Antonio Azuela, fellow del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee títulos de grado en Derecho de la Universidad Iberoamericana (México) y de la Universidad de Warwick (Inglaterra), así como también un doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde finales de la década de 1970, Azuela se ha dedicado a la investigación y la enseñanza del derecho urbano y medioambiental desde una perspectiva sociolegal. Su libro “Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental”, México: UNAM, 2006, es una reconstrucción sociológica de sus experiencias como procurador general en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de México desde 1994 hasta 2000. Recientemente editó el libro “Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas”, publicado por la UNAM y el Lincoln Institute of Land Policy en 2013.

Land Lines: ¿Cómo se involucró usted con el Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: En 1991, conocí a varios funcionarios del Instituto mientras realizaban un viaje de exploración por México. Mantuve el contacto con ellos porque me interesaba el enfoque del Instituto respecto de la política urbana. Mi relación con el Instituto se afianzó en el año 1998 en una reunión que tuvo lugar en El Cairo, organizada por el Grupo Internacional de Investigaciones sobre Derecho y Espacio Urbano (IRGLUS), en la que el Instituto expresó su interés en un enfoque sociolegal de los problemas del suelo urbano. En el año 2000, tuve el honor de que me invitaran a formar parte del directorio del Instituto. Desde entonces, he mantenido un contacto permanente con el equipo y los programas del Instituto Lincoln.

Land Lines: ¿Por qué la adquisición pública de suelo se ha convertido en un problema tan crítico, en especial en América Latina?

Antonio Azuela: La expropiación (es decir, la adquisición obligatoria de suelo por parte del Estado) es un tema muy importante en todo el mundo, ya que es una manera de obtener terrenos para proyectos urbanos públicos. Sin embargo, en América Latina este problema es aún más crítico, debido a la naturaleza débil del Estado en cuanto a los asuntos urbanos. Antes de la transición democrática que experimentó la región, los gobiernos obtenían terrenos fácilmente mediante el uso de mecanismos que se considerarían cuestionables en una democracia. Pero la transición fortaleció al poder judicial, que, por lo general, no es proclive a las intervenciones del gobierno en el mercado. Hoy en día, los propietarios privados tienen cada vez más posibilidades de interferir en la adquisición pública de suelos en la región (con la notable excepción de Colombia, donde una amplia coalición de diferentes profesionales, jueces y organizaciones sociales apoya la doctrina de la función social de la propiedad). Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en la compensación exorbitante que algunos tribunales han otorgado en casos de expropiación de suelo en la ciudad de México y en São Paulo.

Land Lines: ¿Cuáles son los principales puntos en conflicto?

Antonio Azuela: El primero es la adopción de políticas económicas que defienden un rol menor del Estado. El segundo tiene que ver con la condición legal de los derechos de propiedad. Cuando las reformas constitucionales permiten a los jueces limitar la facultad de expropiación, dicha restricción no es necesariamente mala, ya que puede dar como resultado una administración pública de mayor calidad, aunque, a corto plazo, ha interferido en la facultad del gobierno de adquirir terrenos urbanos para proyectos públicos. Existen dos excepciones notables: en Brasil y en Colombia, las reformas constitucionales han establecido políticas urbanas inspiradas en ideas de justicia social, aunque solamente en Colombia existe una nueva generación de jueces que actúan conforme a estos principios. En Brasil, los tribunales se encuentran dominados por la visión liberal clásica de la propiedad privada, lo cual interfiere en la capacidad de implementar la función social de la propiedad, una idea que ha circulado por América Latina durante casi un siglo.

Land Lines: Muchas jurisdicciones prefieren adquirir terrenos en el mercado abierto en lugar de utilizar instrumentos tales como la expropiación.

