Topic: Desarrollo económico

Financiamiento municipal

Cómo verificar los bonos verdes
By Christopher Swope, Citiscope, Julio 31, 2016

Se estima que la implementación del acuerdo climático de París en todo el mundo costará más de US$12 billones en el curso de 25 años.

Así que no es de sorprender que gran parte de la conversación desde que se finalizó el acuerdo en diciembre haya sido sobre el financiamiento climático. Y uno de los grandes temas en el financiamiento climático, sobre todo entre los dirigentes municipales, es el de “bonos verdes”.

Pero, ¿qué son exactamente los bonos verdes, y por qué las autoridades locales deberían tenerlos en cuenta? He aquí una breve explicación de los factores más importantes.

¿Qué es un bono verde?

Un bono verde es un tipo de instrumento de deuda como cualquier otro bono, salvo que lo recaudado debe ser destinado a proyectos que producen un impacto ambiental positivo.

Los primeros bonos comercializados de esta manera fueron emitidos por el Banco de Inversión Europeo en 2007 y el Banco Mundial en 2008. Desde entonces, otros bancos de desarrollo, corporaciones y gobiernos se han adherido a esta tendencia. Según la Iniciativa de Bonos Climáticos, un grupo de investigación que hace un seguimiento del mercado, las emisiones totales de bonos verdes pasaron de US$3.000 millones en 2012 a alrededor de US$42.000 millones en 2015. 

Las municipalidades representan un porcentaje creciente de este mercado. Ven los bonos verdes como una herramienta para ayudar a pagar energía renovable, sistemas de transporte e infraestructura de agua, entre otras cosas.

El estado de Massachusetts, EE.UU., vendió el primer bono municipal verde en junio de 2013, seguido unos meses más tarde por la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Otros emisores recientes de bonos fueron la ciudad de Johannesburgo; las direcciones de transporte de la Ciudad de Nueva York, Seattle y Londres; y la autoridad de aguas de Washington, DC.

¿Los bonos verdes son distintos de otros bonos municipales?

De hecho, no. El mecanismo funciona de la misma manera que otros bonos municipales. La principal diferencia es el propósito medioambiental de los bonos que la ciudad está emitiendo.

Además, los emisores de bonos verdes tienen que producir más documentación, esencialmente para demostrarles a los inversores que su dinero se está usando realmente para beneficiar el medio ambiente.

Hasta cierto punto, los bonos verdes son una herramienta de mercadotecnia. El hecho de denominar “verde” a un bono para pagar por reparaciones en el metro lo hace más atractivo para los inversores. “La verdad es que muchas ciudades están emitiendo bonos verdes; lo que pasa es que no los llaman así”, dice Jeremy Gorelick, quien enseña finanzas municipales en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, EE.UU.

Esto puede ser así en economías avanzadas como las de los Estados Unidos, donde un mercado de bonos municipales maduro ha estado funcionando desde hace más de un siglo. En los países en vías de desarrollo, la mayoría de las ciudades no puede emitir bonos para nada, por una variedad de razones. En muchos países, las ciudades necesitan obtener autorización legal de sus gobiernos nacionales para emitir un bono. También tienen que trabajar para hacerse merecedores al crédito.

Gorelick, quien está asesorando a la ciudad de Dakar, Senegal, para emitir su primer bono municipal, recomienda que las ciudades que se encuentran en esta situación no apunten al mercado de bonos inmediatamente. Primero les conviene pedir prestado de los gobiernos centrales o de sus fondos de desarrollo municipal antes de acercarse a las instituciones de financiamiento de desarrollo para obtener préstamos en condiciones favorables o a los bancos comerciales para tomar deuda a precios de mercado. La idea es ir construyendo un historial de crédito y los mecanismos de transparencia contable que los inversores en bonos de los mercados de capitales de deuda demandarán.

¿Por qué están tan interesadas en los bonos verdes las ciudades?

Hay muchas razones. La más importante es que los inversores realmente quieren tener bonos verdes en su cartera ahora mismo. En consecuencia, los emisores de bonos municipales han observado una “sobresuscripción” de bonos verdes, lo cual favorece a las ciudades.

Cuando Gotemburgo emitió sus primeros bonos verdes en 2013, “no sabíamos si los inversores iban a estar interesados”, dice Magnus Borelius, Jefe del Tesoro de Gotemburgo. En un plazo de 25 minutos, los inversores habían colocado órdenes por €1.250 millones –muchas veces más de lo esperado– y Gotemburgo tuvo que comenzar a declinarlas. “Nos sentimos abrumados”, dice Borelius.

Las ciudades se benefician de varias maneras cuando hay una fuerte demanda por parte de los inversores. La más importante es que pueden atraer a nuevos tipos de inversores, diversificando el grupo de personas e instituciones que tienen interés en la ciudad. “Es bueno que muchos inversores sepan que uno tiene acceso a capital”, dice Borelius. Desde la emisión de bonos verdes, agrega, “hemos aumentado el contacto con inversores; están más interesados en la ciudad y nos vienen a visitar”.

La fuerte demanda por parte de los inversores “otorga ventajas al emisor”, dice Lourdes Germán, una experta en finanzas municipales del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Las autoridades locales pueden usar esta gran demanda como palanca para aumentar el tamaño de su oferta, demandar un periodo de pago mayor u obtener mejores tasas. Si bien algunas ciudades han obtenido precios favorables con los bonos verdes, Germán dice que los emisores no deberían contar con ello. “No está claro si llamar a un bono ‘verde’ resulta en mejores tasas”, dice.

¿Cómo se benefician los inversores?

Una creciente cantidad de inversores quieren que su dinero se utilice para proyectos de sostenibilidad medioambiental. Algunos están motivados por la lucha contra el cambio climático; otros simplemente están compensando por los riesgos climáticos en su cartera de inversiones.

Como consecuencia, hoy en día hay más fondos de pensión y administradores de activos privados que tienen algún tipo de mandato para “pensar verde”. Por ejemplo, el mes pasado el fondo de pensión pública sueco AP2 dijo que e staba destinando el 1 por ciento de su cartera de €32.000 millones a bonos verdes. Cuando se trata de inversores institucionales de esta envergadura, los compromisos de este tipo son significativos.

