Hace cuatro años, me hallé en un avión sobre el delta del Colorado con Katie Lincoln, la presidenta de nuestra junta. Desde nuestro punto panorámico, veíamos kilómetros y kilómetros de sedimento fluvial seco y polvoriento, y poca vegetación. Era un paisaje impactante, vasto, como de otro planeta, pintado con mil matices de beige.

Una vez que pisamos tierra, el panorama era diferente. Once meses antes, los Estados Unidos y México habían lanzado un “flujo por pulso” desde las represas del río Colorado para imitar las históricas inundaciones primaverales que ocurrieron durante milenios antes de que los humanos empezaran a administrar el agua del río. Hacia el sur fluyeron más de 0,1 kilómetros cúbicos de agua (cantidad suficiente para suplir las necesidades anuales de más de 200.000 viviendas), con el objeto de satisfacer las estipulaciones y las promesas hechas años antes entre ambos países. Por primera vez en dos décadas, el río llegó al Golfo de California.

Con esta meta en mente, los actores públicos y cívicos de ambos países prepararon un experimento para observar si el hábitat natural del delta se podría restaurar con una mejora en el caudal de agua. Retiraron la vegetación no nativa en unas 130 hectáreas del territorio aledaño a la Laguna Grande, sembraron plantas nativas en parte del terreno y árboles nativos en otros sectores. Para cuando Katie y yo visitamos el sitio, era evidente que el experimento había tenido éxito. La flora nativa prosperaba y atraía a la fauna nativa, que regresaba al lugar. Aves migratorias y no migratorias ostentaban su presencia con una cacofonía de llamadas y respuestas. Por fortuna, dos castores se habían establecido cerca del sitio restaurado. Su represa capturaba la corriente invertida del agua subterránea y la irrigación agrícola, a fin de garantizar el suministro de agua. 

Este experimento sobre uso del suelo, que había sido invisible desde el aire, demostró con claridad que el hábitat nativo del delta se podía restaurar. También fue evidente que era necesario hacer mucho más. 

En el pasado, el delta representaba el humedal más grande de América del Norte: cubría unos 70 millones de hectáreas. El flujo por pulso de 2014 llegó a las noticias; en realidad, fue una devolución de agua que se debía a México y se había almacenado en el lago Mead, tras un terremoto de 2010 que había dañado los canales de irrigación al sur de Mexicali. Después del evento, los Estados Unidos y México negociaron la liberación de flujos de forma más regular y gradual. En septiembre de 2017, acordaron entregar 0,25 kilómetros cúbicos de agua al delta durante una década. A principios de este año, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales informó que el sitio original restaurado en Laguna Grande había crecido a más de 485 hectáreas.

En muchos sentidos, el éxito de esa pequeña porción de suelo es la historia de toda la cuenca del río Colorado. Cuando se mira el panorama completo, cuando se observa desde una perspectiva real o figurada, a un kilómetro y medio de altura, se puede ver un sistema complejo, una maraña de geografía, historia y cultura, un recurso limitado y casi agotado del cual dependieron, y el cual compartieron y se disputaron varios estados, tribus y países durante el último siglo. Pero, si aterrizamos y husmeamos un poco, veremos algo más: pequeñas porciones donde prosperan la innovación y la colaboración. Asociaciones de restauración y compromisos renovados para afrontar problemas que parecen inextricables. Mejor comprensión de la importancia de reconocer las intersecciones entre agua, suelo y personas.

Luego del recorrido, en el momento del informe, les pregunté a nuestros anfitriones sobre la etapa final para el delta: ¿qué se necesitaría para restaurar todo el lugar? El flujo por pulso fue un momento único, ocasionado por una constelación de eventos y respaldado por la intervención diplomática. Para generar una solución permanente, se necesitaría una alineación distinta de actores. Pero ¿qué actores? ¿Sería posible promover el diálogo civil entre los interesados en el río para concebir una solución colectiva y poder administrar este recurso valioso? ¿Quién los convocaría?

Esta es una cuenca muy disputada. El río ofrece agua potable a más de 40 millones de personas; más de la mitad viven fuera de la cuenca. También irriga más de 2 millones de hectáreas de cultivo y produce más de 4 gigavatios de energía eléctrica. El río está distribuido (mejor dicho, sobredistribuido) en una intrincada red de derechos de aguas, acuerdos interestatales y un tratado internacional. Por lo tanto, forjar nuevos acuerdos y prácticas entre estos interesados podría resultar una tarea insuperable.

Que algo sea difícil no quiere decir que no valga la pena. Hemos decidido descubrir si el Instituto Lincoln puede ayudar a administrar mejor el río, y cómo hacerlo.

