Amedida que las ciudades costeras continúan enfrentando las amenazas de un clima cada vez más volátil, las marejadas y el ascenso del nivel del mar, todas las cuales están relacionadas con el cambio climático y pueden llegar a ser muy costosas, desarrollar un mayor nivel de resiliencia se está convirtiendo en una prioridad principal de planificación. Sin embargo, la resiliencia posee varias dimensiones: no sólo significa construir cosas tales como compuertas contra inundaciones y estructuras más sólidas, sino también conservar libres de desarrollos sistemas naturales como los pantanos, y, en muchos casos, tomar la decisión de no construir nuevamente en los lugares más vulnerables. Y aquí yace un problema complejo y en continua evolución que afecta los derechos de propiedad privada.

Al menos desde los albores del siglo XX, la Corte Suprema ha estado lidiando con una pregunta básica: ¿cuándo la regulación del uso del suelo constituye una expropiación que requiere pagar una compensación a los propietarios, según la 5º enmienda de la Constitución de los EE.UU. (“…la propiedad privada no podrá ser objeto de expropiación para uso público sin la debida compensación”)? Desde los casos Pennsylvania Coal contra Mahon, 260 U.S. 393 (1922) y Euclid contra Amber Realty, 272 U.S. 365 (1926), la esencia de los fallos ha sido que el gobierno posee una libertad de acción considerable a la hora de ejercer su facultad de regular el uso del suelo. En el caso Kelo contra City of New London, 545 U.S. 469 (2005), el tribunal supremo afirmó la facultad que posee el estado de utilizar la expropiación a los fines del desarrollo económico en el siglo XXI.

No obstante, en junio de 2013, una decisión en cuanto a un proyecto de desarrollo en Florida pareció indicar un cambio sutil en otro sentido. En el caso Koontz contra St. Johns River Water Management District, los jueces fallaron 5 a 4 que el gobierno presentaba un celo excesivo al imponer requisitos de mitigación a los desarrolladores como condición para obtener permisos de construcción. Coy Koontz, padre, cuya intención había sido construir un pequeño centro comercial en su propiedad, objetó las demandas de un distrito de administración del agua de Florida, según las cuales debía pagar por la restauración de los pantanos que se encontraban fuera del sitio con el fin de compensar por el daño ambiental causado por la construcción. Koontz citó dos casos, Nollan contra California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987) y Dolan contra City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994), con el fin de sustentar su aseveración de que los requisitos constituían una expropiación por exceder una “proporción aproximada” entre dichos requisitos y los alcances de los daños causados por el desarrollo. En el año 2011, la Corte Suprema de Florida rechazó el argumento de Koontz, pero en junio de este año el tribunal supremo falló que los requisitos de mitigación impuestos al constructor eran excesivos.

Este fallo alarmó a algunos ambientalistas y grupos, como la American Planning Association, quienes temieron que se establecieran nuevos límites a la facultad del gobierno de controlar el desarrollo e imponer requisitos para restaurar y conservar áreas naturales. Este motivo de preocupación se extendió hacia las regiones metropolitanas costeras que se estaban preparando para los impactos del cambio climático; un ejemplo de esto es la Ciudad de Nueva York que, en el mes de mayo, propuso un plan modelo de 20 mil millones de dólares consistente en una combinación de estrategias para vivir con el agua y mantenerla alejada. Los expertos en derechos de propiedad especularon que los desarrolladores podrían citar el caso Koontz como justificación para negarse a pagar un fondo para dichas iniciativas.

A un nivel más amplio, la pregunta permanece en pie: después de una situación como la del huracán Sandy, ¿tiene el gobierno derecho de prohibir la recon-strucción o de modificar las regulaciones con el fin de evitar nuevas construcciones? La respuesta legal es, básicamente, “sí”, según Jerold Kayden, abogado y profesor en la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard, quien participó en el Foro de periodistas sobre el suelo y el entorno construido llevado a cabo por el Instituto Lincoln el pasado abril.

Especialmente a raíz de la mayor disponibilidad de datos sobre el ascenso del nivel del mar y las marejadas que se tiene hoy en día, el gobierno tiene el derecho legal de evitar que los propietarios construyan en lotes vacantes expuestos a las inundaciones y al ascenso del nivel del mar o que reconstruyan una vivienda que fue destruida. Sin embargo, según Kayden, “desde el punto de vista político, esta es otra historia”.

Nueva York y Nueva Jersey representaron dos enfoques muy diferentes en cuanto a la reconstrucción que tuvo lugar con posterioridad al huracán Sandy. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, abogaron por una serie de normas destinadas tanto a la reconstrucción como a una “retirada estratégica”, mientras que el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se enfocó en la asignación de fondos destinados a los residentes para que éstos pudieran reconstruir en las parcelas afectadas por la tormenta, aun cuando dichas propiedades permanecieran dentro de la zona de riesgo.

Por otro lado, la ciudad de Boston ha comenzado a requerir a los desarrolladores de zonas costeras que se preparen ante la posibilidad de ascensos del nivel del mar y marejadas, mediante la reubicación de las maquinarias que guardan en los sótanos a pisos más elevados, entre otros requisitos. A medida que el caso Koontz despeja el camino hacia un escrutinio más rígido de las medidas impuestas por el gobierno municipal como condición para la construcción, los desarrolladores podrían demandar al gobierno por estos costosos requisitos relacionados con el clima, argumentando que dichos requisitos son demasiado onerosos y podrían constituir una expropiación reguladora.

Aunque las demandas por derechos de propiedad relacionadas con la reconstrucción y las restricciones sobre nuevas construcciones en áreas costeras indudablemente continuarán proliferando, Pratap Talwar, director de Thompson Design Group, presentó una alternativa para la planificación a largo plazo que podría evitar que surgieran dichos conflictos. Talwar detalló ante un grupo de periodistas el caso de estudio de Long Branch, Nueva Jersey, una ciudad que, hace varios años, se replanteó su proceso de planificación con el fin de incluir normas más rígidas y a la vez un proceso más rápido para el desarrollo que estuviera de acuerdo con las pautas. Según Talwar, Long Branch fue la única milla de la costa de Nueva Jersey que soportó las inclemencias del huracán Sandy de forma relativamente intacta.

Foro de periodistas sobre el suelo y el entorno construido: La ciudad resiliente

Treinta y cinco escritores y editores de primera línea que cubren noticias sobre problemas urbanos asistieron al 6º Foro de Periodistas sobre el Suelo y el Entorno Construido, llevado a cabo el 20 de abril de 2013 en el Lincoln House. El tema del foro fue “La ciudad resiliente” y abarcó desde los municipios costeros que se preparan para el ascenso del nivel del mar y las marejadas hasta las ciudades tradicionales que intentan evolucionar a pesar de la reducción de sus poblaciones y de su actividad comercial.

Kai-Uwe Bergmann, director de Bjarke Ingels Group, abrió el foro dando un panorama general sobre las innovaciones en diseño urbano que maximizan la eficiencia en el suelo, la vivienda y los proyectos de infraestructura de gran envergadura. Johanna Greenbaum, de Kushner Companies, quien ayudó a poner en funcionamiento la iniciativa de microviviendas del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, dio detalles sobre dicho proyecto y otros de similares características en diferentes lugares del país destinados a personas solteras y parejas que pueden vivir en espacios de 28 metros cuadrados.

Alan Mallach, coautor del informe sobre enfoque en políticas de suelo del Instituto Lincoln titulado Regeneración de las ciudades históricas de los Estados Unidos, observó señales de resurgimiento en lugares tales como el Central West End (St. Louis) o el barrio Over-the-Rhine (Cincinnati), a la vez que reconoció los desafíos que en-frentan Camden, Nueva Jersey, Flint y Detroit, Michigan y Youngstown, Ohio. Antoine Belaieff, director de innovaciones en MetroLinx, dio detalles sobre el uso de las redes sociales para obtener la opinión de los ciudadanos con respecto a una inversión de 16 mil millones de dólares en infraestructura de transporte resiliente dentro del área de Toronto.

John Macomber, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard, dirigió una sesión sobre la ciudad global, en la que reconoció que existen cientos de millones de personas que continúan migrando de áreas rurales a urbanas, lo que requiere una planificación a gran escala para la infraestructura. Martim Smolka, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln, lamentó los desplazamientos generalizados que están teniendo lugar a causa de los preparativos para la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos que se disputarán en Río de Janeiro. Bing Wang, de la Facultad de Diseño de Harvard, observó que 11 ciudades en China tienen una población de más de 10 millones de habitantes y, aún así, esta nación en rápido crecimiento sólo ha logrado la mitad de la urbanización esperada.

John Werner, director de movilización en Citizens Schools, explicó la manera en que los sistemas escolares urbanos pueden encender pasión entre los estudiantes trayendo desde fuera a distintos profesionales para que actúen como maestros y mentores. Gordon Feller, de Cisco Systems, imaginó un mundo completamente conectado y una Internet para todo. Se sumó Dan Keeting, periodista de investigación del Washington Post, quien compartió sus experiencias al extraer datos de diferentes niveles del gobierno.

El foro se vio obligado a abreviarse debido a la búsqueda de las personas que pusieron las bombas en el Maratón de Boston en el área de Cambridge-Watertown; sin embargo este evento dio pie a un diálogo acerca de la solicitud de procedimientos de “refugio en el lugar”, presentada por el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, la seguridad y el espacio público, y otros tipos de resiliencia en el área de Boston. Varios participantes escribieron sobre estos eventos, como Emily Badger (The Atlantic Cities), Donald Luzzatto (Virginian Pilot) e Inga Saffron (The Philadelphia Inquirer).

