Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Estudiosos y funcionarios públicos preocupados por la justicia social consideran que la redistribución de los valores de la tierra es un objetivo especialmente importante de política urbana en los países latinoamericanos, donde las enormes diferencias de acceso a los escasos servicios e infraestructura urbana llevan a una injusta distribución de los valores del suelo. Sin embargo, las políticas e instrumentos de captura de plusvalías, utilizados en principio para “redistribuir la valorización del suelo” o para “promover la redistribución de los incrementos en el valor de la tierra”, son rechazados por algunos sectores progresistas que argumentan que, en la práctica, dichos instrumentos no están realmente destinados para la redistribución.1 Este artículo explora un número de interrogantes que deben analizarse a fin de mejorar el entendimiento del concepto de captura de plusvalías y de su potencial para desempeñar un papel verdaderamente redistributivo en América Latina.

El principio distributivo y la meta redistributiva

El principio básico de la captura de plusvalías2 es devolver a la comunidad los incrementos de valor de la tierra que resultan de la acción comunitaria. La manera más común de definir tales incrementos es enfocándose en aquellos aumentos particulares resultantes de acciones públicas específicas y fechadas. Así, los correspondientes instrumentos de captura de plusvalías podrían ser definidos como herramientas para recuperar para la población el incremento en el valor de la tierra asociado con acciones públicas, aumento que de otra manera sería capturado por entidades privadas. El objetivo de esta política distributiva es restablecer un estado previo de distribución que, en esencia, se considera como propio o como dado.

Una interpretación alterna se basa en el principio establecido por Henry George, de que todo valor de la tierra, sin importar su origen, es producto del esfuerzo de la comunidad. Bajo este punto de vista, la idea de la captura de plusvalías puede adquirir una perspectiva verdaderamente redistributiva únicamente si se considera todo el valor de la tierra, y si se introduce la meta de alterar el estado presente de la distribución de dicho valor.

La redistribución de los valores de la tierra es apenas una de varias metas posibles de la política de suelo urbano. Otras son el aumento de los ingresos públicos para financiar servicios urbanos, la regulación y el manejo de los usos del suelo urbano, y el control de manifestaciones indeseables que resulten del funcionamiento de los mercados de suelo urbano. Es decir, la redistribución puede ser una guía para políticas distributivas más progresivas, pero no es necesariamente el principio básico de la captura de plusvalías.

De esta manera, podemos distinguir entre el principio distributivo de las políticas de captura de plusvalías -para restablecer un cierto grado de distribución- y una meta redistributiva de políticas de suelo urbano -para alterar un cierto estado de distribución. Esta distinción nos permite aclarar la confusión existente entre la distribución y la redistribución, cuando aplicadas a los valores del suelo y a la idea de la captura de plusvalías.

La práctica de la captura de plusvalías en América Latina

En un sentido genérico, la idea de la captura de plusvalías se aplica a cualquier imposición o herramienta de planificación que tenga como finalidad distribuir los aumentos del valor del suelo. Casi todos los países latinoamericanos han experimentado con el impuesto predial, y muchos emplean otras herramientas de planificación tales como la donación obligatoria de tierras para propósitos públicos en proyectos de parcelación o subdivisión de terrenos. Históricamente el desarrollo de la idea de la captura de plusvalías ha estado asociado con un instrumento específico conocido como Contribución de Valorización/Contribución de Mejoras. Este mecanismo especial de tasación o valorización, incorporado en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos, tiene el objetivo de capturar una porción de los beneficios especiales (valorización del suelo) que resulten de las inversiones públicas en infraestructura y servicios públicos, para financiar tales inversiones.

Incluso bajo esta estrecha definición, la aplicación de la captura de plusvalías ha estado plagada por limitaciones y polémicas. Tanto la influencia política de los propietarios como las deficiencias técnicas -y a menudo también legales- para poder hacer avalúos adecuados de los valores del suelo, han sido identificadas por estudiosos y funcionarios públicos como entorpecedoras de su aplicación en muchos países. Colombia es quizás el único país que se destaca por su tradición establecida de uso del instrumento, pero incluso allí su aplicación ha tropezado con serias limitaciones. Algunos observadores defienden el argumento de la incapacidad del instrumento para la redistribución, mientras que otros señalan que frecuentemente pierde su vínculo con el principio distributivo, convirtiéndose simplemente en una forma práctica de pagar a la comunidad para subsanar los costos de una acción pública que genera beneficios sólo para ciertos individuos.

