Antonio Azuela, fellow del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee títulos de grado en Derecho de la Universidad Iberoamericana (México) y de la Universidad de Warwick (Inglaterra), así como también un doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde finales de la década de 1970, Azuela se ha dedicado a la investigación y la enseñanza del derecho urbano y medioambiental desde una perspectiva sociolegal. Su libro “Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental”, México: UNAM, 2006, es una reconstrucción sociológica de sus experiencias como procurador general en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de México desde 1994 hasta 2000. Recientemente editó el libro “Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas”, publicado por la UNAM y el Lincoln Institute of Land Policy en 2013.

Land Lines: ¿Cómo se involucró usted con el Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: En 1991, conocí a varios funcionarios del Instituto mientras realizaban un viaje de exploración por México. Mantuve el contacto con ellos porque me interesaba el enfoque del Instituto respecto de la política urbana. Mi relación con el Instituto se afianzó en el año 1998 en una reunión que tuvo lugar en El Cairo, organizada por el Grupo Internacional de Investigaciones sobre Derecho y Espacio Urbano (IRGLUS), en la que el Instituto expresó su interés en un enfoque sociolegal de los problemas del suelo urbano. En el año 2000, tuve el honor de que me invitaran a formar parte del directorio del Instituto. Desde entonces, he mantenido un contacto permanente con el equipo y los programas del Instituto Lincoln.

Land Lines: ¿Por qué la adquisición pública de suelo se ha convertido en un problema tan crítico, en especial en América Latina?

Antonio Azuela: La expropiación (es decir, la adquisición obligatoria de suelo por parte del Estado) es un tema muy importante en todo el mundo, ya que es una manera de obtener terrenos para proyectos urbanos públicos. Sin embargo, en América Latina este problema es aún más crítico, debido a la naturaleza débil del Estado en cuanto a los asuntos urbanos. Antes de la transición democrática que experimentó la región, los gobiernos obtenían terrenos fácilmente mediante el uso de mecanismos que se considerarían cuestionables en una democracia. Pero la transición fortaleció al poder judicial, que, por lo general, no es proclive a las intervenciones del gobierno en el mercado. Hoy en día, los propietarios privados tienen cada vez más posibilidades de interferir en la adquisición pública de suelos en la región (con la notable excepción de Colombia, donde una amplia coalición de diferentes profesionales, jueces y organizaciones sociales apoya la doctrina de la función social de la propiedad). Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en la compensación exorbitante que algunos tribunales han otorgado en casos de expropiación de suelo en la ciudad de México y en São Paulo.

Land Lines: ¿Cuáles son los principales puntos en conflicto?

Antonio Azuela: El primero es la adopción de políticas económicas que defienden un rol menor del Estado. El segundo tiene que ver con la condición legal de los derechos de propiedad. Cuando las reformas constitucionales permiten a los jueces limitar la facultad de expropiación, dicha restricción no es necesariamente mala, ya que puede dar como resultado una administración pública de mayor calidad, aunque, a corto plazo, ha interferido en la facultad del gobierno de adquirir terrenos urbanos para proyectos públicos. Existen dos excepciones notables: en Brasil y en Colombia, las reformas constitucionales han establecido políticas urbanas inspiradas en ideas de justicia social, aunque solamente en Colombia existe una nueva generación de jueces que actúan conforme a estos principios. En Brasil, los tribunales se encuentran dominados por la visión liberal clásica de la propiedad privada, lo cual interfiere en la capacidad de implementar la función social de la propiedad, una idea que ha circulado por América Latina durante casi un siglo.

Land Lines: Muchas jurisdicciones prefieren adquirir terrenos en el mercado abierto en lugar de utilizar instrumentos tales como la expropiación.

Antonio Azuela: La expropiación no debería ser la primera opción para adquirir terrenos. El desafío es que el gobierno pueda regular diferentes clases de instrumentos con el fin de lograr un objetivo general: reducir el componente del suelo en el costo total del desarrollo urbano. La utilización de la expropiación debe estar garantizada por un marco legal sólido que establezca un equilibrio adecuado entre el poder del Estado y el poder de los propietarios, y debería representar la última alternativa a la hora de adquirir terrenos para proyectos urbanos públicos.

El gran problema es el costo del suelo, pero los mecanismos de intervención del gobierno pueden inflar los precios. Por ejemplo, si no se espera que el uso de la expropiación aumente el valor del suelo y los jueces determinan que la expropiación es el enfoque adecuado, entonces este instrumento puede tener un impacto positivo en los mercados inmobiliarios. Al menos, podemos esperar que la adquisición de terrenos por parte del gobierno no genere un aumento de precios.

Land Lines: ¿Cuáles son los principales resultados de su investigación en torno a la utilización de la expropiación para el desarrollo urbano en la región?

Antonio Azuela: Aunque existe una tendencia general de fortalecer los derechos de propiedad, que interfiere en la facultad de expropiación, se observan diferentes variaciones en dicha tendencia dependiendo de la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en los gobiernos post autoritarios de la región. El proceso de cambio institucional depende menos de las tendencias mundiales que de las fuerzas nacionales o incluso locales, ya que puede observarse que ciertas ciudades siguen caminos diferentes a otras ciudades de un mismo país. Aun cuando los gobiernos municipales adoptaran la misma estrategia, los tribunales de una región protegerán a los propietarios en mayor medida que los tribunales de otras regiones. El área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, ilustra de qué manera el sistema institucional de la expropiación no es homogéneo, aun dentro de la misma área metropolitana. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas que viven en asentamientos informales (denominados “villas miseria”) han recurrido a los tribunales y han impedido el desalojo. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el clima político es tal que no existe amenaza de desalojo: la expropiación se utiliza con el fin de garantizar a las personas la permanencia en el lugar donde se han asentado.

Otra lección importante que podemos extraer es que, en América Latina, no existe un diálogo auténtico acerca de la importancia de la expropiación o de las diferentes maneras en que los tribunales han abordado los dilemas que la expropiación presenta. Aunque el pensamiento constitucional de la región es muy rico en ideas sobre ciertos problemas legales, tales como los derechos de los aborígenes y de los ancianos, las políticas urbanas (en particular, la expropiación) no han generado debates profundos entre los juristas. Lamentablemente, estos problemas parecen ser considerados como excepciones, a pesar de la enorme cantidad de personas que vive, ya sea sufriendo o disfrutando, en los grandes centros urbanos.

Land Lines: ¿Las compensaciones por expropiación son arbitrarias o injustas? De ser así, ¿para quién?

Antonio Azuela: La compensación inadecuada es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos para el futuro desarrollo de la expropiación como instrumento de política de suelo. En algunos casos, los gobiernos pueden aprovecharse de la impotencia de ciertos grupos sociales y ofrecerles una compensación ridículamente baja por sus tierras o casas. En otros casos, el poder económico y la influencia de ciertos propietarios pueden generar compensaciones exorbitantes. Pero más allá de estos dos casos extremos, en los que el propietario afectado es o muy vulnerable o muy poderoso, resulta difícil discernir una tendencia dominante.

Una respuesta más precisa a su pregunta requeriría un estudio de mercado sobre una gran cantidad de casos de expropiación a fin de determinar si la compensación es alta o baja al compararla con criterios preestablecidos. No obstante, según las investigaciones existentes, los tribunales generalmente no poseen criterios claros o ampliamente compartidos para determinar si las compensaciones son justas. Además, los tribunales carecen de la capacidad de comprender lo que está en juego en un proceso de transformación urbana en el que se utiliza la expropiación. Consideremos, por ejemplo, el caso de una familia prominente de Ecuador que recibió una compensación muy alta por la expropiación de suelo de cultivo que poseía en la periferia de Quito. Lo notable aquí fue que el organismo que falló en este caso fue el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y resulta evidente que este tribunal no estableció criterios claros para determinar la suma de la compensación, sino que simplemente realizó un promedio de las valuaciones presentadas por cada una de las partes. La compensación zen este caso fue la más alta que haya otorgado este tribunal superior, que fue creado con el fin de atender las violaciones a los derechos humanos cometidas por dictadores, aunque terminó beneficiando a los propietarios privados a expensas del interés público. El hecho de que este caso no haya generado un escándalo entre los constitucionalistas de la región indica el grado de marginalización que presentan los problemas legales urbanos en América Latina.

Land Lines: ¿Cuáles son las tendencias que usted ha observado que están cambiando?

Antonio Azuela: Observo con cierto optimismo que muchos tribunales y gobiernos municipales de la región están atravesando un proceso de aprendizaje e intentando no repetir los errores judiciales del pasado. Lamentablemente, estas lecciones raramente trascienden el área local afectada para incorporarse al saber jurídico regional común.

Land Lines: ¿Qué tipo de educación o capacitación recomendaría usted?

Antonio Azuela: Lógicamente, debemos intensificar el intercambio entre las diferentes disciplinas y países y colocar a los tribunales en el centro del debate, ya que estos son los que tomarán las decisiones finales. Sus fallos deberían expresar la mejor síntesis posible de un acervo de conocimientos que debemos construir en torno a la dinámica urbana de la región. En los contactos que hemos tenido con diferentes tribunales, con el apoyo del Instituto Lincoln, descubrimos que, una vez establecido el diálogo, los jueces ven la necesidad de aprender más a fin de comprender los efectos de sus decisiones. En otras palabras, aunque los tribunales parecen no mostrar un gran interés en los problemas urbanos, tal como se demuestra en la actitud rutinaria de sus decisiones diarias, pueden igualmente entrever nuevas perspectivas para su propio desarrollo profesional dentro del contexto de un análisis crítico de problemas urbanos.