Antonio Azuela: La expropiación no debería ser la primera opción para adquirir terrenos. El desafío es que el gobierno pueda regular diferentes clases de instrumentos con el fin de lograr un objetivo general: reducir el componente del suelo en el costo total del desarrollo urbano. La utilización de la expropiación debe estar garantizada por un marco legal sólido que establezca un equilibrio adecuado entre el poder del Estado y el poder de los propietarios, y debería representar la última alternativa a la hora de adquirir terrenos para proyectos urbanos públicos.

El gran problema es el costo del suelo, pero los mecanismos de intervención del gobierno pueden inflar los precios. Por ejemplo, si no se espera que el uso de la expropiación aumente el valor del suelo y los jueces determinan que la expropiación es el enfoque adecuado, entonces este instrumento puede tener un impacto positivo en los mercados inmobiliarios. Al menos, podemos esperar que la adquisición de terrenos por parte del gobierno no genere un aumento de precios.

Land Lines: ¿Cuáles son los principales resultados de su investigación en torno a la utilización de la expropiación para el desarrollo urbano en la región?

Antonio Azuela: Aunque existe una tendencia general de fortalecer los derechos de propiedad, que interfiere en la facultad de expropiación, se observan diferentes variaciones en dicha tendencia dependiendo de la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en los gobiernos post autoritarios de la región. El proceso de cambio institucional depende menos de las tendencias mundiales que de las fuerzas nacionales o incluso locales, ya que puede observarse que ciertas ciudades siguen caminos diferentes a otras ciudades de un mismo país. Aun cuando los gobiernos municipales adoptaran la misma estrategia, los tribunales de una región protegerán a los propietarios en mayor medida que los tribunales de otras regiones. El área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, ilustra de qué manera el sistema institucional de la expropiación no es homogéneo, aun dentro de la misma área metropolitana. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas que viven en asentamientos informales (denominados “villas miseria”) han recurrido a los tribunales y han impedido el desalojo. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el clima político es tal que no existe amenaza de desalojo: la expropiación se utiliza con el fin de garantizar a las personas la permanencia en el lugar donde se han asentado.

Otra lección importante que podemos extraer es que, en América Latina, no existe un diálogo auténtico acerca de la importancia de la expropiación o de las diferentes maneras en que los tribunales han abordado los dilemas que la expropiación presenta. Aunque el pensamiento constitucional de la región es muy rico en ideas sobre ciertos problemas legales, tales como los derechos de los aborígenes y de los ancianos, las políticas urbanas (en particular, la expropiación) no han generado debates profundos entre los juristas. Lamentablemente, estos problemas parecen ser considerados como excepciones, a pesar de la enorme cantidad de personas que vive, ya sea sufriendo o disfrutando, en los grandes centros urbanos.

Land Lines: ¿Las compensaciones por expropiación son arbitrarias o injustas? De ser así, ¿para quién?

Antonio Azuela: La compensación inadecuada es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos para el futuro desarrollo de la expropiación como instrumento de política de suelo. En algunos casos, los gobiernos pueden aprovecharse de la impotencia de ciertos grupos sociales y ofrecerles una compensación ridículamente baja por sus tierras o casas. En otros casos, el poder económico y la influencia de ciertos propietarios pueden generar compensaciones exorbitantes. Pero más allá de estos dos casos extremos, en los que el propietario afectado es o muy vulnerable o muy poderoso, resulta difícil discernir una tendencia dominante.