Una mirada más cercana a la experiencia latinoamericana en la aplicación de instrumentos de captura de plusvalías lleva a una conclusión inquietante: en vez de desarrollarse a partir del principio ético de justicia, según el cual el incremento del valor del suelo resultante de acciones comunitarias debe retornar a la comunidad, pareciera que la idea de captura de plusvalías ha sido adoptada en América Latina como un mecanismo pragmático de recuperación de costos para resolver la escasez crónica de ingresos públicos y poder financiar proyectos de infraestructura urbana. A la larga, la meta principal de tales instrumentos ha sido aumentar las rentas públicas, sin importar si se basan o no en un principio distributivo.

Vinculación entre la captura de plusvalías y la redistribución

Incluso si el principio distributivo está asegurado, la meta de aumentar los ingresos públicos puede diferir de, o incluso contradecir, otras metas de la política de suelo urbano, incluyendo la importante meta redistributiva. Por ejemplo, cuando aumenta el valor del suelo de una región muy valorizada debido a una inversión pública en infraestructura urbana, y entonces el ingreso derivado de la captura de plusvalía se reinvierte en la misma región, el resultado no sólo no es redistributivo, sino que puede llegar a ser regresivo.

A fin de poder entender las contradicciones que surgen entre el uso tradicional de los instrumentos de captura de plusvalía para aumentar los ingresos fiscales, y la necesidad de incorporar las metas de redistribución en tales políticas, debemos contemplar el concepto de la captura de plusvalía con una visión mucho más amplia. Aun limitándonos a su usual definición centrada en incrementos específicos del valor del suelo, es preciso que al menos tres acciones o decisiones públicas no autónomas estén asociadas con el principio distributivo de captura de plusvalía:

1. una acción pública original (regulación, inversión, etc.) que genere incrementos en el valor del suelo;
2. una segunda acción para capturar (parcialmente) este valor; y
3. una tercera acción relacionada con el destino o uso de los recursos recolectados.

Si bien la segunda acción implica el uso de un instrumento general o específico de captura de plusvalía, la primera y la tercera, aunque están relacionadas a decisiones específicas, están inexorablemente ligadas a dos preguntas básicas referentes a las decisiones públicas como un todo: ¿Cómo se asignan obras públicas en el espacio? y ¿Cómo se distribuyen los ingresos fiscales generales?

Asignación de las obras públicas

Cuando el sistema tiene las metas concurrentes de aumentar los ingresos y fomentar la redistribución, la segunda no sigue necesariamente a la primera. De hecho, en Latinoamérica estas metas son frecuentemente contradictorias. Dadas las enormes diferencias en la distribución de la riqueza y la escasez de fondos para financiar las obras públicas, habitualmente es más fácil garantizar el aumento de los ingresos si los recursos para obras públicas se asignan (acción original) a regiones en donde se puedan recaudar más entradas absolutas. Incluso con el uso de un instrumento de captura de plusvalía, cuando la decisión subsiguiente (destino de los recursos) mantiene el mismo estado de distribución de la riqueza, la acción pública entera se vuelve más regresiva.

Por otra parte, el rechazo de los instrumentos de captura de plusvalía tampoco combate la asignación inadecuada de las obras públicas, y de hecho sólo contribuye a mantener el status quo. Por ejemplo, los trabajos de renovación de Copacabana en Rio de Janeiro, con plantación de árboles nuevos y modernización de aceras, fueron financiados por el presupuesto general y no por un dispositivo específico de captura de plusvalías. Sin embargo, muchas de las zonas pobres de la ciudad carecen de aceras y no tienen un solo árbol en sus calles. Esta ironía impone la necesidad de establecer una nueva estructura de análisis para las políticas de captura de plusvalía, de manera que pueda hacerse una asignación más equitativa de las obras públicas.

