En la mayoría de los países, las propiedades del gobierno no se encuentran sujetas al impuesto sobre la propiedad; de hecho, la sola idea podría considerarse como un intercambio circular de dinero (Bird y Slack 2004; Youngman y Malme 1994). En el último tiempo, el Reino Unido ha adoptado un punto de vista muy diferente. Considerando que es muy importante que tanto el gobierno como los ocupantes del gobierno municipal estén al tanto del verdadero costo que implica tener propiedades, el Reino Unido insiste en un sistema de alquileres teóricos y garantiza la sujeción a los impuestos sobre la propiedad de ámbito municipal.

Desde la promulgación de la Ley de Asistencia a la Pobreza en 1601 (la fecha generalmente aceptada en que comenzó la tributación de inmuebles municipales en el Reino Unido) hasta el año 2000 (cuando se aprobaron los cambios a esta ley), los inmuebles ocupados por el gobierno o la Corona no se encontraban sujetos al impuesto o a las “tasas” sobre la propiedad. No obstante, la Corona, de hecho, aceptó que era apropiado realizar algún tipo de aporte con el fin de cubrir los costos de los servicios municipales, por lo que pagaba voluntariamente aportes en lugar de tasas (CILOR, por sus siglas en inglés). Este proceso conllevaba varios problemas: los aportes eran voluntarios; los inmuebles de la Corona no figuraban en los listados de valuaciones; y la base sobre la cual se realizaban los aportes carecía del rigor y la transparencia de valuación que se aplicaban al resto de las propiedades.

La Ley Municipal de Gobierno y Valuación se promulgó en 1997 para su aplicación en Inglaterra, Escocia y Gales (más tarde, en 1998, se introdujo una modificación para Irlanda del Norte) con el fin de que todos los inmuebles de la Corona estuvieran en pie de igualdad con respecto al resto de las propiedades sujetas a impuesto y pudieran ser pasibles de ser valuadas para determinar sus tasas. Estas disposiciones entraron en vigor el 1 de abril de 2000. Como resultado, edificios emblemáticos tales como el Palacio de Westminster y la Torre de Londres son valuados por primera vez en la actualidad de la misma manera que el resto de las propiedades.

Valuación de inmuebles comerciales

Los tasadores de la Agencia de Valuaciones (VOA, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Impuestos y Aduanas de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés), son los responsables de compilar y mantener los listados de valuaciones de inmuebles comerciales (no residenciales) para Inglaterra y Gales. En Escocia, los responsables son los tasadores municipales, y en Irlanda del Norte, la responsabilidad recae sobre el Servicio de Suelos e Inmuebles. En general, el valor catastral de un inmueble no residencial está basado en el alquiler anual por el cual podría haberse alquilado en el mercado abierto a una fecha estándar (la fecha de valuación precedente). En el caso de Inglaterra y Gales, la fecha precedente para los listados de 2000 fue el 1 de abril de 1998; para los listados de 2005, el 1 de abril de 2003; y para los listados de 2010, que entraron en vigor el 1 de abril de 2010, la fecha precedente fue el 1 de abril de 2008.

La Tabla 1 muestra la cantidad de inmuebles sujetos a impuesto en Inglaterra y Gales y su valor catastral (imponible) total. Resulta un tanto difícil realizar comparaciones con los impuestos sobre la propiedad basados en el valor capital, ya que para ello es necesario conocer los rendimientos respectivos; aún así, es evidente que el nivel de tributación es extraordinariamente alto para un impuesto sobre la propiedad. El nivel del impuesto en Inglaterra y Gales es de aproximadamente el 45 por ciento, aunque esta cifra corresponde a los valores de alquiler, no de capital.

El gobierno del Reino Unido establece una tasa uniforme del impuesto en forma separada (peso por libra esterlina) para Inglaterra, conocida como el multiplicador de valuación para inmuebles no residenciales. En Escocia y Gales, esta tasa es determinada por sus respectivas asambleas y, en el caso de Irlanda del Norte, cada consejo distrital establece su propia tasa. Así se determina el monto a pagar sobre cada libra esterlina de valor catastral, a fin de obtener la factura completa de tasas del impuesto. Las autoridades municipales son las responsables de calcular el monto de las facturas y recaudar las tasas del impuesto sobre inmuebles no residenciales correspondientes a las propiedades que se encuentran dentro de sus áreas de influencia. No obstante, las autoridades no conservan los montos que cobran, sino que los depositan en un fondo nacional (uno para Inglaterra y otro para Gales). El dinero que conforma dicho fondo se redistribuye luego entre las autoridades municipales, con ciertos acuerdos especiales para la ciudad de Londres.

Antecedentes de la exención a la Corona

Antes de que se emitieran los listados de valuaciones en el año 2000, ciertas propiedades ocupadas por la Corona, tales como las instalaciones donde funcionan las oficinas del gobierno central y el Ministerio de Defensa, se encontraban exentas de la valuación y no figuraban en ningún listado de valuaciones. No obstante, la Corona realizaba un CILOR en forma voluntaria en base a un valor catastral teórico.

La Corona no figuraba expresamente ni en la Ley de Asistencia a la Pobreza de 1601 (la ley original de valuaciones se conocía también como la Ley de Isabel) ni en la Ley de Tasas Generales de 1967 que la reemplazó. Debido a que uno de los principios del derecho del Reino Unido consistía en que la Corona no se encontraba sujeta a ningún acto parlamentario a menos que se la mencionara específicamente, no era susceptible a las tasas. Además, no podía imponerse tasa alguna sobre aquellos inmuebles ocupados por sus funcionarios cuando dicha ocupación se entendía como ocupación por la Corona. Este fue el punto de vista mantenido en la causa Jones contra Mersey Docks 11 HL Cas. 443 (1865).

Sin embargo, ya en 1860 el gobierno aceptó el principio de que la Corona pagara alguna suma en forma de CILOR voluntario respecto de los inmuebles ocupados a los fines públicos. Dicha práctica se volvió uniforme en 1874. El Tesoro del Reino Unido adoptó, mediante acta formal, el principio de que los inmuebles ocupados para las funciones públicas debían pagar tasas municipales de la misma manera que otros inmuebles de los condados en los que estaban ubicados, teniendo en cuenta las características de cada caso. El acta del Tesoro estableció el Departamento de Valuaciones de Propiedades del Gobierno (RGPD, por sus siglas en inglés) para evaluar todos los inmuebles del gobierno con el fin de adoptar, en cada caso y hasta donde fuera posible, los mismos principios que se aplicaban a la valuación de inmuebles particulares.

El derecho consuetudinario del siglo XIX establecía que la exención sólo se aplicaba a las propiedades ocupadas por la Corona misma o sus funcionarios, y no al resto de los inmuebles ocupados con fines públicos. Por lo tanto, la exención se aplicaba generalmente a los inmuebles ocupados para usos del gobierno central y a los palacios y parques reales, así como también a otros inmuebles ocupados por funcionarios de la Corona (por ejemplo, la ocupación por parte de los ministros de gobierno o el personal militar de la base naval real, del ejército y de la fuerza aérea real).

En 1896, mediante otra acta del Tesoro se reafirmó el principio de aporte equitativo y se establecieron ciertas concesiones a fin de que entrara en plena vigencia. Estas concesiones consistían en una revaluación periódica, el pago dentro de los plazos establecidos y una contribución con respecto a las cámaras del Parlamento.

A continuación se detallan las principales características del CILOR en los últimos años de su existencia:

• La Unidad de Inmuebles de la Corona (CPU, por sus siglas en inglés) de la VOA era la responsable de aceptar las tasaciones y el CILOR (después de absorber al RGPD).
• Las autoridades de valuación cobraban a la CPU los pagos del CILOR.
• Para realizar las valuaciones y calcular las facturas se seguían exactamente las mismas normas y métodos que para las tasas propiamente dichas, teniendo en cuenta las exenciones a la valuación que fueran aplicables.
• Las autoridades municipales incluían los pagos del CILOR junto con otros ingresos por tasas no residenciales en un fondo de valuaciones, y estos pagos combinados luego se redistribuían entre las autoridades receptoras.

Los acuerdos del CILOR se diferenciaban del resto de los procedimientos de valuación estándar en los siguientes aspectos principales:

• Los aportes eran, en teoría, voluntarios.
• Las valuaciones que establecía en principio el RGPD (aunque luego se acordaban con el funcionario de valuaciones municipal) no siempre estaban al mismo nivel de las tasaciones normales.
• Los entes de la Corona no poseían los mismos derechos que tenían los contribuyentes para apelar las valuaciones y para que dicha apelación se determinara en un tribunal de valuaciones independiente.
• Debido a que, según la teoría constitucional, la Corona es una e indivisible, el tratamiento del CILOR para inmuebles ocupados por más de un ente de la Corona era diferente al tratamiento que habitualmente se aplicaba a propiedades valuables con diferentes ocupantes. Respecto del CILOR, por lo general se realizaba una única valuación por el inmueble como un todo, y luego se calculaba una única factura que se enviaba al ocupante principal, quien posteriormente recuperaba las proporciones correspondientes del impuesto total a pagar de cada uno de los ocupantes menores. Según las tasas estándar, por lo general se realizan valuaciones por separado para cada parte de la propiedad que tiene diferentes ocupantes, y luego cada ocupante recibe una factura por separado.

Fundamentos para eliminar la exención a la Corona

El gobierno ha estado debatiendo la eliminación de la exención a la Corona ya desde la Segunda Guerra Mundial. El Comité Central de Valuaciones, en una carta fechada el 21 de enero de 1947 y dirigida al Ministro de Salud, de hecho sugería dicha eliminación, a la vez que declaraba que su punto de vista, desde hacía mucho tiempo, era que los acuerdos de valuación de inmuebles ocupados por la Corona vigentes hasta ese momento eran en muchos aspectos injustos e insatisfactorios para las autoridades municipales, quienes, en ese entonces, establecían sus propios niveles de tasas. En la década de 1950, las asociaciones de autoridades municipales inglesas expresaron su descontento con la exención aplicable a la Corona y llegaron hasta el punto de declarar que la forma de calcular los CILOR era completamente arbitraria y que con frecuencia representaba un perjuicio para las autoridades municipales. En 1952 calcularon el valor catastral de los inmuebles de la Corona en Inglaterra y Gales en aproximadamente £14 millones, de un valor catastral total de cerca de £341 millones, lo que equivaldría a £2.200 millones según los niveles de valores en la revaluación del año 2010.

A mediados de la década de 1990, el gobierno consideró varios aspectos impulsores para un cambio:

• La exención de tasas aplicable a la Corona no respondía a ningún objetivo evidente de política pública, ya que, en todo caso, se esperaba que los ocupantes de la Corona realizaran CILOR.
• Según el Informe Oficial de la Carta de Ciudadanos (1991), la política general del gobierno era que debía eliminarse progresivamente la inmunidad general de la Corona a medida que se fueran dando las oportunidades legislativas, para que la Corona estuviera sujeta, en general, a los acuerdos normativos y regulatorios en pie de igualdad respecto de los demás.
• La falta de derechos de apelación para los ocupantes de la Corona fue, en principio, insatisfactoria.

La Ley Municipal de Gobierno y Valuación de 1997 estableció la eliminación de la exención que gozaba la Corona de tasas por inmuebles no residenciales en Inglaterra, Gales y Escocia con vigencia a partir del 1 de abril de 2000. Las autoridades responsables de la valuación cobrarían las tasas correspondientes a los inmuebles de la Corona directamente a los respectivos departamentos, en lugar de cobrarlos a la CPU. Dichas autoridades también podrían iniciar procedimientos de ejecución en contra de la Corona, tal como lo harían con otros contribuyentes. Aunque esto ocurriría solamente en raras ocasiones, las autoridades responsables de las valuaciones podrían, en principio, tomar medidas contra un departamento del gobierno con el fin de obtener una orden de apremio por falta de pago de tasas, en el caso de que fuera necesario.

Los profesionales de la valuación en el Reino Unido han sugerido que, debido a que la valuación es un impuesto, tasar y sujetar a impuesto los inmuebles ocupados por entes públicos representa un derroche de recursos públicos. Las propiedades que podrían incluirse en esta categoría incluyen aquellas ocupadas por el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Salud y las autoridades municipales. Superficialmente, el hecho de valuar y sujetar a impuesto estas propiedades puede parecer injustificado. La dificultad reside en que muchas de las actividades que tradicionalmente son llevadas a cabo por el gobierno central o los gobiernos municipales ahora son también realizadas por el sector privado. Un ejemplo de ello son los centros de recreación. Aplicar la exención de tasas a las propiedades de las autoridades municipales cuando estas compiten directamente con el sector privado podría considerarse injusto, ya que le brindaría una ventaja fiscal al sector público.

Aunque el sector público ocupa otros edificios cuya utilización actual evidentemente no compite con el sector privado, resulta difícil justificar la exención de ciertos inmuebles ocupados por el sector público, mientras incluye otros. La justificación original para valuar edificios ocupados por los entes públicos (incluyendo la eliminación de la exención a la Corona en 2000) fue establecer una base en condiciones de igualdad, garantizar que los costos de ocupación se reconocieran en su totalidad y brindar transparencia en cuanto a la contribución de los entes del sector público para cubrir los costos relacionados con los servicios públicos brindados.

Valuación de edificios emblemáticos

La eliminación de la exención a la Corona precipitó la necesidad de valuar una amplia gama de inmuebles fuera de lo común. La valuación en el Reino Unido es un impuesto que se aplica al ocupante y no al propietario, y está basado en la utilización real amplia en lugar de la mayor y mejor utilización del inmueble. Los edificios muy antiguos con frecuencia deben ser valuados, aunque muchos de ellos se han modernizado y se utilizan para diferentes fines, tales como oficinas, usos comerciales mixtos o, al menos en parte, atracciones turísticas.

El tradicional enfoque de comparación de valuaciones pudo aplicarse en inmuebles que tenían un uso similar, con el fin de permitir la determinación de un valor de alquiler indicativo para algunas estructuras, aunque, en el caso de otras, la tarea resultó mucho más difícil. Por ejemplo, la Casa Somerset, sobre el río Támesis, es un bloque de oficinas construido a tal fin, pero es además el primer bloque de oficinas del gobierno que fue construido a tal fin, data de 1776 y ha sido utilizado en filmaciones comerciales, por lo que resulta difícil compararlo con otros edificios.

La valuación de inmuebles fuera de lo común no se limita a las propiedades de la Corona o a aquellas en las que el método de comparación de alquileres no puede usarse porque no existen comparaciones de interés. En tales casos, la aplicación del método de ingresos y gastos o el método de las ganancias puede resultar mucho más confiable a la hora de determinar el valor de mercado en cuanto al alquiler de una propiedad. Este método es apropiado si el inmueble sujeto a valuación es comercial por naturaleza o posee cierto grado de monopolio, y si la principal motivación del ocupante para utilizar el inmueble fuera obtener ganancias y, de hecho, estuviera obteniéndolas (Bond y Brown 2006).

En el caso de no poder utilizar ni el método de la comparación ni el método de ingresos y gastos, se aplica entonces el método de base de contratistas o método de costos cuando el inmueble sirve principalmente para fines públicos y no se encuentra ocupado para beneficio comercial, o cuando el inmueble en cuestión es comercial pero no constituye un centro de ganancias con sus propias cuentas. En ambos casos, el ocupante (o propietario) debería soportar el costo de un inmueble de reemplazo para poder continuar con la utilización del inmueble.

Además del problema de la valuación, nos enfrentamos a la complejidad que existe en el Reino Unido en cuanto a tener un impuesto separado sobre propiedades residenciales. En Inglaterra, Escocia y Gales, este tributo se denomina impuesto municipal, mientras que en Irlanda del Norte, el sistema tiene que ver con tasas residenciales. Si alguna parte del inmueble se utiliza para fines residenciales, según se define en la legislación, entonces se determina el impuesto residencial sobre dicha porción del inmueble. De esta manera, en cuanto al Palacio de Buckingham y al Castillo de Windsor, ambos palacios reales, se aplica una valuación sobre la porción no residencial y comercial, y un impuesto municipal sobre las secciones residenciales de dichos edificios.