Land Lines: ¿Cuáles son los problemas críticos que deben analizarse en mayor profundidad? ¿Qué es lo que aún no sabemos?

Antonio Azuela: Deberíamos intentar comprender la lógica de las decisiones emanadas de los tribunales de la región. Con frecuencia interpretamos de manera simplista las medidas tomadas por los tribunales, ya que los medios de comunicación tienden a amplificar los peores casos. No obstante, muchos jueces se esfuerzan por encontrar la mejor solución posible para cada caso. ¿Y en qué condiciones realizan su labor? Uno de los desafíos que conlleva investigar estos problemas en América Latina es el de comprender el mundo real en el que se toman dichas decisiones, además de los temas de la corrupción y la incompetencia, tan comunes pero siempre relevantes. Debemos analizar los datos estadísticos con el fin de obtener tendencias generales, junto con la aplicación de un enfoque etnográfico sobre el funcionamiento de los tribunales. Sólo entonces seremos capaces de entender qué es lo que debe reformarse para mejorar el rendimiento de los tribunales en los conflictos urbanos. Aunque es muy importante determinar quién resulta favorecido por las decisiones de los tribunales (lo que puede lograrse analizando el contenido de los fallos judiciales), necesitamos comprender mejor las condiciones en las cuales se toman dichas decisiones. Y para ello, debemos acercarnos mucho más a los tribunales.

When people think of growing food in the United States, the images that come to mind are vast stretches of vegetable and fruit tree farms in California’s Central Valley, golden fields of wheat in the Plains states, and cows grazing on verdant rural landscapes in the Midwest and New England. Rarely is the image one of farming inside American cities. Yet, in an increasing number of cities today—especially those substantially affected by structural economic change and population loss over the past several decades—community-based organizations are growing food for the market on vacant lots, in greenhouses, and even in abandoned warehouses. Some of these groups market their products at local farmers markets, roadside stands, restaurants and supermarkets. Others convert their harvests into value-added products like salad dressings, jams and salsas for sale in regional markets.

A Conceptual Three-Legged Stool

Our recently completed study, supported by the Lincoln Institute, explored the characteristics of entrepreneurial urban agriculture in the U.S., key obstacles to its practice, and ways of overcoming these obstacles. The study framework can be visualized as a wobbly three-legged stool that needs to be made sturdier. One leg of the stool represents inner-city vacant land and the government agencies and their policies that affect its disposition and management. The scale of the vacant land problem in many American cities, particularly in the Midwest and Northeast, is significant. Philadelphia, for example, has an estimated 31,000 vacant lots and as many as 54,000 vacant structures that, if demolished, would add considerably to its vacant land supply. Detroit’s inventory of 46,000 city-owned vacant parcels is accompanied by an estimated 24,000 empty buildings. Even smaller cities are faced with a stockpile of vacant land. In Trenton, New Jersey, a city of 85,000 people, eighteen percent of the land is vacant. Despite the spread of gentrifying neighborhoods and new in-town developments in many cities, considerable amounts of vacant land, especially in disadvantaged neighborhoods, will likely continue to lie fallow because of limited market demand.

The second leg represents for-market urban agriculture, a movement of individuals and organizations who wish to produce food in cities for direct market sale. The initiators of these projects are a diverse group-community gardeners, community development corporations, social service providers, faith-based organizations, neighborhood organizations, high schools, animal husbandry organizations, coalitions for the homeless, farmers with a special interest in urban food production, and profit-making entrepreneurs. Proponents of for-market urban agriculture put forth a wide range of benefits, such as instilling pride and greater self-sufficiency among inner-city residents; using vacant lots in disadvantaged neighborhoods to nurture growth rather than to collect trash; supplying lower-income residents with healthier and more nutritious foods; providing local youth with jobs in producing, processing and marketing organically grown food; and reducing the amount of unproductive city-owned vacant land.

The third leg of the conceptual stool represents the institutional environment for urban agriculture within cities. Is it accommodating, neutral, skeptical or restrictive? The more that entrepreneurial urban agriculture is seen positively by local government officials, local foundations and the public, the greater the likelihood of a smoother future. But, when the institutional climate is indifferent or cool, then urban farming advocates will clearly encounter more difficulties. We found the overall climate for entrepreneurial urban agriculture to be mixed, with some supporters, many who seemed indifferent, some skeptics, and even a few who were decidedly hostile to the idea.

A Medley of Projects

Our study uncovered more than 70 for-market urban agriculture projects throughout the country. Four representative examples are summarized here.

Greensgrow Farms, Philadelphia

This small for-profit producer of hydroponically grown vegetables epitomizes the potential that agriculture offers as an urban land use. Greensgrow began in 1997, when two former chefs envisioned a practical way to meet the demand from Philadelphia restaurateurs for fresh, organically grown produce. Greensgrow occupies a three-quarter-acre site in North Philadelphia that has been cleaned of the contamination left from its former use as a galvanized steel plant. After a site lease was arranged through the New Kensington Community Development Corporation, the partners built an extensive hydroponic system to produce gourmet lettuces.

Greensgrow has since taken advantage of an EPA sustainable development grant and a donated greenhouse to grow and market lettuce, heritage tomatoes, herbs and cut flowers to 25 area restaurants after the outdoor growing season ends. The for-profit side of Greensgrow expects to break even in 2000 with revenues of $50,000. Its community-based side has hired three welfare-to-work participants and intends to develop a job training and entrepreneurial program in collaboration with the nearby Norris Square CDC.

Growing Power, Milwaukee

In some cities, farm sites may be part of a larger enterprise. For example, inner-city youth in Milwaukee are providing horticulture and landscaping services on a number of central city sites under the auspices of Growing Power, Inc., which is co-directed by an African-American farmer and a woman active in youth gardening and training. The organization aims to help inner-city youngsters attain life skills by cultivating and marketing organic produce, and to operate a community food center that can serve the broader community through education and innovative programming.

Growing Power’s nerve center, on a 1.7-acre site on Milwaukee’s north side, is a collection of five renovated greenhouses that were in dilapidated condition when purchased from the city in 1992. The center also features a farmstand, a vegetable garden and fruit trees, and an area where food waste from a local supermarket is being converted into compost. The greenhouses contain thousands of starter vegetable and flower plants, ten three-tank aquaculture systems (where tilapia, a freshwater fish, grow in inexpensive 55-gallon plastic barrels) and a vermiculture project consisting of wooden bins in which worm castings are collected by youngsters and sold back to Growing Power for use in its city gardens. Marketing some of its products to the public is also part of Growing Power’s mission.

The Food Project/DSNI Collaboration, Boston

The Dudley Street Neighborhood Initiative, a well-known example of community organization and empowerment, considers urban agriculture essential to the transformation of its section of Roxbury into an urban village. Since 1993, this effort has been aided by DSNI’s collaboration with The Food Project, based in the Boston suburb of Lincoln. Like Growing Power, The Food Project aims to link youth development with the enhancement of urban food security. Its core activity is a summer program involving up to 60 high school students, some from the suburbs and some from Roxbury, in cultivating organic produce on a 21-acre farm in Lincoln and on two parcels within DSNI’s target area.

Collards, tomatoes and herbs now grow within sight of the new housing units developed by DSNI’s associated organizations. Much of the harvest is sold at a weekly farmers’ market in the nearby Dudley Town Common. The young farmers have become proficient at presenting their activities to Bostonians visiting the market and at youth gatherings nationwide. For the future, DSNI and The Food Project have identified other sites in Roxbury on which to expand urban food production. In addition, DSNI will convert a former garage in the neighborhood into a 10,000 square foot community greenhouse.

Village Farms, Buffalo

A corporate presence in urban agriculture is rare, but a notable exception is Village Farms in Buffalo. The goal of Village Farms’ parent corporation, AgroPower Development (APD), is simply to maximize profits, although it does provide jobs for central city residents. In its 18-acre greenhouse, the company uses a Dutch growing method whereby tomato plants are grown in porous, rock-wool blocks to produce up to eight million pounds of tomatoes a year, which are marketed primarily to area supermarkets.

A number of incentives lured Village Farms to a vacant 35-acre industrial site close to the downtown that sits in both a federal Enterprise Zone and a city economic development district. Although APD does not release sales figures, it is satisfied with the operation and hopes to replicate it in other cities. For its part, the city of Buffalo points to Village Farms as a success story-an innovative, nonpolluting business that is using vacated industrial land.

Overcoming Obstacles

The obstacles to urban agriculture can be formidable, but persistence, organizational capacity, political savvy, outside support, and some good fortune have demonstrated that they are not insurmountable.

Site-related Obstacles

Several critical problems in producing food inside cities are tied to attributes of the sites themselves. First, vacant urban parcels give visible and sometimes less-visible evidence of past use. While they may be cleared of debris and rubble, almost all sites have some subsurface contaminants that may affect the safety of any produce harvested. This obstacle can be overcome through several approaches that together have come to characterize urban agriculture practice. Planting crops in raised beds of clean, imported soil is the most straightforward approach, and is less costly than the more involved practice of amending existing urban “soil” with truckloads of compost and humus. Soil-free hydroponic practices avoid the contamination issue, as in the elaborate Greensgrow system that sits four feet above cracked concrete, and give urban agriculture the cutting-edge feel displayed at Village Farms.

A second, more challenging site-related obstacle is lack of tenure, since the majority of urban agriculture activities are on sites owned by private landowners or public agencies who view urban food production as a temporary use. This is a common concern for community gardeners, and has carried over into entrepreneurial city farming endeavors. One solution is represented by the growing number of open space land trusts that acquire title to properties on which urban farming is already being practiced.