Distribución del ingreso general

América Latina presenta diferencias extremas relativas y absolutas en la provisión de infraestructura pública, por lo cual se exigen criterios de equidad para evaluar las políticas distributivas. Pero los criterios de equidad son subjetivos y existen diversos criterios sobre lo que es o no justo. En vista de las disparidades en riqueza y acceso a suelos urbanizados, es importante considerar no sólo las diferencias relativas sino también las diferencias absolutas entre los niveles más altos y los más bajos.

Para ilustrar este punto podemos aplicar el clásico argumento redistributivo a la distribución de valores del suelo en una sociedad que tiene 10 unidades de riqueza (es decir, valor del suelo) distribuidas entre dos grupos: el grupo más alto posee 8 unidades u 80 por ciento de la riqueza, mientras que el más bajo posee 2 unidades (véase la tabla 1). Este ejemplo puede representar las típicas diferencias entre las áreas urbanizadas ocupadas por unos pocos ricos y las cuantiosas áreas desprovistas de servicios ocupadas por los pobres en las ciudades latinoamericanas. Un aumento del 50 por ciento en esta riqueza (5 unidades en total), si se distribuye en la misma relación, no cambiaría las diferencias relativas, pero la diferencia absoluta entre los dos grupos aumentaría en un 50 por ciento, de 6 a 9 unidades.

TABLA 1: Políticas distributivas de captura de plusvalía Riqueza total Grupo inferior Grupo superior Diferencias relativas Diferencia absoluta

Original: 10 unidades 2 unidades 8 unidades 1:4 6 unidades

Aumentada: 15 unidades 3 unidades

(2+1) 12 unidades

(8+4) 1:4 9 unidades

Otra consideración importante es el nivel del grupo en la posición inferior. Los instrumentos de captura de plusvalía se justifican como herramientas distributivas para devolver a la comunidad los beneficios especiales resultantes de una acción pública que sólo algunos individuos reciben. Pero esta justificación, a su vez, plantea la necesidad de separar claramente los beneficios especiales de las necesidades básicas. Si consideramos el acceso a la infraestructura urbana como una necesidad básica, la sociedad debe decidir sobre el nivel mínimo de acceso para el grupo inferior. Es necesario dar prioridad a las acciones que conduzcan a esos niveles mínimos antes de que el grupo superior acumule otros beneficios. Si esta sociedad decide que el nivel mínimo de riqueza debería ser de 6 unidades para el grupo inferior, entonces el aumento de 5 unidades de valor del suelo sería distribuido de tal manera que disminuya tanto las diferencias relativas como las absolutas (véase la tabla 2).

TABLA 2: Vinculación de la captura de plusvalía y la redistribución

Riqueza total Grupo inferior Grupo superior Diferencias relativas Diferencia absoluta

Original: 10 unidades 2 unidades 8 unidades 1:4 6 unidades

Aumentada: 15 unidades 6 unidades

(2+4) 9 unidades

(8+1) 2:3 3 unidades

Captura de plusvalía y equidad socioespacial

Las decisiones sobre planificación urbana, tales como las normas y los reglamentos sobre el uso del suelo y los derechos de desarrollo, afectan también la distribución de los valores del suelo urbano y deben integrarse a las políticas de captura de plusvalía. En América Latina, donde las diferencias de acceso a la infraestructura pública y servicios urbanos están marcadas por una acentuada segregación social y exclusión, esta integración trae consigo una dimensión socioespacial que puede hacer frente a las disparidades entre los centros urbanizados adinerados (para unos pocos) y las periferias pobres carentes de servicios (para la mayoría). Por tanto, las políticas de redistribución del valor de la tierra adquieren un contexto político particular en el cual la generación de incrementos en el valor del suelo y el destino de los fondos correspondientes se asignan a diferentes áreas socioeconómicas de la ciudad.

