China ha experimentado un crecimiento económico rápido desde 1978, cuando adoptó una reforma económica y políticas de apertura hacia el mundo. Se ha convertido en la segunda mayor economía del mundo en términos de PIB, y su recaudación tributaria ha experimentado un crecimiento anual promedio de alrededor del 20 por ciento desde la reforma fiscal de 1994.

No obstante, muchos gobiernos subnacionales de China han experimentado problemas fiscales y han incurrido en grandes deudas locales en los últimos años debido a numerosas competencias del gobierno central no financiadas y la gran brecha fiscal entre las necesidades de gasto y la capacidad para generar ingresos. Por ejemplo, en 2008, los gobiernos subnacionales de China han sido responsables por el 79 por ciento de los gastos totales del gobierno, pero sólo del 47 por ciento de los ingresos gubernamentales totales (Man 2011).

A diferencia de muchos países desarrollados, los gobiernos locales de China (provinciales, de prefectura, de condado y municipales) no tienen ninguna autoridad legal para imponer tributos o pedir préstamos, y el impuesto sobre la propiedad desempeña un papel muy limitado en la estructura de financiamiento público a nivel local. En consecuencia, muchos gobiernos locales recurren a fuentes de ingresos extrapresupuestarios, imponen aranceles para el derecho a arrendar el suelo, otras tasas y recargos, y obtienen préstamos bancarios de forma indirecta para financiar las inversiones de infraestructura y desarrollo económico local.

Durante el período de 1991 a 2008, los aranceles para el arriendo del suelo (también llamados aranceles de transferencia del suelo) aumentaron del 5,7 por ciento de los ingresos totales del presupuesto local al 43,5 por ciento. Esta dependencia excesiva de aranceles para el arriendo del suelo ha sido criticada como un factor importante en el crecimiento del precio de las viviendas y el aumento de casos de corrupción y disputas sobre suelos en China.

Problemas con el sistema tributario actual

El sistema actual de impuestos sobre el suelo y la propiedad en China genera una cantidad limitada de ingresos, aun cuando se gravan cinco tipos de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en las diversas etapas de producción (ver tabla 1). Los gobiernos locales cobran el Impuesto a la Ocupación de Suelos Agrícolas y el Impuesto al Valor Agregado al Suelo (IVAS) en el momento de adquirir y transferir el suelo. En el momento de la toma de posesión, se cobran el Impuesto al Uso Urbano del Suelo y el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria, y finalmente se cobra el Impuesto a la Escritura cuando se transfiere el título de la propiedad.

Este sistema tributario tiene muchos problemas y debe ser reformado estructuralmente. En primer lugar, los diversos impuestos sobre el suelo y la propiedad constituyen solamente un 15,7 por ciento de los ingresos tributarios a nivel local. Es una fuente de ingresos inestable e inadecuada para los gobiernos locales de China. Los funcionarios de los gobiernos locales han dependido de otras fuentes de ingresos, como el arriendo de suelos del estado a emprendedores inmobiliarios a cambio de un arancel fijo importante, para financiar proyectos de capital y desarrollo de infraestructura. En 2010, los gobiernos locales de China recaudaron 2,7 billones de RMB en concepto de aranceles de arriendo de suelos, además de 8,3 billones de RMB en impuestos y otros ingresos presupuestarios. La relación entre los aranceles de arriendo y los ingresos tributarios totales fue del 32,5 por ciento, comparada con el 4,5 por ciento en 1999.

En segundo lugar, la estructura actual de impuestos sobre la propiedad en China aplica una mayor carga tributaria en la etapa de transacción que durante la posesión. Por ejemplo, la recaudación del impuesto anual sobre el uso urbano del suelo y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria durante la etapa de posesión ascendió a sólo el 6,44 por ciento de los ingresos tributarios locales en 2008, mientras que alrededor del 9,25 por ciento de los ingresos tributarios locales se recaudó en las etapas del desarrollo del suelo y transacción de la propiedad.

En tercer lugar, las propiedades residenciales ocupadas por sus dueños no están incluidas actualmente en la base tributaria del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, lo que restringe la capacidad del gobierno para recuperar la plusvalía del mercado de vivienda en pleno auge debido a la privatización de viviendas de interés social, el crecimiento de los ingresos de la población y la inversión masiva en infraestructura urbana. Para 2010, la tasa de propiedad de viviendas alcanzó el 84,3 por ciento de la bolsa de viviendas urbanas del mercado formal, y los valores de las mismas han experimentado aumentos sustanciales en los últimos cinco años en muchas de las grandes ciudades (Man, Zheng y Ren, 2011). Pero la exclusión de las propiedades residenciales del impuesto sobre la propiedad inmueble creó desniveles de riqueza y una demanda excesiva de viviendas con fines de inversión y especulación, lo que aumentó la cantidad de viviendas vacantes en muchas ciudades costeras.

Finalmente, a diferencia del sistema de impuestos sobre la propiedad en muchos países desarrollados, en China no se grava el impuesto de acuerdo al avalúo de la propiedad. En lugar de ello, su valor es el 1,2 por ciento del precio original, menos un 10 al 30 por ciento por depreciación, o un 15 por ciento de los ingresos reales por arriendo de la propiedad. Los funcionarios gubernamentales tienen poca experiencia en la estimación del valor de mercado de las propiedades existentes, una destreza fundamental para poder establecer un sistema moderno de impuesto sobre la propiedad.

Recientes avances en la reforma del impuesto sobre la propiedad

El gobierno central de China ha estado explorando la posibilidad de reformar su sistema actual de tributos sobre el suelo y la propiedad desde 2003, cuando propuso oficialmente por primera vez el establecimiento de un sistema moderno de impuestos sobre la propiedad. En 2006 se seleccionaron seis ciudades para realizar proyectos pilotos, y un año después se amplió esta cantidad a 10 ciudades.

En 2010, la Administración Estatal de Impuestos (AEI), que está a cargo de este proyecto piloto, ordenó a cada provincia que seleccionara por lo menos una ciudad para realizar ensayos de avalúo de propiedades, con el objeto de verificar el precio de venta declarado por los propietarios para el impuesto a la escritura. Estos ensayos han tenido un importante papel en la preparación técnica e informática de avalúos masivos futuros del valor de la propiedad. El 28 de enero de 2011, las ciudades de Shanghái y Chongqing recibieron permiso para recaudar impuestos sobre la propiedad de segundas residencias y residencias de lujo de reciente adquisición, respectivamente.

Logros importantes

La reforma del sistema de impuestos sobre la propiedad en China intenta establecer un sistema para gravar las propiedades existentes (incluyendo tanto el suelo como las estructuras edificadas) anualmente de acuerdo a su avalúo, con el objeto de generar una fuente significativa de ingresos para los gobiernos locales. Este sistema utilizará varios métodos de avalúo, tales como la comparación con los valores de mercado, su costo y los ingresos generados, y se aplicará a propiedades comerciales e industriales, así como también a propiedades residenciales, incluyendo aquellas ocupadas por sus dueños.

Algunas ciudades piloto, como Hangzhou, Dandong y Chongqing, han estudiado e implementado distintas versiones de Avalúo Masivo Asistido por Computadora (CAMA, por sus siglas en inglés). El AEI ha estado capacitando a funcionarios de las agencias tributarias locales de cada provincia en el desarrollo de un sistema CAMA y sus aplicaciones. También ha intentado establecer normas tecnológicas para cada método de avalúo.

En 2005, el AEI diseñó un ensayo de regulación de avalúo de propiedades inmobiliarias, con 12 capítulos y 40 cláusulas que estipulan los métodos de recolección de datos, las normas y el sistema CAMA. Todas las ciudades piloto han concluido su simulación de avalúo y han calculado las cargas y los ingresos tributarios utilizando distintos escenarios de tasa de impuestos. En 2011 se seleccionó a, por lo menos, una ciudad de cada provincia para realizar un avalúo de propiedades recién adquiridas para recaudar el impuesto a la escritura.

El avance más importante tuvo lugar a comienzos de 2011, cuando Shanghái comenzó a recaudar impuestos sobre las segundas residencias recién adquiridas por residentes y sobre las primeras residencias de no residentes de acuerdo a su valor de transacción, previa exclusión de la base tributaria de 60 metros cuadrados por persona. La ciudad de Chongqing está apuntando a la residencia unifamiliar existente y a los apartamentos de lujo recién adquiridos por residentes o segundas residencias adquiridas por no residentes. El programa excluye 180 metros cuadrados para residencias unifamiliares y 100 metros cuadrados para apartamentos en Chongqing.

Se ha impuesto el tributo sobre la propiedad a alrededor de 8.000 parcelas en total en estas dos ciudades, si bien este experimento de un año de duración recaudó sólo una pequeña cantidad para el financiamiento de viviendas de bajos ingresos. Aunque la base tributaria, la tasa tributaria y la recaudación han sido muy pequeñas en estas dos ciudades, estos esfuerzos representan un gran paso adelante para la reforma del impuesto sobre la propiedad en China.

Desafíos futuros

La reforma del impuesto sobre la propiedad en China todavía enfrenta enormes desafíos, aun cuando los ciudadanos y los medios de comunicación ya la comprenden mejor. En primer lugar, ha encontrado resistencia desde varios grupos de interés influyentes. Los mayores adversarios de un impuesto sobre la propiedad son los funcionarios gubernamentales locales, además de los inversores y especuladores inmobiliarios. Muchos gobiernos locales creen que la adopción de este impuesto reducirá el valor de las viviendas y, en consecuencia, reducirá la demanda de suelo, lo que disminuirá sustancialmente los aranceles por arriendo de suelo en manos estatales. Además, los funcionarios de los gobiernos locales son evaluados según el papel que cumplan en la estimulación del crecimiento de la economía local, y los proyectos de inversión en infraestructura se usan frecuentemente como un estímulo para el desarrollo de la economía local. Los funcionarios quieren acceso ilimitado a los aranceles de arriendo del suelo, porque se pueden recaudar y gastar con muy poco control y pueden generar una gran cantidad de ingresos durante el período de ejercicio de un funcionario.

Un segundo desafío es el progreso lento de los preparativos legales y de avalúo para el sistema de impuesto sobre la propiedad. Se tienen que promulgar leyes y reglamentaciones sobre el impuesto, incluyendo leyes y normas de avalúo. Habrá que capacitar y certificar a hasta 100.000 valuadores en las normas correspondientes. En tercer lugar, todavía no existe un consenso sobre cómo definir la base tributaria, sus exclusiones y exenciones; la asignación de responsabilidades de administración, fijación de tasas y avalúo; y la distribución de los ingresos tributarios. Y, por último, la falta general de familiaridad con el impuesto sobre la propiedad crea continuos malentendidos e interpretaciones erróneas acerca del impuesto.

Al mismo tiempo, cada vez más residentes urbanos comprenden que un impuesto sobre el avalúo de la propiedad comercial y residencial recaudado anualmente puede generar una fuente sustentable de ingresos para los gobiernos locales y reducir su dependencia de aranceles y cargos de transferencia de propiedad que contribuyen a incrementar el precio de las viviendas. A raíz de la política del gobierno central de restringir la compra de viviendas y de ajustar la oferta monetaria, los aranceles de arriendo del suelo han comenzado a disminuir en muchas ciudades en 2011.

Según un informe reciente del Instituto de Índices de China (2012), los aranceles por transferencia de suelos en 130 ciudades han disminuido un 11 por ciento en comparación con 2010. En Shanghái y Beijing han caído un 16 y 35,7 por ciento, respectivamente. Esta reducción significativa puede también ofrecer oportunidades a los gobiernos locales para encontrar maneras más sustentables de equilibrar la promoción del crecimiento económico con el suministro de bienes y servicios públicos. A largo plazo, el establecimiento de un sistema de impuestos sobre la propiedad para sustituir gradualmente los aranceles a la transferencia del suelo ofrece una manera eficiente, equitativa y sustentable de financiar los desarrollos locales y los egresos gubernamentales.

El impuesto sobre la propiedad se ha percibido como una manera efectiva de reducir los precios de la vivienda, amortiguar la especulación y reducir las tasas de viviendas vacantes. Muchos investigadores creen que los gobiernos locales han tratado de limitar la oferta de suelo para aumentar los precios y maximizar los ingresos, produciendo un rápido aumento de los precios de la vivienda y la falta de viviendas económicas en las zonas urbanas de China. La imposición de tributos sobre la propiedad residencial puede aumentar el costo de oportunidad de dejar las propiedades vacías o sin usar, y reducir los incentivos para el comportamiento especulativo. El impuesto se percibe también como una manera efectiva de reducir la brecha de ingresos y riqueza entre los residentes urbanos y desalentar la inversión especulativa en el sector inmobiliario.

