SHARE
Las ciudades norteamericanas tienen un potencial prometedor a largo plazo como centros de innovación y crecimiento, y la expansión tecnológica y de las ciencias de la salud están comenzando a compensar la erosión de varias décadas en el sector de manufactura. Las ciudades siguen siendo también lugares llenos de vitalidad, que ofrecen opciones de diseño urbano, densidad y transporte que atraen a residentes de todas las edades y procedencias. De hecho, nueve de las diez ciudades más pobladas de los Estados Unidos han crecido en población en la última década, según el censo de 2010.
Sin embargo, las perspectivas de corto plazo de las ciudades están cargadas de desafíos. Con el reciente brusco descenso en los ingresos tributarios, causado por el colapso del mercado inmobiliario en 2008 y la consiguiente crisis financiera y recesión económica, se ha hecho extraordinariamente difícil para los gobiernos locales y estatales mantener los servicios básicos, por no mencionar los planes de inversion para el futuro. Los fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos (American Recovery and Reinvestment Act, o ARRA) ayudaron a los gobiernos locales a compensar la disminución de la renta de los últimos tres años, pero los fondos de ARRA ya no están disponibles para el año fiscal entrante (una transición que se ha dado por llamar “el precipicio”), obligando a los funcionarios locales a hacer frente en su totalidad al efecto causado por el déficit de ingresos.
El Foro Periodístico sobre Suelos y el Entorno Edificado: La Próxima Ciudad (Journalists Forum on Land and the Built Environment: The Next City) de 2011 reunió a académicos, profesionales y líderes politicos con periodistas de los medios impresos y audiovisuals para explorar el tema de la infraestructura de las ciudades en el contexto de la recuperación económica presente. Este programa es producto de una asociación anual entre el Instituto Lincoln, la Fundación Nieman de Periodismo de la Universidad de Harvard, y la Facultad de Estudios de Posgrado en Diseño de Harvard.
Los debates del Foro se centraron en dos enfoques para las inversiones en infraestructura y sus servicios asociados. El primero fue un enfoque a corto plazo de las inversiones en infraestructura como estímulo fiscal, con objeto de recuperar el nivel de actividad económica y aumentar el empleo. El segundo fue un enfoque a más largo plazo en cuanto a la función que cumple la infraestructura para sustentar la transformación de las economías municipales y el aumento de competitividad y habitabilidad en un mundo globalizado.
La infraestructura y la crisis fiscal de los gobiernos locales
La necesidad del país de contar con un estímulo fiscal para impulsar la economía en 2009 llevó a plantear inversiones colosales en infraestructura para satisfacer esta necesidad. No obstante, los tipos de proyectos que se podían iniciar rápidamente a nivel local tendían a ser esfuerzos de pequeña escala, como reparación de caminos y mantenimiento de instalaciones. Las iniciativas más ambiciosas, como los trenes de alta velocidad interurbanos, no llegaron a materializarse debido a problemas presupuestarios y de endeudamiento, y porque todas ellas requerían una mayor planificación antes de poder proceder a la etapa de implementación.
Lawrence H. Summers, quien recientemente retomó su cargo de profesor en Harvard después de haber sido director del Consejo Económico Nacional en la Casa Blanca, defendió el plan de estímulo de la administración Obama, que consideró necesario para restaurar la confianza en el sistema financiero y evitar que la recesión “pasara a formar parte de los libros de historia”. No obstante, admitió que “si bien los gobiernos locales pudieron usar los fondos de estímulo para cubrir déficits de ingresos, había muy pocos proyectos grandes listos para empezar”.
Más aún, la cruda realidad de la presión fiscal es que las ciudades no pueden concentrarse en proyectos de infraestructura en gran escala y a largo plazo porque están ocupadas en recortar gastos y realizar cambios en la dotación de los serviciospúblicos locales, señaló Michael Cooper, periodista de The New York Times. Algunos ejemplos de estos recortes en los servicios incluyen el programa de licencia sin goce de sueldo todos los viernes para los maestros públicos de Hawái durante el año escolar en curso; el niño de San Diego que murió atragantado con un chicle porque la estación de bomberos más cercana estaba cerrada debido a las clausuras rotativas; las decisiones de Colorado Springs de apagar un tercio de los faroles de alumbrado todas las noches, y de subastar el helicóptero de la policía; y el pueblo de California que destituyó a su alcalde porque acondicionó las tuberías de Madera deterioradas del sistema de aguas, pero aumentó las tarifas para pagar esta reparación.
Muchas jurisdicciones también tienen problemas fiscales con la falta de financiación de los fondos de pensión y de beneficios sociales. Algunas están agravando el problema simplemente dejando de realizar los pagos anuales requeridos, una medida de emergencia adoptada, por ejemplo, por el gobernador Chris Christie en Nueva Jersey. El Mercado de bonos municipales se está tambaleando y algunas ciudades, como Harrisburg, Pensilvania, se encuentran al borde de la quiebra. Los deficits fiscales están creciendo porque los gobiernos locales han gastado lo último que les quedaba de los fondos de ARRA.
Adrian Fenty, exalcalde de Washington, DC, afirmó que las ciudades se tienen que gestionar de forma similar a un negocio, adoptando una política de rendimiento y alejándose de la política de patrocinio. Es necesario mejorar tanto la eficiencia del suministro básico de servicios como la gestión de las finanzas municipales. Dado que la educación es tan importante para el crecimiento económico de las ciudades, su administración dio prioridad a una reforma educativa, concerniente tanto a la infraestructura humana como a la física, de manera que, durante su mandato en la alcaldía, su administración clausuró el 20 por ciento de las escuelas y redujo el personal administrativo un 50 por ciento. También renegoció los contratos de los maestros, ofreciendo un sistema de remuneración basado en el mérito y sin cargo fijo, que fue aceptado por el 60 por ciento de los maestros.
Desafíos de infraestructura: El caso del tren de alta velocidad
La iniciativa de 53 mil millones de dólares del presidente Barack Obama para construir trenes de alta velocidad ha puesto en evidencia los desafíos de la crisis fiscal en los gobiernos locales. Los gobernadores de Florida, Ohio y Wisconsin devolvieron los fondos federales asignados para ferrocarriles interurbanos con el argumento de que sus gobiernos locales y estatales no estaban en condiciones de asumir los gastos de explotación y mantenimiento, al tiempo que cuestionaban las proyecciones de tráfico de pasajeros. El proyecto de tren de alta velocidad de California, si bien estaba financiado por una emisión de bonos aprobada por los votantes, se encuentra con una oposición similar debido a las cargas financieras y a las disputas sobre el uso de suelos locales.
Bruce Babbitt, exgobernador de Arizona y Secretario del Departamento del Interior de los Estados Unidos, y miembro de la junta directiva del Lincoln Institute, dijo que la campaña de la administración Obama para construir ferrocarriles interurbanos de alta velocidad fue un “desastre político”, y que la visión subyacente se tenía que reevaluar. Sugirió que se usara como modelo el Corredor del Noreste, y que un plan revisado debería incluir un sistema bien definido de refinanciación confiable, similar a la estrategia adoptada para construir el sistema de autopistas interestatales.
El pago de la infraestructura de los ferrocarriles de alta velocidad exigirá una fuente de financiamiento específica, quizás mediante un aumento en el impuesto sobre la gasoline en los estados por donde se localizarán las nuevas líneas de ferrocarril, y un sistema de recuperación de plusvalías que comprometa a los propietarios privados que se beneficiarían del aumento en el valor de sus propiedades como consecuencia de estos proyectos de obras públicas. “No tenemos el coraje político para definir nuestra prioridades”, dijo Babbitt. Hará falta un “martillo nacional” para abordar el déficit de infraestructura del país sin abdicar del control a los gobernadores y los estados.
Los ferrocarriles de alta velocidad podrán vivir o morir de acuerdo a consideraciones económicas. Petra Todorovich, directora ejecutiva de America 2050, que ha efectuado numerosos análisis del potencial del ferrocarril de alta velocidad, propuso un marco de 12 megaregiones en los Estados Unidos que representan conjuntos de áreas metropolitanas donde la mejora en el servicio de ferrocarril brindaría el mayor potencial para reemplazar al automóvil y al viaje en avión de corta duración. Los trenes de alta velocidad pueden intensificar los mercados laborales, aumentar las economías de aglomeración y aumentar la productividad, al vincular grandes centros urbanos. Japón, Francia y China se encuentran entre los países que han demostrado cómo las líneas ferroviarias interurbanas pueden promover las sinergias económicas por medio de la ubicación estratégica de las estaciones para trenes de alta velocidad y sus conexiones con otros trenes y demás sistemas de transporte.
Este argumento de aprovechamiento económico fue respaldado por Edward Rendell, exgobernador de Pensilvania y alcalde de Filadelfia, y miembro de Building America’s Future, una campaña de revitalización de infraestructura deteriorada en todo el país. Rendell argumenta que los Estados Unidos han estado descansando sobre los laureles de las inversiones pasadas, y que la revitalización de los degradados cimientos físicos de la nación es ahora una prioridad urgente. Sin una infraestructura de nivel mundial, el país no será competitivo para atraer inversiones privadas, innovación tecnológica rápida y sustentable, y un crecimiento de la productividad, y no podrá mantener el crecimiento de buenos puestos de empleo a nivel nacional.
La infraestructura y el futuro de las ciudades
A medida que la recuperación se afiance y vuelva el crecimiento económico, serán necesarias inversions en nuevas tecnologías de comunicación, energía verde, sistemas urbanos inteligentes, transporte -como los trenes de alta velocidad y los sistemas de transporte colectivo- y otras obras de infraestructura, para ayudar a las ciudades a cumplir su papel de centros de innovación, cultura y productividad.
La visión de infraestructura combinada con el planeamiento a largo plazo también es fundamental para que las ciudades se puedan adaptar al impacto inevitable de los cambios climáticos, tales como un aumento posible en el nivel del mar de un metro con las consiguientes marejadas de tempestad, inundaciones y aumento en la cantidad de eventos climáticos extremos. La infraestructura de la mayoría de las ciudades costeras es tan vieja que incluso un huracán moderado puede causar importantes daños, dijo Ed Blakely, profesor de Política Pública de la Universidad de Sídney y “exzar” de la recuperación de Nueva Orleans tras el huracán.
Las ciudades han elaborado sus planes actuales sobre la base del registro meteorológico relativamente calmo de los últimos 200 años, pero esta calma probablemente se irá reduciendo a causa del cambio climático, de modo que la infraestructura existente resultará inadecuada u obsoleta. No se debe prestart atención a los esfuerzos de reconstrucción después de catástrofes como los del huracán Katrina, dijo Blakely, sino a la reubicación, reposicionamiento y “garantías de futuro” para ciudades más resistentes.
La infraestructura como servicio de utilidad pública que mejora la habitabilidad de la ciudad se puede observar en el proyecto High Line de la ciudad de Nueva York, consistente en el cambio de uso de una línea de trenes de carga elevada que pasa por el Meatpacking District y Greenwich Village. Uno de los arquitectos de ese proyecto, Liz Diller, socia de Diller, Scofidio y Renfro, sugirió que este tipo de mejoras puede transformar las áreas urbanas, funcionar como centros para eventos sociales y culturales, y promover la actividad económica, si bien advirtió que “la arquitectura no puede resolver en realidad grandes problemas”.
A pesar de la crisis fiscal actual, se espera que las ciudades experimenten otros cambios que puedan ayudar a su recuperación económica. Entre ellos, podemos mencionar las consecuencias de la crisis inmobiliaria actual, que probablemente genere demanda de propiedades en alquiler, y el desplazamiento demográfico a medida que la generación de baby boomers se vaya jubilando y mudando a casas más pequeñas.
Arthur C. (Chris) Nelson, profesor de la Universidad de Utah, notó que ambos cambios pueden generar más demanda de estilos de vida urbanos. Por ejemplo, se puede observar ya una reducción en la demanda de casas unifamiliares ocupadas por sus propietarios en la periferia metropolitana de las Rocosas, el Sudoeste y el Sur, donde hay subdivisions completas que están virtualmente vacías. El porcentaje de familias que son dueñas de sus casas ha disminuido desde un máximo de 69,2 por ciento en 2004 a 66,4 por ciento en 2011, generando una mayor demanda de unidades de alquiler, que normalmente están ubicadas en áreas más urbanizadas.
Los desplazamientos demográficos también están relacionados con cambios en la composición de los hogares. Para 2030, los hogares unipersonales constituirán un tercio de la población, y sólo alrededor de un 25 por ciento de los hogares incluirá niños, comparado con el 45 por ciento en 1970 y el 33 por ciento en 2000. Estos cambios promoverán probablemente un ajuste significativo en los mercados y valores inmobiliarios, a medida que los baby Boomers envejezcan y pongan a la venta sus casas suburbanas y se muden a ubicaciones más urbanizadas con acceso a transporte público y a barrios peatonales. Al mismo tiempo, los próximos cambios en los mercados hipotecarios y la reforma de Fannie Mae y Freddie Mac puedan llegar a aumentar el costo del financiamiento hipotecario (y de ser propietario de una casa) e inducir a las familias más jóvenes a alquilar en vez de comprar.
Las ciudades como motor de crecimiento
La inversión en infraestructura para respaldar las regiones metropolitanas puede justificarse también por la sorprendente fortaleza de las propias ciudades. El resurgimiento urbano se puede observar en el crecimiento de los ingresos de profesionales altamente especializados, la disminución relativamente modesta de los precios de las viviendas y hasta en los recientes incrementos en varias ciudades prósperas, y en una concentración de innovación en las áreas urbanas, dijo el profesor de economía de Harvard Edward Glaeser. “Podríamos mudarnos a cualquier lugar que se adecúe a nuestra biofilia”, dijo. “Pero seguimos atraídos por las ciudades”.
El crecimiento de la población urbana está altamente correlacionado con los ingresos urbanos promedio, los niveles de educación y la participación en la tasa de empleo en pequeñas empresas, a medida que las ciudades siguen atrayendo a emprendedores y promoviendo la productividad. Si los ingresos en otros lugares fueran como los de la ciudad de Nueva York, el PIB nacional aumentaría un 43 por ciento, dijo Glaeser. Las ciudades también resultarán atractivas por su valor medioambiental, por ser lugares de densidad y transporte público, con un uso relativamente menor de energía per cápita y menor emisión de carbono que las áreas suburbanas y rurales. G laeser rechazó las normas de edificación y las regulaciones restrictivas que desalientan el aumento de densidad y hacen que los barrios urbanos antiguos de baja altura estén “fosilizados en ámbar”. También recalcó que la educación pública sigue siendo la inversión más importante que las ciudades pueden y deben hacer para mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida.
A medida que se recuperen la economía nacional y los ingresos de los gobiernos locales, una de las prioridades claves será equilibrar los gastos actuales en servicios y las inversiones de más largo plazo. El crecimiento económico facilitará el financiamiento de inversiones en infraestructura, pero éstas serán necesarias a su vez para aumentar el crecimiento económico. El desafío será encontrar una manera políticamente viable de romper este círculo vicioso.
Sobre los autores
Gregory K. Ingram es presidente y gerente ejecutivo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.
Anthony Flint es fellow y director de asuntos públicosen el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.
SHARE
Los fideicomisos de suelo en los Estados Unidos difieren entre sí en gran manera, ya sea en términos de antigüedad, tamaño de la superficie protegida, misión, estrategia, presupuesto y contexto. Audrey Rust, una reconocida líder conservacionista y beneficiaria de la beca Kingsbury Browne 2012 del Instituto Lincoln, es la indicada a la hora de analizar las diferencias entre dos medidas de conservación totalmente diferentes pero igualmente exitosas que se dieron en la región oeste de los Estados Unidos. Rust se desempeñó como presidente y gerente general del Fideicomiso del Espacio Abierto de la Península (Peninsula Open Space Trust o POST) en Palo Alto, California, durante 24 años hasta julio de 2011. En la actualidad es miembro del directorio de la Reserva American Prairie (American Prairie Reserve o APR) en Bozeman, Montana.
