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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En las ciudades de América Latina, y especialmente en las más grandes, la ubicación de las viviendas es crítica para los grupos más vulnerables. En Buenos Aires, la población de las villas miseria en el área del centro se duplicó en el último período intercenso (1991-2001), si bien la población total declinó aproximadamente el 8 por ciento. En Rio de Janeiro, durante la misma década, los asentamientos informales de mayor crecimiento fueron los que se percibían como mejor ubicados, generalmente cerca de la costa en los barrios de clase media y alta, si bien éstos eran ya los barrios más hacinados y congestionados.
También se observa esta tendencia en Chile, no obstante el problema de los asentamientos informales es mucho menor que en el resto de América Latina. Sólo alrededor de 28.600 familias (el 1 por ciento de la población total de Chile) viven en 533 asentamientos precarios identificados (los cuales son denominados campamentos). Los catastros sucesivos demuestran que al mismo tiempo que los campamentos más antiguos se van reordenando, se continúan creando campamentos nuevos. Más de la mitad de los campamentos existentes fueron establecidos entre 1991 y 2007 (Fundación un Techo para Chile, 2007).
Hay varias explicaciones para esta persistencia de campamentos, aun en Chile, donde la política de vivienda se considera más desarrollada que en otros países, y donde ya queda poca tierra urbana disponible para ser invadida. Algunas familias que viven en campamentos pueden representar un grupo residual en transición entre su llegada a la ciudad y su reubicación en viviendas de interés social u otro tipo de vivienda formal. Otros pueden tener preferencia por tener su propia casa en un campamento en vez de tener que compartir cuartos con otra familia o parientes en una vivienda más formal.
Vivir en un campamento también puede ser comparable a anotarse en una lista de espera para poder acceder a un programa de vivienda de interés social, ya que el programa del gobierno que se concentra en este tipo de familias (Chile Barrio) tiene por finalidad atender a sus necesidades y facilitar su acceso a la vivienda de interés social. Como algunas de las familias que viven en campamentos aún no cumplen con las condiciones necesarias para participar en el programa de viviendas de interés social, siguen allí hasta poder encontrar otras opciones.
Por otro lado, la continua existencia de campamentos no se puede atribuir a altos niveles de pobreza o a una política débil de regularización de asentamientos. Por el contrario, en los últimos 20 años la pobreza en Chile se redujo a la mitad, y ahora se estima que alcanza al 13,7 por ciento de la población (CASEN, 2006). Al mismo tiempo, el gobierno implementó una política de vivienda que entrega bonos a las familias para comprar una casa. Este programa ha sido respaldado por sucesivas administraciones de gobierno y ha beneficiado hasta ahora a dos millones de familias, a un promedio de 100.000 familias por año, o casi el 3 por ciento de los 3,6 millones de hogares urbanos de Chile en 2002.
Independientemente de su éxito en términos de cobertura, los programas de vivienda han generado una concentración de viviendas de interés social en la periferia de Santiago y otras ciudades principales. Históricamente, los proyectos de viviendas de interés social han creado grandes zonas socialmente homogéneas que han producido la segregación de familias de bajos ingresos, con consecuencias negativas. Algunas de estas zonas ahora sufren de serios problemas sociales, como un alto nivel de desempleo y deserción escolar, como también sentimientos generalizados de falta de esperanza y inversión de los valores sociales entre sus residentes (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2004).
También hay mayor inestabilidad e inseguridad laboral en la economía chilena en la actualidad que en el pasado, y una transformación radical del sistema político ha desestabilizado las relaciones cotidianas entre las clases populares y los líderes de los partidos políticos. A medida que estas formas tradicionales de cohesión social se van debilitando, ciertos factores, como la ubicación de una casa en la ciudad, se hacen más relevantes, ya que una buena ubicación puede brindar acceso a una mejor “geografía de oportunidades”, o sea a lugares que se perciben como de mayor y mejor acceso a servicios públicos y privados, como escuelas, mercados, parques y redes de transporte, como también acceso a mejores trabajos y proximidad a redes sociales y familiares.
En este contexto, examinaremos algunos de los factores que influyen en el continuo desarrollo y persistencia de los campamentos, a pesar de la disponibilidad de programas gubernamentales masivos de vivienda, como también un sistema legal que protege los derechos de propiedad.
Una encuesta de preferencias de localización de vivienda
Usando datos de la Región Metropolitana de Santiago, diseñamos tres conjuntos de muestras con un total de 1.588 unidades familiares: familias que viven en campamentos (812); familias que viven en viviendas de interés social y que se mudaron de campamentos que fueron erradicados (510); y familias que viven en viviendas de interés social pero que no se mudaron de un campamento (266). Las tres muestras fueron tomadas, respectivamente, de un inventario de moradores de campamentos preparado en 2007; y el registro del programa Chile Barrio, que identifica a familias que vivían en campamentos y que adquirieron viviendas de interés social entre 1999 y 2005; y familias del mismo proyecto de viviendas de interés social que no provenían de un campamento. Las encuestas en los campamentos fueron efectuadas de puerta en puerta en agosto de 2008, y en los barrios de proyectos de vivienda de interés social en diciembre de 2008.
Los resultados de la encuesta muestran que al vivir en campamentos, las familias logran optimizar las preferencias de localización de su vivienda con una mayor probabilidad de éxito, entendiendo dichas preferencias fundamentalmente como la proximidad a una buena geografía de oportunidades. Casi el 70 por ciento de las familias que antes vivían en campamentos y ahora viven en viviendas de interés social se quedaron en el mismo distrito, comparado con el 51,7 por ciento de las familias que viven en viviendas de interés social y que no vinieron de campamentos (ver Cuadro 1). Por lo tanto, sin alterar radicalmente la ubicación de su vivienda, las familias que antes vivían en campamentos pudieron acceder a subsidios de vivienda que les permitieron mejorar su estándar de vida y obtener un título legal.
Ver Cuadro 1 en anexo: Origen de las muestras de hogares en la Región Metropolitana (RM) de Santiago (porcentajes)
Las familias que viven en campamentos también perciben que tienen mayor prioridad que otras familias similares para acceder a viviendas de interés social, y una mayor probabilidad de acceder a viviendas de interés social en su localización preferida. Alrededor del 63 por ciento de las familias que viven actualmente en campamentos reportaron tener ventaja en el acceso a viviendas de interés social en comparación con otras familias. Esta percepción coincide con la realidad, ya que entre 1996 y 2007 la cantidad de campamentos en Chile declinó de 972 (105.888 familias) a 533 (alrededor de 28.600 familias) y el déficit de viviendas asociado con campamentos se redujo en un 75 por ciento.
Para examinar el precio del suelo como factor en la selección de vivienda, utilizamos la tasación fiscal en zonas de características similares (ZCS) y, como referencia, el valor máximo obtenido por cada distrito. En este análisis, el 71,4 por ciento de las familias que se mudaron de un campamento a una vivienda de interés social se transfirieron a una localización mejor o equivalente (ver Cuadro 2).
Ver Cuadro 2 en anexo: Valor actual del suelo comparado con el valor en el distrito de origen
La encuesta también muestra que la mayoría de las familias de campamentos (60,6 por ciento) llegó entre 2000 y 2008, un período de gran expansión en la oferta de viviendas para familias de menores ingresos, indicando una preferencia por vivir en un campamento bien ubicado antes que en una vivienda de interés social en otro lado (ver Cuadro 3).
Ver Cuadro 3 en anexo: Año de llegada de la muestra de familias que viven en campamentos
Los resultados de la encuesta se deben interpretar teniendo en cuenta los siguientes factores contextuales.
Interacciones entre pobreza y los valores del suelo
La mitad de las familias que viven en campamentos (51 por ciento) no son pobres, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). En nuestra muestra, la mayoría de las familias que vivían en campamentos tienen un mayor porcentaje de jefes de familia masculinos, menor tamaño familiar, y un ingreso per cápita casi el doble de la mayoría de las familias de bajos ingresos de la Región Metropolitana. Este resultado contradice la creencia convencional de que las familias más pobres viven en los campamentos. Lo que parece estar ocurriendo es la expresión de una estrategia por parte de familias de menores ingresos para superar su vulnerabilidad y aprovechar al máximo las oportunidades para mejorar su situación, usando para ello la ubicación de su vivienda como un recurso en el proceso de movilidad social.
La incidencia de pobreza en los campamentos varía en función del precio promedio del suelo en el distrito donde se encuentra el barrio. Menos de la mitad de las familias que viven en campamentos ubicados en distritos de valor bajo y alto del suelo son pobres, mientras que aquéllas que viven en distritos de valor medio del suelo tienen niveles de pobreza mucho mayores (ver Cuadro 4). Las familias que viven en distritos de valores bajos y altos del suelo también tienen una mayor proporción de trabajadores en los sectores de servicios privados y domésticos, y menos empleados por cuenta propia.
Ver Cuadro 4 en anexo: Pobreza y empleo en las familias que viven en campamentos, por valor del suelo en el distrito
Los residentes perciben que la localización objetiva de los campamentos es mejor que el de las viviendas de interés social, porque es más probable que los campamentos se encuentren en los distritos de mayor valor del suelo, en comparación con las viviendas de interés social: 27 por ciento, comparado con 7,9 por ciento (ver Cuadro 5). Al mismo tiempo, las familias que viven en campamentos tienen una percepción mucho mejor de su proximidad a los servicios y puestos de empleo, y encuentran que su distrito es socialmente más diverso que el de las familias que viven en viviendas de interés social (ver Cuadro 6).
Ver Cuadro 5 en anexo: Distribución de familias por valor del suelo en sus distritos respectivos (porcentajes)
Ver Cuadro 6 en anexo: Percepciones de localización de la vivienda
Si se usan los valores del suelo como indicador de acceso a servicios, queda claro cuán significativa es la localización para las familias. Los campamentos ubicados en distritos donde los valores del suelo son altos exhiben ventajas significativas sobre aquellos en distritos de precio del suelo bajo, sobre todo con respecto a la ubicación del trabajo del jefe de familia y su cónyuge (ver Cuadro 7).
Ver Cuadro 7 en anexo: Percepciones de localización por valor del suelo en el distrito entre las familias que viven en campamentos (porcentaje)
Preferencias declaradas de localización
Las familias que viven en campamentos valoran su localización. Al preguntar: “Si tuviera la oportunidad de mudarse a otra casa, ¿qué elegiría?”, el 28,8 por ciento declaró que preferiría quedarse en el mismo lugar y el 57,6 por ciento se mudaría a otra ubicación dentro del mismo distrito. La tercera opción, mudarse a otro distrito, fue seleccionada sólo por el 13,6 por ciento de las familias.
Con respecto a sus expectativas para el futuro, la mayoría de las familias que viven en campamentos declaran que esperan vivir en una vivienda de interés social dentro de cinco años. El sesenta y siete por ciento cree que vivirá en una vivienda de interés social dentro del mismo distrito y el 25 por ciento de ese grupo cree que vivirá en una vivienda de interés social construida en el mismo lugar donde se encuentra el campamento donde vive ahora.
El resultado más interesante es que el 51,8 por ciento de las familias que viven en campamentos dicen que prefieren quedarse en el barrio (bajo las mismas condiciones) que mudarse a una vivienda de interés social lejos de su distrito actual, Esta preferencia también es expresada por el 58.7 por ciento de las unidades familiares que declararon estar dispuestas a ahorrar más de los aproximadamente 400 dólares estadounidenses que el estado exige actualmente como pago para participar en el programa; un pago más alto aumentaría aún más la probabilidad de quedarse en la misma localización.
Conclusión
Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre los patrones y preferencias de localización de las familias que viven en asentamientos precarios. Subyacente en la decisión familiar de vivir en un campamento está el interés de aumentar la probabilidad de obtener una vivienda de interés social en un período más corto y en el distrito de su preferencia. No parece haber ningún conflicto entre obtener una mejor localización y obtener un subsidio residencial de una vivienda formal. Por el contrario, el vivir en un campamento constituye una estrategia racional para alcanzar ambos objetivos.
Las familias que han seguido esta estrategia tienen un perfil un tanto distinto a la típica familia pobre de Santiago. La mayoría tiene un jefe de familia masculino y un nivel de ingresos que, si bien es bajo, se encuentra significativamente por encima de la línea de pobreza tal como se define en Chile. La localización del campamento parece cumplir un rol importante en favorecer la proximidad al trabajo tanto para el jefe de familia como para su cónyuge.
Los programas de vivienda de interés social en Chile se han guiado fuertemente por la noción del déficit de viviendas, donde las familias pasan a ser un número de una lista para obtener un subsidio de manera independiente, sin considerar aspectos tales como el mantenimiento de las redes sociales o las preferencias de localización. Esta política, basada en subsidiar la demanda y dar por sentado el valor del suelo, llevó a una segregación a gran escala en la periferia, donde los precios del suelo tienden a ser menores.