Palacio de Westminster

El Palacio de Westminster, también denominado Parlamento, es un palacio real y el lugar donde las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido celebran sus sesiones, es decir, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. El Palacio es el centro de la vida política y “Westminster” se ha convertido en una metonimia que refiere al Parlamento del Reino Unido y al sistema de gobierno de Westminster, del cual se origina su nombre. La Torre de Isabel, a la cual generalmente se la llama por el nombre de su campana principal, Big Ben, es un hito emblemático de Londres. La arquitectura del Renacimiento Gótico, obra de Sir Charles Barry, data de 1840, pero el extraordinario Salón de Westminster con su techo de cerchas se remonta al año 1097.

El Palacio de Westminster ha sido parte del patrimonio de la humanidad desde 1987. Este Palacio tenía un valor catastral de £14.700.000 en el listado municipal de valuaciones de 2010 (£5.500.000 en el listado de valuaciones de 2000). Si se aplica la tasa estándar del impuesto del 45,8 por ciento, la deuda impositiva ascendería, sin tener en cuenta ninguna exención, a aproximadamente £6.730.000 por año. La tasación en realidad combina cuatro edificios: el Palacio, la Casa Portcullis, la Puerta Derby 1 y los edificios Norman Shaw. Todas estas secciones se valúan según el método comparativo respecto de las oficinas, y se aplican descuentos por diseño y tamaño, de corresponder. En el caso del Palacio, ambas Cámaras se encuentran valuadas al 65 por ciento de la tasa principal por metro cuadrado. Existe también otro descuento con el fin de reflejar la superficie cubierta total en la propiedad.

Palacio de Buckingham

El Palacio de Buckingham es la residencia oficial y principal lugar de trabajo de Su Majestad la Reina Isabel II en Londres, tanto respecto de su posición como monarca británica y jefe de estado de varios países en todo el mundo, como de cabeza de la Mancomunidad Británica. Este Palacio, ubicado en la ciudad de Westminster, es la sede donde se desarrollan los eventos de estado y donde se brinda hospedaje real. El edificio que hoy en día forma el centro del palacio, y que anteriormente se denominaba Casa Buckingham, era una gran residencia urbana que se construyó para el Duque de Buckingham en 1705. El Palacio de Buckingham se convirtió en el palacio real oficial de los monarcas británicos cuando la Reina Victoria ascendió al trono en 1837.

El Palacio de Buckingham se utiliza en parte como una de las residencias del monarca, aunque principalmente consiste de oficinas. Hace poco se ha permitido cierto uso comercial limitado, ya que algunos sectores del edificio se encuentran abiertos a los visitantes. La parte comercial posee un valor catastral de £1.300.000 según el listado de valuación municipal de 2010. El Palacio se valúa utilizando dos métodos. En primer lugar, se aplica el método de ingresos y gastos o de ganancias a fin de reflejar el componente comercial (aproximadamente 400.000 personas lo visitaron en el año 2011). La propiedad está abierta durante 63 días al año en horarios limitados, por lo que los ingresos respectivos se consideran anualizados y luego se agrega el 5 por ciento a fin de reflejar el hecho de que, si estuviera abierto al público durante más horas, se generarían más ingresos por entradas. Las cuentas comerciales, según los informes publicados, muestran que el valor catastral fue equivalente al 6,3 por ciento de los ingresos corrientes de mantenimiento. En segundo lugar, el método de contratistas o de costos se aplica a la Galería de la Reina. El componente residencial del Palacio posee 775 habitaciones, entre las que se cuentan 52 dormitorios reales y para huéspedes, 188 dormitorios para el personal, 19 salas de estado y 78 baños. En el período 2011-2012, la factura del impuesto municipal ascendió a £1.369.

Torre de Londres

El Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, comúnmente conocida como la Torre de Londres, es un castillo histórico que descansa sobre la ribera norte del río Támesis en la zona central de Londres y data de la conquista de Inglaterra por parte de los Normandos en el año 1066. La Torre Blanca, que le otorga su nombre a todo el castillo, fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078. La Torre ha tenido diferentes funciones: arsenal, oficina del tesoro, prisión, zoológico, sede de la Casa de la Moneda Real y oficina de registros públicos. En la actualidad, la Torre alberga las joyas de la Corona y es una de las atracciones turísticas más conocidas del país: en el año 2011 recibió aproximadamente 2,55 millones de visitantes.

La Torre se encuentra protegida ya que ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO (además de estar protegida por muros muy altos y sistemas de alarma muy elaborados). El inmueble se valúa según el método de ingresos y gastos, debido a su valor particular en calidad de atracción turística. El valor catastral equivale aproximadamente al 4,7 por ciento de los ingresos corrientes de mantenimiento. En el listado municipal de valuaciones del año 2010, la propiedad tenía un valor catastral de £1.790.000 (en el listado de valuaciones del año 2000 el valor fue de £1.180.000).

Stonehenge

Stonehenge es un círculo de piedras prehistórico que se encuentra en la llanura de Salisbury. Está integrado por un monumento de rocas megalítico formado por 150 piedras enormes colocadas siguiendo un diseño circular, que data del año 3.000 A.C. Aunque existen otros círculos de piedras mucho más grandes en otros lugares del mundo (inclusive uno cercano en Averbury), Stonehenge es único debido a que las piedras de arenisca se encuentran coronadas por dinteles que se empalman unos con otros y que, alguna vez, formaron un círculo completo y conectado. Stonehenge fue construido a lo largo de un período de 1.500 años. Se lo ha declarado patrimonio de la humanidad y atrae aproximadamente un millón de visitantes al año. Debido al funcionamiento comercial de esta propiedad, se la valúa aplicando el método de ingresos y gastos, a un valor catastral de £700.000.

Resumen

Los inmuebles que son propiedad de la Corona y ocupados por esta se valúan actualmente de acuerdo con los métodos y principios normales de valuación. La eliminación de la exención a la Corona ha dado como resultado la valuación “correcta” de ciertos edificios históricos únicos y, muchas veces, emblemáticos. Los métodos de valuación aplicados deben reflejar la utilización que se hace de cada edificio y, donde las comparaciones de alquileres sean limitadas, es posible que deba aplicarse el enfoque basado en los costos. Este último enfoque implica importantes dificultades cuando se aplica a edificios con una antigüedad de varios centenares de años. En tales casos, los tasadores deben ser creativos, artísticos y científicos en sus valuaciones.

Sobre los autores

William McCluskey es investigador del Instituto de Investigaciones sobre el Entorno Construido de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, Reino Unido. Contacto: wj.mccluskey@ulster.ac.uk.

David Tretton FRICS FIRRV es profesor invitado en la Facultad de Entorno Construido de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, Reino Unido. Anteriormente fue jefe de departamento y director de Tasación en la Agencia de Valuaciones de Londres. En la actualidad es el editor técnico de RICS Valuation – Professional Standards (libro rojo). Contacto: dtretton@rics.org o djtretton@btinternet.com.

Los autores desean agradecer a Patrick Bond, BSc FRICS Dip. Rating IRRV (Hons), jefe de la Unidad de Especialistas Nacionales en Asuntos Comerciales, Cívicos y de Ocio de la Agencia de Valuaciones de Londres.

Referencias

Bird, R. M. y E. Slack. 2004. International handbook of land and property taxation. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Bond, P. y P. Brown. 2006. Rating valuation: Principles and practice. Londres: Estates Gazette.

Informe Oficial de la Carta de Ciudadanos. 1991. Citizens Charter Open Government, Cm 2290, HMSO, Londres.

Youngman, J. M. y J. H. Malme. 1994. An international survey of taxes on land and buildings. Boston, MA: Kluwer Law and Taxation Publishers.

Conservation easements have become an important new tool for protecting environmentally significant open space. In the past, permanent restrictions against development often required outright purchase of the property by a governmental entity, land trust or other conservation organization. If the land remained in private ownership there was no assurance that a future heir or purchaser might not undertake construction on the site or sell it for development.

Conservation easements, which may be donated by landowners or purchased by conservation organizations or governmental agencies, provide permanent protection against development, but allow land to remain in private hands. This combination of open space protection and private ownership is a significant innovation that can address the conservation, planning and fiscal goals of landowners, conservation organizations and communities simultaneously.

Often those with the strongest appreciation for open space and commitment to its preservation are the families who have preserved their own land for generations and have no interest in selling it to a local government or environmental organization. Such organizations, in turn, rarely have the funds necessary for the outright purchase of all the land they seek to protect, and may not have the resources even to maintain land received by gift. Finally, ownership by governmental entities or charitable organizations generally results in an outright exemption of the land from property taxation. Continued private ownership coupled with a transfer of development rights leaves at least some portion of the property value on the tax rolls, thus benefiting the community at large.

What portion of the unrestricted land value remains taxable is a contentious and in many instances unanswered question, however. Some states that have adopted legislation permitting the establishment of conservation easements have determined that assessment of the land for property tax purposes must take this diminished development potential into account. Idaho statutes on the other hand assert that imposition of a conservation easement is not to affect property tax value. Many state laws are silent on the point, as is the Uniform Conservation Easements Act, a model law that serves as the pattern for a number of state enactments.

In many cases valuation of conservation land with restrictions is essential not only for property tax purposes but for calculation of a federal income tax deduction as well. Stephen Small is a Boston attorney who drafted the U.S. Treasury regulations on treatment of conservation easements as charitable donations of development rights. At a Lincoln Institute conference in Phoenix, Arizona, in February, he explained the detailed requirements that owners must meet in claiming this deduction.

Small also described the conservation implications of the demographic distribution of land ownership in this country. A large amount of property is now held by an older generation that has experienced enormous appreciation in the value of this asset. Estate tax planning will be crucial to the future use of this land. Small explained that in many cases conservation easements could reduce or eliminate pressure to sell family land for development in order to meet estate tax obligations.

The Phoenix conference brought together more than 120 specialists in land use, property taxation, appraisal and environmental issues to discuss valuation and legal aspects of conservation easements. Cosponsored with the Arizona chapter of the Nature Conservancy and the Sonoran Institute, this meeting was one in a series of similar conferences held by the Lincoln Institute over the past five years. The Institute welcomes inquiries from potential participants and cosponsors of future courses on this topic.

Joan Youngman is a senior fellow of the Lincoln Institute and director of the program on the taxation of land and buildings.

In most countries, government property is not liable for property taxes; indeed, the whole idea may be seen as a circular shifting of money (Bird and Slack 2004; Youngman and Malme 1994). The United Kingdom has taken a very different perspective recently. Regarding it as important that both government and local government occupiers are aware of the true cost of holding property, the UK insists on a system of notional rents and ensures liability for local property taxes.

From the enactment of the Poor Relief Act in 1601, the generally accepted starting date for the taxing of local property in the UK, until 2000 when changes were enacted, property occupied by the government or Crown was not subject to property tax or “rates.” However, the Crown did accept that it was appropriate to make some contribution to meet the costs of local services and paid ex gratia contributions in lieu of rates (CILORs). This process suffered from a number of problems: the contributions were voluntary; Crown property did not appear in the valuation lists; and the basis upon which the contributions were made lacked the rigor and transparency of valuation that applied to all other property.

The Local Government and Rating Act was introduced in 1997 for England, Scotland, and Wales (with an amendment in 1998 for Northern Ireland) to effectively place all Crown property on the same footing as all other taxable property, liable to be assessed for rates. These provisions came into effect from April 1, 2000. As a result, such iconic buildings as the Palace of Westminster and the Tower of London are now being valued in the same way as all other property for the first time.

Valuing Commercial Property

Valuation officers of the Valuation Office Agency (VOA), a part of Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), are responsible for compiling and maintaining commercial (nondomestic) property rating lists for England and Wales. The local assessors are responsible in Scotland, and the Land and Property Services have responsibility for Northern Ireland. Broadly speaking, the rateable value of a nondomestic property is based on the annual rent that it could have been let for on the open market at a standard date (the antecedent valuation date). For England and Wales, the antecedent date of the 2000 lists was April 1, 1998; for the 2005 lists it was April 1, 2003; and for the 2010 lists, which came into effect on April 1, 2010, it was April 1, 2008.

Table 1 shows the number of taxable properties in England and Wales and their total rateable (taxable) value. Comparisons with capital value-based property taxes are a little difficult because it is necessary to know the relevant yields to make the comparison, but even so it is clear the level of taxation is unusually high for a property tax. The tax level for England and Wales is approximately 45 percent, but this is on rental, not capital, values.

The UK government sets a separate uniform tax rate (poundage) for England known as the nondomestic rating multiplier. For Scotland and Wales, it is set by their respective assemblies, and for Northern Ireland each district council sets its own rate. This determines the sum payable on every pound sterling of rateable value to arrive at the full rates bill. Local authorities remain responsible for calculating the bills and collecting nondomestic rates payable on properties within the authority’s area. They do not, however, retain the rates they collect but pay them into a national pool (one each for England and Wales). The money in the pool is then redistributed to local authorities with special arrangements for the City of London.

Background on the Crown Exemption

Prior to the 2000 rating lists, certain properties occupied by the Crown, e.g., central government offices and Ministry of Defence establishments, were exempt from rating and did not appear in any rating list. The Crown did, however, make an ex gratia CILOR based on a notional rateable value.

The Crown was neither expressly mentioned in the Poor Relief Act of 1601, the original rating act sometimes referred to as The Statute of Elizabeth, nor in the General Rate Act 1967 that replaced it. As it was a principle of UK law that the Crown was not bound by an act of Parliament unless specifically mentioned, there was no liability for rates. Further, no rates could be imposed with respect to property occupied by its servants whose occupation amounted to occupation by the Crown. This position was upheld by Jones v. Mersey Docks 11 HL Cas. 443 (1865).

However, as far back as 1860, the government accepted the principle of the Crown paying something by way of ex gratia CILORs with respect to property occupied for public purposes. This practice was made uniform in 1874. The Treasury of the UK, by formal Minute, adopted the principle that property occupied for the public service should contribute to the local rates equally with the other property in the parishes in which it was situated, having regard to its character in each case. The Treasury Minute established the Rating of Government Property Department (RGPD) to undertake the assessment of all government property with the intention of adopting in each case as far as possible the same principles as were applicable to the valuation of private property. Nineteenth-century case law established that the exemption applied only to property occupied by the Crown itself or its servants, but not to other property occupied for public purposes. Generally, therefore, the exemption applied to property occupied for the purposes of the central government and the Royal palaces and parks, and to other property occupied by servants of the Crown (for example, occupation by government ministers or by military personnel of Royal Naval, army, and Royal Air Force bases).

In 1896, a further Treasury Minute reaffirmed the principle of equal contribution and made certain concessions in order to carry it fully into effect. The concessions included periodical revaluation, punctual payment, and a contribution with respect to the Houses of Parliament.

The following were the main characteristics of the CILOR in the last few years of its existence:

• The Crown Property Unit (CPU) of the Valuation Office Agency (VOA) was responsible for agreeing to the assessment and CILOR (following its absorption of the RGPD).
• CILOR payments were collected by rating authorities from the CPU.
• Valuations were carried out, and bills calculated, on exactly the same rules and methods as under the rates proper, taking account of any relevant rating reliefs.
• Local authorities included CILOR payments with other nondomestic rate income paid into the rating pool, and the combined payments were then redistributed to receiving authorities.

The CILOR arrangements differed from standard rating procedures in the following main respects:

• Contributions were, in theory, voluntary.
• Valuations originally decided by the RGPD, albeit after discussion with the local valuation officer, were not always at the same level as normal assessments.
• Crown bodies did not have the same rights as ratepayers to appeal against their valuations, and to have their appeal determined by an independent Valuation Tribunal.
• Because the Crown is, in constitutional theory, one and indivisible, the CILOR treatment of properties occupied by more than one Crown body differed from the usual treatment of rateable property in more than one occupation. For CILOR, a single valuation was normally carried out for the property as a whole, and a single bill was calculated and sent to the major occupier, who then recouped the appropriate proportion of the total payable from the minor occupiers. Under standard rates, separate valuations are usually carried out for each separately occupied part of the property, and each occupier receives a separate bill.

Rationale for Removal of the Crown Exemption

The government debated the removal of the Crown exemption as far back as World War II. The Central Valuation Committee, in a letter of January 21, 1947, to the Minister of Health, while in effect suggesting such a removal also stated that it had long been its view that the then-arrangements for the rating of property occupied by the Crown were in many respects unfair and unsatisfactory to local authorities, who at the time set their own rate levels. In the 1950s, the English local authority associations expressed their dissatisfaction with the Crown exemption and went so far as to say that the manner of assessing CILORs was completely arbitrary and frequently worked to the detriment of local authorities. They estimated the rateable value of Crown property in England and Wales in 1952 to be around £14 million out of a total rateable value of about £341 million, which would equate to £2.2 billion based on levels of value at the 2010 revaluation.

