Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Edesio Fernandes, abogado y urbanista brasileño radicado en Londres, es profesor con dedicación parcial de la Unidad de Planificación para el Desarrollo del University College de Londres. También se desempeña como coordinador de IRGLUS (Grupo internacional de Investigación sobre Legislación y Espacio Urbano) y es asociado de las Naciones Unidas/HABITAT. Entre sus intereses de investigación y docencia figuran la legislación, planificación y política de la gestión urbana y ambiental; la administración municipal y de ciudad y la legislación constitucional y los derechos humanos de países en vías de desarrollo. Durante las dos décadas pasadas ha trabajado activamente en el campo de regularización de suelos urbanos en América Latina y otras regiones.

Fernandes es coordinador de la Red latinoamericana de regularización del suelo urbano del Instituto Lincoln y ha dado clases en el Instituto durante varios años. Trabajó en la organización y enseñanza de un curso sobre regularización y mercados informales del suelo, realizado en octubre de 2001 y nuevamente en noviembre de 2002 en Lincoln House. En esta conversación con Martim Smolka, Senior Fellow y Director del Programa para América Latina y El Caribe del Instituto Lincoln, se exploran algunos de estos temas.

Martim Smolka: ¿Qué despertó su interés en el tema de los mercados informales del suelo y las políticas de regularización?

Edesio Fernandes: Mi interés en los problemas de los mercados informales del suelo se remonta al comienzo de la década de 1980. Poco después de graduarme de la Escuela de Leyes de la Universidad Federal de Minas de Gerais en Belo Horizonte, Brasil, comencé a trabajar para PLAMBEL, la agencia estatal encargada de la planificación metropolitana de Belo Horizonte. Esta ciudad, si bien fue una de las pocas planeadas de Brasil, fue proyectada con mapas y planos que no contemplaban zonas para las personas de bajos recursos que construyeron la ciudad. Para 1895, dos años antes de su inauguración, ya había 3000 personas viviendo en favelas.

Ese número creció considerablemente a lo largo de las décadas de intensa urbanización. En 1976 se aprobó un plan pionero de zonificación, pero nuevamente las favelas fueron pasadas por alto y se trataron como áreas no ocupadas. En 1983 participé en el equipo interdisciplinario Pro-FAVELA, que redactó una fórmula legal para incorporar estas áreas bajo un esquema revisado de zonificación. Fueron precisamente estos primeros trabajos como urbanista, así como mis labores de construcción de puentes académicos entre los estudios jurídicos y urbanos, que me permitieron explorar la naturaleza de la relación entre las leyes, la planificación y la exclusión socioespacial existente en las ciudades del tercer mundo.

MS: En general, ¿ha tenido esa legislación algún efecto en el estado de las favelas de Belo Horizonte y Brasil?

EF: Hasta la década de 1970 la política oficial brasileña hacia las favelas había sido de desalojo o abandono, con la ocasional prestación de servicios limitados exclusivamente por conveniencia política. El programa Pro-FAVELA fue una experiencia sin precedentes que persiguió materializar ese nuevo compromiso democrático a la inclusión sociopolítica y socioespacial de las favelas en el paisaje urbano. La fórmula aprobada se ha convertido en un paradigma de la regularización del suelo urbano en la mayoría de las ciudades brasileñas. La idea es que se deben crear “zonas especiales de interés social” dentro del esquema de zonificación de la ciudad, permitiendo que los reglamentos de planificación y zonificación se adapten a los requisitos específicos de los habitantes de las favelas. Además, la formulación de políticas específicas de tenencia de suelo debe combinarse con mecanismos inclusivos de planificación urbana y también con procesos institucionales participativos de gestión urbana. Esto permite la integración de asentamientos informales en el sistema de planificación formal y la introducción de servicios e infraestructuras para hacer frente a las omnipresentes desigualdades.

MS: ¿Están ya bien integradas estas metas a los sistemas jurídicos y administrativos de las ciudades brasileñas?

EF: Aunque es cierto que la legislación urbana ha mejorado en Brasil, también es cierto que la mayoría de los cursos de leyes no ofrecen módulos especializados en el uso y control del desarrollo del suelo urbano. Desde tiempos inmemoriales los profesionales de leyes—no sólo en Brasil, sino a lo largo de toda América Latina—han aprendido a adoptar un punto de vista obsoleto e individualista sobre los asuntos jurídicos, típico de una legislación liberal clásica no reformada y con una noción de derechos de propiedad absolutos. Como resultado, estas personas desconocen en gran medida los desarrollos jurídicos recientes y las implicaciones legales de la dinámica socioeconómica y los retos que presenta la urbanización acelerada, y no están conscientes del potencial de los diferentes principios jurídicos que apoyan la legislación urbana, sobretodo de la noción de la función social de la propiedad. Por tanto, no están preparados para lidiar con los inevitables conflictos que surgen del uso y desarrollo del suelo urbano.