Este estudio demuestra que las familias optarán por una mejor localización, frecuentemente en la ciudad central, aunque ello signifique vivir en un campamentos o un lote más pequeño, demostrando los límites de la vivienda de interés social basada en los precios más bajos del suelo en la periferia. El programa Chile Barrio, creado en 1996, ha reemplazado el énfasis en el déficit de viviendas por un enfoque territorial que hace del campamento la unidad de intervención, y este nuevo enfoque parece haber mejorado las opciones de vivienda. La lección de política pública aprendida para programas de vivienda futuros es la necesidad de concentrarse en la calidad de la localización y en la inclusión social.
Referencias
CASEN. 2006. Ministerio de Planificación. www.mideplan.cl
Fundación un Techo para Chile. 2007. Informe catastro de campamentos. www.untechoparachile.cl/cis
Instituto de la Vivienda (INVI). 2001. Diagnóstico de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Sabatini, F., G. Cáceres, y J. Cerda. 2001. Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”. EURE 27 (82) Diciembre.
Sobre los autores
Isabel Brain es socióloga y coordinadora del Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo (ProUrbana) de la Universidad Católica de Chile Sus investigaciones se concentran en el desarrollo urbano, viviendas económicas, segregación residencial, mercados de suelos y asentamientos informales.
Pablo Celhay es economista e investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Recibió una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. En la actualidad está cursando la carrera de maestría en políticas públicas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
José Joaquín Prieto es director del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Sus investigaciones se concentran en políticas sociales y metodología de las investigaciones aplicadas.
Francisco Sabatini es sociólogo y profesor de planeamiento urbano en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Se especializa en segregación social, conflictos medioambientales y participación ciudadana.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Muchos gobiernos latinoamericanos han mejorado el proceso de legalización de los asentamientos periféricos, y han reconocido el derecho a la vivienda y la postura de las Naciones Unidas que condena los desalojos forzosos como violaciones de los derechos humanos. Así y todo la práctica del desalojo persiste, con repercusiones devastadoras para familias, vecindades, y para con los esfuerzos de mejoramiento de grandes áreas urbanas. Al perpetuar un clima de miedo e incertidumbre, esta amenaza hace a la gente perder las ganas de invertir recursos y mano de obra en sus hogares y barrios.
Los desalojos en América Latina surgen del fenómeno de ocupación ilegal, el cual a su vez resulta de factores como la urbanización incontrolada, la falta de recursos financieros por parte de la población pobre y de los gobiernos municipales, y la carencia de títulos de propiedad legales o debidamente registrados. En tales circunstancias, la necesidad de supervivencia impulsa al pobre urbano a valerse de una variedad de mecanismos -incluyendo subdivisiones ilegales, invasiones y viviendas autoconstruidas- a fin de satisfacer sus necesidades de alojamiento y de comunidad.
Los moradores de Chapinero Alto, al noreste de Bogotá (Colombia), han enfrentado 30 años de intentos de desplazamiento y desalojo. Muchas de las familias que viven en esta periferia urbana montañosa son descendientes de los trabajadores de haciendas situadas en la región de la sabana (altos llanos). Conforme las haciendas se fueron cerrando y vendiendo para dar paso a la expansión urbana, los trabajadores no tuvieron más alternativa que quedarse a vivir en las colinas, cuyo valor era considerado despreciable por los promotores de mediados del siglo XX.
A principios de la década de 1970, los anuncios del plan de construcción de una autopista generaron una oleada especulativa y varios intentos de expulsión. Los moradores y sus aliados en universidades e instituciones religiosas formaron un frente social masivo que impidió varios desalojos, pero que no pudo detener la especulación. Para la época de finalización del proyecto (mediados de los ’80) pocas familias habían tenido que salir para dar paso a la carretera, pero los barrios tuvieron que volver a hacer frente a otra oleada de intentos de desalojo.
A principios de los ’90 la amenaza surgió nuevamente, esta vez en nombre de proyectos de desarrollo sostenible y de las denuncias hechas por el gobierno y varios grupos privados, que afirmaban que los barrios pobres atentaban contra el frágil medio ambiente circundante. Desde ese entonces los ocupantes se han visto obligados a luchar de mil maneras para defenderse contra los intentos de desalojo, y tal clima de inestabilidad ha desalentado cualquier proyecto de mejora bien sea por parte de los moradores como por parte del gobierno.
Refugiados del desarrollo
Las causas de los desalojos son variadas, pero típicamente se atribuyen directa o indirectamente a proyectos de renovación urbana. Debido a la creciente escasez de terrenos urbanizados, la competencia y las evicciones obligan a los moradores de los asentamientos informales a trasladarse a la periferia. En Bogotá, la expansión de la ciudad ha convertido a Chapinero Alto en uno de los predios más codiciados de la ciudad. A las víctimas de los desalojos (llamadas también “refugiados del desarrollo”) se les suele acusar de obstaculizar el progreso cuando protestan, y raramente se les ofrece una indemnización o participación en programas de reubicación. En los casos de especulación, a menudo las familias se ven obligadas a pasar el trago amargo de ser despojadas de sus hogares prácticamente sin previo aviso.
Los gobiernos locales desempeñan un papel principal en los procesos de desalojo, junto con propietarios de tierras, empresas urbanizadoras, cuerpos policiales y fuerzas armadas. Sacar a los pobres de los predios deseables no sólo facilita emprender proyectos de infraestructura e inmuebles de lujo, sino que también libera al rico del contacto diario con el pobre. Gobernantes y promotores suelen defender sus acciones en aras del embellecimiento y mejoramiento de la ciudad, o aseveran que las barriadas pobres son un caldo de cultivo de problemas sociales. Además, cada vez más se justifican los desalojos tras el escudo de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Todas estas razones han sido utilizadas por funcionarios gubernamentales y propietarios de títulos para eliminar los barrios pobres de Chapinero Alto.
Cuando las familias se ven obligadas a salir de sus predios, no sólo pierden sus tierras y sus hogares, sino también sus vecinos, comunidades y círculos sociales. El estrés sicológico y los daños a la salud causados por meses de incertidumbre pueden ser terribles. Frecuentemente los niños pierden meses de escuela, y sus padres deben viajar distancias considerables para llegar a sus trabajos. Los resultados de estudios antropológicos han demostrado que al dispersarse la población, se desmantelan las redes de ayuda mutua y los círculos sociales, los cuales son herramientas críticas de supervivencia para los pobres urbanos, quienes a menudo afrontan problemas económicos e incertidumbre. Estas redes de protección son irremplazables, incluso en los casos en que las familias reciben una indemnización. Por último, el desalojo entraña un alto riesgo de empobrecimiento, especialmente para las personas carentes de títulos de propiedad, puesto que generalmente no reciben indemnización.
En 1992 el gobierno de Bogotá desalojó a un grupo de 30 familias tras una violenta disputa con un propietario. La ciudad trasladó a las familias a una escuela abandonada, donde vivieron durante varios meses esperando las viviendas de interés social prometidas por el alcalde. A medida que pasaron los meses y se evaporó la promesa de las viviendas, los problemas de estrés, salud y pérdida de ingresos y educación ocasionaron efectos graves en las familias. Varios de los hombres abandonaron sus familias; hubo incidentes de violencia doméstica; y se desintegraron las relaciones sociales. Para el año 1997 las familias se habían dispersado y estaban viviendo dondequiera que pudieron conseguir dónde vivir en la ciudad.
Una de las consecuencias más dolorosas del desalojo es la repercusión negativa que tiene esa permanente inseguridad sobre todos los asentamientos irregulares. Sin importar si al final se hace o no realidad, la amenaza constante del desahucio afecta vastas zonas de ciudades en desarrollo y frena las inversiones en viviendas y servicios, tan necesarias para resolver los problemas de las barriadas. Ésta es una de las razones que imponen estudiar la práctica de los desalojos forzosos dentro del marco de los derechos humanos. El problema continuará hasta tanto la seguridad de tenencia y de una vivienda adecuada no sean protegidas como derechos humanos.
Desalojos y derechos humanos
Dadas las consecuencias sociales de amplio efecto que tienen los desalojos forzosos, no es de sorprender que los mismos quebranten un buen número de derechos humanos. Para empezar, obviamente comprometen el derecho a la vivienda, defendido por el derecho internacional en forma cada vez más explícita. El derecho a la vivienda fue establecido por vez primera en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1948. La Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos y otros congresos también afirman el derecho a la vivienda, así como lo hacen más de 50 constituciones, entre ellas la Constitución Colombiana de 1991.
Además del derecho a la vivienda, el desalojo forzoso entraña comúnmente una violación al derecho a la libertad de movimiento. La violencia o el asesinato de líderes o miembros de la comunidad que protestan los desahucios constituyen claras violaciones al derecho a la vida y a la seguridad de las personas, así como también a la libertad de expresión y de afiliación. Cuando un niño es retirado de su escuela debido a un desalojo forzoso, se quebranta su derecho a la educación. Cuando los cuerpos policiales o militares irrumpen en los hogares a la fuerza, las familias pierden sus derechos a la vida privada. El derecho al trabajo es una de las violaciones más frecuentes del desahucio. Finalmente, las repercusiones psicológicas y físicas que acarrean los desalojos forzosos infringen el derecho a la salud.
Incluso en aquellas regiones donde los gobiernos han ratificado las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, se siguen cometiendo violaciones. Las Naciones Unidas y muchos otros organismos observadores responsabilizan claramente al Estado como ente encargado de prevenir los desalojos, y han declarado que si un gobierno fracasa en sus intentos de garantizar la disponibilidad de viviendas adecuadas, tampoco puede aseverar que la eliminación de los asentamientos ilegales cumpla con las normas de derecho internacional. Dado que prácticamente todos los desalojos forzosos son planeados, y dado que existe un conjunto de estipulaciones reconocidas internacionalmente que condenan la práctica, tales desplazamientos deberían efectuarse en seguimiento a políticas sociales y dentro de un marco de trabajo centrado en los derechos humanos.
Consideraciones de política
Basado en varios estudios sobre desalojos forzosos y en nuestro propio estudio de investigación realizado en Bogotá, seguidamente expondremos varias sugerencias para mejorar las políticas de vivienda y de prevención de la violencia mediante el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Los puntos siguientes deben ser el objetivo de las políticas que se proponen eliminar los desalojos forzosos:
Los problemas asociados al desalojo forzoso -violencia, empobrecimiento y estancamiento del desarrollo urbano- podrán prevenirse con más eficacia únicamente implementando mecanismos eficaces para extender los derechos de tenencia a la población urbana pobre. El mejoramiento de las actuales directrices de los derechos humanos requiere extender los derechos de protección contra desalojos forzosos y los derechos al reasentamiento adecuado. Aunque las directrices actuales se cumplen con más eficacia en los proyectos de desarrollo que cuentan con financiamiento internacional, los estados deberían valerse de directrices similares para aplicarlas a toda forma de desplazamiento. Al extender las directrices de los derechos humanos y mejorar los mecanismos de ejecución y cumplimiento, los organismos nacionales e internacionales podrán cumplir mejor con las necesidades de la población pobre urbana.
Margaret Everett es profesora asistente de antropología y estudios internacionales en Portland State University en Portland, Oregon. Su estudio de investigación para este artículo fue parcialmente financiado por el Instituto Lincoln. El informe completo, “Desalojos y derechos humanos: un estudio etnográfico de disputas de desarrollo y tierras en Bogotá, Colombia”, está publicado en la sección de América Latina del sitio Web del Instituto Lincoln (www.lincolninst.edu).
Leyendas de las fotos
Una vivienda del barrio Bosque Calderón de Bogotá muestra los mensajes ‘Respeten nuestros derechos de posesión y vivamos en paz’ y ‘Más de 30 años de posesión es una razón’. Sus habitantes se enfrentaron a intentos de desalojo desde principios de los años ’70, y finalmente recibieron los títulos legales a principio de los ’90.
Los moradores de Bosque Calderón participan en un proyecto de vivienda comunitaria tras finalmente adquirir el permiso de tenencia legal.
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Francisco Sabatini, a sociologist and urban planner, is a professor at the Catholic University of Chile in Santiago, where he lectures on urban studies and planning and conducts research on residential segregation, value capture and environmental conflicts. He combines his academic work with involvement in NGO-based research and action projects in low-income neighborhoods and villages. He served as an advisor to the Chilean Minister of Housing and Urban Affairs after democracy was restored in 1990, and as a member of the National Advisory Committee on the Environment in the subsequent democratic governments. Sabatini has published extensively in books and journals, and has taught in several countries, mainly in Latin America. He is a long-standing collaborator in the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean, as a course developer, instructor and researcher.
Land Lines: Why is the topic of residential segregation so important for land policy and urban planning in general?