Sin embargo, incluso cuando se incorpora esta dimensión socioespacial, la mayoría de los instrumentos redistributivos de captura de plusvalía reúnen condiciones necesarias, pero no suficientes, para una mejor distribución de los valores del suelo. Mientras que la redistribución desde áreas ricas a todas las áreas involucra alterar la distribución del presupuesto general para lograr su objetivo de equidad, la redistribución de todas las áreas hacia las áreas pobres implica alterar la asignación de obras públicas y/o de los derechos de desarrollo del suelo para llegar a una mejor distribución de los valores del suelo.

Debido a que estos enfoques implican mayores cambios institucionales, surge una tercera opción que busca estimular la generación de incrementos en el valor del suelo de los sectores adinerados a fin de generar ingresos que puedan redistribuirse a los sectores pobres. Estas “políticas de Robin Hood” (como algunos las llaman) están siendo contempladas para tratar las necesidades urgentes de zonas necesitadas, en combinación con oportunidades y demandas específicas de las zonas pudientes. Un ejemplo son las “Operaciones Interligadas” recientemente popularizadas en muchas grandes ciudades brasileñas, donde la negociación de excepciones legales para el desarrollo genera pagos que se destinan para la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, un análisis detenido de esta herramienta de transferencia muestra que la estimulación de los incrementos en el valor del suelo de los sectores ricos, en realidad termina aumentando la diferenciación intraurbana y por ende puede ahondar la brecha entre las áreas pobres y ricas.

Éste y otros efectos negativos imprevistos evidencian que el desarrollo de políticas e instrumentos de captura de plusvalía para los países latinoamericanos no puede ser considerado independientemente de una política urbana orientada a reducir las desigualdades socioespaciales. Para lograr esa reducción de la inequidad, es fundamental emprender acciones directas orientadas a alterar la presente distribución de los valores del suelo. Esto significa que, aunque no está necesariamente involucrada en la idea de la captura de plusvalía, la redistribución debe ser incorporada deliberadamente en el desarrollo de políticas distributivas de captura de plusvalías en América Latina.

Pautas para la implementación de políticas de captura de plusvalías

Esta discusión refuerza el argumento de que, en América Latina, las políticas de captura de plusvalía deben estar precedidas por cambios en el proceso de distribución de los valores del suelo en el más amplio sentido, especialmente cuando se busca la redistribución como una meta prioritaria de la política urbana. Esta perspectiva ayudaría a considerar de manera integrada, en cada decisión pública asociada a la distribución de valor del suelo, las varias otras formas mediante las cuales el sector público contribuye a esa distribución, incluyendo:

• El diseño y la recaudación de los impuestos sobre la tierra;
• La asignación de los ingresos públicos para las obras públicas;
• La aplicación (o no) de instrumentos específicos de captura de plusvalía;
• La repartición de los recursos recaudados; y
• La definición de los usos y los derechos de desarrollo del suelo.

El potencial y los límites de instrumentos específicos de captura de plusvalía están condicionados por dichas acciones y decisiones públicas de distribución. Cuando los instrumentos de captura de plusvalía específicos se utilizan sin tomar en cuenta estas consideraciones, se puede arruinar el proceso entero debido a que: 1) usualmente se descuida la recaudación de los impuestos tributarios; 2) se hacen asignaciones injustas de las inversiones públicas; 3) abundan los impedimentos políticos para el uso de los instrumentos de captura de plusvalía; 4) los ingresos no se distribuyen de una manera socialmente equitativa; 5) los derechos de desarrollo se incorporan en los derechos de propiedad, etc. En consecuencia, no se puede conseguir la redistribución y se compromete el principio distributivo.

El desafío latinoamericano, por lo tanto, consiste en analizar las precondiciones para el uso mejorado de la idea de la captura de plusvalía, en vez de simplemente concentrarse en vencer las dificultades operacionales para la aplicación de los instrumentos existentes, o de rechazar aquellos instrumentos en favor de nuevas herramientas usualmente sujetas a problemas similares. Para que se pueda hablar de una verdadera redistribución, estas decisiones distributivas deben considerar todos los componentes del valor del suelo, incluyendo los incrementos acumulados, potenciales y específicos, y no sólo los incrementos de valor en el sentido más estricto. Los esfuerzos que se hagan en esta área contribuirá a una perspectiva redistributiva de las políticas de captura de plusvalía.