Además, los bonos municipales, por lo menos en mercados bien establecidos como en los EE.UU., se consideran una inversión segura. De manera que los bonos verdes emitidos por las ciudades son particularmente deseables. “Los inversores institucionales tienen un deber fiduciario y no invertirán en un producto que no rinda retornos”, dice Justine Leigh-Bell, administradora senior de la Iniciativa de Bonos Climáticos. “Este es un producto de grado de inversión ofrecido por emisores de alto volumen, donde el riesgo es bajo”.

¿Cómo se sabe si un bono es “verde”?

No hay reglas definitivas sobre este tema, lo cual inquieta tanto a los inversores como a los ecologistas. No obstante, el mercado de bonos verdes está evolucionando rápidamente, y están surgiendo algunas normas voluntarias para los emisores.

Una, desarrollada en gran parte por bancos grandes por medio de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, se llama Principios de Bonos Verdes. Otra fue desarrollada por la Iniciativa de Bonos Climáticos y se conoce como Estándar de Bonos Climáticos. El Banco Popular de China también ha publicado recientemente sus propias pautas sobre bonos verdes.

Nadie está obligado a usar estas normas, pero hay un fuerte impulso para hacerlo. “Si digo que mi camión de bomberos es ‘verde’, los inversores podrían levantar una ceja”, dice Germán. “Pero es un mercado de oferta y demanda, así que hay cierto control. Un emisor de bonos sólo recaudará ese dinero si un inversor cree que tiene realmente un propósito verde”.

Una cantidad creciente de emisores municipales está buscando opiniones independientes para certificar cuan “verdes” son sus bonos. Eso es lo que hace Gotemburgo. La ciudad sueca también ha creado un “marco de referencia de bonos verdes” para explicar a los inversores qué es lo que considera “verde” y cómo selecciona sus proyectos.

“Estamos en los primeros días de este mercado”, dice Skye d’Almeida, quien administra la red de financiamiento de infraestructura sostenible para el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. “Es muy importante evitar cualquier escándalo de ‘lavado verde’, donde las ciudades dicen que emitieron bonos verdes y los inversores descubren más adelante que no eran verdes. Eso erosionaría la confianza en el mercado. Así que las ciudades deberían estar preparadas para que un organismo independiente verifique sus reclamos y ser muy transparentes en el uso del dinero recaudado”.

La emisión de un bono verde, ¿crea mucho trabajo o costo adicional para la ciudad?

Un poco. Leigh-Bell calcula que el costo de una revisión independiente es entre US$10.000 y US$50.000, dependiendo de quién hace la revisión y otros factores. Esto es un monto insignificante en transacciones frecuentemente valuadas en cientos de millones de dólares.

La emisión de bonos verdes puede generar trabajo adicional para el personal administrativo de la ciudad. Antes de emitir los bonos, hay que analizar los planes de inversión de capital de la ciudad para identificar proyectos que pueden calificarse como verdes. Después, hay que efectuar un seguimiento del uso de lo recaudado y reportar dicha información a los inversores. Según d’Almeida, este trabajo tiene el efecto secundario positivo de obligar a la gente a trabajar fuera de su propio silo: el personal de finanzas tiene que colaborar con el de transporte o medio ambiente, por ejemplo.

Borelius dice que este ha sido el caso en Gotemburgo. “La primera pregunta que me hace la gente sobre los bonos verdes es: ‘¿Cuánto trabajo adicional hay que hacer?’”, dice. “Si no se pone al personal de tesorería en la misma mesa con el personal de sostenibilidad, habrá mucho trabajo adicional. Pero si uno quiere emitir un bono verde, esto es lo que hay que hacer”.

El alcalde de Johannesburgo, Mpho Parks Tau, coincide que los bonos verdes han dado dividendos en el aspecto organizativo. Cuando se le preguntó recientemente si los bonos “verdes” son mayormente una estrategia de mercadotecnia, el alcalde respondió que el ejercicio ha sido útil para alinear el temario medioambiental del gobierno local como institución. “En realidad, podemos garantizar a la institución que el grueso de nuestro programa de capital se concentrará en la sostenibilidad”.

 

Christopher Swope es editor ejecutivo de Citiscope.

Crédito: Dennis Tarnay, Jr. / Alamy

Este artículo apareció originalmente en Citiscope.org. Citiscope es una organización periodística sin fines de lucro que cubre innovaciones en ciudades alrededor del mundo. Puede obtener más información en Citiscope.org.

Oportunidades de becas de posgrado

2019 C. Lowell Harriss Dissertation Fellowship Program

Submission Deadline: March 1, 2019 at 6:00 PM

The Lincoln Institute's C. Lowell Harriss Dissertation Fellowship Program assists Ph.D. students, primarily at U.S. universities, whose research complements the Institute's interests in land and tax policy. The program provides an important link between the Institute's educational mission and its research objectives by supporting scholars early in their careers.

For information on present and previous fellowship recipients and projects, please visit C. Lowell Harriss Dissertation Fellows, Current and Past


Detalles

Submission Deadline
March 1, 2019 at 6:00 PM


Descargas

Oportunidades de becas

2019 Lincoln Institute Scholars Program

Submission Deadline: September 30, 2019 at 11:59 PM

The Department of Valuation and Taxation hosts a program in which recent PhDs specializing in public finance or urban economics have an opportunity to work with senior economists.

For information on previous Lincoln Scholars, please visit Lincoln Scholars Program Alumni


Detalles

Submission Deadline
September 30, 2019 at 11:59 PM


Descargas

Creating Productive Urban Landscapes: An Emerging Framework

Diciembre 1, 2016 | 12:00 p.m. - 1:30 p.m.

Cambridge, MA United States

Free, offered in inglés

Watch the Recording


As we embark upon the “Century of Cities,” the promise of urban growth and opportunity is increasingly tied to the most foundational of elements: the availability and cost of urban land.  Even in resurgent cities, where historic disinvestment has left vast swaths of under-utilized land and recent population and job growth promises strong returns on investment, urban land often remains a key—or even the key—constraint to further development.  The visual evidence is jarring: On the ground, many American cities today are patchworks of hyper-demand and vibrancy, and vacancy and blight. In this talk, a regional economist and landscape architect discuss the practical challenges created by existing land utilization regimes, as well as project experiences with far-sighted urban stakeholders who are experimenting with ways to transform vacant and underutilized land into an asset that can support economic growth, social equity, and environmental health. Using evidence from projects in Atlanta, Detroit, New Orleans, and other US cities, Teresa Lynch and Chris Reed present the outlines of a new, multi-disciplinary framework for conceptualizing and utilizing urban land, and discuss the enormous challenges that remain.

