Tributación municipal en San Salvador
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
La demanda por servicios urbanos sobrepasa la capacidad financiera de la mayoría de las ciudades del mundo. Para hacerle frente a este problema, muchos gobiernos municipales utilizan exitosamente el impuesto a la propiedad junto con otros instrumentos administrativos a fin de recaudar esos fondos tan necesarios. Actualmente El Salvador es el único país centroamericano que no impone una tributación sobre suelo y propiedad. Sin embargo, funcionarios públicos, expertos académicos y líderes empresariales del país han comenzado a discutir sobre la necesidad de establecer un sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria, y las estrategias para su ejecución.
El sistema de tributación de El Salvador está caracterizado por la falta de equidad y una cantidad mínima de impuestos recaudados, lo cual afecta el nivel de inversiones públicas. Décadas de guerra civil y caos económico han dejado al país sin una tradición establecida de administración ni control fiscal. Los primeros cambios al sistema de tributación comenzaron a ponerse en práctica en 1993, cuando tanto el antiguo impuesto patrimonial sobre la propiedad personal y de la empresa (incluso sobre bienes inmuebles), como el impuesto sobre las ventas del 5 % fueron abolidos y sustituidos por un impuesto sobre las ventas del 13 por ciento. La recaudación de estos impuestos y de un impuesto sobre la renta corre a cargo del gobierno central.
El único impuesto municipal que existe es un tributo arcaico y complejo basado en actividades comerciales, industriales, financieras y de servicios. Debido a su limitada capacidad para aumentar sus ingresos, los municipios no tienen muchas oportunidades de obtener préstamos de bancos nacionales, y ninguna posibilidad de conseguirlos de instituciones financieras internacionales. Entre otros factores que contribuyen a debilitar la base financiera de los gobiernos municipales se cuentan las deficiencias administrativas, los problemas catastrales y las limitaciones del marco legal. Dado que la zona metropolitana de San Salvador abarca una gran área de este pequeño país, la tributación municipal y otros programas de planificación fiscal puestos en práctica allí tienen repercusiones significativas en todo el país.
En 1998, el Consejo Municipal de San Salvador propuso aumentar los impuestos a la actividad comercial, lo cual provocó protestas inmediatas por parte de representantes empresariales y funcionarios municipales. Los líderes de negocios denunciaron al programa tributario propuesto como un generador de costos adicionales que los forzaría a subir los precios de artículos de consumo y servicios, y posiblemente llevaría a un crecimiento de la inflación; como alternativa, demandaron incentivos para nuevos proyectos de desarrollo a cambio de modificaciones del sistema tributario. El Consejo Municipal defendió su propuesta, precisando que la estructura tributaria actual se caracterizaba por una seria falta de equidad porque castigaba a los negocios pequeños al mismo tiempo que ofrecía ventajas a los grandes.
El Consejo Municipal de San Salvador y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador formaron una comisión mixta para que investigara los complejos asuntos involucrados en la reforma fiscal propuesta y las precondiciones que la misma precisaría, tales como actualizaciones catastrales, marco legal y capacitación técnica. Si bien la discusión no estuvo centrada en los mecanismos concretos para llevar a cabo una tributación de suelo y propiedad, fue muy significativo que estos importantes grupos de interés coincidieran sobre la necesidad de imponer un tributo inmobiliario en el futuro.
Beneficios de una perspectiva internacional
En enero de 1999 se realizó una reunión extraordinaria de funcionarios públicos y grupos de interés privado, en la que el Instituto Lincoln y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) estudiaron muchos de los asuntos pertinentes al desarrollo y ejecución de un sistema de tributación inmobiliaria. Éste fue el tercero de una serie de programas auspiciados por el Instituto diseñados con el objetivo de compartir la experiencia internacional y ayudar a desarrollar un nuevo marco de trabajo en pro de un sistema tributario con más equidad en El Salvador.