¿Cuánta captura de plusvalía es “suficiente”? La respuesta a esa pregunta puede variar según el país, pero desde un punto de vista general, las políticas deberían basarse en las siguientes directrices básicas:

• El mejoramiento y fortalecimiento del impuesto predial, especialmente de su componente “suelo”, basado en el valor total de la tierra (en vez de basarse en incrementos específicos de dicho valor);
• La universalización de la provisión de infraestructura pública y servicios urbanos (es decir, necesidades básicas en contraposición a beneficios especiales); y
• Las respuestas socialmente responsables a la definición y la reglamentación de los derechos de propiedad y desarrollo del suelo.

Estas directrices tienen una sólida asociación a los incrementos en el valor de la tierra urbana en el sentido más amplio, y pueden utilizarse para reducir las diferencias socioespaciales absolutas y relativas. Si continuamos descuidando estas diferencias y seguimos confinando la captura de plusvalía a los incrementos específicos en el valor de la tierra, fracasarán los intentos de redistribución en los países latinoamericanos. Además, la aplicación de los instrumentos de captura de plusvalía continuará sirviendo como un mecanismo antisocial que sólo exacerba el abismo ya existente entre ricos y pobres.

Fernanda Furtado, fellow del Instituto Lincoln, recibió una beca del Instituto para finalizar su tesis doctoral “La recuperación de plusvalías urbanas en América Latina”, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Notas

1 Ver Donald Shoup, “Is under-investment in public infrastructure an anomaly?”, en: Gareth A. Jones y Peter Ward, editores, Methodology for Land and Housing Market Analysis. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (1994). El artículo de Shoup contiene un análisis del debate efectuado en el “Fitzwilliam Workshop on Land Values and Land Valorization in Developing Countries” realizado en la Universidad de Cambridge en 1991. Allí se debatió sobre si los instrumentos de captura de plusvalías están destinados a redistribuir la valorización del suelo, o si son un simple mecanismo para fortalecer las finanzas gubernamentales.

2 Un término más preciso sería recuperación de plusvalías, porque además de representar mejor las intervenciones públicas a fin de devolver a la comunidad la plusvalía del suelo capturada inmerecidamente por entidades privadas, el término se refiere a la redistribución como una manera específica de desarrollar tales políticas. Sin embargo, en este artículo se utiliza el término más genérico captura de plusvalías.

Proposition 13, adopted by a referendum in California in 1978, was the most notable in a series of relatively recent actions to limit the property tax in the United States, and many experts view it as a watershed in state and local public finance. The property tax in virtually every state is now limited to some degree by statutorily or constitutionally imposed base restrictions, rate limits or revenue limits. These limits have influenced the use of the property tax, and there is substantial evidence that the rate of growth of the property tax has declined. The mix of funding for local expenditures also has changed, as cities, towns, counties, school districts and special districts are relying more and more on user charges, special fees, franchise fees and local option sales and use taxes.

The limits on the property tax also have many policy and expenditure implications. There is evidence, significant in some cases and simply indicative in others, that the property tax restrictions have fostered a variety of policy outcomes in the delivery of services to citizens. Some of these tax limits have affected educational outcomes: reduced the number of teachers in classrooms, reduced the qualifications of individuals entering the teaching profession, and reduced student performance in math, reading and science.

The literature detailing the possible effects of property tax limits on local government also reports the following changes: reduced infrastructure investment by local governments, reduction in the rate of salary increases for public employees, and a shift to state-controlled revenue sources that has led to the centralization of power toward state governments (Sokolow 2000). In this context, property tax limits may reduce intergovernmental competition and the discipline on the growth in government that results. Few observers would disagree that Proposition 13 and its imitators in other states have resulted in substantial nonuniformity in the property tax system (O’Sullivan, Sexton and Sheffrin 1995).

These outcomes illustrate the competing tradeoffs that accompany property tax limits. Depending on individual perspectives these consequences could be considered a plus or a minus. Supporters of Prop 13 and its derivatives want lower property taxes and less government (at least for others), but it is unlikely they also want less government for themselves. David Sears and Jack Citrin (1982) have labeled this behavior the “something for nothing” syndrome.