Speakers:

Teresa M. Lynch is founding principal of Mass Economics. Her work focuses on the intersections between growth and equity in urban settings and critical path items, such as land, density, and asset alignment.  In recent years, Mass Economics work has focused on developing data systems and frameworks to identify inclusive development challenges and solutions at sub-regional geographies, whether sites, corridors, or cities.  She was part of the MIT research team that produced How We Compete: What Companies around the World Are Doing to Make it in Today’s Global Economy. She received an M.A. in regional economics from University of Pennsylvania and B.A.s in Economics and Public Policy from UNC-Chapel Hill, is on the governing board of Mass Technology Collaborative’s Innovation Institute, and is a founding board member of the Venture Café Foundation. (Twitter: @masseconomics)

Chris Reed is founding director of Stoss. His innovative, hybridized approach to public space has been recognized internationally, and he has been invited to participate in competitions and installations in the United States, Canada, Europe, Israel, the Middle East, Taiwan, and China. Reed’s research interests include the impact of ecological sciences on design thinking, and city-making strategies informed by landscape systems and dynamics; he is co-editor of a volume of research and drawing titled Projective Ecologies, and is a contributor to the recently published Lincoln Institute book Nature and Cities.  Reed received a Master in Landscape Architecture from the University of Pennsylvania and an AB in Urban Studies from Harvard College. He is currently Associate Professor in Practice of Landscape Architecture at the Harvard University Graduate School of Design. (Twitter: @chrisreedstoss)


Detalles

Fecha(s)
Diciembre 1, 2016
Time
12:00 p.m. - 1:30 p.m.
Registration Period
Noviembre 9, 2016 - Diciembre 1, 2016
Location
Lincoln Institute of Land Policy
113 Brattle St.
Cambridge, MA United States
Idioma
inglés
Costo
Free

Palabras clave

desarrollo económico, inequidad, planificación de uso de suelo

WPA 2.0

Beauty, Economics, Politics, and the Creation of New Public Infrastructure
By Susannah Drake, Octubre 12, 2016

This feature is adapted from Nature and Cities: The Ecological Imperative in Urban Design and Planning, edited by Frederick R. Steiner, George F. Thompson, and Armando Carbonell (Lincoln Institute of Land Policy, November 2016).

During the past 400 years, the land known as the United States of America has been transformed by massive public and private works projects and technological innovations intended to facilitate commerce, improve public health, and foster economic development. While these projects generated tremendous wealth for the nation, the gains were often to the detriment of the environment. The global realities of climate change—in combination with growing urbanization and associated poverty—have raised awareness of the ecological impact of such infrastructure. Americans are now at a unique moment in history when politics, economics, ecology, and culture (design) can all be part of a new movement. We need a WPA 2.0.

The WPA is the Works Progress Administration (1935–1943)—the largest and most ambitious program of U.S. President Franklin D. Roosevelt’s New Deal during the Great Depression. Much of the present-day infrastructure in the United States was built by either the WPA or the similarly named PWA (Public Works Administration). Almost every city, town, and community in America benefited from a new WPA- or PWA-built airport, bridge, dam, park, road, school, or other public building.1

Let me now reflect, albeit briefly, on the history of public works projects in the United States to discern where the world’s richest nation is, today, in terms of its urban infrastructure. This will allow a glimpse into how landscape architects, architects, and planners are addressing the needs and opportunities that face not only American cities, but communities and cities throughout the world as they confront the pressing realities of global climate change.

Canals and Harbors

Early settlement in the United States showed patterns of towns and cities directly related to water resources. Navigable waterways, safe harbors, and access to fresh water for fire prevention, sanitation, power production, farming, and drinking were central to the development of major commercial centers. Construction of the Erie Canal (1817–1825), for example, made New York the financial capital of the world during the nineteenth century by opening up critical supply lines for timber, furs, minerals, and agricultural products that helped the North win the American Civil War (1861–1865). Since then, we have seen the gradual decoupling of urban transportation systems from the physical environment in the United States.

The Grid

Looking back to nineteenth-century America, ideals of Manifest Destiny and the agrarian myth fueled a need to organize and cultivate the nation’s western frontiers. The Land Ordinance Act of 1785 was a resolution written by Thomas Jefferson (1743–1826), then a delegate from Virginia, to create a federal system for the survey and sale of federally owned land west of the Appalachian Mountains, intended to fund the federal government at a time when the government could not raise fiscal resources through taxation.2 It was then that an uncoupling of environmental and development systems started to take place on a large scale: The public land survey system parceled land into gridded territories, townships, and sections without regard to the geomorphology or carrying capacity of the property. Territories (24 x 24 miles; 38.624 x 38.624 kilometers), townships (6 x 6 miles; 9.656 x 9.656 kilometers), and sections (1 x 1 mile; 1.609 x 1.069 kilometers) were numbered and organized boustrophedonically, an alternating pattern from the top right to the bottom left quadrant of a square, similar to the path a farmer might follow when plowing a field.3

Agriculture, Railroads, and the Grid

When Horace Greeley (1811–1872), the famous editor of The New York Herald Tribune, purportedly declared in an editorial (13 July, 1865), “Go West, young man, go West and grow up with the country,” he rallied the nation.4 Greeley was responding, in part, to the Homestead Act of 1862, which enabled veterans, freed slaves, and even women to file a claim to a half-section of land (640 acres; 260 hectares) if they agreed to live on it and improve it for five years, further promoting agrarian values that were part of an American nationalism, which developed during a time of rapid industrialization. Manifest Destiny and agrarian culture, as characterized decades earlier by de Crèvecoeur (1735–1813) in numerous books, mythologized farming, espousing rural life as the foundation of character.5 However, the gridding of America and subsequent development of national rail lines—enabled by government grants of more than 300 million acres (121,405,693 hectares) to rail companies—were not reliant on natural systems for their development; instead, both worked in opposition to the waterways and topography they encountered, some of them extreme.

Supremacy over the landscape had its limits. While rail lines could be drawn to previously inaccessible corners of the country, facilitating commerce, they required long, gradual grade change and abundant clean water to function, limiting universal access. Farms and towns located themselves on and near new rail lines, but land in more arid climates west of the 100th meridian did not have the carrying capacity characteristic of Thomas Jefferson’s Virginia.6 Parcels of half-sections needed to be combined and annexed to enable productive use for timber or cattle grazing, uses that have their own heavy impacts on indigenous landscapes. The scale of operations moved toward a more standardized practice, away from the ideals of the rural farm. Western settlers and transcendentalists alike thought nothing of the consequences of introducing nonnative plant communities to the detriment of the indigenous environment.