La APR es uno de los nuevos proyectos de conservación más ambiciosos del país, cuyo objetivo es lograr reunir 1,42 millones de hectáreas y crear el complejo más grande de vida silvestre de los 48 estados continentales del país en Montana, el cuarto estado más grande de los Estados Unidos, cuya población es la séptima de menores dimensiones (solamente un millón de habitantes en 2012). Por otro lado, el POST comprende sólo el 2 por ciento de la superficie proyectada de la APR, aunque se considera un proyecto con mucho éxito, ya que reúne unas 28.300 hectáreas de espacios abiertos, granjas y parques de altísimo valor económico en una región que presenta una gran densidad y que va de San Francisco al Valle Silicon, con más de 7 millones de habitantes.
A pesar de sus perfiles tan disímiles, estas organizaciones comparten una sorprendente cantidad de similitudes. En esta entrevista con el Instituto Lincoln, Rust compara las historias y características particulares del POST y de la APR en base a su experiencia de primera mano con cada organización, y ofrece además algunas lecciones universales para todos aquellos involucrados en la difícil y desafiante tarea de preservar los espacios abiertos.
Instituto Lincoln: ¿Cómo se originó el Fideicomiso del Espacio Abierto de la Península y cuál es su misión?
Audrey Rust: El POST es un fideicomiso de suelo tradicional de 35 años de antigüedad, ubicado en una densa región metropolitana y que ha crecido en forma significativa desde su fundación en el año 1977. En sus orígenes, esta organización fue una socia de conservación privada del Distrito Regional del Espacio Abierto del Centro de la Península, una agencia pública de la península de San Francisco financiada mediante impuestos (ver figura 1). El POST, trabajando en la periferia urbana, recaudaba fondos privados en nombre del Distrito y, en ocasiones, llevaba a cabo un proyecto de donación de tierras. En la actualidad, todo el territorio protegido por el POST se encuentra dentro de un área metropolitana importante.
Debido a que el POST se encuentra ubicado en un lugar de gran densidad poblacional, resultó indispensable desde el principio incluir de inmediato oportunidades de recreación pública de baja intensidad, así como también brindar la posibilidad de exposición a la biodiversidad de la península, donde, dentro de un tramo transversal de 20 kilómetros, podemos pasar a través de al menos nueve ecosistemas diferentes. La tarea del POST tiene como objetivo garantizar un sistema de terrenos abiertos interconectados en corredores a lo largo de la bahía de San Francisco, las montañas de Santa Cruz y la costa del Pacífico. No se contempla ninguna cantidad total específica de hectáreas, a menos que se esté llevando a cabo una campaña en particular; sin embargo, el hecho de brindarle a la gente un lugar donde experimentar la naturaleza es sin duda una fuerza impulsora.
Instituto Lincoln: ¿Y cuáles son la génesis y misión de la reserva American Prairie?
Audrey Rust: Desde su fundación en el año 2002, la APR ha logrado reunir 110.883 hectáreas, aunque continuamente intenta proteger otras 1,42 millones de hectáreas contiguas de praderas de hierba corta en calidad de reserva de vida silvestre en la región noreste de Montana, uno de los únicos cuatro lugares en todo el mundo donde tal medida de conservación es posible (ver figura 2). La idea 1se originó en las investigaciones realizadas por un grupo de organizaciones conservacionistas sin fines de lucro que trabajaban en la región norte de las Montañas Rocosas, quienes, en sus comienzos, obtuvieron el asesoramiento científico del Fondo Mundial para la Vida Silvestre.
La APR está introduciendo bisontes de las llanuras sin introgresión genética del ganado, y es su intención desarrollar una manada sustentable de 10.000 cabezas, a la vez que se encuentra restaurando otras especies nativas, tales como perros de la pradera, hurones de pies negros y lechuzas vizcacheras. La APR adquirió rápidamente una gran cantidad de tierras, pero le llevará décadas reintroducir la fauna silvestre e impulsar un crecimiento significativo de poblaciones de estas especies.
Los terrenos federales representan un gran porcentaje del hábitat de vida silvestre que está reuniendo la APR. Los terrenos de la reserva limitan al sur con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Charles M. Russell y al oeste con el Monumento Nacional de la Quebrada del Río Missouri Superior, el cual figura destacadamente en nuestra historia nacional como parte de la expedición de Lewis y Clark.
Instituto Lincoln: ¿Cuáles son los desafíos clave que deben enfrentar el POST y la APR?
Audrey Rust: El mayor desafío que enfrenta cualquier proyecto de conservación es siempre el financiamiento. El primer obstáculo es identificar a los posibles donantes y captar su atención. Para ello, se necesita una visión claramente articulada, así como también la habilidad de hacer que el proyecto sea interesante para el posible donante. La validación de la misión por parte de un tercero respetado es clave en esta cuestión. También se necesitan ciertos medios para que el donante experimente el proyecto de interés y se sienta adecuadamente incluido, además de desarrollar una relación sólida que dé como resultado la posibilidad de solicitar su apoyo en forma apropiada y en el momento justo.
Instituto Lincoln: ¿Cuáles son los desafíos de financiamiento del POST en particular?
Audrey Rust: En el área de la bahía de San Francisco, millones de personas ven y aprecian el hecho de que la proximidad con la naturaleza mejora su calidad de vida, pero la mayoría no conoce el papel que desempeña el POST en esta tarea o, si lo saben, no necesariamente se sienten movilizados para apoyar económicamente el trabajo del POST. La competencia por obtener financiamiento filantrópico dentro de la pequeña área geográfica del Valle Silicon es intensa. Todas las principales organizaciones conservacionistas, además de la poderosa maquinaria de recaudación de fondos de la Universidad de Stanford, funcionan dentro de esta área.
En el POST, la recaudación de fondos se realiza de manera tradicional. Existe un programa anual de donación muy bien desarrollado que mueve a muchos donantes en los niveles de donación de capital más altos. Muchos de ellos están dispuestos a prestar sus redes de contactos para la causa y, debido al éxito que siempre tiene la organización y a su listado de donantes actuales, las personas se sienten cómodas y apoyadas por su comunidad cuando realizan una donación. El modelo del POST también ha dependido de conseguir y crear fondos públicos y, posteriormente, vender terrenos o derechos de servidumbre a una entidad pública, ya sea al mismo precio pagado por el POST o a un precio menor, lo que permite que la organización obtenga un rendimiento de los fondos del donante para que estos sean utilizados nuevamente en el futuro.
El POST también enfrenta el desafío del éxito. Con frecuencia, los donantes a nivel de liderazgo sienten que ya están listos para pasar a enfocarse en nuevas ideas y nuevas cuestiones medioambientales, ya que ven que su impacto personal no es tan visible como lo sería si comenzaran su propia organización nueva. Algunos donantes sienten que ya han hecho su parte y que ahora es el turno de que otros ocupen su lugar. Nunca ha sido tan difícil atraer a nuevos donantes de los niveles más altos de liderazgo.
Instituto Lincoln: ¿De qué manera la misión y los objetivos de la APR afectan su estrategia de recaudación de fondos?
Audrey Rust: La APR enfrenta lo que comúnmente se denomina un problema de “pipeline” debido a que la APR es una organización relativamente nueva, y en la que la población de posibles donantes se encuentra muy dispersa y a gran distancia de la reserva, encontrar a las personas correctas ha conllevado varios falsos comienzos y reuniones improductivas. Ha sido difícil exponer el proyecto ante los posibles donantes de manera que se pueda desarrollar una relación filantrópica. Aunque los miembros del directorio están dispuestos, solamente unos pocos poseen redes de contactos que hayan sido productivas para la APR. Resulta difícil y costoso evaluar el interés real de un posible donante, estimar su probable nivel de donación y desarrollar una relación perdurable con una persona que se encuentra lejos geográficamente. Por ahora, el estatus no está asociado con el hecho de apoyar la causa. Además, la enorme meta de la campaña (de 300 millones a 500 millones de dólares) hace que una donación de un millón de dólares parezca insignificante. Toda campaña práctica debería atraer una donación de entre 80 millones y 100 millones de dólares en la cima de la pirámide de la recaudación de fondos.
Desarrollar un listado productivo de posibles donantes a nivel de liderazgo sólo vale la pena si realmente podemos reunirnos y desarrollar relaciones con ellos. La geografía genera dificultades cuando no hay suficientes personas en un área en particular y no se pueden aprovechar los esfuerzos realizados. El tiempo es un elemento clave para desarrollar las relaciones necesarias.
No obstante, debido al tamaño y alcances poco comunes de la APR, esta organización puede tener un atractivo singular para personas con un alto nivel económico que, tal como ocurrió con los Rockefeller hace unas décadas, podrían crear esta Reserva solamente en base a sus obras filantrópicas. Y este es el sueño sin cumplir de todo director ejecutivo. Las probabilidades son pocas, pero la historia nos demuestra que es posible. El modelo de la APR nunca recurrió a los fondos públicos como manera de aprovechar el dinero privado, ya que los terrenos públicos arrendados están, en cierta medida, logrando justamente esto.
Otro desafío muy importante para la APR en cuanto al financiamiento es la escala del proyecto. El impacto se da en aumentos de 20.250 o 40.500 hectáreas en un paisaje en el que los biólogos conservacionistas han determinado que, para que una llanura de hierba mixta sea un ecosistema sano y funcional y pueda sostener el complemento total de la biodiversidad de praderas nativas, el terreno debería ser de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados (cerca de 1,3 millones de hectáreas).
Instituto Lincoln: ¿Cómo han enfrentado los desafíos de financiamiento los líderes de ambas organizaciones?
Audrey Rust: Tanto en la APR como en el POST, el primer presidente y director ejecutivo, que también cumplía las funciones de miembro del directorio, tenía una sólida formación en negocios pero ninguna experiencia en la recaudación de fondos o en cómo llevar adelante una organización sin fines de lucro. El vicepresidente del directorio de ambas organizaciones era un exitoso inversor de capital de riesgo y se lo consideraba como fundador. Todos estos líderes eran carismáticos y poseían buenos contactos. Por último, pero no por ello menos importante, ambos directores ejecutivos fundadores debieron aportar o prestar grandes cantidades de fondos a la organización para mantenerla a flote.
El presidente fundador de la APR, Sean Gerrity, continúa al timón de la organización después de 10 años, sin que se haya reducido su pasión por el conservacionismo. Sin embargo, el tiempo necesario para realizar tantos viajes y suplir las necesidades económicas de la organización superaba el de un trabajo de tiempo completo y ninguno de los profesionales de desarrollo que contrató logró aliviarle la carga. Bajo la premisa de que los posibles donantes desean encontrarse con alguien que posea un título, hace dos años Gerrity realizó un cambio radical en cuanto al funcionamiento de la organización y contrató dos directores gerentes que son capaces de soportar una significativa carga en cuanto a la recaudación de fondos y los contenidos. Esta estrategia requiere de reuniones o llamadas telefónicas constantes a fin de mantenerse alineados en todos los aspectos de la organización, pero está funcionando. La organización de la APR en base al modelo de directores gerentes ha permitido al personal viajar más y desarrollar mejores relaciones con los donantes. El personal actual ha sido contratado hace menos de dos años, pero está logrando avances.
Instituto Lincoln: ¿Cómo ha superado usted el desafío de recaudar fondos en el POST?
Audrey Rust: Cuando el POST me contrató en 1986 para reemplazar a Robert Augsburger, director ejecutivo fundador, mi primera misión fue recaudar 2 millones de dólares en unos pocos meses para ejercer una opción de compra sobre una finca costera muy importante, que representó el primer proyecto realmente independiente del POST.
Yo entendía a la comunidad local de donantes y tenía bastante experiencia en recaudación de fondos y gestión de organizaciones sin fines de lucro. Estaba completamente abocada al trabajo y a la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones financieras. Aunque generalmente no era necesario viajar para recaudar fondos, la proximidad de los posibles donantes convertía cada fin de semana, cada mercado de agricultores y cada evento a nivel local en una oportunidad para entablar contactos. Llevamos a cabo un proyecto importante tras otro, mientras realizábamos un buen trabajo conservacionista e íbamos tomando impulso, pero yo estaba exhausta.
A fin de resolver este problema, conseguí un personal muy bueno. No obstante, mi enfoque fue tradicional: tener la suficiente cantidad de dinero en el banco para contratar al personal adecuado y asegurarme de que uno de los empleados fuera un joven abogado con el potencial necesario para asumir mayores responsabilidades y tareas de liderazgo. Continué encargándome de la recaudación de fondos de grandes donantes, así como también supervisando la estrategia y negociación de adquisición de terrenos clave, mientras que otros empleados se encargaban de realizar las tareas y la administración diarias de la organización. La capacidad de aumentar la cantidad de empleados y delegar algunas tareas significó un gran avance, tanto para mí como para la organización.
Instituto Lincoln: ¿Cuál ha sido el enfoque básico del POST en cuanto a la adquisición de tierras y de qué manera esto ha afectado su estrategia financiera?
Audrey Rust: Tanto el POST como la APR tienen como objetivo conectar terrenos públicos existentes mediante la adquisición de propiedades privadas adyacentes, y ambas organizaciones consideran a los entes conservacionistas locales como sus aliados clave en la tarea de preservar la biodiversidad, brindar acceso público y generar una mayor visión del paisaje protegido. Sin embargo, debido a que tienen diferentes estrategias básicas de conservación del suelo, esto da como resultado patrones de financiamiento e impactos financieros a largo plazo muy diferentes.
La intención del POST es transferir todos los terrenos que protege, y la mayor parte de estas tierras se convertirá en propiedad pública en forma de parques federales, estatales o de condados, o se entregará a los distritos regionales de espacios abiertos para que se encarguen de su administración y protección de forma permanente. Las tierras aptas para la agricultura, que se encuentran protegidas por estrictos derechos de servidumbre con fines conservacionistas, se venden a los agricultores locales. El POST retiene los derechos de servidumbre junto con un fondo dotal que vela por los derechos de servidumbre a fin de garantizar el monitoreo y el cumplimiento de las normas.
El primer proyecto que emprendió el POST a fines de la década de 1970 dio como resultado la donación y posterior venta (a la mitad del valor tasado) de una propiedad altamente visible que era adyacente a la ciudad donde vivía un gran porcentaje de los posibles donantes. Gracias a los fondos que surgieron de esta venta, el POST logró salvar otras tierras. Sin embargo, la organización progresó lentamente durante aproximadamente una década, sin tener una verdadera estrategia de protección de suelos que fuera financieramente sustentable.
En 1986, a raíz de una oportunidad para comprar una finca costera de 485 hectáreas, el POST presentó una oferta de compra de la propiedad, que requería el financiamiento por parte del propietario, una importante recaudación de fondos y la posterior acción política en todo el estado. El éxito en este caso se tradujo en la creación de un fondo de capital de trabajo que le permitió al POST repetir una estrategia similar en varias oportunidades, enfocándose en proyectos de conservación importantes y ambiciosos. Debido a que se ganó la reputación de cumplir con sus promesas, el POST pasó luego a recaudar fondos en una campaña de capitales respecto de un inventario mucho mayor de propiedades. El hecho de poseer un capital de trabajo le permitió al POST estar libre para enfocarse en lo que debía hacerse en lugar de lo que podría hacerse.
Instituto Lincoln: ¿Cuáles han sido los logros y los fracasos más importantes de la estrategia del POST?
Audrey Rust: El POST logró generar un capital de trabajo y así demostrar a los donantes una rentabilidad apalancada. El éxito generó más éxito y, en la actualidad, el POST funciona con una cuenta de capital de trabajo de más de 125 millones de dólares. Las tierras protegidas nunca estuvieron en riesgo de perderse debido a problemas financieros. El tipo de fondos públicos que se utiliza, sumado a las donaciones de origen privado, brindan aún mayores garantías.