Therese McGuire (1999) notes that among public finance economists the advantages of the property tax for funding local governments approach “dogma.” In an opinion survey of more than 1300 Canadian and U.S. members of the National Tax Association, 93 percent of the respondents with training in economics favored the property tax as a major source of revenue for local governments (Slemrod 1995). This result probably explains why the World Bank and other international advisory groups are spending significant sums of money and offering assistance to improve and implement the property tax in developing and transitional countries. However, it also presents an interesting dilemma: experts support the property tax but voters want to limit it. Why the conflict?

Advantages of the Property Tax

The property tax provides local governments with a revenue source that they can control and avoids the strings that normally accompany fiscal transfers from a regional, state or national government. The result is local autonomy that allows local governments to select the level and quality of services demanded by local citizens. The property tax is relatively stable over the normal business cycle and provides a dependable funding source to local governments that must balance their budgets. Stability is important for certainty in operating budgets and is critical in the financing of long-term debt obligations.

The importance of a stable revenue source has been painfully exposed during the recent economic downturn in the U.S. State governments that are funded by less stable revenue sources are scrambling to balance their current and future budgets by cutting services and increasing taxes and fees. The fact that the property tax is imposed on an immobile base and is difficult to evade also makes it an attractive source of revenue for smaller governments.

Political accountability is another important element of the property tax. A noted function of a responsive tax system is one that provides price signals, or political accountability, on the cost of government to citizens. Compared to almost all other taxes, the direct and visible nature of the property tax suggests that it scores relatively high in this regard. The case for political accountability becomes even stronger when zoning for land use is included in the discussion. Bruce Hamilton (1975) has demonstrated that the property tax, when coupled with local zoning, becomes a benefit tax that leads to efficient outcomes. The combination of property taxation and zoning is the way many public finance scholars describe the characteristics of local finance in the U.S.

Disadvantages of the Property Tax

On the other hand, the property tax is difficult to administer. It requires substantial administrative effort on the part of public officials to discover and maintain the property records of every land parcel. Even with effective methods to discover property, determining its taxable value has always been a challenge to public assessors. Unlike other sales taxes and income taxes, there is no annually occurring event to place a market value on unsold properties. Assessors must value property as if it had sold. Assessors also confront limited budgets and a finite number of trained experts.

Nevertheless, we want public assessors to value property, land and the improvements to land accurately, and to do so as inexpensively as possible. Fortunately, progress has been made in the technical area of property valuation. It is now common to find large and small taxing jurisdictions using statistically driven valuation processes to estimate property values based on carefully designed hedonic models. The technical advantages of statistically driven appraisal systems in terms of efficiency and effectiveness are substantial.

However, the advantage of accurate and timely property appraisals highlights what I believe is a fundamental problem with the property tax and why it receives such low marks from taxpayers and elected officials. When an assessor conducts a reappraisal, the outcome is likely to increase assessed property values. If there is no reduction in the tax rate that was applied to the old tax base, the local government that relies on the property tax receives a potential windfall. It is not surprising, then, that in such situations the assessor and the assessor’s office are quickly identified as the villains of the tax increase. More importantly, these circumstances are powerful incentives to not reassess property regularly and thus avoid the angry backlash of property owners and voters.

Public finance experts have an expectation that the assessor will follow the legal and professional requirements and value property according to state law and professional practice. But, because of the uncertain political outcome when property is revalued, the assessor may act in self-interest, understandably being more concerned about reelection or reappointment than in ensuring that property is revalued properly. A system has been created that requires a reappraisal process and penalizes any assessor foolish enough to ignore it, but over time such avoidance behavior can foster nonuniformity in the property tax.

Political Challenges and Full Disclosure

We have solved many of the technical problems of property appraisal but not the political problems. Nevertheless, I believe there is at least one viable response to the political challenges: states and assessors can adopt a process of truth-in-taxation or full disclosure. The logic of full disclosure design is simple. A chilling effect on property tax growth is posited to occur when the “real” causes of increased property taxes are exposed to property owners. Helen Ladd (1991) states that full disclosure laws “tighten the link between taxpayer voter demand and local budgetary decisions.”