Sin embargo, en el año 2001 tuvo lugar en Brasil un hito jurídico revolucionario con la aprobación de la Ley Federal n° 10.257 llamada “Estatuto de la Ciudad”, que se propone regular el capítulo original sobre políticas urbanas introducido por la Constitución de 1988. La nueva ley otorga apoyo legal a aquellas municipalidades que se comprometan a confrontar los graves problemas urbanos, sociales y ambientales que afectan directamente al 82 por ciento de los brasileños que habitan en las ciudades. En términos conceptuales, el Estatuto de la Ciudad rompió con la vieja tradición de derecho civil y establece la base para un nuevo paradigma jurídico-político para el uso y el control del desarrollo del suelo urbano. Las municipalidades deben formular políticas territoriales y de uso del suelo que combinen los intereses individuales de los propietarios con los intereses sociales, culturales y ambientales de otros grupos y de la ciudad como un todo. También se les exige integrar la planificación, legislación y gestión urbana con objeto de democratizar el proceso local de toma de decisiones y legitimizar un nuevo orden jurídico urbano con sesgo social. Asimismo, el Estatuto de la Ciudad puso en marcha instrumentos jurídicos para permitir que las municipalidades pongan en marcha programas de regularización de tenencia de suelo y facilitar el acceso a la vivienda y al suelo urbano.

MS: ¿Puede explicar la relación que hay entre la regularización, la seguridad de tenencia de tierra y las crecientes inquietudes sobre pobreza y justicia social?

EF: Por una parte, los programas de regularización que se concentran en proyectos de mejoramiento han tendido a descuidar los asuntos de tenencia de tierra, por ejemplo, el ponderado programa Favela-Bairro de Rio de Janeiro. Esto ha causado que dichos programas suelan tener resultados nocivos, tales como la ocupación por narcotraficantes, expropiación a la fuerza, e incluso—dada la relación cada vez más compleja entre mercados de suelo formales e informales—lo que se conoce como “desalojo por mercado”. Por otra parte, los programas de regularización que se concentran exclusivamente en la titulación formal de parcelas individuales, tales como los programas a gran escala inspirados por las ideas de Hernando de Soto, han tendido a reforzar las condiciones inaceptables de vida y la construcción de viviendas en áreas remotas, con ambientes desfavorables y desprovistas de servicios.

Por experiencia propia, he visto que los programas que han tratado de combinar las dos dimensiones, es decir, mejoramiento y legalización, tienden a ser los más sostenibles en términos urbanos, sociales y ambientales, así como también suelen tener un efecto más controlado en los mercados de suelo tanto formales como informales. Por tanto, pueden tener más eficacia a la hora de garantizar que los beneficiarios finales de la inversión pública sean justamente los habitantes de los asentamientos informales y no los promotores inmobiliarios y empresas constructoras quienes, al no ofrecer opciones que sean costeables, suficientes y adecuadas, son los primeros que han provocado el proceso de desarrollo informal.

MS: ¿Hasta qué punto han podido estos programas de regularización atacar o ayudar a resolver el problema de la pobreza?

EF: Los programas de regularización son siempre medidas curativas que hay que integrar con políticas preventivas de planificación urbana, medidas fiscales y legales y estrategias de gestión diseñadas para promover un cambio urbano general, y consecuentemente poder romper con ese ciclo característico que lleva a la informalidad urbana. Además, la única manera de que tengan un efecto más significativo sobre la pobreza urbana es combinándolos con otros programas que expandan el acceso a servicios urbanos y originen empleos y entradas económicas para aliviar la pobreza.

En esta discusión hay muchas suposiciones que no pueden darse por sentado, especialmente en vista de los resultados de estudios recientes. Durante años se han invertido cuantiosas sumas de dinero en programas de regularización. Ya es hora de hacer una evaluación crítica y completa. Todavía hay muchas interrogantes sin respuesta referentes a la naturaleza de los procesos que desencadenan los asentamientos irregulares, la manera de enfrentar el problema y el método práctico de poner en práctica las políticas, por ejemplo: ¿Cómo se originan los asentamientos informales? ¿Por qué es importante regularizarlos? ¿Cuándo y cómo se deben formular los programas de regularización? ¿Quién debe pagar por ellos, y cómo? ¿Qué pasa una vez que finaliza el programa?

MS: Como abogado, ¿qué ha aprendido sobre la propuesta legal a las políticas de titulación?

EF: En particular, debemos cuestionar críticamente ese razonamiento tan aceptado que proclama que los títulos son la condición fundamental para que los habitantes de los asentamientos informales tengan acceso a servicios y a crédito y, por ende, para invertir en sus casas y negocios. En general podemos decir que en situaciones consolidadas en donde la ocupación informal del suelo ha sido respaldada por la movilización sociopolítica de los residentes, se ha producido el acceso a servicios e infraestructura sin importar el estado legal de dichos residentes. Trabajos de investigación realizados en varios países ya indican que una serie de circunstancias socioeconómicas y político-institucionales puede crear una percepción de “seguridad de tenencia”, lo cual anima a las personas a invertir en mejoras a sus viviendas aun cuando no haya finalizado el proceso de legalización. Las investigaciones también han demostrado que las personas sin dinero y sin empleo no tienen acceso a créditos formales aunque tengan títulos, mientras que en algunos casos, la gente que tiene trabajo pero no títulos sí tiene acceso a crédito.

MS: ¿Sugiere Ud. entonces que la formalización de los títulos legales no es tan importante?

EF: No, lo que quiero decir es que aunque los títulos pueden aportar seguridad de tenencia individual, no garantizan necesariamente el acceso al crédito formal ni producen asentamientos sostenibles. La regularización por sí sola suele fracasar en lo que, en mi opinión, debería ser el objetivo máximo de los programas de regularización, es decir, la integración socioespacial de las comunidades y áreas informales. Ahora bien, los títulos son claramente importantes desde muchos puntos de vista, por ejemplo, para resolver conflictos domésticos, de familia y de vecindad y para reconocer legalmente los derechos sociopolíticos. El desafío planteado aquí es promover el reconocimiento de la seguridad de tenencia individual de una manera que sea compatible con la provisión de vivienda social, y de esa manera eliminar—o al menos reducir al mínimo posibleÔel proceso de segregación socioespacial. La única manera de lograr esto es mediante una combinación de mecanismos de planificación urbana y estrategias de gestión de ciudad, con políticas innovadoras de tenencia de suelo, con énfasis en la existencia de una gran variedad de opciones legales aparte de los derechos que implican la propiedad absoluta.