Una respuesta más precisa a su pregunta requeriría un estudio de mercado sobre una gran cantidad de casos de expropiación a fin de determinar si la compensación es alta o baja al compararla con criterios preestablecidos. No obstante, según las investigaciones existentes, los tribunales generalmente no poseen criterios claros o ampliamente compartidos para determinar si las compensaciones son justas. Además, los tribunales carecen de la capacidad de comprender lo que está en juego en un proceso de transformación urbana en el que se utiliza la expropiación. Consideremos, por ejemplo, el caso de una familia prominente de Ecuador que recibió una compensación muy alta por la expropiación de suelo de cultivo que poseía en la periferia de Quito. Lo notable aquí fue que el organismo que falló en este caso fue el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y resulta evidente que este tribunal no estableció criterios claros para determinar la suma de la compensación, sino que simplemente realizó un promedio de las valuaciones presentadas por cada una de las partes. La compensación zen este caso fue la más alta que haya otorgado este tribunal superior, que fue creado con el fin de atender las violaciones a los derechos humanos cometidas por dictadores, aunque terminó beneficiando a los propietarios privados a expensas del interés público. El hecho de que este caso no haya generado un escándalo entre los constitucionalistas de la región indica el grado de marginalización que presentan los problemas legales urbanos en América Latina.

Land Lines: ¿Cuáles son las tendencias que usted ha observado que están cambiando?

Antonio Azuela: Observo con cierto optimismo que muchos tribunales y gobiernos municipales de la región están atravesando un proceso de aprendizaje e intentando no repetir los errores judiciales del pasado. Lamentablemente, estas lecciones raramente trascienden el área local afectada para incorporarse al saber jurídico regional común.

Land Lines: ¿Qué tipo de educación o capacitación recomendaría usted?

Antonio Azuela: Lógicamente, debemos intensificar el intercambio entre las diferentes disciplinas y países y colocar a los tribunales en el centro del debate, ya que estos son los que tomarán las decisiones finales. Sus fallos deberían expresar la mejor síntesis posible de un acervo de conocimientos que debemos construir en torno a la dinámica urbana de la región. En los contactos que hemos tenido con diferentes tribunales, con el apoyo del Instituto Lincoln, descubrimos que, una vez establecido el diálogo, los jueces ven la necesidad de aprender más a fin de comprender los efectos de sus decisiones. En otras palabras, aunque los tribunales parecen no mostrar un gran interés en los problemas urbanos, tal como se demuestra en la actitud rutinaria de sus decisiones diarias, pueden igualmente entrever nuevas perspectivas para su propio desarrollo profesional dentro del contexto de un análisis crítico de problemas urbanos.

Land Lines: ¿Cuáles son los problemas críticos que deben analizarse en mayor profundidad? ¿Qué es lo que aún no sabemos?

Antonio Azuela: Deberíamos intentar comprender la lógica de las decisiones emanadas de los tribunales de la región. Con frecuencia interpretamos de manera simplista las medidas tomadas por los tribunales, ya que los medios de comunicación tienden a amplificar los peores casos. No obstante, muchos jueces se esfuerzan por encontrar la mejor solución posible para cada caso. ¿Y en qué condiciones realizan su labor? Uno de los desafíos que conlleva investigar estos problemas en América Latina es el de comprender el mundo real en el que se toman dichas decisiones, además de los temas de la corrupción y la incompetencia, tan comunes pero siempre relevantes. Debemos analizar los datos estadísticos con el fin de obtener tendencias generales, junto con la aplicación de un enfoque etnográfico sobre el funcionamiento de los tribunales. Sólo entonces seremos capaces de entender qué es lo que debe reformarse para mejorar el rendimiento de los tribunales en los conflictos urbanos. Aunque es muy importante determinar quién resulta favorecido por las decisiones de los tribunales (lo que puede lograrse analizando el contenido de los fallos judiciales), necesitamos comprender mejor las condiciones en las cuales se toman dichas decisiones. Y para ello, debemos acercarnos mucho más a los tribunales.

Antonio Azuela, a fellow of the Institute for Social Research at Mexico’s National University, holds law degrees from the Universidad Iberoamericana (Mexico) and the University of Warwick (England), as well as a Ph.D. in sociology from Mexico’s National University (UNAM). Since the late 1970s, he has been engaged in research and teaching on urban and environmental law from a sociolegal perspective. His book Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental (Visionaries and Pragmatists: A Sociological Approach to Environmental Law), Mexico: UNAM, 2006, is a sociological reconstruction of his experience as General Attorney for the Environment in the Mexican Federal Government, from 1994 to 2000. He has recently edited the book Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas (Expropriations and Social Conflict in Five Latin American Metropolises), published by UNAM and the Lincoln Institute of Land Policy in 2013.

