso Comunitario, ambos de Washington, DC; y académico visitante en el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Ha sido profesional, promotor y académico en temas de vivienda, planificación y desarrollo comunitario por casi 40 años, durante los cuales ha realizado aportaciones en muchas áreas, como el desarrollo de viviendas sociales y de ingresos mixtos, la revitalización de barrios y la regeneración urbana. En 2003, fue nombrado miembro del Colegio de Socios del Instituto Norteamericano de Planificadores Certificados, en reconocimiento a sus permanentes logros como líder de la profesión de planificación urbana.

Mallach es también profesor visitante en el programa para graduados en Planificación Urbana del Instituto Pratt de Nueva York, y ha enseñado en la Universidad Rutgers y en la Escuela de Arquitectura de Nueva Jersey. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre vivienda, desarrollo comunitario y uso del suelo; su libro Bringing Buildings Back: From Abandoned Properties to Community Assets (Reconstruyendo edificios: de propiedades abandonadas a activos de la comunidad) es reconocido como el estándar en la materia. Su libro más reciente: Rebuilding America’s Legacy Cities: New Directions for the Industrial Heartland (Reconstruyendo las ciudades industriales históricas de los EE. UU.: nuevas direcciones para el corazón industrial), fue publicado en 2012 por la American Assembly de la Universidad Columbia. Reside en Roosevelt, Nueva Jersey, y tiene una licenciatura por la Universidad de Yale.

Land Lines: ¿Cómo se involucró en el Instituto Lincoln?

Alan Mallach: Ya había sabido del Instituto Lincoln desde hacía muchos años, e inicialmente me involucré en la década de 1990 con mi trabajo sobre la revitalización de áreas industriales abandonadas. Desde entonces, trabajé como profesor en una serie de sesiones de capacitación patrocinadas por el Instituto y participé en reuniones y conferencias en Lincoln House. Hace alrededor de siete años, Nico Calavita, profesor emérito del Programa de Graduados en Planificación Urbana de la Universidad Estatal de San Diego, y yo comenzamos a investigar el tema de vivienda inclusiva. Este proyecto llevó a que el Instituto publicara en 2010 el libro que coeditamos: Inclusionary Housing in International Perspective: Affordable Housing, Social Inclusion, and Land Value Recapture (Vivienda inclusiva en perspectiva internacional: vivienda económica, inclusión social y recuperación de plusvalías). Más recientemente he estado trabajando con Lavea Brachman, directora ejecutiva del Centro de Políticas del Gran Ohio, en un informe de enfoque sobre políticas de suelo que investiga temas relacionados con la regeneración de las ciudades industriales históricas de los Estados Unidos (ver página 28).

Land Lines: ¿A qué se refiere como «ciudades industriales históricas»?

Alan Mallach: «Ciudades industriales históricas» es un término que se ha comenzado a usar en vez de «ciudades en retroceso», como una manera de describir las ciudades del país que han perdido una cantidad significativa de población y puestos de trabajo en los últimos 50 años o más. Ciertas ciudades icónicas, como Pittsburgh, Detroit y Cleveland se mencionan generalmente en este contexto, pero la categoría también incluye a muchas ciudades más pequeñas, como Flint, Michigan; Utica, Nueva York y Scranton, Pensilvania.

Land Lines: ¿Cómo se conectan los temas de las ciudades industriales históricas con las preocupaciones principales sobre la política de suelo del Instituto Lincoln?

Alan Mallach: Hay muchos puntos de conexión, pero creo que el más importante es cómo debería usarse el suelo en estas ciudades. Todas estas ciudades tienen una sobresaturación significativa de oferta tanto de edificios residenciales como no residenciales en relación con la demanda, por lo menos desde la década de 1960. Como consecuencia de una demolición extensiva a lo largo de décadas, se ha acumulado un gran inventario de suelo vacante o subutilizado. Sólo Detroit tiene más de 100.000 parcelas de suelo vacante separadas y otros 40.000 a 50.000 edificios vacíos. Si bien este inventario es una carga, también podría convertirse en un enorme activo para el futuro de la ciudad. Uno de los temas centrales que enfrentan estas ciudades industriales es cómo desarrollar estrategias efectivas para usar este suelo no solo de forma que beneficie al público sino que también estimule el crecimiento económico y la demanda del mercado.

Land Lines: ¿Cómo compararía este desafío con su trabajo en vivienda inclusiva?

Alan Mallach: Desde el punto de vista económico, es la otra cara de la moneda. La vivienda inclusiva es una manera de usar el proceso de aprobación de planificación para canalizar una fuerte demanda del mercado y crear un beneficio público en forma de vivienda social, ya sea de manera directa, incorporando una cierta cantidad de unidades de vivienda social en un emprendimiento inmobiliario que quiere ser aprobado, o en forma indirecta por medio de desarrollo de predios o contribuciones en efectivo por parte del emprendedor. Como tal, involucra, ya sea explícita o implícitamente, la recuperación de la plusvalía del suelo que se crea en el proceso de aprobación de planes. La vivienda inclusiva parte de una gran demanda en el mercado, y no puede suceder sin ella.

Las estrategias de reúso del suelo en ciudades industriales tratan de generar demanda donde hoy en día no existe, o alternativamente encontrar maneras de usar el suelo para beneficiar al público y que se puedan implementar aun en condiciones donde no se puede inducir demanda en el mercado, por lo menos en un futuro previsible. Estas estrategias se llaman frecuentemente de usos «verdes» del suelo, como es el caso de la agricultura urbana, los espacios abiertos, la restauración de humedales o la gestión del aguas lluvias. Puede ser difícil conseguir que los funcionarios locales y los ciudadanos reconozcan que las formas tradicionales de revitalización, como la construcción de casas nuevas, centros comerciales, etc., requieren de la existencia de un mercado para dichos productos. No obstante, en muchas de estas zonas devastadas la demanda simplemente no existe. Más aún, la demanda no se puede inducir artificialmente por medio de subsidios públicos masivos, si bien los fondos públicos pueden, bajo ciertas condiciones, actuar como un estímulo para crear demanda.

Land Lines: ¿La falta de demanda es evidente en todos lados en las ciudades industriales históricas?

Alan Mallach: No, y esta es una de las cosas más interesantes sobre estas ciudades. En algunas ciudades la demanda crece mucho más que en otras, pero en la mayoría de los casos la revitalización se limita a ciertas partes de la ciudad.

Una tendencia perceptible es que las zonas del centro, o cercanas al centro, particularmente aquellas que tienen un carácter urbano peatonal fuerte, como el corredor de Washington Avenue en St. Louis, o el Distrito de Almacenes de Cleveland, están mostrando un gran dinamismo, si bien en muchas otras partes de estas dos ciudades sigue habiendo pérdida de población y abandono de viviendas.

Parte de este dinamismo se debe al carácter peatonal y la fuerte forma urbana (ver el nuevo libro del Instituto Lincoln por Julie Campoli, Made for Walking: Density and Neighborhood Form (Hecho para caminar: densidad y forma del barrio) (2012), que examina 12 barrios peatonales y las fuerzas que han generado su reciente popularidad). Un segundo factor importante es que estas áreas atraen a un segmento demográfico en particular: individuos y parejas jóvenes. Este grupo no sólo está orientado cada vez más a la vida urbana, sino que su porcentaje en el total de la población norteamericana está creciendo.

Land Lines: ¿Qué otros temas está explorando en su trabajo sobre las ciudades industriales históricas?

Alan Mallach: Me estoy centrando en dos áreas de investigación: una más cualitativa y otra más cuantitativa. En el primer caso, estoy examinando cómo muchas de estas ciudades están pasando por una pronunciada reconfiguración espacial y demográfica, un proceso que está exacerbando las disparidades económicas entre distintas áreas geográficas y poblaciones en estas ciudades. Si bien los centros de las ciudades más viejas, como los de St. Louis, Cleveland, Baltimore y hasta Detroit, son cada vez más atractivos, particularmente para los adultos jóvenes, y están ganando población y actividad económica, muchos otros barrios en estas ciudades están perdiendo población a una velocidad cada vez mayor. En muchos lugares estas tendencias están acentuando divisiones raciales que ya eran problemáticas.

Mi segunda área de investigación gira alrededor de lo que hace falta para promover una regeneración exitosa y sostenida. Lavea Brachman y yo hablamos de esto en nuestro informe de enfoque sobre políticas de suelo, pero espero poder investigar este tema más profundamente, examinando incluso algunas ciudades europeas que se han visto en situaciones similares a las de las ciudades industriales norteamericanas. Creo que las experiencias de las ciudades del norte de Inglaterra, por ejemplo, o el valle del Ruhr en Alemania, son similares a nuestras ciudades industriales históricas.

Land Lines: ¿Qué quiere decir con «regeneración exitosa»?

Alan Mallach: Esta es una cuestión muy importante. Yo creo que frecuentemente hay una tendencia a ver un evento en particular (las Olimpiadas de Barcelona o un edificio importante como el Museo Guggenheim en Bilbao, España, por ejemplo) como evidencia de regeneración, cuando en el mejor de los casos es un impulso discreto para obtener un cambio más sustancial. Creo que la regeneración tiene que ser consecuencia de cambios en tres áreas fundamentales: primero, el bienestar de la población, que se refleja en parámetros tales como el desempeño en educación superior, nivel de ingresos y menor desempleo; segundo, un mercado inmobiliario más fuerte y mayor fortaleza de los barrios; y tercero, la creación de nuevos sectores económicos orientados a la exportación para reemplazar el sector industrial perdido. El crecimiento de población por sí solo (es decir, la reversión de la disminución histórica de población) puede ser o no una prueba de regeneración. Es más probable que sea una consecuencia de estos tres cambios en vez de una causa.

Land Lines: ¿Cómo ve el futuro de las ciudades industriales norteamericanas?