MS: El Instituto Lincoln ha participado activamente en estas materias en Latinoamérica durante casi diez años. ¿Tiene Ud. algún comentario final sobre cómo podemos ampliar esta labor?

EF: La centralidad de esta discusión de materias de suelo interrelacionadas—estructura de suelo, acceso al suelo y vivienda, gestión del suelo y control de desarrollo y planificación de uso del suelo—goza de un reconocimiento internacional cada vez mayor, lo cual confirma la importancia de los objetivos originales del Instituto Lincoln y de su programa general de investigación y enseñanza. El tema de desarrollo de suelo urbano informal es de interés para cualquiera que tenga inquietudes relacionadas con la justicia social y los derechos humanos, así como con las condiciones para la expansión de mercados en el contexto de globalización económica.

Para finalizar, quisiera realzar la importancia de la educación y discurso legales. Los cambios urbanos exigen reformas legales, las cuales a su vez requieren un entendimiento adecuado de la naturaleza, problemas y desventajas del orden jurídico imperante y de las posibilidades de cambio consiguientes. Es crucial seguir promocionando actividades comparativas de investigación y enseñanza como las que ya lleva a cabo el Instituto, así como también apoyar redes académicas y políticas tales como IRGLUS y la Red latinoamericana de regularización del suelo urbano. Hay un grupo muy pequeño de profesionales que ha explorado las interfases latinoamericanas entre legislación y planificación y entre legalidad e ilegalidad desde un punto de vista sociojurídico crítico; ese grupo necesita crecer. Hoy más que nunca es fundamental construir caminos jurídicos que respalden nuevos intentos de promover cambios urbanos positivos, incluidos los programas de regularización. Esto no es tarea fácil, pero estamos haciendo progreso.

While it is known as a region of great diversity, Latin America is also characterized by common legacies that directly or indirectly affect land issues. These include a heritage of patrimonialism based on a land ownership structure in which political influences determine the spatial allocation of public investments and services; strong central administrations with weak fiscal accountability at the local level; and a legal tradition with elitist codes and rigid, even anachronistic, land-related legislation. Urban planning, with its physical design bias, has tended to focus on the “legal” city while overlooking the “real” city. At a broader level, investments in the fast-growing built environment (i.e., urbanization) are relatively autonomous from the industrialization process. In a context of weak capital markets and high, often chronic, inflation land frequently takes on the role of a capitalization mechanism or a surrogate for the lack of social security.

Regional Trends

One of the main features of the functioning of urban land markets in Latin America is the magnitude and persistence of illegal, irregular, informal or clandestine activities in accessing and occupying land, largely resulting from the insufficient supply of serviced land at affordable prices. This scarcity of serviced land plays an important role in the region’s social culture, since access to land is often a tacit condition for citizenship and social mobility.

Perhaps most important are the multifaceted trends that are sweeping the continent and are opening new opportunities for urban land policy. First is the widespread re-democratization of many countries after long periods of authoritarian or military regimes, which has had numerous implications on land policy. There is a generalized increase in awareness of public officials’ liability and accountability in urban land management as in other aspects of public administration, as well as the emergence and public recognition of new social agents such as non-governmental organizations (NGOs). New forms of community participation and civil action are the expressions of a heightened consciousness of the need to legitimize alternatives to land access by the urban poor, including innovative modes of collective ownership and attention to gender issues in the regularization of illegally occupied land.

A second and related trend reflects the need for institutional and constitutional reforms accompanied by the redefinition of state roles. This process has had a number of manifestations, including:

• fiscal decentralization, resulting in pressure for new revenue sources at the local level and opportunities to improve on property tax collection;
• political and administrative decentralization, which has increased the power and autonomy of local and intermediate level authorities. This process has created many new responsibilities associated with land market regulation for the provision of services and social housing;
• new instruments for regulatory and fiscal intervention, including the implementation of tools associated with the mobilization of land value increments for the community’s benefit;
• privatization or removal of statutory restrictions on the availability and release to the market of previously state-owned land, thus increasing opportunities to use or reuse existing vacant land;
• new modes of service provision caused in part by the widespread privatization of utilities, with direct implications on the process of land use and redefinition of patterns of spatial segregation;
• the emergence of public/private partnerships in urban development and redevelopment, resulting in a variety of new kinds of urban sub-centers.

A third major development of recent decades has been macro-economic restructuring, which has resulted in the stabilization of the region’s historic and often chronic problems with inflation and has influenced the evolution of land prices. Latin America also has experienced broader trends toward globalization, the opening of national economies, and technological changes. Among other consequences, these trends have led to greater competition among cities for private investments, ranging from the use of strategic planning as a city marketing device to giving up local incentives through fiscal wars. This has greatly affected the economic base of the cities and the nature and scale of urban poverty. Also affected are the types of urban interventions (ranging from large-scale rehabilitation projects of abandoned or depressed areas, to new mixed-use developments in urban fringe areas) that are redefining urban form, city dynamics, and patterns of spatial and social segregation.