La reunión de periodistas cada abril es una asociación entre el Instituto Lincoln, la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y la Fundación Nieman para el Periodismo de la misma universidad. La misión de esta actividad es reunir a periodistas a fin de compartir ideas y aprender acerca de las últimas tendencias relativas a la cobertura de noticias sobre ciudades, arquitectura y planificación urbana. — AF

Hace cinco años, Mandy Pumilia, residente de Nueva Orleáns, estaba preocupada por la gran cantidad de estructuras aparentemente deterioradas que existían en su barrio, conocido como Bywater, donde actualmente se desempeña como vicepresidente de la asociación de vecinos. A pesar de todos los esfuerzos realizados con posterioridad a la catástrofe de Katrina, resultaba muy difícil identificar y rastrear las propiedades que verdaderamente presentaban problemas y, además, Pumilia no tenía acceso a los datos municipales que podrían haberle sido de utilidad. En lugar de ello, elaboró su propia planilla de cálculo en Google y la llenó con los resultados de su propia investigación y trabajo de campo. Según recuerda, “fue un proceso arduo”. Y a pesar de sus conocimientos tecnológicos y su determinación, esta tarea sólo fue una solución limitada: no resultaba fácil compartir la información más allá de las personas que ella conocía directamente y, además, estar al día de las audiencias municipales relacionadas con temas de la propiedad era una tarea enorme.

A partir de entonces, la aplicación web BlightStatus (blightstatus.nola.gov) –que se traduciría como “status de deterioro”– se ha convertido en una nueva y valiosa herramienta a la hora de tomar medidas de recuperación en su barrio. Creada en el año 2012 por Code for America, una organización sin fines de lucro especializada en proyectos de código abierto dirigidos al gobierno municipal, BlightStatus facilita a ciudadanos como Pumilia el acceso a datos sobre propiedades, permitiéndoles participar de manera más estrecha en la gestión del deterioro y otros desafíos de planificación. Esta iniciativa llamó la atención de otras ciudades, lo que generó una iniciativa derivada, denominada Civic Insight, que actualmente despliega su tecnología en Dallas, Atlanta, Palo Alto, Sacramento y otros lugares.

En Nueva Orleáns, BlightStatus reúne información sobre inspecciones, quejas relativas a las normas, audiencias, juicios, ejecuciones hipotecarias, etc. Por lo general, estos datos se encuentran encriptados o resulta muy difícil acceder a los mismos; sin embargo, esta aplicación reúne y actualiza la mayoría de los datos a diario. Los usuarios pueden buscar por dirección o utilizar un mapa interactivo para buscar a nivel de barrio o de ciudad. Un aspecto particularmente útil es la función “lista de observación”, que permite a un usuario como Pumilia mantener pestañas abiertas relacionadas con ciertas propiedades específicas y oportunamente envía alertas sobre audiencias o cualquier otra novedad. Pumilia agrega: “Además, me facilita empoderar a otros residentes, por lo que no soy la única persona que posee esta información”.

Cuando otras ciudades conocieron el uso extensivo que Nueva Orleáns hacía de esta aplicación y, como consecuencia, expresaron su interés en disponer de una herramienta similar, Code for America adaptó la tecnología para que pudiera funcionar en cualquier lugar. Tal como lo expresa Eddie Tejeda, uno de los creadores de BlightStatus: “Parecía que habíamos tocado una fibra sensible”. Los aspectos específicos variaban de un lugar a otro, pero la lucha para obtener datos inmobiliarios oficiales era, claramente, una frustración común a todos. Mucha gente quiere información sobre edificios y propiedades, pero lo único que suele estar disponible, según Tejeda, “es realmente muy difícil de utilizar”, ya que profundizar en estos datos requiere conocimientos y experiencia.

Con una inversión de la Fundación Knight, el grupo creó Civic Insight en el año 2013, utilizando el trabajo que habían realizado en Nueva Orleáns como un modelo que pudiera adaptarse a otras ciudades, ya fueran más grandes o más pequeñas, con diferentes necesidades y conjuntos de datos (las cuotas de configuración y suscripción anual varían según la población: aproximadamente de US$1.000 a US$10.000 para la tarifa básica, más un monto de entre 20 y 70 centavos de dólar per cápita). Entre los nuevos clientes, Dallas está resultando ser un caso de estudio particularmente importante. Esta metrópoli en franco crecimiento, que presenta una gran variedad de barrios muy diferentes entre sí –desde los caros y prósperos hasta aquellos con graves problemas económicos–, demuestra que esta estrategia de tecnología de datos de código abierto no sólo sirve en casos selectivos como el de Nueva Orleáns después del huracán Katrina.

La conexión se dio a través de la organización Hábitat para la Humanidad. La delegación que esta entidad sin fines de lucro tiene en Nueva Orleáns ha sido un usuario entusiasta de la aplicación BlightStatus. Los miembros de esta organización hicieron correr la voz a sus colegas en Dallas, ciudad que ha estado luchando por lograr estrategias para utilizar datos con el fin de definir, rastrear y abordar el problema del deterioro y otras cuestiones, como la identificación de propietarios problemáticos. La versión de Blight-Status para Dallas, cuyo lanzamiento fue a finales del año 2014 con datos similares a la información recabada en Nueva Orleáns, incorporará estadísticas adicionales relativas a delincuencia y tributación, ya que los residentes desean acceder a estos datos más fácilmente, como afirma Theresa O’Donnell, directora de planificación municipal que habló sobre la aplicación en la conferencia de Directores de Planificación de Grandes Ciudades organizada por el Instituto Lincoln en Cambridge en octubre de 2014. Según O’Donnell, “a medida que estos programas se configuren y se comiencen a utilizar, podremos contar cada vez más con los ciudadanos para que nos hagan saber si [las medidas que tomamos contra el deterioro] están funcionando o no”.

Atlanta y Sacramento están poniendo en funcionamiento sus propios programas para poder utilizar la aplicación este año, y Civic Insight está tomando medidas para que pueda utilizarse muy pronto en Fort Worth, Texas, y otros lugares. Los objetivos de los clientes no se limitan a los problemas relacionados con el deterioro, según destaca Tejeda, que actualmente se desempeña como director ejecutivo de Civic Insight: en Palo Alto, donde la zonificación, el desarrollo y la construcción son temas candentes, tanto arquitectos como propietarios utilizan la aplicación para mantenerse al día en los procesos de obtención de permisos. Esta flexibilidad es deliberada. Tal como explica Tejeda, “podemos cartografiar con relativa rapidez [datos sin procesar] en nuestra aplicación. El papel que desempeñamos es el de un traductor que interpreta lo que tiene la ciudad y las necesidades de la comunidad” (la aplicación está diseñada también para recibir nuevos conjuntos de datos, y no es de sorprender que ciudadanos activos de Nueva Orleáns, como Pumilia, tengan muchísimas sugerencias que Civic Insight está tratando de incorporar).

Los conjuntos de datos integrales y otras herramientas digitales han servido de guía a los planificadores y otros funcionarios municipales durante años, pero Civic Insight está ahora pensando en dar el siguiente paso lógico. Según Peter Pollock, fellow del Instituto Lincoln y exdirector de planificación de Boulder, Colorado, “tenemos la gran oportunidad de aprovechar estos datos –que, para muchas ciudades, son datos ocultos– y sacarlos a la luz”, de manera que resulten útiles tanto para los ciudadanos como para los planificadores.

Este nivel de accesibilidad es muy importante, ya que los gestores de políticas deben “coproducir la buena ciudad” junto con los residentes, tal como lo expresa Pollock, quien continúa: “Los planificadores tienen la tarea de aprovechar la energía de la comunidad y encauzarla hacia una visión para el futuro”. Esto implica aspectos tales como la zonificación y la obtención de permisos, pero también los referentes al mantenimiento y el cumplimiento de normas. Pollock concluye: “No se trata sólo de construir la ciudad, sino de cuidar y alimentar a la ciudad a lo largo del tiempo”.

Aun así, la propuesta de Civic Insight puede parecer confusa al principio: ¿Cómo se beneficia una ciudad al esperar que los ciudadanos analicen cuidadosamente la información que ya posee? Sin embargo, esa es la cuestión. Poner los datos a disposición de las personas que realmente conocen los barrios donde viven y trabajan equivale a una especie de estrategia de crowdsourcing –o externalización distribuida– para el mantenimiento de la ciudad en lo relativo a la planificación.

Si no, preguntémosle a Pumilia. Esta es la esencia de lo que ella trataba de hacer en Nueva Orleáns hace unos pocos años con su planilla de cálculo casera y muchísimo coraje. Ahora puede monitorear su barrio más fácilmente, y puede además recomendar BlightStatus a otras personas para que puedan también obtener rápidamente la información que necesitan y presionar al municipio para que tome medidas respecto a las propiedades problemáticas.

Mientras hablamos, Pumilia busca unos datos y nos cuenta la historia de una dirección en particular: “Sobre esta propiedad pesan no una, dos, tres, ni cuatro causas, sino ¡cinco!”. En pocas palabras, Pumilia acaba de improvisar un expediente listo para usar sobre el abandono de la propiedad, que ayudó a persuadir a los funcionarios públicos a iniciar un proceso que debería desembocar en la subasta pública de la propiedad.

A veces, Pumilia dice, riendo: “Se necesita la acción de los ciudadanos para animar a la gente a realizar su trabajo”.

Rob Walker (robwalker.net) colabora con Yahoo Tech, Design Observer y The New York Times.

The introduction of land titling programs to the informal land market seemed to offer a magic solution to the problem of poverty in third world countries. Various governments breathed a sigh of relief, as the struggle to reduce poverty would no longer require the complex and stressful income redistribution measures that always cause conflicts between social groups and classes. According to this magic formula, all that was required was for informal urban dwellers (about 50 percent of the population in the major cities) to formally register their properties and thus gain access to title deeds, so they could obtain mortgage loans from private banks. Their titles and newfound access to loans would enable them to increase their real estate capital, improve their homes and develop small businesses (de Soto 1986; 2001).