Francisco Sabatini: Zoning, the centerpiece of urban planning, consists of segregating or separating activities and consolidating homogeneous urban areas, for either exclusionary or inclusionary purposes. At the city level, this planning tool was introduced in Frankfurt, Germany, in 1891 and was adopted elsewhere to address environmental and social problems due to rapid urbanization and industrialization. In modern cities the widespread practice of zoning to separate different activities and groups has aggravated these and other problems. It affects traffic and air pollution because more car trips are needed to move around the city, and it contributes to environmental decay and urban ghettos characterized by symptoms of social disintegration, such as increasing rates of school dropouts, teenage pregnancy and drug addiction.
It is indisputable that the desire for social segregation has long been a component of exclusionary zoning, along with concerns related to the environment and health. The influx of working-class families and immigrants is often considered undesirable and politically threatening, and zoning has been used to segregate such groups. Ethnic and religious discrimination are the most negative forms of social segregation. When a national government defines itself in religious, ethnic or racial terms, residential segregation usually remains entrenched as a severe form of discrimination, intolerance and human exploitation, as in Ireland, South Africa and Israel. Segregation can be positive, however, as in many cities around the world that become socially enriched with the proliferation of ethnic enclaves.
LL: What are the economic impacts of segregation?
FS: Besides its urban and social effects, residential segregation is an important aspect of land policy because it is closely connected to the functioning of land markets and is a factor in motivating households to pursue economic security and the formation of intergenerational assets. Fast-growing cities in unstable and historically inflationary economies convert land price increments into an opportunity for households at every social level to achieve their goals. It is no coincidence that the percentage of home ownership is comparatively high in Latin American cities, including among its poor groups. Land valuation seems to be an important motivation behind the self-segregating processes of the upper and middle classes. And, the increase in land prices is a factor in limiting access to serviced land and contributing to spatial segregation. In fact, the scarcity of serviced land at affordable prices, rather than the absolute scarcity of land, is considered the main land problem in Latin American cities, according to research conducted at the Lincoln Institute.
LL: What makes residential segregation so important in Latin America?
FS: Two of the most salient features of Latin America are its socioeconomic inequality and its urban residential segregation. There is an obvious connection between the two phenomena, though one is not a simple reflection of the other. For example, changes in income inequality in Brazilian cities are not necessarily accompanied by equivalent changes in spatial segregation. Residential segregation is closely related to the processes of social differentiation, however, and in that sense is deeply entrenched in the region’s economically diverse cities.
The rapidly increasing rate of crime and related social problems in spatially segregated low-income neighborhoods makes segregation a critical policy issue. These areas seem to be devolving from the “hopeful poverty” that predominated before the economic reforms of the 1980s to an atmosphere of hopelessness distinctive of urban ghettos. How much of this change can be attributed to residential segregation is an open question, on which little research is being done. I believe that in the current context of “flexible” labor regimes (no contracts, no enforcement of labor regulations, etc.) and alienation of civil society from formal politics, residential segregation adds a new component to social exclusion and desolation. In the past, spatial agglomeration of the poor tended to support grassroots organizations and empower them within a predominantly elitist political system.
LL: What features are characteristic of residential segregation in Latin America, as contrasted to the rest of the world?
FS: Compared to societies with strong social mobility, such as the United States, spatial segregation as a means of asserting social and ethnic identities is used less frequently in Latin America. Brazil shares with the U.S. a history of slavery and high levels of immigration, and it is one of the most unequal societies in the world; however, there is apparently much less ethnic or income segregation in residential neighborhoods in Brazil than in the U.S.
At the same time, there is a high degree of spatial concentration of elites and the rising middle class in wealthy areas of Latin American cities, although in many cases these areas are also the most socially diverse. Lower-income groups easily move into these neighborhoods, in contrast with the tradition of the wealthy Anglo-American suburb, which tends to remain socially and economically homogeneous over time.
Another noteworthy spatial pattern is that the segregated poor neighborhoods in Latin America are located predominantly on the periphery of cities, more like the pattern of continental Europe than that of many Anglo-American cities, where high concentrations of poverty are found in the center. The powerful upper classes in Latin America have crafted urban rules and regulations and influenced public investment in order to exclude the “informal” poor from some of the more modern zones, thus making the underdevelopment of their cities and countries less visible.
Finally, the existence of a civic culture of social integration in Latin America is manifested in a socially mixed physical environment. This widespread social mingling could be linked to the Catholic cultural ethos and the phenomenon of a cultural mestizo, or melting pot. The mestizo is an important figure in Latin American history, and it is telling that in English there is no word for mestizo. Anglo-American, Protestant cities seem to demonstrate more reluctance to encourage social and spatial mixing. Expanding this Latin American cultural heritage should be a basic goal of land policies aiming to deter the formation of poor urban ghettos, and it could influence residential segregation elsewhere.
LL: What trends do you perceive in residential segregation in Latin America?
FS: Two trends are relevant, both stimulated by the economic reforms of the 1980s: the spatial dispersal of upper-class gated communities and other mega-projects into low-income fringe areas; and the proliferation of the ghetto effect in deprived neighborhoods. The invasion of the urban periphery by large real estate projects triggers the gentrification of areas otherwise likely to become low-income settlements, giving way to huge profits for some. It also shortens the physical distance between the poor and other social groups, despite the fact that this new form of residential segregation is more intense because gated communities are highly homogeneous and walls or fences reinforce exclusion. Due to the peripheral location of these new developments, the processes of gentrification must be supported by modern regional infrastructures, mainly roads. Widespread private land ownership by the poor residents could help to prevent their complete expulsion from these gentrified areas and achieve a greater degree of social diversity.
The second trend consists of the social disintegration in those low-income neighborhoods where economic and political exclusion have been added to traditional spatial segregation, as mentioned earlier.
LL: What should land policy officials, in Latin America and elsewhere, know about residential segregation, and why?
FS: Residential segregation is not a necessary by-product of public housing programs or of the functioning of land markets, nor is it a necessary spatial reflection of social inequality. Thus, land policies aimed at controlling residential segregation could contribute to deterring the current expansion of the ghetto effect. In addition, officials should consider measures aimed at democratizing the city, most notably with regard to the distribution of investments in urban infrastructure. Policies such as participatory budgeting, as implemented in Porto Alegre and other Brazilian cities, could be indispensable in helping to undermine one of the mainstays of residential segregation in Latin American cities: public investments biased toward affluent areas.
LL: How is your work with the Lincoln Institute addressing these problems?
FS: Residential segregation is widely recognized as a relevant urban topic, but it has been scarcely researched by academics and to a large extent has been neglected by land policy officials. With the Institute’s support I have been lecturing on the topic in several Latin American universities over the past year, to promote discussion among faculty and students in urban planning and land development departments. I also lead a network of scholars that has recently prepared an eight-session course on residential segregation and land markets in Latin America cities. It is available in CD-ROM format for public officials and educators to support teaching, research and debate on the topic.
LL: Please expand on your new role as a Lincoln Institute partner in Chile.
FS: This year we inaugurated the Program on Support for the Design of Urban Policies at the Catholic University of Chile in Santiago. The program’s advisory board includes members of parliament, senior public officials, business leaders, researchers, consultants and NGO representatives. With its focus on land policy, particularly actions related to the financing of urban development and residential social integration, this board will identify relevant national land policy objectives and adequate strategies to reach them, including activities in the areas of training, applied policy research and dissemination of the results.
The board’s first task is to promote broad discussion of the draft reform of major urban laws and policies that the government recently sent to the Chilean Parliament. Since the late 1970s, when the urban and land market liberalization policies were applied under the military dictatorship, the debate on urban policies has fallen nearly silent, and Chile has lost its regional leadership position on these issues. Overly simplistic notions about the operation and potential of land markets, and especially about the origins of residential segregation (due in part to ideological bias), have contributed to this lack of discussion. Both land markets and the processes of residential segregation must be seen as arenas of critical social and urban importance. We want to reintroduce Chile into this debate, which has been facilitated by the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean and its networks of experts over the past 10 years.
References and Resources
Sabatini, Francisco, and Gonzalo Cáceres. 2004. Barrios cerrados: Entre la exclusión y la integración residencial (Gated communities: Between exclusion and residential integration). Santiago: Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
———. Forthcoming. Recuperación de plusvalías en Santiago de Chile: Experiencias del Siglo XX. (Value capture in Santiago, Chile: Experiences from the 20th century). Santiago: Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sabatini, Francisco, Gonzalo Cáceres and Gabriela Muñoz. 2004. Segregación residencial y mercados de suelo en la ciudad latinoamericana. (Residential segregation and land markets in Latin American cities). CD-ROM.
Espaço e debates. 2004. Segregações urbanas 24(45).
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In Latin American cities, especially in the larger ones, location is critical for vulnerable groups. In Buenos Aires, the population of shantytowns in the central area doubled in the last inter-census period (1991–2001), even though total population declined by approximately 8 percent. In Rio de Janeiro during the same decade, the fastest growing informal settlements were those considered to be in the best locations, generally near the beach in middle- and upper-income neighborhoods, although they were already the most crowded and congested slums.
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Although many governments in Latin America have improved the process of legalizing peripheral settlements, recognized the rights of housing, and acknowledged the United Nations’ position on evictions as violations of fundamental human rights, urban displacement continues. Forced evictions bring devastation to families and neighborhoods and hamper efforts to improve large areas of the city. By perpetuating a climate of fear and uncertainty, the threat of eviction makes people reluctant to invest labor and resources in their homes and barrios.
Evictions arise from the prevalence of illegal housing in Latin America, which is caused by rapid growth, the limited financial resources of the poor and municipal governments alike, and unclear or contested titles. Given this situation, the urban poor employ a number of survival mechanisms, including illegal subdivisions, invasions, and do-it-yourself housing, in order to meet their needs for shelter and community.
In the northeastern section of Bogotá, Colombia, known as Chapinero Alto, residents have faced 30 years of displacement and eviction attempts. Many of the families living in this mountainous urban periphery are related to the workers on the great estates that covered the sabana (high plain). As the estates were broken up and sold to make way for urban expansion, the workers were left to live in the hills, which at mid-century were considered worthless to developers.
In the early 1970s, a planned highway project through the area brought a wave of speculation and several eviction attempts. Residents and their allies at universities and religious institutions formed a massive social movement that blocked several evictions but could not halt speculation. When the highway was finally built in the 1980s, only a few families had to move to make way for the road, but another wave of eviction attempts threatened the barrios.
In the early 1990s, residents faced a new threat: sustainable development and claims by both government and private groups that the poor barrios were a threat to the fragile environment. Since then, continued pressure to remove squatters has tested the abilities of residents to defend against eviction. The uncertainty has also discouraged investment by both residents and the city government.
Development Refugees
The causes of evictions are varied, but typically displacement relates directly or indirectly to development. As the availability of serviceable land shrinks, competition and evictions force the residents of such informal housing settlements further into the periphery. In Bogotá, the expansion of the city has made Chapinero Alto one of the most coveted pieces of real estate in the city. The victims of evictions, so-called development refugees, are often accused of standing in the way of progress when they protest. They are rarely offered compensation or allowed to participate in resettlement. In cases of speculation, residents typically have little warning prior to eviction and experience the trauma of forced displacement.
Local governments play a central role in evictions, along with landowners, developers, police and armed forces. Clearing the poor residents from desirable lands not only makes way for luxury development and infrastructure projects but also frees the wealthy from daily contact with them. Governments and developers often cite the beautification and improvement of the city as justification, or claim that social problems proliferate in slums. Governments also increasingly cite environmental protection and sustainable development as justifications for eviction. Government officials and private title-holders hoping to evict squatters have used all of these justifications in their efforts to clear Chapinero Alto of poor barrios.
When families are forced to move, they lose not only their land and houses, but neighborhoods, communities and social networks. The psychological stress caused by months of uncertainty and the health effects alone can be devastating. Children often lose months of school and their parents often travel long distances to get to work. Anthropologists have demonstrated that relationships of mutual aid and social networks are dismantled as populations disperse. These social networks are a critical survival tool for the urban poor who must constantly weather economic fluctuations and uncertainty. Even when families receive compensation for lost homes, these social relations are virtually irreplaceable. Finally, displacement carries a very high risk of impoverishment. This is especially true for those who lack legal title to their land because they generally do not receive compensation.
In 1992, the Bogotá city government evicted a group of 30 families following a violent dispute with the title-holder. The city moved the families to an abandoned school where they lived for several months awaiting public housing promised to them by the mayor. As the months wore on and the promised housing solution evaporated, stress, health problems and lost income and education took their toll on the families. Several of the men left, rumors of domestic violence grew, and social relationships disintegrated. By 1997, the families were scattered around the city in whatever housing they could find.
One of the most distressing consequences of urban displacement is the effect that insecurity of tenure has on all irregular settlements. Whether or not residents are ever evicted, the threat of eviction affects huge areas of developing cities and prevents investment in housing and services that is necessary to solve the problem of slums in the first place. This is one of the reasons why the problem of evictions must be addressed within the framework of human rights; until security of tenure and adequate shelter are fully acknowledged and protected as human rights, the problem of urban displacement will continue.