Alan Mallach: Veo un futuro mixto. Como hemos mostrado en el informe sobre enfoque en políticas de suelo, a algunas ciudades les está yendo mucho mejor que a otras. Pittsburgh y Filadelfia están mostrando signos fuertes de resurgimiento, mientras que Cleveland, Detroit y Buffalo están perdiendo terreno. Creo que las ciudades industriales tienen dos desafíos importantes a medida que miran hacia el futuro.

El primer tema es cuál será el motor económico de estas ciudades. Las ciudades que han tenido mayor éxito hasta ahora han podido concentrar los grupos más significativos de universidades de investigación nacional y centros médicos. Estas instituciones tienden a dominar las economías de sus ciudades. Si bien han ayudado a ciudades como Pittsburgh y Baltimore a reconstruirse en la era postindustrial, creo que quedan muchas preguntas por contestar en lo que se refiere a su sostenibilidad como motores económicos de largo plazo.

La segunda cuestión es demográfica. Los centros pueden estar atrayendo a personas solteras y parejas jóvenes, pero muchos de los barrios residenciales de estas ciudades fueron construidos hace alrededor de 100 años, como comunidades principalmente para parejas casadas que estaban criando a sus hijos. Ahora se están descomponiendo incluso muchos barrios que habían permanecido estables hasta hace relativamente poco. Esta demografía de parejas casadas con niños está disminuyendo en todo el país, y más aún en las ciudades más viejas. Hoy, por ejemplo, sólo el 8 por ciento de los hogares de Baltimore está en esta categoría. Creo que el futuro de estos barrios es muy importante para el destino de estas ciudades, y estoy muy preocupado por sus perspectivas.

Land Lines: A pesar de estos desafíos, ¿cree que su trabajo marca la diferencia?

Alan Mallach: El hecho es que muchas ciudades están avanzando. Pittsburgh ha realizado una excelente tarea al valorizar sus activos para desarrollar nuevos motores económicos, mientras que Baltimore y Filadelfia están haciendo grandes avances al reorganizar muchas de sus funciones gubernamentales para resolver los desafíos de propiedades vacantes y problemáticas. Baltimore, por ejemplo, ha iniciado un programa llamado De vacantes a valor (Vacants to Value) que integra el cumplimiento de códigos de edificación y las propiedades problemáticas con estrategias más abarcadoras de construcción de mercados. He tenido la fortuna de haber participado directamente en algunas ciudades, como Filadelfia y Detroit; por otro lado, siempre me gratifica cuando funcionarios locales o líderes comunitarios me cuentan que usan mi trabajo, o que mis pensamientos han influido en ellos. Esto hace que el esfuerzo valga mucho más la pena.

Antonio Azuela, a fellow of the Institute for Social Research at Mexico’s National University, holds law degrees from the Universidad Iberoamericana (Mexico) and the University of Warwick (England), as well as a Ph.D. in sociology from Mexico’s National University (UNAM). Since the late 1970s, he has been engaged in research and teaching on urban and environmental law from a sociolegal perspective. His book Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental (Visionaries and Pragmatists: A Sociological Approach to Environmental Law), Mexico: UNAM, 2006, is a sociological reconstruction of his experience as General Attorney for the Environment in the Mexican Federal Government, from 1994 to 2000. He has recently edited the book Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas (Expropriations and Social Conflict in Five Latin American Metropolises), published by UNAM and the Lincoln Institute of Land Policy in 2013.

Land Lines: How did you get involved with the Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: In 1991, I met several of the Institute’s officers while they were on an exploratory trip to Mexico. I stayed in touch, because I was interested in the Institute’s approach to urban policy. My relationship grew stronger in 1998 through a meeting in Cairo organized by the International Research Group on Law and Urban Space (IRGLUS), where the Institute expressed interest in a sociolegal approach to urban land problems. In 2000, I was honored with an invitation to join the Institute’s Board of Directors. Since then, I have been in permanent contact with the Lincoln Institute staff and programs.

Land Lines: Why has the public acquisition of land become such a critical issue, particularly in Latin America?

Antonio Azuela: Expropriation, also known as eminent domain (i.e., the compulsory acquisition of land by the state) is an important subject all over the world, because it is a way of procuring land for public urban projects. But in Latin America it is even more critical, due to the weak nature of the state regarding urban matters. Before the democratic transition in the region, it was easier for governments to procure land using mechanisms that would be questionable in a democracy. But the transition has strengthened the judicial branch, which is generally unsympathetic to government interventions in the marketplace. Now, it’s increasingly possible for private owners to interfere with the public acquisition of land in the region (with the notable exception of Colombia, where a wide-ranging coalition of professionals, judges, and social organizations supports the doctrine of the social function of property). This trend can be seen, for example, in the exorbitant compensation that some courts have granted for land expropriations in Mexico City and São Paulo.

Land Lines: What are the main watershed issues?

Antonio Azuela: The first is the adoption of economic policies that advocate a lesser role for the state. The second pertains to the legal status of property rights. When constitutional reforms empower judges to limit the power of eminent domain, this restriction is not necessarily bad, because it can lead to higher quality public administration, but in the short term it has interfered with government power to purchase urban land for public projects. There are two notable exceptions: In Brazil and Colombia, constitutional reforms have established urban policies inspired by ideas of social justice—though only in Colombia do we find a new generation of judges who act in accordance with these principles. In Brazil, the courts are dominated by the classic liberal view of private property, which interferes with the ability to implement the social function of property—an idea that has been circulating in Latin America for almost a century.

Land Lines: Many jurisdictions prefer to acquire land in the open market instead of using instruments such as eminent domain.

Antonio Azuela: Eminent domain should not be the first option for acquiring land. The challenge is for governments to regulate a variety of instruments in order to achieve a general goal, which is to reduce the land component of the total cost of urban development. The use of eminent domain must be guaranteed by a strong legal framework that can establish an adequate balance between the power of the state and the power of the landowners, and it should be the last option when acquiring land for public urban projects.

The big problem is the cost of land, but the mechanisms of government intervention can inflate prices. For example, if the use of eminent domain is not expected to increase land value, and the judges determine it’s the right approach, it can have a positive impact on land markets. At the very least, we can expect from governments that their acquisition of land does not raise prices.

Land Lines: What are the main outcomes of your research on the use of eminent domain for urban development in the region?

Antonio Azuela: While there is a general trend to strengthen property rights, which interferes with the power of eminent domain, this trend shows several variations, depending on the relationship between the judicial and executive branches in the post-authoritarian governments of the region. The process of institutional change depends less on global trends than on domestic and even local forces, as certain cities follow different paths from others in the same country. Even if all local governments were to adopt the same strategy, the courts in one region will protect landowners more than the courts in other regions. The metropolitan area of Buenos Aires, for example, illustrates how the institutional system of eminent domain is not homogeneous, even within the same metropolitan area. In the Autonomous City of Buenos Aires, for example, people who live in informal settlements (villas miseria) have gone to court and prevented evictions. In the Province of Buenos Aires, however, the political climate is such that there is no threat of eviction; eminent domain is used to ensure that settlers can remain where they are.

Another important lesson is that there is no authentic dialog in Latin America on the significance of eminent domain or on the various ways the courts have tackled the dilemmas it presents. While the constitutional thinking in the region is very rich in ideas about certain legal issues, such as the rights of indigenous people and the elderly, urban policies—in particular, eminent domain—have not triggered deep discussions among legal scholars. Unfortunately, these issues seem to be viewed as exceptions, despite the enormous number of people who live (suffering or enjoying) in large urban centers.

Land Lines: Are eminent domain compensations arbitrary or unfair? If so, for whom?

Antonio Azuela: Inadequate compensation is, no doubt, one of the great challenges for the future development of eminent domain as a land policy instrument. In some cases, governments may take advantage of the powerlessness of certain social groups and offer them ridiculously low compensation for their land or homes. In other cases, however, the landowner’s economic power and influence can result in exorbitant compensations. Beyond these two extremes, in which the affected landowner is either very vulnerable or very powerful, it is difficult to discern a dominant trend.

A precise answer to your question would require a market study of a large number of eminent domain cases in order to determine if the compensation is high or low when compared to preestablished criteria. The existing research has shown, however, that in general the courts do not possess clear and widely shared criteria for determining whether compensations are fair. Moreover, courts lack the capacity to understand what is at stake during the process of urban transformation in which eminent domain is used. Consider, for instance, the case of a prominent family from Ecuador that received a very high compensation for the expropriation of agricultural land on the periphery of Quito. What is remarkable is that this case was decided by the Inter-American Court of Human Rights, and it was obvious that the court did not establish clear criteria to determine the amount of compensation; it simply averaged the assessments submitted by the different parties. The compensation was the highest ever awarded by this high court, which was created to address violations of human rights committed by dictatorships yet ended up benefiting private property owners at the expense of the public interest. The fact that this case did not create a scandal among constitutionalists in the region indicates how marginalized urban legal issues are in Latin America.

Land Lines: What are some changing trends you have observed?

Antonio Azuela: I observe, with some optimism, that many courts and local governments in the region are undergoing a learning process, trying not to repeat prior judicial mistakes. Unfortunately, these lessons rarely transcend the affected local area and become incorporated into the common regional juridical knowledge.

Land Lines: What sort of education or training would you recommend?

Antonio Azuela: Logically, we need to intensify exchanges among different disciplines and countries, placing the courts at the center of the discussion, as they will make the final decisions. These decisions should express the best possible synthesis of a body of knowledge that we need to build around the urban dynamics of the region. In the contact we have had with the courts, with the support of the Lincoln Institute, we have found that once a dialog is established, judges understand the need to learn more in order to grasp the effects of their decisions. In other words, while the courts do not seem to show a great interest in urban problems, as evidenced by the routine attitude shown in their day-to-day decisions, they can see new perspectives for their own professional development in the context of a critical analysis of urban issues.

Land Lines: What are the critical issues that need to be investigated more deeply? What is it that we do not yet know?