To put this hypothesis to the test, and at the request of Perú’s National Institute of Statistics and Data Processing (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática–INEI), I conducted a study of the official real estate registration policy under which more than one million title deeds were conferred in Perú between 1996 and 2000. This policy was implemented by the Commission for the Official Registration of Informal Property (COFOPRI) and the Real Estate Registry of Urban Settlements (RPU). As stated in Perú’s Law Decree 803 of March 1996, the purpose of this policy was to establish a formal relationship between the distribution of land titles, access to formal credit mechanisms and better standards of living. Based on information provided by National Household Surveys (ENAHO) for 1998 and 1999, conducted by INEI, my study analyzed data on housing that either was acquired through invasions or other illegal means and did not have property titles or had obtained titles from COFOPRI through the regularization process. The data base consisted of 913,335 units in 1998 and 1,033,480 in 1999, out of a total of 3,572,091 urban housing units for both years. The financing obtained for housing expansion and other domestic expenses was used as an indicator to determine the access to credit, whereas the structure of the dwelling and the supply of basic services were used to determine standards of living.

Those who advocate the regularization of property in Perú argue that property titles should be granted on a large scale by recognizing informal occupation (that is, legalizing land ownership), awarding registered land title deeds, and thus establishing the links needed to gain access to formal credit mechanisms. Official registration is the legal procedure whereby actual rights to a property result in legal ownership. A particular characteristic of this procedure is the firm resolve to establish connections between the legalization of land and property and the access to mortgages through the private banks. As described by the Path to Property Association, an organization dedicated to promoting these policies worldwide, the basic philosophy behind the formal registration process is that prosperity in countries with market economies is largely achieved because those societies have adequate property systems that enable their markets to operate through exchangeable ownership rights in a wide-ranging market.

To grant landowners indisputable proof of ownership and protect them from fraud and uncertainty ownership rights must be standardized, and universally accessible exchange instruments must be registered in a central government system by legal norms and regulation. Consequently, through the official registration of property, the “energy” of the informal sector can be channeled toward organized and prosperous market economies. From this perspective, informality is merely the inability of governments to make their laws coincide with the real circumstances under which people work and live. Nevertheless, this viewpoint fails to reduce a complex phenomenon to its legal dimension and neglects its economic aspects.

Land Titling Policy and Outcomes

To speed up the distribution of land titles and to avoid troublesome formalities, COFOPRI took over this responsibility from the municipalities. The World Bank supported this policy, granting COFOPRI a US$38 million loan in December 1998. Between 1996 and 2000, 1,134,000 duly registered land title deeds were awarded: 645,165 of them in Lima, 112,631 in Arequipa and 74,180 in Trujillo (the first, second and third largest cities in Perú, respectively). In terms of the distribution and registration of land titles, the success of the formal registration policy is undeniable. However, the fact that municipalities were removed from the process is questionable, since their legal role in the urban system was undermined.

A close connection between the official registration of property and the standard of living was observed in Lima after the policy was implemented. Between 1998 and 1999, regularized (formerly illegal or informal) housing in the capital city showed improved construction of walls, floors and roofing; however, the nonregularized housing units also had improved construction of walls and floors. In the rest of the country, informal housing in urban areas predominates over regularized housing.

While regularized housing units outside Lima increased from 17,929 to 48,869 between 1998 and 1999, the number of units still without property titles increased from 371,005 to 392,436, indicating the persistence of invasion mechanisms. The gaps between different types of improvements on regularized and informal houses outside Lima increased between 1998 and 1999 for most categories (see Table 1).

Looking at the relationship between official land titles and access to credit, the study found that of the 70,725 houses in Lima awarded land title deeds by COFOPRI in 1998, about 23,965 (34 percent) of those homeowners gained access to varied types of financing, such as loans from banks, lending agencies or family members, to improve or renovate their homes. In 1999, the owners of about 23,804 (18.3 percent) out of a total of 129,588 titled houses obtained such financing. Although there is no official information on how many homeowners applied for credit and were denied, this result proves that officially registered households that gain access to loans are a minority and, in fact, the number has decreased. This situation is explained by complex factors including the economic recession, the default rate of 10 percent on private bank loans, fear of giving loans to lower-income sectors, and fear among these residents of mortgaging their houses and land.

Similarly, the number of bank loans to already titled landowners in Lima decreased from 12,750 in 1998 to 8,993 in 1999. In contrast, the use of own resources to finance housing improvements rose from 12,282 in 1998 to 14,811 in 1999. Not only is a larger majority spending their own funds on housing, but they are facing more difficulties in gaining access to credit institutions, despite the formal registration of their properties. A study by COFOPRI-DESCO (Riofrío 2001) identified several characteristics of those who are willing to take mortgages:

• Stable nuclear families;
• Both husband and wife are wage-earners;
• Entrepreneurial mentality and willingness to take risks;
• Have self-owned businesses (microbusinesses, taxis, etc.); and
• Have information on the use of the Urban Land Registry.

Of the 12,750 households officially registered and regularized in Lima in 1998 that also received bank loans for renovations and improvements, 52.6 percent obtained their loans from the Banco de Materiales and 47.4 percent from the National Construction Company (ENACE). In 1999, 8,993 officially registered and regularized households received loans for renovations and improvements, 7,593, or 84.43 percent from the Banco de Materiales and 15.57 percent from the ENACE. Since these are both public entities that grant subsidized loans (at the same annual interest rate of 7 percent), there is no connection between the official registration of property through regularization programs and access to loans from private banks.

With respect to seeking financing for other kinds of household expenses, only 11,323 (8.7 percent) out of a total of 129,588 households registered in Lima in 1999 resorted to any kind of financial assistance. Since no public entity provides loans for these expenses, most households receive money from friends and relatives (47 percent) or other sources such as lending agencies (25 percent). Only 28 percent of these 11,323 registered households gained access to loans from private banks for household needs.

In other urban areas, the situation of officially registered households is different from Lima’s experience. In 1998, the use of the households’ own funds for housing improvements predominated over bank loans (78.7 percent compared with 21.2 percent), whereas in 1999 bank loans predominated over own funds (51.3 percent compared with 42.9 percent). In 1998, all of the loans were public loans granted by Banco de Materiales, and 93 percent were from that source in 1999. With respect to loans for other household expenses, 6,163 (13 percent) of the total of 47,302 households officially registered during 1999 received some financing. Of this small group, 45 percent received financial assistance from lending agencies and other sources, 34 percent from friends and relatives, and 21 percent from their employers or work centers. None of them obtained funds from private banks.

Conclusions

The study yielded the following conclusions with regard to the relationship between official registration of titles and access to credit:

• In general, and despite the increase in the number of properties regularized between 1998 and 1999, access to loans decreased during that period, coinciding with the economic recession and related problems affecting private banks.
• The use of personal resources predominates over bank loans as a source of funds for the expansion of both regularized and informal housing. Loans for other household expenses are obtained mainly from relatives and friends, followed by private banks and informal lending systems. Lower-income families primarily use their own funds or those of social networks for improvements to both regularized and informal housing; resources from formal public or private institutions are secondary.
• Surprisingly, informal households gain more access to loans from private banks than do regularized households. For example, in 1999, 100 percent of loans for improvements to housing units regularized by COFOPRI in Lima were public loans, thus none received private loans, whereas 28 percent of nonregularized housing units did obtain private loans. This suggests that the eligibility criteria used by private banks is based on job stability and fixed monthly income, rather than on land tenancy. The information obtained from ENAHO shows that in 1998, 25 percent of families living in informal dwellings earned about US$747.50 per month. This is the equivalent of “6 to 7 minimum monthly wages,” a frequently used measure for salaries for lower-income sectors in Latin American countries. In contrast, only 12 percent of families living in officially registered properties regularized by COFOPRI earned a comparable salary. This paradoxical situation, whereby title holders do not have access to private banks, while those without titles have higher incomes and better access to loans, may be explained by the fact that COFOPRI, seeking to grant a large number of titles quickly and to create political impact, concentrated its efforts in newer, fragmented neighborhoods where it was easier to identify the landowners. In contrast, COFOPRI tended to ignore older and more close-knit neighborhoods where it was harder to identify the owners due to the presence of multiple generations living under the same roof.
• In the case of both regularized and informal properties, the main sources of loans were public entities that grant subsidized loans (i.e., Banco de Materiales).

>

Thus, there is no direct relationship between the number of title deeds handed over to informal dwellers and their subsequent access to loans from private banks. This conclusion was confirmed when the transition government that succeeded former President Fujimori (1990-2000) revealed in 2001 that only 12,388 mortgages had been recorded in the RPU throughout the country, which is equivalent to only 5 percent of potential beneficiaries. Although registration facilities may be useful, they are certainly not sufficient to increase access to credit. Effective policies require an in-depth study of a number of different factors, including:

• The policies on which private bank loans are based. Discriminatory policies (redlining, etc.) are prevalent in Latin America, as in the U.S.
• The popular credit culture, particularly as regards poor people’s fear of losing their property (which is virtually their only asset), as well as the lack of understanding of concepts of property titles, credit and even banks. It’s important to study the patterns of cultural inertia that are put to the test by this type of policies and consider the opportunities for education that could facilitate these processes.
• The reluctance of people to register their properties and use the registries. The intention of this article, and the research behind it, is not to minimize the importance of policies aimed at facilitating access to credit by the poor by means of regularization programs. On the contrary, such policies are important and should be stimulated, although we would not suggest urban poverty can be resolved exclusively through this means. For the system to improve, it is essential to have a better understanding of the credit system and the popular credit culture, as well as to develop financial assistance programs that address the current resistance to the use of mortgages by both the poor and the banking sector.

Julio Calderón Cockburn is a sociologist and a Ph.D. candidate at the University of San Marcos in Lima, Perú. He has written many books and articles published in the Americas and Europe, and he currently works as an independent consultant and university professor. He is a faculty associate of the Lincoln Institute, which supported the study reported here and other research and teaching projects in the past. Several of his written works are available on the Lincoln Institute website in the Latin America section under LAC Papers (www.lincolninst.edu).

References

Calderón Cockburn, Julio A. 2001. Comparative analysis of the benefited and non-benefited population by the national formalization plan. In Has the well-being of the population improved?: A balance of the main social policies and programs. Lima: National Institute of Statistics and Data Processing (INEI): 65-92. de Soto, Hernando. 1986. The Other Path. London: I.B. Tauris & Co. Ltd.