Conclusiones

La reforma del impuesto sobre la propiedad de China está progresando en el área de investigación y experimentos de aplicación, y ha comenzado a ser mejor comprendido y aceptado por los ciudadanos y los gobiernos locales. Pero el establecimiento exitoso de un impuesto sobre la propiedad como una fuente importante de ingresos para el financiamiento público local requiere no sólo de técnicas de avalúo y de diseño tributario sino también de determinación política y de una reforma administrativa. Esta reforma podría generar un cambio fundamental en las relaciones intergubernamentales y el papel del gobierno en la estructura política y económica de China.

El Instituto Lincoln comenzó a respaldar las investigaciones relacionadas con la tributación de la propiedad conjuntamente con el gobierno chino en 2004, con la colaboración del Centro de Desarrollo e Investigaciones del Consejo Estatal, el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos (AEI). En 2007 se estableció en Beijing el Centro de Desarrollo Urbano y Política de Suelos de la Universidad de Peking y el Instituto Lincoln, en parte para ayudar a organizar conferencias internacionales y programas de capacitación para funcionarios de las agencias tributarias de las ciudades piloto. El Centro continúa apoyando a expertos nacionales e internacionales para realizar actividades de investigación y proyectos de demostración en el área de impuestos sobre la propiedad y temas relacionados.

Sobre el autor

Joyce Yanyun Man es senior fellow y directora del Programa para China del Lincoln Institute of Land Policy, y es directora y profesora del Centro de Desarrollo Urbano y Política de Suelos de la Universidad de Peking y el Instituto Lincoln.

Referencias

China Index Institute. 2012. http://www.chinanews.com/estate/2012/01-04/3580986.shtml

Man, Joyce Yanyun. 2011. Local public finance in China: An overview. In China’s local public finance in transition, eds. Joyce Yanyun Man and Yu-Hung Hong. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Man, Joyce Yanyun, Siqi Zheng, and Rongrong Ren. 2011. Housing policy and housing markets: Trends, patterns and affordability. In China’s housing reform and outcomes, ed. Joyce Yanyun Man. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

National Bureau of Statistics. 2009. China statistical yearbook. Beijing: China Statistics Press.

In the aftermath of the Great Recession, the financing of U.S. public elementary and secondary education has become particularly challenging, given the close link between school finance and property taxation. Across the nation, the sharp drop in housing prices that triggered the recession led to reductions in property tax revenues. Public schools derive more than 80 percent of their local own-source revenue from the property tax (McGuire, Papke, and Reschovsky 2015), and nearly half of total property tax dollars collected in the United States are used to finance public elementary and secondary education (U.S. Census Bureau 2014, U.S. Census Bureau 2013).

As a means of encouraging new research on these issues, the Lincoln Institute of Land Policy organized a conference on “Property Tax and the Financing of K–12 Education” in Cambridge, MA, in October 2013. The Fall 2014 issue of Education Finance and Policy features five of the conference papers along with two additional works submitted as part of the journal’s call for papers for the special issue, which underwent the journal’s peer review process. We served as guest editors, working closely with the journal’s editors, Thomas A. Downes and Dan Goldhaber. Thanks to funding from the Lincoln Institute, the special issue is available for free downloading until January 2016 from the website of the Association of Education Finance and Policy (www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).

Challenges for Funding K-12 Education

Using revenue data from the National Center for Education Statistics (2014), we determined that in real per pupil terms, total revenues devoted to public education fell by 6.2 percent from September 2008 to June 2012. Although comprehensive figures are not yet available for the most recent years, existing evidence points to a continued decline in financial support for public education. Data from the U.S. Census Bureau’s Quarterly Summary of State and Local Tax Revenue indicate that per capita real local government property tax revenues (for school and nonschool purposes) were 2.7 percent lower at the end of fiscal year 2014 than they were at the end of fiscal year 2011. And a survey conducted by the Center on Budget and Policy Priorities found that, in at least 35 states, real per-student state education aid was lower in fiscal year 2014 than in fiscal year 2008 (Leachman and Mai 2014).

Many school districts around the country responded to reduced revenues by laying off employees. In fact, the U.S. Bureau of Labor Statistics (2013) reports that between the employment peak in June 2009 and the trough in October 2012, education employment by local governments fell by 357,400—a decline of 4.4 percent. During this same period, public school enrollment grew by 0.9 percent (National Center for Education Statistics 2013).

Current projections signal significant increases in both K–12 enrollment and cost per pupil. The National Center for Education Statistics (NCES 2013) projects that per pupil expenditures will increase from an average of $10,518 in the 2009–10 school year to $12,530 in 2021–22. The NCES also projects substantial increases in public school enrollment, although growth projections for specific states vary and are generally much higher for the southern and western states (8.9 percent and 12.7 percent from 2010 to 2021) than for the Northeast and Midwest (2.2 percent and 2.4 percent). Although public policies and priorities can change, based on current policies and revenue projections, it is unlikely that revenues in support of public education will grow fast enough to match the projected growth in student enrollment and in costs.

National data indicate that in 2011–12, 10 percent of total public education revenue came from the federal government, with the rest split fairly evenly between state and local government sources (U.S. Census Bureau 2014). Federal government programs in support of education are classified as domestic discretionary expenditures. While to date Congress has done little to rein in the growth of spending on entitlement programs, it has mandated strict limits on the growth of domestic discretionary expenditures through the Budget Control Act of 2011 and the fiscal year 2014 Congressional budget agreement. The Congressional Budget Office (2013) predicts that, relative to GDP, domestic discretionary spending will decline through at least 2023. Given these overall spending caps, along with competition from other pressing domestic needs, reductions in real per pupil federal education support appear likely.

School funding systems vary tremendously across states, and future trends in state support for public education will differ greatly across states as well. However, many state governments face several long-run structural problems that are likely to constrain future state funding for public education. On the revenue side, many states have narrow sales tax bases that exclude many services and, as a result, fail to grow proportionally to their economies. The revenue problems are exacerbated by the inability of states to collect sales taxes on many Internet and mail order purchases. In the past few years, a number of states have adopted individual income tax cuts. These tax cuts have generally been enacted with no offsetting revenue increases, or they have been funded using revenue from one-time state budget surpluses.

On the spending side, funding for K–12 education must compete with other priorities. In many states, spending on Medicaid will grow faster than state tax revenues, a trend influenced in part by the aging of the population. Many states are also facing large and growing unfunded pension liabilities. Addressing these unfunded liabilities will undoubtedly require substantial increases in state government pension contributions. Although polls indicate that voters favor increased spending on education over spending in other areas, unless state governments make politically difficult decisions to increase taxes, states’ growing Medicaid and pension obligations may crowd out spending on K–12 education (Pew Research 2011).

With diminished prospects for growth in funding from federal and state governments, local school districts will likely play an increasingly important role in funding public education. Increasing local government funding for public education will require the politically difficult step of increasing property taxes, or, if that proves impossible, the development and widespread adoption of alternative sources of local government revenue. Neither strategy will be easy to implement.

This rather bleak picture of the prospects for public education funding raises a number of research questions. For example, can state governments adopt policies that would make the property tax more publicly acceptable? What role do alternative local sources of revenue play in funding public education? Can their role be increased? Is it possible to design state education aid systems that result in a more steady flow of state aid during economic downturns? Can state policies aimed at providing property tax relief be made more effective? Can state aid systems be reformed in ways that increase the educational opportunities of all students? The Property Tax and the Financing of K–12 Education considers these and other questions.

Conclusion

Three central themes emerge from this special issue. The first is the potential for unintended consequences to arise from state legislation. Eom et al. find that New York’s prominent property tax relief program, STAR, induces voters to increase school spending and raise property taxes, thereby undercutting much of the intended property tax relief. Jeffrey Zabel finds that property tax overrides in Massachusetts have led to increased racial segregation. And Phuong Nguyen-Hoang finds that the use of TIFs in Iowa has led to modest reductions in education spending.

A second theme is the potential for state school finance and property tax policies to provide greater advantages for high-wealth or high-income school districts than for low-wealth or low-income districts. In some cases, this pro-wealthy tilt is an explicit program feature. For example, the sales price differential adjustment factor in STAR channels a disproportionate amount of property tax relief to the wealthiest school districts. Likewise, Michigan’s state aid system sends about 7 percent more state aid per pupil to the wealthiest districts. In other cases, the tilt toward wealthier districts arises in more indirect ways. Chakrabarti et al. find that high-wealth school districts are likelier to increase property tax revenues in response to cuts in state aid. Zabel notes that higher income towns are more likely to pass property tax overrides. Nguyen-Hoang finds that TIFs have a greater negative effect on school spending in low-income or low-wealth districts than in high-income or high-wealth districts. Finally, Nelson and Gazley find that well-off districts are more likely to receive revenue from school-supporting nonprofits, and their per-pupil contributions tend to be higher.

A third theme is the enduring importance of the property tax as a funding source for public education in the United States. Papers by both Nelson and Gazley and by Downes and Killeen demonstrate that non-tax revenue plays a relative minor role in the funding of public schools. And no evidence suggests that the share of revenue from student fees and charges, school-supporting nonprofits, or from miscellaneous non-tax revenues has increased during or after the Great Recession.

These findings suggest that in order to ensure sufficient funding for public education into the future, efforts should be made to make the property tax a more appealing source of revenue. These property tax improvements might include the expansion of well-designed targeted property tax relief programs, such as circuit breakers, the adoption of property tax deferral programs for taxpayers facing high property tax burdens or rapid increases in their property tax bills, and improvements in tax administration that focus on increased transparency.

Given the great diversity in school finance and property tax systems across the U.S. and the fiscal challenges ahead, the papers in this special issue cannot possibly provide insights into the full range of policies needed to assure adequate and equitable funding for public education. However, it is our hope that these papers will be thought-provoking for both policy makers and researchers, and also inspire additional research on property taxation and school funding.

Contents

Introduction to Special Issue on the Property Tax and the Financing of K–12 Education
Daphne A. Kenyon and Andrew Reschovsky

Did Cuts in State Aid During the Great Recession Lead to Changes in Local Property Taxes?
Rajashri Chakrabarti, Max Livingston, and Joydeep Roy

Michigan and Ohio K–12 Educational Finance Systems: Equality and Efficiency
Michael Conlin and Paul Thompson

The Unintended Consequences of Property Tax Relief: New York’s STAR Program
Tae Ho Eom, William Duncombe, Phuong Nguyen-Hoang, and John Yinger

Unintended Consequences: The Impact of Proposition 2½ Overrides on School Segregation in Massachusetts
Jeffrey Zabel

Tax Increment Finance and Education Expenditures: The Case of Iowa
Phuong Nguyen-Hoang

The Rise of School-Supporting Nonprofits
Ashlyn Aiko Nelson and Beth Gazley

So Slow to Change: The Limited Growth of Non-Tax Revenues in Public Education Finance, 1991–2010
Thomas Downes and Kieran M. Killeen

About the Authors

Daphne A. Kenyon, Ph.D., is an economist who is a fellow at the Lincoln Institute of Land Policy and principal of D. A. Kenyon & Associates.

Andrew Reschovsky, Ph.D., is a fellow at the Lincoln Institute of Land Policy and a professor emeritus at the University of Wisconsin-Madison.

References

Congressional Budget Office. 2013. Updated Budget Projections: Fiscal Years 2013 to 2023. Washington, DC (May). www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44172-Baseline2.pdf.

Leachman, Michael and Chris Mai. 2014. “Most States Funding Schools Less Than Before the Recession,” Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities, Updated September 12. www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4011.

McGuire, Therese J., Leslie E. Papke, and Andrew Reschovsky. 2015. “Local Funding of Schools: The Property Tax and Its Alternatives,” chapter 22 in Handbook of Research on Education Finance and Policy, revised edition, edited by Helen F. Ladd and Margaret Goertz, Routledge, 376–391.

National Center for Education Statistics (NCES). 2014. “National Public Education Financial Survey Data,” School Year 2010–11. http://nces.ed.gov/ccd/stfis.asp.

National Center for Education Statistics (NCES). 2013. “Projections of Education Statistics to 2021.” http://nces.ed.gov/programs/projections/projections2021/index.asp.

Pew Research. 2011. “Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular.” Center for People and the Press. February 10. www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-remain-unpopular.

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2013. Table B-1a: Employees on Non-Farm Payrolls by Industry Sector and Selected Industry Detail, Seasonally Adjusted. Current Employment Statistics, Establishment Data. www.bls.gov/web/empsit/ceseeb1a.htm.