A hallmark of the Industrial Revolution in the United States was the first transcontinental linking of rail lines—the Union and Central Pacific Railroads at Promontory Summit in Utah Territory near present-day Brigham City—on 10 May, 1869. Infrastructure tied to natural systems for the first two and a half centuries of the nation’s development could now follow a much more flexible path. By 1910, there was a network of more than 250,000 miles (402,336 kilometers) of rail covering the United States. Coeval with this infrastructural growth, the nation’s waterways transitioned from being critical economic lifelines to convenient disposal sites. As Carolyn Merchant has observed, “In the United States, industrial chemicals and wastes, including sulfuric acid, soda ash, muriatic acid, limes, dyes, wood pulp, and animal byproducts from industrial mills contaminated waters in the Northeast.”7 Ongoing pollution of rivers, canals, and ports still leaves neighboring communities managing the consequences of years of environmental abuses, despite the benefits of the 1972 Clean Water Act.

As natural systems became less important for access, they remained critical for raw materials. The relationship between water rights and rail lines, for instance, was critical not only because clean water was necessary to power steam engines, but also because the relationship between agriculture and rail transport systems opened up new areas of the country for the development and trade of commodities such as corn and wheat, legacy crops to this day.

Combined Sewers

When English plumber Thomas Crapper (1836–1910) popularized the use of the flush toilet during the 1860s, he surely had no idea of the potential future impact upon municipal watermanagement systems. His work triggered a cascade of events leading to the degradation of global waterways 150 years later. Rapid urbanization in the United States during the nineteenth century created the need for collective management of sanitary waste. In search of innovation, the United States looked to Europe, where a new form of infrastructure—the combined sewer—was developed to manage increased sanitary waste coming from more flush toilets. Combined sewer overflows (CSOs) release a witch’s brew of surface-water runoff and sanitary sewage into neighboring waterways when there is too much effluent for treatment plants to manage. Today, New York City, like 772 U.S. cities, has a combined sewer system where—in even a light rain—sanitary and storm wastes combine, releasing excrement, prophylactics, oil, pesticides, and heavy metals into New York’s harbor and rivers.

Around the world the combined sewers that unite sewage and stormwater in a common pipe—once a transformative infrastructure solution—have reached their limit. Growing urban populations and increased impermeable surfaces perpetually overload the sewage-treatment systems in cities globally. With sewage ever more frequently overflowing into waterways and a rise in sea level further compromising the outfall systems, policy makers and even private funders need to empower designers to rethink the design and management of urban stormwater and sanitary water systems. More severe and frequent storms resulting from global climate change will increasingly affect the hardened, postindustrial waterfront. Innovative urban design that can dissipate the forces of storm surge, manage flooding, reduce surface-water runoff, and reduce a heat-island effect need to be worked into an adaptation plan for waterfront cities. Without major changes to technology, the natural and human resource management of global health and productivity will be compromised.

The New Deal

Beginning in 1933, during the depths of the Great Depression, political leaders in the United States put forward programs under the New Deal that offered targeted relief for the massive number of unemployed and poor Americans, gradual recovery in the economic sector, and reform of the financial system. Significantly, New Deal programs also transformed the nation’s critical infrastructure. Roads, water-management structures, and pathways for electrification provided access, sanitation, and power to formerly undeveloped areas of the country. Parks, public buildings, bridges, airports, and other civic projects followed. Under President Franklin D. Roosevelt, the WPA employed millions of unemployed people, including women and minorities, constructing a renewed cultural identity for the nation.

A hallmark of the New Deal programs—valued at $20 billion (more than $347 billion at current value)—was the work of artists, writers, landscape architects, architects, and other creative professionals who helped shape the look and cultural literacy of the country during the twentieth century. Legions of laborers guided by designers and bureaucrats worked locally with a regional palette of materials to create extraordinarily beautiful yet practical work that reflected national pride and civic awareness. The work was modern and aspirational and showcased indigenous character and material. President Roosevelt understood the need for large-scale government action to help get the country back on its feet and headed in a new direction.

The Federal Highway System

Two decades later, in the aftermath of World War II and the Korean War, President Dwight D. Eisenhower signed the Federal-Aid Highway Act of 1956 into law. Also known as the National Interstate Defense Highways Act, the transcontinental highway system was presented to the public as essential to national defense systems and was funded at a cost of $25 billion through a tax on gasoline and diesel fuel. The term “infrastructure,” which developed during World War II to describe military logistical operations, became one of the president’s most visible and longlasting initiatives in the form of the U.S. interstate highway system. Eisenhower, the five-star general and supreme commander of Allied forces in Europe during the war, admired the efficiency of the German autobahns and sought to create a similar system in the United States. The unified design standards for the nation, consistent with the tenets of modernism, suggested the potential of technology to overcome geophysical obstacles in the landscape with hard engineering. The project catalyzed the development of sprawling new mega-regions of the late twentieth century.

Uncoupling

The sociologist and philosopher Jürgen Habermas (b. 1929), in his 1999 essay “The Uncoupling of System and Lifeworld,” suggested that the processes of differentiation and specialization inherent to modernism are undemocratic and that a democratic system of leadership in advanced capitalistic societies such as the United States enables decision making that is unreflective of society’s broader voice:

But political domination has socially integrating power insofar as disposition over means of sanction does not rest on naked repression, but on the authority of an office anchored in turn to legal order. For this reason, laws need to be inter-subjectively recognized by citizens; they have to be legitimated as right and proper. This leaves culture with the task of supplying the reasons why an existing political order deserves to be recognized.8

Through a democratic system, leaders are empowered to make massive decisions about the shape of their country with what I might characterize as “blind faith” in paternalistic power, which, when coupled with postwar fear and fatigue, is further enhanced. Technology reigned in the post–World War II period, and American culture was such that an uncoupling of the systems (such as interstate highways) from the life-world (the social and physical environment)—when presented by a war hero turned president—carried the necessary balance of paternalism and idealism to enable political support for the largest public works project in U.S. history.