_____. 2002. The Mystery of Capital. London: Bantam Press.

Fernandes, Edesio. 2002. The influence of de Soto’s The Mystery of Capital. Land Lines 14 (1): 5–8.

Riofrío, G., J. Calderón y M. Zolezzi. 2001. Estudio sobre cultura registral. Lima: COFOPRI-DESCO. Agosto.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 5 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Pocos países de América Latina (o del resto del mundo) se han atrevido a poner en práctica reformas tan radicales de la política de tierras urbanas como lo ha hecho Chile en los últimos 20 años. En 1979 el gobierno comenzó a aplicar las políticas de desregulación mediante la publicación de un documento donde se establecía que la escasez de la tierra era un producto artificial de la excesiva regulación, que había llevado a la virtual eliminación de los límites de crecimiento urbano.

Desde entonces ha habido cambios numerosos en la morfología y estructura interna de las ciudades chilenas, pero la evaluación de dichos cambios varía según la posición ideológica de quien evalúa. Si bien las políticas urbanas explícitas de orientación social han propiciado un mejoramiento significativo en lo que se refiere al acceso a la vivienda para la población de bajos recursos, algunas personas sostienen que la segregación espacial derivada de tales políticas ha perjudicado a la sociedad al indirectamente disminuir la calidad de vida, impedir el acceso al trabajo y agravar la alienación social.

Incluso antes del período del gobierno militar de 1973 a 1990, Chile estaba reconocido por su sistema político unitario y centralista, caracterizado por una fuerte presencia del Estado en la economía y la política. Esta sociedad con cultura relativamente homogénea se diferencia de otros países latinoamericanos por su fuerte tradición legalista. De la misma manera, las ciudades chilenas exhiben marcados contrastes cuando se las compara con sus homólogas latinoamericanas. Prácticamente no hay mercados de tierra informales; la tenencia de la tierra ha sido casi completamente regularizada mediante programas públicos radicales; y la mayoría de los pobres urbanos viven en áreas urbanizadas cuyas calles principales están pavimentadas. La violencia urbana, a pesar de su tendencia creciente, es aún mínima si se la compara con el resto del continente.

Políticas y problemas de la liberalización

Entre los aspectos más innovadores de la política urbana chilena figuran los siguientes:

• La eliminación de límites al crecimiento urbano, manteniendo al mismo tiempo la designación de áreas sensibles para la protección ambiental. Esta medida tuvo dos propósitos: delegar un papel de liderazgo en el desarrollo urbano y uso de la tierra a las fuerzas del mercado, y reducir los precios del suelo.
• El establecimiento de un sistema de subsidios con el objetivo de reducir el déficit de vivienda. Considerado por muchos como el pilar de la política habitacional de Chile, el sistema de subsidios es ampliamente percibido como la síntesis original y más innovadora de las políticas de liberalización con la tradición estadista de Chile. A través de este programa se canalizan subsidios sustanciales a familias (mediante la asignación de cupones o vouchers por puntajes, basada en los ingresos familiares, estructura familiar, capacidad de ahorro demostrada, y condición de vivienda actual) a fin de financiar una vivienda facilitada por el sector privado según ciertos criterios preestablecidos. Como resultado, Chile se ha destacado por ser el único país de la América Latina en donde, desde 1992, el aumento de viviendas nuevas ha sido más acelerado que la formación de nuevos hogares, lo cual ha eliminado gradualmente el déficit habitacional.
• El desalojo de los asentamientos pobres de áreas de altos recursos, y otras políticas evidentemente segregacionistas. No muchos países se atreverían hoy en día a poner en práctica tales políticas, que sin duda suscitarían una fuerte oposición en sociedades menos autocráticas que reconocen como legítimos los derechos de sus habitantes pobres.

Si bien, algunos de los logros de estas políticas de liberalización se han reconocido ampliamente como positivos -particularmente en lo que se refiere a la regularización legal y física o urbanística y la cantidad de vivienda social proporcionada- muchos chilenos creen que las políticas de los últimos 20 años han sido una fuente de nuevos problemas, entre ellos:

• Una expansión urbana desenfrenada, con sus consiguientes efectos de aumento de tráfico y peligrosos niveles de contaminación del aire. Como ejemplo, los niveles de contaminación del aire en Santiago son equivalentes a los de ciudades tres veces mayores tales como Ciudad de México y São Paulo, incluso con un uso relativamente bajo del automóvil.
• La formación de vecindades de bajos recursos, pobremente equipadas y socialmente segregadas. En el contexto de una creciente inseguridad económica y laboral, estas áreas se convierten en un núcleo de problemas sociales como drogadicción y delincuencia, apatía y alienación juvenil1. Cualquier visitante a Santiago, la capital chilena, no puede dejar de notar el marcado contraste entre las comunas2 -jurisdicciones planificadas y pudientes tales como Las Condes-, y la monotonía de vecindades desarrolladas por constructores privados en comunas periféricas, como Maipú y La Florida.
• El aumento continuo del precio de la tierra. En contraposición a las predicciones hechas por los responsables de las políticas de liberalización, el precio del suelo chileno ha aumentado, absorbiendo una porción aun mayor del programa de subsidio habitacional3. Algunos analistas aseveran que los precios de la tierra ya corresponden a un 60 a 100 por ciento del subsidio. Esto no sólo está seriamente comprometiendo la capacidad de sustentación del sistema de vouchers, sino que está forzando a los sectores más pobres fuera del programa. No obstante, estos aumentos en los precios de la tierra no deberían sorprender, si se piensa en las experiencias similares de otros países donde las políticas de liberalización han influido en las expectativas de demandas futuras de alternativas más baratas de desarrollo en la periferia urbana, como alternativa a los centros congestionados.

No está claro si estos cambios urbanos pueden atribuirse directamente a la eficacia de las políticas urbanas de mercado, o a la positiva evolución de la economía chilena en general. El crecimiento sostenido del producto interno bruto (GDP), con un promedio del 7 % anual desde 1985, se interrumpió sólo recientemente debido a los efectos de la crisis asiática.

Expansión del debate

A pesar de que la liberalización de los mercados de suelo urbano en Chile constituye una experiencia interesante e innovadora desde un punto de vista internacional, el debate público interno ha sido limitado. No obstante, los logros y problemas de la liberalización han llegado a tal punto de importancia que últimamente han estimulado un nivel generalizado de preocupación y una variedad de planteamientos al respecto. Más aún, el gobierno está proponiendo una serie de modificaciones de la actual “Ley General de Urbanismo y Construcciones”, que traerían consigo un número de cambios significativos, entre ellos:

• Ampliación de las responsabilidades de planificación urbana, las cuales tendrían que contemplar todos los espacios del territorio (no solamente las áreas urbanizadas dentro de cada municipalidad, como se hace en la actualidad), y
• La aplicación de una serie de regulaciones económicas o de mercado tales como la emisión de “certificados de constructibilidad” especiales, diseñados para conservar el patrimonio arquitectónico del país, y la creación de “zonas de desarrollo urbano condicionado” para favorecer esquemas mixtos de uso del suelo.Pese a la importancia que tienen estas potenciales modificaciones sobre la planificación futura, todavía no ha habido una discusión cabal sobre las mismas. La propuesta legislativa no contempla consideraciones teóricas ni explicaciones justificativas de los cambios propuestos.

Con el fin de facilitar una discusión concentrada en los temas anteriores, Carlos Montes, Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, invitó al Instituto Lincoln a participar en un seminario coordinado con el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El seminario, llamado “A 20 años de la liberalización de los mercados de suelo urbano en Chile: Impactos en la política de vivienda social, el crecimiento urbano y los precios del suelo”, tuvo lugar en octubre de 1999 en la ciudad de Santiago. Allí se reunieron miembros del Congreso chileno y de la comunidad comercial (promotores, líderes financieros, etc.), oficiales de organismos públicos (ministerios, municipalidades, etc.), académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales para participar en un animado debate. En la discusión se notó una marcada polarización ideológica entre las metodologías “liberal” y “progresiva” utilizadas para entender y resolver los asuntos de la liberalización, es decir, “más mercado” frente a “más Estado”.

Desde el punto de vista liberal4, estos problemas emergen y persisten debido a que los mercados de tierra no han sido nunca suficientemente liberalizados. De hecho, algunos liberales insisten en que la intervención pública no desapareció nunca, y creen que la regulación más bien aumentó después de que Chile retornara a la democracia en 1990. Por ejemplo, los liberales citan varios medios, a menudo indirectos, que utiliza el Estado para restringir el libre crecimiento de las ciudades, tales como cuando se intenta ampliar áreas designadas con protección ambiental y cerradas a usos urbanos, o se impone un criterio oficial y casi homogéneo de densificación para todo espacio urbano. También aseveran que los ciudadanos deberían tener la libertad de elegir diferentes estilos de vida, y que las autoridades deberían limitarse a informar a los ciudadanos sobre el costo privado y social de sus opciones, con el entendimiento implícito de que tales costos están reflejados en los precios del mercado cuando hay un funcionamiento eficaz de los mercados de suelo urbano, es decir, cuando están completamente liberalizados.

La principal explicación ofrecida por los liberales sobre los problemas de equidad y eficiencia que enfrenta el desarrollo urbano chileno actual son los avances insuficientes en la aplicación de criterios para “internalizar las externalidades”, particularmente externalidades negativas, por aquellos que son responsables por ellas. Tal como lo han clamado apasionadamente algunos de los representantes de este grupo, se debería permitir a los agentes privados actuar con libertad, siempre que éstos estén dispuestos a hacerse cargo de los costos sociales involucrados.

Por otra parte, los progresistas creen que la liberalización se ha excedido en su abordaje de mercado y ha dejado muchos problemas sin resolver, tales como el aumento en los precios del suelo; los problemas en la calidad y durabilidad de la vivienda; las condiciones de servicio de la tierra; los problemas sociales asociados con la pobreza urbana; y los problemas de eficiencia y equidad derivados de los patrones de crecimiento de las ciudades, p. ej., la disparidad entre áreas dotadas de servicios públicos y las localidades seleccionadas para proyectos privados de desarrollo.