The logic of the urban land market results in a third site-related obstacle-the view that the value of a vacant parcel is primarily economic and that urban agriculture produces low revenues compared to other forms of land development. One way to overcome this perception is to emphasize that most urban agriculture activities are initiated by non-profit organizations for the community good. Thus, city farming should be seen by the public as a combination of earned revenue (in the case of market operations) and less quantifiable social benefits that are equally if not more important to the larger community interest.

Perceptual Obstacles

The greatest overall obstacle to urban agriculture is skepticism among those who, in different ways, can support and influence its initiation and practice-local government, private landowners, financial supporters and community residents. Their skepticism is based on either a simple lack of awareness or the conventional means of valuing urban land based on market factors. Another group of concerns reflects doubts about the wisdom of growing food in cities because of site contamination, security and vandalism, or the “highest and best land use” argument. A related perception is simply that agriculture is a rural activity that does not belong in the city.

A key to effectively overcoming these perceptions is to understand that the future of city farming depends on the level of acceptance and support it can garner from institutions such as local and state governments, the federal government, local philanthropic foundations, CDCs, the media and neighborhood organizations. Time after time, the city farming advocates we interviewed stressed the importance of “packaging” their activities to decision makers and the public so that the multiple benefits could be seen and valued clearly.

Conclusion

Both vision and reality informed this study. The vision foresees a scenario where vacant land in parts of American cities would be transformed into bountiful food-producing areas managed by energetic community organizations that market some or all of the food they grow for the benefit of community residents. Proponents of such a vision would clearly like to see urban farming’s small footprint enlarged in cities with increased supplies of vacant land. The reality, however, is more sobering. Many for-market urban agriculture projects are underfunded, understaffed, and confronted with difficult management and marketing issues. Nor is urban agriculture on the radar screens of many city government officials as a viable use of vacant inner-city land.

Yet, signs of a more hopeful reality are apparent. A diverse array of innovative for-market city farming ventures are making their presence known, and pockets of support for city farming are found among local and higher-level government officials, community organizations, city residents and local foundations in several cities. Some entrepreneurial urban agriculture projects are beginning to show small profits, while many more are providing an array of social, aesthetic, health and community-building benefits. The legs of the nascent movement of for-market city farming are gradually becoming sturdier.

Reference

Kaufman, Jerry and Martin Bailkey. 2000. “Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States.” Lincoln Institute Working Paper.

Jerry Kaufman, AICP, is a professor in the Department of Urban and Regional Planning at the University of Wisconsin-Madison. He teaches and does research on older American cities and community food system planning. Martin Bailkey, a senior lecturer in the Department of Landscape Architecture at the University of Wisconsin-Madison, is conducting research on how community organizations gain access to vacant land in U.S. cities.

Conservation easements have become an important new tool for protecting environmentally significant open space. In the past, permanent restrictions against development often required outright purchase of the property by a governmental entity, land trust or other conservation organization. If the land remained in private ownership there was no assurance that a future heir or purchaser might not undertake construction on the site or sell it for development.

Conservation easements, which may be donated by landowners or purchased by conservation organizations or governmental agencies, provide permanent protection against development, but allow land to remain in private hands. This combination of open space protection and private ownership is a significant innovation that can address the conservation, planning and fiscal goals of landowners, conservation organizations and communities simultaneously.

Often those with the strongest appreciation for open space and commitment to its preservation are the families who have preserved their own land for generations and have no interest in selling it to a local government or environmental organization. Such organizations, in turn, rarely have the funds necessary for the outright purchase of all the land they seek to protect, and may not have the resources even to maintain land received by gift. Finally, ownership by governmental entities or charitable organizations generally results in an outright exemption of the land from property taxation. Continued private ownership coupled with a transfer of development rights leaves at least some portion of the property value on the tax rolls, thus benefiting the community at large.

What portion of the unrestricted land value remains taxable is a contentious and in many instances unanswered question, however. Some states that have adopted legislation permitting the establishment of conservation easements have determined that assessment of the land for property tax purposes must take this diminished development potential into account. Idaho statutes on the other hand assert that imposition of a conservation easement is not to affect property tax value. Many state laws are silent on the point, as is the Uniform Conservation Easements Act, a model law that serves as the pattern for a number of state enactments.

In many cases valuation of conservation land with restrictions is essential not only for property tax purposes but for calculation of a federal income tax deduction as well. Stephen Small is a Boston attorney who drafted the U.S. Treasury regulations on treatment of conservation easements as charitable donations of development rights. At a Lincoln Institute conference in Phoenix, Arizona, in February, he explained the detailed requirements that owners must meet in claiming this deduction.

Small also described the conservation implications of the demographic distribution of land ownership in this country. A large amount of property is now held by an older generation that has experienced enormous appreciation in the value of this asset. Estate tax planning will be crucial to the future use of this land. Small explained that in many cases conservation easements could reduce or eliminate pressure to sell family land for development in order to meet estate tax obligations.

The Phoenix conference brought together more than 120 specialists in land use, property taxation, appraisal and environmental issues to discuss valuation and legal aspects of conservation easements. Cosponsored with the Arizona chapter of the Nature Conservancy and the Sonoran Institute, this meeting was one in a series of similar conferences held by the Lincoln Institute over the past five years. The Institute welcomes inquiries from potential participants and cosponsors of future courses on this topic.

Joan Youngman is a senior fellow of the Lincoln Institute and director of the program on the taxation of land and buildings.

In preparation for the 2003–2004 academic year, the Lincoln Institute has made some changes in its departmental structure. We established the Department of International Studies to integrate the Institute’s international research and educational programs that address key land and tax policy issues identified by the existing departments of Valuation and Taxation and Planning and Development. This new department’s work includes the well-established Program on Latin America and the Caribbean and a new Program on the People’s Republic of China, as well as ongoing programs in Taiwan, Central and Eastern Europe and other areas of the world.

Cities in developing nations, and in Latin America in particular, vividly illustrate the contemporary relevance of Henry George’s concerns about progress engendering poverty through constraints on access to land ownership and persistent informality in land markets. The ten-year retrospective article on the Latin America Program (see page 8) provides an overview of the changing context of land and tax policy in the region and a review of the Institute’s current programs.

The new Program on the People’s Republic of China addresses the fundamental problems of land allocation, land taxation and the development of land markets in one of the world’s fastest growing economies. The Institute has an agreement with the Ministry of Land and Resources in Beijing to collaborate on researching and teaching land and tax policy (see Land Lines April 2003). Other partners in this initiative are the National Center for Smart Growth and the Institute for Global Chinese Affairs at the University of Maryland; the Development Research Center of the State Council; the China Development Institute in Shenzhen; and several university and local government departments.

China initiated fundamental and revolutionary land use reforms during the mid-1980s, addressing privately held land use rights, land banking, land trusts, land readjustments, and development of land markets in both urban and rural areas. The Institute will contribute to the implementation of these reform measures by sponsoring educational and training programs for Chinese public officials and practitioners and by supporting research and publications by both international and Chinese scholars. Institute faculty with expertise in urban and regional planning, real estate development, land economics and property taxation will introduce curriculum materials designed for China that build on our work in Latin America and other regions of the world.

The Institute is also continuing its long-term educational and research programs in collaboration with the International Center for Land Policy Studies and Training in Taiwan, including the annual cosponsored course on “Infrastructure Planning and Urban Development” for public officials from developing countries. Institute faculty associated with the Department of Valuation and Taxation are involved with officials from the public and private sectors in Central and Eastern European countries as they develop and implement land and tax reforms

I believe this new department will help us operate more efficiently abroad and better integrate our international experiences in all areas.

The Lincoln Institute’s China Program was established several years ago, in part to develop training programs on property taxation policy and local government finance with officials from the State Administration of Taxation (SAT). The Institute and SAT held a joint forum on international property taxation in Shenzhen in December 2003, and more than 100 participants attended another course held in China in May 2004. In January 2005, 24 Chinese tax officials from 15 provinces visited the United States for additional programs; many of them are developing property tax systems in six pilot cities. The Institute also supports the Development Research Center (DRC) of the State Council to research property tax assessment in China, and they jointly organized a forum in February 2005.

Economic growth and institutional reforms in China over the past two decades have created profound changes within the society. The central authorities now need to set forth new policies and procedures for modern governance to address devolution of certain authority to local governments, rapid urban and rural development, and changes in land uses and land and fiscal policies. The national government’s commitment to further modernization is most evident in the effort to develop and implement a new property taxation system.

This article describes the current system and discusses issues and challenges that must be overcome to implement a successful property tax policy in China. Given the complexity of this endeavor and the huge variation in economic development across the country, a gradualist approach, which has proved effective in China’s modernization process, may be the best way to initiate property tax reform and development.

Current Taxation System

China collects 24 types of taxes. The central and local governments share the value added tax (VAT) and business tax revenues; the former tax is the primary revenue source for the central government, whereas the latter is the most important tax for local governments. Two other important tax sources for the central government are the consumption (excise) tax and the personal income tax. Twelve taxes are related to land and property, but most do not generate significant revenues. The business tax accounted for 14.41 percent of total central and local government revenues in 2002, but only a small portion of that amount was generated from property-related sources. The reason is that business and income taxes are collected only when land or property is rented or sold, and thus do not provide a steady stream of revenue. It is hard to imagine that any of the 12 property-related taxes could play a key role in resource allocation and local government finance over the long term.

An evaluation of the current tax system reveals additional concerns.