Cada uno de estos logros ha generado en el POST la confianza de pasar a otro nivel respecto de las tareas de protección, restauración y colaboración en forma directa. En la actualidad, el arsenal conservacionista de la organización comprende además la ingeniería forestal sustentable, los derechos de servidumbre activa en las tierras de cultivo, el pastoreo de conservación y la remoción de especies exóticas.
Por otro lado, nunca se articuló bien una visión amplia de lo que podría traer aparejado el futuro, ya que el POST siempre trabajó de manera gradual. Despertar la imaginación de los donantes empresariales en niveles del liderazgo (que representan la principal fuente de riqueza en el valle) se volvió cada vez más difícil a medida que transcurrió el tiempo. También resultó difícil para la organización abocarse a la tarea de restaurar y administrar las tierras que poseía para su posterior transferencia.
A medida que los fondos públicos se van agotando, resulta mucho menos probable que las agencias públicas acepten la responsabilidad que conlleva poseer terrenos adicionales. El POST está experimentando en la actualidad tanto los gastos derivados de poseer propiedades en forma indefinida como la incapacidad de vender las tierras para obtener un rendimiento de capital que vaya nuevamente a sus cuentas.
Instituto Lincoln: ¿Cuál ha sido el enfoque básico de la APR?
Audrey Rust: La APR enfrenta una situación diferente en Montana, donde las fincas privadas son mucho más grandes que cualquier parcela de las montañas de Santa Cruz, y sus propietarios controlan otros tramos de grandes dimensiones de terrenos de propiedad federal arrendados. Es intención de la APR mantener a perpetuidad estas tierras y arrendamientos privados. A fin de garantizar la gestión de estas tierras, se necesitará realizar una recaudación de fondos dotales en forma privada.
La APR quiso demostrar desde el principio que podía lograr progresos reales respecto de su gran visión conservacionista, a pesar de la falta de fondos. La APR se movió rápidamente para adquirir tierras y sus arrendamientos correspondientes mediante el financiamiento por parte de los propietarios. El liderazgo de la organización consideró que establecer firmemente nuestra posición en este asunto era la única manera de comenzar a atraer el dinero que necesitábamos para adquirir las propiedades que conformarían la reserva. Sin la suficiente experiencia en recaudación de fondos o sin un listado de posibles donantes, la lucha era enorme. Hasta hace poco, sólo teníamos unos fondos mínimos en nuestras reservas, lo que volvía extremadamente difícil cumplir con nuestras obligaciones financieras, en particular las deudas.
Instituto Lincoln: ¿Cuáles son los logros más importantes y los desafíos actuales de la APR?
Audrey Rust: La persistencia y el buen trabajo están dando sus frutos. Entre los avances más importantes se cuentan la oportunidad de adquirir cuotas y sus arrendamientos respectivos en una finca de 60.700 hectáreas y, en el año 2012, una donación muy importante de parte de uno de los mayores benefactores de la organización. La APR también comenzó a construir un lujoso “campamento safari” que abrirá sus puertas en 2013 y que permitirá atraer a la pradera a donantes del nivel de liderazgo, desarrollar relaciones y profundizar su conexión con la tierra.
La organización posee un buen historial y ha demostrado su capacidad de hacer que las cosas funcionen, por lo que puede comenzar a poner en práctica principios de gestión a fin de pronosticar las futuras actividades. Uno de los ejemplos más carismáticos es la reintroducción de bisontes genéticamente puros. En la actualidad existen extraordinarias oportunidades para adquirir importantes lotes de terrenos. Sin embargo, sin reservas de capital de trabajo significativas, el personal y el liderazgo de la APR enfrentan grandes dificultades a la hora de cumplir con sus obligaciones financieras. Esto genera un clima en el que se busca obtener un rápido rendimiento de las donaciones en lugar de desarrollar el tipo de donaciones provenientes de los niveles de liderazgo que la organización más necesita a largo plazo. Por ahora, los planes se encuentran incompletos para garantizar una protección privada permanente de los terrenos adquiridos. La organización puede comprar los terrenos bajo financiamiento de los propietarios o que estén especialmente a un muy buen precio, aun cuando no exista una gran prioridad para su adquisición. La recaudación de los fondos dotales necesarios para la administración continua de los terrenos ha sido un proceso muy lento.
Instituto Lincoln: En conclusión, ¿cuáles son los principales aspectos que estas dos organizaciones tan diferentes tienen en común?
Audrey Rust: El POST y la APR se encuentran en diferentes etapas de su crecimiento organizacional, y el futuro de cada una depende de sus diferencias más evidentes y sus historiales respectivos. No obstante, es posible identificar ciertos elementos clave que ambas tienen en común y que pueden llevarlas al éxito:
Ambas organizaciones continúan enfrentando importantes desafíos para financiar sus objetivos. El POST ha realizado con éxito la transición hacia un nuevo liderazgo y se encuentra abocado a iniciativas conservacionistas mucho mayores y complejas. El éxito ha dominado a esta organización por tanto tiempo que resulta difícil para los nuevos filántropos encontrar algo que “inventar” o apoyar. El POST es una organización muy bien administrada, que deja pocas oportunidades para que la nueva elite del Valle Silicon participe con su consabida frase “podemos hacerlo mejor”. El POST debe dedicarse más a identificar y atraer a aquellos pocos donantes de la cima de la pirámide. Este desafío resulta especialmente difícil debido a que la participación del gobierno prácticamente se ha detenido y a que los tres mayores donantes del POST ya no están brindando subvenciones para este tipo de tareas conservacionistas dentro del rango de entre los 20 millones y los 50 millones de dólares. Además, es difícil apuntar a una fase final y, sin ello, la organización perderá el sentido de urgencia y el apoyo de las donaciones.
La APR es una organización nueva y fascinante y ha logrado asociarse en forma creativa con National Geographic, que produjo un video de una hora de duración titulado “The American Serengeti”, con el cual se logró realzar la misión de la APR y, como consecuencia, darle a la organización la importancia nacional que necesita a fin de poder recaudar mayores donaciones a nivel nacional. Es justamente en estos tiempos que los donantes clave del nivel de liderazgo deben involucrarse en la causa. En toda organización sin fines de lucro, las pirámides de financiamiento se están volviendo cada vez más verticales. Las campañas de este tipo con frecuencia dependen de que uno o dos donantes provean fondos que igualen la mitad o hasta dos tercios del objetivo total. Sin estos donantes, el personal de la organización se desgasta tratando de recaudar fondos y los costos de estas actividades aumentan rápidamente.
Estoy convencida de que el tamaño, los alcances y la habilidad para medir la visión que tiene una organización son factores determinantes para el éxito. Los donantes y el público en general se sienten impulsados por la idea de que podemos cambiar nuestro mundo. Articular claramente esa visión y promoverla es una tarea esencial. El POST debe trabajar en los mensajes que envía para poder articular mejor su visión actual. La APR debe encontrar otras formas de comunicar su visión de forma más efectiva y desarrollar una importante masa crítica de partidarios.
SHARE
Nueva colaboración editorial: El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria—Un número especial de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa)
Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky
Consecuencia de la gran recesión, el financiamiento del sistema de educación primaria y secundaria pública en los Estados Unidos ha sido particularmente problemática, dado la estrecha relación entre las finanzas escolares y el tributo sobre la propiedad. A lo largo del país, la caída abrupta de los precios de las viviendas que dieron lugar a la recesión también redujo la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Más del 80 por ciento de los ingresos de las escuelas públicas provienen del impuesto local sobre la propiedad (McGuire, Papke y Reschovsky 2015) y casi la mitad del total recaudado por ese concepto en los Estados Unidos se usa para financiar la educación pública primaria y secundaria (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014, Oficina del Censo de los EE.UU. 2013).
Para fomentar nuevas investigaciones sobre estos temas, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo organizó una conferencia sobre “Impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria” en Cambridge, MA, EE.UU., en octubre de 2013. El número de otoño de 2014 de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa) contiene cinco ponencias de la conferencia, junto con dos trabajos adicionales presentados como parte de la convocatoria para la publicación de este número especial, que fueron sometidos a un proceso de revisión por parte de los colegas de la revista. Nosotros cumplimos la función de editores invitados, trabajando en estrecha colaboración con los editores de la publicación, Thomas A. Downes y Dan Goldhaber. Gracias al financiamiento del Instituto Lincoln, este número especial se puede descargar gratis hasta enero de 2016 en el sitio web de la Asociación de Finanzas y Política Educativa (www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).
Desafíos para financiar la educación primaria y secundaria
Usando los datos de recaudación de fondos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (2014), determinamos que los ingresos totales dedicados a la educación pública, medidos en términos reales por alumno, cayeron un 6,2 por ciento desde septiembre de 2008 a junio de 2012. Aunque todavía no hay cifras totales disponibles para los años más recientes, los datos existentes apuntan a una disminución sostenida en el apoyo financiero a la educación pública. Los datos del Resumen trimestral de ingresos tributarios estatales y locales de la Oficina del Censo de los EE.UU. señalan que los ingresos reales per cápita por el impuesto sobre la propiedad de los gobiernos locales (tanto para fines escolares como no escolares) fueron 2,7 por ciento menores al finalizar el año fiscal 2014 que al final del año fiscal 2011. Y una encuesta realizada por el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias concluyó que, por lo menos en 35 estados, la ayuda estudiantil estatal real por estudiante fue menor en el año fiscal 2014 que en el año fiscal 2008 (Leachman y Mai 2014).
Muchos distritos escolares del país respondieron a la reducción de ingresos despidiendo a empleados. De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. (2013) reporta que entre el pico de empleo en junio de 2009 y el valle en octubre de 2012, el empleo en educación por parte de los gobiernos locales se redujo en 357.400 puestos, lo cual corresponde a una disminución del 4,4 por ciento. En este mismo periodo, la inscripción en la escuela pública creció un 0,9 por ciento (Centro Nacional de Estadísticas Educativas, 2013).
Las proyecciones actuales pronostican un incremento significativo tanto en la inscripción de primaria y de secundaria como en el costo por alumno. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES 2013) proyecta que los gastos por alumno aumentarán de un promedio de US$10.518 en el año escolar 2009–10 a US$12.530 en 2021–22. El NCES también proyecta aumentos sustanciales en la inscripción en la escuela pública, si bien las proyecciones de crecimiento en estados específicos varían, y en general son mucho mayores en los estados del sur y el oeste (8,9 por ciento y 12,7 por ciento respectivamente entre 2010 y 2021) que en el noreste y el medio oeste (2,2 por ciento y 2,4 por ciento). Si bien las políticas y prioridades públicas pueden cambiar dependiendo de las políticas actuales y las proyecciones de recaudación, es poco probable que la recaudación para el sostenimiento de la educación pública crezca con la suficiente rapidez como para ajustarse al crecimiento proyectado en la inscripción estudiantil y los costos.
Los datos nacionales indican que en 2011–12, el 10 por ciento de los ingresos totales de educación pública provinieron del gobierno federal, y el resto se repartió por igual entre fuentes de financiamiento estatal y local (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014). Los programas del gobierno federal de apoyo a la educación se clasifican como gastos discrecionales domésticos. Si bien el Congreso ha hecho poco a la fecha para controlar el crecimiento de los gastos en programas de ayuda social, ha impuesto límites estrictos sobre el crecimiento de los gastos discrecionales internos por medio de la Ley de Control Presupuestario de 2011 y el acuerdo presupuestario del Congreso para el año fiscal 2014. La Oficina Presupuestaria del Congreso (2013) pronostica que los gastos discrecionales internos disminuirán, en proporción al PIB, por lo menos hasta 2023. Dados los límites impuestos a los gastos totales, junto con la competencia de otras necesidades internas urgentes, es probable que se produzcan reducciones en el apoyo educativo federal por alumno.
Los sistemas de financiamiento escolar varían mucho entre un estado y otro, y las tendencias futuras en el apoyo estatal para la educación pública también variarán mucho entre estados. No obstante, muchos gobiernos estatales tienen problemas estructurales que a la larga probablemente limiten el financiamiento estatal de la educación pública en el futuro. Por el lado de los ingresos, muchos estados tienen bases impositivas reducidas sobre las ventas, que excluyen muchos servicios y, en consecuencia, no crecen en forma proporcional a la economía. Los problemas de ingreso se ven agravados por la imposibilidad de los estados para cobrar impuestos sobre las ventas por Internet y por correo. En el último par de años, una serie de estados han adoptado recortes en los impuestos individuales sobre las ganancias. Estos recortes de impuestos en general han sido promulgados sin un aumento compensatorio en los ingresos, o se han financiado usando ingresos de superávits no recurrentes del presupuesto estatal.
Por el lado de los gastos, el financiamiento de la educación primaria y secundaria compite con otras prioridades. En muchos estados, los gastos de Medicaid (seguro de salud para las personas sin recursos) crecerán más rápido que los ingresos tributarios estatales, una tendencia agudizada en parte por el envejecimiento de la población. Muchos estados también están enfrentando un considerable y creciente pasivo de pensiones sin dotación financiera. Para liquidar estas obligaciones sin fondos hará falta sin duda aumentar las contribuciones para las pensiones del gobierno estatal. Aun cuando las encuestas indican que los votantes están a favor de un aumento del gasto en educación más que en otras áreas, las obligaciones crecientes en Medicaid y pensiones de los estados pueden reducir los gastos en educación primaria y secundaria, a menos que los gobiernos estatales tomen decisiones políticas difíciles para aumentar los impuestos (Pew Research 2011).
Con esta perspectiva de reducción en el financiamiento de los gobiernos federal y estatal, es probable que los distritos escolares locales jueguen un papel cada vez más importante en el financiamiento de la educación pública. El incremento del financiamiento del gobierno local para la educación pública exigirá que se tome el paso políticamente difícil de aumentar los impuestos sobre la propiedad o, si esto fuera imposible, el desarrollo y adopción amplia de fuentes alternativas de ingresos para el gobierno local. Ninguna de las estrategias será fácil de implementar.
Este sombrío panorama de las perspectivas de financiación de la educación pública da lugar a una serie de preguntas de investigación. Por ejemplo: ¿Pueden los gobiernos estatales adoptar políticas para que el impuesto sobre la propiedad sea más aceptable políticamente? ¿Qué papel pueden jugar las fuentes alternativas de ingreso local en el financiamiento de la educación pública? ¿Puede incrementarse este papel? ¿Es posible diseñar sistemas estatales de ayuda a la educación que se traduzcan en un flujo más estable de ayuda estatal durante los momentos de recesión económica? ¿Se puede aumentar la efectividad de las políticas estatales para proporcionar alivio tributario en el impuesto sobre la propiedad? ¿Se pueden reformar los sistemas de ayuda estatal para aumentar las oportunidades educativas de todos los estudiantes? El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria considera esta y otras cuestiones.
Conclusión
En este número especial hay tres temas centrales que emergen. El primero es la posibilidad de que la legislación estatal tenga consecuencias imprevistas. Eom et al. concluyen que el programa de descuentos al impuesto sobre la propiedad (STAR, por su sigla en inglés) de Nueva York induce a los votantes a aumentar el gasto escolar y aumentar los impuestos sobre la propiedad, reduciendo así la efectividad de la reducción fiscal prevista. Jeffrey Zabel concluyó que las exenciones fiscales sobre la propiedad en Massachusetts han causado un aumento de la segregación racial. Y Phuong Nguyen-Hoang determinó que el uso de recuperación de plusvalías en Iowa condujo a reducciones modestas en los gastos de educación.