In the mid-1990s the government considered several drivers for change:

• The Crown’s exemption from rates served no clear public policy objective, since Crown occupiers were, in any case, expected to make CILORs.
• It was the government’s general policy, as stated in the Citizens Charter White Paper (1991), that general Crown immunity should be removed progressively as legislative opportunities became available, so that the Crown should in general be subject to regulatory and enforcement arrangements on the same basis as others.
• The lack of appeal rights for Crown occupiers was unsatisfactory in principle.

The Local Government and Rating Act 1997 made provision to end the Crown exemption from nondomestic rates in England, Wales, and Scotland, effective April 1, 2000. Rating authorities would collect rates on Crown properties directly from the departments concerned, rather than from the CPU. These authorities also would be able to proceed with enforcement proceedings against the Crown, as they would with other ratepayers. Although this would happen in only the rarest of cases, rating authorities would in principle be able to take steps against a government department to obtain a liability order for unpaid rates if the need arose.

It has been suggested by the rating profession in the UK that, since rating is a tax, valuing and taxing properties occupied by public bodies is a waste of public resources. Properties that might fall in this category include those occupied by the Ministry of Defence, National Health Service, and local authorities. Superficially, valuing and taxing these properties may appear unjustified. The difficulty is that many activities traditionally carried out by central or local governments are now also performed in the private sector. Leisure centers are just one example. Exempting local authority properties from rates when they compete directly with the private sector could be argued to be unfair as it would give the public sector a fiscal advantage.

While the public sector occupies other buildings whose current use clearly does not compete with private business, it is difficult to justify exempting some publicly occupied properties and including others. The original justification for rating buildings occupied by public sector bodies (including the removal of Crown exemption in 2000) was to establish a level playing field, ensure that the costs of occupation were fully recognized, and make transparent the contribution of public sector bodies to the cost of providing local services.

The Valuation of Iconic Buildings

The removal of the Crown exemption precipitated the need to value a wide variety of unusual properties. Rating in the UK is an occupier’s not an owner’s tax and is based on broad actual use rather than highest and best use. Very old buildings often have to be valued, though many of them have been modernized and used for diverse purposes, such as offices, commercial mixed uses, or, at least in part, tourist attractions.

The traditional comparison valuation approach could be made with similarly used properties to enable determination of an indicative rental value for some structures, but for others the task was much more difficult. For example, Somerset House on the River Thames is a purpose-built office block, but it is the world’s first purpose-built government office block, dating back to 1776, and it has been used in commercial filmmaking, and so is difficult to compare to other buildings.

Valuing unusual properties is not confined to Crown properties or those for which the rental comparison method cannot be used because there are no relevant comparisons. In such cases, the use of the Receipts and Expenditure (R&E) or income method may be a more reliable guide to assessing the market rental value of a property. This method is appropriate if the property to be valued is commercial in nature or has a degree of monopoly, and an occupier would be motivated primarily by the prospect of profit in its use of the property and, indeed, makes a profit (Bond and Brown 2006).

If neither the comparison nor R&E methods can be used, then the Contractors Basis or cost method is applied where the property is provided primarily for public purposes and is not occupied for commercial profit, or where the property concerned is commercial but it is not a profit center with its own accounts. In both cases the occupier (or owner) would be prepared to incur the cost of a replacement property to carry on the use of the property.

In addition to the problem of valuation is the UK complexity of having a separate tax on domestic property. In England, Scotland, and Wales this is the Council Tax, but in Northern Ireland the system is one of Domestic Rates. If any part of a property is used for domestic purposes, as defined in the legislation, then that use is assessed for the domestic tax. Thus, Buckingham Palace and Windsor Castle, both royal palaces, have a rating assessment on the non-domestic, commercial element and a council tax on the domestic sections of the buildings.

Palace of Westminster

The Palace of Westminster, also known as the Houses of Parliament, is a royal palace and the meeting place of the two chambers of the Parliament of the United Kingdom—the House of Lords and the House of Commons. The Palace is the center of political life, and Westminster has become a metonym for the UK Parliament and the Westminster system of government for which it is named. The Elizabeth Tower, often referred to by the name of its main bell, Big Ben, is an iconic landmark of London. The Gothic Revival architecture by Sir Charles Barry dates from only 1840, but the remarkable Westminster Hall with its hammer beam roof dates from 1097.

The Palace of Westminster has been part of a World Heritage Site since 1987. The Palace had a rateable value of £14,700,000 in the local 2010 rating list (£5,500,000 in the 2000 rating list). If the standard tax rate of 45.8 percent is applied, then the tax liability ignoring any reliefs would be around £6,730,000 per year. The assessment actually combines four buildings: the Palace, Portcullis House, 1 Derby Gate, and the Norman Shaw buildings. All parts are valued on the comparative method with respect to offices, with allowances for layout and size if appropriate. In the case of the Palace the two chambers are valued at 65 percent of the main rate per square meter. There is a further end allowance to reflect the overall amount of floor space in the property.

Buckingham Palace

Buckingham Palace is the official London residence and principal workplace of HM Queen Elizabeth II, both with respect to her position as British monarch and head of state of many countries around the world, and as head of the Commonwealth. Located in the City of Westminster, the palace is a setting for state occasions and royal hospitality. Originally known as Buckingham House, the building that forms the core of today’s palace was a large townhouse built for the Duke of Buckingham in 1705. Buckingham Palace became the official royal palace of the British monarch on the accession of Queen Victoria in 1837.

Buckingham Palace is used in part as one of the monarch’s residences but consists mainly of offices. Recently limited commercial use has been introduced, as part of the building is open to visitors. The commercial portion has a rateable value of £1,300,000 in the local 2010 rating list. It is valued using two methods. First, the R&E or income method is used to reflect the commercial component (approximately 400,000 people visited during 2011). The property is open for 63 days per year with limited opening hours, so the relevant receipts are annualized, and 5 percent is added to reflect the fact that longer opening hours would generate more ticket sales. The trading accounts as published show that the rateable value equated to 6.3 percent of Fair Maintainable Receipts. Second, the Contractors or cost method is used for the Queen’s Gallery. The residential component of the palace has 775 rooms, including 52 Royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 19 state rooms, and 78 bathrooms. In 2011–2012 it had a council tax bill of £1,369.

Tower of London

Her Majesty’s Royal Palace and Fortress, commonly known as the Tower of London, is a historic castle on the north bank of the River Thames in central London. It dates to the Norman Conquest of England in 1066, and the White Tower, which gives the entire castle its name, was built by William the Conqueror in 1078. The Tower has served variously as an armory, a treasury, a prison, a menagerie, the home of the Royal Mint, and a public records office. Now it is home to the Crown Jewels and is one of the country’s most popular tourist attractions, having some 2.55 million visitors in 2011.

It is protected as a UNESCO World Heritage Site (and by some very high walls and elaborate alarm systems). It is valued by the R&E method, due to its particular value as a tourist attraction, and the rateable value equates to approximately 4.7 percent of fair maintainable receipts. For the local 2010 rating list the property had a rateable value of £1,790,000 (for the 2000 rating list the value was £1,180,000).

Stonehenge

Stonehenge is a prehistoric stone circle on Salisbury Plain comprising a megalithic rock monument of 150 enormous stones set in a circular pattern dating back to 3000 BC. While there are larger stone circles in the world, including one nearby at Avebury, Stonehenge is unique because the Sarsen stones are surmounted by lintels connecting to one another and once formed a complete, connected ring. Stonehenge was built over a period of 1,500 years. It is a World Heritage Site attracting some one million visitors per year. Given the commercial operation of the property, it has been valued using the R&E method at a rateable value of £700,000.

Summary

Crown-owned and occupied property is currently valued in accordance with normal valuation methods and principles. The removal of the Crown exemption has resulted in the “correct” valuation of unique and often iconic historic buildings. The valuation methods applied have to reflect the use of the buildings and, where rental evidence is limited, the cost-based approach may be required. This latter approach brings with it significant difficulties when applied to buildings that are several hundred years old. In such circumstances valuers have to be creative, artistic, and scientific in their valuations.

About the Authors

William McCluskey is a researcher in the Built Environment Research Institute, University of Ulster, Northern Ireland, UK.

David Tretton FRICS FIRRV is a visiting professor in the School of the Built Environment, University of Ulster, Northern Ireland, UK. He was formerly Head of Profession and Director of Rating at the Valuation Office Agency, London, and is currently the technical editor of the RICS Valuation–Professional Standards (Red Book).

The authors thank Patrick Bond, BSc FRICS Dip. Rating IRRV (Hons), head of Commercial, Leisure and Civics National Specialists Unit, Valuation Office Agency, London.

References

Bird, R. M., and E. Slack. 2004. International handbook of land and property taxation. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Bond, P., and P. Brown. 2006. Rating valuation: Principles and practice. London: Estates Gazette.

Citizens Charter White Paper. 1991. Citizens Charter Open Government, Cm 2290, HMSO, London.

Youngman, J. M., and J. H. Malme. 1994. An international survey of taxes on land and buildings. Boston, MA: Kluwer Law and Taxation Publishers.

Decades before Henry George made a passionate case for the “single tax” in Progress and Poverty, the classical economists had recognized that, in theory, the land value tax was almost the perfect tax. There was a strong moral basis for the land value tax—land value increased over time because of growth in population and improvements made by the community, either as utility infrastructure or transportation investments by government and the private sector.

Today, many scholars and practitioners question whether land value tax is a serious contender as a revenue source. But, whatever its political potential may be, economists continue to find the theoretical case for land value tax compelling. This article examines the efficiency of the land value tax as well as land value tax as a substitute for other taxes;

Edwin Mills examines the issue of land value tax in the context of an urban economy, showing that the land value tax is indeed efficient in its effects on land use, as claimed.

Thomas Nechyba explores the land value tax in the context of a general model of the entire economy. He develops what is known as a “computable general equilibrium model” that quantitatively describes the changes in the macro-economy that will occur with the substitution of the land value tax for income taxation.

Author of this article, Dick Netzer, argues that, although the empirical evidence on land values is poor, some reasonable estimates suggest that, at least in the United States, the land value tax could replace the conventional local property tax at reasonable tax rates.

Andrew Reschovsky points out that the current balmy climate for state and local finance in the United States is likely to change radically, for the worse. State governments may be looking for substantial additional revenues. Is the land value tax the right, or the likely, choice for hard-pressed state governments?

Roy Bahl reviews the many difficulties and deficiencies in the use of property taxes by local governments in both developing countries and former Communist countries.

Edward Wolff suggests that substitution of the land value tax for the federal individual income tax would make the U.S. tax system less rather than more progressive with respect to income.

Decades before Henry George made a passionate case for the “single tax” in Progress and Poverty (published in 1879), the classical economists had recognized that, in theory, the land value tax was almost the perfect tax. Unlike other taxes, it causes no distortions in economic decision making and therefore does not lower the efficiency of a market economy in allocating resources. Also, it was obvious in the nineteenth century that a tax on the value of land would be highly progressive.

There was a strong moral basis for the land value tax, as well. Land value increased over time because of growth in population and improvements made by the community, either in the form of utility infrastructure or transportation investments by government and the private sector. Individual landowners did nothing to increase the value of their own land but rather realized “unearned increments” over time, unlike those who contributed labor and capital to production and thus earned their compensation.

In George’s day there was little question that the tax could provide adequate revenue, at least in the United States where the role of government was small-no more than a tenth as important relative to gross domestic product as it today. Virtually all government services were supplied by local governments, which relied entirely on property taxes. Today, many scholars and practitioners question whether land value taxation is a serious contender as an important revenue source. But, whatever its political potential may be, economists continue to find the theoretical case for land value taxation compelling.

In January, the Lincoln Institute sponsored a conference to address these issues: “Land Value Taxation in Contemporary Societies: Can It and Will It Work?” In the opening paper, William Fischel focuses on the special nature of local government in this country, stressing its importance as an instrument of enhancing property values within communities. He argues that, in pursuing that role, local land use controls actually achieve substantial efficiency advantages by more closely matching consumer preferences to local government services and taxes. This is what economists refer to as the Tiebout-Hamilton model.

Fischel maintains that there is substantial justice in this outcome, which might be improved only marginally by land value taxation. That is, land use controls permit local governments to appropriate much of the value generated by community growth. Moreover, this system is widely used, which argues that it is more workable than land value taxation, although the latter is, in principle, more fair.

Efficiency of the Land Value Tax

Two papers treated the efficiency characteristics of the land value tax. Edwin Mills examines the issue in the context of an urban economy, showing that the tax is indeed efficient in its effects on land use, as claimed. But he believes that this is immaterial because the land value tax cannot yield more than trivial revenues, even at rates that are so high that the courts would find them to be an unconstitutional “taking” of property. Moreover, it is so difficult to value land properly that the efficiency advantages cannot be realized.

Thomas Nechyba explores the land value tax in the context of a general model of the entire economy. He develops what is known as a “computable general equilibrium model” that quantitatively describes the changes in the macro-economy that will occur with the substitution of the land value tax for income taxation. Given his assumptions, the model predicts that the reduction in taxation of capital will so increase the aggregate amount of capital that the demand for land on which to use the capital will generate substantial increases in land values. That in turn will permit the land value tax to generate considerable revenues at a rate that is not confiscatory. Most economists would consider the significant increases in total national output predicted by the model to be real gains in economic efficiency.

Land Value Taxation as a Substitute for Other Taxes

Another pair of papers examines the land value tax as a substitute for other taxes used by sub-national governments in rich countries. In my own paper I argue that, although the empirical evidence on land values is poor, some reasonable estimates suggest that, at least in the United States, the land value tax could replace the conventional local property tax at reasonable tax rates. But the main thrust of my argument is that those rich countries in which substantial government spending is done by local governments are the most plausible candidates for the use of the land value tax (see Table 1). Furthermore, its use is probably most feasible in those countries familiar with the idea of valuing real property for tax purposes. The combined administrative, compliance and evasion costs of most other taxes are so large that, even if the administrative costs of land value taxation are high, land value taxation is still promising.

Andrew Reschovsky points out that the current balmy climate for state and local finance in the United States is likely to change radically, for the worse, in the not too distant future. For a variety of reasons, state governments in particular may be looking for substantial additional revenues. Is the land value tax the right, or the likely, choice for hard-pressed state governments? He concludes, first, that the economic gains from the adoption of a new land value tax would be modest, compared to increasing the rates of existing state taxes. Second, a land value tax should help improve the equity of the state tax system. Third, he believes that it would add an element of cyclical stability to state revenue systems.

Nevertheless, Reschovsky remains skeptical about the tax on administrative grounds and is not convinced that it can generate enough revenues to replace any important existing state tax source. In the case of large central cities, however, he rates the land value tax somewhat higher as a replacement for existing tax sources, largely because of the probable lack of adverse locational effects. He views it as especially appropriate for those cities like Philadelphia that now receive relatively small percentages of tax revenue from the property tax.

Roy Bahl reviews the many difficulties and deficiencies in the use of property taxes by local governments in both developing countries and former Communist countries. There is widespread agreement that the property tax is the appropriate major local government tax, and in some countries this agreement extends to site value taxation as well. But, Bahl notes, the property tax usually provides negligible revenues, because of low nominal rates, low and inaccurate valuations, and poor collection experience. Almost everywhere, the basic requisites of good administration are lacking. Moreover, the political unpopularity of the tax generally is far greater than in the United States. Nonetheless, the property tax, especially the site value tax variant, is considered the best local revenue source in these countries.

Perhaps the most surprising research finding reported at the conference was the conclusion of Edward Wolff, who has written extensively on the distribution of income and wealth in the United States. He suggests that substitution of the land value tax for the federal individual income tax would make the U.S. tax system less rather than more progressive with respect to income (see Table 2). This result may be explained by the fact that the ratio of the value of land owned to household income rises steeply with the age of the householder. That is, mean household income declines sharply with age after age 54, while the mean value of land owned declines only slowly. On the other hand, a land value tax would be much more progressive with respect to wealth than is the income tax.