As repressed groups, stifled by modernism’s systems-based approaches, found voice in the later twentieth century, the need for “different voices” (to borrow Carol Gilligan’s term) infused culture.9 The women’s movement, civil rights movement, and modern environmental movement each lent local and personal voices against the unsupportable rationality of current power structures. For the environmental movement, this contributed to important legislation such as the Clean Air Act of 1963 and the Clean Water Act of 1972.

The Problem

Many of the projects completed during the New Deal era are at the end of their lifespan. As James L. Oberstar has concluded:

Nearly sixty years after much of the interstate highway system was constructed in the 1950s and 1960s, we are now seeing many facilities become stretched to the limit of their design life and beyond. The world-class surface transportation system passed on by previous generations of Americans has reached the age of obsolescence and now needs to be rebuilt.10

Many canals and harbors are no longer used for commerce with the same intensity they once were, and they are, in many cases, decayed, underutilized, polluted, and subject to rising sea level and storm surge. Less than half of the original 300,000 miles (482,803 kilometers) of rail corridors across the United States are still in use for rail.11 America’s 772 cities have combined sewers that still dump significant amounts of sewage effluent into waterways. Highways and bridges are in similarly poor condition. The repair and replacement of these monumental infrastructure systems in their current configurations do not reflect social, environmental, and technological advances that have occurred during the last half century.

Every four years, the American Society of Civil Engineers issues a report card on America’s infrastructure. Here are the grades given in 2013 and 2009:

Categories 2013 2009

Aviation/Airports

D D
Bridges C+ D
Dams D D
Drinking Water D D-
Energy D+ D+
Hazardous Waste D D
Inland Waterways D- D-
Levees D D-
Ports C (N.A.)
Public Parks and Recreation C- C-
Rail C+ C-
Roads D D-
Schools D D
Solid Waste B- C+
Transit D D
Wastewater D D-
Overall Grade D+ D

D = Poor; C = Mediocre; B = Good.12

An unprecedented combination of deeply troubling environmental problems, political evolution, and new design and technology now present an unparalleled opportunity to improve America’s infrastructure. Given the realities of global climate change and increased urbanization and population growth, interdisciplinary teams of thinkers must develop models of urban design that work with the hydrologic, transportation, ecologic, economic, and cultural systems that will make cities better-performing and more compelling places to work, live, and raise families. It is unclear whether this work will be driven primarily by the federal government, as it is in France or the Netherlands, or through the public-private partnership models common in the United States. The crucial role of design in the public realm is undervalued and attitudes need to change.

Understanding how physical geography, ecology, and climate function is critical to the development of new types of infrastructure that are more responsive to the forces of nature. The idea of using natural systems to provide public amenities and health benefits is not new. Frederick Law Olmsted (1822–1903), for example, used tidal flows to reduce pestilence and pollution in his design and plan for the Back Bay Fens of Boston during the late 1880s. With advances in technology in the aftermath of the Industrial Revolution, engineered solutions were seen as superior to historical precedent. Viewing infrastructure as a machine was the answer. As we observed in the aftermath of Hurricanes Katrina (2005), Irene (2011), and Sandy (2012), engineered systems are inflexible and can fail with catastrophic consequences as the severity, frequency, and intensity of storm events increase.

It is time to rethink the nineteenth- and twentieth-century engineering model and consider options that can again work in concert with the natural environment. Roads were traditionally aligned with rivers in many rural areas because they were cheaper to build, but roads and bridges in Vermont were destroyed in minutes by the flood-swollen rivers during Hurricane Irene. In metropolitan New York, highways, train yards, tunnels, and public housing located in floodplains along the postindustrial waterfront, where the land was cheap, were severely flooded during Hurricane Sandy in 2012. Replacement of New Jersey’s PATH trains and rebuilding of flooded tunnels and other public and private property in areas subject to more frequent inundation is costing taxpayers hundreds of millions of dollars a year when states of emergency are declared so frequently. Miami sits on a permeable bed of limestone at the interface of saltwater and freshwater and faces frequent hurricanes and flooding from upland and coastal sources that threaten not only its major industry—tourism—but also the ecological health of the Everglades.13

In many cities across the United States, combined sewer systems were an economical solution to sanitary engineering until climate change and population growth changed the balance sheet. Today, designers and public officials often look to Europe for water-management technology. American municipalities first looked at examples of combined sewers in France and Germany, and they now look to the Dutch for flood control. The Netherlands translates literally to “low lands,” and its strategy of planning includes 200 years into the future (long term), while constantly reconstructing dikes, dams, and polders (short term) is seen as necessary to protect not only the built environment, but also the agricultural economy dependent on sweet water (the Dutch term for fresh nonsaline water). In the United States, municipalities need to look further to the future and realize there are real opportunities to develop new innovations based on the nation’s geographic diversity. The prominent American geographer Gilbert F. White (1911–2006), in addressing the 1934 national flood-control policy, suggested that the multi-billion-dollar program to build reservoirs, canals, levees, and deeper river channels did not reduce flood losses decades later. In his words:

By assuming that only engineering works were needed to curb the cost of unruly streams, other possibly effective means were neglected. Little or no attention was paid to such alternatives as land use regulation or flood-proofing of buildings. By assuming the engineering works would do what the benefit-cost calculations had solemnly estimated they would do, without attempting to verify the practical results in land use, the public reaped quite different effects.14

America’s reliance on water-management structures thus provides a false sense of security in relation to availability, cost, and protection from catastrophic flooding. White suggested further that the “single purpose levee may set a confident scene for later catastrophe; a single-purpose reservoir may appropriate a unique dam site without assuring complete reduction in flood losses.”15 In many of White’s essays—written over a period of 60 years as a professor of geography and esteemed government advisor on natural hazards and flooding—he advocated a more holistic approach to design and planning and a testing of applied technology to gauge effectiveness.

Solutions

We know that gradual, buffered waterfront edges and barrier islands can dissipate wave energy, contain saltwater inundation, and make habitat that also helps to sequester carbon. The function of barrier reefs, salt marshes, and cypress swamps can thus inspire new models for an ecosystem’s management. Planning and designing for the periodic swells of rivers and streams may well necessitate an incentivized plan such as Zone (A)ir to relocate homes, towns, roads, communities, and businesses. It is critical that we adapt the architecture (buildings) and landscape architecture (infrastructure and outdoor space) by rethinking the porosity of the landscape, the materials of construction, the relocation of mechanical systems, and access. To the point: Our roads can soak up water, our highway trenches can be covered with parks that clean the air and provide recreational space, our waters’ edges can have an alternating combination of hard edges to facilitate commerce and softer edges to protect valuable upland real estate. Key to all of this thinking is the interface between human occupation and the environment.