Evictions and Human Rights
Given the far-reaching social consequences of displacement, it is not surprising that forced evictions entail the violation of a number of human rights. Evictions obviously compromise the right to housing. The right to adequate housing has been made increasing explicit in international law. Article 25 of the United Nations Declaration on Human Rights established the right to housing for the first time in 1948. The Declaration on Social Progress and Development, the Declaration on the Rights of the Child, the Vancouver Declaration on Human Settlement and other conventions all affirm the right to housing. More than 50 constitutions recognize housing as a human right, including the Colombian Constitution of 1991.
In addition to the right to housing, the right to freedom of movement is commonly violated with eviction. When community leaders and protestors are killed or subjected to violence, the right to life and security of the person are denied, as are the right of freedom of expression and association. When children are taken from school, the right to education is affected. When police or military enter homes by force, families lose their rights of privacy. The right to work is one of the most common violations associated with evictions. Finally, the psychological and physical toll wrought by eviction compromises the right to health.
Even where governments have ratified UN conventions on housing rights, evictions often occur. The United Nations, like many other observers, clearly places the responsibility for preventing evictions on the states. The United Nations has declared that when governments fail to ensure the availability of adequate housing, they must not claim that the removal of illegal settlements is consistent with international law. Since virtually all evictions are planned, and since there are a set of internationally recognized conventions in place condemning eviction, such displacements should be guided by social policies and a human rights framework.
Policy Considerations
Based on a review of several studies on eviction and my own research in Bogotá, I suggest a number of ways in which better enforcement of human rights can improve housing policies and prevent violence. The following points should be the focus of policies aimed at eliminating forced evictions.
Only when effective mechanisms for extending tenure rights to the urban poor have been created can the problems associated with forced displacement-violence, impoverishment, stagnated urban development-be adequately addressed. One major way that current human rights guidelines can be improved is to extend the rights to protection from forced eviction and the rights to adequate resettlement. Current guidelines are most effectively enforced in cases of internationally financed development projects, but similar guidelines could be used by states to govern all forms of displacement. By extending human rights guidelines and improving the mechanisms for implementation and enforcement, national and international agencies can better meet the needs of the urban poor.
Margaret Everett is assistant professor of Anthropology and International Studies at Portland State University in Portland, Oregon. Her research for this article was funded in part by the Lincoln Institute. The complete report, “Evictions and Human Rights: An Ethnographic Study of Development and Land Disputes in Bogotá, Colombia,” is posted on the Lincoln Institute website.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Durante varios años, el Instituto Lincoln ha patrocinado programas de investigación y capacitación en colaboración con funcionarios de Porto Alegre, Brasil. El experimento de política del suelo descrito en este artículo representa un avance de alto potencial pedagógico porque recalca la importancia de los factores de procedimiento (gestión, negociación, transparencia, legitimidad pública) en la provisión de tierras urbanizadas para los pobres, por encima del enfoque tradicional en las necesidades de financiamiento y otros recursos.
En el mundo de hoy, aproximadamente mil millones de personas viven en tugurios de barrios marginales con infraestructura precaria y sin seguridad de tenencia, y se espera que la situación empeore en el futuro (UN-HABITAT 2003). Desde las perspectivas del orden urbano y del ambiente, las ocupaciones ilegales del suelo suelen causar daños irreversibles e imponer altos costos de urbanización para los gobiernos municipales y para la sociedad como un todo.
La irregularidad es un fenómeno multidimensional que involucra cuestiones de tenencia (derechos de ocupación legal, registro de títulos, etc.); cumplimiento de normas y regulaciones urbanas (tamaños de lotes, tolerancias para espacios públicos, disposición de calles, etc.); cantidad y calidad de servicios suministrados; tipo de área donde se produce el asentamiento (áreas con riesgos ecológicos, laderas, zonas industriales abandonadas contaminadas, etc.); y por encima de todo, el proceso de ocupación en sí, que suele ser diametralmente opuesto al de la urbanización formal. En el mundo “formal”, la ocupación representa la última fase de una secuencia legal y reglamentada que empieza con la titulación y continúa con el planeamiento y la dotación de servicios.
Si bien las áreas irregulares suelen disponer de infraestructura básica, lo cierto es que la instalan los parceladores o las autoridades municipales después de la ocupación y frecuentemente como medida de emergencia. Por ejemplo, algunas veces existen redes troncales de agua y sistemas de alcantarillado cerca de las áreas donde se están formando los asentamientos irregulares, y el parcelador o incluso los ocupantes se limitan a improvisar conexiones clandestinas a las tuberías principales. Esta clase de intervención, si bien no es desastrosa en asentamientos pequeños, conlleva la extensión de los servicios a áreas no aptas para la ocupación humana. En otros casos, compañías de servicios públicos o privados extienden sus servicios a nuevos asentamientos sin tener en cuenta su condición legal y a menudo sin consultar con las autoridades municipales.
Procesos de ocupación típicos
Hoy en día, la manera más común de crear asentamientos irregulares consiste en ocupar parcelas mediante una compleja sucesión de transacciones comerciales en las que participan el propietario, el promotor inmobiliario o parcelador (fraccionador de terrenos) y, frecuentemente, los futuros ocupantes. Los propietarios buscan maneras de sacarle rentabilidad a la tierra; los parceladores hacen caso omiso a los códigos municipales y producen subdivisiones de bajo costo y alta rentabilidad; y los ocupantes pobres adquieren estos terrenos ilegales simplemente porque no tienen otra opción y quizás ni siquiera conocimiento de la legalidad de la situación. Por lo general, estas personas carecen de fuentes regulares de ingresos y de ahorros que les permitan aspirar a créditos o satisfacer las estrictas normas de construcción y otras condiciones exigidas para la adquisición y ocupación formal.
Los ocupantes compran el “derecho de ocupación” a través de un contrato de adquisición de la parcela (sin importar el estatus legal del terreno) y proceden a organizar la disposición de las calles y a construir viviendas sencillas. Cuando se realiza una inspección oficial, ya es demasiado tarde: las casas ya se construyeron y la comunidad está organizada para resistirse a cualquier intento de cambio. Las autoridades públicas no tienen capacidad para ir al ritmo de este ciclo de complicidad y terminan limitando su función a una mínima inspección, lo que no sólo esconde un modelo de gestión tolerante de la informalidad sino que pone en evidencia la carencia de otras opciones habitacionales para ese segmento de la población.
Muchas ciudades están aplicando medidas curativas de alto costo para introducir mejoras urbanas y programas de regularización de títulos, pero su eficacia ha sido limitada hasta la fecha (Smolka 2003). Lo más grave y paradójico es que las expectativas creadas por estos programas tienden a aumentar el número de personas que recurren a la irregularidad. Para decirlo en pocas palabras: el proceso típico de acceso a tierra urbanizada por parte de los pobres urbanos es injusto e ineficaz, y a la larga termina en un círculo vicioso de irregularidad porque contribuye a la pobreza en vez de mitigarla. El problema no es tanto definir el tipo, el proveedor y la escala de los servicios suministrados sino más bien cómo, cuándo y dónde funciona el proceso de dotación de dichos servicios.
El caso de Porto Alegre, Brasil
Porto Alegre, capital del estado más meridional de Brasil, es centro de un área metropolitana formada por 31 municipalidades. Con una población de 1.360.590 habitantes (año 2000), esta ciudad ha ganado reconocimiento mundial gracias a sus programas de reducción de la pobreza e inclusión social y sus muy aclamados procesos de gestión participativa que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). Cabe mencionar el alto alcance de los servicios de infraestructura, ejemplificado en el hecho de que el 84 por ciento de las viviendas de la ciudad están conectadas al sistema de alcantarillado; el 99,5 por ciento recibe suministro de agua tratada; el 98 por ciento recibe electricidad; y el 100 por ciento de los sectores goza de servicios de recolección selectiva de desechos (municipalidad de Porto Alegre, 2003).
A pesar de estas cifras impresionantes, el 25,5 por ciento de la población vive en los 727 asentamientos irregulares de la ciudad (Green, 2004) y el crecimiento anual estimado de la población de estas áreas marginales es del 4 por ciento, en comparación con sólo 1,35 por ciento para la ciudad en conjunto. Esta situación plantea la interrogante de cómo explicar el aumento paradójico de irregularidad ante la provisión generalizada de servicios básicos en un periodo de gestión participativa exitosa y popular.
A pesar de que el proceso decisorio de inversiones públicas en Porto Alegre ha mejorado desde 1989 (fecha de la introducción del sistema de presupuesto participativo descentralizado), también es cierto que el proceso sigue aquejado de fallas tales como ineficacia del sistema económico, técnicas poco apropiadas, caos medioambiental, injusticia fiscal (porque el dinero que debería beneficiar al público termina en los bolsillos de los parceladores) e insostenibilidad política. Muchas de las zonas están plagadas de problemas serios como calles deficientes sin drenaje ni pavimentación, inestabilidad geológica, susceptibilidad a inundaciones y falta de titulación legal, lo cual se traduce, por ejemplo, en la carencia de domicilio postal para poder recibir correspondencia. Así y todo, el caso de Porto Alegre es muy interesante porque constituye una vívida demostración de que el problema de confrontar la irregularidad no se refiere tanto a la provisión de servicios sino a cambiar el proceso de prestación de los mismos. Se trata de una cuestión de procedimientos, un cambio en las reglas del juego.
Un innovador instrumento de política urbana
El Urbanizador Social fue desarrollado en Porto Alegre como un instrumento, y más generalmente un programa, para superar el proceso insostenible de provisión de servicios urbanos pese a una larga historia de legislación reglamentaria (fig. 1). Promulgada en julio de 2003, poco después de la aprobación del innovador decreto brasileño Estatuto de la Ciudad, la Ley del Urbanizador Social fue el fruto de intenso diálogo entre sindicatos de la industria de la construcción, pequeños parceladores, cooperativas de vivienda, agentes financieros y la municipalidad.
Un “urbanizador social” es un promotor inmobiliario inscrito en el municipio, que tiene interés en construir viviendas de interés social en áreas identificadas por el gobierno y conviene en hacerlo bajo ciertos términos negociados tales como ofrecer parcelas urbanizadas a precios accesibles. Se trata de una asociación público-privada a través de la cual la municipalidad se compromete a aumentar la flexibilidad de ciertas normas y reglamentos urbanos, agilizar el proceso de obtención de licencias, reducir los requisitos jurídicos y reconocer la urbanización progresiva en etapas. También se prevé la transferencia de los derechos de urbanización como estímulo para los urbanizadores privados. Otros incentivos pueden presentarse en forma de acceso a líneas de crédito específicas o ciertas inversiones públicas directas en infraestructura urbana, de manera que los costos no terminen saliendo de los bolsillos del comprador final. Entre los posibles “urbanizadores sociales” figuran promotores inmobiliarios debidamente certificados, contratistas que ya están trabajando en el mercado informal, propietarios y cooperativas autogestionadas.
El programa Urbanizador Social de Porto Alegre incorpora lecciones aprendidas de problemas reales como también oportunidades de acción pública aún sin explotar, y se inspira en varias ideas específicas. Primero que todo, reconoce que los parceladores que suministran tierras urbanizadas al sector de bajos ingresos —si bien a través de actividades ilegales, irregulares, informales y clandestinas— poseen una experiencia y familiaridad con dicho sector que definitivamente no tienen las autoridades públicas. Por eso, en vez de condenar a estos agentes, posiblemente sea más beneficioso para el interés público darles incentivos apropiados (como también sanciones) para que puedan desempeñarse dentro del marco legal. Además, aunque es ampliamente sabido que los parceladores suelen ganar más dinero si se mantienen al margen de la ley (porque tienen menos costos generales, no pagan tarifas de permisos, etc.) menos conocido es el hecho de que, si se les diera la opción, muchos de ellos preferirían trabajar legalmente, incluso si ello redujera sus ganancias.
En segundo lugar, las plusvalías generadas por las transacciones del suelo podrían convertirse en una fuente de ingresos para el proyecto. En la práctica, este valor agregado debería ser distribuido directamente por el propietario —como una contribución de tierra que exceda lo exigido por la ley para los fraccionamientos de terrenos para el sector de bajos recursos—, e indirectamente por el parcelador en forma de menores precios del suelo para los compradores de bajos ingresos. En la mayoría de los casos de urbanización irregular, el público no percibe los beneficios de estos aumentos en el valor del suelo.
En tercer lugar, al dar transparencia a los términos de las negociaciones directas, y en consecuencia propiciar acuerdos que benefician a todas las partes interesadas (propietarios, promotores, autoridades públicas, compradores), el proceso del Urbanizador Social crea vías que facilitan el cumplimiento de las normas establecidas para el proyecto. Otro componente del proceso de negociación está relacionado con el programa de inversión acordado y su efecto en eliminar la especulación.