Estas críticas reconocen la naturaleza imperfecta de los mercados urbanos y la necesidad de tener mayores niveles de control e intervención. Entre las formas de intervención recomendadas por muchos progresistas se encuentran los instrumentos de captura de plusvalía, los cuales raramente han sido empleados o incluso contemplados en programas de financiamiento para la provisión pública de nueva infraestructura y nuevos servicios urbanos. La creación de tales mecanismos apoyaría la idea de internalizar las externalidades, un punto de relativo consenso entre progresistas y liberales. La diferencia principal es que los liberales restringirían la captura de plusvalía a la recuperación pública de costos específicos, mientras que los progresistas considerarían el derecho a capturar la plusvalía entera que resulte de cualquier acción pública, bien sea como resultado de inversión como de regulación.

En términos más generales, los progresistas claman que no todo puede medirse estrictamente en términos monetarios. Hay valores y objetivos urbanos relacionados con la política pública que no pueden conseguirse a través del mercado, ni siquiera por ley, tal como el sentido de comunidad. Aunque mayormente se le desatiende en las nuevas opciones habitacionales facilitadas por promotores privados a familias de bajos recursos, tales como el sistema de vouchers, la solidaridad comunitaria es un asunto de enorme importancia para contrarrestar los problemas sociales que la segregación espacial tiende a exacerbar. La protección ambiental es otro ejemplo de un objetivo de política urbana para el cual las “etiquetas de precios” son de dudosa eficacia.

Con respecto al crecimiento libre de las ciudades y la idea de respetar las opciones para sus ciudadanos, los progresistas apuntan los fuertes costos ambientales y sociales que normalmente acompañan el crecimiento descontrolado. También hacen notar el hecho de que el único grupo que realmente puede elegir su estilo de vida a través del mercado es la minoría pudiente. Si bien conceden que hay beneficios en la concentración, los progresistas también expresan sus inquietudes sobre el exceso de densificación. Algunos chilenos han expresado interés en una autoridad metropolitana que maneje los asuntos regionales, y también en el uso de inversión en infraestructura pública como forma de orientar el crecimiento.

Las respuestas adecuadas a estos asuntos y perspectivas implican algo que va más allá de soluciones técnicas o fiscales, tales como el punto al cual los promotores realmente pagan por el costo total de los cambios que imponen en la sociedad (para no hablar del problema de evaluar los costos con precisión) o la sustentación del sistema de vouchers bajo demanda, que constituye la base de la política habitacional de Chile. Las soluciones también involucran inquietudes de mayor amplitud y con más contenido valórico, tales como los costos ambientales del crecimiento descontrolado y la importancia de mantener las identidades e iniciativas comunitarias locales. La discusión continúa en el Congreso y en otros entornos, pero es de esperar que pase un tiempo antes de que los bandos opuestos lleguen al consenso.

Martim O. Smolka es Senior Fellow y Director del Programa para América Latina del Instituto Lincoln. Francisco Sabatini es profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Otros contribuyentes a este artículo fueron Laura Mullahy, asistente de investigación, y Armando Carbonell, Senior Fellow, ambos del Instituto Lincoln.

Notas: En contraste con el resto del continente, las drogas no eran un problema mayor en Chile hasta hace poco tiempo.

2 El área metropolitana de Santiago se compone de 35 jurisdicciones administrativo-políticas independientes llamadas comunas.

3 Véase Gareth A. Jones, “Comparative Policy Perspectives on Urban Land Market Reform”, Land Lines, noviembre de 1998.

4 El uso del término “liberal” en este contexto corresponde a su connotación en Chile, la cual se refiere a la fuerte influencia del principio económico del libre mercado, tal como la aboga la teoría desarrollada por la Escuela de Chicago.

Fuentes: Francisco Sabatini y colaboradores, “Segregación social en Santiago, Chile: Conceptos, métodos y efectos urbanos” (monografía, 1999); y Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte (SECTRA), “Encuesta de recorridos de origen y destino en Santiago”(1991).

The complexity that characterizes the interaction of transportation and land use in urban areas is matched by the variety of the disciplines called on to address these issues, including economics, urban planning and civil engineering. In recent decades, communication among scholars in these disciplines has improved and the acceptance of a common base of theory and method, based on economics, is increasing. The Taxation, Resources and Economic Development (TRED) conference on “Transportation and Land Use” held at the Lincoln Institute in October 1996 focused on these issues. Ten papers presented at that conference are now published in a special issue of the journal Urban Studies. The papers are organized into four groups as summarized below.

Trends in Urban Development

Gregory Ingram’s paper on “Metropolitan Development: What Have We Learned?” documents the worldwide prevalence of several trends that characterize modern urbanization. Employment decentralization and the emergence of multiple employment centers in large metropolitan areas are observed worldwide in both developing and developed countries. Although employment continues to be more centralized than population, the typical Central Business District does not contain more than about 20 percent of jobs, and much smaller percentages are common in the U.S. Manufacturing employment has become more decentralized than service employment. Decentralization has reduced traffic congestion and travel distances and has contributed to a weakening of transit systems. The increased affordability of motorized transportation worldwide has led to more trip-making, with work trips typically being less than a third of all trips in urbanized areas.

Peter Gordon, Harry Richardson and Gang Yu find evidence that the suburbanization and exurbanization of employment in the U.S. has picked up its pace since 1988. In their paper, “Metropolitan and Non-Metropolitan Employment Trends in the U.S.: Recent Evidence and Implications,” they argue that the ability of manufacturing and even of services to locate in exurban and rural areas, shunning inner-suburban and central city locations, is a consequence of the continued weakening of the agglomeration economies that shaped the now outdated downtown-oriented city.

Robert Cervero and Kang-Li Wu examine the relationship between average commuting distance and employment subcentering in their paper, “Subcentering and Commuting: Evidence from the San Francisco Bay Area, 1980-1990.” They are concerned with changes in employment densities in 22 employment subcenters and with the commuting distances and travel times of those employed in these subcenters. The authors find that employment densities have increased more in the outlying suburban centers and that commuting to these centers has experienced modal shifts away from transit and in favor of the automobile. According to their data, while jobs in these centers grew by 18 percent during the decade, average one-way commuting distances to these 22 subcenters increased by 12 percent, and average one-way travel times rose by only 5 percent.

These findings are consistent with theory: with the number of subcenters fixed and the degree of spatial mismatch between jobs and housing invariant with job growth, an increase in the number of jobs in each subcenter should result in longer commutes on average. If new subcenters are spawned in between existing ones or new ones develop in outlying areas-something that does not appear to have occurred in the Bay Area-then average commutes should decrease. The 22 subcenters account for less than half of total employment in the Bay Area, the rest of the jobs being broadly dispersed throughout. Because such dispersed employment is not included in their study, we do not know about the total effect of job decentralization on average commute distances and times.

Genevieve Giuliano’s paper, “Information Technology, Work Patterns and Intrametropolitan Location: A Case Study,” examines the impact of information technology, including the advent of fax machines, computers, modems and the internet. One of her central observations is that while the U.S. labor force increased by 14 percent from 1980 to 1990, the “contingent workforce,” a diverse group of temporary workers, part-time workers, the self-employed and business service workers, increased much faster, from about 25 to 33 percent.

This trend implies that the information revolution is causing structural shifts in the labor force as more and more workers offer temporary services to a variety of employers and, as a result, do not have a long-term attachment to any one employer. Theory suggests that such workers should locate in a way that is sensitive to their expected accessibility to jobs. Also, the advent of information technology should facilitate “telecommuting,” thus reducing the need for physical proximity to jobs.

Giuliano uses the 1990 U.S. Census Public Use Microsample for the Los Angeles region to compare the residential location and commuting patterns of contingent and non-contingent workers. The socioeconomic complexity of contingent workers makes it difficult to draw clear conclusions, but Guiliano does find that those contingent workers who live in suburban areas are likely to live in high amenity areas. Controlling for socioeconomic factors, commuting distances are shorter for part-time workers than they are for full-time workers, and among full-time workers the self-employed have the shortest commutes.

Agglomeration Economies

The next two papers offer empirical contributions on intra-urban employment agglomeration. “Spatial Variation in Office Rents within the Atlanta Region,” by Christopher Bollinger, Keith Ihlanfeldt and David Bowes, is a hedonic rent study for office buildings in the Atlanta area from 1990 to 1996. The authors find that part of the rent differences among office buildings is due to differences in wage rates, transportation rates and proximity to concentrations of office workers. More importantly, the convenience of face-to-face meetings facilitated by office agglomerations is also reflected in office rents, providing evidence that agglomerative tendencies continue to be important in explaining office concentrations, despite the ability of information technology to reduce the need for some such contacts. In their paper, “Population Density in Suburban Chicago: A Bid-Rent Approach,” Daniel McMillen and John McDonald show that population density patterns in the Chicago MSA are strongly influenced by proximity to subcenters, which include the Central Business District, O’Hare Airport and 16 other centers. Site-specific variables such as access to commuter rail stations or highway interchanges have smaller influences on population densities.

Travel Behavior and Residential Choice

Among the challenges posed by the evolving trends in transportation and land use is a better explanation of the role of non-work travel in residential location decisionmaking. Motorized mobility has greatly increased non-work travel, thus weakening the relevance of the now classical commuting-based theory of residential location. While information technology may result in more telecommuting, the importance of non-work travel relative to work travel may grow even more in the future.

Two papers attempt to develop new techniques that can be used to explain the influence of non-work travel behavior on residential location and land use patterns, and vice versa. Central to this research is the notion that when a household makes a residential choice decision it will consider the pattern of non-work trips its members are likely to make. Accessibility to non-work opportunities is likely to be important and, for many households, perhaps more important than accessibility to jobs.

Moshe Ben-Akiva and John Bowman model the probability of choosing a residential location by treating the non-work trip patterns and activity schedules of the household’s members as explanatory variables. Their model allows the treatment of trips as tours with stops at multiple destinations. In their paper, “Integration of an Activity-Based Model System and a Residential Location Model,” the authors report that their model does not fit the data as well as a work-trip-based comparison model. But, the non-work accessibility measures are more appealing conceptually and allow a richer set of predictions and simulations to be made.