Antonio Azuela: We should try to understand the logic of court decisions in the region. We frequently make a simplistic interpretation of the actions taken by the courts, because the media tend to amplify the worst cases. However, many judges make an effort to find the best possible solution to each case. Under what conditions do they operate? One of the challenges of investigating these issues in Latin America is to understand the real world in which these decisions are made, apart from the common but always relevant themes of corruption and incompetence. We need to analyze statistical information to observe general trends, combined with an ethnographic approach to the functioning of the courts. Only then will we be able to understand what needs to be reformed in order to improve the court performance in urban conflicts. While it is important to ascertain who is being favored by the court decisions—which can be done by analyzing the contents of judicial decisions—we need better understanding of the conditions under which these decisions are made. In order to do that, we need to get closer to the courts themselves.

Liz Wood quería comprar una casa. Corría el año 2006, había estado alquilando por una década y sus pagos mensuales le estaban resultando muy altos. Tenía 43 años de edad y un empleo estable como educadora familiar en el que ganaba US$34.000 al año más beneficios. No quería nada lujoso; simplemente un lugar donde pudiera “crear amor y tener estabilidad”. No quería vivir más allá de sus recursos.

De todas maneras, las cuentas no le cuadraban. Wood vive en Duvall, Washington, un pueblo de aproximadamente 7.500 habitantes al pie de las Montañas Cascade. Duvall, inmerso en un bosque frondoso, se encuentra a alrededor de 48 kilómetros de Seattle y apenas 13 kilómetros de la ciudad de Redmond, sede de Microsoft. La mediana de ingresos en Duvall es casi el doble de la del estado de Washington en general, y las viviendas de la zona son caras. En 2010, la mediana del valor de las viviendas ocupadas en Duvall era de US$373.500, en comparación con US$262.100 del estado, según la Oficina del Censo de los EE.UU.

Entre las pocas opciones que tenía, Wood se decidió finalmente por una casa prefabricada de segunda mano de US$55.000 en Duvall Riverside Village, una comunidad de dos hectáreas con 25 viviendas prefabricadas, ubicada en el centro de Duvall. “Vivir aquí es increíble”, declaró. “Mi propiedad da sobre el río, así que cuando salgo de mi casa veo agua, pinos y un sendero por el cual puedo caminar hasta el pueblo vecino. Me despierto por la mañana escuchando a los pájaros. Conozco a todos mis vecinos; estoy conectada con mi comunidad. Estoy a una cuadra de la comisaría. Me siento segura”.

Pero aun así, su situación era complicada. Wood era dueña de su casa, pero no del terreno donde estaba ubicada. Alquilaba el terreno por US$450 mensuales, más el pago del agua y los demás servicios públicos, como el resto de los residentes de Duvall Riverside Village. Por lo tanto, Wood y sus vecinos estaban básicamente a merced del dueño de la propiedad, y no gozaban de la autonomía y seguridad legal asociadas con los modelos de propiedad de vivienda más tradicionales.

El propietario prohibía la construcción de garajes, limitando las opciones de almacenamiento de los residentes. Cobraba US$25 al mes por cada automóvil o persona adulta adicional que no se hubiera registrado en el momento de la mudanza. Cobraba US$5 al mes por cada mascota y los perros no podían quedar sueltos en ningún momento. Había que pagar una cuota mensual de US$5 por cada dos metros cúbicos de leña extra, que Wood necesitaba para alimentar su estufa. Aunque el propietario había contratado un empleado de mantenimiento, no había instalado alumbrado exterior ni mantenía las calles de la comunidad, que estaban llenas de baches y grietas.

En 2012, Wood y sus vecinos recibieron un aviso por escrito de que el propietario estaba vendiendo el suelo. A diferencia de otros propietarios, que preferían vender su terreno a un emprendedor inmobiliario, este propietario estaba dispuesto a vendérselo a los residentes. Había aceptado organizar una reunión entre los inquilinos, un corredor de bienes raíces y el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste (Northwest Cooperative Development Center), una organización sin fines de lucro que apoya a las cooperativas. Las partes consideraron la posibilidad de establecer una cooperativa de residentes sin fines de lucro para comprar la propiedad. De esa manera podrían conservar el suelo para las casas prefabricadas, seguir viviendo en comunidad y administrar colectivamente un lugar seguro, económico y de alta calidad.

Los residentes votaron a favor de esta propuesta. El propietario tenía dos demandas. Quería vender su propiedad a un valor justo de mercado, y quería completar la venta antes del fin del año. Estaban ya en agosto. Tenían cinco meses.

Además de colaborar con el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste, los residentes también comenzaron a trabajar con ROC USA, una organización sin fines de lucro de Nueva Hampshire que ofrece a los residentes de comunidades de casas prefabricadas una combinación de asistencia técnica y financiamiento asequible para comprar su suelo alquilado cuando se pone a la venta. Desde su fundación en 2008, ROC USA ha facilitado con éxito 80 transacciones de este tipo en todo el país y consiguió préstamos de financiamiento por más de 175 millones de dólares.

ROC USA trabaja con una red de ocho filiales regionales, una de las cuales es el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste. En Duvall, las organizaciones sin fines de lucro trabajaron con los residentes para hacer un análisis económico de la oferta y confirmar que era una buena oportunidad para que los residentes fueran propietarios de la comunidad. A continuación, las organizaciones ayudaron a los residentes a contratar a un abogado independiente y establecer su cooperativa, que funcionaría como una democracia, en la que los residentes elegirían a sus propios dirigentes. ROC USA ayudó a los residentes a contratar a un ingeniero independiente para realizar la diligencia debida de la propiedad; a conseguir financiamiento a través de la subsidiaria de préstamo de ROC USA, llamada ROC USA Capital; a comprar la propiedad y realizar las reparaciones indispensables; y a organizar la transferencia inmobiliaria.

El 27 de diciembre de ese año, la nueva cooperativa compró Duvall Riverside Village con US$1,3 millones en financiamiento de ROC USA Capital, y Wood y los demás propietarios pasaron a controlar sus propias viviendas y a preservar de forma permanente 25 viviendas económicas en un pueblo donde la oferta de este tipo de viviendas es escasa.

Los residentes continuaron pagando US$450 mensuales para alquilar el terreno, pero ahora votan para establecer las reglas de la comunidad, y usan el pago del alquiler para realizar mejoras y pagar la hipoteca, los impuestos y los gastos de comunidad.

“Ahora puedes tener un garaje si quieres”, explica Wood, que es la presidente de la cooperativa de residentes de Duvall y miembro de la junta directiva de ROC USA. “E invertimos US$35.000 para arreglar las calles. Ya no tenemos que vivir con temor, así que la gente está dispuesta a invertir en sus casas. Tenemos reuniones anuales para votar sobre proyectos. Si en el presupuesto hay cosas que no necesitamos, podemos reducir nuestro alquiler mensual. En última instancia, controlamos nuestro propio destino”.

Después de completar la venta, ROC USA y el Centro de Desarrollo Cooperativo del Noroeste han seguido proporcionando a los residentes asistencia técnica para garantizar el buen funcionamiento de la comunidad.

“Si simplemente nos hubieran prestado dinero y nos hubieran dicho: ‘Estas son las pautas, y esto es lo que tienen que hacer’, hubiéramos fracasado”, explica Wood. “Pero son un recurso constante. Nos ayudan en situaciones difíciles o cuando no sabemos hacer algo de forma legal. Nuestra meta es independizarnos y poder administrar nuestra comunidad como un negocio. Pague sus cuentas y su casa puede quedarse donde está. Punto. Para siempre”.

Beneficios

Más de 18 millones de estadounidenses viven en casas prefabricadas, lo cual representa el 5 por ciento del inventario de viviendas en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos, y un 15 por ciento en las comunidades rurales. Su calidad tiene variaciones significativas. Aproximadamente el 25 por ciento de las casas prefabricadas son las casas rodantes frágiles desvencijadas de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, fabricadas antes de que el gobierno federal introdujera controles de calidad en 1976. El 75 por ciento restante cumple con las normas federales, y muchas son viviendas agradables y térmicamente eficientes, que a simple vista no se pueden distinguir de las viviendas tradicionales construidas sobre el terreno. Si bien las casas prefabricadas han sido despreciadas durante mucho tiempo como el último recurso para vivienda, los modelos actuales son robustos, eficientes y atractivos, con el potencial de aliviar la carencia de viviendas seguras y económicas en el país.

Las casas prefabricadas modernas cuestan aproximadamente la mitad que las construidas sobre el terreno, y se pueden construir cinco veces más rápido, convirtiéndose en una opción realmente viable para los consumidores de bajos ingresos. El proceso de producción es menos costoso y los modelos que cumplen con las normas Energy Star del gobierno federal ofrecen a los propietarios un importante ahorro de energía. Y son duraderas. Mientras que las casas prefabricadas construidas antes de las regulaciones de 1976 fueron diseñadas para ser portátiles, como vehículos recreativos, los modelos modernos están construidos con materiales más fuertes y diseñados para ser permanentes. Las casas prefabricadas de hoy pueden sustentarse en los mismos tipos de cimientos que se usarían para una estructura construida sobre el terreno, ofreciendo flexibilidad para usarlas en una amplia gama de geografías y ambientes.

“El inventario de casas prefabricadas es un componente fundamental de las viviendas económicas del país”, dice George McCarthy, presidente y Director Ejecutivo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “Supera fácilmente dos o tres veces el inventario de viviendas subsidiadas en casi todos los mercados”.

Las casas prefabricadas son más baratas de producir que las casas construidas sobre el terreno, debido a su proceso de manufactura. Andrea Levere, presidente de Corporation for Enterprise Development, ha escrito en The Huffington Post que “el término ‘casa prefabricada’ tiene menos que ver con la calidad que con el proceso de producción, que deriva de las cadenas de montaje creadas por Henry Ford. Este modelo permite construir las casas prefabricadas en un ambiente de trabajo más controlado, con costos más predecibles, mayor eficiencia y menos residuos” (Levere 2013).