Land Lines: How did you get involved with the Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: In 1991, I met several of the Institute’s officers while they were on an exploratory trip to Mexico. I stayed in touch, because I was interested in the Institute’s approach to urban policy. My relationship grew stronger in 1998 through a meeting in Cairo organized by the International Research Group on Law and Urban Space (IRGLUS), where the Institute expressed interest in a sociolegal approach to urban land problems. In 2000, I was honored with an invitation to join the Institute’s Board of Directors. Since then, I have been in permanent contact with the Lincoln Institute staff and programs.

Land Lines: Why has the public acquisition of land become such a critical issue, particularly in Latin America?

Antonio Azuela: Expropriation, also known as eminent domain (i.e., the compulsory acquisition of land by the state) is an important subject all over the world, because it is a way of procuring land for public urban projects. But in Latin America it is even more critical, due to the weak nature of the state regarding urban matters. Before the democratic transition in the region, it was easier for governments to procure land using mechanisms that would be questionable in a democracy. But the transition has strengthened the judicial branch, which is generally unsympathetic to government interventions in the marketplace. Now, it’s increasingly possible for private owners to interfere with the public acquisition of land in the region (with the notable exception of Colombia, where a wide-ranging coalition of professionals, judges, and social organizations supports the doctrine of the social function of property). This trend can be seen, for example, in the exorbitant compensation that some courts have granted for land expropriations in Mexico City and São Paulo.

Land Lines: What are the main watershed issues?

Antonio Azuela: The first is the adoption of economic policies that advocate a lesser role for the state. The second pertains to the legal status of property rights. When constitutional reforms empower judges to limit the power of eminent domain, this restriction is not necessarily bad, because it can lead to higher quality public administration, but in the short term it has interfered with government power to purchase urban land for public projects. There are two notable exceptions: In Brazil and Colombia, constitutional reforms have established urban policies inspired by ideas of social justice—though only in Colombia do we find a new generation of judges who act in accordance with these principles. In Brazil, the courts are dominated by the classic liberal view of private property, which interferes with the ability to implement the social function of property—an idea that has been circulating in Latin America for almost a century.

Land Lines: Many jurisdictions prefer to acquire land in the open market instead of using instruments such as eminent domain.

Antonio Azuela: Eminent domain should not be the first option for acquiring land. The challenge is for governments to regulate a variety of instruments in order to achieve a general goal, which is to reduce the land component of the total cost of urban development. The use of eminent domain must be guaranteed by a strong legal framework that can establish an adequate balance between the power of the state and the power of the landowners, and it should be the last option when acquiring land for public urban projects.

The big problem is the cost of land, but the mechanisms of government intervention can inflate prices. For example, if the use of eminent domain is not expected to increase land value, and the judges determine it’s the right approach, it can have a positive impact on land markets. At the very least, we can expect from governments that their acquisition of land does not raise prices.

Land Lines: What are the main outcomes of your research on the use of eminent domain for urban development in the region?

Antonio Azuela: While there is a general trend to strengthen property rights, which interferes with the power of eminent domain, this trend shows several variations, depending on the relationship between the judicial and executive branches in the post-authoritarian governments of the region. The process of institutional change depends less on global trends than on domestic and even local forces, as certain cities follow different paths from others in the same country. Even if all local governments were to adopt the same strategy, the courts in one region will protect landowners more than the courts in other regions. The metropolitan area of Buenos Aires, for example, illustrates how the institutional system of eminent domain is not homogeneous, even within the same metropolitan area. In the Autonomous City of Buenos Aires, for example, people who live in informal settlements (villas miseria) have gone to court and prevented evictions. In the Province of Buenos Aires, however, the political climate is such that there is no threat of eviction; eminent domain is used to ensure that settlers can remain where they are.