U.S. Census Bureau. 2013. 2011 Annual Survey of State and Local Government Finance, State and Local Government Data. www.census.gov/govs/local/.

U.S. Census Bureau. 2014. 2012 Data, Public Elementary-Secondary Education Finance Data. www.census.gov/govs/school/.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El caso de Mexicali, capital del estado fronterizo de Baja California (México), es ejemplo destacado de una reforma exitosa hecha al sistema fiscal inmobiliario en la década de 1990. En apenas unos cuantos años, el gobierno municipal pudo aumentar las entradas provenientes del gravamen inmobiliario, así como también fortalecer sus finanzas y modernizar sus sistemas catastrales y de recaudación. Más aún, Mexicali llevó a cabo esta reforma adoptando un sistema de tributación sobre el valor de la tierra nunca antes aplicado en México, y los cambios contaron con la aceptación de la ciudadanía. A pesar de los problemas y errores surgidos a lo largo del proceso, esta experiencia ofrece lecciones provechosas a entidades interesadas en emprender reformas futuras del sistema fiscal inmobiliario, en México u otros países.

Consideraciones económicas, políticas y técnicas

Emprender una reforma del sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria no parecía ser tarea fácil ni en Mexicali ni en ninguna parte de México. Desde 1983, el gobierno local ha tenido la responsabilidad de fijar y recaudar los gravámenes a la propiedad inmobiliaria, aunque ciertas responsabilidades aún recaen sobre las autoridades estatales. A lo largo de la década de 1980, tanto la recaudación del gravamen inmobiliario como los ingresos municipales en general sufrieron una caída estrepitosa causada por la combinación de una fuerte espiral inflacionaria, la recesión económica, la falta de interés político , y la insuficiente experiencia y capacidad administrativa de los gobiernos municipales, quienes preferían depender de fuentes de participación en los ingresos fiscales.

Como resultado de las mejoras en el rendimiento macroeconómico de la nación, a inicios de los noventa se dieron las condiciones para un cambio en la situación, aunque ciertos factores políticos y técnicos redujeron los incentivos para que muchos gobiernos estatales y municipales iniciaran una reforma fiscal. No obstante, el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se lanzó a mejorar las finanzas municipales mediante un programa de modernización catastral impulsado por el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), un banco de desarrollo público.

Incluso antes de que este programa y otras políticas nacionales comenzaran a influir sobre los gobiernos municipales y estatales, Mexicali tomó la delantera en la reforma al sistema fiscal. En 1989 el presidente municipal electo, Milton Castellanos Gout, entendió la importancia de fortalecer las finanzas municipales y comenzó a trabajar para elevar los ingresos tributarios al comienzo de su mandato. Para actualizar los valores catastrales, contrató los servicios de una empresa privada dirigida por Sergio Flores Peña, graduado en planificación regional y urbana en la Universidad de California en Berkeley. Flores propuso al nuevo presidente abandonar el sistema impositivo de base mixta (construcciones y suelo) y adoptar uno basado exclusivamente en el valor del suelo, y diseñar un modelo matemático para calcular los precios del suelo.

Más que atracción por las creencias teóricas o ideológicas asociadas con un impuesto sobre el valor de la tierra, Castellanos sentía que dicho gravamen era una manera fácil y rápida de aumentar la recaudación de ingresos, y asumió el riesgo político de proponer un Comité Municipal de Catastro integrado por organizaciones de bienes raíces, organizaciones profesionales y representantes de la ciudadanía.

Los resultados fueron espectaculares desde dos puntos de vista: primero que todo, el nuevo impuesto elevó los ingresos rápidamente (ver fig.1); y segundo, no hubo oposición ni política ni legal en contra de las medidas fiscales por parte de los contribuyentes. El aumento de ingresos por concepto de mayores gravámenes a la propiedad inmobiliaria y ventas de bienes raíces ¾la mayor fuente de ingresos municipales¾ permitió al presidente poner en marcha un importante programa de servicios públicos. No obstante, al año siguiente Castellanos decidió disminuir el control fiscal y no actualizar los valores del suelo, lo cual llevó al abandono del modelo matemático que había sido creado originalmente para ese propósito.

Tanto el Comité Municipal de Catastro como los funcionarios gubernamentales que estaban a cargo de la oficina de valuaciones y de catastro se opusieron a fijar los nuevos valores catastrales. Estas personas carecían de la capacidad técnica para manipular el modelo y temían disminuir su poder y control si dejaban el asunto en manos de la empresa consultora privada. Como resultado, se abandonó el modelo matemático y en lo sucesivo se definieron los valores del suelo mediante un proceso de negociación y convenios entre las autoridades locales, los representantes electos y el comité.No obstante, no se modificó el sistema de cálculo del valor catastral de base suelo.

Al mismo tiempo, el gobierno de Castellanos lanzó un programa de modernización catastral con recursos financieros del gobierno federal. Sin embargo, dado que el presidente consideraba que ya se había logrado el objetivo principal de aumentar los ingresos, relegó a un segundo plano la modernización del sistema catastral y no se pudo lograr el mismo éxito.

En las administraciones subsiguientes varió la política de recaudaciones tributarias y modernización catastral. El próximo presidente, Francisco Pérez Tejeda (1992-1995), era miembro del mismo partido político (Partido Revolucionario Institucional, PRI). Durante su primer año de gobierno hubo un descenso en los ingresos por gravámenes a la propiedad inmobiliaria, y los impuestos aumentaron sólo al final de su mandato. Pérez abandonó el programa de modernización catastral, pero mantuvo el sistema de tributación sobre el valor de la tierra.

La siguiente administración estuvo presidida por Eugenio Elourdy (1995-1998), miembro del Partido de Acción Nacional (PAN) quien fue el primer líder de un partido de oposición en Mexicali, aun cuando un miembro del PAN había gobernado en el ámbito estatal de 1989 a 1994. En la administración de Elourdy se actualizaron los valores catastrales, hubo un crecimiento continuo de la recaudación del gravamen inmobiliario y se volvió a implementar la modernización catastral. La actual administración de Víctor Hermosillo (1999-2001) está continuando con la reforma catastral.

Evaluación de la experiencia de Mexicali

Sin duda alguna, el proceso de reforma fiscal ha convertido la recaudación del gravamen inmobiliario en la más rápida e importante fuente financiera de los gobiernos municipales. Esta recaudación representa actualmente más del 50 % de los ingresos municipales locales. El rendimiento relativo del gravamen inmobiliario respecto a los ingresos totales de Mexicali está muy por encima de los promedios estatales y nacionales (15,3 % en 1995, comparado con 8,4 % para el estado y 10,3 % para todo el país). Los funcionarios del gobierno municipal que están a cargo de los sistemas catastrales y de valuación están bien preparados, poseen el conocimiento técnico y están conscientes de la necesidad de conducir reformas permanentes dentro del sistema. El ejemplo de Mexicali ha sido ya imitado en el resto del estado de Baja California y en el estado vecino de Baja California Sur.

El caso de Mexicali ofrece lecciones importantes. La primera de todas es que los gravámenes a la propiedad inmobiliaria son fundamentales para fortalecer los gobiernos municipales, no sólo para recaudar ingresos suficientes para el desarrollo urbano, sino también para proporcionar a los funcionarios gubernamentales las destrezas necesarias que les permitan organizar el sistema fiscal de una forma exitosa, legítima y transparente ante los ojos de la ciudadanía.

En segundo lugar, una reforma al sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria es algo que requiere visión, liderazgo, y sobretodo, voluntad política y compromiso por parte de los dirigentes. Asimismo, el éxito de una reforma que vaya acompañada por un aumento de impuestos, requiere también contar con una base técnica sólida y con aceptación por parte del público.

En tercer lugar, se demostró la enorme utilidad del impuesto sobre el valor de la tierra para lograr una reforma exitosa en una etapa temprana. Claramente, la razón fundamental para adoptar dicho sistema tuvo que ver más con un abordaje pragmático que con bases o posiciones teóricas sobre diferentes filosofías. Sin embargo, ello no debe impedir que los funcionarios gubernamentales, asesores, expertos y el público en general emprendan un análisis cuidadoso de las diversas consecuencias de tal abordaje en términos de eficiencia económica, justicia y equidad fiscal.

Aunque el sistema de impuesto sobre el valor de la tierra tuvo éxito en el caso de Mexicali, no debe ser visto como una panacea aplicable en todas las situaciones. Es importante reconocer que el impuesto sería muy poco útil sin otras medidas que deben ser consideradas como parte de la reforma al sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria, tales como modernización catastral, transparencia en la fijación de tasas impositivas y participación del público. Por último, es importante ver las reformas al sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria en otras ciudades del mundo como procesos integrales, y no como “éxitos” o “fracasos”. Tal como el caso de Mexicali, son experiencias que combinan aciertos y desaciertos. Lejos de ser ejemplo de una reforma perfecta, Mexicali es una buena experiencia de aprendizaje porque demuestra que los cambios sí son posibles incluso cuando no lo parecen.

Manuel Perló Cohen es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Para este estudio recibió apoyo del Instituto Lincoln. Perló Cohen ha participado en numerosos cursos y seminarios patrocinados por el instituto en varias ciudades de América Latina.

Figura 1. Recaudación del gravamen inmobiliario en Mexicali, 1984-1998

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tesorería del XVI Ayuntamiento de Mexicali. Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica.

Government-owned property is exempt from local taxes almost everywhere in the United States, but this situation is based less on logic than on now-outdated historical considerations. Remarkably, there are no comprehensive estimates of the value of these exemptions. For comparison, the value of property tax exemptions for nonprofit institutions (excluding houses of worship) was about $900 billion in 1997, and charitable properties (including hospitals and universities) accounted for about $500 billion of this figure (Cordes, Gantz and Pollak 2002, 89). Even without comprehensive data, it is clear that the amount of government-owned land is vastly greater than nonprofit holdings. However, the exempt status of government land barely provokes complaint (except in the western states where federal landholdings are enormous) whereas exemptions for nonprofit organizations are frequently challenged.

Historical Background and Federalism Today

Government-owned property traditionally has been exempt from taxation in order to avoid an empty ritual whereby the sovereign taxed itself. The implicit assumption of a single sovereign was quite reasonable in Elizabethan England, where the property tax first took root, but not so in the U.S. today. The myriad school districts and special districts that now compete with counties and municipalities for property tax revenues were virtually nonexistent in the nineteenth century. Today there is no economic reason to exclude all government property from the tax base.

Exemptions for private, nonprofit entities grew out of the government exemption. In the seventeenth century, private parties did not always wait for the Crown to repair their bridges, causeways, seawalls or highways. They assumed this responsibility whenever self-interest required and the purse permitted. The capital-intensive nature of such activities that relieved government of a burden made a property tax exemption a logical tool for encouraging private initiative. Thus the first charitable exemptions were a type of quasi-government exemption, subsidizing private parties who discharged public responsibilities.

Charitable exemptions for the alleviation of poverty began as a separate category, because reducing poverty was not originally considered a government responsibility. The change in this attitude over time had the effect of diminishing the distinction between alleviating poverty and relieving government of a burden, but these remain two separate bases for the charitable exemption. Before the New Deal of the 1930s, U.S. counties had the primary governmental responsibility for poor relief, through maintaining almshouses and work farms. The principal public expenditure required for them was for land and construction, since the residents did the day-to-day work of running these facilities. In this situation, a property tax exemption made sense. If a charitable organization did not build such a facility, the responsibility would fall to county government and would be funded through property taxes. It was easy to see a clear and convincing connection between the alleviation of poverty, relief of a government burden and a property tax exemption.

Modern U.S. federalism has undermined these connections. There is no single sovereign now, but rather 87,000 units of government, including 19,000 municipalities, 16,600 townships and towns, 3,000 counties, 13,700 school districts and 34,700 special districts, which often overlap in complex ways. The property tax is virtually the sole source of internally generated revenues for school districts and special districts. A government exemption can be administered so that no unit of government need pay taxes to itself, while taxpayers outside the taxing jurisdiction who benefit from the property would pay the tax.

Valuation of unique government property and infrastructure is a problem, but it is not insurmountable. A new addition to generally accepted accounting principles requires local governments to carry on their balance sheets the depreciated value of their physical assets, including infrastructure, which can be a starting point for valuing such property. Already local government property is taxable in 11 states, provided it lies outside the owner’s boundary. For example, a reservoir owned by a water district can be taxed by the town or county where the reservoir is located, and the tax can be collected through increased water rates charged to the utility’s customers.