En cuarto lugar, para que este nuevo modo de urbanización pueda tener éxito, es necesario que pueda ofrecer un suministro adecuado de tierra urbanizada que satisfaga las necesidades sociales bajo condiciones de mercado competitivas (es decir, más costeables que las condiciones de los parceladores que normalmente serían informales). Un ingrediente básico del programa es que establece nuevas reglas para la urbanización social en general. Para los agentes privados debe estar muy claro que el proceso del Urbanizador Social es la única vía de participación del gobierno en el desarrollo de asentamientos costeables y aprobados.
El Urbanizador Social como un tercer camino
Desde el punto de vista del interés público, la meta principal de esta nueva estrategia es establecer, antes de la ocupación de los terrenos, la base o al menos un programa urbanizador que permita reducir o controlar los costos de la urbanización (fig. 2).
Por lo general, los gobiernos de las ciudades del tercer mundo responden a la incapacidad del sector pobre para tener acceso al mercado formal mediante dos modelos o paradigmas. Bajo el modelo del subsidio, el público interviene para facilitar tierra urbanizada bien sea directamente a través de asentamientos públicos desarrollados como respuesta a situaciones de emergencia, o indirectamente mediante préstamos a tasas inferiores del mercado para los promotores inmobiliarios que se desenvuelven en ese sector del mercado. En el otro extremo, el llamado “modelo de tolerancia del 100 por ciento” reconoce que el gobierno no tiene la capacidad de suministrar toda la tierra urbanizada requerida, y en consecuencia tolera arreglos irregulares e informales que pueden a la larga mejorarse mediante varias clases de programas de regularización.
Ninguna de estas dos maneras de enfrentar el problema afectan las condiciones del mercado y ambas contribuyen al círculo vicioso de la informalidad. En el primero de los casos, los subsidios se transforman en mayores precios del suelo, mientras que en el segundo caso los parceladores imponen una recargo basado en las expectativas de una regularización futura: mientras mayor es la expectativa, mayor es el recargo.
El Urbanizador Social representa una tercera vía que reconoce tanto el papel y la experiencia de los parceladores informales que trabajan en el segmento de bajos recursos, como la función indispensable de los agentes públicos, quienes prestan su apoyo a la población pobre para que participe en un mercado que, de otra manera, sería inaccesible. En otras palabras, este programa representa un esfuerzo para “formalizar lo informal” e “informalizar lo formal”, facilitando y proporcionando incentivos para que los promotores inmobiliarios puedan desenvolverse con más flexibilidad en ese sector poco rentable que es el mercado de bajos ingresos. Es un instrumento diseñado para estimular tanto a los empresarios que operan en el mercado inmobiliario clandestino como aquéllos que lo hacen en el segmento mercantil formal de mayores recursos, a fin de que urbanicen la tierra bajo las normas regulares existentes.
En el mundo entero se ha establecido una gran variedad de asociaciones público-privadas. Aunque es posible que el Urbanizador Social pueda ser visto como otro más de estos arreglos, consideramos importante establecerlo claramente y darle amplia difusión a fin de incrementar las posibilidades de este tipo de asociaciones.
La promulgación de la Ley del Urbanizador Social constituye un intento de cambiar la manera tradicional de responder a las necesidades de vivienda del sector de bajos recursos, porque da una señal clara a los agentes privados que gestionan en el mercado del suelo y protege al público de las acciones arbitrarias de los desarrollos privados. El Urbanizador Social ha demostrado ser una herramienta indispensable para la gestión pública. Sin embargo, dado que rompe con las prácticas de “siempre”, su puesta en práctica enfrenta todavía una multiplicidad de desafíos:
1. Desde un punto de vista institucional, debe superar el modelo tradicional de desarrollo urbano del municipio, que se ha limitado a los aspectos de regulación e inspección. Esta tradición puede interferir en las funciones de la autoridad pública como gerente, líder de los procesos de urbanización y regulador de relaciones que normalmente quedan a la merced de las reglas del mercado.
2. Desde el punto de vista de la administración municipal, la meta es coordinar sus muchas agencias, sucursales y entidades para estimular actividades que gocen de viabilidad económica y atractivo para los promotores inmobiliarios. El problema es que dicha meta pareciera estar reñida con los objetivos típicos del sector público.
3. Para poder atraer a grandes empresas inmobiliarias que forjen mejores asociaciones con las autoridades públicas, es fundamental que el instrumento ofrezca grandes atractivos dado que estas empresas ya tienen suficientes oportunidades lucrativas en el mercado de altos recursos.
4. Asimismo, el programa deberá poder aumentar la viabilidad de asociaciones con pequeñas empresas inmobiliarias, quienes por lo general carecen de la infraestructura interna y de los recursos financieros para poder desenvolverse en este tipo de mercado.
5. Finalmente, el Urbanizador Social debe procurar su estabilidad y función como elemento estructural de política urbana de acuerdo con el principio de acceso democrático a la tierra. Como nota interesante, tras 16 años con el mismo grupo político progresista en poder, Porto Alegre está actualmente pasando por una serie de cambios políticos acompañados de incertidumbre. A la larga, el Urbanizador Social no podrá crear resultados importantes si los gobiernos municipales no incorporan sus principios de manera estratégica a largo plazo.
Actualmente Porto Alegre tiene cinco proyectos pilotos de Urbanizador Social en diferentes etapas de desarrollo. Para que puedan funcionar como verdaderos experimentos, en ellos participan diferentes clases de promotores inmobiliarios tales como empresas urbanizadoras pequeñas, urbanizadoras ya establecidas en el mercado y cooperativas de viviendas. Una de estas áreas piloto ha demostrado la posibilidad de producir 125 m2 de tierras completamente urbanizadas a precios que van desde US$25 a US$28 por m2, en contraste con los precios del mercado formal, de US$42 a US$57 por m2 , por la misma cantidad de tierra. Los precios más bajos citados demuestran la buena disposición que tienen los promotores inmobiliarios a ceder en sus contratos con las autoridades municipales para ofrecer sus servicios dentro del marco del Urbanizador Social.
La municipalidad también intentó adquirir financiamiento para actividades de urbanización social a través de la entidad Caixa Econômica Federal (CEF), organización federal responsable por el financiamiento del desarrollo urbano y de la vivienda. La agencia está creando una nueva línea de financiamiento dentro de su programa de asociaciones, mediante el cual se otorga crédito a un comprador para la compra de una parcela. Hasta ahora, esta opción financiera había estado disponible únicamente para la adquisición de unidades habitacionales antes de su construcción. La idea de una línea de crédito para financiar el desarrollo de tierra urbanizada es una novedad. Otro aspecto digno de mencionarse son las intenciones de la administración municipal para anular los requisitos de análisis de riesgo para los promotores inmobiliarios; esto representa un ingrediente fundamental para abrir el campo a los pequeños promotores inmobiliarios.
Los elementos innovadores del instrumento del Urbanizador Social, en comparación con los métodos públicos tradicionales de enfrentar la irregularidad urbana, han captado la atención de muchas organizaciones y otras municipalidades. En el ámbito federal, el Urbanizador Social se considera totalmente integrado con los principios del Estatuto de la Ciudad, por lo que ha ganado el apoyo del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Actualmente el Congreso nacional brasileño está debatiendo sobre otra ley federal que trata de la subdivisión de la tierra urbana, y el Urbanizador Social es parte de la discusión. Si se aprueba, esta legislación sobre subdivisiones será un paso importante para cambiar el deficiente proceso tradicional de suministro de acceso a la tierra para la población urbana pobre de otras ciudades brasileñas.
Bibliografía
Getúlio Vargas Foundation. 2004. Revista Você S/A.Editora Abril. August 10. São Paulo, Brasil
Green, Eliane D’Arrigo, ed. 2004. Irregularidade fundiária em Porto Alegre por região de planejamento (Irregularidad del suelo en Porto Alegre por regiones de planificación) Municipalidad de Porto Alegre, Secretaría de Planificación Municipal. www.portoalegre.rs.gov.br/spm/
Jones Lang Lasalle. 2003. World Winning Cities II. http://www.joneslanglasalle.com/research/index.asp
Municipalidad of Porto Alegre. 2003. Informaçöes a cidade: Títulos e Conquistas (Información sobre la ciudad: Títulos y logros). www.portoalegre.rs.gov.br
Smolka, Martim O. 2003. Informalidad, Pobreza Urbana y Precios de la Tierra. Land Lines 15(1): 4–7.
UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT. http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156
United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press. http://www.undp.org/
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Tao Ran es profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Renmin en China, y director del Centro Chino de Economía y Gobierno Público de dicha universidad. También es senior fellow no residente del Instituto Brookings. Su campo de especialización se centra en la urbanización de China y en la economía política de la transición económica, la reforma del sistema de registro de suelo y hogares, y los gobiernos locales y las finanzas públicas en la zona rural de China. Sus varias investigaciones han aparecido en las revistas academicas Journal of Comparative Economics, Journal of Development Studies, Land Economics, Urban Studies, Political Studies, China Quarterly y Land Use Policy.
El Dr. Tao recibió su PhD en economía en la Universidad de Chicago en 2002. Desde hace tiempo es fellow de investigación en el Centro de Desarrollo Urbano y Política del Suelo de la Universidad de Pekín (PKU)-Instituto Lincoln, y fue previamente un fellow Shaw de investigación en economía china del Instituto de Estudios Chinos de la Universidad de Oxford. Con fondos de PKU-Instituto Lincoln y de otras agencias, como la Fundación Nacional de Ciencias de China, lideró un equipo de investigación y comenzó una encuesta amplia sobre los migrantes urbanos y agricultores desposeídos en 12 ciudades de cuatro áreas urbanizadas principales de China: el delta del río Yangtzé (provincias de Jiangsu y Zhejiang), del delta del río Perla (provincia de Guangdong), la región de Chengdu-Chongqing (provincia de Sichuan y municipalidad de Chongqing) y el área de la bahía de Bohai (provincias de Hebei y Shandong). También está trabajando en un proyecto piloto de modelos de revitalización de pueblos urbanos en la municipalidad de Shenzhen y el delta del río Perla.
Land Lines: ¿Por qué es tan importante el estudio de economía política en China y su transición para el futuro del país?
Tao Ran: Como consecuencia de un crecimiento de casi el diez por ciento en las últimas tres décadas, China se ha convertido en la estrella brillante de la economía global del siglo XXI. La gente se maravilla de la transformación exitosa de un país del tercer mundo en la base manufacturera más grande del mundo y la segunda economía global, una evolución que sacó de la pobreza a 450 millones de personas. Sin embargo, a medida que China crece, enfrenta una brecha cada vez mayor de desigualdad de ingresos, corrupción y contaminación graves, e injusticia social que ha dejado a cientos de millones de migrantes temporales sin acceso a servicios públicos aceptables, y decenas de millones de agricultores desposeídos y mal pagados en transición a una economía urbana industrializada.
Mi investigación explora las fuentes institucionales del crecimiento rápido de China en las últimas décadas, así como las implicaciones, tanto negativas como positivas, de China —una autocracia efectiva y orientada al crecimiento, con grandes inversiones en infraestructura e industrias, exportaciones masivas de bienes manufacturados y políticas selectivas de intervención gubernamental e industrial— como un modelo alternativo para el mundo en vías de desarrollo. Creo que es esencial poder predecir lo que va a ocurrir en China en un futuro cercano, porque tendrá consecuencias importantes para el mundo en vías de desarrollo.
Land Lines: ¿Por qué cree que es importante estudiar el registro de suelo y hogares? ¿Qué nos dicen estos estudios sobre el estado actual de la estructura socioeconómica de China?
Tao Ran: China se encuentra inmersa en una revolución urbana, con un volumen masivo de migración del campo a la ciudad cada año de las últimas tres décadas. Alrededor de 200 millones de migrantes rurales están trabajando y viviendo en ciudades chinas. No obstante, bajo el persistente sistema hukou (registro de hogares), una mayoría de migrantes que están registrados en su lugar de origen se consideran “foráneos” o “población temporal” en sus nuevas ciudades de residencia. No tienen acceso a beneficios de asistencia social, viviendas públicas subsidiadas o escuelas públicas urbanas.
Sus dificultades se agravan por los patrones altamente distorsionados del uso del suelo. Normalmente, cuando los países se urbanizan, menos del 20 por ciento de los suelos de utilización nueva se usan para manufactura, dejando la mayoría del territorio para viviendas de la población migrante. Bajo el sistema actual de requisa y arriendo de suelo en China, los gobiernos locales arriendan todos los años alrededor del 40 por ciento de los suelos de utilización nueva para construir parques industriales, dejando sólo entre el 30 y 40 por ciento del área para fines residenciales.
Los sistemas vigentes del uso del suelo y del registro de hogares en China contribuyen asimismo a generar varias estructuras socioeconómicas duales. Además de la dicotomía sobradamente conocida ciudad-campo, también hay una estructura dual de residentes urbanos permanentes versus migrantes. Otra dualidad separa a los propietarios de los inquilinos urbanos, que han acumulado mucha menos riqueza. Como un 90 por ciento de los propietarios son residentes permanentes, y el 95 por ciento de los inquilinos son migrantes, estas estructuras duales crean una sociedad muy dividida.