Building a Presence

Since 1993, the Lincoln Institute has made a concerted effort to participate in the lively debate over land and taxation policy in Latin America. We adopted a multi-country approach to work wherever we can find issues closely related to our own agenda, pursue opportunities to make a difference for local capacity building, or develop initiatives that could be disseminated and potentially replicated in other countries. This strategy allows us to be present in places where significant policy changes are imminent or where important land-related issues are under discussion.

Experience has shown that the Institute is well positioned to play three important roles that serve our educational mandate: to promote cross-fertilization of ideas, to act as a convenor and facilitator of debates among different stakeholders, and to offer intellectual leadership. As in all Lincoln programs, we place great value on the dissemination of valuable information based largely on case studies that can be used to foster intraregional sharing of knowledge and problem solving. This role of encouraging the cross-fertilization of ideas through horizontal dialogue is particularly important given the centralist nature of public administration in Latin America and the predominance of vertical channels of communication.

The Lincoln Institute’s international credibility and recognition as a respected non-partisan institution concerned with land policy and property taxation issues places us in a unique position to facilitate complex, politically sensitive discussions among different stakeholder groups, particularly public officials at different administrative levels and representatives of the business sector, NGOs, and the political community.

Equally important is the Institute’s role in offering intellectual leadership by helping to bridge the gap between state-of-the-art knowledge and the more practical, immediate needs of public officials dealing directly with the implementation and administration of land use and taxation policies. This role often involves “translating” academic ideas and arguments into the language of practitioners through both printed materials and face-to-face courses and seminars. By supporting research and curriculum development projects, we also draw attention to critical and sometimes unperceived dimensions of complex topics, such as the economic consequences of informality in the access to land. As a resource provider to our international partners, we help identify experts and provide useful case studies and other materials from different countries and contexts.

Networks and Program Focus Areas

Beginning in 1995, the Institute’s Latin American Program developed a core network of representatives from twelve countries with whom we worked closely on both curriculum development and educational programs. Our strategy has evolved as we have gained a more profound understanding of the issues that are pertinent to the Institute’s international agenda. Today we work with several networks of public officials, practitioners and scholars that are organized thematically rather than geographically. These five transnational networks, whose topics are often overlapping and thus mutually reinforcing, are linked to the Institute’s three main program areas.

In the Program on Taxation of Land and Buildings, value capture is the primary topic for which the Institute has definite comparative advantages in the region. We focus on technical and management conditions for the implementation of instruments through which land value increments have been or may be mobilized directly or indirectly (through taxes, fees, exactions and other regulatory means) to promote urban development and to benefit the community at large.

In addition to the use of value capture mechanisms to control urban growth and territorial expansion and to reduce the perverse effects of land speculation, we are interested in their applicability to circumstances characterized by the large-scale and persistent informality in land markets so typical in Latin America. These include situations where land tenure relationships are poorly defined, where land occupations are mostly irregular or illegal, and where significant land value increments are self-generated by the community, rather than by state action. This network explores whether land value increments (resulting directly or indirectly from public interventions) can be mobilized to mitigate urban poverty in general and improve the access to serviced land by low-income families in particular.

Our second network looks at property taxation, assessment and collection. International comparisons have shown that the collection of property taxes in Latin America is generally considered inadequate to meet the needs of rapid urbanization. Strong vertical and horizontal inequities, inefficient collection systems, poor assessment practices, strong influence of historical values, and fragile legal frameworks are among the drawbacks to property tax systems in many areas. Nevertheless, many national efforts, sometimes supported by multilateral agencies, are promoting reforms and improvements in property tax systems. These improvements include the innovative use of self-declaratory systems and sophisticated information systems, creative shifts to land value taxes, and opportunities to reinstate the property tax in countries where it does not currently operate. This network contemplates more interconnected research and educational initiatives, ranging from studies of the pros and cons of shifting to land value taxes, to the role of the property tax in facilitating access to land by the urban poor, and to the use of new operational tools to improve local property taxation goals in general.

Spatial and social segregation are concerns we share with the Institute’s Land Markets Program. The landscape of Latin American cities is often stigmatized by the social distance between neighborhoods that emulate the most elegant sectors of cities in any developed country and those settlements with precarious physical conditions to which the majority of the poor urban population is confined. The formation of this divisive social pattern of land use may be attributed to a number of factors: “white expulsions” through market mechanisms; more subtle exclusionary policies embedded in legal and administrative standards (i.e., urbanistic norms, regulations and credit requirements); or the direct land evictions and removals by force that have occurred in almost all Latin American cities. Much has been written about these processes, yet little has been documented about the policies to prevent them or reverse their outcomes. This network addresses questions such as: What are the policies that have been or could be used, and how effective have they been? What should urban planners know about spatial segregation, and why?

The fourth network, also in the Land Markets area, recognizes the need to review existing regulatory environments in the Latin American land policy agenda and to design new urbanistic norms and regulations that can be complied with more realistically by low-income sectors. This means adequately assessing the effects of alternative regulations on the pattern of land uses, specifically on the access to land and urban services by the urban poor. In most large cities in the region, new high-income developments are increasingly out-competing the less attractive and accessible land traditionally affordable to the urban poor. City managers struggle with the promotion of sustainable inner-city densification and the reutilization of abandoned industrial areas, while also trying to control sprawling land use in urban peripheries.

As part of the Institute’s Land as Common Property Program, security of tenure, regularization and urban upgrading programs are important themes. Many countries throughout the region are making major efforts to set legal and urban regularization programs. However, the implementation of these initiatives is often met by political and practical obstacles. The signals being given by these essentially “curative” programs have significant impacts on the illegal, irregular, informal or clandestine activities of groups seeking to access and occupy urban land. The resolution of disputes around regularization programs and arbitration of adequately assessed values for public acquisitions of land for social interest projects often runs into legal and institutional bottlenecks at the national and local levels. This network seeks to better understand the economic impacts of these programs on the functioning of land markets in general and on the benefited settlements in particular.