The strong consensus in favor of exempting government property is due to inertia, power and precaution. The federal government has vast landholdings, collects no property taxes, and therefore would oppose any tax on government property. Besides, the Constitution shields it. State governments also have extensive holdings and do not benefit from property taxes to any significant degree, so they too would oppose taxing government property. Local governments, special districts and school districts would be the net beneficiaries if government property were taxed, since their own property holdings are small in comparison to federal and state governments, yet the property tax provides almost 40 percent of their revenue (U.S. Census Bureau 1998).

Charitable Exemptions as Sovereign Exemptions

As long as government property is exempt, the case for charities is strengthened. Evelyn Brody (1998; 2002) argues that the states, by conferring benefits of sovereignty on nonprofit institutions, are acknowledging the underlying independent, self-governing nature of those institutions. “Tax exemption carries with it a sense of leaving the nonprofit sector inviolate, and the very concept of sovereignty embodies the independent power to govern” (Brody 1998, 588). Under federal tax law, neither charitable institutions nor local governments are taxed on net income, contributions or interest income from bonds, but both are taxed for payments made for services rendered. Considering charitable nonprofit institutions as quasi-sovereign allows us to make sense of “the rules in the tax scheme that operate to curtail rather than enhance the economic strength of the charitable sector. After all, rival sovereigns rarely feel comfortable letting the other grow too powerful” (Brody 1998, 586).

The U.S. Supreme Court, in Walz v Tax Commissioners, 397 U.S. 664 (1969), supports the position taken by Brody: “[Exemption] restricts the fiscal relationship between church and state, and tends to complement and reinforce the desired separation insulating each from the other (emphasis added).” Churches, and by extension other nonprofit institutions, are sovereigns in their own domain, which is circumscribed by a higher sovereign—state government.

Conversely, arguments used to attack certain charitable exemptions can also be applied to the governmental exemption. Critics of nonprofit tax exemption focus on large, property-rich and financially strong organizations, calling them commercial enterprises (Balk 1971; Hyman 1990; Gaul and Borowski 1993). This category includes colleges, universities, hospitals and nursing homes. No state prohibits charities from engaging in commercial activities, but 8 states out of 43 responding to the survey described below prohibit charities from earning a profit, even for institutional purposes. All states prohibit the charitable owner of exempt property from distributing profit to private parties. “It is a well-established principle of law that a charitable institution does not lose its charitable character and its consequent exemption from taxation merely because recipients of its benefits who are able to pay are required to do so, as long as funds derived in this manner are devoted to the charitable purposes of the institution” (American Jurisprudence 1944).

Commercial enterprises of local government are generally tax exempt, including air and marine ports, electric power generating facilities, water treatment and distribution plants, golf courses, package liquor stores and parking garages, to name a few. If commercial activity is to be the test for taxation, this should be applied evenhandedly and extend to government property as well.

A Survey of State Charitable Exemptions

Every state exempts charitable property, but the meaning of “charitable” varies quite a lot because its legal antecedents are traceable to the English Statute of Charitable Uses of 1601. Policy makers have shown considerable ingenuity in adapting an ancient law to modern needs, and ingenuity breeds variety. A Lincoln Institute-sponsored survey explored the laws in each of the 50 states to clarify the definition and application of “charitable” property tax exemptions.

As befitting a sovereign, private nonprofit institutions enjoy a constitutionally protected tax exemption in almost as many states as do local governments. The constitutions of 38 states make reference to exemption of local government or private institutions, or both. States have probably been reluctant to define charity statutorily because the judicial branch is the final arbiter of constitutional matters. Four states authorize legislatures to grant exemptions without giving specific direction; only 9 (including all 6 New England states) are silent. Specific exemptions are mandated in 27 states, and are discretionary in 16. Arizona, Missouri, Nebraska, North Carolina and Virginia are in both categories because they mandate some exemptions (usually governmental) but give their legislatures discretion with respect to other classes of institutional property.

Only 10 states have statutory definitions, and they show very little similarity (see Figure 1). Four of them define charity in terms of a public benefit, two in terms of relieving government of a burden, and one (Florida) could be placed in either category. Other individual states define charity in terms of relief of poverty or deriving income in the form of donations, or simply by listing exemption-eligible activities, with a slight overlap with relief of poverty. Five state definitions (Florida, Nebraska, New Hampshire, North Carolina and Pennsylvania) are extremely broad, which essentially punts the issue to the judicial branch.

The lack of a discernable pattern in judicial opinions arouses suspicion that courts must work backwards from a desired result to develop standards and tests. The situation today parallels the first half of the twentieth century, when bureaucrats and judges were gatekeepers to the nonprofit sector, approving or denying a petition for a nonprofit corporate charter, and they “used their control to promote the causes they believed in” (Silber 2001, 6). Awarding a nonprofit charter is now a ministerial act, but property tax exemption for charitable purposes remains subject to a variety of state laws with idiosyncratic judicial interpretations in every state. Confusion in the public debate over the charitable property tax exemption is the sure result. In devising tests, courts sometimes conflate public benefit with relief of poverty, and the result is unenforceable. Either one or the other must take precedence. Unless statutes are clear, courts are free to choose and to switch back and forth.

The case of hospitals is illustrative. Although one will find exempt hospitals in every state, the law is ambivalent. Hospitals have constitutional protection in only 3 states, while in 17 they are exempt only because the court regards them as “institutions of purely public charity.” The famous 1985 decisions in the supreme courts of Utah and Pennsylvania that undermined hospital tax exemption were health care cases. The courts concluded that the hospital (Utah) and the consortium of hospitals (Pennsylvania) were not in fact charities. Without putting too fine a point on it, the judicial remedies were based on the principle of relieving poverty.

Much angst and legal conflict could be averted if relief of poverty could be treated as separate and distinct from public benefit and relieving government of a burden, and fortunately it can be quantified. If a legislature wants a particular type of institution (e.g., hospitals) to relieve poverty, then the state should tax the hospitals, but award each property owner in the group a tax credit equal to the amount of service they give away up to their tax liability. This proposal raises the thorny question of how to measure the value of services priced below market, but the problems are surmountable (see Bowman [1999] for a method for hospital services). Solutions to these complexities are not likely to introduce the element of arbitrariness that pervades judicial decisions today.

H. Woods Bowman is associate professor in the Public Services Program at DePaul University in Chicago, Illinois. He was a visiting fellow at the Lincoln Institute in 2001 and he contributed to the Urban Institute book, Property Tax Exemption for Charities, edited by Evelyn Brody (2002).

References

American Jurisprudence. 1944. Taxation 51 § 602.

Balk, Alfred. 1971. The Free List: Property Without Taxes. New York: The Russell Sage Foundation.

Bowman, Woods. 1999. Buying charity care with property tax exemptions. Journal of Policy Analysis and Management vol. 18, no. 1 (winter): 120–125.

Brody, Evelyn. 1998. Of sovereignty and subsidy: Conceptualizing the charity tax exemption. Journal of Corporation Law vol. 23, no. 4 (summer): 585–629.

_____. 2002. Legal theories of tax exemption, quasi and real. In The Property Tax Exemption: Mapping the Battlefield, Evelyn Brody, ed., 145–172. Washington, DC: Urban Institute.

Cordes, Joseph J., Marie Gantz, and Thomas Pollak. 2002. What is the property-tax exemption worth? In The Property Tax Exemption: Mapping the Battlefield, Evelyn Brody, ed., 81–112. Washington, DC: Urban Institute.

Gaul, Gilbert and Neill A. Borowski. 1993. Free Ride: The Tax-Exempt Economy. Kansas City: Andrews McMeel.

Hyman, David A. 1990. The conundrum of charitability: Reassessing tax exemption for hospitals. American Journal of Law and Medicine vol. 6, no. 3: 327–380.

Silber, Norman I. 2001. A corporate form of freedom: The emergence of the nonprofit sector. Boulder, CO: Westview Press.

U.S. Census Bureau, U.S. Department of Commerce. 1998. Statistical Abstract of the United States 1998, table 500 (reporting 1995 data).

Figure 1: Statutory Criteria for Charitable Organizations

Arizona requires “qualifying charitable organizations” to spend at least 50 percent of their budgets on services to state residents who receive “temporary assistance to needy families benefits or low income residents…and their households” [A.R.S. § 43-1088 G(2)].

In Florida, “Charitable purpose means a function or service which, if discontinued, could legally result in the allocation of public funds for the continuance of the function or service. It is not necessary that public funds [actually] be allocated, but only that such allocation is legal” [F.S. §196.012]. Houses of worship are exempt under a separate statute.

Hawaii defines charitable purposes as “community, character building, social service, or educational nature, including museums, libraries, art academies, and senior citizens housing facilities qualifying for a loan under the laws of the United States” [H.C.A. § 246-32(c)(2)].

In Montana charities must accomplish their activities “through absolute gratuity or grants” [M.C.A. § 15-6-201(2)(a)(i)].

In Nebraska charities must operate “exclusively for the purposes of the mental, social, or physical benefit of the public or an indefinite number of persons” [R.S.N.A. § 77-202(1)(d)].

A New Hampshire charity is one that performs “some service of public good or welfare advancing the spiritual, physical, intellectual, social or economic well-being of the general public or a substantial and indefinite segment of the general public that includes residents of the state of New Hampshire…” [R.A. § 72:23-1].

In North Carolina, “A charitable purpose is one that has humane and philanthropic objectives; it is an activity that benefits humanity or a significant rather than a limited segment of the community without the expectation of pecuniary profit or reward. The humane treatment of animals is also a charitable purpose” [N.C. Gen. Stat. § 105-278.3(d)(2)].

Pennsylvania requires: (1) relief of poverty; (2) advancement and provision of education, including secondary education; (3) advancement of religion; (4) prevention of treatment of disease or injury, including mental retardation and mental disorders; (5) government or municipal purposes; or (6) accomplishment of a purpose that is recognized as important and beneficial to the public and that advances social, moral, or physical objectives” [10 Penn. Stats. § 372].

A South Dakota public charity “must receive a majority of its revenue from donations, public funds, membership fees, or program fees generated solely to cover operating expenses; it must lessen a government burden by providing its services to people who would otherwise use government services; it must offer its services to people regardless of their ability to pay for such services…” [S.D.C.L. § 10-4-9.1].

Texas defines charity by reference to the type of activity such an organization undertakes. T.T.C. § 11(d) lists 19 activities, including: (d)(1) “providing medical care without regard to the beneficiaries’ ability to pay…”

Large-scale urban redevelopment projects (termed grandes projectos urbanos or GPUs in Spanish) raise many questions about the impacts of subsequent urban development induced by the intervention. GPUs are characterized by an impact in a significant part of the city, often with the use of some new fiscal or regulatory instruments and the involvement of a large network of agents and institutions. These projects are expected to affect land prices, recycle existing or create new infrastructure and facilities, and attract other new buildings.

GPUs as an urban policy instrument have been the object of considerable controversy and debate throughout Latin America. It is often argued that they promote social exclusion and gentrification, have limited effects in stimulating real estate activities, and require large (sometimes hidden) public subsidies that often draw fiscal resources from other urban needs. In spite of their increasing popularity in Latin America, there is little empirical evidence to support these criticisms.

This article presents the case of a GPU introduced in São Paulo, Brazil, in 1996 as an “urban operation” to redevelop a middle-income area of mostly single-family homes that was to be traversed by the extension of the Faria Lima Avenue. The project is known as the Faria Lima Urban Operation Consortium (OUCFL). We examine economic principles that affect the fiscal performance of the project and its opportunity for value capture, evaluate changes in residential density, and analyze changes in income distribution and ownership structure. Finally, we offer some policy suggestions on how and when to use this kind of instrument based on these assessments.

What is an Urban Operation?

An urban operation is a legal instrument that seeks to provide local governments with the power to undertake interventions related to urbanistic and city planning improvements in association with the private sector. It identifies a particular area within the city that has the potential to attract private real estate investments to benefit the city as a whole. The proper city planning indexes (i.e., zoning and other regulations on construction coefficients, rates of occupation, and land uses) are redefined in accordance with a master plan, and investments are made in new or recycled infrastructure.

An urban operation allows the municipality to capture (through negotiated or mandatory means) the land value increments associated with the subsequent land use changes. In contrast to other value capture instruments, these funds are earmarked or internalized within the perimeter of the project to be shared between government and the private sector for both investments in urban infrastructure and subsidies to private real estate investments to support the project itself.