El segundo tema es la posibilidad de que el financiamiento escolar estatal y las políticas de impuestos sobre la propiedad proporcionen mayores ventajas para los distritos escolares ricos o con mayores ingresos que para los de bajos recursos o con menores ingresos. En algunos casos, el sesgo hacia la riqueza es una característica explícita del programa. Por ejemplo, el factor de ajuste del diferencial del precio de venta del programa STAR desvía una cantidad desproporcionada del descuento al impuesto sobre la propiedad a los distritos escolares más ricos. En forma similar, el sistema de ayuda estatal de Michigan envía alrededor del 7 por ciento más de ayuda estatal por alumno a los distritos más ricos. En otros casos, el sesgo hacia distritos más ricos se manifiesta de maneras más indirectas. Chakrabarti et al. determinaron que los distritos escolares ricos tenían mayor probabilidad de aumentar los ingresos por el impuesto sobre la propiedad como reacción a los recortes en la ayuda estatal. Zabel notó que las comunidades de ingresos más altos tenían una mayor probabilidad de aprobar exenciones a los límites de aumento del impuesto. Nguyen-Hoang estableció que las medidas de recuperación de plusvalías tienen un efecto negativo mayor sobre los gastos escolares en distritos de bajos ingresos o escasos recursos que en los distritos de altos ingresos o gran riqueza. Finalmente, Nelson y Gazley encuentran que los distritos acomodados tienen una mayor probabilidad de recibir ingresos de organizaciones sin fines de lucro que respaldan las escuelas, y que sus contribuciones por alumno tienden a ser mayores.
Un tercer tema es la importancia sostenida del impuesto sobre la propiedad como fuente de financiamiento de la educación pública en los Estados Unidos. Los artículos de Nelson y Gazley, y de Downes y Killeen, demuestran que los ingresos no tributarios juegan un papel relativamente pequeño en el financiamiento de las escuelas públicas. Y no hay ninguna evidencia que demuestre que la proporción de ingresos obtenidos de las tasas y cargos a los estudiantes, organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo a escuelas, o de ingresos no tributarios varios haya aumentado durante o después de la Gran Recesión.
Estas conclusiones sugieren que para garantizar suficiente financiamiento para la educación pública en el futuro, se deben hacer esfuerzos para que el impuesto sobre la propiedad sea una fuente más atractiva de ingresos. Estas mejoras del impuesto sobre la propiedad podrían incluir la expansión de programas de descuentos tributarios bien dirigidos y diseñados, como por ejemplo la adopción de “fusibles”, programas de postergación del impuesto sobre la propiedad para contribuyentes que tienen una carga tributaria pesada o sufren un incremento muy rápido en sus facturas de cobro de impuestos sobre la propiedad, y mejoras en la administración tributaria que se concentren en una mayor transparencia.
Dada la gran diversidad en el financiamiento escolar y los sistemas de impuestos sobre la propiedad en los EE.UU. y los problemas fiscales que se avecinan, los artículos de este número especial no pueden cubrir la gama completa de políticas necesarias que aseguren un financiamiento adecuado y equitativo de la educación pública. No obstante, esperamos que estos artículos constituyan un motivo de reflexión tanto para los dirigentes políticos como los investigadores, y que también inspiren investigaciones adicionales sobre la tributación de la propiedad y el financiamiento escolar.
Índice
Introduction to Special Issue on the Property Tax and the Financing of K–12 Education
(Introducción al número especial sobre el impuesto a la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria)
Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky
Did Cuts in State Aid During the Great Recession Lead to Changes in Local Property Taxes?
(Los recortes en la ayuda estatal durante la Gran Recesión, ¿produjeron cambios en los impuestos locales sobre la propiedad?)
Rajashri Chakrabarti, Max Livingston y Joydeep Roy
Michigan and Ohio K–12 Educational Finance Systems: Equality and Efficiency
(Sistemas de financiamiento de la educación primaria y secundaria en Michigan y Ohio: Equidad y eficiencia)
Michael Conlin y Paul Thompson
The Unintended Consequences of Property Tax Relief: New York’s STAR Program
(Las consecuencias imprevistas de descuentos en el impuesto sobre la propiedad: El programa STAR de Nueva York)
Tae Ho Eom, William Duncombe, Phuong Nguyen-Hoang y John Yinger
Unintended Consequences: The Impact of Proposition 2½ Overrides on School Segregation in Massachusetts
(Consecuencias imprevistas: El impacto de las exenciones a la Propuesta 2½ sobre la segregación escolar en Massachusetts)
Jeffrey Zabel
Tax Increment Finance and Education Expenditures: The Case of Iowa
(Financiamiento por aumento de impuestos y gastos educativos: El caso de Iowa)
Phuong Nguyen-Hoang
The Rise of School-Supporting Nonprofits
(El ascenso de organizaciones sin fines de lucro que respaldan escuelas)
Ashlyn Aiko Nelson y Beth Gazley
So Slow to Change: The Limited Growth of Non-Tax Revenues in Public Education Finance, 1991–2010
(Un cambio muy lento: El crecimiento limitado de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la educación pública, 1991–2010)
Thomas Downes y Kieran M. Killeen
Sobre los autores
Daphne A. Kenyon, Ph.D., es economista y fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y socio fundador de D. A. Kenyon & Associates.
Andrew Reschovsky, Ph.D., es fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison.
Referencias
Congressional Budget Office. 2013. Updated Budget Projections: Fiscal Years 2013 to 2023. Washington, DC (May). www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44172-Baseline2.pdf.
Leachman, Michael y Chris Mai. 2014. “Most States Funding Schools Less Than Before the Recession,” Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities, actualizado 12 de septiembre. www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4011.
McGuire, Therese J., Leslie E. Papke y Andrew Reschovsky. 2015. “Local Funding of Schools: The Property Tax and Its Alternatives,” chapter 22 in Handbook of Research on Education Finance and Policy, revised edition, edited by Helen F. Ladd y Margaret Goertz, Routledge, 376–391.
National Center for Education Statistics (NCES). 2014. “National Public Education Financial Survey Data,” School Year 2010–11. http://nces.ed.gov/ccd/stfis.asp.
National Center for Education Statistics (NCES). 2013. “Projections of Education Statistics to 2021.” http://nces.ed.gov/programs/projections/projections2021/index.asp.
Pew Research. 2011. “Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular.” Center for People and the Press. 10 de febrero. www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-remain-unpopular.
U.S. Bureau of Labor Statistics. 2013. Table B-1a: Employees on Non-Farm Payrolls by Industry Sector and Selected Industry Detail, Seasonally Adjusted. Current Employment Statistics, Establishment Data. www.bls.gov/web/empsit/ceseeb1a.htm.
U.S. Census Bureau. 2013. 2011 Annual Survey of State and Local Government Finance, State and Local Government Data. www.census.gov/govs/local/.
U.S. Census Bureau. 2014. 2012 Data, Public Elementary-Secondary Education Finance Data. www.census.gov/govs/school/.
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En los últimos cinco años el Instituto Lincoln ha respaldado el estudio de las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías en muchos países latinoamericanos. Pese a la diversidad de enfoques y la variedad de casos específicos, hemos podido identificar siete lecciones preponderantes que pueden ayudar a aclarar parte de la confusión y los conceptos errados que se asocian con la implementación de los principios de recuperación de plusvalías. Cada lección resumida más adelante presenta uno o dos ejemplos tomados de libro Recuperación de Plusvalías en América Latina: Alternativas para el Desarrollo Urbano.
La recuperación de plusvalías se refiere al proceso por el cual el sector público recupera la totalidad o una porción de los incrementos en el valor del suelo atribuibles a los “esfuerzos comunitarios” más que a las acciones de los propietarios. La recuperación de estos “incrementos inmerecidos” puede hacerse indirectamente mediante su conversión en ingresos públicos en forma de impuestos, contribuciones, exacciones y otros mecanismos fiscales, o directamente mediante mejoras locales para beneficio de la comunidad por entero.
1. El concepto de recuperación de plusvalías no es nuevo en América Latina. La experiencia latinoamericana en este campo tiene largos años de precedentes históricos. En varios países los debates públicos sobre el uso de la recuperación de plusvalías e instrumentos asociados comenzaron a principios del siglo XX. En los años de 1920, el debate surgió por acontecimientos concretos, como el problema de la pavimentación de las calles en São Paulo, Brasil y la falta de financiamiento externo para obras públicas necesarias en Colombia. En otros casos, los factores políticos e ideológicos han motivado discusiones de alcance nacional. Los representantes del Partido Radical en Chile intentaron introducir la idea en varias ocasiones y en los años 1930 el Presidente Aguirre Cerda propuso una ley para crear un impuesto nacional sobre las plusvalías (incrementos en el valor del suelo) con fundamento en las ideas de Henry George.
2. No obstante, sigue siendo limitada su aplicación en los planes de política urbana. A pesar de los numerosos informes sobre experiencias pertinentes que integran los principios de la recuperación de plusvalías, el tema no están bien representado ni ha ganado suficiente reconocimiento dentro de la esfera de las políticas urbanas. En algunos casos, han surgido valiosas iniciativas para la recuperación de plusvalías que han cobrado notoriedad en su momento, sólo para quedar olvidadas más tarde. Un ejemplo destacado es el conocido Informe Lander en Venezuela durante los años 1960, en el cual se proponía que el suelo y los incrementos de su valor debían ser la fuente principal de financiamiento para los proyectos de desarrollo urbano. Sentaba las bases para recomendaciones sobre las finanzas del desarrollo urbano incluidas en las deliberaciones de la cumbre Habitat I (1976).
En otros casos, se están perdiendo o desestimando oportunidades interesantes para usar la recuperación de plusvalías como una herramienta de las políticas urbanas. Actualmente algunos países de América Latina no están aprovechando los posibles incrementos del valor del suelo generados por grandes proyectos de renovación en los cascos urbanos. Aunque está generalmente aceptada la noción de recuperación de plusvalías, en realidad es poco lo que efectivamente se ha recuperado y redistribuido de los incrementos del valor del suelo derivados de las acciones urbanísticas.
3. A menudo existe la legislación, sólo que no se aplica. Como en muchos otros países de la región, la variedad de los instrumentos de recuperación de plusvalías existentes en México –desde la contribución por mejoras (una tasación especial o gravamen por mejora dirigido a recuperar los costos de las obras públicas), hasta los impuestos sobre las plusvalías– ilustra la discrepancia entre lo que es legalmente posible y lo que verdaderamente se implementa. Contrario a lo que suele aducirse, el problema general no radica en que los planificadores o funcionarios públicos carezcan de acceso legal o práctico a estos instrumentos, sino que tienden a prevalecer las siguientes condiciones:
4. La resistencia obedece más a la ideología que a la lógica. Incluso cuando se entienden la legislación y los instrumentos para la recuperación de plusvalías –o en algunos casos justamente porque se entienden–, es posible que no puedan implementarse a cabalidad debido a la manifiesta “falta de voluntad política”. Esta resistencia puede tomar la forma de interpretaciones engañosas, racionalizaciones estereotipadas y hasta “prédicas” puramente ideológicas.
Resulta sencillo encontrar justificación pública de que la aplicación de tales instrumentos es inoportuna o inapropiada, especialmente si la justificación se basa en interpretaciones engañosas. Algunos de estos argumentos sostienen que las imposiciones sobre el valor del suelo son inflacionarias y alteran el buen funcionamiento de los mercados, o que provocan una doble tributación inaceptable de la misma base. Estos conceptos erróneos parecen hallarse detrás de la renuencia que muestra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile para promover la revisión y reintroducción ante el Congreso de algunas disposiciones sobre la recuperación de plusvalías en el nuevo marco legal de urbanismo del país.
Las objeciones basadas en racionalizaciones estereotipadas pueden recurrir a los siguientes argumentos:
No obstante, en oposición a estos argumentos, están los programas participativos de mejoras que se han llevado a cabo con éxito en áreas pobres de muchas ciudades (por ejemplo, en Chile, Brasil y Perú). Estos programas han sido eficaces técnica y económicamente y por lo general han contado con un apoyo sólido de la población de bajos ingresos afectada.
Finalmente, algunas objeciones son de índole netamente ideológica. Por ejemplo, la resistencia a la implementación de la participación en plusvalías en Colombia se basa en la aseveración de que este mecanismo, si bien se reconoce que tiene una buena formulación técnica, representa una forma más de “interferencia” pública indeseable en el negocio inmobiliario urbano, como lo son una mayor carga fiscal, limitaciones de los derechos de propiedad o más regulación (Barco de Botero y Smolka, 2000). Esta posición ha quedado sustituida recientemente por un amplio consenso entre los políticos, líderes empresariales y el público general de que la aceptación de este instrumento es una mejor opción que la exigencia de otros impuestos a la propiedad.
5. La recuperación de plusvalías se va haciendo cada vez más popular. A pesar de los obstáculos y la resistencia política, la experiencia reciente en América Latina con la recuperación de plusvalías muestra un creciente interés en el tema y en las condiciones que justificarían su utilización. Atrae la atención de planificadores municipales en toda la región y comienza a percibirse como una iniciativa importante de las políticas urbanas. Esta popularidad creciente está vinculada a varios factores que se presentan en la región.
En primer lugar, una mayor descentralización administrativa y fiscal exige más autonomía para redefinir y obtener fuentes alternativas de fondos públicos para financiar el proceso de urbanización. La necesidad de más recursos locales se ha visto acentuada por las demandas sociales y las presiones políticas asociadas con los actuales procesos de redemocratización y el mayor grado de participación popular. La generación de fondos no presupuestados requeridos para financiar programas sociales especiales está vinculada a casi todas las nuevas iniciativas de recuperación de plusvalías y ha sido una de las razones más poderosas para implementar dichas políticas.
En segundo lugar, la redefinición de las funciones del estado (incluida la privatización), en conjunto con la disminución de la planificación integral, ha dado pie a la materialización de intervenciones públicas más flexibles y negociaciones directas sobre la regulación del uso del suelo y las alianzas entre los sectores público y privado. También cobra significación la apertura de áreas públicas al mercado inmobiliario privado, así como una mejor coordinación entre los intereses de los propietarios privados y el sector público con miras a fomentar nuevas áreas en las ciudades. Cabe destacar que incluso en Cuba encontramos un programa pujante mediante el cual la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que funciona como una suerte de compañía inmobiliaria, refinancia las operaciones del estado con los incrementos del valor del suelo provenientes de proyectos de rehabilitación urbana en forma de impuestos cobrados a los “socios” privados en las obras de desarrollo (Núñez, Brown y Smolka, 2000).
Otros factores favorables incluyen las condiciones estipuladas por los planes de los organismos multilaterales, que claramente promueven la universalización de los gravámenes al usuario y la recuperación de los costos de las inversiones públicas. La creciente popularidad de los nuevos instrumentos de recuperación de plusvalías también puede atribuirse a cierta frustración causada por los resultados mediocres que se obtuvieron en décadas anteriores con la aplicación de impuestos y otras contribuciones tradicionales relacionadas con el suelo urbano, en cuanto a los ingresos y los objetivos de las políticas urbanas.
6. El pragmatismo prevalece sobre las justificaciones éticas o teóricas. Como corolario al punto anterior tenemos que la creciente popularidad de la recuperación de plusvalías parece inspirarse más en razones fundamentalmente pragmáticas que en criterios éticos, nociones de igualdad o justificaciones teóricas o políticas. Algunas reformas tal vez se han introducido sin plena conciencia política del proceso, o de su importancia teórica, como se ilustró anteriormente en el caso de Mexicali. Los indicios históricos muestran que en su mayoría las iniciativas de recuperación de plusvalías han respondido más que todo a la necesidad de enfrentar las crisis fiscales y otros problemas locales en el financiamiento del desarrollo urbano. Es el mismo caso que ocurre en Argentina, donde la necesidad de ingresos predominó sobre los principios establecidos que se oponían a nuevos impuestos cuando se recurrió a un aumento provisional del 5% en el impuesto a la propiedad como una de las iniciativas para financiar las inversiones en el nuevo sistema de subterráneo de Buenos Aires.