Broader Principles and Questions

Nicolaus Tideman, a convinced follower of Henry George, argues that the basic principles of and justifications for land value taxation apply to much more than the problems of land use in cities and suburbs-the usual focus for discussion of this form of taxation. He offers applications to environmental, congestion and population problems and to questions of efficient resource use and economic growth on a worldwide scale. He bases his views on the general principle that “all persons have equal rights to natural opportunities and should therefore pay for their above-average appropriations of natural opportunities.”

Throughout the conference, there was lively disagreement about whether the land value tax could really produce substantial revenues. Some, like Mills, held that it could not even replace the conventional American property tax on land and buildings, much less a substantial portion of other state and local taxes as well. Others, including Tideman, Nechyba and I, presented data that suggested the possibility that land value taxation indeed could be an important factor in the American fiscal system. Participants also discussed the problems of administering a land tax so that tax liabilities actually and accurately reflect the value of individual parcels of land as bare sites, which is essential if the tax is to be a truly efficient one.

The conferees did not produce an agreed answer to the basic conference question, Can and will land value taxation work today? But they made it clear that the question remains a relevant one that deserves serious and continuing attention.

Dick Netzer is professor of economics and public administration in the Robert F. Wagner Graduate School of Public Service at New York University. He was the conference coordinator and is the editor of a book containing the eight conference papers and the remarks of the formal discussants, which will be published by the Lincoln Institute later this year.

Land Value Taxation in Contemporary Societies: Can It and Will It Work?

Authors of Conference Papers

Roy Bahl, Professor of Economics and Dean, School of Policy Studies, Georgia State University

William A. Fischel, Professor of Economics, Dartmouth College

Edwin Mills, Professor of Real Estate and Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Thomas Nechyba, Professor of Economics, Stanford University

Dick Netzer, Professor of Economics and Public Administration Robert F. Wagner Graduate School of Public Service New York University

Andrew Reschovsky, Professor of Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin-Madison

Nicolaus Tideman, Professor of Economics, Virginia Polytechnic University

Edward Wolff, Professor of Economics, New York University

Discussants

Alexander Anas, Professor of Economics, State University of New York at Buffalo

Daniel Bromley, Professor of Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin-Madison Karl Case, Professor of Economics, Wellesley College

Riel Franzsen, Professor of Mercantile Law, University of South Africa

Yolanda Kodrzycki, Economist, Federal Reserve Bank of Boston

Daphne Kenyon, Professor of Economics, Simmons College

Therese McGuire, Professor of Economics, Institute of Government and Public Affairs, University of Illinois-Chicago

Amy Ellen Schwartz, Professor of Economics, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service New York University

Robert Schwab, Professor of Economics, University of Maryland

Robert Solow, Professor of Economics, Emeritus, Massachusetts Institute of Technology

Como consecuencia del colapso en el mercado inmobiliario y la Gran Recesión –que provocaron un aumento sustancial de ejecuciones hipotecarias residenciales y a menudo abruptas caídas de los precios de las viviendas, lo cual probablemente dio lugar a ejecuciones hipotecarias adicionales– muchos observadores especularon sobre si los gobiernos locales iban a sufrir consecuentemente pérdidas significativas en la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Si bien las pruebas anecdóticas sugieren que las ejecuciones hipotecarias, en especial en los lugares donde estaban espacialmente concentradas, redujeron los precios de las viviendas y los ingresos del impuesto sobre la propiedad, las investigaciones existentes no proporcionan ninguna prueba empírica que justifique esta conclusión (recuadro 1). Con datos de ejecuciones hipotecarias de la empresa RealtyTrac, que proporciona información sobre las ejecuciones hipotecarias anualespor código postal para el período de 2006 a 2011 (período que tanto precede como sucede a la Gran Recesión), este informe es el primero en examinar el impacto de las ejecuciones hipotecarias sobre los valores y la recaudación del impuesto sobre la propiedad por parte de los gobiernos locales. Después de presentar información sobre la correlación entre ejecuciones hipotecarias y los precios de viviendas en todo el país, nos concentramos en Georgia, para explorar cómo las ejecuciones hipotecarias afectaron a los valores de la propiedad y la recaudación del impuesto sobre la propiedad en los distritos escolares a lo largo del estado. Nuestro análisis empírico indica que, en efecto, las ejecuciones hipotecarias probablemente redujeron los valores de la propiedad y la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Si bien aún preliminares, estas conclusiones sugieren que las ejecuciones hipotecarias han tenido una serie de efectos sobre los sistemas fiscales de los gobiernos locales.

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Recuadro 1: Investigaciones existentes sobre el impacto de factores económicos en la recaudación del impuesto sobre la propiedad

Si bien existen investigaciones que examinan los diversos impactos de factores económicos sobre la recaudación del impuesto sobre la propiedad, dichos estudios usan datos que reflejan sólo una recesión previa (por ejemplo, la recesión de 2001) o cubren solamente el inicio de la crisis inmobiliaria de la Gran Recesión. Doerner e Ihlanfeldt (2010), por ejemplo, han estudiado directamente los efectos de los precios de las casas sobre los ingresos de los gobiernos locales usando datos del panel de precios detallados de las viviendas en Florida durante la década del año 2000. Concluyen que los cambios en el precio real de las viviendas unifamiliares de Florida tuvieron un efecto asimétrico sobre los ingresos gubernamentales. Los aumentos de precio no aumentan la recaudación real per cápita, pero los descensos de precio tienden a reducirla. Doerner e Ihlanfeldt también concluyen que las respuestas asimétricas se deben en gran parte a los límites impuestos sobre los aumentos y el monto del gravamen, las demoras positivas o negativas entre los cambios en los precios de mercado y la valuación tributaria, y la reducción de las tasas tributarias en respuesta a un aumento de los precios de las viviendas. Alm, Buschman y Sjoquist (2011) documentan las tendencias generales en la recaudación del impuesto sobre la propiedad en los Estados Unidos entre 1998 y 2009 inclusive, cuando los gobiernos locales, en promedio, pudieron evitar en gran medida los impactos significativos y negativos sobre el presupuesto sufridos por el gobierno federal y los gobiernos estatales, por lo menos hasta 2009, si bien se produjeron variaciones regionales sustanciales en dichos efectos. Alm, Buschman y Sjoquist (2009) también examinan la relación entre los gastos en educación y la recaudación del impuesto sobre la propiedad para el período entre 1990 y 2006. En un estudio relacionado, Alm y Sjoquist (2009) examinan el impacto de otros factores económicos sobre las finanzas de los distritos escolares de Georgia, como las respuestas estatales a las condiciones de los distritos escolares locales. Finalmente, Jaconetty (2011) examinó temas legales relacionados con las ejecuciones hipotecarias, y la Fundación MacArthur ha financiado un proyecto sobre ejecuciones hipotecarias en el condado de Cook, Illinois.

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Vínculos potenciales entre los precios de las viviendas, las ejecuciones hipotecarias y los valores inmobiliarios

Los gobiernos locales en los Estados Unidos dependen de varias fuentes de ingresos propios, tales como impuestos locales sobre los ingresos, sobre la propiedad y generales sobre las ventas, e impuestos específicos sobre el consumo, aranceles y cargos sobre el usuario. De éstos, la fuente de ingresos dominante es, con mucho, el impuesto sobre la propiedad. En 2011, los impuestos locales sobre la propiedad generaron aproximadamente tres cuartos de los ingresos tributarios totales de los gobiernos locales y casi la mitad de los ingresos locales totales propios (incluyendo aranceles y cargos).

Algunos impuestos locales, como los impuestos sobre el ingreso y las ventas, tienen bases tributarias que varían de acuerdo a los niveles de actividad económica, y la Gran Recesión deprimió seriamente los ingresos derivados de dichos impuestos. La base tributaria del impuesto sobre la propiedad es el valor de tasación, que no cambia automáticamente en respuesta a las condiciones económicas; a falta de un cambio formal y deliberado en la tasación, una reducción en el valor de mercado no se traduce necesariamente en una reducción del valor de tasación. Los límites de tasación, las demoras en las revaluaciones y la posibilidad de efectuar cambios deliberados en el tributo unitario o la tasa del impuesto sobre la propiedad se combinan para que las fluctuaciones económicas que influyen en los valores de las viviendas no afecten a la base tributaria del impuesto sobre la propiedad o los ingresos debido a este impuesto de manera inmediata u obvia. Con el tiempo, sin embargo, los valores de tasación tienden a reflejar los valores de mercado, y la recaudación del impuesto sobre la propiedad puede verse afectada.

Un mercado inmobiliario debilitado –con valores de la vivienda más bajos y mayor cantidad de ejecuciones hipotecarias– puede reducir los ingresos tributarios de los gobiernos locales procedentes de distintas fuentes (Anderson, 2010; Boyd, 2010; Lutz, Molloy y Shan, 2010), como los impuestos a la transferencia inmobiliaria, los impuestos sobre las ventas de materiales de construcción de viviendas, y los impuestos sobre la renta de los trabajadores de las industrias de la construcción de viviendas y de mobiliario para el hogar. Los ingresos del impuesto sobre la propiedad suponen una proporción importante de la recaudación tributaria local, sin embargo, los cambios en la recaudación del impuesto sobre la propiedad frecuentemente son mayores que los cambios debidos a dichos otros impuestos relacionados con las viviendas.

Actividad de ejecución hipotecaria en todo el país durante y después de la Gran Recesión

La figura 1 (pág. 26) presenta la cantidad total de ejecuciones hipotecarias a nivel de código postal de 5 dígitos como porcentaje de la cantidad de viviendas ocupadas por sus dueños en 2010. Esta figura demuestra la clara concentración geográfica de las ejecuciones hipotecarias. Arizona, California y Florida fueron afectadas especialmente por el colapso de la burbuja inmobiliaria. No obstante, otras áreas también experimentaron una actividad significativa de ejecuciones hipotecarias.

La Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA) produce un índice de precios de viviendas para cada área estadística metropolitana (MSA). Cotejamos los datos de ejecuciones hipotecarias de RealtyTrac con el índice de precios de viviendas de la FHFA en 352 áreas estadísticas metropolitanas. La figura 2 (pág. 26) presenta un simple diagrama de dispersión que relaciona las ejecuciones hipotecarias totales entre 2006 y 2011 como porcentaje de la cantidad de unidades de vivienda ocupadas por sus dueños en 2010, con el cambio del índice de precios de las viviendas en el período de 2007 a 2012 en las 352 áreas metropolitanas. El simple coeficiente de correlación entre las ejecuciones hipotecarias por unidades de viviendas ocupadas por sus dueños y el cambio del índice de precios de viviendas es de -0,556; si consideramos solamente aquellas MSA con ejecuciones hipotecarias no nulas a lo largo del período, el coeficiente de correlación es de -0,739. Este simple análisis sugiere que las ejecuciones hipotecarias tienen una correlación negativa significativa con los valores de la vivienda. El próximo paso es explorar el efecto de las ejecuciones hipotecarias sobre la base tributaria del impuesto sobre la propiedad y sobre la recaudación del impuesto sobre la propiedad propiamente dicho. En la próxima sección examinaremos este tema para el estado de Georgia.

Análisis más detallado: Ejecuciones hipotecarias, valores de la propiedad e ingresos del impuesto sobre la propiedad en Georgia

Al examinar el efecto de las ejecuciones hipotecarias sobre los valores de la propiedad y la recaudación del impuesto sobre la propiedad en un solo estado, eliminamos la necesidad de controlar las muchas maneras en que los factores institucionales pueden diferir entre estados. Georgia es un lugar adecuado para concentrarse porque de alguna manera es un estado “promedio”. Por ejemplo, los gobiernos locales de Georgia dependen del impuesto sobre la propiedad sólo un poco menos que el promedio nacional; en 2008, los ingresos del impuesto sobre la propiedad como porcentaje de los impuestos totales de los gobiernos locales fue del 65,1 por ciento en Georgia, en comparación con el 72,3 por ciento en los Estados Unidos en general. (Bourdeaux y Jun 2011).

Medimos la actividad de ejecución hipotecaria con datos de RealtyTrac, agregando las observaciones por código postal en los condados correspondientes. El Departamento de Ingresos de Georgia suministró la base tributaria anual del impuesto sobre la propiedad (que en Georgia se denomina “resumen neto”) y las tasas del impuesto sobre la propiedad. Los ingresos del impuesto sobre la propiedad y los ingresos locales totales de los distritos escolares fueron suministrados por el Departamento de Educación de Georgia. La base tributaria corresponde al 1 de enero del año respectivo. La tasa del impuesto sobre la propiedad se determina en la primavera, las facturas del impuesto se pagan en el otoño, y su recaudación se reporta en el siguiente año fiscal. Los distritos escolares tienen un año fiscal que va del 1 de julio al 30 de junio, de manera que la base tributaria y las tasas unitarias de 2009, por ejemplo, aparecerían en los ingresos del año fiscal 2010. También usamos varios datos demográficos y económicos (ingresos, empleo y población) medidos a nivel de condado para ayudar a explicar los cambios en la base tributaria. Debido a que estas variables se reportan a nivel de condado, para el análisis siguiente agregamos las variables de base tributaria del impuesto sobre la propiedad y su recaudación en los distritos escolares urbanos a los sistemas escolares de condado correspondientes a dichas ciudades para obtener los totales para los 159 condados. Para condados que incluyen todo o parte de un sistema escolar urbano, la tasa tributaria es el promedio de las tasas tributarias escolares del condado y la ciudad, ponderadas por sus bases tributarias respectivas.

En Georgia, las tasaciones de las propiedades con fines tributarios son responsabilidad exclusiva de los gobiernos de condado, pero el estado evalúa todas las bases tributarias del impuesto sobre la propiedad anualmente, comparando ventas reales de parcelas mejoradas durante el año con los valores de tasación, y determina si el nivel de tasación es apropiado con relación al valor justo de mercado, que se fija legalmente en el 40 por ciento. Los “estudios de razón de ventas” resultantes reportan una cifra de base tributaria del impuesto sobre la propiedad ajustada al 100 por cien para cada distrito escolar del estado, junto con una razón calculada. Podemos usar estas bases tributarias ajustadas del impuesto sobre la propiedad, cubriendo los períodos de 2000 a 2011 inclusive, para medir el valor de mercado de la propiedad residencial.

Georgia tiene muy pocas limitaciones institucionales al impuesto sobre la propiedad. Las juntas de distritos escolares pueden fijar generalmente sus tasas del impuesto sobre la propiedad sin aprobación de los votantes, la cual solamente es necesaria si la tasa del impuesto sobre la propiedad en un distrito escolar de condado excede de 20 milésimas del valor de tasación. En la actualidad, solamente cinco sistemas escolares han alcanzado este límite. Además, no hay un límite general en el valor de tasación, si bien un condado ha congelado las tasaciones sobre bienes de familia. En 2009, el estado de Georgia impuso una congelación temporal sobre las tasaciones en todo el estado, que potencialmente afectaba a los ingresos del impuesto sobre la propiedad sólo en el año académico/año fiscal 2010; sin embargo, al disminuir las bases netas y ajustadas del impuesto sobre la propiedad per cápita en la mayoría de los condados de 2009 a 2011 inclusive, es poco probable que esta congelación haya recortado las tasaciones.

Ejecuciones hipotecarias

La tabla 1 muestra la media y mediana de ejecuciones hipotecarias en todo el estado por código postal entre 2006 y 2011 inclusive. La cantidad total de ejecuciones hipotecarias casi se duplicó de 2006 a 2010, disminuyendo en 2011. La media de ejecuciones hipotecarias es mucho mayor que la mediana, lo cual es señal de que la distribución es extremadamente asimétrica.

La tabla 2 muestra la distribución de los códigos postales de Georgia por la cantidad de años que el código postal tuvo alguna ejecución hipotecaria. Más del 65 por ciento de los códigos postales tuvieron ejecuciones hipotecarias en cada uno de los seis años, mientras que sólo el 7 por ciento no tuvo ninguna ejecución hipotecaria en ninguno de los seis años. Esta distribución sugiere que sólo una porción muy pequeña del estado quedó inmune a la crisis de ejecuciones hipotecarias.