The beginnings of this work in ecological design and planning are already apparent in Chicago, Philadelphia, and Portland, Oregon, where sidewalk swales and porous paving are becoming part of the standard streetscape. New York City is also taking on pilot projects to test the effectiveness of new materials and ideas, but testing takes time when action is needed. In floodplains along the Mississippi River, communities with low populations are being relocated and spillways opened to flood farmlands so that population centers downstream are safer. We cannot contain the force of water, as we once believed. Long-term, large-scale planning and actions that reduce our impact on the land, work in concert with natural systems, and enable new systems of exchange are necessary if we are to lessen the impacts of nature’s force.

Gilbert White long ago suggested a holistic and integrated regional approach to sound water management, but his voice fell on deaf ears, as single-purpose engineering solutions to local problems were constructed without consideration of watersheds and “sewersheds.” As towns and cities now work to manage aging infrastructure that is unable to handle impacts of more frequent storms and a rising sea, they have a huge opportunity to embrace new thinking and technology that, more than four decades after the federal Clean Water Act became law, will ameliorate day-to-day and storm-related wastewater loads with new and holistic gray/green engineered approaches.16 The costs of new infrastructure are real: Presently, approximately $95 billion will be needed to mitigate combined sewer overflows to bring cities in compliance with the 1972 law. Simultaneously, hundreds of billions will be needed to protect communities and cities against future flooding. Resources to address these issues should be combined for cost-effectiveness and efficiency.

Expansion of new green infrastructure networks—where hard surfaces are removed, utilities are protected, and stormwater is channeled for the irrigation of public parks, gardens, and wetlands—can also help mitigate and absorb floodwaters. Green (nature-based) infrastructure systems allow us to rethink not only the overarching functions of infrastructure, but also our experience of nature in the city. Municipalities have an opportunity to design and plan in the most comprehensive and cost-effective manner. The survival of towns and cities that currently exist at or just above sea level depends on aggressive, widespread rethinking of infrastructure for resilience to climate change and destructive storms. As we know, even if all 196 nations honor the commitments each made in Paris, in December 2015, to mitigate the effects of climate change, the global sea levels will rise at least 3 to 4 feet (0.914 to 1.219 meters) within a century, and all areas along the world’s coasts with elevations under 15 feet (4.572 meters) are extremely vulnerable to high tides and storm surge.17

WPA 2.0: A New Natural Infrastructure System

In response to the 285 deaths and widespread devastation (more than $50 billion in damage) caused by Hurricane Sandy (2012), three levels of U.S. government—federal, state, and local— established commissions, task forces, special initiatives, white papers, 12-point plans, plenary panels, and waterfront revitalization programs, all with vaguely military overtones that would convey action and strength. But will anything come of their recommendations? How can their ambitious designs and plans for modifications and improvements to make our city, state, and national infrastructure resilient to regular and extreme weather impacts be financed? To mitigate and counter the effects of an aging and ill-equipped infrastructure, to prepare now for global climate change, and to finance a new resilient defense network, I propose WPA 2.0 as a timely and much-needed solution.

The new infrastructure needed to adapt the nation’s cities, communities, and rural countryside to the realities of flooding and global climate change will require reconstruction on a massive scale of both gray and green infrastructure systems. Traditional, inflexible “gray” engineering approaches—which require waterproofing of transit systems, tunnels, and utilities or redirecting water with levees, dikes, and barriers—will work better in tandem with more resilient, ecological “green” approaches, including using currents and wind to distribute sediment for new barrier islands, reusing dredge materials to create shallows for wetlands, redesigning streets to absorb and filter stormwater, propagating a range of aquatic plants to make an ecologically rich buffer to storm surge, expanding natural flood zones (and buying out the people and businesses in them) that also function as parks most of the time, taking stormwater from highways and capturing sheet runoff in sponge parks, among other stormwater-capture systems.

As noted earlier, during the Great Depression, President Franklin D. Roosevelt’s New Deal programs brought sturdy, high-quality, and beautiful designs to public infrastructure with a national expenditure of $20 billion at a time when the gross domestic product was only $73 billion. The programs created millions of jobs, helped to restore economic stability, and offered financial reform to a flawed banking system. The Tennessee Valley Authority (TVA) was the largest New Deal enterprise. It was formed to harness and manage waterways of the Tennessee River watershed in seven states, create a public utility, and direct numerous resources to an impoverished region of the nation. Along with water management to prevent annual flooding and to manage navigation, President Roosevelt’s signing of the TVA Act created dams for the production and delivery of lower-cost electricity in an era when private utility companies were seen to be exploiting already financially stressed customers. And while the TVA was an electric utility that harnessed the power of water to deliver power, by the 1950s it added coal-burning power plants and, by the 1970s, nuclear power plants to deliver more power to meet growing demands. Energy production is at the root of global warming.

The need for greater urban climate resilience is a consequence of global warming, and emissions from combustion are a primary source. According to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), created in 1970 by executive order of President Richard M. Nixon, power plants, refineries, and chemical manufacturing accounted for almost 84 percent of total reported emissions of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases in 2013.18 A modest tax on the companies that are responsible for the majority of climate-affecting pollution, including electric utilities, auto companies, oil companies, and other industrial polluters, could yield revenues necessary to create a Natural Defense Fund and finance a plan for climate change–resilient infrastructure for the next century. The idea of taxing carbon is not new. A tax on the largest carbon emitters and water polluters could bankroll a fund dedicated to urban and rural climate resilience. And the corporations can afford it: Even with energy prices at historic lows, the 10 largest power utility companies, for example, reported sales of more than $17 billion in 2014, and in the Fortune 500 list the top 10 oil refining companies alone had profits of nearly $67 billion in 2015.

In 2014, the U.S. government authorized nearly $50 billion to repair the damages from Hurricane Sandy. Although no monies were created for new defense systems, President Barack Obama included $1 billion in his 2015 budget for a climate-resilience fund. This was a good start. In fiscal year 2015, the Federal Highway Budget included $48.6 billion for repairs of an infrastructure system nearing the end of its designed lifespan. In the next two decades, cities across the country will need to spend at least $100 billion to clean up stormwater runoff and to reduce combined sewer overflows (CSOs) to comply with the Clean Water Act of 1972. It is unlikely that either local communities or the federal government will come up with the funds needed from taxpayers. Thus, by applying a minor tax on the industries whose practices have led to global climate change, a Natural Defense Fund can be created. If a related Natural Infrastructure System had the funding equivalent to the WPA of the New Deal, there would be a level of funding for resilient public works for the next century and beyond that would actually make a difference. As with the efforts to fight wars or help the nation recover from the Great Depression, a major program of renewal and development of the nation’s infrastructure will ensure the survival of cities, towns, and rural areas and lead to tens of thousands of permanent jobs in the public and private sectors, in the design, building, and maintenance of a new infrastructure for stormwater alone.