Nos embarcamos en una investigación de campo para averiguar quiénes vienen trabajando en los problemas del agua de la cuenca y evaluamos nuestras propias competencias de base. Queríamos saber si había una demanda para nuestros aportes potenciales. ¿Podríamos aprovechar nuestro conocimiento y experiencia en las áreas de políticas de suelo y compromiso de interesados? ¿Deberíamos ampliar nuestra labor para recopilar, mejorar y mapear nuevos conjuntos de datos? ¿Deberíamos adaptar y potenciar el uso de nuestras herramientas de planificación de situaciones para promover la toma de decisiones informadas y alcanzar un mayor compromiso cívico?

Nos encontramos con un campo atestado de investigadores, defensores, técnicos y funcionarios públicos dedicados. Las universidades y los organismos gubernamentales estudian constantemente la ciencia del río. Los gestores de políticas y analistas cubren los amplios contornos de las políticas en toda la cuenca. Varios expertos producen y perfeccionan proyecciones técnicas de situaciones demográficas, de sequías y de desarrollo. Sin embargo, notamos que el nexo entre políticas de agua y suelo era un nicho desatendido, pero esencial, en el campo. Al tomar las decisiones sobre el uso del suelo, no se suele considerar el impacto en el agua; así, se pone en riesgo la sustentabilidad de nuestras comunidades y del río. Fundamos el Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua, con el objetivo de explorar y alimentar las conexiones económicas y medioambientales fundamentales entre el suelo y el agua.

Dedicamos el centro a Bruce Babbitt, ex Secretario del Interior de EE.UU., gobernador de Arizona y miembro de la junta directiva del Instituto Lincoln. Babbitt fue el primero en codificar la conexión entre la planificación del uso del suelo y la administración del agua en una ley estatal, al firmar la Ley de Aguas Subterráneas de Arizona, en 1980 (no se pierda nuestra entrevista con él, en la página 10).

El mayor enfoque del Centro Babbitt es el río Colorado y quienes dependen de él, pero no trabajamos solos. Sabemos que la administración efectiva y a largo plazo de este recurso inmenso, pero frágil, implica un gran emprendimiento que requiere amplias colaboraciones. Con el apoyo intelectual y económico del Instituto Lincoln, el centro está aprovechando los recursos de otros mediante asociaciones con universidades, ONG e inversores (ver página 6).

La sede del Centro Babbitt en Phoenix tiene la suerte de contar con personal con un nivel de conocimiento y compromiso elevadísimo; muchos de ellos trabajaron para esta edición de Land Lines. Jim Holway, el director, conoce las negociaciones occidentales sobre políticas de agua, ya que fue vicedirector del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona y ahora es vicepresidente de la junta directiva del Distrito de Conservación de Agua de Centro Arizona. Hace poco, hizo un viaje de canotaje por el Gran Cañón. Luego de su viaje, le pedí que reflexionara sobre qué estaba en juego en la cuenca. Esto es lo que respondió:

En el futuro, los administradores del río Colorado se enfrentarán a numerosos rápidos políticos y una importante incertidumbre sobre las condiciones futuras, tanto climáticas, como de aprovisionamiento y demanda de agua. Sin embargo, no estamos ni cerca de los peligros y las adversidades que enfrentaron los primeros exploradores del Colorado. Existen soluciones para nuestros desafíos, y podemos construir sobre el legado de John Wesley Powell, quien exploró la cuenca del Colorado, comprendió cómo administrar de forma sostenible los suelos y los recursos hídricos limitados en esta región árida, y desafió el razonamiento convencional.

Desafiar el razonamiento convencional. Si bien lanzamos nuestro trabajo en la cuenca del río Colorado, sabemos que será relevante a nivel global. Mediante el alcance más amplio del Instituto Lincoln, ya iniciamos relaciones con socios globales, como la OCDE y la ONU. Según la ONU, más de 1.700 millones de personas de todo el mundo viven en cuencas de ríos, donde el uso del agua supera la realimentación.

Este número especial de Land Lines, el primero que celebra los 30 años de la publicación, refleja nuestros primeros esfuerzos para generar una gran cantidad de conocimientos que articulen la importante relación entre el suelo y el agua. En estas páginas, identificamos los desafíos de la cuenca del Colorado, recorremos brevemente su historia y hablamos con algunas de las personas más sabias que conocemos para enterarnos de qué nos depara el futuro. Además, observamos algunas labores innovadoras que se están llevando a cabo para integrar mejor las políticas de suelo y agua en las comunidades pioneras. Al compartir estos conocimientos con otras comunidades de regiones áridas y semiáridas de todo el mundo, haremos nuestro pequeño aporte para satisfacer la fascinación humana primitiva con los lugares donde el agua y el suelo se encuentran.