La figura 3 (pág. 27) muestra la distribución de ejecuciones hipotecarias en el estado durante el período de 2006 a 2011 inclusive. Como los códigos postales difieren en tamaño y densidad de viviendas, también se muestra un mapa de las ejecuciones hipotecarias por unidades de vivienda ocupadas por sus dueños en 2010 en la figura 4 (pág. 28). Nótese que los códigos postales marcados en blanco no tienen ninguna ejecución hipotecaria o no se tienen datos de ejecuciones hipotecarias. Como era de esperar, los condados urbanos y suburbanos (particularmente en el área metropolitana de Atlanta) sufrieron la mayor cantidad de ejecuciones hipotecarias. No obstante, hay también una gran cantidad de ejecuciones hipotecarias en muchos de los códigos postales menos urbanos.

La figura 5 muestra la distribución anual de ejecuciones hipotecarias por cada cien unidades de vivienda en cada uno de los 159 condados de Georgia. Nótese que la barra del recuadro representa el valor medio, el recuadro captura las observaciones en el segundo y tercer cuartil, los “bigotes” representan 1,5 veces la diferencia entre los porcentiles veinticinco y setenta y cinco, y los puntos son los valores extremos. La mediana de ejecuciones hipotecarias por condado aumentó de 0,17 por 100 unidades de vivienda en 2006 a 1,18 por 100 unidades en 2010, un aumento en la mediana de más de seis veces. Hay una alta correlación positiva entre la actividad de ejecuciones hipotecarias en 2006 y 2011 en todos los condados. Esta correlación es de 0,78 cuando se mide en relación a las unidades de vivienda y 0,74 cuando se mide per cápita, lo que indica que los condados con actividad de ejecución hipotecaria mayor (menor) que el promedio antes de la crisis inmobiliaria siguiron estando por arriba (abajo) del promedio en su pico.

Valores de la propiedad,/b>

En cuanto a los cambios en los valores de la propiedad, las figuras 6 y 7 muestran la distribución de cambios anuales, respectivamente, en la base tributaria neta del impuesto sobre la propiedad per cápita y en la base tributaria 100 por ciento ajustada del impuesto sobre la propiedad per cápita en los 159 condados entre 2001 y 2011 inclusive. Los estudios sugieren que las ejecuciones hipotecarias pueden tener un efecto de contagio sobre los valores de mercado de otras propiedades en la jurisdicción (Frame, 2010). Intentamos estimar el efecto de las ejecuciones hipotecarias sobre los valores de mercado en función de la base tributaria 100 por ciento ajustada del impuesto sobre la propiedad.

Nuestros resultados son preliminares, porque el análisis solamente incluye datos de Georgia. Aun así, sugieren significativos efectos negativos de las ejecuciones hipotecarias sobre los valores de la propiedad, controlando por los cambios porcentuales de año a año en ingresos, empleo y población. Las estimaciones de coeficientes de la variable ‘ejecuciones hipotecarias’ sugieren que un aumento marginal de una ejecución hipotecaria por cada 100 viviendas (o aproximadamente el aumento en la mediana de ejecuciones hipotecarias de 2006 a 2011) está asociado con aproximadamente una disminución del 3 por ciento en la base tributaria 100 por ciento ajustada del impuesto sobre la propiedad en cada uno de los dos años subsiguientes. De igual manera, un aumento de una ejecución hipotecaria por cada 1.000 habitantes está asociado con casi el 1 por ciento de disminución en la base tributaria 100 por ciento ajustada del impuesto sobre la propiedad después de un año, y una disminución porcentual ligeramente menor en el año subsiguiente.

Ingresos del impuesto sobre la propiedad

También exploramos el efecto de las ejecuciones hipotecarias sobre la recaudación del impuesto sobre la propiedad. La figura 8 representa la distribución de cambios nominales por condado de los ingresos totales de mantenimiento y operaciones del impuesto sobre la propiedad desde 2001, que muestra una variación considerable de un sistema escolar a otro en los cambios anuales de recaudación del impuesto sobre la propiedad. Aun en los últimos tres años de disminución de los valores de la propiedad, por lo menos la mitad de los condados tuvo un crecimiento nominal positivo anual en la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Para comprender el efecto de la actividad de ejecución hipotecaria sobre los ingresos del gobierno local por impuestos sobre la propiedad, estimamos las regresiones que relacionan las ejecuciones hipotecarias con los gravámenes del impuesto sobre la propiedad y la recaudación de dicho impuesto.

Encontramos que un aumento en las ejecuciones hipotecarias está asociado a una reducción en el monto del gravamen, después de controlar por los cambios en la base tributaria del impuesto sobre la propiedad como también en las fluctuaciones de ingresos, empleo y población. Un aumento de una ejecución hipotecaria por cada 100 unidades de vivienda se asocia con alrededor del 1,5 por ciento de disminución subsiguiente en el gravamen, manteniendo constante el resto de las variables. También encontramos que las ejecuciones hipotecarias tienen un impacto negativo sobre la recaudación, manteniendo constante el resto de las variables. Como en nuestras estimaciones anteriores, estos resultados son para Georgia solamente, pero identifican una relación negativa significativa entre las ejecuciones hipotecarias y los gravámenes y la recaudación del impuesto sobre la propiedad por parte de los gobiernos locales. Puede ser que una mayor actividad de ejecución hipotecaria haga vacilar a las autoridades locales sobre la posibilidad de aumentar las tasas tributarias para compensar el efecto de las ejecuciones hipotecarias sobre la base tributaria.

Conclusiones

¿Las ejecuciones hipotecarias causadas por la Gran Recesión afectaron a los valores de la propiedad y la recaudación del impuesto sobre la propiedad por parte de los gobiernos locales? Nuestros resultados sugieren que las ejecuciones hipotecarias han tenido un impacto negativo significativo sobre los valores de la propiedad y, por esta vía, un efecto similar sobre la recaudación del impuesto sobre la propiedad, por lo menos en el estado de Georgia. Nuestros resultados también sugieren la presencia de efectos adicionales sobre los gravámenes y la recaudación de dicho impuesto, después de controlar por los cambios en la base tributaria. Hacen falta más investigaciones para saber si estos resultados se extienden a otros estados.

Sobre los autores

James Alm es profesor y director del Departamento de Economía de Tulane University.

Robert D. Buschman es asociado de investigación senior en el Centro de Investigaciones Fiscales de la Escuela Andrew Young de Estudios Políticos de la Universidad Estatal de Georgia.

David L. Sjoquist es profesor y titular de la cátedra Dan E. Sweat en Política Educativa y Comunitaria en la Escuela Andrew Young de Estudios Políticos.

Recursos

Alm, James y David L. Sjoquist. 2009. The Response of Local School Systems in Georgia to Fiscal and Economic Conditions. Journal of Education Finance 35(1): 60–84.

Alm, James, Robert D. Buschman, y David L. Sjoquist. 2009. Economic Conditions and State and Local Education Revenue. Public Budgeting & Finance 29(3): 28–51.

Alm, James, Robert D. Buschman, y David L. Sjoquist. 2011. Rethinking Local Government Reliance on the Property Tax. Regional Science and Urban Economics 41(4): 320–331.

Anderson, John E. 2010. Shocks to the Property Tax Base and Implications for Local Public Finance. Paper presented at the Urban Institute-Brookings Institution Tax Policy Center and the Lincoln Institute of Land Policy Conference, “Effects of the Housing Crisis on State and Local Governments,” Washington, D.C. (Mayo).

Bourdeaux, Carolyn y Sungman Jun. 2011. Comparing Georgia’s Revenue Portfolio to Regional and National Peers. Report No. 222. Atlanta, GA: Fiscal Research Center, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Boyd, Donald J. 2010. Recession, Recovery, and State and Local Finances. Paper presented at the Urban Institute-Brookings Institution Tax Policy Center and the Lincoln Institute of Land Policy Conference, “Effects of the Housing Crisis on State and Local Governments,” Washington, D.C. (Mayo).

Doerner, William M. y Keith R. Ihlanfeldt. 2010. House Prices and Local Government Revenues. Paper presented at the Urban Institute-Brookings Institution Tax Policy Center and the Lincoln Institute of Land Policy Conference, “Effects of the Housing Crisis on State and Local Governments,” Washington, D.C. (Mayo).

Frame, W. Scott. 2010. Estimating the Effect of Mortgage Foreclosures on Nearby Property Values: A Critical Review of the Literature. Economic Review 95(3): 1–9.

Jaconetty, Thomas A. 2011. How Do Foreclosures Affect Real Property Tax Valuation? And What Can We Do About It? Working paper presented at National Conference of State Tax Judges, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA (Septiembre).

Lutz, Byron, Raven Molloy, y Hui Shan. 2010. The Housing Crisis and State and Local Government Tax Revenue: Five Channels. Paper presented at the Urban Institute-Brookings Institution Tax Policy Center and the Lincoln Institute of Land Policy Conference, “Effects of the Housing Crisis on State and Local Governments,” Washington, DC (Mayo).

It is not surprising that proposals for land value taxation (LVT) should elicit strong reactions in public debate. Land, taxes and information are a combustible combination, but they are critical to our political system. Without land we cannot live; without taxes we cannot be governed; without information about land and taxes we are powerless to change the way we are governed. Although Britain has not confronted basic land or tax reform in recent years, there are several signs, outlined below, that this is changing, and such changes can open the way for renewed attention to LVT initiatives.

Increasing Awareness of the Tax Burden

There is now widespread acceptance that Britain taxes jobs and enterprise far too much. In 1997 the European Commission (now known as the European Union) asked its 15 member states to produce employment action plans, including proposals to relieve the burden of taxes on employment. In 1999 British Prime Minister Tony Blair and German Chancellor Gerhardt Schroeder issued a joint statement that said, “. . . overall, the taxation of hard work and enterprise should be reduced.” Britain’s Liberal Democrat Party manifesto in 1998 called for a “major tax shift off people and on to pollution and resources.” Across the political spectrum consensus is building for a shift in the tax burden.

Devolution and Constitutional Reform

The United Kingdom is in the midst of far-reaching constitutional changes involving elections by proportional representation, which almost guarantee coalitions and make continuity of policy more likely. The number of voting hereditary peers in the House of (Land) Lords has been reduced from 400 to fewer than 100. Unlike a century ago, the Lords can no longer block an elected government with a mandate to introduce LVT or other land reforms. Although Britain still has one of the most centralized governments in Europe, Scotland and Wales now have considerable autonomy through their elected Parliament and Assembly.

Northern Ireland also has an elected Assembly, and land policy there is arguably more forward-thinking than on mainland Britain, with integrated ministerial responsibility for maps, land registers and property valuation. By 2007 there will be a fully electronic, map-based comprehensive land register and up-to-date property assessment. Uniquely in the UK, residential areas will be assessed through computer-aided mass assessment (CAMA) techniques imported from the U.S.

Scotland can vary income tax by up to 3 percent and can choose the tax base for its 28 local authorities. There is a much better understanding of LVT in Scotland than elsewhere in the UK, and the Scottish Executive has promised to initiate a thorough study of the economic implications of LVT before the next elections in 2004.

London now has its own devolved regional government, the Greater London Assembly, with an elected mayor, Ken Livingstone, who has become keenly interested in the potential of land values to fund transport infrastructure. The mayor’s transport commissioner, American Bob Kiley, is even more interested and has gone on record saying LVT might have a role, and not just in transport funding. There is currently a lively political battle concerning the London Underground, addressing who pays for investment and who benefits from it, which may provide a context for considering the role of LVT.

In most of the UK, however, local government is still a creature of the central state. Seventy percent of local government revenue comes directly from central grants, and over 90 percent of local expenditure is constrained by directives from the central government.

Advances in Geographic Information Technology

There have been amazing changes in information technology since the last thorough review of local government finance in Britain, in 1975. Then, base map information was held on a quarter of a million glass plates that were only revised on a 10- to 25-year cycle, using manual cartography, steel tapes and parchment paper. Now the entire national mapping system is computerized, using satellites, hand-held field data recorders and Internet map access. The Ordnance Survey MasterMap data structure recognizes land and building parcels and can hold attributes as diverse as height, material of construction, value and ownership. It is updated on a continuous basis and can incorporate pre-build and historic information. In 1975 the map archive occupied a large four-story building; now it fits on just eight CD-ROMs, covering every building and land parcel occupied by 60 million people.

All of these advances could assist the introduction of a tax based on land value, although there are serious institutional problems in getting all agencies that would be involved in LVT to apply the technology fast enough. However, the government has a target of enabling all information-based functions to be delivered electronically by 2005.

Unpopularity of the Uniform Business Rate

The uniformity of taxation in Britain is reflected in the name of the nonresidential property tax: Uniform Business Rate (UBR). At the end of the 1980s, local councils lost the power to fix the rate of the tax, and with it any direct financial connection with their local business communities. The central government at Whitehall decides what each council will collect from its business ratepayers, and how much each council retains, which can be substantially more or less than is collected locally. All that remains is some discretion over businesses exemptions, at the expense of local residents. No wonder that a recent government study showed a deep disdain for local councils among business owners and huge ignorance by both business and councils about their respective roles and problems.

Because this tax is based on occupancy and not on ownership, vacant and underused land largely or wholly escapes taxation. The UBR is regarded as a most regressive tax, accounting for up to one-third of the turnover of the smallest independent traders but only 3 percent of turnover of large multiple stores. My research has found UBR to be extremely unpopular: it penalizes success and fails to compensate for harm done by irresponsible neighbors. So this is another factor in the return of interest in LVT. As others have noted in recent years, the replacement of UBR, in part or totally, with a site-value-based tax would most likely be an extremely effective policy for urban renewal.

Business Improvement Districts

BIDs are coming to Britain after years of use in the U.S. These special districts allow commercial and office sectors to raise funds through property assessments for maintenance and improvement of their neighborhoods. But the only tax currently proposed for BIDs is a supplement to the occupier-based UBR. The business community does not like this idea, and LVT campaigners are now working with others to persuade prospective BID partnerships to consider assessments on owners and also to press for the creation of new tax powers.

LVT supporters propose that if a large majority within the BID support such measures, the BID should be able to compel all owners in the district to pay them; free-riders should not be allowed. The idea, known as “Smart BIDs,” is to support the BIDs with taxes on owners rather than business rates, and perhaps even to reduce the UBR rate within Smart BIDs.

Environmental Concerns

Current interest in LVT in Britain was boosted by an Urban Task Force report and formal support for LVT pilot projects by Friends of the Earth (which has more members in the UK than the Liberal Democrat Party) and the Town & Country Planning Association. These environmental organizations are interested in taxation as a tool for sustainable development, and such concern will only grow in the future. People in Britain will recycle even if it costs them time and money to do so. The same concern for the environment will increase acceptance of LVT when it is understood as a means of keeping towns and cities viable and protecting the countryside.

Practical Administrative Considerations

Two surveys of the town of Whitstable by Hector Wilks in 1963 and 1973 support the view that LVT presents fewer assessment difficulties than do traditional rating systems. Recent advances in computerized assessment systems make LVT more feasible than ever before. My own preliminary studies of other countries that use computerized assessments, especially Denmark and Australia, show that the overall cost of property tax administration is far lower there.

Denmark’s property tax, with annual revaluations, costs 20 percent less per property than Britain’s. When I visited Denmark last year, I found an extremely efficient property tax system tapping into land values in a modest way. Tax administrators told me that, aside from the environmental benefits of the tax, the greatest interest came from Treasury officials concerned about the growth of offshore tax havens. They are attracted to LVT because it costs very little to administer and there is virtually no possibility of avoidance or evasion.

If a British government were inclined to switch to LVT, it would not find any insuperable problems within our highly intelligent and incorruptible valuation profession. We have a professional, politically independent agency for conducting property tax assessments and the best national mapping agency in the world. It is simply a matter of exercising political leadership.

The Way Forward

In addition to supporting Smart BID pilot projects, my personal list for projects to help realize the potential of LVT includes:

• updating basic economics courses and making them available on the Web;
• implementing exchange programs between relevant tax professionals in Britain and countries with LVT;
• developing easy-to-use value mapping tools;
• studying the links between planning and LVT;
• comparing compliance costs of LVT and other taxes;
• developing indicators of the economic impact of LVT;
• monitoring public perceptions of land and tax issues over time and across countries; and
• providing more accessible nontechnical publications about LVT. These are.

The subject of tax reform is one of the most important issues of our age and political environment, and after years of neglect LVT is being considered in Britain again. The Lincoln Institute’s sponsorship of work by many LVT thinkers, writers and researchers in Britain and elsewhere has been instrumental in advancing public awareness of and professional appreciation for the potential benefits of LVT.

