El suelo como recurso para promover el desarrollo en Cuba

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 5 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Actualmente se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, un programa de estudio de aprovechamiento del suelo y de su valor para fines de facilitar la revitalización física y el desarrollo económico en Cuba. Participan en dicho estudio investigadores del Instituto Lincoln y del Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC).

Durante la era soviética, la economía cubana estaba caracterizada por un modelo económico de decisiones tomadas "desde arriba", en el cual los organismos estatales eran los principales actores de la economía y del desarrollo. La planificación era autocrática e inflexible; el comercio dependía principalmente de los países del bloque socialista; la capacidad financiera estaba centralizada en el presupuesto nacional; y no existía un sistema tributario. Las reformas legales, financieras y económicas puestas en marcha desde 1990 han ayudado a crear un entorno institucional conducente al aumento de la eficiencia económica y de la participación cubana en el mercado mundial (ver tabla 1).

Así y todo, la economía de Cuba sigue tropezando con enormes dificultades que han afectado seriamente la sustentación del estándar de vida de sus habitantes, la calidad de los servicios sociales y públicos, y los programas de desarrollo económico en general. Para citar un ejemplo, en 1995 el producto interior bruto (PIB) de la isla se había reducido a la mitad de su valor de 1989, mientras que la capacidad de importación había caído de manera precipitosa, desde unos US$ 8 mil millones a US$ 2 mil millones anuales.

Tabla 1: Resumen de las principales reformas

    1990 Apertura de la economía a inversionistas extranjeros
  • 1991 Reorientación del comercio internacional cubano
  • 1992 Introducción de modificaciones a la Constitución de 1976 Introducción de nuevas formas de propiedad no estatal Eliminación del monopolio estatal del comercio exterior Expansión de sociedades mercantiles privadas extranjeras
  • 1993 Entrega a trabajadores de tierra de antigua posesión estatal
  • 1994 Reestructuración de los organismos de la administración central del Estado

    Apertura del mercado agropecuario a partir de mecanismos de oferta y demanda

  • 1995 Restablecimiento de la planificación indicativa e introducción de indicadores financieros Inicio del redimensionamiento empresarial estatal Regularización de la circulación de divisas fuertes en el sistema bancario
  • Aprobación de nuevas leyes de inversiones extranjeras Gradual introducción de los componentes de un sistema tributario
  • Aprobación de la Ley de Reestructuración del Sistema Bancario
  • 1997 Aprobación del Decreto Ley sobre Zona Franca

El gobierno cubano ha tratado de promover el turismo como la fuente principal de generación rápida de esas divisas tan necesarias. Siendo una isla del mar Caribe, Cuba ofrece atracciones turísticas significativas que abarcan desde magníficas playas hasta el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de La Habana (declarado "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO), así como otras áreas naturales, históricas y culturales ubicadas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, para estimular la industria turística se precisan socios internacionales que emprendan el desarrollo de hoteles, tiendas, restaurantes y la ampliación del aeropuerto. El hecho de que la mayoría de las tierras disponibles para el desarrollo está en manos del Estado, es un elemento crítico de la estrategia cubana para atraer promotores y turistas extranjeros.

El plan gubernamental de poner en marcha su propia industria turística ha mostrado resultados alentadores. Por ejemplo, en el año 1967 la isla recibió a unos 2.000 visitantes, mientras que en 1998 fue visitada por más de 1,4 millones de turistas. Sólo durante los últimos cinco años, un grupo de inversionistas extranjeros ha aumentado sus operaciones en varios sectores económicos de Cuba, particularmente en el sector turístico. Como resultado, se han construido 2.000 nuevas habitaciones hoteleras en La Habana, con lo cual la capacidad total actual alcanza más de 10.700 habitaciones. A nivel nacional hay 31.600 habitaciones hoteleras, y se planea aumentar la capacidad a 40.000 en el transcurso de los próximos dos años. Aproximadamente el 80 por ciento de las nuevas construcciones cubanas están directa o indirectamente relacionadas con el sector turístico. Ciertos estimados indican que la tierra y los inmuebles estatales ya destinados a estos nuevos proyectos representan unos US$ 500 millones. Cabe destacar que este desarrollo se ha logrado en ausencia de un mercado formal del suelo.