En 2013, el costo de una nueva casa prefabricada térmicamente eficiente era de US$64.000, en comparación con los US$324.500 de una nueva casa construida sobre el terreno, según el Censo de los Estados Unidos, si bien el precio de la segunda incluye el suelo. Pero incluso cuando se descuenta el costo del suelo, las casas prefabricadas siguen siendo significativamente más baratas, con un promedio de US$4 por metro cuadrado, en comparación con US$8,7 por metro cuadrado para las casas construidas sobre el terreno. Y no son viviendas subsidiadas, lo cual es una ventaja cuando se tiene en cuenta la oferta extremadamente escasa de viviendas subsidiadas en comparación con la demanda. En la actualidad, sólo una de cuatro familias que reúne los requisitos debido a sus bajos ingresos recibe una vivienda subsidiada, de acuerdo a la Comisión Bipartidista de Políticas, dejando al 75 por ciento restante en necesidad de una alternativa económica sin subsidiar. Al ayudar a cubrir ese vacío, las casas prefabricadas pueden aliviar algo esta demanda de casas subsidiadas que los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen tanta dificultad para ofrecer debido a la reducción de sus presupuestos. “La mayoría de las familias que viven en casas prefabricadas serían elegibles para viviendas subsidiadas, pero en su lugar eligen esta opción más barata y sin subsidio”, dice McCarthy.

El inventario es también muy versátil, señala McCarthy, citando el papel que las casas prefabricadas cumplieron en el periodo inmediatamente posterior al Huracán Sandy. “Los trabajadores de emergencia instalaron 17 casas prefabricadas en Nueva Jersey a pocas semanas del huracán. Estas eran casas permanentes para inquilinos desplazados, no los problemáticos ‘tráileres Katrina’. Y lo hicieron antes de que la mayoría de las organizaciones elaborara siquiera un plan de vivienda. Esto es una muestra de la eficiencia y flexibilidad de las casas prefabricadas. Los plazos de producción son aproximadamente 80 por ciento más cortos que los de las casas construidas sobre el terreno, convirtiéndolas en la mejor opción de vivienda como respuesta a las catástrofes”.

De todas maneras, las casas prefabricadas con frecuencia tienen mala reputación, debido en gran medida a la percepción equivocada de que los modelos de hoy en día son los mismos que los de las primeras generaciones de casas móviles, antes de la introducción de normas de control de calidad por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en 1976. Hoy en día hay aproximadamente 2 millones de casas construidas antes de 1976; muchas de ellas apenas se sostienen erguidas, y alojan a la población más vulnerable, como los ancianos y discapacitados. Si bien el inventario de viviendas anteriores a 1976 no tiene casi relación con sus contrapartes de la actualidad, estas viviendas más viejas y deterioradas dominan la percepción pública de las casas prefabricadas en los Estados Unidos.

La reputación del inventario de estas viviendas es aún menor por las vulnerabilidades que tienen los residentes que no son dueños del terreno donde viven. Aproximadamente 3 millones de personas viven en una de las 50.000 comunidades de viviendas prefabricadas del país, mientras que otros 3 millones alquilan una casa prefabricada en terrenos privados. Hay comunidades de casas prefabricadas en todos los estados del país. Como en el caso de Duvall Riverside Village, muchas se encuentran en terrenos privilegiados, y los propietarios de esos terrenos reciben habitualmente ofertas de emprendedores inmobiliarios.

Los promotores de casas prefabricadas y de su viabilidad como alternativa de vivienda económica se han enfocado en tres áreas fundamentales de innovación: conservar los parques de casas móviles; reemplazar las unidades anteriores a 1976 por casas térmicamente eficientes; y aumentar el acceso a financiamiento asequible para los compradores potenciales, ya que es prácticamente inaccesible en el mercado actual, y es imperativo para acumular un patrimonio neto y preservar el valor de reventa de la casa.

Conservación de las comunidades de casas prefabricadas

La conversión de una comunidad de casas prefabricadas de propiedad privada a una cooperativa de residentes, como se hizo en Duvall Riverside Village, no es frecuente. Por cada comunidad que se ofrece a la venta y se preserva satisfactoriamente como vivienda económica, hay muchas más que se terminan vendiendo para realizar emprendimientos inmobiliarios, desplazando a los residentes, quienes quizás no tengan ninguna otra buena alternativa.

“No es tan sencillo como sólo mover la casa”, dice Ishbel Dickens, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Casas Prefabricadas. “Primero está la cuestión de si la casa se puede mover. Puede ser demasiado vieja o inestable para moverse. Y aunque se pueda mover, esta operación es cara, y es muy difícil encontrar un espacio en otra comunidad. En la mayoría de los casos, cuando un parque de casas cierra, los residentes probablemente van a perder la casa y todos sus recursos. Lo más probable es que nunca puedan ser propietarios de una vivienda. Probablemente terminarán en una lista de viviendas subsidiadas, o acabarán viviendo en la calle”.

Hasta cierto punto, es un accidente histórico que tantos parques de casas móviles ocupen terrenos valiosos, dice Paul Bradley, presidente de ROC USA. En las décadas de 1950 y 1960, los estadounidenses comenzaron a comprar casas rodantes, en parte debido al surgimiento de una cultura de recreación al aire libre, y en parte debido a que las fábricas comenzaron a producirlas para utilizar la capacidad de manufactura excedente después de la Segunda Guerra Mundial, haciéndolas atractivas y asequibles. A medida que las unidades se fueron haciendo más populares, pasaron de ser estructuras transitorias a permanentes, y la gente comenzó a agregar garajes provisionales para sus automóviles y solarios. En ese momento, los planificadores urbanos aceptaron la evolución hacia la permanencia. Desde su punto de vista, la mayoría de las casa rodantes se encontraban en terrenos periféricos que no se usaban para emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué tenía de malo dejar estas casas móviles por un tiempo hasta que las ciudades se expandieran hasta llegar allí, y en ese momento desarrollar el suelo?

“Estas comunidades originales se construyeron con un plan en mente para eliminarlas”, dice Bradley. “En ese entonces, nadie contempló las consecuencias de crear un inventario de viviendas donde los propietarios no podían controlar el suelo donde se encontraban. Nadie anticipó que estas comunidades se llenarían de propietarios de bajos y moderados ingresos, quienes invertían su dinero para comprar estas casas y tenían muy pocas alternativas viables. Y hoy en día todavía estamos tratando de resolver este problema. Esta falta de control del suelo significa que los propietarios de las viviendas viven con una profunda sensación de inseguridad, y de que es absurdo efectuar inversiones en su vivienda, porque nunca las van a poder recuperar. ¿Cuál es la consecuencia para un propietario que no puede invertir racionalmente en su casa? ¿Qué significa esto para el inventario de viviendas? ¿Para los barrios?”

Las políticas de corto plazo para el uso del suelo no son el único problema para preservar las comunidades de casas prefabricadas. Otro obstáculo igualmente oneroso es la falta de protección legal para los residentes. En 34 estados y el Distrito de Columbia, el propietario puede vender el terreno sin dar a los residentes la oportunidad de comprarlo. De hecho, en la mayoría de los estados el propietario no tiene siquiera que notificar a los residentes que la comunidad está a la venta; puede esperar hasta que la propiedad se haya vendido antes de informar a los residentes de la transacción, dejándolos de golpe en una situación muy frágil. Incluso los 16 estados que exigen al propietario la notificación previa a la comunidad de la venta de viviendas prefabricadas no brindan necesariamente las protecciones que requieren los inquilinos. “En la mayoría de los estados con notificación previa, hay tantas limitaciones en los requerimientos de la notificación que pocas veces sirve de algo a los residentes”, dice Carolyn Carter, directora de promoción en el Centro Nacional de Derecho del Consumidor (National Consumer Law Center).

Para proteger mejor a los promotores respaldan reformas legislativas a las leyes estatales e incentivos tributarios para que los propietarios vendan el suelo a los residentes. La estrategia más efectiva consiste en promulgar leyes estatales que requieren al dueño que dé un aviso anticipado de la venta a los residentes (idealmente de 60 días) junto con la oportunidad de comprar la propiedad, señala Carter. Según ella, hay seis estados que tienen leyes que “funcionan en la práctica, y brindan oportunidades reales para que los residentes compren sus comunidades”: Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Florida, Vermont y Delaware. Dice también que Oregón promulgó una legislación prometedora en enero de 2015. “En estos estados con avisos efectivos y leyes que brindan la oportunidad de comprar, está tomando fuerza el que los residentes se conviertan en propietarios”, explica Carter.

Aproximadamente el 46 por ciento de las 80 comunidades respaldadas por ROC USA se encuentra en Nueva Hampshire o Massachusetts, dos estados pequeños con algunas de las protecciones más efectivas del país para los residentes. Hay 89 cooperativas de residentes adicionales en Nueva Hampshire anteriores al lanzamiento de ROC USA.

Para comprender el valor de las leyes de protección firmes para los residentes, basta con contar la historia de Ryder Woods, un parque de 174 casas móviles en Milford, Connecticut, a 18 kilómetros al sur de New Haven, pegado a una carretera principal. Connecticut es uno de 19 estados que ofrecen incentivos tributarios o brindan a los residentes “algunas” protecciones cuando se vende la comunidad, aunque también presenta “importantes vacíos”, según Carter. En 1998, el dueño de Ryder Woods vendió su propiedad a emprendedores inmobiliarios. Informó a los residentes por medio de avisos de desalojo, en contravención de las leyes estatales, que le exigían no sólo dar un aviso por adelantado de la venta pendiente sino también ofrecerles la oportunidad de ser los primeros en comprar el suelo. Ryder Woods tenía una asociación de propietarios activa y rápidamente se organizaron protestas, peticiones y campañas ante la legislatura estatal para cancelar la venta. Finalmente, los medios de comunicación se hicieron cargo de la historia, y una abogada de Milford ofreció sus servicios de forma voluntaria para ayudarlos. A medida que profundizaba en el caso, se dio cuenta de que la ley estaba del lado de los residentes, y que la comunidad necesitaba más respaldo legal que el que ella podía ofrecer por sí sola. Pidió ayuda a un amigo y colega, socio de una importante compañía de Hartford, que aceptó tomar el caso pro bono y asignó la tarea a un equipo de abogados. El caso finalizó en un juicio y en última instancia llegó hasta la corte suprema estatal. El comprador original, que no estaba interesado en este embrollo legal, vendió la propiedad a un segundo emprendedor.