Tony Vickers recently completed a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation at the Lincoln Institute, and this article summarizes his Founder’s Day lecture on the topic in Cambridge, Massachusetts, in June 2002. Vickers is the former CEO of the Henry George Foundation in London, and he is currently pursuing a Ph.D. at the School of Surveying, Kingston University, London.

In the wake of the housing market collapse and the Great Recession—which caused a substantial increase in residential foreclosures and often precipitous declines in home prices that likely led to additional foreclosures—many observers speculated that local governments would consequently suffer significant property tax revenue losses. While anecdotal evidence suggests that foreclosures, especially when spatially concentrated, lowered housing prices and property tax revenue, the existing body of research provides no empirical evidence to support this conclusion (box 1). Drawing on proprietary foreclosure data from RealtyTrac—which provides annual foreclosures by zip code for the period 2006 through 2011 (a period that both precedes and follows the Great Recession)—this report is the first to examine the impacts of foreclosures on local government property tax values and revenues. After presenting information on the correlation between foreclosures and housing prices nationwide, we shift focus to Georgia in order to explore how foreclosures affected property values and property tax revenue across school districts throughout the state. Our empirical analysis indicates that, indeed, foreclosures likely diminished property values and property tax revenues. While still preliminary, these findings suggest that foreclosures had a range of effects on the fiscal systems of local governments.

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Box 1: Existing Research into the Impacts of Economic Factors on Property Tax Revenues

While there is existing research examining the various impacts of economic factors on property tax revenues, these studies use data that reflect only a previous recession (e.g., the 2001 recession) or that cover only the very start of the housing crisis in the Great Recession. Doerner and Ihlanfeldt (2010), for example, focus directly on the effects of house prices on local government revenues, using detailed panel data on Florida home prices during the 2000s. They conclude that changes in the real price of Florida single-family housing had an asymmetric effect on government revenues. Price increases do not raise real per capita revenues, but price decreases tend to dampen them. Doerner and Ihlanfeldt also find that asymmetric responses are due largely to caps on assessment increases, positive or negative lags between changes in market prices and assessed values, and decreased millage rates in response to increased home prices. Alm, Buschman, and Sjoquist (2011) document the overall trends in property tax revenues in the United States from 1998 through 2009—when local governments, on average, were largely able to avoid the significant and negative budgetary impacts sustained by state and federal governments, at least through 2009, although there was substantial regional variation in these effects. Alm, Buschman, and Sjoquist (2009) also examine the relation between education expenditures and property tax revenues for the 1990 to 2006 period. In related work, Alm and Sjoquist (2009) examine the impact of other economic factors on Georgia school district finances such as state responses to local school district conditions. Finally, Jaconetty (2011) examined the legal issues surrounding foreclosures, and the MacArthur Foundation has funded a project on foreclosures in Cook County, Illinois.

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Potential Links between Housing Prices, Foreclosures, and Property Values

Local governments in the United States rely on various own-source revenues, including local income, property, and general sales taxes and specific excise taxes, fees, and user charges. Of these, the dominant source is by far the property tax. In 2011, local property taxes accounted for roughly three-fourths of total local government tax revenues and for nearly one-half of total local own-source revenues (including fees and charges).

Some local taxes, such as income and sales taxes, have bases that vary closely with the levels of economic activity, and the Great Recession seriously depressed revenues from such taxes. The basis of the property tax is assessed value, which does not automatically change in response to economic conditions; in the absence of a formal and deliberate change in assessment, a decrease in the market value does not necessarily translate into a decrease in assessed value. Assessment caps, lags in reassessments, and the ability to make deliberate changes in millage or property tax rates combine so that economic fluctuations that influence housing values may not affect the property tax base or property tax revenues in any immediate or obvious way. Over time, however, assessed values tend to reflect market values, and property tax revenues also come under pressure.

A weakened housing market—with lower housing values and more foreclosures—may reduce local government tax revenues from several sources (Anderson, 2010; Boyd, 2010; Lutz, Molloy, and Shan, 2010), including real estate transfer taxes, sales taxes on home construction materials, and income taxes from workers in the housing construction and home furnishings industries. Because property tax revenues are such a large share of local tax revenue, however, changes in property tax revenues are often larger than the changes from these other housing-related taxes.

Foreclosure Activities Nationwide During and After the Great Recession

Figure 1 (p. 24) presents the total nationwide numbers of foreclosures at the 5-digit zip code level as a share of the number of owner-occupied homes in 2010. This figure demonstrates the clear geographic concentration of foreclosures. Arizona, California, and Florida were especially hard hit by the collapse of the housing bubble. However, other areas also experienced significant foreclosure activity.

The Federal Housing Finance Agency (FHFA) produces a housing price index for each metropolitan statistical area (MSA). We matched the RealtyTrac foreclosure data to the FHFA housing price index for 352 metropolitan statistical areas. Figure 2 (p. 24) presents a simple scatterplot that relates total foreclosures over the years 2006 to 2011 as a share of the number of owner-occupied housing units in 2010, to the change in the housing price index over the period 2007 to 2012 for all 352 metropolitan areas. The simple correlation coefficient between foreclosures per owner-occupied housing units and the change in housing price index is -0.556; if we consider only those MSAs with non-zero foreclosures over the period, the correlation coefficient is -0.739. This simple analysis suggests that foreclosures have a significant negative relation with housing values. The next step is to explore the effect of foreclosures on the property tax base and on property tax revenues. In the next section, we examine this issue for the state of Georgia.

More Detailed Analysis: Foreclosures, Property Values, and Property Tax Revenues in Georgia

By examining the effect of foreclosures on property values and property tax revenues in a single state, we eliminated the need to control for the many ways in which institutional factors may differ across states. Georgia is a suitable focal point because in many ways it is roughly an “average” state. For example, local governments in Georgia rely on property taxes only slightly less than the national average; in 2008, property tax revenue as a share of total taxes for local governments was 65.1 percent in Georgia compared to 72.3 percent of the U.S. (Bourdeaux and Jun 2011).

We measure foreclosure activity with the Realty-Trac data, aggregating zip code observations into the corresponding counties. The Georgia Department of Revenue supplied the annual property tax base (referred to as “net digest” in Georgia) and property tax rates. Property tax and total local source revenues for school districts came from the Georgia Department of Education. The tax base is as of January 1 of the respective year. The property tax rate is set in the spring with tax bills being paid in the fall, the revenue from which would be reported in the following fiscal year. School districts are on a July 1 to June 30 fiscal year, so the 2009 tax base and millage rates, for example, would be reflected in revenues for fiscal year 2010. We also use various demographic and economic data (income, employment, and population) measured at the county level to help explain changes in the base. Because these variables are at a county level, for the analysis that follows, we added the property tax base and revenue variables for city school districts to those for the county school systems in each city’s county to obtain countywide totals for 159 counties. For counties that include all or part of a city school system, the tax rate is the average of the county and city school tax rates, weighted by the respective property tax base.

Only county governments conduct property tax assessment in Georgia, but the state evaluates all property tax bases annually, comparing actual sales of improved parcels during the year to assessed values, and determining if the assessment level is appropriate relative to fair market value, which is legally set at 40 percent. The resulting “sales ratio studies” report an adjusted 100 percent property tax base figure for each school district in the state, along with the calculated ratio. We use these adjusted property tax bases, covering the periods 2000 through 2011, to measure the market value of residential property.

Georgia has very few institutional property tax limitations. School district boards can generally set their property tax rates without voter approval, which is required only if the property tax rate for a county school district exceeds 20 mills. Currently, the cap is binding on only five school systems. Also, there is no general assessment limitation, although one county has an assessment freeze on homesteaded property. In 2009, the State of Georgia imposed a temporary freeze on assessments across the state, potentially affecting property tax revenue only in school year/fiscal year 2010; however, with net and adjusted property tax bases declining on a per capita basis for most counties in 2009 through 2011, it is unlikely that the freeze has constrained assessments.

Foreclosures

Table 1 provides the statewide mean and median number of foreclosures by zip code for 2006 through 2011. Total foreclosures almost doubled between 2006 and 2010, before declining in 2011. The mean number of foreclosures is much larger than the median, implying that the distribution is highly skewed.

Table 2 shows the distribution of Georgia zip codes by the number of years that the zip code had non-zero foreclosures. Over 65 percent of the zip codes had foreclosures in each of the six years, while only 7 percent had no foreclosures in all six years. This distribution suggests that very little of the state was immune to the foreclosure crisis.

Figure 3 (p. 25) shows the distribution of foreclosures across the state over the period 2006 through 2011. Because zip codes differ in size and housing density, we also map the number of foreclosures per owner-occupied housing units for 2010 in figure 4 (p. 25). Note that zip codes marked in white either have no foreclosures or are missing foreclosure data. As one would expect, urban and suburban counties (particularly in the Atlanta metropolitan area) have the most foreclosures. However, there are large numbers of foreclosures in many of the less urban zip codes as well.

Figure 5 shows the annual distribution of foreclosures per hundred housing units in each of Georgia’s 159 counties. Note that the bar in the box represents the median value, the box captures the observations in the second and third quartile, the “whiskers” equal 1.5 times the difference between the twenty-fifth and seventy-fifth percentiles, and the dots are extreme values. The median number of foreclosures by county increased from 0.17 per 100 housing units in 2006 to 1.18 per 100 units in 2010—more than a sixfold increase in the median. There is a high positive correlation between foreclosure activity in 2006 and 2011 across the counties. This correlation is 0.78 when measured relative to housing units and 0.74 when measured on a per capita basis, indicating that counties with above (below) average foreclosure activity before the housing crisis remained above (below) average at its peak.

Property Values

As for changes in property values, figures 6 and 7 show the distributions of annual changes, respectively, in the per capita net property tax base and in the per capita adjusted 100 percent property tax base across the 159 counties from 2001 through 2011. Studies suggest that foreclosures may have spillover effects on the market values of other properties in the jurisdiction (Frame, 2010). We attempt to estimate the effect of foreclosures on market values as measured by the adjusted 100 percent property tax base.

Our results are preliminary, in that the analysis included only Georgia data. Even so, they suggest significant negative effects of foreclosures on property values, controlling for year-to-year percent changes in income, employment, and population. The coefficient estimates on the foreclosures variable suggest that a marginal increase of one foreclosure per 100 homes (or approximately the increase in median foreclosures from 2006 to 2011) is associated with a roughly 3 percent decline in the adjusted 100 percent property tax base over each of the two following years. Similarly, an increase of one foreclosure per 1,000 population is associated with nearly a 1 percent decline in the adjusted 100 percent property tax base after one year, and a slightly lower percent decline in the following year.

Property Tax Revenues

We also explore the effect of foreclosures on property tax revenues. Figure 8 (p. 27) depicts the distribution of nominal changes by county in total maintenance and operations property tax revenues since 2001, showing considerable variation across the school systems in the annual changes in property tax revenues. Even in the latest three years of declining property values, at least half the counties annually realized positive nominal growth in property tax revenue. To understand the effect of foreclosure activity on local government property revenues, we estimate regressions that relate foreclosures to property tax levies and to actual property tax revenues.

We find that a rise in foreclosures is associated with a reduction in the levy, after controlling for changes in the property tax base as well as fluctuations in income, employment, and population. An increase of one foreclosure per 100 housing units is associated with about a 1.5 percent subsequent decline in the levy, all else held constant. We also find that foreclosures have a negative impact on revenues, all else constant. Like our earlier estimates, these results are for Georgia only, but they indicate a significant negative relationship between foreclosures and local government property tax levies and revenues. It may be that higher foreclosure activity makes local officials hesitant to raise property tax rates to offset the effect of foreclosures on the tax base.

Conclusions

How have foreclosures driven by the Great Recession affected property values and property tax revenues of local governments? Our results suggest that foreclosures have had a significant negative impact on property values, and, through this channel, a similar effect on property tax revenues, at least in the state of Georgia. Our results also suggest additional effects on levies and revenues after controlling for changes in the tax base. Further work is required to see whether these results extend to other states.

About the Authors

James Alm is a professor and chair of the department of economics at Tulane University.

Robert D. Buschman is a senior research associate with the Fiscal Research Center in the Andrew Young School of Policy Studies at Georgia State University.

David L. Sjoquist is a professor and holder of the Dan E. Sweat Chair in Educational and Community Policy in the Andrew Young School of Policy Studies.

Resources

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William Fischel is professor of economics and the Patricia F. and William B. Hale ’44 Professor in Arts and Sciences at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. He was a member of the Hanover zoning board for 10 years, and has long served on the teaching and research faculty of the Lincoln Institute. He has written more than 50 articles and three books about the related topics of local government, land use controls, school finance and property taxation. Fischel’s most recent book pulls those themes together under the title The Homevoter Hypothesis (Harvard University Press 2001), and he will discuss them at a course at the Lincoln Institute on April 25.

Land Lines: The term homevoter doesn’t seem to be in any dictionary. What does it mean?

William Fischel: I coined the word to convey the theme of my book. My original title was Municipal Corporations and the Capitalization Principle, but when I tried it out on people their eyes glazed over. I had to think of something catchier, and homevoter popped into my head. In local government elections, residents tend to “vote their homes.” For example, if the school board proposes a tax increase to reduce class size, most homeowners will consider the impact of the taxes and the better school quality on the value of their homes as well as on their personal situations.

LL: What’s the difference between people voting their personal situations and voting their homes?

WF: If people voted only according to their immediate situation, almost every school referendum would be voted down. Since the last of the baby boomers graduated from high school in the late 1970s, only about a third of all American households have any children in public school. If people only cared about whether school expenditures benefited them directly, the two-thirds of voters without kids in school would vote down school referenda and save themselves some taxes. The reason they usually don’t is that they know that scuttling the local schools will drive their home values down. They may not like paying taxes, but most voters will not actively oppose a reasonable school budget.

LL: Why would home values override immediate concerns about taxes, since most homeowners plan to keep their houses for a long time?

WF: For the great majority of homeowners, the equity in their home is much larger than their holdings of stocks and bonds and savings accounts. An owner-occupied home is a huge asset, and it is nearly impossible to diversify the financial risk of holding on to it. People who own a lot of stocks can diversify their holdings by buying mutual funds. But you cannot diversify your homeownership portfolio by buying a tenth of a house in Cambridge, a tenth in Springfield, a tenth in Pittsburgh, and so forth. You are stuck with all your homeownership eggs in one local basket. If the schools are declining, so is much of your investment. You don’t have to plan to sell a home soon to be concerned about its value, just as you don’t have to be ready to retire to be concerned about your retirement investments.

LL: So even people who will never have kids are interested in the quality of public schools?

WF: They sure are, especially when they are buying a house. Many economic studies of housing values have found that the major determinant of house price differences among communities is the quality of public schools. Further, the difference in home values is not reflected in the cost of the structure but in the land value. If your home burned down and you decided to sell your lot instead of rebuilding, the price of the lot would reflect the value of the community’s public assets such as its schools. The structure itself would just reflect the cost of building it.

LL: What other community assets do homevoters pay attention to?

WF: Lots of things, including neighborhood traffic, local parks, good (or bad) views, local air quality, open space, crime rates and public libraries. Like school quality, all of these community characteristics are capitalized in home values if they are better or worse than average.

LL: Capitalized? As in the stock market?

WF: Yes, just as in the stock market. If Merck Pharmaceuticals develops an effective drug to treat cancer, the value of Merck stock will go up. That good news is quickly capitalized in (or reflected in) the price of the stock. If a particular city found a good way to control traffic noise and congestion, the value of homes there would rise. In both cases, the stockholders would be pleased.

LL: How is a city like Merck?

WF: They are both corporations. One is a municipality and the other is a business, but each has a corporate identity that is independent of its owners or residents. The main difference is that a city’s major stockholders, its homeowners, cannot diversify their assets. So unlike most business stockholders, residents pay close attention to what their corporation’s managers are doing. They make managers do their business in the open most of the time, and they make their board of directors—the city council—stand for election more frequently than business corporation boards.

LL: What about the role of other stakeholders, such as local business owners?