• The tax structure is out of date. The urban real estate tax was developed in 1951 and several other taxes, including the farmland occupation tax, the urban land use tax and the housing tax, were institutionalized in the late 1980s. Given the tremendous advances in economic and institutional reform since then, China’s tax system needs to be updated to function effectively within this new context.
• Domestic and foreign entities operate under differing tax bases and rates. The Chinese government offers tax incentives to foreign entities to attract foreign direct investment that domestic investors do not receive. In addition, domestic land users pay the urban land use tax and housing tax, whereas foreign land users pay the urban real estate tax. Furthermore, structures used for commercial or industrial purposes in rural areas do not pay any land- or property-related taxes. As a result of these differing tax policies, the overall tax rate for foreign enterprises is generally 10 percent lower than that for domestic enterprises.
• Several of the taxes are redundant. For example, the business tax and housing tax are both based on housing rental income; the land value incremental tax, enterprise (corporate) income tax and personal income tax are all based on the net rental or transaction income from property.
• Land and property taxes are levied on transactions rather than asset holdings. This arrangement produces a market-dependent revenue stream and is vulnerable to fluctuations over time.
• The tax base is narrowly defined. Properties used for commercial purposes are subject to certain taxes, but residential properties are exempt.
• The tax system is not well equipped to address the complexities of emerging market development. For instance, current land and property taxes impede the development of real estate markets for mortgaging, re-renting and subleasing transactions.

The shortcomings in the current taxation system have resulted in major fiscal problems for the central government, such as declining revenue mobilization and ineffective use of tax policy to leverage macroeconomic policy (Bahl 1997). When the government conducted tax reform in 1993 to overcome some of the problems, one of the largest initiatives shifted responsibility for urban and public services to local governments.

This measure was successful in improving the central government’s fiscal condition; however, the revenue share for local governments was not increased at a level commensurate with their increased responsibility. Consequently, many local governments face increasing budgetary deficits. Figure 1 illustrates the financial deficit for local governments after the 1993 tax reform. More than one-third of county-level governments have serious budget problems and over half of the local governments directly below the provincial level have budgets that merely cover the basic operations of public entities.

Public Land Leasing

One of the means by which local governments increase revenues in the absence of an effective taxation system is through public land leasing. In the late 1980s and early 1990s, the state introduced market principles into the decision-making process regarding land use and allocation by separating land use rights from ownership. This separation promotes the development of land markets, which in turn have created tremendous impacts on real estate and housing development, urban land use and land allocation. Except for a short yet dramatic drop in the early 1990s due to a macroeconomic policy designed to prevent the national economy from overheating, the prices for access to land use rights and public land leasing rates have been increasing steadily.

Despite the significant number of land leasing transactions, the government closely regulates and controls the amount of land being leased by maintaining a monopoly on land supply (Ding 2003). Most land in rural areas still belongs to the collectives, and urban construction is prohibited on rural land unless it is first acquired by the state. Land developments that occur on collectively owned rural land are considered illegal, and administrative efforts such as monitoring and inspecting have been implemented to eliminate these violations.

General land use plans and regulations to preserve cultivated land further control the amount of land available for urban development. The land use plans determine the total amount of land that can be added to existing urbanized areas through an annual land supply quota. At the same time, China’s preservation policy for cultivated land influences both land supply and the location of land available for urban development. The Land Administration Law specifies that at least 80 percent of cultivated land should be designated as basic farmland and prohibited from land development. Land productivity is the dominant factor used to delineate the boundaries of basic farmland. Since most cities are located in areas with rich soil resources, farmland protection designations commonly exist in urbanizing areas. Thus farmland protection inevitably results in urban sprawl and leapfrog development patterns requiring costly infrastructure investments and land consumption.

Financing Local Government. As a result of the government’s regulations and monopoly on selling land use rights, local authorities use the public land leasing system to increase their revenues through land use conveyance fees. For instance, Hangzhou City, the capital of Zhejiang Province with a population of almost four million, is among the top five in per capita national income and GDP. The city generated land conveyance fees of more than six billion YMB in 2002, more than 20 percent of the total municipal government revenues.

Interestingly, these fees were generated largely from selling to commercial users the right to access the state-owned land, yet commercial land development represented only 15 percent of total land uses in newly developed areas. The rest of the land was allocated to users through negotiation in which the sale price either barely covered the costs of acquiring and improving the land, or land was offered free to generate competition for businesses and investments.

Local governments can raise enormous revenues from limited-market transactions of land use rights, in part because land conveyance fees represent lump-sum, up-front land rent payments for a leasing period and in part because local governments exercise their strong administrative powers to require farmers to sell their land at below-market rates. When the government later resells the land at market rates, the price could be more than 100 times the purchase price. After considering the costs of land improvement, however, net revenues may be only ten times the total cost of the land.

Rising land prices resulting from the government monopoly allow local governments to use the land as collateral to borrow money from banks. These loans plus the revenue generated from conveyance fees accounted for 40 to 50 percent of the Hangzhou municipal government budget in 2002. In turn these revenues were used to fund more than two-thirds of the city’s investments in infrastructure and urban services.

Hangzhou City specializes in textiles, tourism, construction and transportation, and generates substantial revenue from business and value-added taxes, although the city’s share of income generated through the public land leasing system is also large. Many smaller cities and towns with fewer commercial and business resources use land leasing directly through land conveyance fees or indirectly as collateral to support up to 80 or 85 percent of their total investments in urban initiatives. These smaller cities must turn to land to generate revenues to fuel economic growth, launch urban renewal projects, and provide infrastructure and urban services that were neglected for a long time prior to the reform era. Land-generated revenue is also used to improve the overall financial environment, attract businesses and investments, and support the reform and reallocation of state-owned enterprises.

Negative Consequences. Despite the importance of public land leasing for income generation, the practice of using this tool to finance local governments may have serious consequences in the long run. The fiscal incentives that compel local governments to control and monopolize the land markets will negatively impact real estate and housing development, industrialization and land use. Furthermore, land is a fixed resource and ultimately there will be no more land left to lease for revenue.

Increasing pressure to protect the rights of farmers also makes it more difficult and costly to acquire land from farmers. As a result, local governments must increase land prices or face reduced revenues from land leasing. Finally, not only does land scarcity and farmer compensation pose a challenge to income generation, but recent policy reform now permits land owned by a collective to enter the land market directly. This change will prevent local governments from acquiring collective lands and exacting conveyance fees for these transfers.

Taxation Reform: Principles and Challenges

The fiscal deficits experienced by local governments and the problems with the resulting public land leasing system provided the impetus for the central government to restructure the entire taxation system. That reform is based on four guiding principles: (1) simplify the tax system; (2) broaden the tax base; (3) lower tax rates; and (4) strictly administer tax collection and management. The central authorities in charge of tax policy and administration offer several specific goals with respect to property-related taxes.

• Unify the tax system so that domestic, foreign, urban and rural entities are treated similarly.
• Terminate taxes at odds with efforts to foster the emergence of healthy land and real estate markets, such as the farmland occupation tax.
• Merge the housing tax, urban real estate tax, and urban land use tax into a single property tax, and treat domestic and foreign entities equally in levying this tax.
• Adopt a value-based property tax.

Considerable debate exists over the merits of the proposed property-related tax reform. Despite the lack of consensus as to the best option, the costs and benefits must be assessed to effectively guide the development and implementation of a new property tax system. In addition, several outstanding issues need to be resolved in order to implement the proposed land and property tax reform.

• What are the existing laws and statutes relevant to property rights and taxation, how will they be amended and how will new laws be developed to legislate the new system?
• What role will property taxation play in intergovernmental fiscal relations and local government financing?
• What will the objectives of property taxation be as a fiscal and land use tool?
• How should land and property taxation be tied to the concept of achieving value capture and financing urban infrastructure and services?
• How will the land and property tax system relate to and be consistent with land policy reforms such as public land leasing, land acquisition, and the development of land markets in urban and rural areas such as agricultural farming?

The implementation of a value-based tax also will require the assembly and cataloguing of massive quantities of data, which historically have not been collected systematically. Furthermore, the data that have been collected are stored in different locations and in paper format. The Ministry of Land and Resources records and handles land-related data and information, whereas the Ministry of Construction is in charge of structure-related information. Matching related records from different ministries and digitizing this data will take years if not decades and will require a huge investment of resources.

The Chinese public has limited understanding of property taxation systems, so education will be required to avoid potentially significant political resistance. Capacity building within the Chinese government also will require professional training in appraisal, evaluation, appeals and collection to achieve effectiveness and efficiency in the new tax system.

Conclusions

Despite these unanswered issues and challenges, the Chinese government appears committed to implementing property taxation reform. The application of the widely used and successful gradualist approach for implementing policy and institutional reforms will ensure that the development and institutionalization of the property tax system proceeds on course. For example, data for industrial and commercial structures is more complete and of higher quality than data for residential structures. Furthermore, newer structures tend to have better records than older structures, and records are more complete for structures in urban areas than in rural areas. Thus, applying the property taxation system first to commercial and industrial structures, newly developed land with residential structures, and urban areas will allow the system to take hold before attempts are made to implement change in the areas with greater obstacles to overcome.

References

Bahl, Roy. 1997. Fiscal policy in China: Taxation and intergovernmental fiscal relations. Burlingame, CA: The 1990 Institute.

Development Research Center. 2005: Issues and challenges of China’s urban real estate administration and taxation. Report submitted to the Lincoln Institute of Land Policy.

Ding, Chengri. 2003. Land policy reform in China: Assessment and prospects. Land Use Policy 20(2): 109-120.

Liu, Z. 2004. Zhongguo Suizi Gailan. Beijing: Jinji Chuban She. (China’s taxation system. Beijing: Economic Science Publisher).

Lu, S. 2003. YanJiu ZhengDi WenTi TaoShuo GaiKe ZhiLu (II). Beijing: Zhongguo Dadi Chuban She. (Examination of land acquisition issues: Search for reforms (II). Beijing: China Land Publisher.)