Dissemination of Information

While continuing to sponsor research and educational programs in Latin American countries, the Institute is also developing parallel efforts to disseminate information to broader audiences. We have created a Latin American section within the Lincoln Institute website, where we present the full text of many research projects and papers presented in our seminars and conferences, in their original language. Also available on the site are a number of Land Lines articles translated into Spanish.

The Institute is making a concerted effort to systematize all curriculum materials (research papers, seminar presentations, outlines, supporting audiovisual materials and other teaching aids) and products (books, articles, videos) to facilitate the organization and integration of our present and future academic activities. A number of Latin America-related publications are now available or are in the planning stages. For example, an annotated bibliography of materials related to urban land markets in Mexico was recently published and will soon be available on our website. This bibliography should serve as a model for other members of our Latin American networks to publish materials on their countries. In addition, several collections of papers presented as part of on-site education programs are being edited for publication.

This issue of Land Lines lists funded curriculum development and research projects and dissertation fellowships for the current academic year, highlighting those affiliated with the Latin American Program.

Martim Smolka is senior fellow and director of the Institute’s Program in Latin America and the Caribbean, and Laura Mullahy is a research and program assistant.

Latin America: A Region of Great Diversity

A brief look at the region reveals a wide variety of situations regarding the status of land and land markets, as indicated below. The Lincoln Institute has worked with scholars and public officials in each of these countries to understand and address their land policy concerns.

Chile’s liberalization of land markets and virtual elimination of urban land boundaries in 1979 (only partially reinstated in 1985) stands in contrast with Colombia’s current efforts to implement a strong value capture planning tool, “Participación en Plusvalias.” This legislation requires local governments to designate 30 to 50 percent of the land value increment resulting from changes in land designation from rural to urban use for social housing and infrastructure provision in underserved neighborhoods.

Informal settlements and land occupations are dealt with quite differently among Latin American countries. In Argentina there have been virtually no restrictions on land use, and consequently there are no officially recognized illegal settlements. Peru’s governments have recognized freely accessed unserviced land on the urban fringe (arenales) since 1961, while in Ecuador there is a complete absence of norms and regulations to deal with informal occupations.

Significant variations in national land policies are also important. For example, Cuba is unlikely to give up state ownership of the approximately 70 percent of land under its control, whereas Mexico passed national legislation in 1992 that allowed for the privatization of the land held under its ejido system.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En muchas ciudades brasileñas, los impuestos a la tierra y las edificaciones son muy poco utilizados. Según datos del Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), por ejemplo, en la mitad de los municipios de más de 50.000 habitantes el impuesto a la propiedad representa menos del 30% del total de los recursos tributarios. Considerando que para la mayoría de estos municipios los ingresos a cuenta de impuestos locales representan menos del 30% de los recursos totales, los impuestos a la propiedad no sobrepasan al 10% de los recursos financieros de los municipios (incluyendo transferencias intergubernamentales). Tales porcentajes resultan incluso menores en los municipios más pequeños. Otros impuestos basados en la tierra, tales como el impuesto a la transferencia de bienes raíces y el impuesto a las mejoras a la propiedad presentan un patrón de resultados igualmente desalentadores.

Especialmente a partir de la nueva Constitución brasileña de 1998, cuando la responsabilidad principal de planificación del uso de la tierra fue transferida al nivel local, los municipios se han vuelto cada vez más conscientes de que la regulación del uso de la tierra y las inversiones públicas en infraestructura introducen cambios en el valor de la tierra. Muchos empleados oficiales públicos están actualmente tratando de desarrollar estrategias de planificación para capturar parte de los beneficios “gratuitos” resultantes. A la vez, los gobiernos locales están encontrando problemas en la aplicación de instrumentos tradicionales de planificación tales como el Plano Diretor, una medida constitucional que requiere que las ciudades con poblaciones mayores de 20.000 habitantes desarrollen un plan maestro. Estas ciudades se encuentran cada vez más involucradas en el debate sobre la flexibilidad del marco regulativo del uso de la tierra. Consecuentemente, la idea de una zonificación flexible a cambio de contribuciones de los promotores se ha vuelto también popular.

Para investigar los aspectos económicos, financieros y de planificación urbana de estos cambios negociados en el uso de la tierra, el Instituto Lincoln y la Municipalidad de Santo André (Estado de São Paulo) organizaron un programa de tres días sobre “Instrumentos y Técnicas de Financiamiento del Desarrollo Urbano en base a la Tierra” en mayo de 1998. Durante los dos primeros días, empleados municipales de Santo André se reunieron con conferencistas invitados para compartir sus experiencias en instrumentos de zonificación, captura del valor y desarrollo económico local en lugares tan diversos como Nueva York, Ciudad de México y Colombia. Las discusiones abarcaron tres temas generales: la captura del valor y el financiamiento urbano; la planificación urbana y el mercado de la tierra; y las negociaciones y asociaciones público-privadas.

El programa finalizó con un debate público que incluyó a una audiencia regional de aproximadamente 200 planificadores, promotores y representantes de organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de las comunidades locales dentro de la región del Gran ABC (siete municipios alrededor de São Paulo, incluyendo a Santo André, que en conjunto constituyen el área industrial más densa de Latinoamérica). Un grupo de discusión sobre la efectividad de las negociaciones en base a la tierra y las asociaciones público-privadas en el contexto brasileño contó con la participación de conferencistas de la Universidad de São Paulo, del sector de bienes raíces y de los gobiernos locales.