Políticas orientadas al suelo para estimular el desarrollo

El suelo ha sido utilizado de varias maneras para incentivar el desarrollo y generar ingresos públicos. Primero que todo, el gobierno cubano lo ha utilizado como su contribución capital en asociaciones conjuntas con promotores internacionales. Por ejemplo, la empresa canadiense VanCuba Holdings, S.A. se asoció a medias con el gobierno cubano en un proyecto de construcción de once hoteles. La participación cubana del 50 % consiste en el aporte del suelo; por su parte, se espera que la compañía canadiense invierta US$ 400 millones. Similares operaciones conjuntas se han llevado a cabo con promotores canadienses, españoles, italianos e israelíes en proyectos variados, principalmente inmobiliarios y turísticos.

Dado que la principal contribución cubana a estas asociaciones internacionales es el suelo, es fundamental verificar que su valor financiero represente el 50 por ciento del capital social del proyecto. Cuando el valor monetario de la tierra aportada ha sido inferior al 50 por ciento, el socio extranjero frecuentemente ha desempeñado un papel crítico para ayudar a su contraparte cubana a solicitar crédito de bancos internacionales o instituciones financieras a fin de compensar la diferencia. Más recientemente, el crédito para asegurar el 50 por ciento de la participación cubana ha provenido directamente del Banco Central de Cuba (a bajas tasas de interés), en vez de entidades bancarias internacionales.

Un segundo mecanismo para estimular el desarrollo, cuyo uso va en aumento, son los arriendos de tierras (leasing) para proyectos comerciales y de oficinas. Esta modalidad cuenta con muchos adeptos puesto que la venta directa de la tierra estatal es posible únicamente en situaciones muy especiales. Los alquileres se negocian según el valor específico de la tierra, y se establecen por 25 años previo acuerdo de las partes negociantes. Además, es posible revisar los contratos de alquiler y prolongarlos por otros 25 años si las partes involucradas en las renegociaciones están de acuerdo sobre los nuevos criterios. Actualmente existen varios proyectos de este estilo con inversionistas extranjeros, y el área estimada de desarrollo en La Habana sobrepasa las 100 hectáreas.

Tercero, el gobierno cubano ha celebrado acuerdos de alquileres directos en tierras estatales en zonas francas que en algunos casos generan alta rentabilidad. Ya unas 120 empresas privadas extranjeras y públicas-privadas se han establecido en dos zonas comerciales de La Habana.

Tanto los arriendos como los alquileres directos del suelo del Estado son importantes fuentes de nuevos fondos que, a su vez, se inyectan en la economía local para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales mediante la prestación de servicios sociales (educación y salud), el desarrollo de proyectos económicos, la modernización y ampliación de la infraestructura básica, y la generación de empleos. Como ejemplos del impacto positivo generado por estos ingresos para la ciudad y la comunidad figuran el nuevo Aeropuerto Internacional de La Habana, la creación y el mejoramiento de un sistema telefónico digital, y los proyectos del parque metropolitano en la región del río Almendares.

Otro mecanismo interesante de captura de la plusvalía resultante de las inversiones públicas, es el establecido por la Oficina del Historiador, la entidad pública encargada de promover, financiar y desarrollar el programa de revitalización de La Habana Vieja. Esta oficina ya comenzó a recaudar impuestos directos e indirectos que suman el 35 por ciento de los ingresos de empresas privadas no relacionadas con la Oficina, tales como hoteles, establecimientos comerciales y restaurantes que se han beneficiado de las labores de rehabilitación del distrito histórico. Tales ingresos externos, así como también las entradas generadas por proyectos iniciados por la oficina misma, se utilizan en una especie de fondo rotativo para financiar no sólo inversiones adicionales en el ambiente construido, sino también una variedad de programas sociales entre los que figuran viviendas, hogares para ancianos y actividades educativas y culturales en La Habana Vieja. En 1998 los ingresos totales de la Oficina sobrepasaron los US$ 40 millones, y excedieron de US$ 50 millones en 1999. El gobierno también está negociando otras clases de programas de generación de ingresos para capturar los incrementos del valor del suelo, con el fin de financiar la rehabilitación de las áreas del Paseo del Prado y Rampa en La Habana, así como el proyecto de desarrollo Boca de la Chorrera, en la boca del río Almendares.

Dificultades de aplicación

La aplicación de estas diferentes herramientas de captura de plusvalía no ha sido una tarea fácil. En lo que se refiere a los gravámenes indirectos y directos introducidos en La Habana Vieja, muchos dueños de negocios aducen que sus fuentes de ingresos no son resultado de las labores de mejoramiento de la Oficina del Historiador, y que por tanto no deberían estar obligados a pagar impuestos. Por ejemplo, la empresa petrolera cubana (CUPET) tiene su sede en un área valiosa en el corazón del centro histórico, pero no paga el impuesto. La compañía argumenta que sus fuentes de ingresos (es decir, sus instalaciones y redes de distribución) están situadas fuera del centro, y que por tal motivo no se benefician del proceso de remozamiento.