Chengri Ding is associate professor in the Department of Urban Studies and Planning at the University of Maryland, in College Park. He specializes in urban economics, housing and land studies, GIS and spatial analysis. He is also special assistant to the president of the Lincoln Institute for the Program on the People’s Republic of China.

Report from the President on Property Rights

As a city grows in size and building density, improvements to the land supporting the new development are usually part of the growth process. However, the combination of demand for additional construction sites and the limited amount of physical land available for development often results in land price increases.

This land scarcity is caused by three primary factors: the ability of landowners to retain serviced land from the market (attributed to a concentration of land ownership and legal and other institutional constraints); difficulties in accessing areas not yet prepared for occupation due to a lack of infrastructure; and restrictions imposed by zoning. Each of these factors has its own dynamics, but they are not necessarily present at the same time. Such is the case in Brazilian cities, particularly São Paulo, where these restrictive factors do not always operate in the same way with regard to land price.

For example, building regulations may reduce the land price of individual plots, but increase the overall price when the regulations affect all plots and thus restrict housing supply. A large stock of vacant land controlled by a few owners can cause price increases, while the lack of accessibility can result in lower prices. Land price also depends on the nature of the land regulation. As the city grows, the greater demand for buildable urban land generally results in added values if the existing infrastructure supports a more intense occupation of land and the zoning regulations (or changes thereto) also permit higher building density.

To examine these issues, we must consider first how the investment in infrastructure that provides or intensifies the means of access and use of land is financed; and second how the benefits and costs from the land improvements are distributed. Generally the cost of public services (e.g., streets, bridges, sewers, lighting, water) is paid with public funds, whereas the improvement or added value to the land created by the public investment in infrastructure, with few exceptions, is reaped by the owners of the improved property entirely free of charge.

Increases in property value also may result from simple changes in the use of land that is already accessible, for example when land previously considered rural is redefined as urban. Changes in potential densities due to new zoning regulations can create great benefits for the affected properties, although in this case as in the previous one future pressure on the infrastructure will require substantial public investment.

The Legal Framework

Owners of improved property in Brazil, as in most countries, traditionally appropriated the added value generated by public sector investment and zoning changes. The notion that owners should not be the only beneficiaries of such improvements was introduced in Brazil gradually during the 1970s, and this principle was incorporated in articles 182 and 183 of the 1988 Federal Constitution. These articles were subsequently regulated by Federal Law No. 10,257 of 2001, also known as the Urban Development Act or City Statute (Estatuto da Cidade).

Since 1988 urban development has been a matter of federal law. In practice, the federal legis-lation ratified the principle of the social function of urban land ownership and the separation of the right to own land from the right to build. Based on the 2001 act, the City of São Paulo approved its Strategic Master Plan in 2002 and Land Use Law 13,885 in 2004. These laws introduced the mechanism of Charges for Additional Building Rights (Outoga Onerosa do Direito de Construir–OODC), established minimum, basic, and maximum coefficients of land use (or floor area ratios), and limited the supply of buildable area. These tools, utilized together, enabled the municipality to improve land management efficiency, promote socially desirable outcomes, and increase revenues.

The minimum coefficient or floor area ratio (FAR) refers to the minimum use expected from a plot to comply with its social function; the basic FAR refers to the buildable area that any owner has the right to develop by virtue of ownership; and the maximum FAR is the amount of development that could be supported by the existing in-frastructure and zoning regulations. The charges associated with the OODC are imposed on the difference between the maximum FAR and the basic FAR of a plot.

The Administration of Building Rights

The OODC is the monetary compensation paid by those who receive new building rights (buildable area) from the government. This development con-cession (provided by articles 28, 29, 30, and 31 of Federal Law 10,257 of 2001 and defined in articles 209 to 216 of the 2002 Strategic Master Plan) is one of the regulatory instruments used to administer building rights in the city, except in areas designated for large-scale urban operations that use a special legal instrument to encourage public-private interventions (Biderman, Sandroni, and Smolka 2006).

The basic FAR of land use established in 2004 varies between 1 and 2, depending on the area of the city considered. The maximum FAR can be 1, 2, 2.5, or 4, also depending on the area. In some urban areas these new regulations reduced building rights by establishing a basic FAR of 1 for land that had been designated 2 or more under prior legislation. In parallel, the municipality of São Paulo used the OODC to extend the building potential or the maximum FAR up to 4 on land that previously could be developed up to only 1 or 2.

As a result, in certain areas where the FAR was reduced from 2 to 1, developers could submit projects using the former FAR 2, or even the maximum FAR 3 or 4, as long as they paid the government for the additional buildable area corresponding to the difference between the basic FAR and the FAR used in the project. This instrument favors developers, assuming they find the charges cost-effective, because it allows them to build up to FAR 4 in areas where formerly the maximum was FAR 2. Typical landowners do not always find this tool advantageous, however, since the building potential of their land may be reduced and a charge may be imposed on what they previously perceived as a right to build, free of any charges.

Landowners of small lots and low-density housing may not notice what they could be losing when the FAR is changed because they typically view their property as combining the land, building, and other improvements. It is difficult to separate the value of land from that of improvements, so an eventual land value decrease is not perceived immediately. Furthermore, the expansion of the real estate market in São Paulo coincided with the approval of this new legislation in 2004, and the overall increase in land prices may have compensated the eventual price decline associated with changes in FAR. It is also necessary to note that the expansion of government credit for house financing since 2006 contributed to an increase in demand for land and consequently the rise of land prices.

For the developers, the increase in FAR to 4 in areas where the maximum had been 1 or 2 constituted a favorable situation. They could invest more capital in land and make more profitable undertakings, thus compensating for the extra payment they made for the difference between the basic and the maximum FAR. Gradually, developers were convinced that it was better to pay this land value increment to the government than to private owners because the government converted the payments into improvements that frequently benefited the developers’ projects.

The 2002 Strategic Master Plan and Law 13,885 of 2004 also limited the supply of residential and nonresidential building potential in all city districts by establishing a total additional buildable area of 9,769 million square meters (m2): 6,919 million m2 for residential use and 2,850 million m2 for nonresidential use (table 1). This potential did not include the buildable areas inside the perimeter of São Paulo’s 13 urban operations. The additional areas were distributed among the 91 out of 96 city districts, excluding five environmentally protected areas. This definition and demarcation of the potential building stock introduced a new element to the real estate market.

Once the maximum building area was known, developers anticipated land scarcity in those districts where the supply was low and the real estate dynamic high, thus unleashing a trend in higher land prices. The lack of buildable area, in turn, lead to pressures from real estate developers for the government to increase the supply—that is, to change the building area limits in some districts during the 2007 revision of the master plan—but their efforts were not successful. By October 2010 the land supply had been exhausted, or was very close to it, for residential use in 17 districts and for nonresidential uses in 5 districts (figure 1).

Planning and Social Interest Factors

The formula to calculate the OODC charge adopted in São Paulo’s 2002 Strategic Master Plan takes into account planning and social interest factors in addition to the characteristics of the parcel and the actual economic benefit allocated to the property as a result of the OODC.

The planning factor is an instrument that seeks to encourage or discourage higher densities in certain areas, depending on the existing infrastructure, especially public transport and mass transit. The planning factor is also used to obtain greater financial compensation from the sale of building rights for businesses in improved areas of the city, as the coefficient varies according to whether the land use is residential or nonresidential.

The social interest factor establishes exemptions or reductions in the financial charge, depending on the type of activity to be developed on the parcel. The coefficient ranges from zero to one and is applicable to a variety of activities. For example, the coefficient for affordable or social housing is zero, which means that developers of this type of housing do not pay compensation for additional building rights. Similarly, nonprofit hospitals, schools, health and infant care clinics, cultural facilities, sports and leisure institutions, and houses of worship have a coefficient of zero.

These factors act as incentives for desirable social outcomes, since the smaller the planning and social interest factor coefficients applicable to a given area, the smaller the charge to be paid, and the greater the incentive for projects to be developed in the area.

Revenue Impact and Allocation of Funds

Total revenues from OODC payments reached R$650 million (US$325 million) in approximately five years, in spite of the global financial crisis that constricted credit by end of the period (table 2). These funds are deposited into the Urban Development Fund (FUNDURB), which was created to implement plans and projects in urban and environmental areas, or other interventions contemplated in the 2002 master plan.

As of September 2008, the number of projects approved to be financed by FUNDURB included 15 linear parks (R$42.5 million), sidewalk and street improvements (R$21.2 million), drainage and sanitation (R$108 million), community facilities (R$ 21.1 million), regularization of informal settlements (R$50 million), and restoration of culture heritage buildings (R$37 million).

Concluding Remarks

After the City of São Paulo approved the 2002 Strategic Master Plan, the principle of development concessions and buildable land was applied throughout its territory. When a real estate project exceeds the basic FAR and the developer wants to build up to a maximum of 4, payment of financial charges to the government is required. Since the OODC was introduced, revenues have increased annually. One should keep in mind that these revenues are net of the more than US$1 billion generated from 2 of the city’s 13 Urban Operations (Faria Lima and Agua Espraiada) where major zoning and density changes are occurring (Biderman, Sandroni, and Smolka 2006). In those areas the new building rights are priced through the auction of CEPACs, and the revenues must be invested in the area corresponding to the urban operation instead of going to the FUNDURB fund to benefit the city as a whole (Sandroni 2010).