Four years ago, I found myself in an airplane above the Colorado Delta with Katie Lincoln, our board chair. From our shared vantage point, we could see miles and miles of dry and dusty river sediment and scarce vegetation. It was a stunning, vast, otherworldly landscape, painted with a thousand shades of beige.

On the ground, we saw a different story. Eleven months earlier, the United States and Mexico had released a “pulse flow” from dams on the Colorado River to mimic the historic spring floods that occurred for millennia before humans began managing the river’s waters. More than 100,000 acre-feet of water—enough to meet the annual needs of more than 200,000 households—flowed south to satisfy provisions and promises that had been made between the two countries years before; for the first time in two decades, the river reached the Gulf of California.

Leading up to that event, public and civic actors from the two countries prepared an experiment to see whether the natural habitat of the delta could be restored with improved water flow. They cleared about 320 acres of land near Laguna Grande of non-native vegetation, seeded some of the land with native plants, and planted native trees in other sections. By the time Katie and I visited the site, the success of the experiment was obvious. Native flora was thriving, and it was attracting native fauna back to the site. Both migratory and non-migratory birds made their presence known with a cacophony of calls and responses. As luck would have it, two beavers had taken up residence next to the restoration site. Their dam captured return flow from groundwater and agricultural irrigation to provide a more reliable water supply.

This land use experiment, which had been invisible from the air, demonstrated clearly that native habitat could be restored in the delta. It also was clear that much more needed to be done.

At one time, the delta was the largest wetland in North America, covering some 173 million acres. After the headline-making pulse flow in 2014—which was actually a return of water due to Mexico that had been stored in Lake Mead, following a 2010 earthquake that damaged irrigation canals south of Mexicali—the United States and Mexico negotiated the release of more regular, more gradual base flows. In September 2017, they agreed on the delivery of 210,000 acre-feet of water to the delta over the next decade. Earlier this year, the Natural Resources Defense Council reported that the original restoration site at Laguna Grande had grown to more than 1,200 acres.

In many ways, the success of that little patch of land is the story of the entire Colorado River Basin. When you look at the big picture—when you peer down from an actual or figurative mile-high perspective—you see a complex system, a tangle of geography and history and culture, a limited, nearly tapped out resource that multiple states, tribes, and countries have relied on, shared, and fought over for the last century. But get down to the ground and poke around a little, and you see something else: Little patches where innovation and collaboration are blooming. Restorative partnerships and renewed commitments to confronting seemingly intractable issues. A growing understanding of the importance of recognizing the intersections of water, land, and people.

During our debrief following the tour, I asked our hosts about the end game for the delta—what would it take to restore the entire place? The pulse flow was a singular moment, produced by a constellation of events and aided by diplomatic intervention. It would take a different alignment of actors to generate a permanent solution. But which actors? Would it be possible to promote civil discourse among the river’s stakeholders to conceive a collective solution to manage this precious resource? Who would convene them?

This is a hotly contested watershed. The river supplies drinking water to more than 40 million people, more than half of whom live outside the basin; irrigates more than 5.5 million acres of farmland; and produces more than 4 gigawatts of electrical power. Because the river is allocated—actually, overallocated—through a byzantine web of water rights, interstate agreements, and an international treaty, forging new agreements and practices among these stakeholders might seem to be an insurmountable task.

Just because something is hard doesn’t mean it’s not worth doing. We decided to find out whether and how the Lincoln Institute could contribute to better stewardship of the river.

We embarked on field research to find out who was already working on water issues in the basin and assessed our own core competencies. We wanted to see whether there was demand for our potential contributions. Could we leverage our knowledge and experience in the areas of land policy and stakeholder engagement? Should we extend our efforts at collecting, curating, and mapping new data sets? Should we adapt and advance the use of our scenario-planning tools to promote informed decision making and better civic engagement?

We encountered a crowded field of researchers, advocates, technicians, and dedicated public servants. Universities and government agencies continuously study the science of the river. Policy makers and analysts cover the broad contours of basinwide policy. Various experts are producing and perfecting technical projections of demographic, drought, and development scenarios. We noted, however, that the nexus of land and water policy was a neglected but critical niche in the field. Land use decisions are often made without consideration of their impacts on water, putting the sustainability of our communities and the river at risk. We founded the Babbitt Center for Land and Water Policy to explore and nurture the critical economic and environmental connections between land and water.

We dedicated the center to Bruce Babbitt, former U.S. Secretary of Interior, governor of Arizona, and member of the Lincoln Institute’s board of directors. Babbitt first first codified the connection between land use planning and water management in state law when he signed the Arizona Groundwater Act of 1980.

The Babbitt Center primarily focuses on the Colorado River and those who depend on it, but we don’t work alone. We know that effective long-term stewardship of this immense but fragile resource is a huge endeavor requiring broad collaboration. With intellectual and financial support from the Lincoln Institute, the center is leveraging the resources of others, establishing partnerships with universities, NGOs, and funders.