Land Lines: ¿Qué problemas del uso del suelo enfrentará China en las próximas décadas?
Tao Ran: Muchas ciudades han construido parques industriales, o “fábricas estilo jardín”, que hacen un uso muy ineficiente del suelo. Las empresas industriales arriendan suelo a un precio extremadamente bajo y usan sólo una parte del mismo, dejando otras áreas sin desarrollar o asignadas para proyectos verdes a gran escala. Los gobiernos locales ofrecen poco suelo residencial y comercial, para poder maximizar sus ganancias, lo que produce mercados de suelo comercial/residencial con poca oferta, generando burbujas de precios en el sector inmobiliario. El rápido aumento de los precios de las viviendas urbanas y la formación de burbujas inmobiliarias a lo largo de la última década ha hecho imposible para la vasta mayoría de las poblaciones rurales migrantes poder acceder al inventario de viviendas en las ciudades. De hecho, incluso las personas que ingresan en la fuerza laboral con títulos universitarios descubren que actualmente los precios de las viviendas están fuera de su alcance. Claramente, el acceso económico a la vivienda se ha convertido en el principal desafío que hoy día enfrenta China.
Las consecuencias de la crisis financiera mundial de 2008 tuvieron un enorme impacto en China. El paquete de estímulo fiscal y financiero implementado por el gobierno central benefició principalmente a los gobiernos locales, que continuaron invirtiendo en todavía más parques industriales. Por lo tanto, la economía china ha experimentado un exceso de capacidad en infraestructura industrial y bienes de manufactura, como también burbujas más grandes en los precios de las viviendas en todos los niveles urbanos. Esta trayectoria es menos sustentable aún si se considera que China ya tiene un exceso de capacidad manufacturera y ha sufrido burbujas inmobiliarias antes de 2008. Dada la prác-tica éticamente dudosa de pedir dinero prestado a bancos del estado, y la ilusión fiscal de que la burbuja inmobiliaria continuará para siempre, las deudas de los gobiernos locales han llegado al nivel sin precedentes de 10 billones de RMB, la mitad de los cuales se acumuló después de 2009. Si no se reforman los sistemas de gobierno del suelo, el registro hukou y el financiamiento público local, la economía china se desacelerará de forma muy significativa. En el peor de los casos, la burbuja inmobiliaria explotará, lo que causará una crisis financiera y económica a gran escala.
Land Lines: ¿Cuáles son algunas de las consecuencias políticas de su investigación sobre gobiernos locales y finanzas públicas en las zonas rurales de China?
Tao Ran: China tiene que reformar sus sistemas de registro de suelo y hogares, para que los migrantes puedan acceder a viviendas económicas y servicios aceptables de educación pública en las ciudades. El suelo ha jugado un papel preponderante en el modelo de crecimiento de China en los últimos 15 años, pero también es responsable de los problemas económicos actuales. Desde mi punto de vista, un paquete de reformas centrado en el suelo y la urbanización es la mejor opción para crear un equilibrio entre las tasas de importación y exportación del país, para generar una enorme demanda interna y aliviar al mismo tiempo el problema de exceso de capacidad que aflige a muchas industrias chinas.
Yo propongo una estrategia gradual, que apunte a construir un sistema dual más equitativo. Bajo el sistema de regulación del suelo actual, la propiedad del suelo se divide entre urbana y rural; y mientras que los gobiernos urbanos tienen la autoridad para asignar áreas rurales para desarrollo urbano, los gobiernos rurales no tienen los derechos recíprocos. Esta discriminación ha privado a los residentes rurales de sus derechos de desarrollo inmobiliario, y ha llevado a la economía china por una trayectoria destructiva.
Una liberalización total, sin embargo, puede hacer explotar las burbujas inmobiliarias existentes, al ofrecer al mercado un gran volumen de suelo rural. Para reducir esta preocupación por parte de los gobiernos locales y de los propietarios de viviendas urbanas, es posible que China tenga que crear un mercado de propiedades en alquiler para los 200 millones de migrantes rurales que ya viven y trabajan en las ciudades. La mitad de ellos vive actualmente en dormitorios provistos por sus empleadores, y la otra mitad reside en viviendas construidas ilegalmente en pueblos urbanos sin buena infraestructura o acceso a servicios públicos, como educación para los hijos de los migrantes. Propongo una reforma que permitiría a las comunidades rurales en pueblos suburbanos de las ciudades que reciben a los migrantes que conviertan su suelo no agrícola en un mercado de vivienda urbano, bajo una condición: En los primeros 10 a 15 años, sólo podrían construir propiedades para ofrecer en régimen de alquiler. Después del período de transición, estas viviendas obtendrían derechos plenos y se podrían vender directamente en el mercado inmobiliario.
Land Lines: ¿Cuáles son las ventajas de este diseño?
Tao Ran: Al confinar inicialmente el suelo rural desarrollable al mercado de alquiler, se crea un colchón para el mercado inmobiliario existente y se evitan los pánicos bursátiles y que explote la burbuja inmobiliaria. La fusión posterior de estos dos mercados, sin embargo, enviaría a los especuladores una señal confiable de que los precios de las viviendas residenciales no crecerán más, y el gobierno central podría ir eliminando las regulaciones estrictas sobre el mercado inmobiliario impuestas desde 2010 para controlar la burbuja inmobiliaria. Este paquete de reformas contribuiría a un crecimiento saludable del mercado de vivienda. Más aún, el otorgamiento de derechos de desarrollo inmobiliario a las comunidades rurales –si bien restringidos durante el período de transición– abriría un canal legal para solicitar préstamos para el desarrollo inmobiliario.
Esta oportunidad generaría un auge en la construcción de viviendas en pueblos urbanos y áreas suburbanas, y estimularía la industria de la construcción, que tiene un exceso importante de capacidad. A diferencia de la burbuja de vivienda actual, este tipo de desarrollo inmobiliario es más beneficioso socialmente y económicamente sustentable. Los residentes rurales, particularmente aquellos que viven cerca de los centros urbanos, se beneficiarían directamente. Este crecimiento en el mercado de propiedades de alquiler también proporcionará viviendas asequibles para cientos de millones de trabajadores migrantes, lo que les permitiría que se asentaran en las ciudades de forma permanente. La urbanización tiene el potencial de distanciar la economía china del modelo impulsado por inversión.
Land Lines: ¿Cuál es la clave para el éxito de esta reforma?
Tao Ran: La actitud de los gobiernos locales es fundamental. Su preocupación sobre cómo generar ingresos es perfectamente legítima, y el paquete de reformas tiene que resolverla. Bajo el sistema actual, los gobiernos locales tienen demasiadas gastos, y no cuentan con ingresos adecuadas. Después de la reforma, tendrían un poder limitado de requisa de suelo, y se desharían de la gran cantidad de aranceles por arriendo de suelo y préstamos bancarios asociados con dicho poder. A largo plazo, las municipalidades deberían recaudar impuestos sobre la propiedad para generar una fuente estable de ingresos para el financiamiento público local. Dada la fuerte resistencia de los residentes adinerados y políticamente poderosos de las ciudades que han introducido programas piloto de impuestos sobre la propiedad, no es práctico esperar que este nuevo impuesto entre en vigor en poco tiempo.
Creo que otra fuente no explotada por los gobiernos locales es el suelo industrial subutilizado. De acuerdo con varios informes, el coeficiente de edificabilidad en los parques industriales es sólo de 0,3 a 0,4, aun en áreas desarrolladas de China. Si se negocia una reorganización, es posible duplicar el desarrollo del suelo y convertir parte del suelo industrial para uso residencial y comercial. Nuestras estimaciones muestran que los gobiernos locales saldrían beneficiados al renunciar a la potestad de requisa del suelo, y podrían usar estos ingresos para pagar deudas y evitar una crisis financiera.
En la etapa actual de desarrollo, ninguna reforma de la economía china será fácil. Nadie se debería hacer ilusiones sobre una solución rápida. Pero el paquete de reformas de mercado dual propuesto brinda una esperanza de alentar el consumo interno y aliviar el problema de exceso de capacidad en muchos sectores. Un factor particularmente favorable para esta reforma es el énfasis que ha puesto el nuevo gobierno en la urbanización. El primer ministro Li Keniana ha invertido muchos años en este tema y parece tener un interés genuino en lograr soluciones. Esta propuesta puede proporcionar una hoja de ruta realista para dichas reformas.
Land Lines: ¿Qué lecciones puede darnos China?
Tao Ran: El modelo chino genera crecimiento de forma efectiva. También produce varias consecuencias negativas, como el endeudamiento excesivo por el uso del suelo, los conflictos sociales debido a la requisa de suelo, daños medioambientales y burbujas inmobiliarias que suponen una carga para la población urbana. La lección china es que el gobierno es esencial para que un país crezca, pero ese mismo gobierno puede exagerar las cosas y, a largo plazo, generar distorsiones que dañan en última instancia la sostenibilidad de la economía y la sociedad.
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The lack of affordable serviced land for the urban poor is one of the most important issues on the Latin American land policy agenda.1 This shortage of serviced land and the subsequent illegal occupation of unserviced land are characteristic features of Latin American cities, especially in the urban peripheries and in areas unsuited to or restricted from the formal property market by topographic and environmental conditions.
An immediate consequence of this shortage is the overvaluation of land that is serviced. In effect, the provision of services usually increases the price of land by more than the cost of the services. Typically, raw land at the fringe, when designated as urban, is valued at US$5-10 per square meter. The provision of all services costs about US$20-30 per square meter, but the market price may be as much as US$50-100 per square meter. At this price, a 150-square-meter lot of serviced land is equivalent to at least three times the annual income of the majority of poor urban families. In most Latin American cities at least 25 percent of the population falling below the poverty line can barely survive, let alone pay for overpriced land.
Poor people in illegal settlements thus pay a higher price for land than residents in other parts of the city, and they pay more for services such as water, which they have to acquire from private vendors, as well as food, building materials and other consumer goods. Furthermore, their risk for disease is higher due to poor sanitation and limited access to medical facilities.
The Problem of Irregular Occupancy
It should be no surprise that 60 to 70 percent of land in Latin American cities is occupied irregularly, illegally or even clandestinely, with most housing stock being self-built incrementally over decades. In Mexico, the phenomenon of irregularity in land tenure can be seen as a way of life, given its important political and even cultural context. Low-income families find that the only way they can settle in the cities is by acquiring or invading illegal or irregular land.
The message transmitted to younger generations and others who seek housing has been clear: settle wherever you can, and don’t worry because some day the state will regularize your lot.2 This cultural attitude reinforces the perversity of the vicious cycle: the higher the expectation regarding the eventual regularization of irregular settlements, the higher the price that land sub-dividers may charge to sell unserviced or partially serviced land. The mere act of parceling the land raises the price two or three times, so again the poor pay more for land than buyers in the formal market.
Two important policy corollaries relate to this anticipation of land appreciation resulting from future regularization. First, public actions to regularize land have not solved the problem of access to land for the urban poor; rather, regularization is part of the problem because it feeds into the “industry of irregularization.” We must consider a serious restructuring or even the termination of this perverse policy and create other ways to offer serviced land to those who need it.
Second, this process also exposes a fallacy regarding the (in)capacity of the poor to pay for some urban services. They are already paying for at least part of their services, albeit to the landowner/sub-divider as a private “land tax” that could otherwise be collected publicly. The focus of the discussion is therefore misplaced. The issue is not so much whether the poor should pay or not, but rather how they should pay and the limits of such payments. For example, should low-income families benefiting from regularization programs pay for services directly, or should the land value increment generated by the improvements be captured from the landowners through taxation and other fiscal policies? The latter point sheds new light on the problems with some conventional subsidy schemes.
Challenging Current Regularization Programs
The traditional frameworks for studying the phenomenon of irregularity-regularization of land tenure in low-income urban colonies in Mexico (as for the rest of Latin America) need to be reevaluated. This was the motivation behind the March 1999 Lincoln Institute seminar cosponsored with the Colegio Mexiquense AC in Toluca, State of Mexico. Although the seminar could not resolve the conundrum indicated above, or even provide the means to break the vicious cycle, it generated some important conclusions.
First, it is important to recognize that the problem of how to supply land to the poor in Latin American countries cannot be resolved within the prevailing regularization programs. Besides the perverse feedback effects of these programs, there are serious questions regarding their financial sustainability. Regularization programs tend to be more curative than preventive, and they often depend on extra-budgetary government allocations unless the funds are provided by multilateral agencies, NGOs or other organizations.
In Mexico, CORETT, a federal commission for land tenure regularization of “ejidal” land, and CRESEM, a state commission for land tenure regulation and regularization of private land, have worked mainly on the legal side of the problem. Neither commission has achieved its program objectives of providing serviced land for the poor or creating land reserves. They have not focused on the basic problem of land irregularity but rather on one of its manifestations or consequences: illegal tenure.