Cuatro años después de la venta original, el tribunal falló a favor de los residentes. En un pacto sin precedentes, y como parte del acuerdo, el segundo emprendedor compró un nuevo terreno a un kilómetro y medio de la parcela original y reconstruyó completamente allí la comunidad. El emprendedor compró 174 casas móviles nuevas y se las vendió a los residentes a un precio significativamente reducido, con hipotecas más favorables que cualquier otro financiamiento convencional del mercado. Construyó un centro comunitario y un estanque que completó con cisnes. Y como parte del acuerdo dio a los residentes la oportunidad de formar una cooperativa y comprar el terreno, lo cual hicieron en 2009 con un financiamiento de compra de US$5,4 millones de ROC USA Capital. La escritura de compra se firmó en las oficinas de la mencionada compañía de Hartford, la cual siguió prestando sus servicios de forma voluntaria a los residentes hasta que se completó la venta. Hoy, en el suelo que ocupaba la comunidad original de Ryder Woods, hay una tienda de Walmart.

“A veces, cuando recordamos lo que pasó, pensamos que fue una locura. Contratamos un autobús, fuimos a Hartford, hablamos con la legislatura, y luchamos. Nos juntamos y ganamos contra dos emprendedores multimillonarios”, explica Lynn Nugent, de 68 años de edad, vendedora a tiempo parcial en una tienda de Sears, y una de los residentes que ayudó a organizar la campaña junto con su marido, cerrajero jubilado. “Yo siempre digo: Antes pertenecíamos a otra persona; ahora nos pertenecemos a nosotros mismos”.

Mejor acceso a casas prefabricadas económicas y de calidad

A diferencia de los residentes de Ryder Woods, muchos propietarios de casas prefabricadas tienen problemas para conseguir una unidad de calidad con un financiamiento asequible. De nuevo, el principal responsable es la legislación. Según la ley federal, las casas prefabricadas se consideran una propiedad personal, como un automóvil o una embarcación, y no una propiedad inmueble como las casas tradicionales. Por lo tanto, los compradores no pueden acceder a préstamos hipotecarios. En cambio, el financiamiento se realiza por medio de préstamos personales. Estos préstamos son más caros que las hipotecas, con un promedio de tasas de interés 50 a 500 puntos básicos mayor, y con menores protecciones al consumidor. Más del 70 por ciento de los préstamos para la compra de casas prefabricadas es de este tipo, considerado un sustituto de productos subprime.

“Esta situación de pertenecer a un segundo nivel es una de las mayores limitaciones para aumentar el inventario de casas prefabricadas permanentemente asequibles”, dice McCarthy. “Es un obstáculo al financiamiento de las casas, incrementando su costo y reduciendo el potencial de acumulación de patrimonio neto, porque reduce la demanda efectiva de unidades existentes”.

Si bien la solución ideal sería cambiar las leyes federales de la titulación, no es probable que ocurra. En cambio, Next Step, una organización sin fines de lucro de Kentucky, ha establecido el concepto de “Viviendas Prefabricadas Hechas Correctamente” (Manufactured Housing Done Right o MHDR)”. Esta estrategia innovadora pone casas prefabricadas asequibles de alta calidad —junto con el financiamiento correspondiente— a disposición de consumidores de ingresos bajos a moderados, por medio de una combinación de casas térmicamente eficientes, educación a los compradores y financiamiento barato. Funciona de la siguiente manera.

Primero, Next Step brinda a los compradores de bajos ingresos acceso a casas prefabricadas de alta calidad. La organización creó una cartera de modelos sólidos y asequibles. Cada casa de Next Step cumple o excede las normas Energy Star, reduciendo tanto los costos de los servicios públicos para el propietario como la huella medioambiental. De acuerdo a Next Step, las pruebas han demostrado que estas casas son un 30 por ciento más eficientes que una casa básica que cumple con el código de edificación, y 10 a 15 por ciento más eficiente que una casa Energy Star básica. En promedio, esto genera un ahorro de energía de US$1.800 al año por cada casa móvil anterior a 1976 reemplazada, y US$360 al año por cada casa nueva establecida.

Además, las casas de Next Step están “diseñadas para garantizar que sean económicas al tiempo que cumplen con las normas de calidad”. Se instalan sobre cimientos permanentes, proporcionando un mayor soporte estructural contra el viento y reduciendo los problemas de asentamiento. Las casas tienen pisos y aislamiento de alta calidad, lo cual ayuda a aumentar su durabilidad y reducir los gastos de energía. Y como el problema principal de los cimientos es el agua, las casas de Next Step tienen protecciones adicionales contra la humedad.

Mejor acceso a financiamiento sostenible

Next Step también asegura a los compradores de vivienda un financiamiento seguro, sostenible y económico. “Uno de los problemas de esta industria es que los mercados de capital no participan de forma importante”, explica Stacey Epperson, Directora Ejecutiva de Next Step. “No hay un mercado secundario significativo, de manera que hay muy pocos prestamistas en el mercado y muy pocas opciones para los compradores. Nuestra solución es preparar a nuestros prestatarios para que sean propietarios, y después conseguirles buenos préstamos”.

Next Step trabaja con una combinación de prestamistas con y sin fines de lucro, aprobados por la organización, que proporcionan un financiamiento seguro a precios razonables. Como contrapartida, Next Step reduce el riesgo de los prestamistas. Las casas están diseñadas para cumplir con los requisitos de los prestamistas, y los compradores reciben capacitación financiera integral para que puedan tener éxito como compradores. Por lo tanto, los compradores de casas de Next Step no sólo obtienen una mejor hipoteca inicial, sino que tienen la capacidad para acumular patrimonio neto y obtener un buen precio de reventa cuando decidan vender su casa.

Además, cada casa de Next Step se instala sobre un cimiento permanente para que el propietario pueda cumplir con los requisitos de ciertos programas hipotecarios con garantía gubernamental, que son menos onerosos que un préstamo personal. Next Step estima que ha ahorrado a sus 173 propietarios aproximadamente US$16,1 millones en pagos de interés.

“En estos momentos, cerca del 75 por ciento del financiamiento de casas prefabricadas se hace con préstamos personales. Pero el 70 por ciento de casas nuevas prefabricadas se instala en suelos privados donde, en muchos casos, la casa se podría colocar sobre un cimiento permanente, y el dueño podría obtener una hipoteca de largo plazo con una baja tasa de interés”, dice Epperson.

El modelo de MHDR es innovador en parte porque es escalable. Next Step capacita y depende de una red de organizaciones miembros sin fines de lucro para implementar el modelo en sus comunidades respectivas. Next Step vende casas a sus miembros a precios competitivos, y después las organizaciones miembros supervisan el proceso de identificar y educar a los compradores, ayudando a conseguir el préstamo y administrando la instalación.

“En el modelo tradicional de la industria, no había manera de que una organización sin fines de lucro pudiera comprar una casa prefabricada a precios de mayorista. Esto es lo que hemos diseñado, y como resultado podemos ofrecer una vivienda mucho más económica que si la organización sin fines de lucro o el propietario tratara de comprarlas por sí mismos”, explica Kevin Clayton, presidente y Director Ejecutivo de Clayton Homes, uno de los productores más grandes de casas prefabricadas del país, y uno de los proveedores de largo plazo de Next Step.

“El programa Next Step funciona porque prepara a la gente para tener éxito”, dice Clayton. “Next Step les ofrece asesoramiento para ser propietarios y les brinda apoyo si tienen problemas económicos en el futuro. Pueden comprar su casa por mucho menos dinero, acumular patrimonio neto y pagar una cuota mensual baja por su préstamo y sus costos de energía”.

Cyndee Curtis, una propietaria de Next Step, está de acuerdo. Curtis tenía 27 años de edad, era soltera y estaba embarazada cuando compró una casa móvil usada modelo Fleetwood de 1971 por US$5.000 en 2001. La colocó en un lote de su propiedad en las afueras de Great Falls, Montana.

“No tenía dinero, no tenía un título universitario, y no tenía opciones”, dice Curtis. “El viejo tanque séptico de acero tenía agujeros por el óxido, era como una bomba de tiempo. La alfombra estaba completamente gastada, el linóleo debajo de la alfombra tenía agujeros de quemaduras, y el cielorraso tenía fugas donde se había colocado una extensión de la casa. Todos los años compraba libros de construcción, iba a Home Depot y preguntaba cómo arreglar esa fuga. Y todos los años me encontraba en la situación de arreglarla sola. Había moho en el umbral de la puerta debido a esa fuga, y tenía un recién nacido viviendo en la casa”.

En 2005, Curtis volvió a la universidad por dos años, obtuvo su título de enfermera y comenzó a trabajar como enfermera práctica registrada, ganando US$28.500 por año. “Ahora que estaba ganando un sueldo decente, podía explorar mis opciones”, dijo Curtis, madre soltera de dos hijos. “Quería conseguir un lugar donde mis hijos pudieran crecer con orgullo, y aprovechar el lote al máximo”.

Pero su historial de crédito no era bueno, y finalmente recaló en NeighborWorks Montana, un miembro sin fines de lucro de Next Step, que le informó sobre el programa de Next Step. En los dos años y medio siguientes, Curtis trabajó con el personal de NeighborWorks Montana para reparar su historial de crédito. Con su ayuda, consiguió una hipoteca y compró una casa de Next Step por US$102.000, que incluía no sólo la casa sino también la extracción, eliminación y recambio de su viejo sistema séptico. Como la casa de Next Step está instalada sobre un cimiento permanente que reúne ciertas calificaciones, y debido a haberse mejorado el historial de crédito, los ingresos y las condiciones de vivienda de Curtis, pudo conseguir una hipoteca del programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los EE.UU., mucho menos onerosa que los préstamos personales comunes. Además, mientras que la casa móvil anterior de Curtis tenía un título equivalente a un automóvil, su casa de Next Step tiene una escritura similar a la de una casa construida sobre el terreno. Por lo tanto, un futuro comprador también estará en condiciones de solicitar una hipoteca tradicional.