Each urban operation in Brazil is proposed by the executive and approved by the legislative branch of the jurisdiction. In the case of São Paulo, this authority was created in the Lei Organica Municipal (Constitution of the City) in 1990, which was later inserted in the new Brazilian urban development law (Statute of the City of 2001). The first proposed projects were the Operation Anhangabaú (subsequently expanded as a part of the Downtown Operation and renamed Center Operation) and Água Branca, followed by the Água Espraiada and Faria Lima operations. After the approval of the city’s new Master Plan in 2001, nine other urban operations were generated. These thirteen projects are expected to affect 30 to 40 percent of the buildable area of the City of São Paulo.

Financing Faria Lima

The Faria Lima urban operation (OUCFL) was proposed and approved in 1995 with the aim of obtaining private resources to fund the public investments necessary to purchase land and install infrastructure in order to extend Faria Lima Avenue. These costs were deemed at the time to be approximately US$150 million, two-thirds for land acquisitions and one-third for the avenue itself. The project was heavily contested by many stakeholders on grounds ranging from the source of the funds (i.e., advanced out of the local budget through new debt) to neighborhood concerns (one of which managed to keep the floor-area-ratios [FARs] unchanged and legally excluded from the OUCFL zoning) and technical design issues.

Technical studies carried out at the time indicated that it would be possible to take advantage of an additional potential 2,250,000 square meters beyond what was already permitted by the city’s zoning legislation, and the FARs were changed accordingly. These additional building rights were granted against a payment of a minimum of 50 percent of their market value using the existing “Solo-Criado” (Selling of Building Rights) instrument. OUCFL aroused great interest on the part of real estate entrepreneurs. This instrument nevertheless was also questioned for its lack of transparency, its project by project approach, and the arbitrariness in the way relevant prices were established and then used to calculate the value of the additional building rights.

By August 2003 a total of 939,592 square meters, or nearly 42 percent of the available total of these 2,250,000 square meters, had already been licensed. More than 115 real estate projects were approved, including nearly 40 percent commercial buildings and 60 percent high-quality residential buildings. Nevertheless, the resources (approximately US$280 million) obtained from these approved projects had not fully compensated for the expenditures (US$350 million, including principal plus interest) associated with the expansion of the avenue, considering the high interest rates prevailing in Brazil for the nearly eight years since the realization of expenditures. Thus, about 80 percent of the cost (albeit more than anticipated) has been recovered through the Selling of Building Rights process. Since July 2004 the compensation for these advance funds was obtained through an ingenious new value capture mechanism known as CEPAC, an acronym for a Certificate of Additional Potential of Construction. One CEPAC represents one square meter.

The Introduction of CEPACs

Although CEPACs were defined in Brazil’s Statute of the City of 2001, they were not approved by the CVM (Brazilian equivalent to the U.S. Security and Exchange Commission) as freely tradable in the Brazilian Stock Exchange until December 2003. The regulation establishes that the price of each certificate is defined by public auction and that the corresponding square meters of building rights (which also include use changes and occupation rates) expressed in each certificate may be executed at any time. The regulation also states that new batches of certificates can be issued (and sold through auction) only upon confirmation that the resources captured by the previous sale have been effectively earmarked to the project. To ensure this designated use, the revenues are deposited in a special account, not in the municipal treasury. From the perspective of the private investors this designation ensures the acceptability of this value capture instrument at its own valorization. By issuing a lower number of certificates than potential building rights—that is by managing their scarcity—the public sector may benefit from the valorization and thus be able to capture value “ex-ante” (Afonso 2004, 39).

The final approval of CEPACs for OUCFL and all the necessary steps for launching them in the financial market occurred in mid-2004, and the first auction at the end of December 2004 generated nearly R$10 million (about US$4 million), corresponding to the sale of approximately 9,000 CEPACs out of an authorized stock of 650,000 square meters. The OUCFL certificates were sold at a face value of R$1,100 (about US$450) per square meter with no observed premium pricing as a result of the bidding process.

This situation contrasts with that of the Água Espraiada urban operation, which was expected to be fully funded by CEPACs from its start. In its third auction, the certificates were already capturing R$370 per certificate against a face value of R$300 set for this operation. A more recent auction in Água Espraiada sold 56,000 CEPACs and captured R$21 million ($US9.5 million), reflecting a certificate price of R$371. This pricing contrast reflects the different original face values in the two projects. In the case of OUCFL developers bought (and stocked) building rights in advance, to benefit from the more flexible rules prior to the CVM approvals. The certificate price in Faria Lima started at more than R$1,100 because it is a more valued area. In Água Espraiada developers were willing to pay more than the original face value because the certificates were less expensive and thus in greater demand.

Land Price Implications

The prices of vacant land and developed areas experienced a considerable increase in some blocks within the perimeter of OUCFL during the 1990s, but decreased in other blocks. Yet, the average square meter price of new real estate development fell throughout the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP) in all price bands, when comparing the average price from 1991 to 1996 with those of 1996 to 2000.

After controlling for a number of attributes associated with the changing character of the developments and their location, the price estimations showed an unequivocal relative increase after the operation was launched. The average price per square meter within the OUCFL perimeter increased from R$1.68 thousand in the 1991–1996 period to R$1.92 thousand in the 1996–2001 period, a 14 percent increase, while prices in RMSP decreased from R$1.21 thousand to R$1.06 thousand, a 12 percent decrease in the same period (R$1.95/US$1.00 in December 2000). Thus, the price per square meter in OUCFL was higher than that of RMSP by around 26 percent. The price per square meter in OUCFL was 38 percent higher than the average price in the RMSP in 1991–1996, and it increased to 81 percent higher in 1996–2001.

Was this increase captured by the municipality as anticipated? Considering that the cost of construction in average is around R$1,000 per square meter, the 2004 auction (the only one so far) captured almost all of the value added at current prices. The previous pre-CEPAC system captured about 50 percent or more, depending on the capacity and success of municipal negotiators, and the correctness of the reference price. CEPAC now changes this percentage and the face value of the instrument may capture all the value increment or even more, depending on the relation of this face value to market prices, and on the results of future auctions. Comparing a redevelopment project financed totally by construction bonds (like CEPACs) and one financed totally with general property taxes, there is no doubt that the former is less regressive than the latter. Even with a progressive property tax, with rates increasing according to values, part of the costs would be paid by poorer households.

This evidence that about 80 percent of the total cost of the project has already been recovered, combined with the auctioning of the remaining building rights through CEPACs and the impact of the property appreciation on the current property tax revenues, indicates that the project should not only pay its own way but actually generate a fiscal surplus for the city as a whole over the next five or seven years.

In effect, the changes caused by substituting older single-family houses with new residential and commercial buildings resulted in a substantial change in property tax collection in the OUCFL area. Many lots and even entire blocks had been occupied by single- and two-story houses constructed since the 1950s. Many of these structures were eligible for a discount coefficient for obsolescence of up to 30 percent of the property tax. They were replaced with new, taller and higher-quality buildings for which the discount was null. Our estimates indicate that the differences in property tax collection by square meters constructed may have increased by at least 2.7 times and up to 4.4 times. That is, the average property tax per square meter increased to a minimum of R$588.50 up to R$802.50 from R$220.95 if the house was 25 years old, or from R$179.70 if the house was 30 years old.

Social Implications

The OUCFL case offers a unique opportunity to quantify changes in resident characteristics before and after the intervention, since data at the census track level is available for 1991 and 2000, and the intervention began in 1996. Our analysis of gentrification and displacement of poorer residents mainly confirms the findings of Ramalho and Meyer (2004) that the average income has increased relatively in most of the blocks inside the OUCFL perimeter. By Brazilian standards, the upper-middle class was displaced from the region by the richest 5 percent of households in the metropolitan area. The census data also showed that residential density fell between 1991 and 2000, from 27 to 22 residences per hectare, although these figures may be distorted because they reflect the ratio of total residences in the entire area, not an average of the ratios per plot where land use was converted.

The data from 1991 indicated that the population was already leaving the OUCFL area before the approval of the urban operation, but this exodus intensified after 1996, generating vacant plots in the process of site-assembly to accommodate the new high-rise developments. At the same time, building density increased. The average number of floors per new building in the area increased from 12.6 in the 1985–1995 period to 16.7 in the 1996–2001 period. The number of housing units per building increased from 37.1 to 79.6 over the same periods.

This apparent contradiction between decreased residential density and increased numbers of housing units is explained in part by the construction of commercial buildings that replaced many single-family residencies on small and average-sized lots. OUCFL induced considerable real estate concentration as the new commercial and residential buildings replaced the houses and required greater land areas for high-class architectural projects. The 115 projects approved between 1995 and August 2003 that requested increases in the utilization coefficients required a total of 657 lots, or an average of 5.7 lots per project.

The combination of the increase in income level and the reduction in household density indicates that the gentrification process advanced in and around the OUCFL region during the 1990s. Nevertheless, this is not a classic case of gentrification, where poor families are driven out of an area due to various socioeconomic pressures. In this case mostly upper-middle classes were displaced. Except for the small nucleus of remaining favelados (Favela Coliseu), the region was already occupied by people belonging to the richest segments of society.

Some Policy Observations

This article contributes to the debate about the social management of land valuation by furnishing real data assessments and economic elements. These elements have been missing from most analysis, and we believe that this gap in the literature has contributed to an incomplete interpretation of the implications of an urban operation and to mistaken public policy recommendations.

Our conclusion is that the CEPAC funding mechanism itself does not increase the regressive characteristic of urban operations, since without those building rights bonds all the investment in redevelopment would be financed by general taxes. If the OUCFL project were inadequate in terms of income distribution, it would have been even worse without the value capture mechanism. Instead, CEPAC and the value capture mechanism used previously offered two desirable characteristics of any public investment: charging the new landowners is at least neutral in terms of income distribution; and the primary beneficiaries end up paying for the project.

Furthermore, the urban operation mechanism offers incentives for redevelopment. Given that most projects increase land prices and drive out the poor from the region, it would be better to invest the entire municipal budget in small-scale projects. This is the opposite of what happened with the redevelopment of the adjacent high-end Berrini area where developers decided how to concentrate their investment, resulting in even more income concentration than in the OUCFL area. Because of inaction by policy makers in that case, the municipality did not capture any value from Berrini, yet paid the entire cost of infrastructure.

The use of building rights bonds may diminish the regressive aspect of land development, but to make a project truly progressive requires attention on the expense side, by funding all the investment through instruments like CEPACs. The main limitation on distributing benefits to the poor is that the law establishes that all funds collected through value capture (CEPACs or other instruments) must be invested within the perimeter of the intervention. One way to make these interventions more progressive is to invest in activities that will furnish spillovers to the poor, such as public transit, education, and health. Moreover the relevant legislation allows the administration to select an area inside the perimeter of an urban operation and declare it a zone of special social interest (ZEIS) where lots can be used only for low-income social housing.

Another alternative is to establish social housing areas within the perimeter of the urban operation. By subsidizing low-income housing with money from developers and new landowners, there would be no distortion in prices outside of the housing industry. The subsidy results from segmenting the market and transferring the extra rent to poor households. This is real social management of land valuation.

Ciro Biderman is affiliated with the Center for Studies of Politics and Economics of the Public Sector (Cepesp) at the Economic and Business School at the Getúlio Vargas Foundation in São Paulo, Brazil. He is a visiting fellow in international development and regional planning in the Department of Urban Studies and Planning at Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

Paulo Sandroni is an economist and professor at the Economic and Business School at the Getúlio Vargas Foundation.

Martim O. Smolka is senior fellow and director of the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean.

Photograph Credit: wsfurlan via iStock / Getty Images Plus.

References

(These publications are available only in Portuguese.)

Afonso, Luis Carlos Fernandes. 2004. Financiamento eh desafio para governantes (Financing is a challenge to government). Teoria ane Debate No. 58, Maio-Junho: 36–39.

Ramalho, T., e R.M.P. Meyer. 2004. O impacto da Operação Urbana Faria Lima no uso residencial: Dinâmicas de transformação (The impact of the Faria Lima Urban Operation on residential use: Transformation dynamics). Mimeo. São Paulo: Lume/FAUUSP.

Biderman, Ciro, e Paulo Sandroni. 2005. Avaliação do impacto das grandes intervenções urbanas nos precos dos imoveis do entorno: O caso da Operação Urbana Consorciada Faria Lima (Evaluation of property price impacts near large-scale urban interventions: The case of Faria Lima Urban Operation Consortium). Lincoln Institute of Land Policy Research Report (April).

Faculty Profile, John H. Bowman

Karl E. Case es profesor emérito de Economía en la universidad Wellesley College, donde ocupó la cátedra en economía Katherine Coman y A. Barton Hepburn y enseñó durante 34 años. Actualmente, es senior fellow en el Centro Conjunto de Estudios sobre Vivienda de la Universidad de Harvard.