The charge for building rights in São Paulo does not seem to have affected the profitability of developers. On the contrary, increasing the maximum FAR to 4 in some areas of the city contributed to enhancing the developers’ rates of return. However, setting a maximum reserve for building rights seems to have caused an upward trend in land prices, especially in districts where the supply of buildable area is low. In some districts developers proceeded to deplete the supply of residential building rights quickly. This type of response will probably intensify in the future, thus putting pressure on the city government to raise the maximum stock of buildable area and/or the maximum FAR. If this happens, there is a risk that the motivation to increase municipal revenue may outweigh urban planning criteria and the limitations of infrastructure, especially public transportation and mass transit.

Moreover, the flow of financial compensation will not be continuous. Unlike property tax revenues that recur annually, revenues from the sale of building rights will fade in time as the additional building potential is exhausted. In some sectors of the city the supply of buildable area has already been depleted, and the city has achieved its defined goal for building density. However, future changes in the master plan may provide greater building potential for these areas, depending on technical recommendations and the political conditions for the change to take place.

In sum, the application of the principle of the social function of property, embedded in the 2002 Strategic Master Plan for São Paulo, enabled the enactment of municipal legislation that clearly separates the right of ownership from the right to build. As a result, the traditional notion of all-encompassing property rights is no longer sustained, and land ownership cannot override the public interest or take precedence over the social function of property. Consequently, existing building rights can be reduced without landowners being entitled to monetary compensation simply because their hopes have been dashed.

About the Author

Paulo Henrique Sandroni is an economist who served as director of urban planning and public transportation for the City of São Paulo from 1988 to 1993, and for a short period he served the federal government as vice-minister of administration. He has published articles and books on economics, including a dictionary considered a primary reference on economics in Brazil. Sandroni is also a professor at the Economics and Business School at the Getulio Vargas Foundation in São Paulo, a private consultant on urban development and transportation issues, and a lecturer in programs sponsored by the Lincoln Institute of Land Policy.

References

Biderman, Ciro, Paulo Sandroni, and Martim O. Smolka. 2006. Large-scale urban interventions: The case of Faria Lima in São Paulo. Land Lines 18(2): 8–13.

Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria de Financas. www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas

Sandroni, Paulo. 2010. A new financial instrument of value capture in São Paulo: Certificates of additional construction potential. In Municipal revenues and land policies, Gregory K. Ingram and Yu-Hung Hong, eds., 218–236. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Antonio Azuela, a fellow of the Institute for Social Research at Mexico’s National University, holds law degrees from the Universidad Iberoamericana (Mexico) and the University of Warwick (England), as well as a Ph.D. in sociology from Mexico’s National University (UNAM). Since the late 1970s, he has been engaged in research and teaching on urban and environmental law from a sociolegal perspective. His book Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental (Visionaries and Pragmatists: A Sociological Approach to Environmental Law), Mexico: UNAM, 2006, is a sociological reconstruction of his experience as General Attorney for the Environment in the Mexican Federal Government, from 1994 to 2000. He has recently edited the book Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas (Expropriations and Social Conflict in Five Latin American Metropolises), published by UNAM and the Lincoln Institute of Land Policy in 2013.

Land Lines: How did you get involved with the Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: In 1991, I met several of the Institute’s officers while they were on an exploratory trip to Mexico. I stayed in touch, because I was interested in the Institute’s approach to urban policy. My relationship grew stronger in 1998 through a meeting in Cairo organized by the International Research Group on Law and Urban Space (IRGLUS), where the Institute expressed interest in a sociolegal approach to urban land problems. In 2000, I was honored with an invitation to join the Institute’s Board of Directors. Since then, I have been in permanent contact with the Lincoln Institute staff and programs.

Land Lines: Why has the public acquisition of land become such a critical issue, particularly in Latin America?

Antonio Azuela: Expropriation, also known as eminent domain (i.e., the compulsory acquisition of land by the state) is an important subject all over the world, because it is a way of procuring land for public urban projects. But in Latin America it is even more critical, due to the weak nature of the state regarding urban matters. Before the democratic transition in the region, it was easier for governments to procure land using mechanisms that would be questionable in a democracy. But the transition has strengthened the judicial branch, which is generally unsympathetic to government interventions in the marketplace. Now, it’s increasingly possible for private owners to interfere with the public acquisition of land in the region (with the notable exception of Colombia, where a wide-ranging coalition of professionals, judges, and social organizations supports the doctrine of the social function of property). This trend can be seen, for example, in the exorbitant compensation that some courts have granted for land expropriations in Mexico City and São Paulo.

Land Lines: What are the main watershed issues?

Antonio Azuela: The first is the adoption of economic policies that advocate a lesser role for the state. The second pertains to the legal status of property rights. When constitutional reforms empower judges to limit the power of eminent domain, this restriction is not necessarily bad, because it can lead to higher quality public administration, but in the short term it has interfered with government power to purchase urban land for public projects. There are two notable exceptions: In Brazil and Colombia, constitutional reforms have established urban policies inspired by ideas of social justice—though only in Colombia do we find a new generation of judges who act in accordance with these principles. In Brazil, the courts are dominated by the classic liberal view of private property, which interferes with the ability to implement the social function of property—an idea that has been circulating in Latin America for almost a century.

Land Lines: Many jurisdictions prefer to acquire land in the open market instead of using instruments such as eminent domain.

Antonio Azuela: Eminent domain should not be the first option for acquiring land. The challenge is for governments to regulate a variety of instruments in order to achieve a general goal, which is to reduce the land component of the total cost of urban development. The use of eminent domain must be guaranteed by a strong legal framework that can establish an adequate balance between the power of the state and the power of the landowners, and it should be the last option when acquiring land for public urban projects.

The big problem is the cost of land, but the mechanisms of government intervention can inflate prices. For example, if the use of eminent domain is not expected to increase land value, and the judges determine it’s the right approach, it can have a positive impact on land markets. At the very least, we can expect from governments that their acquisition of land does not raise prices.

Land Lines: What are the main outcomes of your research on the use of eminent domain for urban development in the region?

Antonio Azuela: While there is a general trend to strengthen property rights, which interferes with the power of eminent domain, this trend shows several variations, depending on the relationship between the judicial and executive branches in the post-authoritarian governments of the region. The process of institutional change depends less on global trends than on domestic and even local forces, as certain cities follow different paths from others in the same country. Even if all local governments were to adopt the same strategy, the courts in one region will protect landowners more than the courts in other regions. The metropolitan area of Buenos Aires, for example, illustrates how the institutional system of eminent domain is not homogeneous, even within the same metropolitan area. In the Autonomous City of Buenos Aires, for example, people who live in informal settlements (villas miseria) have gone to court and prevented evictions. In the Province of Buenos Aires, however, the political climate is such that there is no threat of eviction; eminent domain is used to ensure that settlers can remain where they are.

Another important lesson is that there is no authentic dialog in Latin America on the significance of eminent domain or on the various ways the courts have tackled the dilemmas it presents. While the constitutional thinking in the region is very rich in ideas about certain legal issues, such as the rights of indigenous people and the elderly, urban policies—in particular, eminent domain—have not triggered deep discussions among legal scholars. Unfortunately, these issues seem to be viewed as exceptions, despite the enormous number of people who live (suffering or enjoying) in large urban centers.

Land Lines: Are eminent domain compensations arbitrary or unfair? If so, for whom?

Antonio Azuela: Inadequate compensation is, no doubt, one of the great challenges for the future development of eminent domain as a land policy instrument. In some cases, governments may take advantage of the powerlessness of certain social groups and offer them ridiculously low compensation for their land or homes. In other cases, however, the landowner’s economic power and influence can result in exorbitant compensations. Beyond these two extremes, in which the affected landowner is either very vulnerable or very powerful, it is difficult to discern a dominant trend.

A precise answer to your question would require a market study of a large number of eminent domain cases in order to determine if the compensation is high or low when compared to preestablished criteria. The existing research has shown, however, that in general the courts do not possess clear and widely shared criteria for determining whether compensations are fair. Moreover, courts lack the capacity to understand what is at stake during the process of urban transformation in which eminent domain is used. Consider, for instance, the case of a prominent family from Ecuador that received a very high compensation for the expropriation of agricultural land on the periphery of Quito. What is remarkable is that this case was decided by the Inter-American Court of Human Rights, and it was obvious that the court did not establish clear criteria to determine the amount of compensation; it simply averaged the assessments submitted by the different parties. The compensation was the highest ever awarded by this high court, which was created to address violations of human rights committed by dictatorships yet ended up benefiting private property owners at the expense of the public interest. The fact that this case did not create a scandal among constitutionalists in the region indicates how marginalized urban legal issues are in Latin America.

Land Lines: What are some changing trends you have observed?

Antonio Azuela: I observe, with some optimism, that many courts and local governments in the region are undergoing a learning process, trying not to repeat prior judicial mistakes. Unfortunately, these lessons rarely transcend the affected local area and become incorporated into the common regional juridical knowledge.

Land Lines: What sort of education or training would you recommend?

Antonio Azuela: Logically, we need to intensify exchanges among different disciplines and countries, placing the courts at the center of the discussion, as they will make the final decisions. These decisions should express the best possible synthesis of a body of knowledge that we need to build around the urban dynamics of the region. In the contact we have had with the courts, with the support of the Lincoln Institute, we have found that once a dialog is established, judges understand the need to learn more in order to grasp the effects of their decisions. In other words, while the courts do not seem to show a great interest in urban problems, as evidenced by the routine attitude shown in their day-to-day decisions, they can see new perspectives for their own professional development in the context of a critical analysis of urban issues.

Land Lines: What are the critical issues that need to be investigated more deeply? What is it that we do not yet know?