Curtis dice que su casa de Next Step le ha proporcionado ahorros de energía significativos. “Tengo 40 metros cuadrados más que antes. Antes tenía un baño; ahora tengo dos. Y sin embargo, mis gastos de gas y electricidad se han reducido en dos tercios”.

Dice además: “Mi casa es mil por ciento mejor que donde vivía antes. Si una persona entra a mi casa, no se da cuenta de que es prefabricada. Tiene lindas puertas, con paredes texturizadas. Se parece a cualquier otra casa nueva donde uno quisiera vivir. A veces la gente cree que tiene que sufrir con una vivienda en malas condiciones. Yo sé lo que es vivir así, y les quiero decir que si trabajan con dedicación pueden mejorar su vida y la de su familia”

Loren Berlin es escritora y consultora de comunicaciones del área metropolitana de Chicago.

Referencias

Levere, Andrea. 2013. “Hurricane Sandy and the Merits of Manufactured Housing.” Huffington Post. 8 de enero. http://www.huffingtonpost.com/andrea-levere/hurricane-sandy-manufactured-housing_b_2426797.html

This issue of Land Lines highlights many aspects of the Institute’s international education program. We are engaged with colleagues around the world who share our interests in land and tax policy issues, which are often the most critical issues facing developing and transition countries. Policy makers, academics and citizens look to the Lincoln Institute for guidance and training on both the policy and practice of land use planning and development and the valuation and taxation of land and buildings.

However, I believe our international program can also provide important lessons for U.S. policy makers. For example, the participatión en plusvalías in Colombia is an effort to capture for public benefit the land value increments that result from public actions, such as infrastructure investment. The fairness of this policy seems very persuasive, and the Colombian effort to implement a practical instrument to capture this value can provide important insights.

Over the past six years, most of the Institute’s international work has been in Latin America and the Caribbean. Extensive networks of colleagues help us clarify the issues, identify partners, convene appropriate audiences and develop relevant pedagogical materials that supplement our basic curriculum. In learning from them we have been instrumental in fostering the debate on land and tax policy and have had a real impact in the region.

The Institute is also actively engaged with colleagues facing the challenges of implementing new tax policies in South Africa and Eastern Europe. The editors of a new Lincoln Institute book on property taxation in South Africa are using that volume in a series of seminars and workshops with municipal officials this spring, thus providing direct input to legislation now being debated in that country. Another recently published book by Institute faculty offers a comparative analysis of property taxation in six Central and Eastern European countries whose economies are in transition from a centralized to a market-based system.

The Institute also has a 30-year relationship with the Republic of China, in conjunction with the International Center for Land Policy Studies and Training, and we are beginning a new program in the People’s Republic of China through the Ministry of Land and Resources with Beijing and Renmin universities and the Chinese Academy of Sciences.

On a sad note, the Institute, Brazil and the world mourn the loss of Mayor Celso Daniel of Santo Andre, a city near São Paulo. He was tragically assassinated in January. Daniel had been a regular faculty member in our courses in Brazil and throughout Latin America. He was a progressive mayor and leader of the Workers Party in Brazil, and in 2000 he was re-elected for the third time with over 70 percent of the votes cast. He was a wonderful person and a close friend who will be missed.

In these turbulent times in so many countries worldwide, we will continue to reach out to those who are taking leadership roles in forging new alliances within their cities and regions to develop the most appropriate land use and taxation policies and practices.

The urban landscape typical of many small and medium-sized Italian cities is filled with historical richness but also with more recent incoherent and contradictory development patterns. As a result, planners are actively adopting new ideas and theories about urban planning and are studying policies and practices about open space from colleagues in other countries.

The concept of quality of life is a common theme in European planning programs seeking to improve the image and functionality of neighborhoods. This idea normally represents a complex set of values to describe socio-economic conditions, but it can also be a useful instrument to set policies, implement strategies, improve landscapes and preserve open spaces. As the quality of life in many Italian cities has improved over the past ten years, attention to the needs of urban settlements has shifted from the central historical districts to the peripheries. Smaller suburban and rural communities now are demanding better living conditions and enhanced local identity through broad-based citizen participation in urban planning and design projects.

England, France and the United States, in particular, provide inspiration to Italian planners and public officials concerned about how to better integrate urban planning and the natural landscape. The loss of what had been an important cultural tradition in Italy has resulted in a more simplified and standardized urban architectural language and a lack of consideration for open space as either a valuable natural resource or an opportunity for economic and cultural growth.

The European Union (EU) is also influencing important reforms in many aspects of governance and public administration. For example, Italy’s regions, which have long been the dominant level of local government, are managing their territories with more sophisticated planning techniques based on the principles of sustainable development. At the same time, recently passed national fiscal and land taxation reforms are helping the municipalities create new resources and policies for housing rehabilitation and for public services and infrastructure, such as schools, parks and sports facilities. For example, the Regional Government of Tuscany, through its 1995 Urban Planning and Development Act, has begun a number of institutional and administrative changes, including new planning tools and public grants that have encouraged urban regeneration projects and private-public partnerships to support their costs.

The Center for Urban Research (CRU) of the Department of Architecture at the University of Ferrara has been involved in many projects promoted by both the regional and the national governments. Most address both training programs for public officials and private professionals and initiatives to disseminate “best practices” in urban planning and land use. In the last few years, the Center has consulted with many municipalities, including Ferrara in the Emilia-Romagna region and Massa Marittima in Tuscany. While recognizing the different histories and needs of these two cities, the Center is helping their municipal authorities find new opportunities for economic and social development and for enhancing their quality of life.

Ferrara

Located between Venice and Bologna in the Po Valley close to the river delta, Ferrara currently has about 120,000 inhabitants. The city’s main development can be dated to the medieval period, but important transformations were introduced during the Renaissance by the Duke d’Este. Ferrara’s distinctive network of streets, squares, gardens and buildings owe their design to the Duke, who in 1492 implemented the so-called “Addizione Erculea,” which can be considered the first modern urban plan in Europe.

The basic traits of the urban fabric have not changed much since then. The historical center, enclosed inside a system of walls, is still well preserved, and bicycles and pedestrians still outnumber cars. During the winter the fog often softens the buildings, giving the city a magical appearance, and the pace of life slows down as in ancient times. Ferrara also has strong traditions with agriculture and water, including the Po River, the delta and lagoons along the coast, and the extensive network of drainage and irrigation canals.

The city’s beauty and sense of magic have influenced artists since the Renaissance, and Ferrara is home to one of the oldest and finest Italian universities, which is small but exerts an influential role in city life. At present, most jobs in the district are connected with government functions, education, research and design, medical services, agriculture-related industries and tourism. Ferrara’s relative isolation with respect to the Italian “grand tour” has enabled the city to develop balanced cultural tourism policies over the years.

The Barco, a public park designed for the Duke d’Este as a private hunting area, offers the city an interesting opportunity to link urban planning and open space development. This semi-rural landscape is enclosed by the town walls, the Po River and a large industrial petrol-chemical factory. Supported by a special regional grant for urban rehabilitation, CRU is beginning research and planning for this project, which will also involve private sector contributions to help realize this recreational and open space resource for the city.

Another important local government goal is to use the urban environment and surrounding landscape as elements to improve economic growth. The project involves extending the traditional idea of cultural tourism beyond the historic city to include a network of small rural communities. Visitors to Ferrara and the Po River Delta Park will thus have the opportunity to discover ancient villas, marvelous natural landscapes and archeological settlements, as well as inns, restaurants and other amenities throughout the region. At the same time, young people who do not want traditional jobs in farming and fishing will be able to find different employment opportunities and more reasons to stay in their towns. To accomplish this goal, the project is using a variety of planning strategies, including some EU measures that support economic regeneration through training courses and start-up enterprises.

Foreseeable constraints on the success of this project may come from some local residents who consider agriculture their only possible economic resource, a mentality strongly rooted in history. From the Renaissance until World War Two, people from other, poorer regions of Italy were brought to the Po valley to transform the wetlands into agricultural fields. Many of the original workers have become owners of small and mid-sized farms, and they fear the loss of their rights and traditions, even though the farm produce is of poor quality and it is very expensive to maintain flood controls over the fields. Winning the trust of both urban and rural residents is a challenge that will require collaboration to increase the quality of life of residents throughout the region.

Massa Marittima

Massa Marittima is a small city in Tuscany with a population of about 10,000, sixty percent of whom live in small outlying towns. It also is the capital of the Colline Metallifere (Metal Hills) district, where for almost four thousand years silver, copper, and iron mines have operated continuously. Mining started in the Bronze Age and continued throughout the Etruscan, Roman, and medieval eras, through the Siena domination and the Medici and Lorraine eras, until the present generation of large industrial corporations. Populonia, one of the most important Etruscan industrial centers, is twenty miles from Massa Marittima, and archeological remains are found near the steel center of Piombino.

The free commune of Massa Marittima passed the oldest known mining laws in the Western world at the beginning of the fourteenth century. The natural environment surrounding the city still bears the signs of this economic history. There are large forests, which once produced timber for the mines and fuel for the furnaces, and the countryside is only partially cultivated. A less attractive sign of this heritage are the highly polluting mine waste sites.

Massa Marittima experienced a severe economic and identity crisis when the last operating mine closed ten years ago. The local community was forced to make two major decisions. First, it had to change from being a specialized economy based on difficult but secure jobs and dependence on the mining company, along with a very protective welfare system, to becoming a diversified, dynamic and flexible economy where individual enterprise is central. Second, the residents had to accept tourism as the new main source of employment to take advantage of the most important local resources: the region’s cultural heritage and its natural environment.

As in the case of Ferrara, the relative isolation and the late emergence of a tourism-based economy helped Massa Marittima work out more balanced strategies and policies for its future. In this case the opportunity was offered by the national ministries of Heritage and Environmental Policies to develop a national park for the Colline Metallifere district. The Massa Marittima city government asked the CRU to research this program using national and EU plans and grants. The core concept is an open-air museum of local history, which could help preserve the natural environment and also create new jobs for the young people, who have few employment alternatives.