El profesor Case es, además, socio fundador de Fiserv Case Shiller Weiss, Inc., empresa de investigaciones inmobiliarias, y miembro del directorio del Depositors Insurance Fund de Massachusetts. Es miembro del Comité Asesor del Índice Standard & Poors, de la Junta Asesora Académica del Banco de la Reserva Federal de Boston y de la Junta Asesora del Instituto Rappaport para el Gran Boston de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como miembro de los directorios de Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), del Banco Century, del Lincoln Institute of Land Policy y de la Asociación Estadounidense de Economía Urbana e Inmobiliaria. Asimismo, fue editor asociado de las revistas Journal of Economic Perspectives y Journal of Economics Education.

Después de recibir su título de grado de la Universidad de Miami en Ohio en 1968, el profesor Case se desempeñó durante tres años en el servicio activo del ejército y luego recibió su título de doctor en Economía por la Universidad de Harvard en 1976. Sus trabajos de investigación están relacionados con el área inmobiliaria, de vivienda y de finanzas públicas. Es autor o coautor de cinco libros, tales como Principles of Economics, Economics and Tax Policy y Property Taxation: The Need for Reform, y ha publicado numerosos artículos en revistas profesionales. Principles of Economics, un texto básico con la coautoría de Ray C. Fair y Sharon Oster, se encuentra ya en su décima edición.

Land Lines: ¿Cómo se involucró usted con el Lincoln Institute of Land Policy?

Chip Case: Supe del Instituto Lincoln en la década de 1970, cuando este patrocinaba conferencias para el Comité de Recursos Tributarios y Desarrollo Económico (TRED, por sus siglas en inglés). Yo había escrito mi tesis de doctorado sobre impuestos a la propiedad y me habían invitado a asistir a una de estas conferencias. En el otoño de 1980, comencé mi primer año sabático en el Wellesley College y necesitaba encontrar alguna forma de financiar mis investigaciones. Organicé una reunión con Arlo Woolery, quien, en ese entonces, era director ejecutivo del Instituto, y él estuvo de acuerdo con apoyar mi trabajo.

Desde entonces, mi relación con el Instituto Lincoln ha continuado durante estas cuatro décadas. Fui miembro del directorio a mediados de la década de 1990 y me desempeñé en los comités de búsqueda ejecutiva para H. James Brown, ex presidente del Instituto Lincoln, y Gregory K. Ingram, actual presidente y gerente general. Dicté clases en varios programas patrocinados por el Instituto Lincoln en el Instituto de Capacitación sobre Reforma del Suelo (actualmente denominado Centro Internacional de Estudios y Capacitación sobre Políticas de Suelo) en Taiwán durante 15 años, y además participé en una gran cantidad de programas en Cuba y China.

La mayor parte de mis investigaciones se encuentra en línea con el espíritu del Instituto, por lo que continúo realizando presentaciones en forma regular en diferentes conferencias y seminarios. Una conferencia especial en la que tuve el agrado de participar fue “La vivienda y el entorno construido: Acceso, finanzas y políticas”, que se llevó a cabo en Cambridge en diciembre de 2007. Posteriormente, el Instituto publicó los artículos y comentarios respectivos bajo el título “Ensayos en honor a Karl E. Case” en un volumen titulado Housing Markets and the Economy: Risk, Regulation, and Policy, editado por Edward L. Glaeser y John M. Quigley.

Land Lines: ¿Qué tipo de trabajo ha realizado usted recientemente para el Instituto Lincoln?

Chip Case: A principios de este año intervine como panelista en la conferencia “Economía Urbana y Finanzas Públicas”, organizada por Daniel McMillen, visiting fellow del Instituto Lincoln, junto con el Departamento de Valuación y Tributación. Este programa anual reúne a académicos líderes en los ámbitos de economía urbana y finanzas públicas con el fin de presentar y debatir sus investigaciones. Es un gran foro y una muy buena oportunidad para exponer nuevos trabajos de corte empírico.

Asimismo, hace poco regresé de un programa del Instituto Lincoln en Beijing, en donde dicté una serie de conferencias dirigidas a planificadores y economistas en el Centro de Desarrollo Urbano y Política de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln. Mi función allí fue ayudar a descifrar lo que ha estado ocurriendo en el mercado de la vivienda de los Estados Unidos y brindar una perspectiva acerca de la relación existente entre el colapso del mercado de la vivienda y la crisis financiera actual.

Los funcionarios chinos se encuentran muy interesados en aprender de la experiencia de mercado de los Estados Unidos. Decir que el mercado de la vivienda en China está pasando por un período fructífero sería quedarse cortos. En la mayoría de las ciudades, el mercado se encuentra en tensión debido a la cantidad limitada de suelo disponible y a una infraestructura insuficiente. El gobierno ha reconocido que el rápido crecimiento supone un desafío para las autoridades que controlan el mercado y, a la vez, es consciente de que este crecimiento puede aprovecharse como una fuente de posibles ingresos para las ciudades de este país.

Land Lines: ¿Qué aprendió usted acerca del problema de las finanzas del gobierno municipal en China?

Chip Case: Los gobiernos municipales en China poseen todo el suelo dentro de sus respectivas jurisdicciones y, tradicionalmente, han recaudado fondos mediante la celebración de contratos de usufructo a largo plazo sobre dichos terrenos con asociaciones de empresas y otras compañías de negocios que, posteriormente, desarrollan el suelo. Los ingresos provenientes de estos contratos de usufructo han permitido a las jurisdicciones municipales proveer de la infraestructura y bienes públicos necesarios sin haber recaudado nunca ningún tipo de impuesto.

Últimamente, algunas jurisdicciones se están quedando sin terrenos nuevos y sin desarrollar para ceder en usufructo y, por lo tanto, están perdiendo la fuente de ingresos que necesitan para financiar las escuelas, la infraestructura y los servicios de salud en sus jurisdicciones. China nunca aplicó impuestos a la propiedad, aunque la solución recomendada para la actual reducción de los ingresos municipales es, justamente, un sistema de impuestos a la propiedad. No obstante, la tarea de convencer a los funcionarios municipales para que implementen un impuesto a la propiedad ha resultado un desafío político por varias razones.

Land Lines: ¿De qué manera se relaciona su investigación con el trabajo realizado por el Instituto Lincoln?

Chip Case: Me he dedicado al estudio de las cuestiones relacionadas con el impuesto sobre el suelo y la propiedad durante mucho tiempo. Publiqué mi tesis doctoral bajo el título de “Tributación a la propiedad: Necesidad de una reforma”. Mi interés en el impuesto a la propiedad desde mis primeros años de investigación me llevó a pensar acerca del mercado de la vivienda y sus ineficacias y fallas. He escrito sobre la eficacia del impuesto a la propiedad y de los efectos distributivos de los precios del suelo y sus aumentos.

Una parte importante de mi investigación trata sobre la forma de medir el valor del suelo y evaluar de qué manera el valor del suelo afecta a la ubicación de los mercados laborales y a la distribución de los recursos y bienes públicos. Al comprar una casa, la persona está comprando el acceso a un paquete de derechos que se encuentran enlazados a la porción de terreno donde se encuentra su casa. El valor de este paquete de derechos se capitaliza en el costo de la casa y se somete a tributación como un componente del valor tasado de la propiedad. Dicho paquete de derechos (lo que incluye y de qué manera varía según su ubicación) es, hoy en día, un tema candente, debido en gran parte a la situación actual del mercado de la vivienda y su impacto sobre la estabilidad financiera de la economía del país.

Land Lines: Cuéntenos un poco más acerca de su interés en el impuesto a la propiedad.

Chip Case: Soy un acérrimo defensor del impuesto a la propiedad. Este tributo tiene el potencial de ser un medio claro y transparente para recaudar ingresos. El valor justo de mercado de una propiedad no es un mal índice para medir la capacidad de pago de los contribuyentes, si lo comparamos con el impuesto a las ganancias federal, el cual se ha vuelto tan complejo que se ha convertido en una forma extraña de distribuir el costo del gobierno y que demuestra una conexión muy poco intuitiva con la capacidad de pago de impuestos.

Los impuestos deberían ser neutrales e, idealmente, no deberían afectar al comportamiento económico. Cuando los contribuyentes modifican su conducta para evitar impuestos, en realidad empeoran su situación y, al mismo tiempo, el gobierno pierde ingresos. Los costos ocultos derivados de estos cambios son, por ejemplo, precios más altos y salarios más bajos. La porción del impuesto a la propiedad correspondiente al terreno es uno de los pocos tributos que no distorsionan la actividad económica y, por lo tanto, es una herramienta extremadamente valiosa para las finanzas públicas.

El impuesto a la propiedad constituye un apoyo a las jurisdicciones municipales, al gobierno autónomo y a la democracia directa. Los gobiernos municipales experimentan muchos obstáculos al imponer tributos independientes a las ventas o a las ganancias si los contribuyentes pueden encontrar una tasa menor en una ciudad o pueblo cercano. Los bienes raíces se definen como inmuebles, lo que representa una buena base para aplicar un impuesto municipal.

El impuesto a la propiedad siempre se encuentra en la mira de sus detractores debido a su alta visibilidad. Casi nadie sabe cuánto paga en términos de impuesto a las ventas en un año y, en el caso de muchos contribuyentes, el impuesto a las ganancias se deduce de sus salarios. No obstante, extender un cheque por un abultado monto en concepto de impuesto a la propiedad llama la atención del contribuyente. Esto da como resultado cierto nivel de controversia, aunque también significa tener la responsabilidad de rendir cuentas y permite al electorado municipal decidir si los impuestos que paga tienen una correlación con los servicios públicos que recibe. Y esto resulta casi imposible de juzgar a nivel estatal o federal.

El impuesto a la propiedad siempre puede mejorarse, lo que representa una parte de la importante misión que tiene el Instituto Lincoln. Sin embargo, se necesitan personas que defiendan este impuesto mostrando sus puntos fuertes, por lo que siempre estaré encantado de cumplir esa función.

Land Lines: ¿Cuál es el tema de su actual investigación?

Chip Case: Estoy trabajando en un artículo junto con Robert Shiller sobre el efecto de las expectativas de la gente en cuanto al mercado de la vivienda en 1988 y durante el período que va de 2003 a 2012. Shiller y yo realizamos cuestionarios a personas que habían comprado o vendido una casa en algún momento de esos años calendario. Recabamos más de cinco mil cuestionarios para generar una base de datos que nos permitiera comprender mejor la naturaleza de la reciente burbuja inmobiliaria e identificar cuándo comienzan los cambios en las expectativas de la gente. Esta base de datos nos brinda una manera de cuantificar y analizar las diferentes expectativas en cuanto al mercado de la vivienda y determinar de qué forma dichas expectativas influyen en la toma de decisiones.

Por ejemplo, podemos observar que, en el año 2005, la meta de ser propietarios fue desapareciendo del sueño americano. Este tipo de cambio es significativo desde el punto de vista cultural y económico. Cuando, junto con este cambio, se da una inercia en las expectativas de la gente, comenzamos a observar una volatilidad en el mercado de la vivienda. Y si el cambio es lo suficientemente fuerte, observaremos también que la volatilidad puede llegar a afectar la economía nacional.

Debido a que el precio de una casa incluye todos los derechos y recursos relacionados con dicha porción de suelo, las expectativas acerca del mercado y al acceso a futuros derechos y recursos cumplen una función a la hora de determinar el valor de mercado de la casa. El valor de mercado, a su vez, afecta al monto de impuesto que se gravará sobre la propiedad. La relación entre las expectativas del mercado y el impuesto a la propiedad es compleja; no obstante, la investigación que Shiller y yo estamos llevando a cabo arrojará un poco de luz sobre este tema.

Land Lines: ¿Qué piensa usted que ocurrirá en el mercado de la vivienda de los Estados Unidos en el futuro?

Chip Case: Soy moderadamente optimista en cuanto al futuro del mercado de la vivienda. Las cifras parecen indicar que el sector de la vivienda se está estabilizando y está mostrando signos de un crecimiento lento pero positivo. El sector de la vivienda representa solamente cerca del 6 por ciento del PIB del país, pero ha tenido una gran importancia en el pasado. La reactivación de este sector seguramente contribuiría a que la economía se recuperara de los efectos devastadores de la recesión.

El impuesto sobre la propiedad es el tributo más impopular de los Estados Unidos. Los estados han respondido a esta oposición pública promulgando una serie de políticas de alivio fiscal, especialmente para propietarios de vivienda (Cabral y Hoxby 2012). Entre los programas más comúnmente adoptados se encuentran las exenciones para la vivienda familiar (en inglés, homestead exemption) y los créditos al impuesto sobre la propiedad; todos los estados salvo tres cuentan por lo menos con uno de estos programas. Pero a pesar de su uso generalizado y su impacto potencialmente grande sobre la distribución de la carga del impuesto sobre la propiedad, hay muy pocos datos disponibles sobre los ahorros tributarios generados por las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad.