Numerosas conclusiones se derivaron del programa. Primero, los cambios negociados del uso de la tierra típicamente se producen en ambientes donde los impuestos a la propiedad no funcionan bien. En Santo André, por ejemplo, las restricciones operativas y legales existentes dificultan el reacondicionamiento del sistema de impuestos a la propiedad (ver Figura 1).

Segundo, los cambios negociados del uso de la tierra en Santo André parecen acompañar un cambio continuo de usos industriales a usos asociados con el moderno sector terciario de servicios. A través del proceso de negociación, se introduce una mayor flexibilidad dentro del existente marco legal, como se ha observado en las recientes negociaciones entre el centro comercial Plaza ABC y Pirelli, la empresa multinacional de fabricación de neumáticos. Tercero, aun cuando las negociaciones del uso de la tierra aparentemente satisfacen expectativas en lo que se refiere a complementar la dinámica de la economía local, no hay una metodología ni un marco bien establecidos que permitan definir reglas claras y estables basadas en un análisis sólido de costo y beneficios. En comparación con experiencias internacionales como la de Nueva York, resulta difícil prever las compensaciones monetarias que se pueden esperar en las ciudades brasileñas y si dichas compensaciones son realmente eficientes (en términos de Pareto) vis-a-vis situaciones en las que el permiso de desarrollo se hubiese negado.

Finalmente, los cambios negociados del uso de la tierra deben ser vistos como un elemento esencial de la estrategia general de desarrollo económico local. En la región del Gran ABC, las asociaciones estratégicas entre inversionistas de los sectores público y privado son cada vez más importantes en vista del proceso constante de reestructuración local y regional que ha tenido dramáticos efectos negativos en los niveles de ingreso y de empleo.

Entre las lecciones que nos ofrece el programa de Santo André está la necesidad de desarrollar mejores medidas para calcular los aumentos del valor de la tierra causados por los cambios de zonificación, a fin de poder desarrollar medios para capturar esos valores a través de sistemas más eficaces de tasación. Además, la experiencia de Nueva York muestra que es mejor recolectar impuestos a tasas más bajas por medio de un sistema universal y estable, que en base a una negociación arbitraria caso por caso, la cual puede prestarse al abuso y a la corrupción.

Jeroen Klink, economista urbano, es consejero del alcalde de Santo André. Anteriormente fue Dissertation Fellow del Instituto Lincoln, y se encuentra completando su tesis de doctorado sobre “Fuentes de Financiamiento Urbano: la Aplicabilidad del Modelo Estándar Económico al Caso Brasileño” en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil. Luis Carlos Afonso, economista, es Secretario de Finanzas de Santo André. Irineu Bagnariolli Jr., sociólogo urbano, es Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Santo André.

Figura 1: Limitaciones a la Revisión del Impuesto a la Propiedad

En 1993, la administración de la ciudad de Santo André aprobó una ley otorgando un descuento del 40% en el impuesto a la propiedad. Dicho descuento iba a ser válido solamente durante ese año. Sin embargo, la reducción ha sido mantenida como resultado de varias cláusulas legales que determinan que el valor del impuesto en el año en curso no puede exceder el valor del año anterior, estableciendo así un límite al impuesto.

Otra restricción al uso más agresivo del impuesto, especialmente a fin de promover una tasación más equitativa, es la interpretación dada por la Corte Suprema de que el impuesto no puede ser progresivo. La única excepción permitida es la aplicación penal por desuso o falta de uso de la propiedad, cláusula que en sí misma depende de la emisión de nuevas leyes federales y que ni siquiera ha sido discutida por el Congreso. (Claudia M. De Cesare, “Usando el Impuesto a la Propiedad para la Captura del Valor: el Caso de Brasil”, Land Lines, enero de 1998).

Durante 1990 y 1991, una administración previa en Santo André trató de otorgar descuentos al impuesto a la propiedad basados en las características físicas, el uso actual y el tamaño de la propiedad, pero la iniciativa fue rechazada posteriormente por dictamen de la Corte a causa de su supuesto carácter progresivo oculto. Así, el límite a los impuestos a la propiedad, a pesar de ser revocado formalmente por una ley posterior, permanece básicamente inalterado, ya que si los impuestos fueran aumentados los sectores más pobres de la población serían los más afectados en forma negativa.

Finalmente, en Santo André y en todas las ciudades brasileñas, el valor del metro cuadrado de tierra está fijado por ley, lo cual impide la capacidad de la administración urbana de aplicar impuestos a la propiedad de bienes raíces de acuerdo con su valor en el mercado.

Increasing socio-economic and spatial disparities in Latin American cities have prompted a revival of interest in equity-oriented government policies to reduce those disparities. However, solutions to the major urban problems being faced today must go far beyond the implementation of inconsistent and narrowly defined actions. The solutions must ensure equity for all sectors of society. In too many places, entire neighborhoods are forced to exist under deplorable living conditions while government agencies seek to evict residents in the name of environmental protection. It is evident that urban legislation can no longer ignore the rights of people to have a place in which to live in security and dignity.

The critical impact of land inequity on the urban environment requires that the urban poor gain access to the technical information necessary to better negotiate their concerns with public officials. My research explores the role of environmental education in low-income communities in developing countries. Taking a perspective based on self-help capacity building, my goal is to develop programs to train community leaders at the grassroots level to deal more effectively with local land use conflicts and environmental risks.