Antonio Azuela: We should try to understand the logic of court decisions in the region. We frequently make a simplistic interpretation of the actions taken by the courts, because the media tend to amplify the worst cases. However, many judges make an effort to find the best possible solution to each case. Under what conditions do they operate? One of the challenges of investigating these issues in Latin America is to understand the real world in which these decisions are made, apart from the common but always relevant themes of corruption and incompetence. We need to analyze statistical information to observe general trends, combined with an ethnographic approach to the functioning of the courts. Only then will we be able to understand what needs to be reformed in order to improve the court performance in urban conflicts. While it is important to ascertain who is being favored by the court decisions—which can be done by analyzing the contents of judicial decisions—we need better understanding of the conditions under which these decisions are made. In order to do that, we need to get closer to the courts themselves.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En países subdesarrollados, la mayoría de los programas y propuestas de gestión urbana han requerido adoptar un criterio de orientación social a los derechos de propiedad, lo que garantiza una intervención estatal de amplio alcance sobre el control del uso y desarrollo del suelo. Ése es el caso particular de los programas de regularización del suelo.

Sin embargo, la adopción generalizada de políticas de liberalización y esquemas de privatización ha promovido una interpretación individualista y tradicional de los derechos de propiedad, que dificulta los intentos progresivos de disciplinar el uso y el desarrollo de la propiedad urbana.

Se trata de una paradoja aparente que revela la brecha entre una definición más progresiva de los derechos de propiedad y la tendencia actual en pro de la privatización. ¿Son estas tendencias mutuamente exclusivas, o pueden conciliarse hasta cierto punto?

Estas preguntas fueron el tema central de dos talleres de trabajo que tuvieron lugar en Johannesburgo (República Sudafricana) a finales de julio, dirigidos a legisladores, gestores urbanos y académicos. El Sexto Taller de Trabajo de “Legislación y Espacio Urbano” fue patrocinado conjuntamente por el Grupo Internacional de Investigación sobre Legislación y Espacio Urbano (IRGLUS) y el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS) de la Universidad de Witwatersrand. El Instituto Lincoln contribuyó a la realización de este taller y también patrocinó un seminario sobre seguridad de tenencia del suelo en la República Sudafricana, los países subsaharianos, Brasil y la India.

Marco de trabajo conceptual para la legislación y el espacio urbano

IRGLUS, un grupo de trabajo del Comité de Investigación en Sociología Jurídica de la Asociación Sociológica Internacional (ISA), se propone organizar debates sobre la dimensión jurídica del proceso de urbanización, con la idea de promover ese diálogo tan necesario entre los estudios jurídicos y los estudios ambientales urbanos. La mayoría de los estudios urbanos han reducido el aspecto legal —incluidas las estipulaciones jurídicas, las decisiones judiciales y la cultura jurídica en general— a su dimensión instrumental: una corriente rechaza la ley como si fuera nada más que un simple instrumento político de discriminación social y exclusión política, mientras que otra la da por hecho, como si se tratara de un simple instrumento técnico que puede brindar soluciones fáciles e inmediatas a los crecientes problemas urbanos y ambientales.

Para expertos y profesionales urbanos, no están claras las razones de las crecientes prácticas ilegales identificadas en zonas urbanas, particularmente las que se refieren al uso y desarrollo del suelo. Según los datos existentes, si se toman en cuenta los patrones de acceso al suelo y de construcción, pareciera que entre el 40 y el 70 por ciento de la población de las principales ciudades de los países subdesarrollados está, de uno u otro modo, al margen de la ley, y ese número no está limitado a la población de bajos recursos.

Muy pocos estudios se han preguntado el porqué de este fenómeno de ilegalidad urbana, por qué importa y qué puede hacerse. Los observadores, en general, no han podido visualizar la aparente división que hay entre las llamadas ciudades “legales” e “ilegales” como una intrincada red de relaciones muy cercanas y al mismo tiempo contradictorias entre las reglas oficiales y las no oficiales, y entre los mercados formales e informales de los suelos urbanos.

En la mayoría de los países subdesarrollados, la inexistencia de una política habitacional eficaz, en combinación con fuerzas comerciales descontroladas, despoja de soluciones habitacionales adecuadas a la vasta mayoría de la población urbana. Lejos de ser un fenómeno restringido a los pobres urbanos, la ilegalidad urbana necesita atención urgente, dadas sus graves consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para la sociedad y la estructura urbana como un todo.

Sin embargo, si bien la ilegalidad urbana es un reflejo de la poderosa combinación de los mercados del suelo y los sistemas políticos, también es resultado del sistema jurídico elitista y de exclusión que impera en los países subdesarrollados. La combinación de instrumentos jurídicos que no reflejan las realidades sociales que afectan el acceso a la vivienda y al suelo urbano, junto con la falta de leyes adecuadas, ha tenido un efecto sumamente nocivo y agravante, si no determinante, del proceso de segregación socioespacial.

Definiciones de los derechos de propiedad

Uno de los mayores problemas de la gestión urbana es la falta de soporte del sistema jurídico vigente para las políticas ambientales urbanas. Ciertamente existen provisiones retóricas, pero las provisiones básicas del sistema —especialmente las de naturaleza constitucional— no ofrecen apoyo jurídico alguno a dichas políticas. En este contexto, el punto central de atención es el de los derechos de propiedad, específicamente de inmuebles urbanos. En muchos países, las políticas urbanas con sesgo progresivo y social que amplían la acción estatal suelen estar reñidas con la definición constitucional de los derechos de propiedad.

En varias ponencias del taller del trabajo de IRGLUS/CALS se habló de cómo el abordaje tradicional a los derechos de propiedad individuales, imperante en muchos países subdesarrollados y típico del liberalismo clásico, ha favorecido intercambios económicos que han menoscabado la función social de la propiedad. Muchos intentos importantes para promover el uso y control del suelo, incluso la protección jurídica del ambiente y la herencia histórico-cultural, se han visto mermados por acciones que reducen fuertemente la intervención estatal en el dominio de los derechos de propiedad individuales. En repetidas ocasiones, los intentos para promover la regularización del suelo han enfrentado la oposición de terratenientes y tribunales conservadores, incluso en situaciones en que la ocupación del suelo ya había estado consolidada durante largo tiempo.

Mientras que la retención excesiva y especulativa del suelo urbano privado ha contado con un beneplácito tácito, la tan esperada ejecución de una política habitacional social eficaz ha sido más difícil debido a la necesidad de indemnizar a los propietarios de tierras vacantes a los precios del mercado. En muchos países, el sistema de derechos de propiedad individuales heredado de la época de la colonia no suele considerar los valores habituales tradicionales en la definición de los derechos de propiedad. Dado que dichos países han fallado considerablemente en reformar los cimientos del liberalismo jurídico-político, la discusión del llamado neoliberalismo no tiene sentido en este contexto.

Los participantes del taller de trabajo hicieron énfasis especial en las condiciones jurídico-políticas para que se reconozca la seguridad de la tenencia. Se hizo notar que agentes tan diversos como movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y de finanzas internacionales han planteado cada vez más argumentos diferentes, si bien complementarios, de tipo humanitario, ético, sociopolítico y, más recientemente, económico para justificar la necesidad de adoptar políticas públicas en esta materia. También es necesario adoptar argumentos jurídicos, entre ellos las viejas provisiones de la ley internacional y los principios fundamentales del estado de derecho referente a los derechos de vivienda y los derechos humanos, de forma de abrir paso a una nueva interpretación de los derechos de propiedad que tenga sesgo social y ambiental.

Gran parte de la discusión se centró en determinar si la seguridad de tenencia puede sólo y/o necesariamente alcanzarse al reconocer los derechos de propiedad individuales. En este sentido, el análisis de varios casos sugirió que la mera atribución de los derechos de propiedad no lleva por sí sola a la meta principal de la mayoría de los programas de regularización, o sea, a la completa integración de las zonas y comunidades ilegales al marco más amplio de la sociedad y estructura urbana. El consenso general fue que debe considerarse una amplia gama de opciones jurídico-políticas, desde la transferencia de propiedades individuales a algunas formas de tenencia absoluta y/o control de alquileres, hasta formas novedosas (aún sin explorar) de propiedad colectiva u ocupación con varios grados de control estatal.

Se argumentó que el reconocimiento de los derechos de tenencia del suelo urbano debe ocurrir dentro de un marco más amplio, integrado y multi-sectoral de planificación de la ciudad y del uso del suelo, y no como una política aislada, a fin de evitar distorsiones en el mercado del suelo que conduzcan al desalojo de los ocupantes tradicionales. Ejemplos de casos de estudios en Brasil, la India y la República Sudafricana han demostrado que, sea cual sea la solución adoptada en un caso particular, sólo funcionará bien si es resultado de un proceso de decisión democrático y transparente que incorpore eficazmente a las comunidades afectadas.

Por encima de todo, se aceptó que es necesario promover la redefinición de los derechos de propiedad, y de allí, el reconocimiento de la seguridad de tenencia, dentro de un contexto más amplio que concilie la reforma urbana con la reforma legislativa. La reforma legislativa es función directa de las autoridades urbanas. Requiere nuevas estrategias de gestión urbana basadas en nuevas relaciones entre el Estado (especialmente a nivel municipal) y la sociedad; relaciones intergubernamentales renovadas; y la adopción de nuevas formas de sociedad entre los sectores público y privado dentro de un marco de trabajo jurídico-político claramente definido.