Until recently, economists have suppressed the importance of non-work trips in their theories of land use. Planners have viewed land use planning as a tool that can affect behavior and travel demand. But what is the evidence that travel patterns can be influenced meaningfully by manipulating land use at the neighborhood level or in a larger area?

Marlon Boarnet and Sharon Sarmiento tackle this question by means of a travel diary survey of Southern California residents. Their paper is titled “Can Land Use Policy Really Affect Travel Behavior? A Study of the Link Between Non-work Travel and Land Use Characteristics.” The number of work trips made by residents is explained by sociodemographic variables describing the residents and by land use characteristics describing their place of residence. Generally, the land use variables describing the neighborhood are not statistically significant, but future studies could follow this approach by trying more complex specifications and using better data.

Jobs-Housing Mismatch

As first stated by John Kain in 1968, the “spatial mismatch hypothesis” claimed that black central city residents are increasingly at a disadvantage economically as jobs disperse to the suburbs. Many suburban governments limit the quantity of high-density/low-income housing, forcing workers to make long, expensive commutes. Although there is a wealth of empirical work on the mismatch hypothesis, Richard Arnott’s paper, “Economic Theory and the Mismatch Hypothesis,” is one of the first attempts to formulate a microeconomic theory of the mismatch problem. In Arnott’s model, jobs flee to the suburbs because of the advent of international trade (relaxation of global trade barriers) and the emergence of suburban-based inter-city truck transport after World War II. At the same time, large-lot zoning and discrimination in suburban housing markets force minorities to reside in central cities. An increase in the cost of commuting effectively lowers the wage paid to low-skilled labor from the city.

In “Where Youth Live: Economic Effects of Urban Space on Employment Prospects,” John Quigley and Katherine O’Regan investigate how neighborhood of residence and access to jobs affect the employment prospects of minority youth. Black youth unemployment rates are higher in metropolitan areas where blacks are more isolated geographically. Controlling for socioeconomic characteristics, minority youth who have less residential exposure to whites are more likely to be unemployed. Finally, controlling for socioeconomic characteristics as well as residential exposure to whites, minority youth living in neighborhoods that are less accessible to jobs are more likely to be unemployed. While these findings support the mismatch hypothesis, they also suggest the importance of social networks and spatial search as important mechanisms in the intra-urban labor market.

Alex Anas, professor of economics at the State University of New York at Buffalo, was the editor of the special issue of Urban Studies (Vol. 35, No. 7, June 1998). The article and figures used in Land Lines are adapted with permission.

Note: Ben Chinitz, former director of research at the Institute, helped organize the 1996 TRED conference and the following colleagues served as discussants of the papers: James Follain, Vernon Henderson, Douglass Lee, Therese McGuire, Peter Mieszkowski, Edwin Mills, Sam Myers, Dick Netzer, Stephen Ross, Anita Summers, William Wheaton, Michelle White and John Yinger. The conference participants were saddened when news arrived that William Vickrey, who had been named a Nobel laureate in economics only a few days before, had passed away while traveling to the conference. Professor Vickrey had been a leading thinker on issues of transportation and land use and a regular attendee of previous TRED conferences. The special issue of Urban Studies based on the 1996 conference serves as a tribute to his memory.

Water companies and the communities they serve have been grappling for years with complex issues of water treatment and provision, watershed management, public finance and control over regional land use decisionmaking. The federal Safe Drinking Water Act of 1974 prompted water providers across America to face a dilemma: “to filter or not to filter.” Some states or regions require filtration to ensure water quality, but elsewhere communities explore alternative strategies to both protect natural filtration processes in their watersheds and avoid the enormous costs of installing water treatment plants.

The hard-fought conversion of the New Haven Water Company from a private, investor-owned company to a public regional water authority provides an informative case study of a partnership strategy. In the process of hammering out agreements on difficult land use and tax issues, the city and surrounding suburbs succeeded in breaking down conventional barriers and recognized that regional solutions can meet shared needs for a safe water supply, open space protection, recreation and fiscal responsibility.

The drama unfolded in 1974, when the Water Company attempted to sell over 60 percent of its 26,000 acres of land in 17 metropolitan area towns to generate capital for filtration plant construction. The announcement of this massive land sale created vehement opposition throughout the state. Residents of the affected towns viewed the largely undeveloped land as an integral part of their community character. They feared losing control of the land as well as environmental damage and increased costs associated with potential new development.

Several New Haven area legislators recognized the critical link between the city and its watershed communities. They introduced legislation imposing a moratorium on the land sale and proposing public ownership of the water works. New Haven Mayor Frank Logue countered with an announcement that the city planned to buy the water company under a purchase option in a 1902 contract. The suburban towns responded by promoting regional ownership as the only viable alternative to city control.

After a lengthy feasibility study, and despite a gubernatorial veto, legislation enabling the creation of the South Central Connecticut Regional Water Authority (RWA) was enacted in 1977. In addition, separate legislation classified all utility-owned watershed land and severely restricted its sale. The sale restrictions combined with standards for source protection, provisions for public recreation and consideration of the financial impact on ratepayers, also diminished the land’s market value, thereby limiting the Water Company’s ability to use the land as a source of capital.

Regionalization of the Water Company also required a regional approach to taxation. This was the most difficult obstacle to overcome in passing the RWA enabling legislation. With New Haven Water Company’s projected capital investments in excess of $100 million, the region’s towns had looked ahead to vastly increased tax revenues from the private utility. However, New Haven, with the majority of consumers, was more concerned with keeping water rates low.

The conflict between city and suburbs was resolved through the principle that the regionalization of the water utility would cause no erosion of the tax base. Under the agreement, each town would receive payments in lieu of taxes (PILOTs) on all property acquired by the RWA, equivalent to the taxes that would be paid by a private owner. However, while these payments would rise and fall with future assessments, the RWA would not be required to make such tax-substitution payments for any new capital improvements.

Lessons of Regional Resource Sharing

In addition to forcing a reconsideration of the balance between suburban tax bases and urban water rates, New Haven’s Regional Water Authority has broadened its own mission. While protecting the water supply is the primary focus of all RWA land use policies, the authority also manages recreational use of the land to meet the needs of both inner city and suburban residents.

The early success of the conservation and recreational use plans depended on public participation in formulating the RWA Land Use Plan. Many types of active recreation would have been unsuitable for water supply land, but it was determined that hiking and fishing, the two most popular activities, could be conducted without threatening water quality.

The RWA’s active program for policing the watersheds was reinforced by establishing a center to educate future consumers on water supply protection. Located at the base of the dam at Lake Whitney, the Whitney Water Center annually teaches thousands of children the basics of drinking water science. It emphasizes the interdependence of source protection and safe drinking water.

Primary among the lessons to be learned from the New Haven Water Company’s ill-advised land sale proposal is that the value of a water supply watershed as a natural and human resource is far greater than its value as a market commodity. Management of the watershed’s natural resource potential must extend beyond the collection and distribution of water to include the needs of the people who live within the watershed. At the same time, limiting watershed land activities to low-risk uses minimizes the water treatment costs that are still necessary for safe drinking water.

Regional cooperation need not begin and end with water. Developing economic and ecological partnerships between cities and their suburbs for tax-sharing, recreation, and education recognizes that the economic and ecological concerns of all residents in a metropolitan region are interdependent. Successfully bucking the trend toward privatization, the RWA demonstrates that regional resource sharing is the most viable way of meeting the needs of New Haven and its suburbs.

Watershed Protection vs. Filtration in Other Regions

The public acquisition of the New Haven Water Company in the 1970s provided a preview of 1990s approaches to managing water resources. Today, water supply management is increasingly becoming watershed management, with plans reflecting the broader ecological functions of watersheds and the importance of partnerships with local residents. Conflict resolution has become an essential skill for today’s watershed managers.

Watershed land acquisition continues to be a key filtration avoidance strategy in many areas. New York City has the nation’s largest unfiltered water supply, and some experts have called on the city to develop programs to filter its drinking water. However, New York Governor George E. Pataki has taken the position he would “do whatever it takes to avoid filtration,” from working with farmers and businesses on mutually beneficial voluntary programs to buying up to 80,000 acres from willing sellers to protect the water supply.

New Jersey Governor Christine Todd Whitman has committed to a “hands across the border” $10 million contribution toward purchasing the New York portion of the two-state metropolitan watershed in Sterling Forest, which is threatened with commercial recreational and housing development. The nonprofit Trust for Public Land and the Open Space Institute are negotiating the purchase on behalf of both states, and recent congressional action has guaranteed funding for the project.

In central Massachusetts, the Metropolitan District Commission’s Quabbin Reservoir has met the Safe Drinking Water Act’s criteria as an unfiltered water supply source for the Boston area, but the MDC’s Wachusett Reservoir has not. A recently approved $399 million state open space bond includes funds for land acquisition in the Wachusett watershed.

Acknowledging the essential function that undeveloped land serves in preventing contaminants from reaching water supplies is long overdue. But is watershed source protection alone a viable alternative to filtration?

In North Carolina, where all surface water supplies are already filtered, state legislation requires local water authorities to develop watershed land use plans that must be approved by the state. Although such legislation can reduce the health risks of watershed development and the cost of water treatment, it cannot prevent future development.

Our conclusion is that the combination of watershed protection and filtration is a proven, cost effective approach to ensure safe drinking water while also building partnerships to implement regional land use policies.

_____________

Dorothy S. McCluskey was a Connecticut State Representative from 1975 to 1982 and chaired the Environment Subcommittee on the Sale of Water Company Land. She subsequently served as director of government relations for The Nature Conservancy Connecticut Chapter. Claire C. Bennitt, secretary-treasurer of the Regional Water Authority since 1977, was a resident of North Branford when the threatened land sale galvanized the New Haven region. She worked with Rep. McCluskey as her administrative assistant in the state legislature. They have written Who Wants to Buy a Water Company: From Private to Public Control in New Haven, to be published in early 1997 by Rutledge Books, Inc., of Bethel, Connecticut.