No obstante, no debería darse por sentado a partir de los ejemplos anteriores que la acumulación de experiencia no es importante para el perfeccionamiento de instrumentos y la evolución de las políticas de recuperación de plusvalías. Un caso pertinente es la experiencia colombiana con la contribución de valorización desde los años 1920 y los innumerables intentos para resolver algunas de sus limitaciones, especialmente en los últimos 40 años. La participación en plusvalías promulgada recientemente es una versión de mayor logro técnico y políticamente aceptable de un instrumento dirigido a recuperar los incrementos –en ocasiones enormes– del valor del suelo asociados con las decisiones administrativas con respecto a la zonificación, niveles de densidad y otras normas y regulaciones urbanísticas.
7. La recuperación de plusvalías no es necesariamente progresiva o redistributiva. Es necesario señalar que de ninguna manera la referencia a las plusvalías es un monopolio de la izquierda política. Las experiencias recientes de Argentina y Chile indican claramente la disposición hacia el tema en contextos neoliberales. Además, las operacões interligadas (operaciones interligadas), desarrolladas en São Paulo y aplicadas con efectividad por administradores con tendencias políticas e ideológicas opuestas, fungieron como argumento convincente de la imposibilidad de etiquetar estos instrumentos a priori.
Los gobiernos locales progresistas, por otra parte, a veces son renuentes a utilizar estos instrumentos, y hasta pueden rechazar de un todo la noción, por tres razones: Primero, es posible que crean que tales contribuciones serían un mero mecanismo para imponer nuevos gravámenes fiscales sin ningún efecto redistributivo. Segundo, incluso cuando los ingresos generados se destinen a la población de bajos ingresos, pueden resultar insuficientes para reducir las diferencias entre ricos y pobres en lo concerniente al acceso al suelo urbanizado (Furtado 2000). Tercero, el argumento intergeneracional de que tales gravámenes se imponen a los residentes más nuevos –generalmente pobres– que necesitan servicios, mientras que las generaciones anteriores no pagaron por servicios de infraestructura o instalaciones recreativas.
De tal modo, la naturaleza progresista de dichas políticas no se resuelve “creando impuestos” sobre los incrementos del valor del suelo ni tampoco apuntando hacia los contribuyentes de altos ingresos. La imagen de Robin Hood de tales políticas se diluye en cuanto queda claro que la parte del valor realmente recuperada de esta manera tiende a ser sólo una fracción –a menudo pequeña– de lo que el propietario recibe en realidad en beneficios. Este punto parece haber sido bien entendido por muchas poblaciones de bajos ingresos, como las de Lima, donde un programa exitoso que comprendía unos 30 proyectos se valió de la contribución de mejoras para financiar obras públicas a principios de la década de 1990.
Este ejemplo y otros indicios fuertes confirman la necesidad de reconsiderar las nociones convencionales sobre la tensión que existe entre los principios de beneficio y la capacidad de pago. En la práctica, la estrategia de atraer cierta intervención pública hacia nuestro vecindario (incluso si ello implica pagar su costo) es más ventajosa que la alternativa de quedar relegado. Sin embargo, este punto debería tratarse con cautela, a la luz de ciertas experiencias en las que se ha aplicado la contribución de mejoras en áreas de bajos ingresos con fines distintos al beneficio de los ocupantes; por ejemplo, para justificar el desalojo o provocar la partida de aquellos residentes que no pueden pagar las mejoras (Everett 1999).
Consideraciones finales
A pesar de las dificultades de interpretación y resistencia a la implementación descrita más arriba, las políticas de recuperación de plusvalías sin duda están despertando nuevo interés y logrando mayor aceptación. Los esfuerzos para utilizar la recuperación de plusvalías se han multiplicado en número y creatividad y sus virtudes, aparte de ser una fuente alternativa de financiamiento público, se entienden cada vez más. Los funcionarios de la administración pública se están dando cuenta del “valor de mercado” de su competencia privativa para controlar los derechos de uso del suelo, así como para definir la ubicación y fecha adecuada de las obras públicas. Asimismo ven que la negociación transparente del uso del suelo y las relaciones de densidad reducen el margen de transacciones que solían realizarse “por debajo de la mesa”. Como el vínculo entre la intervención pública y el incremento del valor del suelo se hace cada vez más notorio, las actitudes están cambiando para hacerse más favorables a la creación de una cultura fiscal que fortalezca los impuestos a la propiedad y los ingresos locales en general.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en ambas esferas: investigar la naturaleza compleja de las políticas de recuperación de plusvalías y promover un mayor entendimiento por parte de los funcionarios públicos de la manera en que pueden usarse para beneficiar a sus respectivas comunidades. Es indispensable conocer mejor ciertas idiosincrasias latinoamericanas, como cuando los incrementos significativos del valor del suelo se generan bajo regímenes alternativos de tenencia de la tierra que no gozan de la protección del estado, y en casos en que el suelo representa un importante mecanismo de capitalización para los pobres.
Más allá de las limitaciones tradicionales estructurales de patrimonialismo, corrupción, intereses velados, insensibilidad ideológica y demás, una parte considerable de la “variación inexplicable” en las diferentes experiencias con la recuperación de plusvalías en América Latina puede atribuirse a la falta de información. Con el fin de mejorar la comprensión de los principios e implementación de la recuperación de plusvalías, quedan muchas oportunidades para documentar y analizar las experiencias actuales con valoración alternativa del suelo y los instrumentos impositivos.
Martim Smolka es miembro principal y director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln, y Fernanda Furtado es miembro del Instituto y profesora del Programa de Posgrado en Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
SHARE
Decades before Henry George made a passionate case for the “single tax” in Progress and Poverty, the classical economists had recognized that, in theory, the land value tax was almost the perfect tax. There was a strong moral basis for the land value tax—land value increased over time because of growth in population and improvements made by the community, either as utility infrastructure or transportation investments by government and the private sector.
Today, many scholars and practitioners question whether land value tax is a serious contender as a revenue source. But, whatever its political potential may be, economists continue to find the theoretical case for land value tax compelling. This article examines the efficiency of the land value tax as well as land value tax as a substitute for other taxes;
Edwin Mills examines the issue of land value tax in the context of an urban economy, showing that the land value tax is indeed efficient in its effects on land use, as claimed.
Thomas Nechyba explores the land value tax in the context of a general model of the entire economy. He develops what is known as a “computable general equilibrium model” that quantitatively describes the changes in the macro-economy that will occur with the substitution of the land value tax for income taxation.
Author of this article, Dick Netzer, argues that, although the empirical evidence on land values is poor, some reasonable estimates suggest that, at least in the United States, the land value tax could replace the conventional local property tax at reasonable tax rates.
Andrew Reschovsky points out that the current balmy climate for state and local finance in the United States is likely to change radically, for the worse. State governments may be looking for substantial additional revenues. Is the land value tax the right, or the likely, choice for hard-pressed state governments?
Roy Bahl reviews the many difficulties and deficiencies in the use of property taxes by local governments in both developing countries and former Communist countries.
Edward Wolff suggests that substitution of the land value tax for the federal individual income tax would make the U.S. tax system less rather than more progressive with respect to income.
Decades before Henry George made a passionate case for the “single tax” in Progress and Poverty (published in 1879), the classical economists had recognized that, in theory, the land value tax was almost the perfect tax. Unlike other taxes, it causes no distortions in economic decision making and therefore does not lower the efficiency of a market economy in allocating resources. Also, it was obvious in the nineteenth century that a tax on the value of land would be highly progressive.
There was a strong moral basis for the land value tax, as well. Land value increased over time because of growth in population and improvements made by the community, either in the form of utility infrastructure or transportation investments by government and the private sector. Individual landowners did nothing to increase the value of their own land but rather realized “unearned increments” over time, unlike those who contributed labor and capital to production and thus earned their compensation.
In George’s day there was little question that the tax could provide adequate revenue, at least in the United States where the role of government was small-no more than a tenth as important relative to gross domestic product as it today. Virtually all government services were supplied by local governments, which relied entirely on property taxes. Today, many scholars and practitioners question whether land value taxation is a serious contender as an important revenue source. But, whatever its political potential may be, economists continue to find the theoretical case for land value taxation compelling.
In January, the Lincoln Institute sponsored a conference to address these issues: “Land Value Taxation in Contemporary Societies: Can It and Will It Work?” In the opening paper, William Fischel focuses on the special nature of local government in this country, stressing its importance as an instrument of enhancing property values within communities. He argues that, in pursuing that role, local land use controls actually achieve substantial efficiency advantages by more closely matching consumer preferences to local government services and taxes. This is what economists refer to as the Tiebout-Hamilton model.
Fischel maintains that there is substantial justice in this outcome, which might be improved only marginally by land value taxation. That is, land use controls permit local governments to appropriate much of the value generated by community growth. Moreover, this system is widely used, which argues that it is more workable than land value taxation, although the latter is, in principle, more fair.
Efficiency of the Land Value Tax
Two papers treated the efficiency characteristics of the land value tax. Edwin Mills examines the issue in the context of an urban economy, showing that the tax is indeed efficient in its effects on land use, as claimed. But he believes that this is immaterial because the land value tax cannot yield more than trivial revenues, even at rates that are so high that the courts would find them to be an unconstitutional “taking” of property. Moreover, it is so difficult to value land properly that the efficiency advantages cannot be realized.
Thomas Nechyba explores the land value tax in the context of a general model of the entire economy. He develops what is known as a “computable general equilibrium model” that quantitatively describes the changes in the macro-economy that will occur with the substitution of the land value tax for income taxation. Given his assumptions, the model predicts that the reduction in taxation of capital will so increase the aggregate amount of capital that the demand for land on which to use the capital will generate substantial increases in land values. That in turn will permit the land value tax to generate considerable revenues at a rate that is not confiscatory. Most economists would consider the significant increases in total national output predicted by the model to be real gains in economic efficiency.
Land Value Taxation as a Substitute for Other Taxes
Another pair of papers examines the land value tax as a substitute for other taxes used by sub-national governments in rich countries. In my own paper I argue that, although the empirical evidence on land values is poor, some reasonable estimates suggest that, at least in the United States, the land value tax could replace the conventional local property tax at reasonable tax rates. But the main thrust of my argument is that those rich countries in which substantial government spending is done by local governments are the most plausible candidates for the use of the land value tax (see Table 1). Furthermore, its use is probably most feasible in those countries familiar with the idea of valuing real property for tax purposes. The combined administrative, compliance and evasion costs of most other taxes are so large that, even if the administrative costs of land value taxation are high, land value taxation is still promising.
Andrew Reschovsky points out that the current balmy climate for state and local finance in the United States is likely to change radically, for the worse, in the not too distant future. For a variety of reasons, state governments in particular may be looking for substantial additional revenues. Is the land value tax the right, or the likely, choice for hard-pressed state governments? He concludes, first, that the economic gains from the adoption of a new land value tax would be modest, compared to increasing the rates of existing state taxes. Second, a land value tax should help improve the equity of the state tax system. Third, he believes that it would add an element of cyclical stability to state revenue systems.
Nevertheless, Reschovsky remains skeptical about the tax on administrative grounds and is not convinced that it can generate enough revenues to replace any important existing state tax source. In the case of large central cities, however, he rates the land value tax somewhat higher as a replacement for existing tax sources, largely because of the probable lack of adverse locational effects. He views it as especially appropriate for those cities like Philadelphia that now receive relatively small percentages of tax revenue from the property tax.
Roy Bahl reviews the many difficulties and deficiencies in the use of property taxes by local governments in both developing countries and former Communist countries. There is widespread agreement that the property tax is the appropriate major local government tax, and in some countries this agreement extends to site value taxation as well. But, Bahl notes, the property tax usually provides negligible revenues, because of low nominal rates, low and inaccurate valuations, and poor collection experience. Almost everywhere, the basic requisites of good administration are lacking. Moreover, the political unpopularity of the tax generally is far greater than in the United States. Nonetheless, the property tax, especially the site value tax variant, is considered the best local revenue source in these countries.
Perhaps the most surprising research finding reported at the conference was the conclusion of Edward Wolff, who has written extensively on the distribution of income and wealth in the United States. He suggests that substitution of the land value tax for the federal individual income tax would make the U.S. tax system less rather than more progressive with respect to income (see Table 2). This result may be explained by the fact that the ratio of the value of land owned to household income rises steeply with the age of the householder. That is, mean household income declines sharply with age after age 54, while the mean value of land owned declines only slowly. On the other hand, a land value tax would be much more progressive with respect to wealth than is the income tax.
Broader Principles and Questions
Nicolaus Tideman, a convinced follower of Henry George, argues that the basic principles of and justifications for land value taxation apply to much more than the problems of land use in cities and suburbs-the usual focus for discussion of this form of taxation. He offers applications to environmental, congestion and population problems and to questions of efficient resource use and economic growth on a worldwide scale. He bases his views on the general principle that “all persons have equal rights to natural opportunities and should therefore pay for their above-average appropriations of natural opportunities.”
Throughout the conference, there was lively disagreement about whether the land value tax could really produce substantial revenues. Some, like Mills, held that it could not even replace the conventional American property tax on land and buildings, much less a substantial portion of other state and local taxes as well. Others, including Tideman, Nechyba and I, presented data that suggested the possibility that land value taxation indeed could be an important factor in the American fiscal system. Participants also discussed the problems of administering a land tax so that tax liabilities actually and accurately reflect the value of individual parcels of land as bare sites, which is essential if the tax is to be a truly efficient one.
The conferees did not produce an agreed answer to the basic conference question, Can and will land value taxation work today? But they made it clear that the question remains a relevant one that deserves serious and continuing attention.
Dick Netzer is professor of economics and public administration in the Robert F. Wagner Graduate School of Public Service at New York University. He was the conference coordinator and is the editor of a book containing the eight conference papers and the remarks of the formal discussants, which will be published by the Lincoln Institute later this year.
Land Value Taxation in Contemporary Societies: Can It and Will It Work?
Authors of Conference Papers
Roy Bahl, Professor of Economics and Dean, School of Policy Studies, Georgia State University
William A. Fischel, Professor of Economics, Dartmouth College
Edwin Mills, Professor of Real Estate and Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University
Thomas Nechyba, Professor of Economics, Stanford University
Dick Netzer, Professor of Economics and Public Administration Robert F. Wagner Graduate School of Public Service New York University
Andrew Reschovsky, Professor of Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin-Madison
Nicolaus Tideman, Professor of Economics, Virginia Polytechnic University
Edward Wolff, Professor of Economics, New York University
Discussants
Alexander Anas, Professor of Economics, State University of New York at Buffalo
Daniel Bromley, Professor of Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin-Madison Karl Case, Professor of Economics, Wellesley College
Riel Franzsen, Professor of Mercantile Law, University of South Africa
Yolanda Kodrzycki, Economist, Federal Reserve Bank of Boston
Daphne Kenyon, Professor of Economics, Simmons College
Therese McGuire, Professor of Economics, Institute of Government and Public Affairs, University of Illinois-Chicago
Amy Ellen Schwartz, Professor of Economics, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service New York University
Robert Schwab, Professor of Economics, University of Maryland
Robert Solow, Professor of Economics, Emeritus, Massachusetts Institute of Technology
SHARE
This article is adapted from a policy roundtable report on national spatial development strategies prepared under the auspices of the Lincoln Institute, Regional Plan Association and the University of Pennsylvania School of Design. The roundtable was held in September 2004 at the Pocantico Conference Center of the Rockefeller Brothers Fund. The impetus for this project developed in the spring of 2004 in a graduate city planning studio directed by Robert Yaro and Jonathan Barnett, both Practice Professors in City and Regional Planning at Penn, and Visiting Professor Armando Carbonell. With funding support from the Ford Foundation’s Institute of International Education, additional input was provided by a distinguished team of European and American planning experts hosted by Professor Sir Peter Hall at the Institute of Community Studies in London, England.