One of the most important tasks in managing the new national park is to create a regional network of economic activities, facilities and public services related to both cultural tourism and the concept of environmentally sustainable development, based on EU economic measures. By sharing these resources, the towns can reduce local competition and maximize the benefits to all residents. The core of the CRU’s proposal is to create new opportunities for cooperation among different levels of public administration and public-private partnerships to promote and finance projects of public interest, such as infrastructure, sports facilities, urban and rural parks, and other resources. A final decision on a national grant to fund the Massa Marittima project is expected in March from the Ministry of Public Works.

These two case studies represent the kinds of complex planning problems that are on the agendas of many local governments throughout Italy. Learning from the best practices and examples of other countries is one of the methods that Italian planners and researchers are using to implement innovative approaches to planning the future of Italy’s historic landscape.

____________ Francesca Leder is professor of urban theories in the Department of Architecture at the University of Ferrara. She was a visiting fellow of the Lincoln Institute during the fall of 1999 to study American planning practices regarding urban parks and open space.

June 22, 1998, saw an event that would have been improbable only a short while ago-developers, public officials and environmentalists gathered in Newark’s Ironbound neighborhood to announce the opening of a new $4.5 million state-of-the-art compressed gas packaging facility on an old brownfield site. The facility, owned by Welco Gases Corp., will provide industrial and specialty gases to the welding, medical and research markets in New York and New Jersey. It demonstrates how redevelopment of brownfield sites has been revolutionized, at least in some places.

With legislation passed last January, New Jersey is one of the latest states to enact environmental laws intended to bring companies and investors into the redevelopment arena by offering them new assurances, incentives and assistance. While the site on Newark’s Avenue P may seem an obvious choice for redevelopment-close to rail, air and sea facilities and in the middle of a burgeoning metropolitan region with almost 20 million inhabitants and a half trillion dollar economy-its history of abandonment demonstrates how complicated redevelopment of contaminated sites has become.

The Welco project was one of four sites highlighted during a conference on Land, Capital and Community: Elements of Brownfield and Vacant Land Redevelopment cosponsored by the Lincoln Institute and the Regional Plan Association (RPA) last May. The conference goal, to identify the critical elements to successful brownfield and vacant land redevelopment, was achieved by visiting projects in various stages of redevelopment in Newark and Elizabeth, New Jersey. By examining different strategies for attracting private investment and public involvement, the conference focused attention on the basic components needed for any state or local redevelopment initiative.

In keynote remarks New Jersey Governor Christine Todd Whitman discussed RPA’s Third Regional Plan (1) and how many aspects of its vision are incorporated in the New Jersey State Development and Redevelopment Plan, a central piece of her current legislative agenda. In particular, she mentioned the state’s role in promoting the redevelopment of brownfield and vacant urban sites through planning and expedited permitting.

Governor Whitman cited the City of Long Branch, where a private organization prepared a master plan that was pre-approved by the Department of Environmental Protection (NJ DEP) as meeting the requirements of the Coastal Areas Facility Review Act (CAFRA). This pre-approval (which took three years of negotiation with NJ DEP) ensures that any development project approved by the city automatically receives coastal area regulation approval as well. In an urban community that had seen a decade without a single real estate transaction in its downtown, developer interest in Long Branch has surged due to the promise of streamlined CAFRA applications. While other issues also contributed to the city’s success, such as the active involvement of the private sector and the quality of the master plan devised by Thompson Design Group, this example demonstrates that predictability is a vital component to any urban economic development strategy.

Another perspective was presented by Dr. Tomas Grohé who spoke about the Emscher Park International Building Exhibition, a redevelopment of brownfield and vacant sites in the heavily settled North Rhine/Westfalia region of Germany. The Emscher project is using a regional approach to identify remedies for communities and ecosystems damaged by decades of industrial activity. Through jury selection processes and extensive community involvement, the program is implementing restorative projects including housing, new industrial and commercial business parks, and river and forest restoration. This approach is different in many respects from the United States model of market-driven projects, but it also manages to include public/private partnerships, infrastructure investments, and other familiar components.

Tiers of Redevelopment Potential

For the purposes of the public policy discussions at the conference, brownfield and vacant sites were categorized into three categories:

• tier one: sites that pose some contamination issues, but are economically viable development projects.
• tier two: sites that would be attractive but have higher contamination risks or less marketability, thus requiring some incentives for redevelopment.
• tier three: sites with high environmental risks that do not hold economic potential even if cleaned, due to poor location, lack of access or unclear reuse potential.

Many of the tier one sites in the region are being developed and do not require strategic planning. However, an important policy issue regarding these sites is that since their redevelopment does not require public incentives any available subsidies should be focused on other sites. Furthermore, their remediation and redevelopment should be consistent with the surrounding community’s zoning and planning.

The tier two sites hold the potential to move forward under market conditions, if the right level of incentives-tax abatements, remediation reimbursement, public assistance-can be provided. Making these sites attractive for private investment should be the primary objective of financial incentives, essentially bringing them into the tier one category. Once in that category, remediation and redevelopment plans should again be consistent with the surrounding community’s zoning and planning.

The tier three sites require substantial public investment. To create a regional strategy for brownfield redevelopment, it is not sufficient to focus solely on sites with significant economic return. Tier three sites may, by their location in less-advantaged neighborhoods, their lack of access or other circumstances, justify considerable public or philanthropic involvement. Public policy and the majority of public investment dollars must concentrate on remediation and redevelopment of sites that pose health risks and deter economic development in lower-income communities.

Two panel discussions explored incentives to encourage redevelopment projects. The first focused on incentives that can make tier two sites attractive for private investment, such as tax abatements, infrastructure investments or remediation reimbursement. These techniques are essential to bring private market forces into the brownfield redevelopment arena. Panelists talked about the kinds of regulatory and financial mechanisms required to make marginal sites attractive to private investors who would be willing to remediate and redevelop contaminated or vacant land.

The second panel discussed tier three sites that would require greater public or community involvement. Just because some brownfield or vacant land sites may be risky investments does not mean they should be left out of regional redevelopment strategies. Techniques to focus on these sites include involvement of a community development corporation, a broader regional approach, environmental justice advocacy, and public investment on a federal, state or local level. Panelists shared examples of successful brownfield redevelopment as a community revitalization technique and outlined the actions necessary to spur these transformations.

Incentives and Planning Strategies

Tax Abatements. Tax abatements can be an important technique to help cover the cost of redeveloping a vacant site, but their implementation raises issues of planning and prioritization. New Jersey has a recently amended tax abatement law that creates Environmental Opportunity Zones (EOZs) where developers pay a reduced property tax rate for 10 to 15 years to help them recover the costs of remediation. While no communities are yet implementing the EOZ, participants discussed the particular types of projects that would most benefit from the incentive, and how municipalities should focus the program only to projects that really need such significant advantages.

Tax Increment Financing. Infrastructure may pose significant impediments to redevelopment projects, particularly when an entire neighborhood has been in decline for many years. For example, the Chicago metropolitan area has successfully implemented tax increment financing mechanisms to provide infrastructure for brownfield and vacant land redevelopment sites.

Site Valuation. Many brownfield sites become public property through involuntary tax foreclosure or other processes. To return these sites to productive use, municipalities often try to encourage private investment and economic development. However, real estate appraisers have difficulty quantifying the value of property where the cost of cleanup remains unknown, thus complicating the process of returning land to private hands.

Insurance Policies. Insurance packages can provide broad benefits to encourage the redevelopment of brownfield sites, but they need to become better understood and more widely used. Provided by the private sector, these tools are readily available to sellers, buyers and lenders involved in the redevelopment of brownfields. Participants discussed the new products now available for indemnification and cited examples where these products could reduce the need for public assistance.

Community Participation. In many instances, a community-based organization can play an important role in identifying sites and implementing a community-driven remediation and redevelopment proposal. A case example in Trenton, New Jersey, showed how community advocacy and working with local government helped identify funding and develop innovative techniques to remediate a vacant lot in a residential neighborhood.

Advocacy Planning. Issues of advocacy planning such as environmental justice can change the entire dynamic of a site redevelopment program. In the case of brownfield sites, a community may feel it has been taken advantage of once already, by the polluter, and may approach new proposals with some hesitancy. How can environmental justice advocacy be targeted to promote redevelopment projects that are beneficial to communities? What types of projects can combine the effectiveness of community development corporation models, and yet emulate the scope and ambition of the European example?

Conclusions

Following the panel discussions, participants debated the merits of different approaches to brownfield redevelopment and identified five critical components: sureness of the process; flexibility of public agencies; effective local planning; political leadership and support; and involvement of the entire community.

Some participants felt that many of the case examples did not take advantage of the full range of state or local assistance packages. They suggested that public policy analysis should consider ways to incorporate environmental laws, community development and business interests into an understanding of why brownfield redevelopment leaders do not seem to be more aware of existing programs and incentives.

What is the final or crucial element that pushes a redevelopment project such as the Welco Gases site over apparent obstacles to success? While the participants, representing real estate interests, community organizations and local governments, surely benefited from discussing and learning about the programs and incentives used in various case examples, in the end no one could identify a magic bullet to brownfield redevelopment.

Thomas K. Wright, director of the New Jersey office of the Regional Plan Association, organized the conference described above and heads up RPA’s brownfield redevelopment programs. Ann M. Davlin, RPA program analyst, provided research assistance.

1. In February 1996 Regional Plan Association released A REGION AT RISK, RPA’s Third Regional Plan for the New York-New Jersey-Connecticut Metropolitan Region. The plan, its policy and investment recommendations are based on an in-depth analysis of the rapid changes affecting the region’s economy, environmental systems and social equity: the 3 E’s.