In 2005, I founded DLANDstudio, an interdisciplinary design firm based in Brooklyn, New York, where we have been developing systematic interventions and adaptations of urban infrastructure that address many of the issues described above. The work, funded with a combination of grants and public funding, involves pilot projects that are relatively small in relation to the enormity of the problem. The idea behind them is to find small pilots that, when applied on a broad scale, can have a large impact. Our projects are mostly in New York, but our planning stretches around the world. One of our most important projects is the Gowanus Canal Sponge Park, which operates to absorb, hold, clean, and filter surface water in one of the most polluted bodies of water in the United States.

Gowanus Canal Sponge Park

The Gowanus neighborhood of Brooklyn, New York, has a rich history. Originally a large marshy wetland, the area was the site of early Dutch settlement, important Revolutionary War battles, and industry, including the energy and construction sectors. In recent decades, the canal has been better known for the lingering effects of industrial pollution and municipal waste.19

Planners today envision the area as a new site for large residential development, a controversial proposal in the face of projections of a rising sea level from climate change. In this context, working closely with local community organizations, government agencies, and elected officials, DLANDstudio initiated and designed a new kind of public open space called Sponge Park™.20

In New York City, 0.10 inch (2.54 millimeters) of precipitation (especially rain) triggers a combined sewer overflow. The Hudson and East rivers, New Town Creek, Long Island Sound, Jamaica Bay, and Gowanus Canal are some of the key bodies of water impacted by these spills. Sponge Park™ redirects, holds, and treats stormwater runoff to minimize the volume of overflows that occur within the Gowanus Canal, and it serves as a model for similar street-ends that sheet-drain into canals, rivers, and other bodies of water in cities everywhere.

The Sponge Park™ design equally values the aesthetic, programmatic, and productive importance of treating contaminated water flowing into the Gowanus Canal, an EPA Superfund site. The park is designed as a working landscape that improves the environment of the canal over time. This innovative plan proposes modular strategies to divert stormwater runoff for use in the public park along the canal, thereby reducing the input of stormwater into the sewer system. The plants and engineered soils included in our design draw heavy metals and toxins out of contaminated water.

While most urban infrastructure projects have their challenges, the Sponge Park project had to confront not only geomorphic layers, but also layers of bureaucracy. We had to work with no fewer than nine different federal, state, and city agencies, each with overlapping ownership and regulatory oversight. As part of our creative response to those challenges,DLANDstudio raised all of the design and construction funding for the project from the New York State Council on the Arts, U.S. Congress, New York City Council, New England Water Pollution Control Commission, New York State Department of Environmental Conservation, and New York State Environmental Facilities Corporation. Through the use of grant funding, we were able to innovate in a way that would be impossible through normal procurement procedures. Because the project was seen as a pilot and was led by an outside entity but with the cooperation of government, we were able to create an innovative and replicable system. The first street-end absorbs 2 million gallons of stormwater per year. If Sponge Parks were built on every street-end in New York’s five boroughs, upward of 270 million gallons of water would be absorbed and cleaned before entering New York Harbor.

Hold System

Highway Overpass Landscape Detention Systems, or HOLD Systems, collect and filter stormwater from highway downspouts. HOLD Systems are planted, modular, green infrastructure systems that absorb and filter pollutants such as oil, heavy metals, and grease out of contaminated outfalls, rendering runoff much cleaner as it is released into drains and waterways. The system’s ability to retain water during heavy rain also improves the water quality of adjacent bodies of water. Plant palettes selected for each site help to break down or absorb copper, lead, cadmium, hydrocarbons, zinc, and iron commonly found in runoff. Specially calibrated soils maximize plant productivity and create the ideal level of drainage for citywide stormwater management needs.

HOLD Systems are designed for easy transport and deployment, and they can be quickly and easily installed in hard-to-reach, hard-to-drain areas along interstate highways. HOLD Systems can remediate the impact that a highway infrastructure makes on the hydrologic cycle of neighboring areas. Three modular systems—two in the ground and one above ground—have already been developed by DLANDstudio to adapt to water-table height, permeability, site toxicity, and the availability of sun. These systems are currently being deployed in three locations in New York City—two in Flushing Meadows–Corona Park under the Van Wyck Expressway and one in the Bronx under the Major Deegan Expressway—with funding and other support from the New York City Department of Environmental Protection, Long Island Sound Futures Fund, and the National Oceanic and Atmospheric Administration.

MoMA: “A New Urban Ground”

“A New Urban Ground” was developed by DLANDstudio with ARO (Architecture Research Office) of New York City, as part of the Museum of Modern Art’s (MoMA) “Rising Currents” exhibition in 2010. In the proposal, we offered an integrated and reciprocal organization of natural and hard-infrastructure systems. A combination of strategies—including wetlands on the perimeter, a raised edge, and sponge slips (water-management landscapes in old boat slips)—were paired with new street infrastructure systems away from the water’s edge in order to protect Lower Manhattan from flooding in the event of another large storm such as Hurricane Sandy, which was but a Category One hurricane when it hit the New Jersey, New York, and Connecticut shores.

The proposal consists of two components that form an interconnected system: porous green streets and a graduated edge. Porous streets will absorb typical rain events and help keep surface water out of the city’s combined sewer system. In larger storms, the streets filter and carry water to new perimeter wetlands to enrich coastal ecologies.

Three interrelated, high-performance systems are constructed on the Atlantic Coast to mitigate the expected rise in sea level and the force of a storm surge: a park network, freshwater wetlands, and brackish marshes. “A New Urban Ground” offers a new way for urban design and planning that brings together natural ecologies with engineered infrastructure systems to transform the city in both performance and experience. This plan, which was proposed almost two years before Hurricane Sandy flooded Lower Manhattan, Staten Island, Red Hook, and the Rockaways, has been cited internationally as a viable model for new civic approaches in resilience to storm surge and sea level rise.21

BQGreen

Highway infrastructure systems across the United States are designed for one primary purpose: to move people and goods quickly from one place to another. But, as a society, it is time to rethink this singular, limited view and consider how infrastructure systems can also become productive corridors of beauty, culture, ecology, and recreation. The BQGreen project considers one such corridor—the Brooklyn-Queens Expressway (BQE)—and examines in depth two sites along its 11.7-mile (18.829-kilometer) length.