European efforts to develop policies and investments for the entire continent and for regions that cross national boundaries have been organized under the umbrella of the European Spatial Development Perspective, a set of policy directives and strategies adopted by the European Union in 1999 (Faludi 2002). Over the past generation the EU has initiated a large-scale approach to planning for metropolitan growth, mobility, environmental protection and economic development. Europeans use the umbrella term “spatial planning” to describe this process, involving plans that span regional and national borders and encompass new “network cities” spread out over hundreds of kilometers (see Figure 1). The EU is also mobilizing public and private resources at the continental scale, with bold plans and investments designed to integrate the economies of and reduce the economic disparities between member states and regions, and to increase the competitiveness of the continent in global markets.
By contrast, the United States has no strategy to anticipate and manage comparable concerns, even though the U.S. population is expected to grow another 40 percent by 2050. How can this growth be accommodated in metropolitan regions that are already choking on congestion and approaching build-out under current trends and policies? How can we improve the competitiveness and livability of our own emerging constellation of network cities? How can the U.S. reduce the growing disparities in wealth and population among fast-growing coastal regions, vast interior rural areas and declining industrial cities? How can the U.S. promote regional strategies designed to address these concerns?
Two important precedents have shaped this analysis of America’s spatial development. The national development and conservation strategies prepared by President Thomas Jefferson in 1807 and President Theodore Roosevelt in 1907 stimulated the major infrastructure, conservation and regional economic development strategies that powered America’s economic growth in its first two centuries. Other major strategies and investments promoted in the administrations of Presidents Lincoln, Franklin Roosevelt and Eisenhower also had a profound impact on the nation’s growth. Some examples are the Morrill Act land grant university system, the Homestead Act, and creation of the national rail and interstate highway systems.
Economic, Demographic and Spatial Trends
Rapid population growth
The U.S. Census Bureau forecasts that the nation’s population will grow by 40 percent to 430 million by 2050, whereas most European countries are expected to lose significant numbers of residents, due to declining birth rates and limited immigration. This means we must build half again as much housing and as much commercial and retail space and the infrastructure needed to support these activities in the next half century as we have in the past two centuries.
The study of historical settlement patterns sheds light on current and future patterns. While early settlers clung primarily to the coasts and in compact urban regions, the inventions of rail transportation and later the automobile forever changed settlement patterns and allowed people to set up homes in the interior of the country and in highly decentralized metropolitan areas. Fast-growing Sunbelt states, such as Texas, California and Florida, are expected to see sustained rapid population growth, spurred by the trend of immigrant populations settling in those and surrounding states.
While most central cities will continue to grow at a moderate pace, many metropolitan regions around these urban cores are expected to experience remarkable development. As the city of Philadelphia continues to lose population, for example, its adjacent suburbs and areas further outside the city continue to grow. In general, however, the number of people living in urbanized areas as opposed to rural areas is projected to continue rising, signaling an increase in the amount of urbanized land in the coming decades.
The building out of suburban America
Since 1970 the vast majority of the nation’s economic and population growth has occurred in 30 large metropolitan regions, mostly in their sprawling outer rings. While some cities and inner-ring suburbs are now experiencing infill development and renewed population growth, many others are approaching “build-out,” which increases traffic congestion and commuting times, contributes to loss of farmland, and creates conflicts between new development and green infrastructure, such as public water supplies and wildlife habitat.
In less than three centuries, 46 million acres of America’s virgin landscape have been converted to urban uses. In the next 25 years that number will more than double to 112 million acres. If current growth and land consumption rates continue, another 100 million acres will be urbanized by 2050, at a rate seven times faster than the population will grow.
Uneven and inequitable growth patterns
While most population and economic growth has been in large metropolitan regions, other areas of the country have experienced losses. Large rural regions where resource-based economies or groundwater reserves are in permanent decline are left without the means to support even basic services. A number of large urban centers and second-tier cities also have experienced decades of decline. For example, Philadelphia, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, St. Louis and New Orleans have lost a third or more of their populations since 1960. Even in cities where the outer-ring suburbs have grown, many inner cities and inner-ring suburbs have lost residents, tax base and economic activity, and poverty has become highly concentrated. Many of these places have high concentrations of African-Americans, Native Americans, Latinos and poor whites who will be increasingly disadvantaged as economic opportunities in these regions decline.
In contrast with the U.S., the European Union for decades has invested vast sums to promote development and redevelopment of comparable bypassed areas. These investments have produced dramatic results in revitalizing the economies of Ireland, Spain, Portugal and Greece, and formerly depressed cities and regions in Europe’s periphery. Similar strategic investments in America’s disadvantaged cities and regions could produce comparable results.
Limited infrastructure capacity
Metropolitan infrastructure of all kinds, most of it built in the last half of the twentieth century, will reach its capacity limits in the first decades of the twenty-first century. Unless new capacity is created in roads, rails, airports, seaports and other systems, the nation’s economic potential will be artificially limited. Federal transportation investments over the past decade have been largely focused on maintaining the existing infrastructure, not on expanding the capacity of these systems.
Over the last 50 years, Americans have become increasingly mobile. The increase in miles traveled per person has been most pronounced in car and aircraft travel, creating new challenges to keep various types of transportation corridors congestion-free. At the same time, congestion poses a serious threat to manufacturing and freight sectors of the economy. Experts believe that by 2020 there will be nearly a doubling of trucks on the roadways over current numbers. Significant policy measures are needed to channel more resources into high-capacity transportation systems for both individual and commercial activity.
Emergence of megalopolis
In 1961 French geographer Jean Gottman described the Boston–Washington Megalopolis. Between now and 2050, more than half of the nation’s population growth, and perhaps as much as two-thirds of its economic growth, will occur in this and seven other emerging megalopolitan regions whose extended networks of metropolitan centers are linked by interstate highway and rail corridors. Similar networks of cities in Europe and Asia are now seen as the new competitive units in the global economy. Major public and private investments are being made in high-speed rail, broadband communications and other infrastructure to strengthen transportation and economic synergies among their component centers.
The New Megalopolis
The new megalopolis is a model for cooperation among the cities and regions in the U.S. that are growing together and creating diseconomies in congested transportation networks, which in turn affect the economic vitality and quality of life of these regions. This model is based on the idea that if the cities in these colliding regions work together they can create a new urban form that will increase economic opportunity and global competitiveness for each individual city and for the nation as a whole.
These component metropolitan areas will have to cooperate in the formation of a structure that takes advantage of the complementary roles of each area while addressing common concerns in the areas of transportation, economic development, environmental protection, and equity. The new megalopolis model will contribute to improving social and economic cohesion along with a better territorial balance, and will support more sustainable development by emphasizing collaboration on important policy issues, infrastructure investments and instruments for facilitating economic growth and job creation.
To facilitate the development of megalopolitan areas, the U.S. could focus on creating a truly intermodal network linking rail, highway and air transportation. Such connections would relieve congested airports and provide greater options for freight movement. The resulting transportation flexibility would be less vulnerable to terrorist attacks and disaster. Furthermore, regional infrastructure and development focused around rail stations would shape and redirect urban growth in more efficient, less sprawling patterns.
Our current direction is building a country whose competitiveness is threatened by inefficient urban forms and declining rural communities. The new megalopolis concept points us in a different direction, one in which urban areas and their surrounding regions work together on a larger scale to address common concerns and share their complementary strengths. This new model would produce an America that is environmentally sustainable, socially equitable, and competitive in an increasingly global economy.
Six distinctive regions can be identified based on common history, geographic location and topography: the Northeast, Mid-Atlantic, South, Midwest, Southwest and West. Most of the nation’s rapid population growth, and an even larger share of its economic expansion, is expected to occur in eight emerging metropolitan areas spread over thousands of square miles and located in every one of these regions (see Figure 2). These megalopolitan areas are becoming America’s economic engines: centers of technological and cultural innovation where the vast majority of immigrants who are driving population and economic growth will assimilate into the economic and social mainstream.
In Europe and Asia similar network cities are already being seen as the new competitive units in the global economy. The European Union and national governments in Europe, China and Japan are investing hundreds of billions of dollars in new intermodal transportation and communication links and other infrastructure to underpin the capacity, efficiency and livability of these regions. In all of these places, new high-speed rail networks are integrating the economies of formerly isolated regions.
Toward an American Spatial Development Perspective
An American Spatial Development Perspective (ASDP) could encompass long-range strategies to achieve five broad national goals.
The federal government could play a crucial role in this process, through collaborations with existing and emerging “bottom-up” networks of interconnected regional strategies, encompassing each of the emerging megalopoli. Ideally, the federal government would help coordinate and “incentivize” these planning efforts, but rely on local and regional initiatives to drive each region’s own strategies.
The federal government could also lead in coordinating infrastructure planning and investments for national and regional intermodal, high-speed transportation networks, as it did in promoting creation of the national rail and interstate highway systems. These investments would be made through partnerships between federal, state and regional government, and private investors. User fees, tolls and fares would cover a substantial portion of the cost of developing and managing these systems.
Regional strategies could also promote investments in major higher education and research institutions needed to maintain the nation’s competitive advantage in technology and create a lifelong learning system to help skilled workers adapt to economic change. This broad approach could also identify the important natural resource systems that sustain public water supplies, biological resources, sense of place and recreational opportunities. Future growth could be designed to reuse formerly used sites and to reclaim and restore impaired landscapes and natural resource systems.
Plans for these infrastructure systems should be closely coordinated with strategies for smaller-scale urban and regional development, to ensure that future development patterns support, and are supported by, these infrastructure investments. Federal and state governments could invest in demonstration projects to test innovative transportation, land use, environmental and other strategies.
Building and Financing the ASDP
The proposed new infrastructure systems and urban development outlined in this article could cost trillions of dollars, much of which could be financed through user fees and public-private partnerships. It should also be possible to employ modest payroll or other taxes to finance some of these investments, which would generate trillions of dollars of new economic capacity for the whole nation. The expected doubling of the national economy by 2050 would expand the gross domestic product by more than $14 trillion (in constant dollars). Redirecting even a small share of the growth of tax revenues in these strategic investments could secure the nation’s economic future.
For over a hundred years, the U.S. has financed major infrastructure projects through a “top-down” system, with major funding from the federal government complemented by state resources. Based on general public agreement of national priorities, this model financed several generations of growth and paid for one of the world’s great infrastructure systems. However, this approach is now being challenged as the needs of maintaining our aging infrastructure systems outpace federal and state funding, to say nothing of new capacity expansion. Today we witness a debate between “donor” and “donee” states over the fairness of federal transportation funds, even as the total amount of federal dollars falls far short of estimated needs. As a result, we find ourselves increasingly starved for capital for infrastructure systems.
To provide more funding for system maintenance and expansion, metropolitan regions are looking to new and innovative financing systems. Public authorities use their tax-free status to attract private dollars through bond issuances, sales and lease-back arrangements. New user fees, such as congestion pricing or high-occupancy-vehicle lanes on toll roads, link charges to those who benefit the most from new investments, creating new revenue streams. And value capture models, such as tax increment financing, allow increases in land values to finance infrastructure investments.
The federal government is advancing instruments such as TIFIA, the Transportation Infrastructure Innovation Act, to stimulate the development of these projects. However, megalopolitan areas have a critical role to play in this emerging system. They provide a vital link between state and federal government and local jurisdictions, which in many cases have the last word over land use decisions. These regional areas transcend political boundaries and capture the true economic and social geography of their communities. And they have the size, capacity and expertise to undertake complex planning strategies.
Armando Carbonell is senior fellow and co-chair of the Lincoln Institute’s Department of Planning and Development. Robert D. Yaro is president of the Regional Plan Association in New York City.
References
Faludi, Andreas, ed. 2002. European spatial planning. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Lincoln Institute of Land Policy and Regional Plan Association. 2004. Toward an American spatial development perspective. Policy Roundtable Report. September.
University of Pennsylvania School of Design. 2004. Planning for America in a global economy: 2004–2005. City Planning Studio Report. Spring.
SHARE
Faculty Profile: Petra Todorovich
SHARE
American cities have promising long-term prospects as hubs of innovation and growth, with expansion in technology and health sciences beginning to offset the decades-long erosion of manufacturing. Cities also remain places of vitality, offering urban design, density, and trans-port options that attract residents of all ages and backgrounds. In fact, nine of the ten most populous U.S. cities gained population over the last decade, according to the 2010 U.S. Census.
Yet the short-term prospects for cities are fraught with challenges. The recent sharp decline in tax revenues, caused by the 2008 housing market collapse and related financial crisis and economic slowdown, has made it extraordinarily difficult for state and local governments to maintain basic services, let alone plan for investments in infrastructure. Federal funds from the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) helped local governments offset revenue declines in the past three years, but ARRA funds are no longer available for the coming fiscal year (a transition now termed “the cliff”), leaving local officials to confront the full force of revenue shortfalls.
The 2011 Journalists Forum on Land and the Built Environment: The Next City brought scholars, practitioners, and political leaders together with print and broadcast journalists to explore the theme of infrastructure for cities in the context of the ongoing economic recovery. This program is an annual partnership of the Lincoln Institute of Land Policy, the Nieman Foundation for Journalism at Harvard University, and Harvard Graduate School of Design.
Two roles for infrastructure investments and related services permeated discussions at the Forum. First was the near-term role of investment in infrastructure as a fiscal stimulus aimed at turning around the economy and increasing employment. Second was the longer-term role that infrastructure plays in sustaining the transformation of municipal economies and increasing their competitiveness and livability in a globalized world.
Infrastructure and the Local Government Fiscal Crisis
The country’s need for fiscal stimulus to jump-start the economy in 2009 raised the prospect of massive infrastructure investments to help meet that need. However, the kinds of projects that could be launched quickly at the local level tended to be smaller-scale efforts, such as roadway repairs and facilities maintenance. More ambitious initiatives, such as intercity high-speed rail, failed to materialize due to spending and debt concerns and because much more design was needed before implementation could proceed.
Lawrence H. Summers, who recently returned to his professorship at Harvard after being director of the White House National Economic Council, defended the Obama administration’s stimulus plans, which he said were necessary to restore confidence in the financial system and keep the recession “out of the history books.” However, he said, “while local governments were able to use stimulus funds to cover revenue shortfalls, there were very few large shovel-ready projects.”
Moreover, the grim reality of fiscal stress is that cities cannot focus on large-scale, long-range infrastructure projects because they are struggling to cut spending and reform the delivery of local public services, noted Michael Cooper, reporter for The New York Times. Some examples of lost services include the Hawaii program that furloughs public school teachers every Friday through this school year; the San Diego boy who died choking on a gumball because a nearby fire station had been shuttered on a rotating basis; Colorado Springs’ decision to turn off a third of its streetlights each night and to auction off the police helicopter; and the California town that recalled its mayor because he revamped the city’s failing wooden pipes in its water system, but increased water fees to pay for it.
Many jurisdictions also have ongoing fiscal problems with the underfunding of pension funds and benefits. Some are worsening the problems simply by not making the required annual payments, a stopgap applied by Governor Chris Christie in New Jersey, among others. The municipal bond market faces tumult and some cities, like Harrisburg, Pennsylvania, are on the brink of bankruptcy. Fiscal deficits are growing because local governments have now expended the last of their
ARRA funds.
Adrian Fenty, former mayor of Washington, DC, said cities need to be run on a more business-like basis, moving to the politics of performance and away from the politics of patronage. Improvements are needed in both the efficiency of basic service delivery and the management of city finances. Because education is so important to the economic growth of cities, his administration gave priority to education reform—human infrastructure as well as physical infrastructure. During his term as mayor, his administration closed 20 percent of the schools and reduced administrative personnel by 50 percent. He also revamped teacher contracts, offering a merit pay system without tenure that 60 percent of the teachers opted to join.