Dos nuevos recursos, disponibles en Características significativas del impuesto sobre la propiedad, subcentro de la página web del Instituto Lincoln, comienzan a satisfacer esta necesidad. Estas tablas proporcionan información para cada estado sobre el porcentaje de propietarios elegibles para estos programas y el nivel de ahorros tributarios que reciben, además de un análisis de cómo la elegibilidad y los beneficios varían en función de la distribución de ingresos (ver recuadro 1, pág. 32). Este artículo utiliza estos recursos para proporcionar el primer estudio nacional de exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad, con estimaciones de los ahorros tributarios obtenidos de estos programas. Con esta información, los dirigentes políticos cuentan con una herramienta fundamental para evaluar y mejorar la efectividad de sus programas de alivio del impuesto sobre la propiedad.

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Recuadro 1: Detalles por estado de exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad

El subcentro del sitio web del Instituto Lincoln Características significativas del impuesto sobre la propiedad proporciona tres recursos clave de información sobre las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad en los 50 estados de los EE.UU. Se puede acceder a este subcentro en www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax.

Ahorros tributarios por exenciones y créditos de impuestos

Este archivo Excel en línea incluye estimaciones de ahorros tributarios por programas en cada estado (ver el ejemplo abreviado a continuación) más tablas resumen que facilitan la comparación entre estados. El archivo proporciona estimaciones sobre la cantidad de propietarios elegibles y la mediana del beneficio para cada programa, así como un análisis distributivo por quintil de ingresos. Esta es la primera vez que se dispone de datos detallados para la mayoría de estos programas.

Tabla resumen de exenciones y créditos

Este archivo Excel incluye un conjunto de tablas de 167 programas que muestra el valor de las exenciones expresadas en términos de valor de mercado, criterios relacionados con la edad, discapacidad, ingresos, condición de veterano de guerra, el tipo de impuestos afectado (es decir, impuestos escolares o de condado), si la pérdida de recaudación tributaria es absorbida por el gobierno estatal o los gobiernos locales, opciones locales, etc. La tabla resumen permite efectuar fácilmente un análisis cuantitativo de estos programas o comparar rápidamente un estado con otro. La información de estas tablas se usó para generar las estimaciones de ahorros tributarios.

Alivio del impuesto sobre la propiedad residencial

Esta sección del sitio web Características significativas incluye descripciones detalladas de las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad que se usaron para crear la tabla resumen sobre exenciones y créditos. También describe otros tipos de alivio del impuesto sobre la propiedad, tales como programas de desgravación y de prórroga tributaria.

Notas: Los ahorros tributarios totales de la exención del impuesto sobre la propiedad por vivienda familiar para adultos mayores y discapacitados (US$392 millones) es menor que el total combinado de los programas para adultos mayores (US$378 millones) y discapacitados (US$22 millones), porque los propietarios que tienen más de 65 años y están discapacitados no pueden reclamar la exención dos veces. La tabla resumen en línea muestra que la exención para adultos mayores y discapacitados es de US$25.000 para propietarios que tienen más de 65 de años de edad o están discapacitados; los dos programas retroactivos son exenciones porcentuales del 2,5% y 10% para todas las residencias ocupadas por sus dueños. Fuente: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (2015).

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Cómo funcionan las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad

Los programas de alivio del impuesto sobre la propiedad adoptan diversas formas. Las exenciones por vivienda familiar reducen el valor de la propiedad sujeta al tributo, ya sea por un monto fijo en dólares o por un porcentaje del valor de la vivienda. Los créditos del impuesto sobre la propiedad, en contraste, reducen directamente de la factura de cobro un monto fijo o un cierto porcentaje.

Como se ilustra en la tabla 1, los programas diseñados para proporcionar beneficios idénticos a propietarios de viviendas de US$200.000 tienen un impacto muy distinto en los propietarios de viviendas de alto valor que en los de viviendas de bajo valor. Dada una tasa tributaria del 1%, una exención de importe fijo de US$20.000 reduce el impuesto sobre la propiedad para cada hogar en US$200 (US$20.000 x 1%). Este programa tiene un impacto progresivo en la distribución del impuesto sobre la propiedad porque las unidades familiares de menores ingresos tienden a tener viviendas de valor menor, y la exención representa un porcentaje mayor del valor de sus viviendas. En este caso, la exención de US$20.000 reduce el impuesto sobre la propiedad un 20% en una vivienda de US$100.000, 10% en una vivienda de US$200.000 y un 5% en una vivienda de US$400.000.

Una exención porcentual, por el contrario, proporciona la misma reducción porcentual en el impuesto para los tres propietarios del ejemplo: 10%. En dólares, sin embargo, las exenciones porcentuales favorecen a los propietarios de viviendas de mayor valor: una reducción generalizada del 10% reduce el impuesto sobre la propiedad en sólo US$100 para una vivienda de US$100.000, pero US$400 para una vivienda de US$400.000.

En el caso de créditos de importe fijo, los propietarios con viviendas de menor valor en general reciben los descuentos tributarios mayores en términos porcentuales. Por el contrario, el crédito tributario porcentual proporciona al propietario de una vivienda de US$400.000 el mayor descuento tributario al calcularse en dólares.

Una característica importante de las exenciones y los créditos porcentuales del impuesto sobre la propiedad es que la reducción en dólares (pero no la reducción porcentual) del impuesto aumenta con las tasas tributarias. Por ejemplo, si las viviendas de la tabla 1 fueran objeto de una tasa tributaria del 2%, el ahorro en dólares para sus propietarios sería el doble bajo la exención de US$20.000, la exención del 10% y el crédito del 10%. Si bien el ahorro en dólares de los créditos de importe fijo no varía con las tasas tributarias, el ahorro porcentual para los propietarios disminuye a medida que crecen las tasas tributarias.

Características esenciales de las exenciones y los créditos

El diseño de los programas de exención para viviendas familiares y créditos del impuesto sobre la propiedad varía significativamente en los 50 estados. La figura 1 hace un resumen de la cantidad y el porcentaje de programas estatales con las siguientes características claves.

Cálculo del beneficio

Quizás la característica más importante de los programas de alivio del impuesto sobre la propiedad es cómo se calculan los beneficios. En 2012, el 59% de los programas estatales proporcionaban exenciones de importe fijo, el 19% proporcionaban exenciones porcentuales, y el quinto restante usó créditos del impuesto sobre la propiedad u otras fórmulas más complicadas para determinar la cantidad de alivio tributario para cada propietario.

Si bien los programas funcionan de manera similar, sus efectos difieren considerablemente. Como se muestra en los ejemplos de la tabla 1, las exenciones y créditos de importe fijo hacen que la distribución del impuesto sobre la propiedad sea más progresiva, mientras que las exenciones y los créditos porcentuales no lo son. En consecuencia, para proporcionar un cierto nivel de alivio tributario para la mediana de propietarios, las exenciones porcentuales son más caras que otros programas porque se traducen en descuentos mayores en el impuesto sobre la propiedad para los propietarios de viviendas de mayor valor. En vez de cambiar la distribución del impuesto sobre la propiedad entre los propietarios, las exenciones porcentuales son principalmente una manera de desplazar la carga tributaria de los propietarios, como grupo, a las empresas, los inquilinos y propietarios de más de una vivienda.

Financiamiento estatal vs. local

El impacto final de las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad en las facturas de cobro depende de cómo se financian los programas. La figura 1 muestra que en 2012 sólo el 28% de estos programas recibía un reembolso íntegro por parte del estado para cubrir las pérdidas de ingresos locales, mientras que en el 57% de los casos los gobiernos locales tenían que absorber las pérdidas de ingresos. En el 15% de los programas, el gobierno estatal y los gobiernos locales compartieron las pérdidas de ingresos de alguna manera. (Los programas generalizados para todos los propietarios o todos los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de recibir financiamiento estatal que los programas para grupos más pequeños, como los veteranos de guerra o los discapacitados. En 2012, el 43% de los programas de alivio tributario para todos los propietarios o adultos mayores fue financiado por el estado, el 48% fue financiado localmente y el resto dividió la pérdida de ingresos [Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, 2014]).

El argumento principal a favor del financiamiento estatal de las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad es que pueden ayudar a mitigar las disparidades de riqueza inmobiliaria entre distintas localidades. Las comunidades más pobres y aquellas sin una base tributaria significativa tienen tasas normalmente más altas de impuesto sobre la propiedad, y estas comunidades reciben más fondos por propietario de los programas financiados por el estado. Sin esta ayuda, las comunidades con mayores tasas tributarias experimentarán una pérdida mayor de ingresos debido a los programas de alivio tributario, a menos que aumenten sus tasas tributarias aún más.

Adultos mayores vs. grupos de todas las edades

Ciertos estados proporcionan alivio del impuesto sobre la propiedad a los adultos mayores. En 2012, más de un tercio de los estados favorecieron de alguna manera a los adultos mayores: siete tenían programas estatales exclusivamente para este grupo, mientras que 11 cubrían también a propietarios más jóvenes, pero proporcionaba más beneficios a los propietarios adultos mayores. Otros estados o bien proporcionaron la misma cantidad de beneficios a propietarios de todas las edades (15 estados), o bien no tenían programas generalizados (18 estados).

Los argumentos más comunes para beneficiar a los propietarios mayores son que el impuesto sobre la propiedad consume un porcentaje más alto de sus ingresos y que los gobiernos locales gastan menos en los adultos mayores que en propietarios más jóvenes con hijos en edad escolar. Si bien es cierto que el impuesto sobre la propiedad representa un porcentaje más alto de los ingresos para los adultos mayores que para los propietarios que son trabajadores activos, los dos grupos dedican una proporción casi idéntica de sus ingresos a gastos totales de vivienda, porque es mucho menos probable que los adultos mayores estén pagando una hipoteca (Bowman et al. 2009, 11). Además, el impuesto sobre la propiedad es un pago por servicios públicos, no un arancel de uso (Kenyon 2007, 36). Los hogares compuestos por personas más jóvenes sin hijos en las escuelas públicas no se benefician del alivio del impuesto sobre la propiedad bajo estos programas. El tratamiento tributario preferencial de los adultos mayores puede reflejar simplemente que los hogares formados por personas mayores forman un grupo políticamente poderoso que tiende a votar masivamente.

Estimación de los beneficios de exenciones y créditos

Para estimar los ahorros tributarios de las exenciones de la vivienda familiar y créditos del impuesto sobre la propiedad, el primer paso fue crear la Tabla de resumen de exenciones y créditos en línea, que describe las características clave de cada programa (ver el recuadro 1 para una descripción). Estos datos se extraen casi por completo de la sección Programas de alivio del impuesto sobre la propiedad residencial de la base de datos Características significativas del impuesto sobre la propiedad del Instituto Lincoln.

El segundo paso fue combinar esta información con los datos a nivel familiar de la Encuesta de Comunidades Americanas (American Community Survey o ACS) de 2008–2012. Esta encuesta nacionalmente representativa tiene datos sobre más de 6,5 millones de hogares en los EE.UU., incluyendo las características de las familias que determinan su elegibilidad para el programa (edad, ingresos, discapacidad, condición de veteranía de guerra, etc.) y el nivel de beneficios recibidos (valores de las viviendas y montos del impuesto sobre la propiedad). Para una explicación completa de la metodología utilizada para estimar los ahorros tributarios de exenciones y créditos, ver Langley (2015).

Es importante hacer notar que las estimaciones registradas aquí son ahorros brutos en el impuesto sobre la propiedad. Los programas de alivio tributario frecuentemente resultan en un aumento de las tasas del impuesto sobre la propiedad, sobre todo en los programas financiados localmente, en los que las jurisdicciones aumentan las tasas tributarias para compensar la pérdida de la base tributable debida a las exenciones. Las estimaciones de ahorros netos en el impuesto sobre la propiedad serían menores en aquellas comunidades, debido a que las mayores tasas tributarias contrarrestarían parcialmente el alivio tributario directo debido a las exenciones y créditos.