Second, the problem with current regularization programs exposes the weakness of dissociating such programs from a broad-based fiscal policy, particularly property taxation, with its obvious implications for a healthier land market. As noted in the seminar, successful urban land management cannot be achieved solely through regulatory means. Greater fiscal discipline of land markets is needed, principally at the local level. This should be a pre-condition for an effective mobilization of land value increments to generate urbanized land, rather than a surrogate for the absence of a more comprehensive tax on land values. The same difficulties in obtaining adequate land value assessments, updated land records and other information usually attributed to the implementation of land value taxes also apply, sometimes even more dramatically, to most value capture instruments.
Third, existing fiscal instruments governing land in Mexico, although quite diverse and rigorous, are quite sensitive politically and thus, in reality, very weak. For example, land property taxes (mainly “impuesto predial”) face serious practical limitations in being able to capture land value increments because they were not designed for that purpose. However, fiscal reform may not be as insurmountable an obstacle as once thought when one considers that changes in other sensitive areas, such as privatization of state-owned assets or of ejido lands, have been accomplished.
Over and above these technical and political constraints, one should not neglect the importance of cultural and managerial obstacles. Planners must work with the fiscal administrators to overcome the lack of communication that has long characterized these two groups. Some promising steps have already been taken, and many public employees are aware of the urgent need to integrate fiscal policies and urban planning within the framework of a global strategy.
Finally, there is the broader context in which the issue must be placed. The government and the private sector have to understand that land has become the strategic issue in the dynamic process of urbanization. The main concern is the need to regulate land markets to meet the huge demand for serviced land in new ways and to make significant changes in the priority of this issue within Mexican politics and urban policy.
In sum, the seminar exposed the multifaceted need for a more effective policy to provide serviced land for the poor, including better coordination of existing policies relating to finance, territorial reserves, regularization and land market dynamics. We have also learned that many fiscal and regulatory instruments are sufficient in theory but not in practice. The problem is not so much a lack of resources as the capacity to mobilize the resources that do exist into a comprehensive program that links regularization with fiscal policy, including the exploration of value capture mechanisms.
While we studied various proposals and offered alternatives for future working agendas on the topic, several issues must be addressed before we can begin to understand the phenomenon in a different way. One key question is, If servicing the land adds so much value, why is it so hard to find private agents or developers in the formal market who are willing to invest in the informal market? Why is it deemed unprofitable in spite of such handsome mark-ups?
There is no easy answer, other than imprecise indications regarding risks due to complicated judicial and legal problems, unclear rules of the game, the high cost of approval licenses, lack of information about procedures, and concerns about low profitability over time. Because of the complex institutional issues involved in this dilemma, it will continue to be the focus of attention in collaborative efforts by the Lincoln Institute and its cosponsors in Mexico and other countries of Latin America.
Martim O. Smolka is senior fellow and director of the Latin American Program at the Lincoln Institute.
Alfonso Iracheta Cenecorta is president of El Colegio Mexiquense AC, an institution of research and postgraduate education in social sciences and the humanities, in the State of Mexico.
Notes
1. Serviced land is land designated for urban use and provided with basic public services (water, sewerage, paved roads, electric and telephone utilities, and the like), and with access to municipal functions such as employment, education and public transport.
2. Regularization means not only the provision of legal title but, more importantly, the provision of the urban infrastructure, services and other changes needed to integrate the “informal/illegal yet real” settlement into the fabric of the “legal” city.
Some Definitions
Illegal – land occupation that expressly contradicts existing norms, civil codes and public authorization
Informal – economic activity that does not adhere to and is not protected by institutional rules, as opposed to formal activity that operates within established procedures
Irregular – subdivisions that are officially approved but are not executed in accordance with the law
Clandestine – subdivisions that are established without any official recognition
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The Lincoln Institute has been cosponsoring research and training programs with public officials in Porto Alegre, Brazil, for several years. The land policy experiment described in this article represents an innovation with much pedagogical potential because it brings attention to the importance of procedural factors (e.g., management, negotiation, transparency, public legitimacy) in the provision of serviced land for the poor, over and above the conventional attention given to funding and other resources.
Approximately one billion people around the world currently live in slums with precarious infrastructure and without basic services or secure land title, and this situation is expected to worsen in the future (UN-HABITAT 2003). From the perspectives of both the urban order and the environment, irregular land occupations often cause irreversible damage and impose high urbanization costs for the local government and the society as a whole.
Irregularity is a multidimensional phenomenon involving tenure issues (e.g., legal rights of occupation, title registration); compliance with urban norms and regulations (e.g., lot sizes, allowance for public spaces, street layouts); the number and quality of services provided; the type of area where settlement occurs (e.g., ecologically risky areas, hillsides, contaminated brownfields); and above all the occupation process itself, which is usually the opposite of formal development, whereby occupation is the culmination of a legal and regulated sequence from titling to planning to servicing.
Basic infrastructure is frequently available in irregular areas, but it is installed either by unregulated subdividers or after occupation by public agencies, often as an emergency measure. For example, sometimes the main trunk networks for water and sewer systems exist close to areas where irregular settlements are forming, so the subdivider or occupants simply improvise clandestine connections to tap into the main line. For small settlements this kind of intervention is not disastrous, yet it implies that services may be extended into areas that are unsuitable for occupation. Private or public utility companies also extend their services to new settlements irrespective of their legal status and often without consulting the local authorities.
Typical Occupation Processes
The most common current practice for creating irregular settlements involves the occupation of a parcel of land through a complex series of commercial transactions involving the landowner, the developer or land subdivider, and often the future occupants. Landowners seek a way to extract profits from the land; subdividers ignore the need to comply with municipal codes and produce a low-cost, high-profit subdivision; and the poor occupants purchase these illegal plots because they have no other option and may be unaware of the legal status. They usually lack a regular income source and savings to apply for credit and meet the stringent building codes and other conditions required for formal purchase and occupation.
Prospective occupants buy the “right to occupy” through a plot acquisition contract and proceed to organize plot boundaries, street layouts and the construction of simple houses. When an official inspection is made it’s already too late; houses have been built and the community is organized to resist. Public authorities cannot keep up with this cycle of complicity, and thus restrict their role to minimal inspection activities that both conceal a management model tolerant of informality and expose the absence of other housing options for that segment of the population.
High-cost curative actions to introduce urban improvements and title regularization programs are being established in many cities, but their effectiveness to date has been limited (Smolka 2003). More seriously and paradoxically, the expectation created by these programs has tended to increase the number of people resorting to irregularity. In sum, the typical process by which the urban poor access serviced land is inefficient and unfair, and ultimately feeds into a vicious cycle of irregularity by contributing to poverty rather than mitigating it. The problem is not so much what services are provided, by whom and at what scale, but how, when and where the process operates to provide those services in the first place.
The Case of Porto Alegre
Porto Alegre (population 1,360,590 in 2000) is the capital of the southernmost state in Brazil and the center of a metropolitan area of 31 municipalities (see Figure 1, page 12). The city’s quality of life improvements have gained worldwide recognition, largely as a result of its poverty reduction and social inclusion programs and its widely acclaimed participatory administration processes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). For example, the level of infrastructure services is very high: 84 percent of the city’s houses are connected to the sewerage system; 99.5 percent receive treated water; 98 percent receive electricity; and 100 percent of suburbs are serviced by selective waste collection (Municipality of Porto Alegre 2003).
In spite of these impressive figures, 25.5 percent of the population lives in the city’s 727 irregular settlements (Green 2004). It is estimated that the annual population growth in these areas is 4 percent compared to 1.35 percent for the city as a whole. These facts present an apparent paradox and conundrum: How to reconcile widespread provision of basic services with the increase of irregularity in a period of successful, popular and participatory administration?
Since the introduction of decentralized participatory budgeting in 1989, public investment decision making in Porto Alegre has improved, but the process remains economically ineffective, technically inappropriate, environmentally disastrous, fiscally unfair (because land subdividers pocket monies that should benefit the public) and politically unsustainable. Many areas still have serious problems: poor quality streets without drainage or paving; geological instability and susceptibility to flooding; and a lack of legal titling, which means, for example, no address for postal delivery. Nevertheless, the Porto Alegre case is interesting because it vividly demonstrates that the problem of confronting irregularity is less one of providing services than of changing the process by which the services are provided. It’s a procedural process, a change in the rules of the game.
An Innovative Urban Policy Instrument
The Social Urbanizer concept was developed in Porto Alegre as an instrument, and more generally a program, to overcome the existing unsustainable process of providing urban services in spite of a long history of regulatory legislation (see Figure 2). Enacted in July 2003 shortly after approval of Brazil’s innovative City Statute Act, the Social Urbanizer Act was the result of significant dialogue involving the building industry unions, small land subdividers, housing cooperatives, financial agents and the City Council.
A Social Urbanizer is a real estate developer registered with the municipality who is interested in developing in areas identified by the government as suitable for low-income housing, and who agrees to operate according to certain negotiated terms, including the affordability of the serviced plots. The process contemplates a public-private partnership through which the municipality commits to make certain urban norms and regulations more flexible, to speed up the licensing process, reduce the legal requirements, and recognize progressive, step-by-step urbanization. It also anticipates using the transfer of development rights as a stimulating mechanism for private developers. Other incentives may take the form of access to specific lines of credit or certain direct public investments in urban infrastructure so the costs are not passed on to the final buyer. Eligible Social Urbanizer applicants include duly registered real estate developers, contractors already working in the informal market, landowners and self-managed cooperatives.
Porto Alegre’s Social Urbanizer program incorporates lessons learned from both real challenges and untapped opportunities for public action, and it is inspired by several specific ideas. First, land subdividers operating to provide access to urban land by the low-income sector (albeit through illegal activities) have an expertise and familiarity with that sector that public authorities do not have. Thus, rather than demonize or punish these agents, the Social Urbanizer approach takes a new attitude toward attracting them with appropriate incentives (and sanctions) so they can operate legally. Furthermore, while it is common knowledge that a subdivider can usually operate more profitably at the margin of the law, because of lower overhead costs, avoidance of legal approvals, and so forth, it is less well known that, given the option, many of these subdividers would rather operate legally, even if it means a lower profit margin.
Second, the land value increments generated by land transactions could be converted into a source of revenue for the development. In practice this share of value should be distributed both directly by the landowner (as an in-kind contribution of land beyond what is legally required in land subdivisions for low-income occupations) and indirectly by the subdivider through negotiated lower land prices for the low-income buyers. In most cases of irregular development the public is not able to capture and benefit from this increase in land value.
Third, by giving public transparency to the terms of direct negotiations and the resulting win-win agreement among all the interested parties (i.e., landowners, developers, public authorities, prospective buyers), the Social Urbanizer process creates adequate sanctions for compliance with the norms established for the development. Another component of the negotiation process has to do with the agreed investment schedule and its effect in diffusing speculative pricing.
Fourth, to have any chance of success this new mode of urbanization should be able to provide an adequate supply of serviced plots to meet social needs under competitive market conditions (i.e., more affordable than the conditions of otherwise informal subdividers). In effect an essential ingredient of the program’s rationale is that it establishes new rules for social urbanization in general. The signal should be clear to private agents that the Social Urbanizer process is the only way for the government to participate in the development of socially approved and affordable settlements.
The Social Urbanizer as a Third Path
For the public interest, the primary goal of this strategy is to establish the basis for development before occupation takes place, or at least according to a schedule allowing for significant reduction or control of urbanization costs (see Figure 3).
Public administrations in third-world cities typically respond to the inability of the poor to access formal land markets through two models or paradigms. Under the subsidy model the public intervenes to provide serviced land either directly through publicly developed settlements on an emergency basis, or indirectly through below-market interest for developers operating in that segment of the market. At the other extreme, the 100-percent tolerance model recognizes that the government does not have the capacity to provide all the serviced land needed, and thus tolerates irregular and informal arrangements that may eventually be improved with various regularization programs.
Both approaches keep land market conditions untouched and feed into the vicious cycle of informality. In the first case the subsidies are capitalized into higher land prices, and in the second case they allow land subdividers to charge a premium based on the expectation of future regularization: the higher the expectation, the higher the premium.
The Social Urbanizer represents a third path that recognizes both the role and expertise of informal land subdividers who operate in the low-income segment of the market and the indispensable role of public agents in supporting the poor to participate in otherwise inaccessible market conditions. In other words, this program represents an effort to “formalize the informal” and “informalize the formal” by facilitating and providing incentives for developers to operate with more flexibility in the normally unprofitable low-income market. It is an instrument designed to encourage both entrepreneurs operating in the clandestine real estate market and those operating in the formal, higher-income market segment to develop land under the existing regular standards.
The Social Urbanizer Act represents an attempt to change the rules on how low-income housing needs are to be addressed. It gives a clear signal to the private agents operating in the land market and protects the public from arbitrariness in private development actions. The Social Urbanizer has proven to be an indispensable tool for public management. As a break with current practices, however, the program still faces many challenges in implementation.