Impacts of Land Inequity

Like many Latin American cities, Rio de Janeiro is strongly affected by prevailing poverty and environmental degradation. Complex factors are involved: economic instability, inequitable land ownership, short-sighted development policies, and a lack of a democratic system that provides for human rights and freedoms. In my view, the problems experienced by Rio de Janeiro during the last few decades are mainly a result of existing “apartheid” urban planning assumptions and a lack of political will to incorporate the popular sectors in land use policy making.

In the region of Baixada de Jacarepaguá-at the heart of the core expansion area of Rio de Janeiro-the extraordinary process of urban growth since the 1970s has provoked dramatic changes in the landscape, as well as a variety of environmental problems. Amidst the spectacular natural beauty of lagoon ecosystems, mangrove forests and wetlands, the region remains home to a large population of urban poor who live in favelas-shanty communities resulting from largely uncontrolled urbanization of public land.

During the 1980s and early 1990s, the region enjoyed an unprecedented development boom that has fostered unsustainable patterns of land use. Discrimination against the poor inhabitants and inequalities in landownership allowed landowners and speculators to capitalize on the boom by formally obtaining titles and subdividing the land. In addition, a select group of private builders injected themselves into the local scene with multiple court permits to develop the region for high-income residential condominiums, commercial establishments and industrial enterprises.

Increasing pressures on the land snowballed into a wide range of protests between the popular sectors and the powerful land developers, posing the threat of forced eviction of the poor inhabitants. The accumulated discontent against the government for failing to control land speculation and ensure protective legislation created an extremely dangerous situation. Violence and persecution claimed the lives of 30 community leaders, presidents of local community associations, their family members and relatives. The murders were carried out by what are known in the region as “extermination squads,” and no criminal investigation has taken place.

The Vicious Cycle of Poverty and Environmental Degradation

Since poverty and environmental degradation are interdependent, it is appropriate to think of environmental concerns in terms of social justice. My research revolves around the problems of inequality and the environmental risks faced by the residents of the Via Park village-an informal settlement located in the region of Baixada de Jacarepaguá. A basic question arising from this research is to what extent can improved access to land equity actually contribute to mitigate the factors that encourage environmental degradation. By connecting land use issues to the learning process of environmental education, the research demonstrates that environmental degradation is a recurring phenomenon manifested in the inequitable ways land has been used and distributed in the region.

Via Park village has been caught in a serious land use struggle since the 1970s, when urban development began to impact many traditional fishing communities in the area. Builders were eager to lobby the government to break the fishermen’s land tenure system, which was enforced by law, and thereby turn the land over to market forces. In the 1980s, the area was designated a public reserve for environmental preservation, enshrined in Article 225 of the Brazilian Constitution (1988). Since the village was located on protected land, the city’s planning authorities then argued that the Via Park residents had no legitimate claims of ownership.

Living in an atmosphere of fear and at mercy of the land developers and speculators who continued to flourish, the Via Park residents started illegally subdividing and selling small parcels of land to new settlers. The growth of the poor population and the concentration of land ownership and speculation contributed to the expansion of informal land markets into nearby low-income communities.

Underlying these practices was a more complex system of commercial transactions and civil relations governing the invasion of vacant lands, as well as the division and sale of plots. Throughout Rio de Janeiro, land development through informal channels is the predominant “territorial pact” by which disadvantaged local groups have been able to gain access to land and housing. At the same time, agents from the “formal world” have developed political arrangements to support and take advantage of existing informal land markets.

It was in this context that a program for grassroots environmental improvement was conceived and eventually implemented in Via Park village. However, given the residents’ long history of exclusion-including threats of forced eviction-they remained suspicious. It became clear that successful program implementation would depend on managerial strategies based on an integrated vision of the geographic/ecological and social/cultural environment.

If the dilemma of poverty and environmental degradation is to be overcome, then the task of improving the environment must be shown to be compatible with the struggle for land equity. This innovative approach toward environmental education differs from traditional methodology, which is generally more concerned with simply introducing physical changes to the environment. The key here is to focus on the conditions that are favorable for the development and exercise of a sense of “community belonging”-a tangible expression of shared sentiments, values and identities where land is understood not only as a component of wealth, but as a common settled place invested with symbolic meanings.

Lessons of Via Park Village

While there is no single solution to the social and environmental vulnerability of the urban poor living in the Via Park village, their experience does offer some insights. One alternative suggests creating “urban natural reserves” integrated into the community where those threatened with forced eviction are encouraged to maintain their traditional lifestyles. In exchange, government authorities at all levels would accept the obligation to promote land equity, giving security of tenure and protection to those forced by circumstances to live in informal settlements.

Aspects of the environmental education program initiated in the Via Park village are applicable to other Latin American cities. The fundamental principle is based on insuring respect for the inherent identity of the community. The experience of the Via Park residents demonstrates that local action can contribute to consolidating a socio-political struggle for land equity with protection of the environment. This is in line with current thinking about land use and environmental management, which suggests an integrated approach that acknowledges the leadership role of the local residents.

The Via Park case reveals that a routine excuse being used to justify evictions is “protecting the environment.” In other words, the urban poor most often accused of being the primary protagonists of environmental degradation are in reality the greatest victims. For the 450 residents of the Via Park village, the trauma of being forcibly evicted from their homes will never be overcome. Five people, including two children and one woman, lost their lives in the confrontation. The Via Park village, now destroyed by bulldozers, still reminds us that hope for land equity lies in community solidarity, effective governance and democracy.