Lincoln Institute Publications on Brownfields and Vacant Land

J. Thomas Black, Model Solutions to Revitalize Urban Industrial Areas, Land Lines, September 1997.

Donald T. Iannone, Redeveloping Urban Brownfields, Land Lines, November 1995.

Barry Wood, Vacant Land in Europe, 1998. Working Paper.

James G. Wright, Risks and Rewards of Brownfield Redevelopment, 1997. Policy Focus Report.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 5 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El Instituto Lincoln está colaborando en Argentina con la ciudad de Córdoba en un proyecto de gran importancia para cambiar las formas de abordar la planificación física de la ciudad, así como los instrumentos que se usan para lograrla. Córdoba representa un caso particularmente interesante por su ubicación estratégica en el centro del área de desarrollo del Mercosur.

La primera fase del proyecto fue un seminario llevado a cabo el pasado abril titulado “Hacia una gestión urbana integrada: Implementación de un plan estratégico para la ciudad de Córdoba”, cuyo objetivo principal fue congregar a los “actores” principales en Córdoba para analizar y debatir las metas de planificación y los instrumentos en el contexto de desarrollos nuevos en la gestión urbana.

El seminario contó con las ponencias de expertos internacionales y discusiones entre funcionarios municipales, promotores inmobiliarios, intereses comerciales y de negocios, organizaciones no gubernamentales y profesionales del urbanismo. El papel del Instituto Lincoln fue de gran importancia ya que facilitó un foro para que los participantes locales se reunieran por primera vez para hablar de dificultades urbanísticas y problemas de desarrollo, y para dar inicio al proceso de establecer políticas de administración y procedimientos nuevos.

De las discusiones surgieron tres temas principales. El primero, tuvo que ver con decidir el orden de prioridad de la tierra a ser urbanizada, con un interés particular en el acceso equitativo a la tierra, infraestructura y vivienda para los sectores populares, así como mecanismos apropiados para llevar a cabo una planificación urbana integrada a nivel regional. El segundo tema, estuvo enfocado en el impacto ambiental y fiscal de los grandes establecimientos comerciales en estructuras urbanas existentes, distritos históricos y barrios residenciales. El tercer tema se concentró en varios actores y sectores involucrados en el desarrollo industrial de Córdoba, prestando atención a la distribución de la industria, las limitaciones de infraestructura y los costos sociales y ambientales.

Además de dar a los participantes cordobeses una perspectiva amplia sobre problemas de gestión urbana en otras ciudades, el seminario generó dos puntos de importancia: 1) que la planificación para el desarrollo no sólo se trata de regulación o de control del uso de la tierra, sino que las políticas tributarias y fiscales afectan con igual importancia los valores de la tierra; y 2) que los funcionarios locales deben aprender a evaluar los costos y beneficios de los proyectos urbanísticos para poder tener relaciones comerciales efectivas con promotores inmobiliarios del sector privado.

El seminario ya ha tenido impactos específicos en actividades comerciales de trabajo conjunto en el centro histórico y en programas de gestión mejorados para proporcionar una infraestructura y servicios nuevos al mismo tiempo que se reducen los déficits. Además, el programa animó a los participantes a reconocer la importancia de la planificación estratégica a largo plazo para trazar las indicaciones generales sobre cambios de política y para comprender los efectos de tipos particulares de desarrollo en el medio físico y social.

El Instituto Lincoln continúa trabajando con funcionarios municipales para ayudar a desarrollar nuevos paradigmas de gestión que puedan sostener alianzas público-privadas, así como mejores técnicas de análisis y planificación. Los programas de seguimiento ayudarán a gestores de políticas y promotores inmobiliarios privados (que operan tanto en mercados formales como informales) a comprender mejor el funcionamiento de los mercados de tierra urbanos y las consecuencias de cambios de políticas para el desarrollo urbano.

El próximo curso sobre “Comportamiento del mercado inmobiliario en Cordoba: Implicaciones para la estructura urbana” explorará investigaciones sobre los mercados formales en Córdoba, haciendo énfasis en los efectos de las políticas económicas y las intervenciones del gobierno. A este curso lo seguirá un seminario regional donde la experiencia se compartirá con los participantes de por lo menos otros tres países. Simultáneamente, el Instituto Lincoln está desarrollando junto con funcionarios de la ciudad de Córdoba un programa de entrenamiento dirigido a un amplio espectro de funcionarios locales, regionales y promotores inmobiliarios, que se concentra en la administración general, la planificación urbana y la preparación e implementación de proyectos.

Douglas Keare es docente visitante del Instituto Lincoln. Tiene una amplia experiencia en planificación estratégica para ciudades grandes en países en desarrollo a través de investigaciones previas y dirección de proyectos en el Banco Mundial y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ricardo Vanella es director del Departamento Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba.

In four years, there will be a fresh count of Americans. The 2000 Census will reveal how many of us there are, who we are in terms of race, nativity, income, family size and occupation, what kind of housing we occupy, where we live and where we work.

All these numbers, but especially the latter two, will reflect what is happening to what planners and social scientists call settlement patterns. The Census will show how people and jobs are distributed regionally between North and South and East and West; within regions between metropolitan and non-metropolitan areas; and within metropolitan areas between cities and suburbs.

Settlement patterns have been transformed radically in the twentieth century (see graph 1). On a regional basis, the trend has been from East to West and North to South. In the decade between 1980 and 1990, for example, three states in the West and South accounted for 50 percent of the nation’s population growth: California, Florida and Texas.

Within all regions, the trend has been toward ever larger metropolitan agglomerations. By 1990, metropolitan areas of 1,000,000 or more accounted for 50 percent of the nation’s population. Within metropolitan areas, cities grew faster than suburbs at the beginning of the century, but by the 1950s the trend was sharply in favor of the suburbs, which now account for more than half of the nation’s population.

Will the 2000 Census confirm the continuation of these trends? What stakes do we have in the outcome? Quite a few. We worry about trends that erode the economic base of cities because we are concerned about job opportunities for the poor who are committed, by choice or circumstance, to live in the city. We are also concerned about the health of the tax base, which affects the capacity of the local government to deal with the needs of all its residents.

We also worry about land use patterns in the suburbs which both require and increase auto-dependency. This trend in turn leads to more auto travel, aggravates congestion, pollutes the air, and complicates our international relations because of our heavy dependence on imported oil.

We are in the throes of a revolution comparable in scope to the revolution in transportation technology that heavily influenced settlement patterns in the nineteenth and twentieth centuries. The transportation revolution, from ships and trains to cars and planes, made it possible for both workers and their employers to have a wider choice of locations.

The pace of the revolution in data processing and communications, which began slowly in the middle of the twentieth century, has quickened rapidly in recent years. We speak of a post-industrial information economy. By that we mean that information constitutes an ever-increasing share of the Gross National Product, both as “input” to the production of other goods and services and as “output” in the form of entertainment and related activities.

Household Location Decisions

How will settlement patterns be affected by the transition to an information economy? Let us first consider the worker’s choice of a residential location. In classical urban economics, this choice is seen as a “trade-off” between the merits of a particular place in terms of quality of life and the cost of commuting to work. As the transportation revolution reduced the time and money costs of commuting, more and more workers were able to afford to locate in what they considered an attractive suburb that offered the lifestyle they preferred: a private home with a lawn, good schools, parks and open space, shopping facilities, and friendly neighbors.

The New York Times of July 14, 1996, reports that because of the revolution in communications and data processing, accompanied by company downsizing, as many as 40 million people work at least part time at home, with about 8,000 home-based businesses starting daily.

Logic suggests that some of this new-found workplace freedom will manifest itself in location choices that favor places considered desirable, be they in the farther reaches of suburbia, exurbia, or rural America. On the other hand, if these dispersed self-employed workers end up commuting less, their freedom may not “cost” the society more in terms of congestion and pollution.

Business Location Decisions

What about the conventional company and its location decisions? Like the household, the company does a “balancing” act when it chooses a location. From the perspective of product distribution, Place A might be preferred. From the perspective of the inputs of materials, Place B might be ideal. From the point of view of labor costs, Place C might be best. For tax purposes and related “public” issues, Place D might be most beneficial.

If the entire company has to be in one place, then compromise is inevitable. But if the communications revolution permits the “dis-integration” of the company via the physical separation of functions or the “outsourcing” of particular functions, then what used to be one location decision becomes a multiplicity of decisions, each component responding to a compelling argument for a particular place.

The classic example is the “front” office of a bank or insurance company in the midst of a congested city center with the “back” office in a rural area in another region or even in another country.

Settlement Trends

How these changes in household and business location choices will ultimately affect settlement patterns in metropolitan America was the subject of a major study by the Office of Technology Assessment (OTA), an agency that served the U.S. Congress for many decades but was abolished by the Congress in 1995. The summary chapter in The Technological Reshaping of Metropolitan America states that “technology is connecting economic activities, enabling them to be physically farther apart, reducing the competitive advantage of high-cost, congested urban locations, and allowing people and businesses more (but not total) freedom to choose where they will live and work.”

But OTA concludes that “the new wave of information technologies will not prove to be the salvation of a rural U.S. economy that has undergone decades of population and job loss as its natural resource-based economy has shrunk.” Rather, most economic activity will locate in large and medium-sized metropolitan areas (see graph 2).

“Technological change. . .threatens the economic well being of many central and inner cities, and older suburbs of metropolitan areas,” the report continues. Overall, the trends suggest that these places will find it hard to compete without economic development policies designed to offset their competitive disadvantages.

In short, the OTA expects that, the communications revolution notwithstanding, the 2000 Census will report a continuation of the trends manifested throughout the latter half of the twentieth century. The favored locus of activity in both residential and business terms will be the outer suburbs of metropolitan areas. Given our concerns with the adverse effects of prevailing settlement patterns, the challenge to land policy is greater than ever.

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Benjamin Chinitz is an urban economist who served as director of research at the Lincoln Institute from 1987 to 1990. He continues to serve as a faculty associate at the Institute and as visiting professor in urban and regional planning at Florida Atlantic University.

Thomas Horan is director of Applied Social and Policy Research at Claremont Graduate School in Claremont, CA.