Los acuerdos de alquiler por 25 años ilustran otro problema que surge del dilema implicado por las "metas a corto plazo" frente a las "metas a largo plazo", porque los acuerdos no incluyen una actualización periódica de pagos de alquiler. Por una parte, si los pagos se establecen sobre la base del valor y uso existente, las autoridades públicas corren el riesgo de perder considerables recursos financieros que podrían derivarse de estas inversiones y otros cambios en el valor del suelo a lo largo del período de alquiler de 25 años. Sin embargo, si las autoridades intentan capturar el esperado aumento del valor inmediatamente, tendrán dificultades para vender esos costosos proyectos a inversionistas cautelosos.

La falta de un adecuado sistema legal para el desarrollo de bienes raíces y préstamos hipotecarios en Cuba es un obstáculo principal para la puesta en práctica de todos estos instrumentos. Si bien ya existen borradores de nuevas propuestas de leyes inmobiliarias, aún no se han adoptado las leyes que se esperaban introducir el año pasado. Esta situación incierta e impredecible puede entorpecer la formación de sociedades comerciales serias, que por lo general requiere estabilidad, transparencia y visión a largo plazo. Además, esta falta de protección legal puede alejar a promotores de calidad que podrían tener la capacidad de realizar proyectos más sofisticados y de mayor envergadura. Como resultado, el gobierno cubano ha recibido menos propuestas sólidas y ha estado aceptando proyectos menores con promotores internacionales menos establecidos.

Estos proyectos menores son a veces problemáticos por varias razones. Primero que todo, frecuentemente se destinan a las zonas más deseables de La Habana, aun cuando no sean necesariamente apropiados para dichas zonas. Segundo, están obligados a depender de infraestructura existente, dado que no son lo suficientemente grandes como para aportar esa inversión adicional. Tercero, la calidad estética e incluso los servicios básicos de estos nuevos hoteles o apartamentos son algunas veces cuestionables. Dado que estas edificaciones afectan la imagen general de la ciudad, pueden hasta ejercer un efecto negativo y contribuir a la desvalorización de la zona.

Otro problema relacionado es la incertidumbre que deben afrontar los promotores al tratar con nuevas instituciones y políticas que se están negociando dentro del gobierno cubano al mismo tiempo que se están implementando en la calle. Mientras las políticas están siendo objeto de revisión, el gobierno ha introducido una moratoria para nuevos proyectos de desarrollo en ciertas áreas de La Habana y ha retrasado el proceso de negociación de bienes inmobiliarios en general. La inestabilidad y falta de confianza en los organismos y políticas gubernamentales pertinentes conllevan riesgos que desalientan a los inversionistas privados de proyectos comerciales o residenciales a largo plazo. Obviamente, ello perjudica los costos de desarrollo y las tasas de rentabilidad esperadas.

Finalmente, la ausencia de mercados formales dificulta efectuar avalúos del suelo y enturbia las transacciones. Los organismos gubernamentales involucrados en proyectos de desarrollo tienen dos opciones: 1) utilizar los precios administrativos para determinar el valor de alquileres o aportes financieros, aun cuando la base de estos precios puede no reflejar el valor real de los atributos del suelo; o bien, 2) negociar el precio con promotores extranjeros sobre la base de la dinámica de la región en particular. Ambas opciones están limitadas por la carencia de transacciones comerciales continuas e independientes sobre las cuales evaluar los precios reales.

Dilemas de la política del suelo

Si bien es cierto que Cuba ha hecho avances significativos, también es cierto que se está enfrentando a muchos problemas para utilizar la tierra de una manera eficaz para estimular el desarrollo y generar recursos financieros. Por ejemplo, muchos proyectos pequeños y "convenientes" pueden acelerar los desarrollos y la generación de ingresos, pero no tienen la capacidad de crear una visión más amplia para usos futuros del suelo y frecuentemente causan daños a la infraestructura histórica y al ambiente natural. Por otra parte, los proyectos mejores financiados y de más envergadura pueden crear tal visión y mejorar el ambiente, pero son mucho más difíciles de negociar y exigen más tiempo.

Más aún, los proyectos más grandes pueden requerir inversiones cuantiosas en la infraestructura básica dada la deficiente calidad de las condiciones existentes. El gobierno ha carecido de los recursos necesarios para apoyar estas inversiones, lo cual amenaza la sustentación de las nuevas intervenciones urbanas, y los proyectos pequeños no son capaces de afrontar tales cargas. Además, incluso si los proyectos grandes pueden financiar las inversiones en infraestructura, corren el riesgo de convertirse en enclaves exclusivos separados de la comunidad vecina al proporcionar la infraestructura sólo como parte de su propio proyecto. El problema que se plantea aquí es cómo financiar la infraestructura de una manera no excluyente a fin de alentar otros proyectos de desarrollo de menor escala. Para ello se están estudiando tres opciones que actualmente son objeto de un acalorado debate:

  • intervenciones pequeñas e individualizadas que utilicen alquileres para ocupar zonas de la ciudad equipadas con una buena infraestructura;
  • enclaves de grandes establecimientos turísticos y comunidades enrejadas que puedan financiar la infraestructura mediante tributos y tasas de desarrollo, y cuyas negociaciones incluyan cláusulas que impidan procesos de exclusión; o
  • políticas más amplias para la captura de plusvalías, a ser aplicadas usando bienes inmobiliarios para generar ingresos de una manera que fomente la conservación del patrimonio histórico y la solidaridad comunitaria, al mismo tiempo que impida la segregación social, la urbanización desenfrenada y otros efectos negativos.

Otro aspecto del debate entre los expertos cubanos de planificación y desarrollo se refiere a las ventajas y desventajas de introducir mercados libres de tierras acompañados de un fuerte sistema tributario, en contraposición a seguir manteniendo el manejo público de la tierra estatal. Aquellos que abogan por la idea de introducir los mercados libres de tierras opinan que es un paso necesario al desarrollo, para que así Cuba pueda beneficiarse de los vínculos con la economía mundial y con diferentes clases de inversiones extranjeras. Estos expertos también defienden la idea de desarrollar mecanismos de captura de las plusvalías urbanas.

Por su parte, el grupo que defiende la continuación del sistema actual señala el éxito cubano en aspectos tales como la reducción de la segregación espacial, el equilibrio de los servicios sociales y urbanos, la conservación del patrimonio histórico y otros valores patrimoniales de la ciudad, y la reservación de suficiente tierra para los proyectos de desarrollos futuros. También apunta a la reciente experiencia latinoamericana con los mercados libres, que han redundado en mayor segregación entre ricos y pobres, falta de servicios sociales en las zonas pobres de las ciudades, y aumentos de la violencia urbana, la especulación, y los problemas ambientales.

En resumen, la agenda cubana de desarrollo de suelo tiene dos prioridades: establecer un sistema legal con parámetros claros, e introducir mecanismos rigurosos y transparentes para efectuar los avalúos de inmuebles y suelos. Además, la diversificación de los socios cubanos disponibles para participar en proyectos de desarrollo internacionales ayudará a establecer criterios para una perspectiva de planificación a largo plazo que alentará la realización de proyectos de infraestructura de gran escala y la provisión continua de beneficios a la comunidad. En realidad, todos estos asuntos e inquietudes no son muy diferentes a los desafíos que enfrentan otros países en vías de desarrollo en lo que se refiere a las políticas del suelo. El continuado estudio del valor de la tierra como un instrumento de desarrollo en Cuba ofrece lecciones importantes para investigadores y funcionarios públicos de toda América Latina.

Ricardo Núñez es investigador del Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC) en La Habana, Cuba. H. James Brown es Presidente y Jefe ejecutivo del Instituto Lincoln, y Martim Smolka es Senior Fellow y Director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln. También contribuyó a este artículo Laura Mullahy, asistente de investigación del Programa para América Latina y el Caribe.

En la Web

En la página Web del Instituto Lincoln, www.lincolninst.edu, hay artículos relacionados sobre Cuba, los cuales están disponibles para bajarlos sin costo alguno.

"Participatory Planning and Preservation in Havana: Q & A with Mario Coyula". Land Lines 9:4 (julio de 1997). (Sólo en inglés.)

Ricardo Núñez. "El suelo urbano como factor de inclusión económica y social: La experiencia de La Habana." Artículo. 1999. (Sólo en español.)

Ricardo Núñez. "La ciudad de La Habana: Prácticas y perspectivas de captura de plusvalía urbana." Artículo. 1999. (En inglés y en español.)

Ricardo Núñez y Carlos García Pleyán. "La regeneración en La Habana Vieja: ¿Un modelo de gestión que moviliza las plusvalías urbanas?". Artículo. 1999. (En inglés y en español.)

Peter Pollock. "Exploring Cuba's Urban and Environmental Heritage." Land Lines 10:5 (septiembre de 1998). (Sólo en inglés)

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