The standard annual tax notice, common in thousands of local tax jurisdictions, does not create a similar chilling effect. A typical tax notice informs property owners about the assessed value of the property, often a modest percentage of market value, tax rates listed in mills, and the total taxes due. If any increases in the assessed value of properties are not offset by reduced tax rates, the new assessed values create additional revenue for the taxing authority. In fact, elected officials can honestly boast that property tax rates have not changed and thus avoid most of the responsibility for any tax increase. An analysis of the behavior of elected officials in Massachusetts found precisely this type of behavior following several cycles of increases in assessed value due to revaluations (Bloom and Ladd 1982).

A property tax full disclosure law generally proceeds in the following manner. Local taxing districts are required to calculate a rate that, when applied to the tax base, produces property tax revenue that is identical in amount to the property tax revenue generated during the previous year. The rate to accomplish this is often referred to as the certified rate; it is calculated by dividing the new assessed value into the property tax revenue from the previous year. The resulting rate is the rate that, when applied to the taxable value of the taxing jurisdiction, will generate the same amount of revenue as the previous year.

This process forces elected officials to reduce the property tax rate—or at least acknowledge that any increase is their choice. If the elected officials choose not to reduce the rate, a public notice must be given that a tax rate increase is anticipated. The public notice is generally carried in a newspaper with specific requirements about the size, placement and language of the notice. In some states a preliminary tax notice is also sent to the taxpayers before that actual budget is adopted, to announce when and where the particular budget hearings on the issue will be held.

Full disclosure laws are intended to create a system with opportunities for input on property tax rate changes and the subsequent size and mix of government, but not at the expense of informed outcomes (Council of State Governments 1977). Full disclosure laws have the aim of a process to inform citizens and limit the rate of growth in property taxes. Nevertheless, like the property tax, full disclosure laws have not enjoyed universal or even modest acclaim. Researchers hold full disclosure laws in such subdued regard that when studying the implications of property tax limitations they commonly classify states having full disclosure laws among the states having no property tax limits.

It is not surprising that many observers suspect that full disclosure laws have little influence on policy outcomes. In states with full disclosure laws, the property tax increases more rapidly than in states with legally binding limits. This suggests that, because full disclosure laws cannot prevent all growth in the property tax, the strongest antagonists of the property tax and the often single-minded opponents to any growth in government will never find the approach acceptable.

However, I believe that full disclosure laws, like property tax limits, have other positive unintended outcomes. They may facilitate improvements in the administration of the property tax because they create a climate that fosters more frequent property tax appraisals by elected county assessors and more thorough and rigorous intervention on property tax matters by state revenue departments. If I am correct, the result is improvement in property tax uniformity. If this posited outcome is validated, then full disclosure laws can and should be judged beyond their immediate role in controlling the rate of increase in the property tax.

Gary C. Cornia is a visiting senior fellow of the Lincoln Institute this year and a member of the Institute’s board of directors. He is also professor in the Romney Institute of Public Management at Brigham Young University and president of the National Tax Association.

References

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Council of State Governments. 1977. 1978 Suggested State Legislation 37. Lexington, KY: Council of State Governments, 125-28.

Hamilton, Bruce. 1975. Zoning and property taxation in a system of local governments. Urban Studies 12 (June): 205-211.

Ladd, Helen F. 1991. Property tax revaluation and the tax levy growth revisited. Journal of Urban Economics 30: 83-99.

McGuire, Therese J. 1999. Proposition 13 and its offspring: For good or evil. National Tax Journal 52 (March): 129-138.

O’Sullivan, Arthur, Terri A. Sexton, and Steven M. Sheffrin. 1995. Property taxes and tax revolts: The legacy of Proposition 13. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Sears, David O. and Jack Citrin. 1982. Tax revolt: Something for nothing in California. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Slemrod, Joel. 1995. Professional opinions about tax policy. National Tax Journal 48: 121-148.

Sokolow, Alvin D. 2000. The changing property tax in the West: State centralization of local finances. Public Budgeting and Finance 20 (Spring): 85-102.