Sonia Pereira is a visiting fellow of the Lincoln Institute. She is also completing her Ph.D. thesis from the Institute of Earth Sciences of the Federal University in Rio de Janeiro, with support from a Fulbright scholarship. An environmental lawyer, biologist, social psychologist and activist on behalf of human rights, she has been widely recognized for her work on environmental protection for low-income communities in Brazil. She is a Citizen of the World Laureate (World Peace University, 1992) and a Global 500 Laureate (United Nations Environment Programme-UNEP, 1996).

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El Programa para América Latina del Instituto Lincoln se dedica a la educación y los proyectos de investigación con universidades y gobiernos locales en toda América Central, Sudamérica y el Caribe. Estas actividades cobran mayor relevancia en la actualidad debido a los numerosos cambios políticos y económicos por los que están atravesando los mercados inmobiliarios de América Latina. Por ejemplo, la (re)democratización del continente permite que un segmento más amplio de la sociedad participe en el diseño de programas viables e innovadores para los gobiernos locales en manos de partidos políticos rivales.

Además, las reformas institucionales, y en muchos casos constitucionales, están afectando el valor de la tierra y los derechos y regulaciones de la propiedad. Los programas de ajustes estructurales diseñados para contener la inflación y superar las crisis económicas de los años 1980 están cambiando las actitudes en cuanto a la tenencia de la tierra, ya sea como inversión o como reserva de valor. En América Latina, los frecuentes cambios especulativos entre la tenencia de la tierra y otros activos financieros, según los caprichos del “ambiente económico” predominante, han sido la pesadilla de los planificadores.

Las fuerzas de la globalización y la urbanización contribuyen igualmente con las presiones significativas y variables que se ejercen sobre el uso de la tierra. Cada vez más, se ven espacios al estilo de Los Ángeles en ciertas zonas residenciales de Sao Paulo, Santiago o Ciudad de México. Aunque la pérdida de la biodiversidad de la región se conoce bien porque está documentada, América Latina también corre el riesgo de perder la diversidad del uso de la tierra.

Pese a que estos temas son comunes, América Latina dista mucho de ser una entidad homogénea. La diversidad surge claramente al analizar la tenencia de la tierra y las estructuras de los mercados inmobiliarios de los distintos países, por ejemplo:

• La glorificación de los mercados inmobiliarios en Chile contrasta con la verdadera eliminación de dichos mercados en Cuba y la segregación residencial resultante.
• México tuvo una experiencia única con las tierras comunales (ejidos) que ahora se están privatizando con repercusiones considerables para la nueva expansión urbana.
• En Brasil, los frecuentes conflictos por causa de la tierra —algunos con consecuencias trágicas para los desposeídos— pueden atribuirse a una reforma prometida hace mucho y que aún no se ha materializado.
• En Paraguay, hasta su reciente democratización, tradicionalmente las tierras eran repartidas por un partido político hegemónico, en un claro menosprecio del mercado. En Argentina, por el contrario, el estado utiliza sus considerables reservas de tierras fiscales para facilitar las inversiones extranjeras en proyectos inmobiliarios, directamente a través del mercado.
• Es probable que la pasada redistribución de tierras en Nicaragua sea la causa de la vitalidad del mercado de bienes raíces recientemente liberado y los fuertes procesos de reconcentración de tierras que están en marcha actualmente.
• Los pujantes mercados inmobiliarios de Ecuador y Venezuela a menudo han sido atribuidos a la facilidad para el lavado de dinero proveniente de Colombia, país vecino donde la regulación es más estricta.

En vista de esta diversidad, el programa para América Latina del Instituto está concentrando sus esfuerzos educativos y de investigación en la creación de una red integrada por estudiosos sumamente capacitados y autoridades responsables de formular políticas públicas.

Dado que representan países diferentes y aportan variados antecedentes académicos y profesionales, estos expertos ayudan a identificar los asuntos de mayor importancia para la región. Estos son algunos ejemplos de los temas actuales que surgen de las necesidades reales y previstas por los funcionarios públicos: La reactivación del debate sobre el funcionamiento de los mercados inmobiliarios urbanos, el estrechamiento de la brecha entre el mercado inmobiliario formal y el informal y la implementación de nuevos instrumentos de políticas de tierras.

El acceso a la tierra por parte de la población urbana de ingresos bajos es el tema que tiene mayor presencia en el ánimo y la mente de muchos investigadores y funcionarios públicos. Hay dos campos de investigación que se relacionan: 1) los mecanismos que generan la segregación residencial o la exclusión a través del mercado por parte de agentes privados o públicos, y 2) las estrategias para que “los excluidos” tengan acceso a la tierra y así puedan formalizar su “inclusión social”. En su mayoría, los programas educativos que el Instituto lleva a cabo en América Latina para abordar la gestión de la tierra y los instrumentos de intervención pública surgen directa o indirectamente de este tema.

Para muchos funcionarios públicos de la región, la reforma de la tierra es un tema delicado y la recuperación de plusvalías de los bienes raíces generados por la actuación del sector público todavía parece una idea subversiva vista con recelo. De tal modo, el Instituto Lincoln se sitúa en una posición privilegiada como facilitador neutral con capacidad para colaborar con académicos y funcionarios públicos de América Latina, y también con expertos de los Estados Unidos, para aportar una perspectiva comparativa internacional de las ideas y experiencias en cuanto a las políticas de la tierra.

Martim Smolka, miembro principal del Instituto desde septiembre de 1995, se encuentra de licencia como profesor asociado en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil.