Se estima que la implementación del acuerdo climático de París en todo el mundo costará más de US$12 billones en el curso de 25 años.

Así que no es de sorprender que gran parte de la conversación desde que se finalizó el acuerdo en diciembre haya sido sobre el financiamiento climático. Y uno de los grandes temas en el financiamiento climático, sobre todo entre los dirigentes municipales, es el de “bonos verdes”.

Pero, ¿qué son exactamente los bonos verdes, y por qué las autoridades locales deberían tenerlos en cuenta? He aquí una breve explicación de los factores más importantes.

¿Qué es un bono verde?

Un bono verde es un tipo de instrumento de deuda como cualquier otro bono, salvo que lo recaudado debe ser destinado a proyectos que producen un impacto ambiental positivo.

Los primeros bonos comercializados de esta manera fueron emitidos por el Banco de Inversión Europeo en 2007 y el Banco Mundial en 2008. Desde entonces, otros bancos de desarrollo, corporaciones y gobiernos se han adherido a esta tendencia. Según la Iniciativa de Bonos Climáticos, un grupo de investigación que hace un seguimiento del mercado, las emisiones totales de bonos verdes pasaron de US$3.000 millones en 2012 a alrededor de US$42.000 millones en 2015. 

Las municipalidades representan un porcentaje creciente de este mercado. Ven los bonos verdes como una herramienta para ayudar a pagar energía renovable, sistemas de transporte e infraestructura de agua, entre otras cosas.

El estado de Massachusetts, EE.UU., vendió el primer bono municipal verde en junio de 2013, seguido unos meses más tarde por la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Otros emisores recientes de bonos fueron la ciudad de Johannesburgo; las direcciones de transporte de la Ciudad de Nueva York, Seattle y Londres; y la autoridad de aguas de Washington, DC.

¿Los bonos verdes son distintos de otros bonos municipales?

De hecho, no. El mecanismo funciona de la misma manera que otros bonos municipales. La principal diferencia es el propósito medioambiental de los bonos que la ciudad está emitiendo.

Además, los emisores de bonos verdes tienen que producir más documentación, esencialmente para demostrarles a los inversores que su dinero se está usando realmente para beneficiar el medio ambiente.

Hasta cierto punto, los bonos verdes son una herramienta de mercadotecnia. El hecho de denominar “verde” a un bono para pagar por reparaciones en el metro lo hace más atractivo para los inversores. “La verdad es que muchas ciudades están emitiendo bonos verdes; lo que pasa es que no los llaman así”, dice Jeremy Gorelick, quien enseña finanzas municipales en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU.

Esto puede ser así en economías avanzadas como las de los Estados Unidos, donde un mercado de bonos municipales maduro ha estado funcionando desde hace más de un siglo. En los países en vías de desarrollo, la mayoría de las ciudades no puede emitir bonos para nada, por una variedad de razones. En muchos países, las ciudades necesitan obtener autorización legal de sus gobiernos nacionales para emitir un bono. También tienen que trabajar para hacerse merecedores al crédito.

Gorelick, quien está asesorando a la ciudad de Dakar, Senegal, para emitir su primer bono municipal, recomienda que las ciudades que se encuentran en esta situación no apunten al mercado de bonos inmediatamente. Primero les conviene pedir prestado de los gobiernos centrales o de sus fondos de desarrollo municipal antes de acercarse a las instituciones de financiamiento de desarrollo para obtener préstamos en condiciones favorables o a los bancos comerciales para tomar deuda a precios de mercado. La idea es ir construyendo un historial de crédito y los mecanismos de transparencia contable que los inversores en bonos de los mercados de capitales de deuda demandarán.

¿Por qué están tan interesadas en los bonos verdes las ciudades?

Hay muchas razones. La más importante es que los inversores realmente quieren tener bonos verdes en su cartera ahora mismo. En consecuencia, los emisores de bonos municipales han observado una “sobresuscripción” de bonos verdes, lo cual favorece a las ciudades.

Cuando Gotemburgo emitió sus primeros bonos verdes en 2013, “no sabíamos si los inversores iban a estar interesados”, dice Magnus Borelius, Jefe del Tesoro de Gotemburgo. En un plazo de 25 minutos, los inversores habían colocado órdenes por €1.250 millones –muchas veces más de lo esperado– y Gotemburgo tuvo que comenzar a declinarlas. “Nos sentimos abrumados”, dice Borelius.

Las ciudades se benefician de varias maneras cuando hay una fuerte demanda por parte de los inversores. La más importante es que pueden atraer a nuevos tipos de inversores, diversificando el grupo de personas e instituciones que tienen interés en la ciudad. “Es bueno que muchos inversores sepan que uno tiene acceso a capital”, dice Borelius. Desde la emisión de bonos verdes, agrega, “hemos aumentado el contacto con inversores; están más interesados en la ciudad y nos vienen a visitar”.

La fuerte demanda por parte de los inversores “otorga ventajas al emisor”, dice Lourdes Germán, una experta en finanzas municipales del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Las autoridades locales pueden usar esta gran demanda como palanca para aumentar el tamaño de su oferta, demandar un periodo de pago mayor u obtener mejores tasas. Si bien algunas ciudades han obtenido precios favorables con los bonos verdes, Germán dice que los emisores no deberían contar con ello. “No está claro si llamar a un bono ‘verde’ resulta en mejores tasas”, dice.

¿Cómo se benefician los inversores?

Una creciente cantidad de inversores quieren que su dinero se utilice para proyectos de sostenibilidad medioambiental. Algunos están motivados por la lucha contra el cambio climático; otros simplemente están compensando por los riesgos climáticos en su cartera de inversiones.

Como consecuencia, hoy en día hay más fondos de pensión y administradores de activos privados que tienen algún tipo de mandato para “pensar verde”. Por ejemplo, el mes pasado el fondo de pensión pública sueco AP2 dijo que e staba destinando el 1 por ciento de su cartera de €32.000 millones a bonos verdes. Cuando se trata de inversores institucionales de esta envergadura, los compromisos de este tipo son significativos.

Además, los bonos municipales, por lo menos en mercados bien establecidos como en los EE.UU., se consideran una inversión segura. De manera que los bonos verdes emitidos por las ciudades son particularmente deseables. “Los inversores institucionales tienen un deber fiduciario y no invertirán en un producto que no rinda retornos”, dice Justine Leigh-Bell, administradora senior de la Iniciativa de Bonos Climáticos. “Este es un producto de grado de inversión ofrecido por emisores de alto volumen, donde el riesgo es bajo”.

¿Cómo se sabe si un bono es “verde”?

No hay reglas definitivas sobre este tema, lo cual inquieta tanto a los inversores como a los ecologistas. No obstante, el mercado de bonos verdes está evolucionando rápidamente, y están surgiendo algunas normas voluntarias para los emisores.

Una, desarrollada en gran parte por bancos grandes por medio de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, se llama Principios de Bonos Verdes. Otra fue desarrollada por la Iniciativa de Bonos Climáticos y se conoce como Estándar de Bonos Climáticos. El Banco Popular de China también ha publicado recientemente sus propias pautas sobre bonos verdes.

Nadie está obligado a usar estas normas, pero hay un fuerte impulso para hacerlo. “Si digo que mi camión de bomberos es ‘verde’, los inversores podrían levantar una ceja”, dice Germán. “Pero es un mercado de oferta y demanda, así que hay cierto control. Un emisor de bonos sólo recaudará ese dinero si un inversor cree que tiene realmente un propósito verde”.

Una cantidad creciente de emisores municipales está buscando opiniones independientes para certificar cuan “verdes” son sus bonos. Eso es lo que hace Gotemburgo. La ciudad sueca también ha creado un “marco de referencia de bonos verdes” para explicar a los inversores qué es lo que considera “verde” y cómo selecciona sus proyectos.

“Estamos en los primeros días de este mercado”, dice Skye d’Almeida, quien administra la red de financiamiento de infraestructura sostenible para el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. “Es muy importante evitar cualquier escándalo de ‘lavado verde’, donde las ciudades dicen que emitieron bonos verdes y los inversores descubren más adelante que no eran verdes. Eso erosionaría la confianza en el mercado. Así que las ciudades deberían estar preparadas para que un organismo independiente verifique sus reclamos y ser muy transparentes en el uso del dinero recaudado”.

La emisión de un bono verde, ¿crea mucho trabajo o costo adicional para la ciudad?

Un poco. Leigh-Bell calcula que el costo de una revisión independiente es entre US$10.000 y US$50.000, dependiendo de quién hace la revisión y otros factores. Esto es un monto insignificante en transacciones frecuentemente valuadas en cientos de millones de dólares.

La emisión de bonos verdes puede generar trabajo adicional para el personal administrativo de la ciudad. Antes de emitir los bonos, hay que analizar los planes de inversión de capital de la ciudad para identificar proyectos que pueden calificarse como verdes. Después, hay que efectuar un seguimiento del uso de lo recaudado y reportar dicha información a los inversores. Según d’Almeida, este trabajo tiene el efecto secundario positivo de obligar a la gente a trabajar fuera de su propio silo: el personal de finanzas tiene que colaborar con el de transporte o medio ambiente, por ejemplo.

Borelius dice que este ha sido el caso en Gotemburgo. “La primera pregunta que me hace la gente sobre los bonos verdes es: ‘¿Cuánto trabajo adicional hay que hacer?’”, dice. “Si no se pone al personal de tesorería en la misma mesa con el personal de sostenibilidad, habrá mucho trabajo adicional. Pero si uno quiere emitir un bono verde, esto es lo que hay que hacer”.

El alcalde de Johannesburgo, Mpho Parks Tau, coincide que los bonos verdes han dado dividendos en el aspecto organizativo. Cuando se le preguntó recientemente si los bonos “verdes” son mayormente una estrategia de mercadotecnia, el alcalde respondió que el ejercicio ha sido útil para alinear el temario medioambiental del gobierno local como institución. “En realidad, podemos garantizar a la institución que el grueso de nuestro programa de capital se concentrará en la sostenibilidad”.

Christopher Swope es editor ejecutivo de Citiscope.

Crédito: Dennis Tarnay, Jr. / Alamy

Este artículo apareció originalmente en Citiscope.org. Citiscope es una organización periodística sin fines de lucro que cubre innovaciones en ciudades alrededor del mundo. Puede obtener más información en Citiscope.org.

This month, like conquistadors of centuries past, tens of thousands of us will ascend the Andes to Quito, Ecuador, in search of El Dorado. But, unlike our brutal and greedy predecessors, we are not pursuing metallic wealth beyond our wildest dreams. The golden city we seek promises a sustainable urban future. Our map—the New Urban Agenda, which will be announced and adopted during Habitat III, the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development in October 2016—tells us where we are going, but it does not tell us how we will get there.

We know that we will encounter monumental challenges as we navigate this path to welcome some 2.5 billion people to the world’s cities over the next three decades. We will be tasked with providing jobs and housing for both these newcomers and current urban residents who are inadequately housed or underemployed. And we will have to make unprecedented investments in infrastructure to provide basic services for these new city dwellers. Our local governments will need to step up, as never before, to implement and finance measures to handle extraordinary growth. But while the bulk of responsibility for managing this last epoch of urbanization will fall on local governments, the rest of us are not off the hook. In fact, it is safe to say that the actions of other institutions—particularly national and subnational governments and certain NGOs—will determine whether urbanization succeeds. We will all need to pull together to find our way to larger, more inclusive, equitable, and sustainable El Dorados.

And here is how these golden cities will function. Local, provincial, and national governments will align and coordinate their actions to manage urban growth successfully. This sounds easy enough, but what will it mean in practical terms? It means that different levels of government will commit to getting urbanization right and adopt some new modus operandi. It means that higher levels of government will stop devolving expenditure responsibilities to lower levels of government without identifying or providing sufficient revenues to cover the expenditures. It means that national governments will provide local governments the statutory authority to raise their own funds to meet many of their own financial obligations. It means that we will ensure local governments have the capacity—both technical and human—to make efficient use of all available resources. And it means that national governments will commit to adapt and adjust their policies to match the changing needs of local governments and the contexts in which they work.

Powers conveyed and responsibilities mandated from higher levels of government to lower levels through constitutions and legislation will reflect strategic alignment. Resources transferred from higher government levels to lower levels through agencies or ministries will be less encumbered by earmarks or overbearing compliance rules. Local governments’ powers and responsibilities will be codified in constitutional and legislative “rules of the game” that define a better-groomed playing field. Rules that enable localities to manage their affairs—granting them the power to levy certain taxes and fees or the legal authority to enforce tax collection—will displace regulations that constrain the ability of localities to attend to their own needs, such as property tax rate limitations.

Playing by national rules will no longer be difficult or impossible for cities. Other municipal governments will follow Detroit’s lead and find ways to avoid leaving tens of millions of already-allocated federal dollars on the table as Detroit did in the years preceding its bankruptcy. They will seek assistance to overcome the staff deficits and technical limitations that led to Detroit’s failure to adequately manage federal funding, as noted in the 2015 Government Accounting Office (GAO) report. And they will not fault themselves for their inability to use that money; they will recognize that defects in the design of funding programs are to blame, given that many thriving cities are likewise unable to utilize all of their national funding. And they will know that their problems are not exceptions but rules, as hundreds of cities across the world acknowledge that efficient use, or under-use, of intergovernmental transfers is an almost insurmountable challenge. This is something that we will fix on our way to El Dorado.

But how will we detect and correct defects in the design of intergovernmental transfer programs? Where is the forum where rules of these games are reviewed and refined? It is not surprising that the GAO would conclude that the failure of federal funds to reach the ground is a problem of local capacity. How would the national government get enough objective distance to consider the idea that its programs and policies are ineffective because of bad design? National governments will create programs crafted to fulfill policy goals, not to frustrate local governments’ attempts to meet citizens’ needs. But how? To know whether their programs are working, they will talk about them with their local counterparts. Although these discussions rarely occur now, they will become commonplace. Productive feedback through honestly brokered conversations will ensure that the troops on the ground are on the same page as the legislature and its ministries. And vice versa.

And this is where other key institutions will play a role. Specifically, NGOs and quasi-governmental organizations will connect the work of policy implementers with policy makers. Some institutions are familiar with the work of local governments and trusted by them as partners, but they also have access to and credibility with national leaders and policy makers. These organizations can serve as honest brokers and conveners to bridge the communication gap between policy conception and implementation and help to improve both. Hundreds of these mediators, or “conversation conduits”—including multilateral funders and social-change philanthropists, think tanks and practice-oriented departments of universities, membership organizations of public officials and development lenders, and the Lincoln Institute of Land Policy—will work together to complete a “virtuous circle” that leads to better policies and aligns the efforts of multiple levels of government to achieve the goals of sustainable urbanization. And they will develop and deliver training and technical assistance to build the capacity of local governments.

It is a bold vision of the future. But without efforts like these, it is hard to imagine how we will achieve the goals of the New Urban Agenda. A significant share of the approximately 4,300 cities in the world with populations greater than 100,000 can use some help to grow their skills and systems, and to communicate better with higher levels of government. And many of them are hungry for the help.

We started on this path with the launch of our global campaign for municipal fiscal health two years ago at a congressional briefing where we were invited to talk about the challenges that perpetuate weak economic performance of older industrial American cities. We will follow next spring with a roundtable co-convened with the Pew Charitable Trusts (a fellow mediator) to present findings from a study of unspent federal grants that we have underway with planning students from Northeastern University (another mediator). We will invite representatives from federal agencies to explore the implications of the findings for reforming formula-funding programs. In addition, we have begun to design and offer training modules to build capacity and technical assistance for cities. But we need help—a lot of it.

Let’s take advantage of the Habitat III meeting to network the institutions that want to help cities make efficient use of intergovernmental transfers and other resources—through policy dialogues convened with national governments, or through capacity building programs for local governments, or both. This effort requires more resources and skills than any of us can mobilize individually. We need to tackle this challenge together. The Lincoln Institute is ready to participate in a global effort to empower cities to solve their own problems, and we will identify others to begin the process of mobilizing and coordinating a new global practice. Please seek us out in Quito if you want to learn more about what we are doing and how we might work together.

We will not get another chance to get urbanization right. By the middle of this century, 70 percent of humanity will reside in cities. We must ensure that they are the cities we need. Habitat III is a rare occasion when national governments focus on their urban centers and the outsized role they play in their nations’ futures. Let’s use this moment to focus our collective efforts to implement the New Urban Agenda in the next two decades, and travel together on the road to a new El Dorado.

Photograph by pxhidalgo / iStockPhoto