Another important lesson is that there is no authentic dialog in Latin America on the significance of eminent domain or on the various ways the courts have tackled the dilemmas it presents. While the constitutional thinking in the region is very rich in ideas about certain legal issues, such as the rights of indigenous people and the elderly, urban policies—in particular, eminent domain—have not triggered deep discussions among legal scholars. Unfortunately, these issues seem to be viewed as exceptions, despite the enormous number of people who live (suffering or enjoying) in large urban centers.

Land Lines: Are eminent domain compensations arbitrary or unfair? If so, for whom?

Antonio Azuela: Inadequate compensation is, no doubt, one of the great challenges for the future development of eminent domain as a land policy instrument. In some cases, governments may take advantage of the powerlessness of certain social groups and offer them ridiculously low compensation for their land or homes. In other cases, however, the landowner’s economic power and influence can result in exorbitant compensations. Beyond these two extremes, in which the affected landowner is either very vulnerable or very powerful, it is difficult to discern a dominant trend.

A precise answer to your question would require a market study of a large number of eminent domain cases in order to determine if the compensation is high or low when compared to preestablished criteria. The existing research has shown, however, that in general the courts do not possess clear and widely shared criteria for determining whether compensations are fair. Moreover, courts lack the capacity to understand what is at stake during the process of urban transformation in which eminent domain is used. Consider, for instance, the case of a prominent family from Ecuador that received a very high compensation for the expropriation of agricultural land on the periphery of Quito. What is remarkable is that this case was decided by the Inter-American Court of Human Rights, and it was obvious that the court did not establish clear criteria to determine the amount of compensation; it simply averaged the assessments submitted by the different parties. The compensation was the highest ever awarded by this high court, which was created to address violations of human rights committed by dictatorships yet ended up benefiting private property owners at the expense of the public interest. The fact that this case did not create a scandal among constitutionalists in the region indicates how marginalized urban legal issues are in Latin America.

Land Lines: What are some changing trends you have observed?

Antonio Azuela: I observe, with some optimism, that many courts and local governments in the region are undergoing a learning process, trying not to repeat prior judicial mistakes. Unfortunately, these lessons rarely transcend the affected local area and become incorporated into the common regional juridical knowledge.

Land Lines: What sort of education or training would you recommend?

Antonio Azuela: Logically, we need to intensify exchanges among different disciplines and countries, placing the courts at the center of the discussion, as they will make the final decisions. These decisions should express the best possible synthesis of a body of knowledge that we need to build around the urban dynamics of the region. In the contact we have had with the courts, with the support of the Lincoln Institute, we have found that once a dialog is established, judges understand the need to learn more in order to grasp the effects of their decisions. In other words, while the courts do not seem to show a great interest in urban problems, as evidenced by the routine attitude shown in their day-to-day decisions, they can see new perspectives for their own professional development in the context of a critical analysis of urban issues.

Land Lines: What are the critical issues that need to be investigated more deeply? What is it that we do not yet know?

Antonio Azuela: We should try to understand the logic of court decisions in the region. We frequently make a simplistic interpretation of the actions taken by the courts, because the media tend to amplify the worst cases. However, many judges make an effort to find the best possible solution to each case. Under what conditions do they operate? One of the challenges of investigating these issues in Latin America is to understand the real world in which these decisions are made, apart from the common but always relevant themes of corruption and incompetence. We need to analyze statistical information to observe general trends, combined with an ethnographic approach to the functioning of the courts. Only then will we be able to understand what needs to be reformed in order to improve the court performance in urban conflicts. While it is important to ascertain who is being favored by the court decisions—which can be done by analyzing the contents of judicial decisions—we need better understanding of the conditions under which these decisions are made. In order to do that, we need to get closer to the courts themselves.