La figura 2 (pág. 35) muestra que el alivio total del impuesto sobre la propiedad debido a las exenciones de vivienda familiar y créditos del impuesto sobre la propiedad varía mucho entre estados, pero en general es pequeño con relación a los ingresos totales por ese concepto. En 14 de los 45 estados que tienen estos programas, los ahorros totales son menos del 0,5% de la recaudación total del impuesto sobre la propiedad; en 27 estados, los ahorros son menos del 2,5%. Por otro lado, los ahorros tributarios en nueve estados son mayores o iguales al 10% de los ingresos totales del impuesto sobre la propiedad. El programa de Indiana es particularmente generoso, ya que ofrece a todos los propietarios una exención de US$45.000, y después una exención adicional del 35% para los primeros US$600.000 de valuación fiscal y una exención del 25% para las valuaciones que superan los US$600.000.

Ahorros tributarios por distintos tipos de programas

La mayoría de los estados tienen más de un programa de exención o crédito del impuesto sobre la propiedad, dirigidos a distintos grupos de contribuyentes: normalmente, a todos los propietarios, a los mayores, a los veteranos de guerra o a los discapacitados. La figura 3 (pág. 36) presenta estimaciones de la proporción de propietarios elegibles para estos programas, junto con el nivel de ahorros tributarios que reciben.

Propietarios

En 26 estados hay programas que cubren a la casi totalidad de los propietarios, pero en general están limitados a la primera vivienda ocupada por sus propietarios. En los programas para un estado típico, la mediana del valor que cada propietario recibe es un descuento del 12,5% en su impuesto sobre la propiedad. En el extremo superior, sin embargo, la mediana del descuento del impuesto sobre la propiedad fue de al menos un 25% en más de un cuarto de los estados que tenían estos programas.

Adultos mayores

18 estados cuentan con programas de alivio del impuesto sobre la propiedad para propietarios mayores (normalmente a partir de 65 años de edad). Estos programas son mucho más generosos que aquellos que cubren a todos los propietarios, con una mediana de reducción tributaria de casi el 30% en un estado típico. Más de la mitad de estos programas proporcionan una mediana de descuento de por lo menos el 25%, y sólo un sexto de ellos tienen una mediana de descuento de menos del 10%.

En la mediana de los estados, el 19,6% de los propietarios son elegibles para los programas, pero las tasas de elegibilidad varían mucho entre un estado y otro, dependiendo de si hay un límite de ingresos. En los siete estados que proporcionan alivio del impuesto sobre la propiedad a los adultos mayores sin tener en cuenta el nivel de ingresos, normalmente un 25–30% de los propietarios son elegibles. Pero en siete estados con programas sólo para propietarios de bajos ingresos (límites entre US$10.000 y US$30.000), sólo del 5 al 10% de los propietarios son elegibles. Los otros cuatro estados con programas de alivio del impuesto sobre la propiedad para adultos mayores no se pueden clasificar en ninguna de estas dos categorías, porque marcan un tope de ingresos, ponen límites estrictos de riqueza u otros criterios de elegibilidad.

Veteranos de guerra

Los programas estatales para veteranos de guerra están más extendidos que para cualquier otro grupo de propietarios, aun cuando la elegibilidad frecuentemente está limitada a los discapacitados. En efecto, sólo 10 estados proporcionan exenciones o créditos del impuesto sobre la propiedad para todos los veteranos, incluso a aquellos sin discapacidades. En la mediana de los estados para estos programas, el beneficiario típico recibe un descuento en el impuesto sobre la propiedad de sólo el 3,2%.

Hay 31 estados que proporcionan exenciones o créditos al impuesto sobre la propiedad a veteranos de guerra con discapacidades relacionadas con su servicio en las Fuerzas Armadas. Debido al requisito de discapacidad, la mayoría de los veteranos de guerra no son elegibles para estos programas. En efecto, sólo el 15% de los veteranos de guerra son elegibles en el estado típico. En general, sólo el 0,6% de los propietarios son elegibles para estos programas en la mediana de los estados.

Más aún, la mayoría de los 31 programas determinan la elegibilidad y los niveles de beneficio aplicando la graduación de discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos. Sólo siete estados tienen programas para todos los veteranos parcialmente discapacitados, y aquellos con un grado de discapacidad menor normalmente reciben descuentos tributarios modestos. Por otro lado, 18 estados restringen la elegibilidad a veteranos de guerra que sufren discapacidad permanente y total. Estos programas benefician a una proporción muy pequeña de veteranos de guerra, pero en general les proporciona una exención completa del impuesto sobre la propiedad.

Discapacitados

23 estados tienen programas para los propietarios discapacitados, pero en realidad están dirigidos a dos grupos distintos: los propietarios discapacitados y los propietarios invidentes. En 2012, 12 estados tenían programas para propietarios discapacitados, siete estados tenían programas para los invidentes y cinco estados cubrían a ambos grupos. Los programas para discapacitados normalmente exigen que los beneficiarios tengan una discapacidad permanente y total, pero los criterios exactos varían. En la mediana de los estados, el 2,3% de los propietarios son elegibles para estos programas y reciben una mediana de descuento en el impuesto sobre la propiedad del 21%.

Conclusión

Las exenciones para vivienda familiar y los créditos del impuesto sobre la propiedad son una parte importante del sistema de impuestos sobre la propiedad. Estos programas se usan en casi todos los estados y pueden resultar en una distribución de impuestos sobre la propiedad mucho más progresiva. Por lo tanto, es fundamental que los dirigentes políticos dispongan de datos fidedignos sobre el alivio del impuesto sobre la propiedad que estos programas proporcionan realmente.

Por primera vez, nuevas investigaciones permiten disponer de esta información. Mediante el uso del subcentro web Características significativas del impuesto sobre la propiedad del Instituto Lincoln, los dirigentes políticos pueden comparar fácilmente las características clave de los programas de exención y crédito del impuesto sobre la propiedad en los distintos estados, y consultar las estimaciones de elegibilidad y ahorros tributarios. Estos datos permiten evaluar el impacto de las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad en cada estado en particular, así como encontrar ideas para mejorar los programas.

Adam H. Langley es Analista de Investigación Senior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Un agradecimiento especial para Andrew Reschovsky, quien proporcionó exhaustivos comentarios sobre este artículo y otros documentos relacionados.

Referencias

Bowman, John H., Daphne A. Kenyon, Adam Langley, and Bethany P. Paquin. 2009. Property Tax Circuit Breakers: Fair and Cost-Effective Relief for Taxpayers. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Cabral, Marika, and Caroline Hoxby. 2012. “The Hated Property Tax: Salience, Tax Rates, and Tax Revolts.” Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Working paper 18514. November.

Kenyon, Daphne A. 2007. The Property Tax-School Funding Dilemma. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Langley, Adam H. 2015. “Estimating Tax Savings from Homestead Exemptions and Property Tax Credits.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Lincoln Institute of Land Policy. 2014. Significant Features of the Property Tax. Residential Property Tax Relief Programs: Summary Table on Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

Lincoln Institute of Land Policy. 2015. Significant Features of the Property Tax. Tax Savings from Property Tax Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

The case of Mexicali, the capital city of the border state of Baja California, Mexico, stands out as a good example of successful property tax reform in the 1990s. In only a few years the local government was able to raise revenues associated with the property tax, as well as strengthen its municipal finances and modernize its cadastral and collection systems. Furthermore, Mexicali carried out this reform by adopting a land value taxation system, the first of its kind in Mexico, and gained the public’s acceptance for these changes. Without ignoring its problems and flaws, this case provides interesting lessons on future property tax reform endeavors in Mexico and other countries.

Economic, Political and Technical Considerations

Accomplishing property tax reform did not always seem to be an easy task in Mexicali or anywhere in Mexico. Since 1983, the local level of government has been responsible for setting up and collecting property taxes, although state authorities kept certain responsibilities. Throughout the 1980s, property tax revenues, and local revenues in general, experienced a severe drop caused by a combination of high inflation rates, economic recession, lack of political interest, and reduced administrative competence of local governments, which preferred to rely on revenue-sharing sources.

In the early 1990s, a clear improvement in the nation’s macro-economic performance made conditions more favorable for change, although political and technical factors reduced the incentives for many state and local governments to embark on fiscal reform. Nevertheless, the federal administration of Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) launched an initiative to improve local finances through a cadastre modernization program lead by BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios), a public development bank.

Even before this program and other national policies began to exert an influence on local and state administrations, Mexicali took the lead in property tax reform. Starting in 1989, the newly elected mayor, Milton Castellanos Gout, saw the importance of having strong local finances and wanted to raise revenues at the beginning of his term. He hired a private consulting firm to update cadastral values. The main consultant, Sergio Flores Peña, a graduate in city and regional planning from the University of California at Berkeley, convinced the mayor to change from a mixed-value tax base on land and buildings to a land value system, and to design a mathematical model to calculate land values.

Rather than being attracted by theoretical or ideological beliefs about the advantages of a land value tax, Castellanos was convinced that it would be the easiest and fastest way to raise revenues. He took the political risk of proposing a Municipal Cadastral Committee, including real estate owners’ organizations, professional organizations and citizen representatives.

The results were spectacular in two ways: first, the new tax raised revenues quickly (see Table 1); and second, there was not a single legal or political objection from taxpayers. The increase in revenues from real estate property taxes and property sales, by far the most important source of local revenues, allowed the mayor to launch an important public works program. In the next fiscal year, however, he wanted to loosen his fiscal grip, so he did not pursue land valuation updates and abandoned the mathematical model that was originally created for that purpose.

Opposition to updating land values came from both the Municipal Cadastral Committee and the government officials in charge of the cadastre and valuation office who lacked the technical capability to manipulate the model and feared that their power and control might be weakened by the participation of the private consulting firm. As a result, the mathematical model was abandoned and land values where subsequently defined by a process of negotiation and bargaining between local authorities, elected representatives and the committee. However, the land value taxation system remained as the base to establish land values.

At the same time, the Castellanos administration embarked on a cadastre modernization program with financial resources from the federal government. However, since the mayor saw that his main objective of raising revenues had been achieved, the efforts to modernize the cadastral system became a secondary priority that was not as successful.

In subsequent administrations, the policy towards tax revenues and cadastre modernization varied. The next mayor, Francisco Pérez Tejeda (1992-1995), was a member of the same political party (Partido Revolucionario Institucional, PRI). He experienced a drop in property tax revenue during his first year in office, and taxes only increased at the end of his administration. He abandoned the cadastre modernization program, but maintained the land value taxation system.

The next administration was led by Eugenio Elourdy (1995-1998), a member of the Partido de Acción Nacional (PAN). He was the first opposition party leader in Mexicali, although a member of PAN had governed at the state level from 1989 to 1994. During Elourdy’s term, land values were updated, property tax revenues grew steadily and cadastre modernization was vigorously resumed. The current administration led by Victor Hermosillo (1999-2001) is continuing with cadastre reform.

Assessing the Mexicali Experience

There is no question that the process of fiscal reform has stimulated property tax revenues as the fastest and most important financial source for the city government. Currently, property tax revenues account for more than 50 percent of local municipal revenues. Mexicali is well above the state and national averages for the relative share of property tax revenues to total revenues (15.3 percent in 1995, compared to 8.4 percent at the state level and 10.3 percent at the national level). Local government officials in charge of the cadastre and valuation systems are well prepared with technical expertise and an awareness of the need to conduct permanent reform within the system. Mexicali’s example has already been replicated in the rest of the state of Baja California and in the neighboring state of Baja California Sur.

The Mexicali case offers some important lessons. First, the property tax plays a central role in strengthening local governments, not only for raising sufficient revenues for urban development but also for providing government officials with the skills to organize the tax system in a way that can be sound, legitimate and transparent.

Second, property tax reform requires vision, leadership and, most of all, political will and commitment from the executive. However, successful reform to raise taxes also depends on a sound technical base and acceptance by the general public.

Third, the land value tax proved to be extremely helpful in achieving successful reform at an early stage. It is clear that the rationale for adopting land value taxation had more to do with a pragmatic approach than with theoretical positions or debates over different schools of thought. However, this should not prevent government officials, consultants, scholars and the general public from thoroughly analyzing the diverse consequences of this approach in terms of economic efficiency, equity and administrative management.

Although a land value tax has proven to be successful in the case of Mexicali, it should not be viewed as a panacea for all situations. It is important to recognize that the tax can be of little help without other measures that have to be considered as part of property tax reform, such as cadastre modernization, clear policies on tax rates and public participation.

Finally, cases of property tax reform around the world cannot be viewed as black-and-white, success-or-failure experiences, but rather, like Mexicali, as stories that combine success, flaws and steps backward. Far from being a perfect example of property tax reform, Mexicali is a good learning experience. It shows that changes can take place in a field where very often one thinks that little can be accomplished.

Manuel Perlo Cohen is a researcher at the Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. He received support for this case study from the Lincoln Institute and he has participated in numerous Institute-sponsored courses and seminars throughout Latin America.