WF: Business people are usually behind development plans, and city councils pay attention to them. But in the municipalities where most people live—cities and towns of less than 120,000 population—homeowners have to be persuaded that the proposed development will do them some good. Just creating jobs and lowering taxes is not enough in most places. A job-creating, tax-paying factory whose traffic, noise and pollution devalue the homes of nearby residents will have a hard time getting permission to locate there. Homevoters may not be as active as developers, but they are usually more numerous and vocal, and few city councils can afford to ignore their concerns.

LL: And how do renters benefit from the system?

WF: Renters get the benefit of municipal services that are more consumer-oriented as a result of homevoters’ activism. But renters have a shorter time horizon because when they move they neither gain nor lose from the local improvements they leave behind. This may explain why renters tend to participate in local government less than homeowners. They don’t have the long-term financial stake that even the short-term homeowner has.

LL: What’s the downside of homevoters’ influence?

WF: The downside is exclusionary zoning. Zoning is a necessary tool for local governments to rationalize development. The problem is that homevoters can overuse this tool. Because homes are not a diversifiable asset, homeowners often become risk averse to any development that might reduce their home’s value. The NIMBY (Not In My Back Yard) syndrome is most often seen in homeowners, and my theory says they are rational to behave this way. But what is rational for the homeowners in a single community might not be rational for the larger region. Siting low-income housing, power plants, half-way houses and the other necessary but sometimes unlovely developments is impeded by having people too worried about their home values.

LL: Is there a way to control the bad side of homevoting and still keep the good side?

WF: Understanding where the problem comes from is a start. People who oppose low-income housing projects are not necessarily opposing low-income people. They may be mainly worried about their home values. One way to deal with that would be to offer home-value insurance for neighborhoods that feel threatened by proposed land use changes. An innovative program in Chicago offered home-value insurance to help forestall “panic selling” and thus stabilize neighborhoods with respect to both home values and socioeconomic composition. It might be worth extending home equity insurance to other situations in which neighborhood change raises the anxieties of homeowners.

LL: But people have lots of reasons to oppose neighborhood changes besides loss of property value.

WF: It is rare for people to mention property values in public discussions. It sounds too selfish to talk about in a public forum. But economists know that most of the things that people do talk about, such as traffic, noise, open space and service costs, clearly affect people’s home values. Whether owners are consciously relating these characteristics to home values or simply intuitively aware of this connection is hard to say. If developers could take home values off the table in such debates, it might go a long way to overcoming the NIMBY problem.

LL: You mentioned earlier that the quality of community life was reflected in land values. Would this argue for a tax on land rather than improvements in order to finance local services?

WF: I think it does, and in fact that’s what most property taxes really do tax. Local development is a highly regulated activity because of zoning laws, planning reviews and environmental impact statements. I believe that local land use regulation is tight enough to make buildings essentially indistinguishable from land as a tax base. Take the example of the home that burns down. The buyer of the lot typically has to put up another home of the same type, and the tax payment on land and structure will be the same as before. For the most part, owners of homes and businesses in zoned communities have only one allowable use for their land, so that increasing or decreasing local taxes is not going to affect that use. That’s exactly the same virtue as a tax on land. Beyond that, taxing property value gives voters cooperative incentives on the zoning front. Homevoters won’t want to trash another side of town with an unfriendly land use, because devaluing other people’s property would cause property taxes to be shifted to the remaining homeowners.

LL: A land tax is what Henry George advocated more than 100 years ago. Are you saying that the local property tax already is a land tax?

WF: Yes, within certain contexts. It is quite a bit like a land tax in largely residential communities and for most new development. Zoning limits a developer’s alternatives, so the tax rate will not alter his behavior. A general property tax would not be like a land tax, however, if it were administered by a large jurisdiction such as a state or national government, unless those governments also had local zoning controls in place. It is the combination of local zoning plus the property tax that approximates a land tax. Henry George’s ideas came in through the back door of suburban zoning and property taxation rather than through the front door of state and national taxation.

Uno de los argumentos principales para justificar la tributación del valor del suelo es que no crea ningún incentivo para alterar el comportamiento con el objeto de evadir el pago del impuesto. En contraste, un impuesto sobre la propiedad convencional, que se grava sobre los edificios, puede frenar la intención de los propietarios de erigir estructuras en su terreno que de otra manera serían deseables. Por ejemplo, los propietarios pueden dejar un sótano sin terminar o no agregar un segundo baño, porque ello aumentaría su obligación tributaria. Por lo tanto, un impuesto sobre la propiedad convencional llevaría a relaciones de capital/suelo excesivamente bajas y un ‘carga excedente’, es decir un costo para los contribuyentes mayor que el mero pago monetario efectuado a las autoridades fiscales. Este artículo informa sobre un estudio reciente de carga excedente al antecesor británico del impuesto moderno sobre la propiedad: el impuesto sobre la ventana, del siglo XVII.

El caso del impuesto sobre la ventana

En 1696, el Rey Guillermo III de Inglaterra, en apremiante necesidad de recursos adicionales, introdujo un impuesto sobre la unidad de vivienda que gravaba la cantidad de ventanas de una morada. El impuesto fue diseñado como un impuesto sobre la propiedad, tal como se deduce del debate en la Cámara de los Comunes en 1850: “El impuesto sobre la ventana, cuando se lo concibió, no tenía intención de tributar una ventana sino una propiedad, ya que se consideraba que una casa era una estimación segura del valor de los bienes de una persona, y se suponía que la cantidad de ventanas era un buen índice del valor de la casa” (HCD, 9 de abril de 1850).

En su forma inicial, el impuesto consistió en una tasa única de 2 chelines por cada casa y un cargo adicional de 4 chelines sobre casas que tenían entre 10 y 20 ventanas, u 8 chelines sobre casas que tenían más de 20 ventanas. La estructura tarifaria se fue enmendando a lo largo de los años; en algunos casos, las tasas crecieron significativamente. En respuesta, los dueños de las moradas intentaron reducir sus facturas de impuestos tapando ventanas o construyendo casas con muy pocas ventanas. En algunas viviendas había pisos enteros sin ventanas, lo que causaba efectos adversos muy graves para la salud. En un caso, la falta de ventilación causó la muerte de 52 personas en el pueblo circundante, según el informe de un médico local que fue llamado a una casa ocupada por familias pobres:

“Para reducir el impuesto sobre la ventana, todas las ventanas de las que todavía podían prescindir los pobres habían sido clausuradas, y por lo tanto se eliminaron todas las fuentes de ventilación. El olor dentro de la casa era sobrecogedor y nauseabundo hasta un extremo insoportable. No había ninguna evidencia de que se hubiera importado la fiebre a esta casa, sino que más bien se propagó de la misma a otras partes del pueblo, y 52 moradores murieron” (Guthrie 1867).

La gente protestó y presentó numerosas peticiones ante el Parlamento. Pero a pesar de sus efectos perniciosos, el impuesto duró más de 150 años, hasta que fue finalmente revocado en 1851.

Para la mayor parte de las familias, el impuesto sobre la ventana representaba una suma sustancial. En Londres, oscilaba entre aproximadamente el 30 por ciento del valor de renta en “casas más pequeñas de la calle Baker” hasta el 40 al 50 por ciento en otras calles, según un debate en la Cámara de los Comunes de 1850 (HCD, 9 de abril de 1850). El impuesto era particularmente oneroso para familias pobres que vivían en conventillos, donde los tasadores tributaban el impuesto a los residentes en forma colectiva. Por lo tanto, si un edificio contenía 2 apartamentos, cada uno de ellos con 6 ventanas, el impuesto se cobraba sobre 12 ventanas. En contraste, en las casas muy grandes de los ricos, el impuesto normalmente no excedía del 5 por ciento del valor de renta.

La tasa de impuestos sufrió varios cambios importantes antes de ser finalmente revocada. En 1784, el Primer Ministro William Pitt aumentó las tasas tributarias para compensar la reducción del impuesto sobre el té. Después, en 1797, la Ley de Triple Tributo de Pitt triplicó la tasa tributaria para ayudar a financiar las guerras napoleónicas. Al día siguiente de esta nueva ley, los ciudadanos cubrieron miles de ventanas y escribieron con tiza en los espacios cubiertos: “Ilumina nuestra oscuridad, ¡te rogamos oh Pitt!” (HCD, 24 de febrero de 1848).

Inglaterra y Escocia estaban sujetas al impuesto sobre la ventana, pero Irlanda estaba exenta debido a su estado de pobreza. Un miembro del Parlamento bromeó: “Al abogar por la extensión del impuesto sobre la ventana a Irlanda, el honorable caballero parece haber olvidado que una ventana inglesa y una ventana irlandesa son cosas muy distintas. En Inglaterra, la ventana es para dejar que entre la luz; pero en Irlanda, la ventana se usa para dejar que se vaya el humo” (HCD, 5 de mayo de 1819).

El impuesto sobre la ventana, dicho sea de paso, era considerado una mejoría con respecto a su antecesor, el impuesto sobre el hogar. En 1662, Carlos II (después de la Restauración) impuso un tributo de 2 chelines sobre cada hogar y estufa en Inglaterra y Gales. El impuesto generó una gran indignación, sobre todo por el carácter entrometido del proceso de tasación. Los “chimeneros”, como llamaban a los tasadores y cobradores de impuestos, tenían que entrar en la casa para contar la cantidad de hogares y estufas. El impuesto sobre la ventana, en contraste, no exigía acceso al interior de la morada; los “mirones de ventanas” podían contar los vanos desde el exterior sin invadir la privacidad del hogar.

El impuesto sobre la ventana, sin embargo, creó algunos problemas administrativos propios, sobre todo con respecto a la definición de ventana con fines tributarios. La ley era vaga y frecuentemente no quedaba claro qué era una ventana para el cobro de impuestos. En 1848, por ejemplo, el profesor Scholefield de Cambridge pagó impuestos por un agujero en la pared de su depósito de carbón (HCD, 24 de febrero de 1848). El mismo año, el Sr. Gregory Gragoe de Westminster pagó impuesto por una trampilla de entrada a su sótano (HCD, 24 de febrero de 1848). Todavía tan tarde como en 1850, los contribuyentes urgían al Secretario del Tesoro que aclarara cuál era la definición de ventana.

Las tallas y sus efectos sobre el comportamiento

A lo largo de su historia, el impuesto sobre la ventana consistía en una serie de “tallas (notches)”. Se produce una “talla” en una estructura tributaria cuando un pequeño cambio de comportamiento, como el agregado de una ventana, provoca un gran cambio en la obligación tributaria.

Las tallas son poco comunes (Slemrod 2010) y no se deben confundir con las discontinuidades o “pliegues” (kinks), que son mucho más comunes, incluso en la actualidad. Una discontinuidad en la estructura tributaria se produce cuando un pequeño cambio de comportamiento lleva a un gran cambio en la tasa tributaria marginal, pero sólo un pequeño cambio en la obligación tributaria. El impuesto sobre los ingresos en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene varias discontinuidades. Las parejas casadas con ingresos tributables de US$17.850 a US$72.500 están en el segmento tributario marginal del 15 por ciento; las parejas con ingresos tributarios de US$72.500 a US$146.400 están en el segmento tributario marginal del 25 por ciento. Si una pareja con ingresos de US$72.500 ganara un dólar más, su tasa tributaria marginal saltaría al 25 por ciento, pero su obligación tributaria sólo aumentaría 25 centavos.

Los registros de microfilm de datos tributarios locales en el Reino Unido entre 1747 y 1830 permiten examinar de manera más sistemática el impacto del impuesto sobre la cantidad de ventanas y las tallas. Este artículo utiliza el conjunto de datos de 1747 a 1757, con información de 493 moradas en Ludlow, un pueblo comercial en Shropshire, cerca del límite con Gales. En este período, la estructura del impuesto sobre la ventana contenía 3 tallas. Durante este período, un propietario:

• no pagaba impuestos si la casa tenía menos de 10 ventanas;
• pagaba 6 peniques por ventana si la casa tenía entre 10 y 14 ventanas;
• pagaba 9 peniques por ventana si la casa tenía entre 15 y 19 ventanas;
• pagaba un chelín por ventana si la casa tenía 20 ventanas o más.

Los propietarios que compraban una 10a ventana, por lo tanto, pagaban un impuesto de 6 peniques sobre la 10a ventana y también sobre las 9 ventanas restantes, que antes eran libres de impuestos. O sea, el impuesto total sobre la 10a ventana era de 60 peniques, equivalente a 5 chelines. Si el impuesto sobre la ventana distorsionara las decisiones tributarias y llevara a una carga excedente, podríamos esperar que muchas casas tuvieran 9, 14 ó 19 ventanas, pero muy pocas con 10, 15 ó 20. A continuación se ensaya esta hipótesis.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la administración del impuesto había sido problemática, ya que los propietarios frecuentemente camuflaban o cubrían las ventanas hasta que el cobrador de impuestos se había ido, o se aprovechaban de vacíos legales o ambigüedades en el código tributario. En consecuencia, la recaudación de impuestos fue mucho menor de lo esperado. En 1747, sin embargo, el Parlamento revisó el impuesto elevando las tasas e introduciendo medidas para mejorar su administración. En particular, prohibió la práctica de cubrir y luego reabrir ventanas para evadir el impuesto; los infractores tenían que pagar una multa de 20 chelines (1 libra) por cada ventana que reabrieran sin notificarlo al inspector de impuestos (Glantz 2008).

La ley de 1747 redujo la evasión tributaria significativamente, así que los datos para los 10 años subsiguientes deberían brindar una estimación razonable de la cantidad de ventanas de una morada. Si el impuesto sobre la ventana distorsionara el comportamiento, se podría esperar un pico en la cantidad de moradas al límite de la talla, con 9, 14 ó 19 ventanas. Y esto es precisamente lo que demuestran los datos. La figura 1 es un histograma que muestra la cantidad de ventanas por vivienda de la muestra. El patrón es claro: hay aumentos bruscos en la cantidad de casas con 9, 14 ó 20 ventanas:

• El 18,4 por ciento de las casas tiene 9 ventanas, el 3,9 por ciento tiene 8 y el 4,6 por ciento tiene 10 ventanas;
• El 16,6 por ciento tiene 14 ventanas, el 6,0 por ciento tiene 13 ventanas y el 1,8 por ciento tiene 15 ventanas;
• El 7,1 por ciento tiene 19 ventanas, el 3,4 por ciento tiene 18 ventanas y el 0,7 por ciento tiene 20 ventanas.

Los ensayos estadísticos estándar rechazan la hipótesis de que hay una cantidad igual de casas con 8, 9 ó 10 ventanas; con 13, 14 ó 15 ventanas; o con 18, 19 ó 20 ventanas. Es obvio que la gente respondió al impuesto sobre la ventana quedándose en una de las tallas para reducir al mínimo su obligación tributaria.

Los datos de una muestra de 170 casas en el período de 1761 a 1765 explican la respuesta del público a las revisiones parlamentarias del impuesto en 1761. Además de un aumento de tasas, las revisiones de 1761 ampliaron la cobertura del impuesto a casas con 8 ó 9 ventanas. En las estructuras impositivas anteriores, las casas con menos de 10 ventanas no pagaban ningún impuesto sobre la ventana. Para esta segunda muestra, en la figura 2 se observa un pico pronunciado en 7 ventanas: el 28,2 por ciento de las casas tiene 7 ventanas, pero sólo el 5,2 por ciento tiene 6 ventanas y sólo el 2,9 por ciento tiene 8 ventanas. Una vez más, es fácil rechazar la hipótesis de que había una cantidad igual de casas con 6, 7 u 8 ventanas.

En resumen, la evidencia de nuestras dos muestras demuestra claramente que había una amplia tendencia a alterar el comportamiento para reducir el pago de impuestos. La gente decidía cuántas ventanas poner, no para satisfacer sus propias preferencias, sino para no tener que pagar impuestos más altos. El impuesto sobre la ventana, en pocas palabras, generaba una “carga excedente”.

¿Cuán grande fue la carga excedente del impuesto sobre la ventana?

Como ya explicamos, el impuesto sobre la ventana era sustancial e indujo a un comportamiento generalizado para evitar el impuesto. De acuerdo a algunas técnicas estándar de análisis económico, nuestro modelo de simulación genera una estimación de lo que la gente hubiera estado dispuesta a pagar por su cantidad deseada de ventanas. El modelo captura la demanda de cada consumidor por ventanas con y sin el impuesto, la cantidad de impuestos pagada y la pérdida de bienestar al ajustar la cantidad de ventanas como respuesta al impuesto.