We are lucky to have an incredibly knowledgeable and committed staff at the Babbitt Center headquarters in Phoenix, many of whom worked on this issue of Land Lines. Director Jim Holway is no stranger to western water policy negotiations, as the former assistant director of the Arizona Department of Water Resources and current vice president of the Central Arizona Water Conservation District board of directors. He had this to say when I asked him, after he took a recent Grand Canyon rafting trip, to reflect on what’s at stake in the basin:

Looking forward, Colorado River managers will face numerous political rapids and significant uncertainty about future climate, water supply, and water demand conditions. However, we face nothing like the dangers and hardships faced by the early explorers of the Colorado. Solutions to our challenges do exist, and we can build on John Wesley Powell’s legacy of exploring the Colorado Basin, of understanding how to sustainably manage the lands and limited water resources of this arid region, and of challenging conventional thinking.

Challenging conventional thinking. Although we launched our work in the Colorado River Basin, we know that it will have global relevance. Through the broader reach of the Lincoln Institute, we are already initiating partnerships with global partners like the OECD and the UN. According to the UN, more than 1.7 billion people around the world live in river basins where water use exceeds recharge.

This special issue of Land Lines—the first issue of the publication’s 30th year—captures our early efforts to build a body of knowledge that articulates the important relationship between land and water. In these pages, we identify the challenges in the Colorado Basin, take a brief tour through its history, and talk with some of the smartest people we know to find out what the future holds. We also look at some innovative efforts being undertaken to better integrate land and water policies in pioneering communities. As we share this knowledge with other communities in arid and semi-arid regions throughout the world, we will do our small part to satisfy the primordial human fascination with places where land and water meet.

Adriana Soto, the former Vice Minister of Environment and Sustainable Development of Colombia, has joined the board of the Lincoln Institute.

Soto has more than 20 years of experience as an environmental economist and consultant, and has worked on environmental policy in Colombia and internationally. In her tenure as vice minister, from 2011 to 2013, she oversaw the 1.5 million hectare expansion of Chiribiquete National Park in the Amazon and implemented tax incentives encouraging electrical vehicle use. She also acted as a member of the board of directors of the Green Climate Fund of the UN Framework Convention on Climate Change, where she led the financial structuring of the fund. More recently, Soto served as Regional Director for Colombia, Ecuador, and Peru for the Nature Conservancy with a focus on the strategic management of the region’s water resources.

“We welcome Adriana Soto, whose careerlong dedication to natural resource conservation and resilience will be an inestimable resource to the Lincoln Institute as we work to address climate change and other pressing challenges through better land policy,” said Kathryn J. Lincoln, chair and chief investment officer for the Lincoln Institute.

Prior to her service with the Colombian government and the Nature Conservancy, Soto was a consultant for the World Bank, researching mechanisms to reduce the environmental impact of largescale livestock farming and providing expert consultation during the establishment of Colombia’s National Protected Areas Conservation Trust Fund. She was a senior policy advisor for the Wildlife Conservation Society and worked for Colombia’s Institute of Hydrology, Meteorology, and Environmental Studies (IDEAM). In 2011, Soto was awarded the Baron Alexander von Humboldt Grand Order of Environmental Merit, in recognition of her contributions to Colombia’s environment, institutions and society.

The other members of the Lincoln Institute board include Carolina Barco, former ambassador of Colombia to the United States; Thomas M. Becker, retired president of the Chautauqua Institution; Raphael Bostic, president and CEO of the Federal Reserve Bank of Atlanta; Mimi Brown, former commissioner of Rating and Valuation for the Government of Hong Kong; Jane Campbell, director of the Washington office for the National Development Council; Anthony Coyne, president of Mansour, Gavin, LPA in Cleveland; Bruce Lincoln, president of Innervizion Surf Company in Chandler, Arizona; John G. Lincoln III, former senior engineer at CH2M-Hill in Boise, Idaho; Johannes F. Linn, a resident senior scholar at the Emerging Markets Forum in Washington, DC; George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy; Constance Mitchell Ford, visiting professor at the Philip Merrill College of Journalism at the University of Maryland; Michael Nutter, former mayor of Philadelphia and the David N. Dinkins Professor of Professional Practice in Urban and Public Policy at Columbia University’s School of International and Public Affairs; Kevyn Orr, former Detroit Emergency Manager; Timothy Renjilian, senior managing director for FTI Consulting Inc.; Jill Schurtz, executive director, St. Paul Teachers’ Retirement Fund Association, in St. Paul, Minnesota; and Scott Smith, former mayor of Mesa, Arizona, and CEO of Valley Metro.