Early Stages of Implementation
Porto Alegre has five Social Urbanizer pilot projects at different stages of development. They involve different types of developers so they can function as true experiments: small developers, developers already established in the market, and housing cooperatives. One of these pilot areas has demonstrated that 125 square metres (m2) of fully serviced land can be produced at a price ranging from US$25 to US$28 per m2 in contrast with the formal market price of US$42 to US$57 per m2 for the same amount of land. The first price range represents how much a developer is actually willing to contract with the local administration to operate under the Social Urbanizer framework.
The municipality also attempted to gain financial support for social urbanization activities from Caixa Econômica Federal (CEF), the federal organization responsible for financing housing and urban development. The agency is creating a new financial line within its partnership program in which credit is given to the buyer, who will knowingly use it to purchase a plot of land. Until now this financial option was only available for the acquisition of a housing unit before construction. Thus the idea of a credit line to ultimately finance the development of serviced land is a novelty. Another related improvement is the willingness of the local administration to void requirements on developers’ risk analysis, an essential ingredient to open the field to small developers.
The innovation of the Social Urbanizer instrument, as compared to traditional public methods of dealing with urban irregularity, has attracted the attention of many organizations and other municipalities. At a federal level the Social Urbanizer is considered fully integrated with the principles of the City Statute, which has brought support from Brazil’s Ministry for Cities. Another federal law that deals with the subdivision of urban land is now being discussed in the Brazilian National Congress, and the Social Urbanizer is part of that debate as well. If adopted, this subdivision legislation will be an important step toward changing the traditional and perverse process of providing access to land for the urban poor in other Brazilian cities.
Chronology of Urban Policies in Porto Alegre
1979 – Approval of the Federal Subdivision Law (6766/1979) and the First Development Master Plan for Porto Alegre
1990 – Establishment of the Urban Regularization Program
1996 – Creation of the Urban Regularization Center
1998 – Announcement of Land Title Regularization Year
1999 – Approval of the Environmental Development Master Plan
2001 – Implementation of a pilot plan of a differentiated taxation model, based on preventive action, operating in the region of the city that suffers the highest number of irregular settlements
2001 – Enactment of Brazil’s City Statute Act on Urban Development (Law 10.257/2001)
2003 – Enactment of the Social Urbanizer Act (Law 9162/2003)
2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects
2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects
Martim O. Smolka is senior fellow at the Lincoln Institute, director of the Program on Latin America and the Caribbean, and co-chairman of the Department of International Studies. Cláudia Damasio is an architect and former under-secretary of planning for the Municipality of Porto Alegre. She now serves as coordinator of the Social Urbanizer project. .
References
Getúlio Vargas Foundation. 2004. Revista Você S/A. Editora Abril. August 10. São Paulo, Brazil
Green, Eliane D’Arrigo, ed. 2004. Irregularidade fundiária em Porto Alegre por região de planejamento (Land irregularity in Porto Alegre by planning regions) Municipality of Porto Alegre, Secretary of Municipal Planning, http://www.portoalegre.rs.gov.br/spm/
Jones Lang Lasalle. 2003. World Winning Cities II, http://www.joneslanglasalle.com/research/index.asp
Municipality of Porto Alegre. 2003. Informaçöes a cidade: Títulos e Conquistas (Information about the city: Titles and achievements), http://www.portoalegre.rs.gov.br
Smolka, Martim O. 2003. Informality, urban poverty and land market prices. Land Lines 15(1): 4–7.
UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156
United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press, http://www.undp.org/
United Nations Urban Management Program (UN/UMP). 2003. Report of the Urban Management Program of UN-HABITAT 2003. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, http://hq.unhabitat.org/programmes/ump/publications.asp
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Tao Ran is a professor in the School of Economics at Renmin University of China and director of the university’s China Center for Public Economics and Governance. He is also a nonresident senior fellow at the Brookings Institute. His field of specialization centers on China’s urbanization and the political economy of the economic transition, land and household registration reform, and local governance and public finance in rural China. His diverse research has appeared in the Journal of Comparative Economics, Journal of Development Studies, Land Economics, Urban Studies, Political Studies, China Quarterly, and Land Use Policy.
Dr. Tao received his PhD in economics from the University of Chicago in 2002. He is a long-time research fellow at the Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy and was previously a Shaw Research Fellow of Chinese Economy at the University of Oxford’s Institute of Chinese Studies. With funding from PKU–Lincoln Institute and from other agencies, such as the National Science Foundation of China, he led a research team and started a large survey on urban migrants and dispossessed farmers in 12 cities across China’s four major urbanizing areas: the Yangtze River Delta (Jiangsu and Zhejiang provinces), the Pearl River Delta (Guangdong province), Chengdu–Chongqing region (Sichuan province and Chongqing municipality), and Bohai Bay Area (Hebei and Shandong provinces). He is also working on a project to pilot new urban village redevelopment models in Shenzhen municipality and the Pearl River Delta.
Land Lines: Why is the study of China’s political economy and its transition so important to the country’s future?
Tao Ran: After enjoying nearly double-digit growth in the past three decades, China has become the shining star of the 21st-century global economy. People marvel at its successful transformation from a third-world country into the world’s largest manufacturing base and second largest economy—an evolution that lifted 450 million people out of poverty. As China grows, however, it faces widening income inequality, serious corruption and pollution, and social injustice that has left hundreds of millions of temporary migrants without access to decent urban public services and tens of millions of undercompensated, dispossessed farmers transitioning into industrialized urban economies.
My research explores the institutional sources of China’s fast growth in the past decades as well as the implications, positive and negative, of China as an alternative model for the developing world—as an effective, growth-oriented autocracy with heavy investments in infrastructure and industries, massive exports of manufacturing goods, and selective government intervention and industrial policies. I believe it’s essential to predict what will happen to China in the near future, because it will have important implications for the whole developing world.
Land Lines: Why do you think it is important to study land and household registration? What do these studies say about the current state of China’s socioeconomic structure?
Tao Ran:China is in the midst of an urban revolution, sustaining a massive volume of rural-to-urban migration every year in the last three decades. About 200 million rural migrants are working and living in Chinese cities. Yet, under the persistent hukou (household registration) system, a majority of migrants with hukou registration in their homelands exist as “outsiders” or “temporary population” in their new cities of residence. They are denied access to welfare benefits, subsidized public housing, and urban public schools.
Their difficulties are compounded by highly distorted land use patterns. Typically, when countries urbanize, less than 20 percent of newly utilized land supports manufacturing, leaving a majority of that territory to accommodate migrant housing. Under the current Chinese land requisition-leasing system, local governments lease around 40 percent of newly utilized land to build industrial parks, leaving only 30 to 40 percent of the area every year for residential purposes.
China’s current land use and household registration systems help to generate several dual socioeconomic structures as well. Besides the widely acknowledged urban-rural dichotomy, there is also a dual structure of urban permanent residents versus migrants. Another duality separates homeowners from urban rentees who lag far behind in terms of wealth accumulation. As 90 percent of homeowners are permanent residents, and 95 percent of renters are migrants, these dual structures lead to a highly divided society.
Land Lines: What land use challenges will China face in the coming decade?
Tao Ran:Many cities have constructed industrial parks, or “garden-style factories,” that make very inefficient use of land. Industrial companies lease land at an extremely low price and use only a part of it, leaving other areas undeveloped or allocated for large-scale greenification projects. Local governments undersupply residential and commercial land in order to maximize profits, leading to undersupplied commercial/residential land markets, followed by serious bubbles in the real estate sector. The rapid rise in urban housing prices and the formation of a real estate bubble over the past decade has made it impossible for the vast majority of rural migrant populations to afford commodity housing in cities. In fact, even new labor force entrants with university degrees find that today’s housing prices are far higher than they can afford. Clearly, housing affordability has become the main challenge to China today.
The aftermath of the 2008 world financial crisis had a huge impact on China. The fiscal and financial stimulus package implemented by the central government mainly benefitted local governments, which have continued to invest in even more industrial parks. Consequently, the Chinese economy has experienced more overcapacity in industrial infrastructure and manufacturing goods as well as more serious housing bubbles across all tiers of cities. This path is all the more unsustainable considering that China already suffered from overcapacity in manufacturing and real estate bubbles before 2008. Given the moral hazards of borrowing from state-owned banks and the fiscal illusion that the housing bubble will continue, local government debts have reached an unprecedented level of 10 trillion RMB, half of which was accumulated after 2009. I f there is no real reform in the systems governing land, hukou registration, and local public finance, the Chinese economy will slow down quite significantly. In the worst-case scenario, the housing bubble will burst, leading to a full-scale financial and economic crisis.
Land Lines: What are some potential policy implications of your research on local governance and public finance in rural China?
Tao Ran: China needs to reform its land and household registration systems so that migrants can access affordable housing and decent public schooling services in cities. Land has played an essential role in the making of China’s growth model in the past 15 years—but it is also responsible for current economic woes. In my view, a reform package that centers on land and urbanization provides the best chance of creating a better balance between the country’s import and export rates by unleashing huge domestic demand and relieving the overcapacity problem in many Chinese industries.
I propose a gradualist approach that aims to build a more equitable dual-track system. Under the current land regulatory regime, land ownership is separated into urban and rural; while urban governments have the authority to allocate rural areas for urban development, rural governments do not have the same rights in reciprocity. This bias deprives rural residents of their development rights and leads the Chinese economy down a destructive path.
Total liberalization, however, may result in a crash of the existing housing bubbles when a large volume of rural land is made available to the market. To alleviate this concern on the part of local governments and urban homeowners, China may need to set up a rental property market track targeting the 200 million rural migrants who already live and work in cities. Half of them currently live in dormitories provided by their employers, and the other half reside in illegally built housing in urban villages without good infrastructure or access to urban public services such as education for migrating children. I propose a reform that would allow rural communities in suburban villages of migrant-receiving cities to take their nonagricultural land onto the urban housing market under one condition: for the first 10 to 15 years, they could build properties used only for rental purposes. After the transitional period, those houses would gain full rights, and they could be sold directly on the housing market.
Land Lines: What are the advantages of this design?
Tao Ran: Insulating developable rural land in the rental market initially provides a cushion for the existing real estate market and prevents market panics and a bursting of the housing bubble. Merging the two tracks, however, would send speculators a credible signal that residential building prices will not rise further, and so the central government could phase out its strict regulations on real estate markets installed since 2010 to curb the housing bubble. Such a reform package would contribute to a healthy growth of the housing market. Moreover, granting rural communities development rights—even if those rights were restricted during the transition period—would open the legal channel for them to apply for development loans.
This opportunity would unleash a housing construction boom in urban villages and suburban areas and provide a lift for construction-related industries with significant overcapacity. Unlike the current housing bubble, this kind of real estate development is more socially beneficial and economically sustainable. Rural residents, particularly those living close to urban centers, would benefit directly. The growth in the rental property track also makes housing affordable for hundreds of millions of migrant workers, enabling them to settle in cities permanently. Urbanization has the potential to turn the Chinese economy away from the investment-driven model.
Land Lines: What is the key to the success of this reform?
Tao Ran: The attitude of local governments is critical. Their concern over revenues is perfectly legitimate and needs to be addressed in the reform package. Under the current system, local governments are burdened with too many spending responsibilities, and they lack adequate revenues. After the reform, they would have limited power of land requisition and lose the sizeable land lease fees and bank loans associated with that power. In the long run, municipalities should levy property taxes to generate a stable source of income for local public finance. Considering the strong resistance from wealthy and politically powerful residents of the cities introducing the property tax on a trial basis, however, it is unrealistic to expect this new tax to take effect soon.
I believe that another untapped source for local governments is underutilized industrial land. According to various reports, the floor-area ratio is only about 0.3 to 0.4 for industrial parks even in China’s developed areas. Through reorganization by negotiation, it is possible to double land development intensity and convert some industrial land for residential and commercial construction. Our estimates show that local governments would be more than compensated for giving up the power of land requisition, and they could also use these revenues to pay back the debts and avert a financial crisis.
At the current stage of development, no reform in the Chinese economy is going to be easy. One certainly should not have any illusions about a quick fix. But the proposed dual-track reform package offers some real hope of boosting domestic consumption and alleviating the overcapacity problem in many sectors. One particularly favorable factor for this reform is the new leadership’s emphasis on urbanization. Premier Li Keqiang has spent years on this issue and seems to have a genuine interest in achieving breakthroughs. This proposal may provide a realistic roadmap for such reforms.
Land Lines: What lessons can China teach?
Tao Ran: The Chinese model successfully effects growth. It also generates several negative consequences, such as the over-leveraging of land, social unrest resulting from land grabbing, environmental damages, and housing bubbles, which burden the urban population. The Chinese lesson is that for a country to grow, the government is essential; but that same government may overdo things and, in the long run, generate distortions that finally damage the sustainability of the economy and society.