En la muestra de 1747 a 1757, las pérdidas estimadas de bienestar fueron muy grandes para los hogares que estaban al límite de la talla. Para ellos, la pérdida de bienestar (es decir, la carga excedente) es del 62 por ciento de los impuestos que pagaron. O sea, por cada dólar recaudado bajo nuestra versión simulada del impuesto sobre la ventana, el tributo impuso una carga o costo adicional de 62 centavos sobre dichos hogares. No es de sorprender que la carga excedente es particularmente grande para los hogares que eligieron tener 9 ventanas Uno de los criterios utilizados por los economistas para evaluar un impuesto es la carga excedente relativa a los impuestos pagados. Utilizando este criterio, un buen impuesto es aquel que recauda ingresos significativos pero produce cambios muy pequeños en las decisiones de los contribuyentes. Los consumidores que compraron 9 ventanas están por lo tanto en el peor de los casos. Estos consumidores no pagaron ningún impuesto; para ellos, entonces, toda la carga tributaria es excedente.

Para nuestra muestra completa de 1.000 hogares simulados, la carga excedente como fracción de los impuestos pagados es de alrededor del 14 por ciento. Por lo tanto, por cada dólar recaudado por el impuesto sobre la ventana, nuestra simulación sugiere la existencia de un costo adicional de 14 centavos para los contribuyentes como resultado de la distorsión en sus decisiones.

Algunos comentarios para concluir

El impuesto sobre la ventana representa un caso muy claro y transparente de carga excedente: un tributo que impuso costos altos sobre los contribuyentes además de sus obligaciones tributarias, debido a los ajustes de comportamiento que deben realizar para evitar el impuesto. Pero, como se mencionó anteriormente, los impuestos modernos sobre la propiedad también crean una carga excedente, si bien las consecuencias son menos drásticas que en el caso del impuesto sobre la ventana.

Es importante considerar este tema al diseñar un sistema tributario. Lo ideal, en principio, sería un impuesto neutral que incremente los ingresos deseados pero no distorsione el comportamiento del contribuyente creando cargas adicionales. Dicho impuesto es un tributo puro sobre el valor del suelo, gravado sobre el valor del suelo de una propiedad, es decir su valor sin mejoras. Por lo tanto, el valor de tasación del suelo (y por lo tanto la obligación tributaria del propietario) es completamente independiente de las decisiones efectuadas por el propietario de la parcela. A diferencia del impuesto sobre la ventana, que brinda un ejemplo convincente de los costos adicionales que surgen cuando la obligación tributaria depende del comportamiento del dueño de la propiedad, un impuesto sobre el valor del suelo no crea ningún incentivo de comportamiento para evadir su pago.

Sobre los autores

Wallace E. Oates es profesor universitario distinguido de Economía, emérito, de la Universidad de Maryland, y fellow universitario en Resources for the Future.

Robert M. Schwab es profesor de Economía en la Universidad de Maryland.

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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

La recuperación de plusvalías es un concepto que tiene mayor aceptación día a día y cuyo propósito es recuperar, parcial o totalmente, para el beneficio público, los incrementos en el valor de bienes raíces provenientes de aquellas inversiones o acciones que emergen de la comunidad más que del sector privado. Sin embargo, sobre la base de la experiencia que tiene el Instituto Lincoln en el patrocinio de muchos programas educativos y de investigación relacionados con las políticas de recuperación de plusvalías en América Latina, está claro que el concepto también despierta bastante controversia.

Este artículo aborda algunos de los temas polémicos y constantes que han involucrado a los participantes en un continuo debate sobre la recuperación de plusvalías, que va desde las preocupaciones básicas, tales como la comprensión adecuada de los fundamentos legales para los derechos en bienes raíces, hasta las cuestiones políticas de mayor envergadura que surgen de nuevos o mayores gravámenes sobre los bienes raíces. Asimismo, hay aspectos técnicos involucrados, tales como la distinción entre los incrementos en el valor de los bienes raíces (o plusvalías) que se atribuyen a inversiones públicas específicas o la toma de decisiones a partir de fuentes o factores más generales que influyen en el mercado inmobiliario, así como los desafíos pragmáticos que surgen de la selección de los instrumentos adecuados para las circunstancias apropiadas en el momento justo.

Para comprender mejor el concepto de recuperación de plusvalías, no basta con recurrir solamente a los argumentos técnicos o a la opinión de especialistas o peritos. De igual manera, tampoco se puede desestimar la cuestión meramente con fundamentos políticos atribuyendo los obstáculos principales a la implementación de políticas sobre la recuperación de plusvalías a grupos de interés con una posición privilegiada. Más bien, una parte considerable de la “discrepancia inexplicable” en la aplicación de la recuperación de plusvalías parece deberse a falta de información o a un concepto erróneo por parte de los actores fundamentales del debate.

La Figura 1 resume 10 problemas contenciosos de la recuperación de plusvalías; los puntos 1, 2 y 3 se comentan brevemente a continuación.

Gravámenes Injustos para Personas de Escasos Recursos

Aunque en América Latina está disminuyendo el apoyo a los subsidios directos o subvenciones para personas de escasos recursos, muchos siguen sosteniendo que estas personas no deben pagar los servicios municipales, o deben ser exonerados del pago de impuestos y demás gravámenes sobre su propiedad, tal como lo estipulan varias políticas y leyes más progresistas sobre la recuperación de plusvalías.

Uno de los argumentos más comunes a favor de exceptuar a las personas de escasos recursos de dichos gravámenes genera un dilema entre generaciones: dado que los ciudadanos con mayor poder adquisitivo han disfrutado durante muchos años de los servicios municipales en forma gratuita, ¿por qué los menos privilegiados deben pagar ahora los servicios que necesitan y merecen? Otro argumento se centra en la idea de que la mayoría de los incrementos sobre bienes raíces en áreas humildes de hecho han sido generados por los mismos pobres, mediante la aportación de mano de obra propia o proyectos particulares para tener acceso a los servicios básicos en su área, y no mediante la intervención pública. Algunos reconocen que los programas de mejoramiento urbano simplemente conducen a los asentamientos humildes a la primera etapa del proceso de urbanización, lo cual constituye sólo un requisito mínimo indispensable para participar en los mercados inmobiliarios comunes. Otros creen que hasta un instrumento de recuperación de plusvalías socialmente neutral puede producir un resultado regresivo, lo que entonces perpetuaría la diferencia entre ricos y pobres en el contexto de acceso injusto a las instalaciones y servicios urbanos, como es el caso en la mayoría de las ciudades de América Latina (Furtado 2000).

En el otro extremo están aquellos que piensan que los pagos por recuperación de plusvalías forman parte de los reclamos que hace el sector de escasos recursos por una ciudadanía de pleno derecho, que incluya el derecho de exigirle al gobierno que le preste atención. Son muchos los ejemplos de sectores menos privilegiados que han estado verdaderamente dispuestos a pagar por los servicios recibidos (tales como sistemas de suministro de agua, alumbrado público y control de inundaciones), dado que el costo de no tener acceso a los mismos es mayor que el pago por tenerlos. Esto fue lo que ocurrió en Lima, Perú, a principios de los años noventa, en donde más de 30 comunidades humildes participaron en un programa de servicios públicos que incluía el pago del costo de los servicios suministrados.

Un argumento más teórico y tal vez menos intuitivo considera el efecto de capitalización de todo gravamen en los precios de los bienes raíces. Dicho efecto es la reducción (o incremento) del precio actual de los bienes raíces en el mercado debido a la suma capitalizada o descontada de los costos (o beneficios) que afecta las ganancias previstas que las propiedades podrían generar en el futuro. En la medida en que los gravámenes sobre la recuperación de plusvalías para áreas regularizadas o mejoradas (reclasificadas) se incluyan en las expectativas relacionadas con los futuros impuestos sobre tierras sin servicios compradas a parceladores ilegales o piratas, se tendería a capitalizar dichos gravámenes en el precio que los compradores estarían dispuestos a pagar o el que el parcelador pudo cobrar (Smolka 2003). Si bien los pobres al final terminarían pagando el mismo monto, el dinero sería destinado al tesoro público local en vez de al bolsillo del parcelador.

Incidentemente, una opinión muy común pero errónea sostiene que dichos gravámenes (recuperación de plusvalías o impuesto inmobiliario) son inflacionarios o incrementan el precio de los bienes raíces en el mercado. Si bien el efecto de capitalización es complicado, la mayoría de las personas podrán comprender el ejemplo en el que se comparan dos departamentos que, en otras circunstancias, serían idénticos: el que está ubicado en un edificio con gastos comunes más altos tendría un alquiler más bajo en el mercado que el departamento con gastos comunes más bajos. El mismo razonamiento puede aplicarse para explicar por qué no existe la doble tributación entre la recuperación de plusvalías y el impuesto inmobiliario. El incremento significativo sobre el valor de los bienes raíces que resulta de una intervención pública se acumula o se agrega al precio mínimo observado en el mercado actual, que ya es un neto del efecto capitalizado de todo beneficio o pago futuro previsto, incluido el impuesto inmobiliario.

Derechos Adquiridos Cuando Cambia el Uso del Inmueble

A pesar de que pocos argumentarían que las expectativas son un factor crucial en la determinación de los precios de los inmuebles, se considera ampliamente injusto si la compensación de precio se ubica por debajo de los precios del mercado actual. Esta idea está comenzando a cambiar, tal como se refleja en la legislación reciente. Por ejemplo, la Ley 338 de 1997 en Colombia permite la adquisición pública de bienes raíces a precios justos del mercado, pero sin incluir el incremento del valor del inmueble resultante de inversiones públicas previas o de cambios en los usos normativos de la tierra (ver el artículo de Maldonado y Smolka, página 15). El mismo principio se establece en el nuevo Estatuto Municipal de Brasil (Ley 10.257 de 2001) cuando la expropiación de la tierra se usa como sanción contra un propietario que no cumple con los usos sociales de la tierra. Muchos abogados están de acuerdo en que las expectativas no crean derechos; por lo tanto, las expectativas no materializadas no deberían ser compensadas. La preocupación social acerca de la adquisición pública de bienes raíces que llevó a la postergación del nuevo megaproyecto propuesto para el aeropuerto de la Ciudad de México ilustra vívidamente este problema.

Es difícil para el típico propietario, que en buena fe compró una parcela de tierra con la expectativa de usar su potencial de desarrollo, entender por qué no debería ser compensado por la pérdida de esa tierra al precio vigente del mercado o al menos al precio de adquisición, aunque los derechos de desarrollo no hayan sido ejercidos. Sin embargo, a menudo el resultado depende del grado en que la nueva política haya sido efectivamente implementada. En la práctica, los precios reflejan las expectativas relacionadas con el cumplimiento (usualmente insatisfactorio) de la legislación existente, incluidas las discrepancias legales o lagunas impositivas en el contexto normativo y fiscal correspondiente. Éste ha sido el caso en la mayoría de las decisiones de la corte referidas a la justa compensación en los procesos de adquisición pública de bienes raíces y en las demandas de los propietarios (o de promotores inmobiliarios) sobre quienes los administradores locales imponen gravámenes de plusvalía. Un argumento más pragmático es que los derechos pueden en efecto estar restringidos por una nueva legislación o normativa de zonificación, siempre y cuando esté acompañada por reglas de transición adecuadas para proteger los derechos de aquellos que tenían demandas legítimas previas. Otros defienden el proceso de transición como un paso indispensable para permitir que el mercado absorba gradualmente tales cambios.

Los economistas luchan para transmitir la importancia de las expectativas al determinar la estructura de los precios actuales observados de los bienes raíces. La manera en que el futuro afecta los precios actuales de los inmuebles es de hecho más difícil de expresar al público en general que la noción de que los precios actuales reflejan derechos, como se hacía en propiedades comparables en el pasado. En América Latina las expectativas asociadas con los usos de la tierra no siempre están relacionadas con los códigos de zonificación o edificación, sino más bien con la especulación inmobiliaria. Sería de interés señalar que mientras la especulación en América Latina está asociada con la retención a largo plazo de los bienes raíces, en América del Norte, en cambio, está más asociada con la rapidez en la compra y venta de las propiedades. El fenómeno de la retención del inmueble para su desarrollo futuro, con la consiguiente apropiación privada de la plusvalía en los valores de los bienes raíces, ha obstaculizado el planeamiento y el desarrollo urbano desde que las ciudades comenzaron a expandirse rápidamente hace varias décadas.

Compensación Asimétrica para las Minusvalías

El debate acerca de la recuperación de plusvalías (es decir, recuperar los incrementos en el valor de los bienes raíces, las ganancias o las plusvalías) hace surgir inevitablemente esta pregunta: ¿qué pasa con las minusvalías? La percepción corriente es que los gobiernos están más ansiosos por aprobar la legislación para recuperar las plusvalías que por brindar protección legal a los ciudadanos contra expropiaciones o compensaciones arbitrarias en los casos de pérdidas igualmente predecibles (minusvalías). El informe de América Latina ha demostrado, sin embargo, que el balance entre las plusvalías recuperadas y las minusvalías pagadas es claramente negativo. La suma pagada en compensación a los propietarios sobrepasa en mucho a las ganancias pequeñas y esporádicas que el sector público ha logrado recuperar de los beneficios directos que genera para las propiedades privadas.

Todos los alquileres, y precios de los bienes raíces en este sentido, no son en esencia más que plusvalías acumuladas, o incrementos en el valor de los bienes raíces, a lo largo del tiempo, lo que hace eco del argumento de Henry George para la confiscación total de los alquileres inmobiliarios. Así, las minusvalías alegadas son consideradas incidentales y sólo parte de un valor con respecto al cual los derechos individuales no son (o no deberían ser) absolutos. El debate acerca de esta asimetría con lleva directamente a la definición correcta de las minusvalías y a la manera en que son entendidas estas pérdidas, lo cual hace surgir la cuestión de los derechos de desarrollo. Mientras que algunos desean restringir la compensación por las mejoras en la tierra y en los inmuebles que el propietario podría perder, otros argumentan que los derechos de desarrollo son un atributo inherente e incuestionable de los bienes raíces.

En la práctica no es fácil justificar estos argumentos. Lo que puede ser válido para la totalidad no lo es necesariamente para cada parte, ya que los propietarios individuales consideran como una pérdida en el valor de los bienes raíces cuando, por ejemplo, una autopista amurallada pasa a través de su terreno o un viaducto bloquea la vista y produce ruido y contaminación. El ciudadano promedio no se convence fácilmente con los argumentos antedichos. El reclamo por un tratamiento equitativo y simétrico es social y culturalmente demasiado delicado como para ser ignorado.

La transferencia de los derechos de desarrollo (TDD) –un instrumento concebido originalmente para compensar las minusvalías provenientes de ordenanzas históricas, arquitectónicas, culturales y de protección del medio ambiente para las plusvalías de otro sector– ahora se ha ampliado para mitigar otros reclamos legítimos de compensación de minusvalías. Algunos argumentan que la compensación ordinaria para las minusvalías es una garantía, lo que hace así más fácil aceptar pagos por pérdidas. Según el principio de la equidad, las decisiones de planeamiento, incluidos los esquemas de zonificación, están reconocidas como potencialmente injustas con respecto a la distribución de los valores en los mercados inmobiliarios. Por más ingenioso que pueda parecer el instrumento de la TDD, no permite aclarar las cuestiones en juego. Por el contrario, acentúa el debate, pues reconoce el derecho de que las minusvalías sean compensadas a la vez que sanciona el derecho de los individuos a las plusvalías, por lo que replantea la cuestión de las apropiaciones privadas de los valores comunitarios.

Comentarios Finales

El complejo debate sobre las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías en América Latina indica que queda mucho por investigar y aprender. Si bien la cuestión no tiene necesariamente una única respuesta, los argumentos presentados aquí demuestran que una parte significativa de la resistencia a tales ideas puede ser atribuida a prejuicios y falta de información. A pesar de que las posiciones mantenidas por los diferentes grupos no son tan claras ni tan coherentes como sería de esperar, las percepciones y las actitudes sí cambian, como lo demuestra el artículo adjunto.

Martim O. Smolka es Senior Fellow y Director del Programa del Instituto Lincoln para América Latina y el Caribe. Fernanda Furtado es Fellow del Instituto y profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Fluminense Federal en Niteroi, Brasil.