As a part of the educational activities of the Lincoln Institute’s Latin America Program, a course on “Large Urban Projects,” held in Cambridge last June, focused on the most important and challenging aspects of this land planning issue. Academics, public officials and representatives from private enterprises in 17 cities participated in the presentations and discussions. This article presents a synthesis of the principal points, questions and challenges raised in carrying out these complex projects.

Large urban redevelopment projects have become an important issue in many Latin American countries recently, due in part to changes motivated by the processes of globalization, deregulation and the introduction of new approaches in urban planning. These projects include varied types of interventions, but they are characterized primarily by their large size and scale, which challenge traditional instruments of urban management and financing.

Urban projects on a grand scale are not considered a novelty in Latin America. The diverse elements of existing developments include the revitalization of historic centers; conversion of abandoned industrial facilities, military areas, airports or train stations; large slum rehabilitation projects; and construction of innovative public transportation models. However, at least four important features characterize this new type of intervention:

• An urban management structure that implies the association of various public and private, national and international actors;
• Significant financing needs that require complex forms of interconnections among these actors;
• The conception and introduction of new urban processes that are intended to transform the city;
• The questioning of traditional urban planning perspectives, since these projects tend to exceed the scope of prevailing norms and policies.

The last feature is reinforced by the influence of different planning strategies and the impacts of large urban projects in various cities around the world (Powell 2000). One project that has influenced many city planners and officials in Latin America was the transformation of Barcelona in preparation for the Olympic Games in 1992 (Borja 1995). Several projects in Latin America have been inspired by, if not directly emulated, this approach (Carmona and Burgess 2001), but it also has faced serious criticism (Arantes, Vainer and Maricato 2000). It has been seen as a convenient process through which a group of decision makers or private interest stakeholders manage to bypass official planning and policy channels that are seen to be too dependent on the public (democratic) debate. As a result most such projects tend to be either elitist, because they displace low-income neighborhoods with gentrified and segregated upper-class land uses, or are socially exclusionary, because they develop single-class projects, either low-income settlements or high-income enclaves, in peripheral locations.

Large-scale projects raise new questions, make inherent contradictions more transparent, and challenge those responsible for urban land analysis and policy formulation. Of special importance are the new forms of management, regulation, financing and taxation that are required for or result from the execution of these projects, and in general the consequences for the functioning of land markets.

Size, Scale and Timeframe

The first issue that emerges from a discussion of large-scale projects has to do with the ambiguity of the term and the necessity of defining its validity. Size is a quantitative dimension, but scale suggests complex interrelations involving socioeconomic and political impacts. The wide variety of feelings evoked by large projects shows the limitations in being able to restore a vision of the urban whole and at the same time its global character (Ingallina 2001). This issue has just begun to be discussed in Latin America, and it is framed in the transition to a new approach in urban planning, which is related to the possibility and even the necessity of constructing a typology and indicators for its analysis. Issues such as the emblematic character of these projects, their role in stimulating other urban processes, the involvement of many actors, and the significance of the impacts on the life and development of the city are all part of the discussions. Nevertheless, it is the scale, understood as being more than just simple physical dimensions, that is the central core of this theme.

Since the scale of these projects is associated with complex urban processes that combine continuity and changes over the medium and long terms, the timeframe of their execution must be conceived accordingly. Many of the failures in the implementation of such projects have to do with the lack of a managing authority that would be free or protected from the political volatility of local administrations over time.

The cases of Puerto Madero in Buenos Aires and Fenix in Montevideo, the first completed and the second in process, offer examples of the difficulties in managing the scale and timing of development in the context of economic situations and policies that can change drastically. Twelve years after its construction, Puerto Madero has not yet stimulated other large-scale projects, such as the renovation of nearby Avenida de Mayo, nor appreciable transformations in urban norms.

The scale and timeframe are particularly important for the project in Montevideo, raising doubts about the feasibility of executing a project of this scale in relation to the character of the city, its economy, and other priorities and policies of the country. Its goal was to generate a “work of urban impact,” in this case promotion of public, private and mixed investments in a neighborhood that lost 18.4 percent of its population between 1985 and 1996, and focusing on an emblematic building, the old General Artigas train station. Most of this work has been executed, with a loan of $28 million from the Inter-American Development Bank, however the percentage of public and private investments are minimal and the Fenix project is having to compete with another large-scale corporate-commercial development located east of the city that is already attracting important firms and enterprises.

Land Policy Issues

The issue of scale relates intrinsically to the role of urban land, which makes one ask if land (including its value, uses, ownership and other factors) should be considered a key variable in the design and management of large-scale urban operations, since the feasibility and success of these projects are often associated with the internalization of formidable externalities often reflected in the cost and management of the land.

Projects to restore historic centers offer important lessons to be considered here. We can compare the cases of Old Havana, where land ownership is completely in the hands of the state, which has permitted certain activities to expand, and Lima, where land ownership is divided among many private owners and public sector agencies, adding to the difficulties in completing an ongoing restoration project. Even though Old Havana has received important financial cooperation from Europe and Lima has a $37 million loan from the Inter-American Development Bank, the main challenge is to promote private investment while also maintaining programs of social and economic assistance for the local residents. Both cities have created special units for the management of these projects, which constitutes an interesting commentary on institutional modernization.

The Role of the State

The scale, the time dimension and the role of land in large urban projects lead us to consider the role of the state and public investment. While urban operations on a large scale are not new in Latin American cities, their present conditions have been affected radically by economic changes, political crises and substantial modifications in the role of the state in general. These conditions make the execution of urban projects, as part of the process of long-term urban development, a source of contradictions with the generally short tenure of municipal governments and the limits of their territorial claims. We must also consider the differences in regulatory competencies between central governments and local municipalities, and the differences between public entities and private institutions or local community organizations, which often reflect conflicting interests due the decentralization and privatization processes being promoted simultaneously in many countries.

Two large projects related to transportation infrastructure are examples of local situations that led to very different results. One was the transformation of the old abandoned Cerrillos airport in Santiago, Chile, and the other was a project for a new airport for Mexico City in Texcoco, an area known as ejido land occupied by peasants and their descendants. In the first case, the active participation of interested groups is expanding the recuperation process of a zone of the city that does not have quality urban facilities. A total investment of $36 million from the public sector and $975 million from the private sector is supporting the construction of malls, facilities for education, health and recreation, and housing for the neighborhood. In Mexico serious conflicts between state interests and community rights to the land had caused social unrest and even the kidnapping of public officials. As a result, the federal government has recently withdrawn from the Texcoco project, assuming huge political and economic costs for this decision.

Segregation and Exclusion

Many planners and practitioners have doubts about the feasibility of large projects in poor countries and cities because of the distortions that their execution could cause on future development, in particular the reinforcing tendencies of segregation and social exclusiveness. The diminishing capacity of the state to look for new alternatives for financing socially beneficial projects through private capital, principally from international sources, adds to the doubts about their success. Many large-scale projects are seen as the only alternative or the unavoidable cost that the city or society has to pay to generate an attractive environment in a context of growing competition among cities for a limited number of external investors.

A key matter with respect to the use of public space generated by these projects is to avoid segregation of space and people. Special attention must be given to protect the inhabitants of the zones where the large urban projects are developed from the negative consequences of gentrification. This is without a doubt one of the most difficult aspects of large urban projects. Table 1 shows the most important aspects and the principal challenges that arise from an analysis of the large urban projects. Effectively, the integration of projects of this scope calls for a vision of the city that avoids the creation of islands of modernity isolated in the middle of poor areas, which would contribute to the process called the dualism of the city, or the generation of new exclusive urban centers.

Table 1: Aspects and Challenges of Large Urban Projects

Two cases in different political-economic contexts help us reflect about this matter. One is the El Recreo project, planned by Metrovivienda, in Bogotá. Although presenting innovative proposals about the use and management of the land in a large project for popular housing, the project has not been able to guarantee the integration of social groups with different income levels. In the Corredor Sur area of Panama City large zones are being planned for the construction of residences, but the result again serves primarily medium- and high-income sectors. Thus in both a decentralized and a centralized country the general norms that provoke residential segregation cannot seem to prevent negative consequences for the poorest sectors of society.

In view of all this, large urban projects should not be seen as an alternative approach to obsolete plans or rigid norms like zoning. They could instead be presented as a kind of intermediate-scale planning, as an integrated approach that addresses the needs of the whole city and avoids physical and social separations and the creation of norms that permit exclusive privileges. Only in this way can large-scale projects take their place as new instruments for urban planning. The positive effects of specific elements such as the quality of architecture and urban design are valuable in these projects if they operate as a benchmark and are distributed with equity throughout the city.

Public Benefits

Large-scale projects are public projects by the nature of their importance and impact, but that does not mean they are the total property of the state. Nevertheless, the complexity of the participant networks involved directly or indirectly, the variety of interests and the innumerable contradictions inherent in large projects require a leading management role by the public sector. The territorial scale of these operations especially depends on the support of the municipal governments, which in Latin America often lack the technical resources to manage such projects. Local support can guarantee a reduction of negative externalities and the involvement of weaker participants, generally local actors, through a more just distribution of the benefits, where the regulation of the use and taxation of the land is a key issue. Such is the intention of the Municipality of Santo Andre in Sao Paulo in the design of the extraordinarily complex Tamanduatehy project. It involves the reuse of an enormous tract of land previously occupied by railroad facilities and neighboring industrial plants that fled this once vigorous industrial belt of Sao Paulo to relocate in the hinterland. The project involves establishing a viable locus of new activities, mostly services and high-tech industries, capable of replacing the economic base of that region.

Beyond creating and marketing the image of the project, it is important to achieve social legitimacy through a combination of public and private partners engaged in joint ventures, the sale or renting of urban land, compensation for direct private investment, regulation, or even public recovery (or recapture) of costs and/or of unearned land value increments. Active public management is also necessary, since the development of the city implies common properties and benefits, not only economic interests. Analysis of economic and financial costs, and opportunity costs, are also important to avoid the failure of these projects.