Infrastructure Challenges: The Case of High-Speed Rail
President Barack Obama’s $53 billion high-speed rail initiative has brought the challenges of the local government fiscal crisis into sharp relief. Governors in Florida, Ohio, and Wisconsin returned the federal funding allocated to those states for intercity rail, claiming that their state and local governments could not possibly afford the resulting maintenance and operating costs, and questioning ridership projections. The high-speed rail project in California, though financed by a voter-approved bond issue, faces similar opposition because of financial burdens and local land use disputes.
Bruce Babbitt, former governor of Arizona and secretary of the U.S. Department of Interior, and a member of the Lincoln Institute board of directors, said the Obama administration’s campaign for high-speed intercity rail was a “political disaster,” and that the underlying vision needed a reassessment. He suggested that the Northeast Corridor should be the model, and that a revised plan should include a well-defined system of reliable financing—similar to the approach used to build the interstate highway system.
Paying for high-speed rail infrastructure will require a dedicated funding stream, perhaps from an increase in the gasoline tax in the states where the new rail lines would be located, and a system of value capture to engage private landowners who benefit from increases in property value as a result of such public works projects. “We don’t have the political courage to define our priorities,” Babbitt said. It will take a “national hammer” to address the nation’s infrastructure deficit without abdicating control to governors and states.
High-speed rail may live or die based on economic considerations. Petra Todorovich, executive director of America 2050, which has issued numerous analyses of high-speed rail’s potential, proposed a framework of 12 U.S. megaregions that represent collections of metropolitan areas where enhanced rail service offers the greatest potential for replacing automobile and short-haul airline travel. High-speed rail can deepen labor markets, increase agglomeration economies, and boost productivity by linking urban centers. Japan, France, and China are among the countries that have demonstrated how rail lines between major cities can foster economic synergies through the strategic location of high-speed rail stations and their connections to commuter rail and transit.
This economic payoff argument was seconded by Edward Rendell, former governor of Pennsylvania and mayor of Philadelphia, who is part of Building America’s Future, a campaign for investments in crumbling infrastructure nationwide. Rendell argued that the United States has been resting on its past investments, and that shoring up the nation’s decaying physical foundations is now an urgent priority. Without world-class infrastructure, the country will not be competitive in attracting private investment, sustaining rapid technological innovation and productivity growth, or maintaining the growth of good jobs domestically.
Infrastructure and the Future of Cities
As the recovery continues and economic growth returns, investments in new communication technology, green energy, smart urban systems, transport such as high-speed rail and mass transit, and other infrastructure will be needed to help cities fulfill their roles as the centers of innovation, culture, and productivity.
The vision of infrastructure combined with long-range planning is also a central theme in how cities can adapt to the inevitable impacts of climate change, including a possible one-meter sea level rise and associated storm surges, flooding, and increasing numbers of extreme weather events. Infrastructure in most coastal cities is so old that even a moderate storm event can do extensive damage, said Ed Blakely, public policy professor at the University of Sydney and former hurricane recovery czar in New Orleans.
Cities have been able to base their current plans on the relatively calm meteorological record of the last 200 years, but that calm is likely to erode with climate change, making much of the existing infrastructure inadequate or obsolete. Attention should not be focused on rebuilding after disasters like Hurricane Katrina, Blakely said, but on relocating, repositioning, and “future-proofing” for more resilient cities.
Infrastructure as an amenity that improves city livability is seen in New York’s High Line project, the conversion of an elevated freight line through the Meatpacking District and Greenwich Village. One of the architects on that project, Liz Diller, principal in Diller, Scofidio + Renfro, suggested that such retrofits can transform urban areas, provide a focal point for social and cultural events, and promote economic activity—though she cautioned that “architecture can’t really fix big problems.”
In spite of the current fiscal crisis, cities are expected to experience other changes that may aid their economic recovery. Among these are the fallout from the current housing crisis that is likely to spur demand for rental units and the demographic shift as the baby boom generation enters retirement age and begins to downsize housing choices.
Professor Arthur C. (Chris) Nelson, professor at the University of Utah, noted that both changes may generate more demand for urban lifestyles. For example, the current reduction in demand for owner-occupied, single-family houses at the metropolitan periphery is evident in the Intermountain West, Southwest, and South, where entire subdivisions are virtually empty. The percent of households owning homes has declined from a high of 69.2 percent in 2004 to 66.4 percent in 2011, fostering more demand for rental units that typically are located in more urbanized areas.
Demographic shifts are also related to changes in household composition. By 2030 single-person households will constitute one-third of the population, and only about one out of four households will include children, a decline from 45 percent with children in 1970 and 33 percent in 2000. These changes are likely to foster a significant adjustment in housing markets and values as aging baby boomers offer their suburban houses for sale and move to more urbanized locations with access to transit and walkable neighborhoods. At the same time, upcoming changes in mortgage markets and the reform of Fannie Mae and Freddie Mac may make mortgage financing (and homeownership) more costly and cause younger families to choose renting over owning.
Cities as Engines of Growth
Investing in infrastructure to support metropolitan regions might have an additional rationale grounded in the surprising resilience of cities themselves. The ongoing urban resurgence is visible in the income growth of highly skilled professionals, the relatively modest housing price declines and even recent increases in several prospering cities, and a concentration of innovation in urban areas, said Harvard economics professor Edward Glaeser. “We could move anywhere that suits our biophilia,” he said. “Yet we keep flocking to cities.”
Urban population growth is highly correlated with average urban incomes, education levels, and the share of employment in small firms as cities continue to draw entrepreneurs and foster productivity. If incomes everywhere were like those in New York City, the national GDP would rise 43 percent, Glaeser said. Cities will also continue to be prized for their environmental value as places of density and transit, reflecting relatively lower per capita energy use and carbon emissions than suburban and rural areas. Glaeser argued against restrictive zoning and regulations that discourage greater density and leave older, low-rise urban neighborhoods “frozen in amber.” He also stressed that public education remains the most important investment that cities can and should make to enhance their continued economic growth and quality of life.
As both the national economy and local government revenues recover, a key priority will be to balance expenditures between current services and longer-term investments. Economic growth will make it easier to finance investments in infrastructure, but investments in infrastructure are needed to increase economic growth. The challenge is to find a politically feasible way of breaking into this virtuous circle.
About the Authors
Gregory K. Ingram is president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy.
Anthony Flint is fellow and director of public affairs at the Lincoln Institute of Land Policy.
SHARE
Land trusts across the United States differ vastly in terms of age, size of protected acreage, mission, strategy, budget, and context. Audrey Rust, an acknowledged conservation leader and the 2012 Kingsbury Browne Fellow at the Lincoln Institute, is in a unique position to parse the differences between two strikingly distinct yet successful preservation efforts in the American West. She served as president and CEO of the Peninsula Open Space Trust (POST) in Palo Alto, California, for 24 years until July 2011, and she is now a board member of the American Prairie Reserve (APR) in Bozeman, Montana.
APR is one of the nation’s most ambitious new conservation efforts, aiming to assemble 3.5 million acres and create the largest wildlife complex in the lower 48 states—in Montana, the nation’s fourth largest state with the seventh smallest population (just one million as of 2012). By contrast, POST encompasses only 2 percent of APR’s projected acreage, yet is considered remarkably successful for amassing 70,000 acres of very expensive open space, farms, and parkland in a densely settled region, from San Francisco to Silicon Valley, with more than seven million inhabitants.
Despite their dissimilar profiles, these organizations share a surprising number of similarities. In this Q&A with the Lincoln Institute, Rust compares POST’s and APR’s particular histories and characteristics, based on her first-hand experience with each organization, and offers some universal lessons for all involved in the difficult and challenging work of preserving open space.
Lincoln institute: How did the Peninsula Open Space Trust begin and what is its mission?
Audrey Rust: POST is a 35-year-old, traditional land trust in a dense metropolitan region, which has grown significantly since POST was founded in 1977. It began as a private conservation partner for the Midpeninsula Regional Open Space District, a public, tax-supported agency on the San Francisco Peninsula (figure 1). Working on the urban fringe, POST would raise private funds on behalf of the District and take on an occasional land donation project. To this day, all the territory it protects lies within a major metropolitan area.
Given POST’s densely populated location, it was essential from the beginning to immediately include opportunities for low-intensity public recreation and provide exposure to the biodiversity of the peninsula, where within a 12-mile transect one can pass through at least nine distinct ecosystems. POST works to assure a system of interconnected open lands in corridors along the San Francisco Bay, the Santa Cruz Mountains, and the Pacific Coast. No specific number of total acres is contemplated, unless a particular campaign is underway, but giving people a place to experience nature is a driving force.
Lincoln institute: How do the genesis and mission of the American Prairie Reserve compare?
Audrey Rust: Since it was founded in 2002, APR has amassed 274,000 acres but seeks to permanently protect some 3.5 million contiguous acres of short-grass prairie as a wildlife reserve in northeastern Montana—one of only four places on earth where such a conservation effort is possible (figure 2). The idea originated from research done by a group of nonprofit conservation organizations working in the northern Rockies, with science assistance from the World Wildlife Fund at the start.
APR is reintroducing plains bison that are free of cattle gene introgression and intends to develop a sustainable herd of 10,000 animals while restoring other native species including prairie dogs, black-footed ferrets, and burrowing owls. APR acquired a lot of land quickly, but it will take decades to reintroduce wildlife and foster significant growth of species populations.
Federal lands form a large part of the wildlife habitat APR is assembling. The Reserve lands are adjacent on the south to the Charles M. Russell National Wildlife Refuge and on the west to the Upper Missouri River Breaks National Monument, which figures prominently in our nation’s history as part of the Lewis and Clark expedition.
Lincoln institute: What are the key challenges for POST and APR?
Audrey Rust: Funding any conservation work is always the biggest challenge. The first hurdle is identifying potential donors and getting their attention. To do that, you need a clearly articulated vision and the ability to make the project relevant to the potential donor. Validation of the mission from a third respected party is key. You also need some means for the donor to experience the relevant work and feel appropriately included, in addition to a well-developed relationship that results in an appropriate request for support made at the right time.
Lincoln institute: What are the particular funding challenges at POST?
Audrey Rust: In the San Francisco Bay Area, millions of people see and appreciate how proximity to nature enhances their quality of life, but most do not know the role POST plays in assuring this; or, if they do know, they don’t necessarily feel moved to support POST’s work financially. Competition for philanthropic dollars within the small geographic area of Silicon Valley is intense. All the major conservation organizations, plus Stanford University’s powerful fundraising machine, operate in the area.
Fundraising takes a traditional course at POST. There is a well-developed annual giving program that moves many donors to the upper capital gift levels. Many of them are willing to lend their networks to the effort, and because of the successes of the organization and the existing donor list, people feel comfortable and supported by their community when making a gift. POST’s model has also depended on finding and creating public funds and then selling land or easements to a public entity, at or below the price paid by POST, allowing the organization to return donor funds to be used again and again.
POST also faces the challenge of success. Often leadership-level donors are ready to move on to new ideas and new environmental issues, seeing that their personal impact is not as visible as it would be in starting their own new organization. Some donors feel they have done their part, and now it’s someone else’s turn. New top leadership-level donors are as difficult as ever to attract.
Lincoln institute: How do APR’s mission and goals affect its fundraising strategy?
Audrey Rust: APR faces what is often called a “pipeline” problem. As a relatively new organization—and one where the potential donor population is both scattered and at a great distance from the Reserve—finding the right people has required many false starts and unproductive gatherings. It has been difficult to expose potential donors to the project in ways that can build a philanthropic relationship. Although board members are willing, only a few have networks that have proven productive for APR. It’s difficult and expensive to assess the real interest of a potential donor, estimate his or her likely gift level, and develop an ongoing relationship with a person who is geographically removed. As yet, status is not associated with being a supporter, and the enormity of the campaign goal ($300 million to $500 million) dwarfs even million-dollar gifts. Any practical campaign would need to attract a gift of $80 million to $100 million at the top of the fundraising pyramid.
Building a productive leadership-level prospect list is only worthwhile if meetings and relationships can happen. Geography creates difficulties when there are not enough people in one area, and efforts can’t be leveraged. Time is a key element in building the needed relationships.
Because of its rare size and scope, however, APR may have singular appeal to extremely wealthy individuals who, like the Rockefellers decades ago, could create this Reserve with their philanthropy alone. This is the unfulfilled dream of every executive director. Chances are slim, but history shows it is possible. APR’s model has never looked to public funding as a way to leverage private dollars, since the leased public lands are in some measure doing just that.
Another key funding challenge for APR is the scale of the project. Impact comes in increments of 50,000 or 100,000 acres in a landscape where conservation biologists have determined that a mixed-grass prairie would need to be approximately 5,000 square miles (roughly 3.2 million acres) to be a healthy, functioning ecosystem that supports the full complement of native prairie biodiversity.
Lincoln institute: How has the leadership at both organizations handled the funding challenges?
Audrey Rust: At both APR and POST, the first president/executive director, who also served as a board member, had a solid business background but no experience fundraising or running a nonprofit organization. The second board chair of both organizations was a successful venture capitalist and was viewed as a founder. All these leaders were charismatic and well-connected. Last but not least, both founding executive directors had to contribute or lend substantial funds to the organization to keep it afloat.
APR’s founding President Sean Gerrity is still at the helm after ten years, and his passion for conservation is undiminished. The time needed for extensive travel and meeting the financial needs of the organization was more than a full-time job, however, and none of the development professionals he hired could relieve his load. On the premise that potential donors want to meet someone with a title, two years ago Gerrity made a major change in how the organization functions by hiring two managing directors who are able to carry a significant fundraising and content load. The strategy requires regular telephone or in-person meetings to stay aligned on all aspects of the organization, but it’s working. Organizing around the managing director model has allowed APR staff to travel more and develop better donor relationships. Current personnel have been in place for fewer than two years, but they are making progress.
Lincoln institute: How did you weather the fundraising challenge at POST?
Audrey Rust: When POST hired me to replace Founding Executive Director Robert Augsburger in 1986, my first mission was to raise $2 million in a few months in order to exercise an option on a key coastal ranch, POST’s first truly independent project.
I understood the local donor community and had a good deal of experience in fundraising and nonprofit management. I was completely absorbed by the work and the need to meet our financial obligations. Although travel usually wasn’t necessary to raise funds, the proximity of potential donors meant that every weekend, every farmer’s market, every local event was an opportunity to connect. We undertook one major project after another, doing good conservation work and building momentum, but I was exhausted.
To solve this problem, I also found really good staff people. My approach, however, was traditional: Get enough money in the bank to hire adequate staff and ensure one of them was a young lawyer with potential to take on additional responsibilities and leadership. I would continue doing large-gift fundraising as well as oversee key land acquisition strategy and negotiation, and others would take over more of the day-to-day work and administration. The ability to grow the staff and delegate some of the work was a major step forward for me and the organization.
Lincoln institute: What has been POST’s basic approach to land acquisition and how has that affected its financial strategy?
Audrey Rust: Both POST and APR want to connect existing public lands through acquisition of adjacent, privately held property, and both have treated local conservation entities as key allies in the task of preserving biodiversity, providing public access, and creating a larger vision of a protected landscape. Their different basic land conservation strategies, however, lead to very different funding patterns and long-term financial impacts.
POST plans to transfer all the land it protects, and most of it will go into public ownership as federal, state, and county parks or to one of the regional open space districts for its management and permanent protection. Agricultural land, protected by strict conservation easements, is sold to local farmers. POST retains the easements along with an easement endowment fund to assure their monitoring and compliance.
The first project POST undertook in the late 1970s resulted in the gift and subsequent sale (at half the appraised value) of a highly visible property adjacent to the town where a high percentage of potential donors lived. The funds resulting from this sale allowed POST to save some additional lands. However, the organization progressed slowly for nearly a decade, with no real financially sustainable land protection strategy in place.