La reforma legislativa requiere renovar el proceso general de toma de decisiones a fin de combinar mecanismos tradicionales de democracia representativa y nuevas formas de participación directa. En los últimos años, muchas municipalidades de varios países han introducido nuevos mecanismos que fomentan la participación de la población urbana en varias etapas de los procesos de decisión que afectan la gestión urbana. A nivel ejecutivo se observan ejemplos tales como la creación de comités, comisiones, etc., mientras que a nivel legislativo figuran los referendos populares, el reconocimiento de iniciativas individuales y/o colectivas en los procesos de legislación, como también la formulación de enmiendas populares a proyectos de ley. Una de las experiencias más interesantes y promisorias ha sido el “presupuesto participativo” adoptado en varias ciudades brasileñas, que permite la participación de organizaciones comunitarias en la elaboración de los presupuestos municipales.

Para finalizar, no podemos seguir haciendo caso omiso a la necesidad de promover reformas jurídicas y revisiones judiciales globales, especialmente aquéllas que incentiven el reconocimiento de derechos colectivos, amplíen el acceso colectivo a los tribunales y garanticen el cumplimiento de la ley. Países como la India y Brasil ya han incorporado una cierta noción de los derechos colectivos en sus sistemas jurídicos, habilitando la defensa judicial de los llamados “intereses difusos” en materias ambientales y urbanas por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales.

En otras palabras, la reforma urbana y el reconocimiento de la seguridad de la tenencia no son cosas que van a conseguirse solamente a través de la ley, sino también a través de un proceso político que apoye el tan aclamado “derecho a la ciudad” como noción política y jurídica. Una función muy importante de este proceso deben ejercerla agentes diversos como abogados, jueces y fiscales del gobierno. No obstante, para poder garantizar la promulgación de leyes con sesgo social, y más importante, su cumplimiento, es imperativa la acción colectiva de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones nacionales e internacionales, y ciudadanos que formen o no parte del entramado estatal.

Si es cierto que vivimos en tiempos democráticos, la época de los derechos tiene también que ser la del cumplimiento de los derechos, especialmente de los derechos colectivos. Sólo a través de procesos participativos podrá la ley convertirse en un escenario político importante para promover la integración espacial, la justicia social y el desarrollo sostenible.

Sobre el autor

Edésio Fernandes es abogado y fellow de investigación del Institute of Commonwealth Studies de la Universidad de Londres. Es coordinador de IRGLUS (Grupo Internacional de Investigación sobre Legislación y Espacio Urbano), y coeditor (junto con Ann Varley) de Illegal Cities: Law and Urban Change in Developing Countries (Zed Books, Londres y Nueva York, 1998).

The shift to a multi-racial government in South Africa is as pronounced and dramatic a transition as that of the new independent states of Central and Eastern Europe. In the past five years, South Africa has adopted a new constitution, elected a new government, redrawn state and municipal boundaries, and undertaken basic reform of its legal and political system. Land policy is central to this transformation, for “since the 1913 Natives Land Act, rights to own, rent or even share-crop land in South Africa depended upon a person’s race classification.” (1) Among the major land-related issues currently under scrutiny are property tax reform, restitution of land rights, and improvements in tenure security and access to landholding.

Land and Property Taxation

South African real property taxes take a number of forms, including “site rating,” a tax on unimproved value alone; “flat rating” on land and structures uniformly; and “composite ratings,” which tax land and improvements at different rates. Multiplicity and change are the norm, as Cape Town has recently decided to adopt site rating, Durban is considering replacement of its composite rating system with site rating, and Pretoria has introduced a temporary tax on improvements to supplement its site rating system.

The property tax in South Africa is not at present applied to rural land, although its potential extension to non-urban areas is the subject of intense debate. It is in the cities, however, that the struggle to transform the country will succeed or fail. In 1995, the urban sector accounted for about 65 percent of South Africa’s population and more than 80 percent of its GDP. Property taxes are an important source of revenue for cities to meet the cost of providing services within their newly redrawn boundaries.

These new boundaries are another index of the pace and variety of change in South Africa. Efforts to consolidate wealthy residential and commercial areas with impoverished townships and settlements have taken different forms in different regions. The central business districts of Johannesburg and Durban have been divided among several taxing jurisdictions that extend beyond their city limits. By contrast, the most of Cape Town’s business and residential regions were combined this summer with a set of neighboring townships in a new administrative region. It consists of 19 former administrations consolidated into 7, involving a transfer of more than 10,000 municipal staff and many assets. These measures have extremely important political and fiscal implications, bringing together as they do residential areas with living standards equal to or even surpassing European norms and settlements without electricity, paved roads or running water.

From a land policy perspective, perhaps the most dramatic legacy of past racial policies is the imbalance between white and non-white landownership. Under apartheid, 87 percent of the country’s land was reserved for white residents, who in 1995 constituted only 13 percent of South Africa’s population. Under these circumstances, property taxation takes on special importance as a potential means for expanding access to the land market. Roy Bahl and Johannes Linn have written:

[A]n equity argument may be at the heart of the matter: urban land prices are frequently so high that low-income groups cannot afford to purchase land…. To the extent that the revenue from property taxes is capitalized into lower current land values (since the tax reduces the expected future private yield on the land), it partially expropriates landownership rights from the present owner and also constitutes a loan to future owners, who can now acquire the land at a lower price but will have to pay property taxes in the future. If low-income groups cannot buy land because they lack liquidity and access to capital markets, property taxation may be one of the policy instruments to improve their access to landownership. (2)

Tax Collections and Tax Revolts

The government faces the challenge of reversing a “culture of nonpayment” for municipal services among township residents. During the apartheid era, the African National Congress (ANC) encouraged its supporters to refuse payment of water and utility charges as a means of contesting the legitimacy of the state-sponsored black local authorities. The resulting arrears were a major financial burden on all levels of government. Now the ANC seeks to promote voluntary payment for these same services, and as well as payment of real property taxes by those who now are able to hold title to their property.

Ironically, one tax protest that received wide publicity took the form of a property tax revolt in one of the nation’s wealthiest white residential areas, the Sandton suburb of Johannesburg. When property tax rates doubled and tripled there in 1996, many local property owners withheld payment in protest. This situation illustrates one of the most paradoxical aspects of the fiscal challenge to the new South Africa: the need to redress the enormous imbalance in resources across racial groups while commanding support from white citizens who feel over-taxed.

On the one hand, the disparities in needs and resources are overwhelming. Households falling below the official poverty level include only 0.7 percent of the white population, but 65 percent of the black population. At the same time, many white taxpayers feel overburdened by taxes-income tax rates, for example, can reach 45 percent on earnings over $22,000-and resentful of nonpayment by some township residents. In Alexandra, a black township inside Sandton, last year’s tax collection rate was only 3 percent. Any effort to meet the pressing fiscal needs of the new South Africa must take into account the vastly different perceptions of contribution and entitlement across its diverse population.

Perspectives on Future Directions

In July, a conference at the University of South Africa in Pretoria brought together governmental officials, policy analysts, academics and international experts to consider local government design and fiscal capacity. Brief overviews of two of the more than 30 presentations at that conference give a sense of the range of issues debated there, from concrete points of physical engineering to theoretical questions of intergovernmental fiscal relations.

At the most basic level, the definition of revenue needs depends on a prior decision as to the scope of local services to which all citizens are entitled. Given that large township areas have grown up without standard infrastructure, what goals should the government set for provision of water, electricity and roads?

Peter Vaz of the official Financial and Fiscal Commission outlined an approach to the monumental task of estimating the cost of providing the minimum services that each citizen can expect. The South African constitution enumerates 27 guaranteed rights, including the right to equality, to human dignity, to life, to freedom of expression, to a healthy environment, to housing, to health care services, to sufficient food, water and social security, to education, to information. The Commission is considering attempts to identify three levels of services-basic, intermediate and full provision. It is also looking at the cost of extending six services to urban and rural areas: water, sewerage, solid waste, roads, stormwater, electricity. For example, the basic level of water provision might be a communal standpipe, the intermediate level a yard tap, and full provision a house connection. The capital cost of each service package then provides a first estimate of the revenue necessary to meet the guarantees relevant to local government activities.

The broadest fiscal questions concern the allocation of taxes and functions among levels of governments. Rudolph Penner of the Barents Group stated that his general support for decentralization in transition economies was tempered in the case of South Africa. The model of voters as consumers choosing a set of local services in exchange for payment of local taxes is not necessarily applicable or desirable in this context. The strong ideological background to politics in South Africa means that voters are not primarily making a local electoral choice on the basis of economic policy. Moreover, the history of apartheid makes self-selected homogeneous groupings unacceptable if they lead to segregation by income class or race. Penner concluded that fiscal decentralization in South Africa must be of a more restrained variety than might be appropriate elsewhere.

These considerations serve only to highlight the sweeping reconsideration of all public institutions and their mandates that has accompanied the initiation of a new era in South African history. Improvements in land policy and taxation may play a significant role in assisting this immense task of national self-transformation.

Joan Youngman is a senior fellow of the Lincoln Institute, where she directs the Program on the Taxation of Land and Buildings. She and Martim Smolka, senior fellow for Latin America Programs, served on the faculty of the July conference at the University of South Africa.

Notes:

1. South African Department of Land Affairs, Our Land: Green Paper on South African Land Policy (1996), p. 9.

2. Roy W. Bahl and Johannes F. Linn, Urban Public Finance in Developing Countries (Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 168.

What are the names of South Africa’s official languages?

A recent newspaper trivia puzzle gives a startling perspective on the enormity of the political, legal and cultural changes experienced by South Africa since 1993, and the difficulty foreign observers face in grasping the scope of these transformations.

The original answer to the question about official languages was given as English and Afrikaans. One week later, a correction noted that South Africa’s major tribal languages should also be included. So the full answer lists ten official languages:

English

Afrikaans

Ndebele

Northern Sotho (Sepedi)

Southern Sotho (Sesotho)

Swati

Tsonga

Tswana (Setswana)

Venda, Xhosa

Zulu