Conclusions

The basic components in the pre-operational stage of executing large urban projects can be summarized as follows:

• Establish a development/management company independent from the state and municipal administration
• Formulate the comprehensive project plan
• Elaborate on the marketing plan
• Design the program of buildings and infrastructure
• Define adequate fiscal and regulatory instruments
• Formulate the financing plan (cash flow)
• Design a monitoring system

An adequate analysis of the trade-offs (economic, political, social, environmental, and others) is indispensable, even if it is clear that the complex problems of the contemporary city cannot be solved with large interventions alone. It is important to reiterate that more importance must be given to the institutionalization and legitimacy of the final plans and agreements than simply the application of legal norms.

The presentations and discussions at the course on “Large Urban Projects” show that the matter of urban land strongly underlies all the aspects and challenges described above. Land in this type of project presents a huge complexity and offers a great opportunity; the challenge is how to navigate between the interests and conflicts when there are many owners and stakeholders of the land. It is necessary to combat the temptation to believe that modern urban planning is the sum of large projects. Nevertheless, these projects can contribute to building a shared image of the city between the inhabitants and the users. This topic clearly has facets that have not been completely explored yet and that need continued collaborative analysis and by academics, policy makers and citizens.

Mario Lungo is executive director of the Office of Planning of the Metropolitan Area of San Salvador (OPAMSS) in El Salvador. He is also a professor and researcher at the Central American University José Simeón Cañas.

References

Borja, Jordi. 1995. Un modelo de transformación urbana. Quito, Peru: Programa de Gestion Urbana.

Carmona, Marisa and Rod Burgess. 2001. Strategic Planning and Urban Projects. Delft: Delft University Press.

Ingallina, Patrizia. 2001. Le Projet Urbain. Paris: Presses Universitaires de France.

Powell, Kenneth. 2000. La transformación de la ciudad. Barcelona: Ediciones Blume.

Arantes, Otilia, Carlos Vainer e Erminia Maricato. 2000. A cidade do pensamento unico. Petrópolis: Editora Vozes.

Gerrit-Jan Knaap is an economist, professor of urban studies and planning, and executive director of the National Center for Smart Growth Research and Education at the University of Maryland, in College Park. His research interests include the economics and politics of land use planning, the efficacy of economic development instruments, and the impacts of environmental policy. His research in Oregon, Maryland and elsewhere has made him a recognized expert on land use policy and planning. He is the coauthor or editor of several books, including two published by the Lincoln Institute: The Regulated Landscape: Lessons on State Land Use Planning from Oregon (1992); and Land Market Monitoring for Smart Urban Growth (2001).

Land Lines: As director of the National Center for Smart Growth Research and Education, what land policy issues are you addressing now?

Gerrit-Jan Knaap: This Center has been in existence for only three years, but this year it is finally getting established and recognized. In the past year we have been able to pull together a core group of national and international researchers who are now working in three key areas: land use and environment; transportation and public health; and international urban development. The Center is also recruiting a faculty researcher to concentrate on housing and community development.

LL: What are the Center’s most difficult challenges?

GK: Ironically, the Center’s name is a problem. While the phrase “smart growth” is helpful shorthand for describing an approach to land use planning and management, some people identify the term with liberal causes or with former Maryland Governor Parris Glendening or the Clinton-Gore administration. As a result, the phrase has been politicized in a way that causes confusion and polarized reactions. The Center does not support or oppose smart growth; it is just an adjective modifying what we do: research and education.

We have found, however, that it is more difficult to obtain funding for objective research on growth management and planning issues than it is to obtain funding for activities that advocate either for or against smart growth. The Lincoln Institute’s willingness to fund independent, objective, high-quality research in this field fills an important niche.

LL: What are some of the Center’s most significant projects?

GK: We are doing a lot of work to develop quantitative measures of urban form. We are not alone in this enterprise, but we think we’re still a step ahead of other research centers in applying such measures to policy issues. Reid Ewing, a nationally recognized expert on growth management, community development and traffic management, recently joined the staff. He and others, for example, have developed a sprawl index that they use to explore the relationship between sprawl and obesity, which is part of our public health focus.

Yan Song, a former post-doctoral fellow in the Center and now an assistant professor at the University of North Carolina, developed quantitative measures of urban form and used them to explore whether Portland, Oregon, was winning the battle against urban sprawl. She also used them to determine whether characteristics like street network connectivity, residential density, land use mix and pedestrian accessibility to commercial uses were capitalized into property values. Most recently, she has used the measures to classify neighborhoods into clusters with similar design characteristics as a means of classifying the types of neighborhood that are currently being built.

Another major focus of our work is land policy and growth management in the People’s Republic of China. As a result of recent economic growth and reforms, China’s 1.3 billion people are urbanizing at an astonishing rate, creating an unprecedented growth management challenge. The Chinese are struggling to find a way to accommodate urban growth and, at the same time, preserve their ability to feed their people. Though we certainly do not have all the answers, Chinese scholars and public officials are interested in learning from our experiences in confronting and balancing these challenges. Chengri Ding, another member of the Center’s faculty, is leading this work with support from the Lincoln Institute. He and Yan Song are editing a book on the evolution of land and housing markets in China that will be published by the Institute later this year.

Our third major focus area is land market monitoring, which grew out of my work in Oregon. Land market monitoring is based on the idea that urban growth management is partly an inventory problem: too much land can lead to urban sprawl, but too little land may create land and housing price inflation. Maintaining balance requires accurate and timely information about land supplies, development capacity, land and housing prices, natural resource constraints and urban development demands. We have conducted several workshops around the country on land market monitoring, and now we are working with the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) and the Lincoln Institute to establish a national demonstration project.

LL: How did you develop this concept of land market monitoring?

GK: It started with my dissertation work on the price effects of the urban growth boundary (UGB) in Portland, Oregon. Later, at the University of Illinois, Lew Hopkins and I worked on a project we called, “Does Planning Matter?” We sought to develop planning support systems that not only helped to improve land use decision making, but also helped identify the effects of land use plans and regulations on urban development patterns (Ding, Hopkins and Knaap 1997). Building on this work, I organized a conference at the Lincoln Institute in Cambridge in 2000 and invited a group of leading scholars to present papers on this issue. These papers were published by the Institute in the book Land Market Monitoring for Smart Urban Growth, which was recently translated into Chinese. The idea of measuring development capacity and the need for housing is actually as old as planning itself, but recent advances in GIS technology and digital data bases makes it possible to monitor development capacity on a nearly continuous basis.

LL: How are these ideas being used by planners in the U.S.?

GK: Well, to a large extent, they are not. Typical planning practice in the U.S. still involves the formulation of a comprehensive plan—usually for a 10- to 20-year period—then implementing the plan, and then, after 5 to 10 years, formulating a new plan. With a land market monitoring system it is possible to shorten this cycle considerably. In the extreme, it is conceptually possible to monitor development capacity and urban development trends on a continuous basis and make adjustments as needed. Most planners, however, are not trained to think about growth management issues in this way.

LL: What are the obstacles to using land market monitoring in different locales?

GK: The major obstacles are: (1) the lack of quality data; (2) the lack of intergovernmental cooperation; and (3) the lack of political will to place this issue high on the agenda. The primary problem is not money. To do land market monitoring correctly requires a certain level of resource commitment, but since virtually every local government is developing GIS data and has the necessary technical capacity, it is not difficult to develop an operational monitoring system.

There are some positive examples, however. Monitoring of some kind has been required in Oregon for many years; for this reason, Metro, the regional government for the Portland metropolitan area, has developed an extensive monitoring system (Knaap, Bolen and Seltzer 2003). In its Growing Smart Guidebook, the American Planning Association recommends that any local government that adopts an urban growth boundary also should develop a land monitoring system. Most recently, Maryland Governor Robert L. Ehrlich Jr. signed an executive order that will initiate a pilot program of land market monitoring in five cities and five counties, and I will serve on the task force that oversees that demonstration project.

LL: What are your plans for the future?

GK: We have two demonstration projects under way. In the first, we are working with the Maryland Department of Planning to develop a series of indicators to assess the progress of the state’s Smart Growth program. These indicators will measure development capacity as well as housing starts and prices, acres of land protected from development, vehicle miles traveled, transit ridership and other trends that will help state officials and the public judge the effectiveness of smart growth policies.

Second, we have just completed phase one of a national demonstration project that was jointly funded by HUD, the Federal Highway Administration and the Lincoln Institute. We identified a generic protocol for conducting a development capacity analysis, applied this protocol to 15 counties in Maryland, and held workshops on monitoring in several metropolitan areas around the country. With Zorica Nedovic-Budic, we also conducted an assessment of the capacity of regional governments to use GIS for land use and transportation planning (see http://www.urban.uiuc.edu/faculty/budic/W-metroGIS.htm). We hope to begin the second phase of that project early in 2004 in five selected sites around the country. Phase two will focus first on residential development capacity, then on employment development capacity, then on how to tie together land use forecasting with transportation planning.

We’re also exploring the possibility of setting up a land market monitoring demonstration project in China, in conjunction with the Lincoln Institute’s new China program.

LL: So where does smart growth go next?

GK: What will happen to the expression “smart growth” is difficult to say. Governor Ehrlich has started calling his version of Maryland’s land use program “Priority Places,” but all of the newspapers still refer to his effort as smart growth. So, it remains to be seen whether the phrase becomes part of the national lexicon or fades like the Macarena. There is no doubt, however, that the issues associated with the term “smart growth” will not go away, in Maryland, around the country, or even overseas. We think this Center is now well-positioned to become an important and objective source of information and education on these issues well into the future.

References

Ding, Chengri, Lewis Hopkins and Gerrit Knaap. 1997. Does Planning Matter? Visual Examination of Urban Development Events. Land Lines 9(1): 4-5.

Knaap, Gerrit, Richard Bolen, and Ethan Seltzer. 2003. Metro’s Regional Land Information System: The Virtual Key to Portland’s Growth Management Success. Lincoln Institute Working Paper.