In 1986, driven by an opportunity to purchase a 1,200-acre coastal ranch, POST optioned the property, which required owner-financing, significant fundraising, and later statewide political action. Success led to the creation of a working capital fund that allowed POST to repeat a similar strategy several times, focusing on prominent and ambitious conservation projects. Gaining a reputation for delivering on its promises, POST transitioned to raising funds in a capital campaign for a much larger inventory of property. Having working capital freed POST to focus on what needed to be done, rather than what could be done.
Lincoln institute: What were the key accomplishments and shortfalls of POST’s strategy?
Audrey Rust: POST was able to build working capital and show donors a leveraged return. Success built on success, and today POST operates with a working capital account of more than $125 million. Protected land was never at any risk of being lost due to financial issues. The type of public funds used, coupled with private gifts, provide further assurances.
Each accomplishment has given POST the confidence to move to another level in direct protection, restoration, and collaboration. Sustainable forestry, affirmative easements on farmland, conservation grazing, and exotic species removal are all now a part of its conservation arsenal.
On the other hand, a broad vision of what the future could hold was never well articulated, as POST essentially worked in an incremental fashion. Stirring the imagination of leadership-level entrepreneurial donors, the primary wealth in the Valley, became more difficult as time went on. It was also difficult for the organization to embrace the restoration and management of land being held for later transfer.
As public funds have begun to dry up, public agencies are less likely to take on the obligation of additional land ownership. POST experiences both the expense of holding the property indefinitely and the inability to sell the land to return capital to its account.
Lincoln institute: What has been APR’s basic approach?
Audrey Rust: APR faces a different situation in Montana, where the privately held ranches are far larger than any parcel in the Santa Cruz Mountains, and their owners control additional vast tracks of federally owned leased land. APR intends to hold these private fee lands and leases in perpetuity. Privately raised endowment funds will be required to ensure the management of these lands.
APR wanted to show from the beginning that it could make real progress on its large conservation vision, despite the lack of funds. APR moved quickly to acquire land and the accompanying leases using owner financing. The leadership of the organization felt putting a stake in the ground was the only way to begin to attract the money it would need to acquire the property that would make up the Reserve. Without sufficient fundraising experience or a developed prospect list, the struggle was enormous. Until recently, only minimal funds were held in reserve, making it extremely stressful to meet financial obligations, especially for debt.
Lincoln institute: What are APR’s key accomplishments and ongoing challenges?
Audrey Rust: Persistence and good work are now paying off. Critical advances include the opportunity to acquire fees and associated leases on a 150,000-acre ranch and in 2012 a very important gift from one of the organization’s largest supporters. APR also began building a high-end “safari camp” to open in 2013 that will allow them to bring leadership-level donors to the prairie, build relationships, and deepen their connection to the land.
The organization has a track record, demonstrating its ability to get things done, and can begin management practices to foreshadow future activity. Reintroducing genetically pure bison is a charismatic example. Extraordinary opportunities for acquiring key pieces of land can now be pursued. Without significant working reserves, however, APR staff and leadership are under great stress to meet their financial obligations. This creates a climate of looking for quick delivery on donations rather than developing the kind of leadership gifts the organization needs most for the long haul. As yet, plans are incomplete for assuring the permanent private protection of the acquired lands. Land that carries owner financing or is especially well priced may be purchased, even though its priority for acquisition may not be high. Raising the necessary endowment funds for the ongoing stewardship of the land has been slow.
Lincoln institute: In conclusion, what are key commonalities between these two very different organizations?
Audrey Rust: POST and APR are at different stages in their organizational growth, and their futures are based on their most obvious differences and track records. However, it is possible to identify similar key elements leading to success:
Both organizations continue to face significant challenges in funding their goals. POST has successfully transitioned to new leadership and is pursuing ever larger and more complex conservation initiatives. Its success has dominated the organization for so long that it is difficult for new philanthropists to find something to “invent” and support. It is a very well-run organization, which leaves little room for the new Silicon Valley elite to provide their trademark “we can do it better” involvement. POST needs to do more to identify and attract those very few top-of-the-pyramid donors. This challenge is especially difficult because government participation has virtually ended, and POST’s three largest donors are no longer making grants, in the $20 million to $50 million range, to this type of conservation. Further, it is difficult to point to an endgame, and, without it, the organization will lose urgency and gift support.
APR is new and exciting. The organization has sought a creative partnership with National Geographic, which produced an hour-long video called The American Serengeti, elevating APR’s mission and bringing with it the national prominence APR needs to raise large gifts in the national arena. It is during this time that key leadership donors must become involved. In all nonprofit organizations, funding pyramids are becoming more and more vertical. Campaigns such as this one often depend upon one or two donors to make gifts equal to half or even two-thirds of the total goal. Without these donors, staff members are worn out by raising money, and the cost of fundraising rises rapidly.
I am convinced that the size, scope, and ability to measure the vision held by an organization are key determinants of success. Donors and the public in general are elevated by the idea that we can change our world. Clearly articulating and promoting that vision is instrumental. POST needs to work on its messaging to better articulate its current vision. APR needs to find more venues to effectively communicate its vision and develop a critical mass of supporters.
Conservation leader Audrey Rust, the 2012 Kingsbury Browne Fellow at the Lincoln Institute, will lecture on “The Peninsula and the Prairie: Regional and Large Landscape Conservation,” at Lincoln House on May 1, 2013, at noon (lunch is free).
In the aftermath of the Great Recession, the financing of U.S. public elementary and secondary education has become particularly challenging, given the close link between school finance and property taxation. Across the nation, the sharp drop in housing prices that triggered the recession led to reductions in property tax revenues. Public schools derive more than 80 percent of their local own-source revenue from the property tax (McGuire, Papke, and Reschovsky 2015), and nearly half of total property tax dollars collected in the United States are used to finance public elementary and secondary education (U.S. Census Bureau 2014, U.S. Census Bureau 2013).
As a means of encouraging new research on these issues, the Lincoln Institute of Land Policy organized a conference on “Property Tax and the Financing of K–12 Education” in Cambridge, MA, in October 2013. The Fall 2014 issue of Education Finance and Policy features five of the conference papers along with two additional works submitted as part of the journal’s call for papers for the special issue, which underwent the journal’s peer review process. We served as guest editors, working closely with the journal’s editors, Thomas A. Downes and Dan Goldhaber. Thanks to funding from the Lincoln Institute, the special issue is available for free downloading until January 2016 from the website of the Association of Education Finance and Policy (www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).
Challenges for Funding K-12 Education
Using revenue data from the National Center for Education Statistics (2014), we determined that in real per pupil terms, total revenues devoted to public education fell by 6.2 percent from September 2008 to June 2012. Although comprehensive figures are not yet available for the most recent years, existing evidence points to a continued decline in financial support for public education. Data from the U.S. Census Bureau’s Quarterly Summary of State and Local Tax Revenue indicate that per capita real local government property tax revenues (for school and nonschool purposes) were 2.7 percent lower at the end of fiscal year 2014 than they were at the end of fiscal year 2011. And a survey conducted by the Center on Budget and Policy Priorities found that, in at least 35 states, real per-student state education aid was lower in fiscal year 2014 than in fiscal year 2008 (Leachman and Mai 2014).
Many school districts around the country responded to reduced revenues by laying off employees. In fact, the U.S. Bureau of Labor Statistics (2013) reports that between the employment peak in June 2009 and the trough in October 2012, education employment by local governments fell by 357,400—a decline of 4.4 percent. During this same period, public school enrollment grew by 0.9 percent (National Center for Education Statistics 2013).
Current projections signal significant increases in both K–12 enrollment and cost per pupil. The National Center for Education Statistics (NCES 2013) projects that per pupil expenditures will increase from an average of $10,518 in the 2009–10 school year to $12,530 in 2021–22. The NCES also projects substantial increases in public school enrollment, although growth projections for specific states vary and are generally much higher for the southern and western states (8.9 percent and 12.7 percent from 2010 to 2021) than for the Northeast and Midwest (2.2 percent and 2.4 percent). Although public policies and priorities can change, based on current policies and revenue projections, it is unlikely that revenues in support of public education will grow fast enough to match the projected growth in student enrollment and in costs.
National data indicate that in 2011–12, 10 percent of total public education revenue came from the federal government, with the rest split fairly evenly between state and local government sources (U.S. Census Bureau 2014). Federal government programs in support of education are classified as domestic discretionary expenditures. While to date Congress has done little to rein in the growth of spending on entitlement programs, it has mandated strict limits on the growth of domestic discretionary expenditures through the Budget Control Act of 2011 and the fiscal year 2014 Congressional budget agreement. The Congressional Budget Office (2013) predicts that, relative to GDP, domestic discretionary spending will decline through at least 2023. Given these overall spending caps, along with competition from other pressing domestic needs, reductions in real per pupil federal education support appear likely.
School funding systems vary tremendously across states, and future trends in state support for public education will differ greatly across states as well. However, many state governments face several long-run structural problems that are likely to constrain future state funding for public education. On the revenue side, many states have narrow sales tax bases that exclude many services and, as a result, fail to grow proportionally to their economies. The revenue problems are exacerbated by the inability of states to collect sales taxes on many Internet and mail order purchases. In the past few years, a number of states have adopted individual income tax cuts. These tax cuts have generally been enacted with no offsetting revenue increases, or they have been funded using revenue from one-time state budget surpluses.
On the spending side, funding for K–12 education must compete with other priorities. In many states, spending on Medicaid will grow faster than state tax revenues, a trend influenced in part by the aging of the population. Many states are also facing large and growing unfunded pension liabilities. Addressing these unfunded liabilities will undoubtedly require substantial increases in state government pension contributions. Although polls indicate that voters favor increased spending on education over spending in other areas, unless state governments make politically difficult decisions to increase taxes, states’ growing Medicaid and pension obligations may crowd out spending on K–12 education (Pew Research 2011).
With diminished prospects for growth in funding from federal and state governments, local school districts will likely play an increasingly important role in funding public education. Increasing local government funding for public education will require the politically difficult step of increasing property taxes, or, if that proves impossible, the development and widespread adoption of alternative sources of local government revenue. Neither strategy will be easy to implement.
This rather bleak picture of the prospects for public education funding raises a number of research questions. For example, can state governments adopt policies that would make the property tax more publicly acceptable? What role do alternative local sources of revenue play in funding public education? Can their role be increased? Is it possible to design state education aid systems that result in a more steady flow of state aid during economic downturns? Can state policies aimed at providing property tax relief be made more effective? Can state aid systems be reformed in ways that increase the educational opportunities of all students? The Property Tax and the Financing of K–12 Education considers these and other questions.
Conclusion
Three central themes emerge from this special issue. The first is the potential for unintended consequences to arise from state legislation. Eom et al. find that New York’s prominent property tax relief program, STAR, induces voters to increase school spending and raise property taxes, thereby undercutting much of the intended property tax relief. Jeffrey Zabel finds that property tax overrides in Massachusetts have led to increased racial segregation. And Phuong Nguyen-Hoang finds that the use of TIFs in Iowa has led to modest reductions in education spending.
A second theme is the potential for state school finance and property tax policies to provide greater advantages for high-wealth or high-income school districts than for low-wealth or low-income districts. In some cases, this pro-wealthy tilt is an explicit program feature. For example, the sales price differential adjustment factor in STAR channels a disproportionate amount of property tax relief to the wealthiest school districts. Likewise, Michigan’s state aid system sends about 7 percent more state aid per pupil to the wealthiest districts. In other cases, the tilt toward wealthier districts arises in more indirect ways. Chakrabarti et al. find that high-wealth school districts are likelier to increase property tax revenues in response to cuts in state aid. Zabel notes that higher income towns are more likely to pass property tax overrides. Nguyen-Hoang finds that TIFs have a greater negative effect on school spending in low-income or low-wealth districts than in high-income or high-wealth districts. Finally, Nelson and Gazley find that well-off districts are more likely to receive revenue from school-supporting nonprofits, and their per-pupil contributions tend to be higher.
A third theme is the enduring importance of the property tax as a funding source for public education in the United States. Papers by both Nelson and Gazley and by Downes and Killeen demonstrate that non-tax revenue plays a relative minor role in the funding of public schools. And no evidence suggests that the share of revenue from student fees and charges, school-supporting nonprofits, or from miscellaneous non-tax revenues has increased during or after the Great Recession.
These findings suggest that in order to ensure sufficient funding for public education into the future, efforts should be made to make the property tax a more appealing source of revenue. These property tax improvements might include the expansion of well-designed targeted property tax relief programs, such as circuit breakers, the adoption of property tax deferral programs for taxpayers facing high property tax burdens or rapid increases in their property tax bills, and improvements in tax administration that focus on increased transparency.
Given the great diversity in school finance and property tax systems across the U.S. and the fiscal challenges ahead, the papers in this special issue cannot possibly provide insights into the full range of policies needed to assure adequate and equitable funding for public education. However, it is our hope that these papers will be thought-provoking for both policy makers and researchers, and also inspire additional research on property taxation and school funding.
Contents
Introduction to Special Issue on the Property Tax and the Financing of K–12 Education
Daphne A. Kenyon and Andrew Reschovsky
Did Cuts in State Aid During the Great Recession Lead to Changes in Local Property Taxes?
Rajashri Chakrabarti, Max Livingston, and Joydeep Roy
Michigan and Ohio K–12 Educational Finance Systems: Equality and Efficiency
Michael Conlin and Paul Thompson
The Unintended Consequences of Property Tax Relief: New York’s STAR Program
Tae Ho Eom, William Duncombe, Phuong Nguyen-Hoang, and John Yinger
Unintended Consequences: The Impact of Proposition 2½ Overrides on School Segregation in Massachusetts
Jeffrey Zabel
Tax Increment Finance and Education Expenditures: The Case of Iowa
Phuong Nguyen-Hoang
The Rise of School-Supporting Nonprofits
Ashlyn Aiko Nelson and Beth Gazley
So Slow to Change: The Limited Growth of Non-Tax Revenues in Public Education Finance, 1991–2010
Thomas Downes and Kieran M. Killeen
About the Authors
Daphne A. Kenyon, Ph.D., is an economist who is a fellow at the Lincoln Institute of Land Policy and principal of D. A. Kenyon & Associates.
Andrew Reschovsky, Ph.D., is a fellow at the Lincoln Institute of Land Policy and a professor emeritus at the University of Wisconsin-Madison.
References
Congressional Budget Office. 2013. Updated Budget Projections: Fiscal Years 2013 to 2023. Washington, DC (May). www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44172-Baseline2.pdf.
Leachman, Michael and Chris Mai. 2014. “Most States Funding Schools Less Than Before the Recession,” Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities, Updated September 12. www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4011.
McGuire, Therese J., Leslie E. Papke, and Andrew Reschovsky. 2015. “Local Funding of Schools: The Property Tax and Its Alternatives,” chapter 22 in Handbook of Research on Education Finance and Policy, revised edition, edited by Helen F. Ladd and Margaret Goertz, Routledge, 376–391.
National Center for Education Statistics (NCES). 2014. “National Public Education Financial Survey Data,” School Year 2010–11. http://nces.ed.gov/ccd/stfis.asp.
National Center for Education Statistics (NCES). 2013. “Projections of Education Statistics to 2021.” http://nces.ed.gov/programs/projections/projections2021/index.asp.
Pew Research. 2011. “Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular.” Center for People and the Press. February 10. www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-remain-unpopular.
U.S. Bureau of Labor Statistics. 2013. Table B-1a: Employees on Non-Farm Payrolls by Industry Sector and Selected Industry Detail, Seasonally Adjusted. Current Employment Statistics, Establishment Data. www.bls.gov/web/empsit/ceseeb1a.htm.
U.S. Census Bureau. 2013. 2011 Annual Survey of State and Local Government Finance, State and Local Government Data. www.census.gov/govs/local/.
U.S. Census Bureau. 2014. 2012 Data, Public Elementary-Secondary Education Finance Data. www.census.gov/govs/school/.