Particularmente en un país pequeño como El Salvador, la implementación de un sistema adecuado de impuestos a la propiedad puede tener efectos positivos y estratégicos no sólo sobre las finanzas municipales, sino también sobre las políticas macroeconómicas y la revaluación del sector financiero. Alven Lam, investigador del Instituto Lincoln, explicó que la reestructuración del marco tributario ha sido el factor fundamental que ha permitido a algunos países asiáticos como Japón, Tailandia e Indonesia, recuperarse de sus crisis económicas. Los recientes problemas fiscales de Brasil y el continuo debate sobre el funcionamiento del sector financiero de El Salvador agregaron un sentido de apremio a la discusión sobre el amplio contexto económico de un impuesto a la propiedad municipal.
En el seminario también se discutió la importancia de integrar una tributación mixta de suelo y propiedad como herramienta fundamental para promover un manejo eficaz de la tierra urbana. Vincent Renard, del Laboratorio Econométrico de la Escuela Politécnica de París, elogió la iniciativa del Consejo Municipal de San Salvador y de otros gobiernos municipales para modificar sus estructuras tributarias, haciendo énfasis en la importancia de no aislar dichas políticas de los mercados de bienes raíces. Asimismo, Renard criticó ciertas estrategias de planificación urbana, tales como la tendencia actual que hay en El Salvador de regularizar en exceso el uso de la tierra mediante medidas legales que están totalmente desvinculadas de la tributación de la tierra y de incentivos fiscales.
Una tercera área de preocupación durante el debate consistió en las implicaciones políticas y económicas de la tributación a la propiedad. Entre otras cosas, es crítico que los funcionarios involucrados en establecer un sistema de tributación sobre la propiedad consideren la cultura política de la sociedad, la consolidación de autonomía municipal, la transparencia de los mercados de bienes raíces, y el uso del impuesto a la propiedad como una herramienta para el desarrollo económico y social. Julio Piza, de la Universidad Externado de Bogotá, describió diferentes aplicaciones del impuesto a la propiedad en Colombia, realzando la existencia de un problema común: la dificultad de medir la base impositiva de la tierra y los bienes debido en gran parte a los obsoletos sistemas catastrales y a la falta de otros sistemas de información.
Aunque la discusión sobre la reforma fiscal en El Salvador ha sido eclipsada por las recientes elecciones nacionales, el nuevo presidente ha expresado interés en una política de tierra y tributo. Al seminario asistieron dirigentes municipales y nacionales de los sectores políticos y comerciales, quienes expresaron un interés profundo en modernizar sus programas de manejo fiscal y tributación municipal. El solo hecho de haberse reunido para discutir abiertamente estos complejos asuntos es una señal esperanzadora. Para que haya progreso, es necesario contar con la voluntad política, la participación continua de la comunidad comercial y el reconocimiento de que el impuesto constituye tanto un instrumento financiero práctico para satisfacer necesidades inmediatas como también una herramienta importante para lograr crecimiento económico y desarrollo urbano.
Al igual que otros países en estado de transición social y económica, El Salvador se enfrenta ahora al desafío de establecer estipulaciones eficaces y justas para llevar a cabo las valuaciones catastrales y la recaudación de impuestos. El proceso puede facilitarse si se comienza con una estructura de tasas simple y se van introduciendo gradualmente instrumentos más sofisticados. Otros factores tales como métodos innovadores de manejo de la tierra y la posibilidad de capturar los aumentos en el valor de la tierra son críticos para el futuro crecimiento fiscal de El Salvador.
Ingresos municipales Área Metropolitana de San Salvador, 1993
Fuentes de ingresos:
- Impuestos municipales
- Aranceles y tarifas de usuario
- Transferencias del gobierno federal
- Otros ingresos municipales
- Préstamos
- Otras fuentes
Patricia Fuentes es Subdirectora de Control de Desarrollo Urbano y Mario Lungo es el Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).