The BQE was originally proposed by the Regional Plan Association during the mid-1930s to relieve traffic congestion, facilitate industrial development, and strengthen the connection between the boroughs of New York City. The BQE differed from the city’s other parkways by accommodating both commercial and noncommercial traffic. City planner Robert Moses (1888–1981), as the chairman of the Triborough Bridge and Tunnel Authority, charted its path from the Brooklyn Battery Tunnel near Red Hook to Grand Central Parkway in Queens. Construction of the BQE left a trail of divided neighborhoods in its wake.

We know from examples such as Riverside Park (1875 and 1937) in Manhattan, a hybrid Olmsted- and Moses-era park constructed on a concrete box over a major rail corridor, that it is possible to layer transportation with extraordinary public parks. Density is an urban concept that is tied to economics. As the land that infrastructure systems occupy becomes more valuable, it makes sense to layer. As environmental impacts and benefits begin to be assessed in economic terms, the value of making significant alterations to our roadways becomes more attractive at a time when America’s highway infrastructure is near the end of its lifespan and in need of significant repair. As these old systems are replaced, why not reexamine them and consider how they might serve economic, ecological, recreational, public health, and pedestrian-friendly circulation needs in addition to transportation?

Since 2005, DLANDstudio has examined two sunken sections of the BQE. The project began on a theoretical level with a grant from the New York State Council on the Arts to look at tiny Cobble Hill and Carroll Gardens before expanding to study a very different neighborhood in SouthSide Williamsburg, with funding from then City Councilwoman Diana Reyna. The latter study went into great detail about the economic, social, and public health consequences of adding a park to the impoverished neighborhood. Extensive community outreach included visits to neighboring playgrounds, church events, and performances to make sure we recognized the voice of the community. Data were developed regarding the financial feasibility of capping costs—including ventilation and structural costs—as well as analysis of job creation, real estate value, and even the bump in retail sales at neighboring bodegas. We studied public health issues and discovered very high asthma and obesity rates as well as a relative dearth of open recreational space for kids in the vulnerable preadolescent stage. We discovered gang territories defined by the trench and imagined blurring the boundaries with new soccer and baseball fields. We helped the community to dream and then engaged the agencies to help fulfill that vision, with formal support for the proposal from New York City’s Departments of Transportation, Environmental Protection, and Parks and Recreation. Outreach to Congressional Representative Nydia Velázquez and U.S. Senator Kirsten Gillibrand also yielded positive support. To realize this vision will take the collaboration of city, state, and federal agencies; through the master plan we are making a strong argument for why this is the right project for all to support, as we work to make our communities and cities more efficient, livable, and environmentally productive.

The insertion of quality open space has the capacity not only to improve the aesthetics of neighborhoods, but also to serve as a catalyst for ecological and economic improvements to the urban environment. This project establishes a vision of the BQE as a place of opportunity where new open space can be created by introducing an environmental and recreational corridor and turning a former eyesore into a public amenity.

QueensWay

Already, 20,000 miles (32,187 kilometers) of abandoned rail corridors have been turned into bicycle and pedestrian greenways across the United States.22 The QueensWay Vision Plan, commissioned by the Trust for Public Land (TPL), a nonprofit organization founded in 1972, is one of TPL’s several current national initiatives to transform former rights-of-way in cities into active and engaging community greenways. The project involves the conversion of a former Long Island Rail Road line into a new open-space corridor for the public.

The history of land development in Queens is largely defined by the numerous rail lines that subdivided open tracts of land during the late nineteenth and early twentieth centuries. The QueensWay appropriates one of these infrastructural lineaments to opposite effect, as a unifying device. Each of the three main segments of the QueensWay—northern, central, and southern—possesses a distinct physical character that creates unique staging opportunities for the interaction of urban and natural space. Along its 3.5-mile (5.633-kilometer) length, the former right-of-way transforms from an elevated embankment to a ravine to an elevated steel viaduct. The adjacencies along the QueensWay also vary, with Little League baseball fields along the northernmost end; big-box-store parking lots, residential neighborhoods, and a public park in the middle; and crossing train lines, commercial corridors, and parking lots to the south. Issues such as safety, security, and the privacy of adjacent properties are directly tied to how the former railway line moves through the urban landscape. A quiet presence in the city, camouflaged by school-bus parking, overgrown vines, light industry, and limited access, the QueensWay has the potential to be a beautiful recreational and ecological amenity for the community.

The Future

John Wesley Powell (1834–1902)—among America’s greatest geologists, scientific surveyors, and explorers—in his famous 1878 “Report on the Lands of the Arid Region of the United States,” called for a clearer understanding of the climate and carrying capacity of the American Southwest, recognizing that not all landscapes and their capacities for human development are the same:

To a great extent, the redemption of all these lands will require extensive and comprehensive plans, for the execution of which aggregated capital or cooperative labor will be necessary. . . . It was my purpose not only to consider the character of the lands themselves, but also the engineering problems involved in their redemption, and further to make suggestions for the legislative action necessary to inaugurate the enterprises by which these lands may eventually be rescued from their present worthless state.24

Powell wrote at a time when massive changes and their resultant impacts upon the American landscape were only beginning to be understood. We are at a similar stage in history when global climate change and an overall recognition of the impacts of people on the natural environment are yielding potentially catastrophic consequences. Powell, Gilbert White, and Jürgen Habermas, writing in different eras, all called for the integration of disciplinary and social thinking about our interaction with the physical world, beginning with the inherent, natural capacities of an environment to perform. Though they approached issues from different perspectives, they also understood a need for a multivalent, interdisciplinary approach to our occupation of the planet that involves ecological, economic, sociological, and artistic metrics.

The unprecedented and unrepeated investment in the American landscape during the New Deal and post–World War II periods provides replicable models from which to develop new systems of infrastructure that will help ameliorate the impacts of urbanization and climate change. New technologies and approaches to infrastructure that value working with natural systems can help create systems that grow stronger and more resilient over time. Collective will, new financing models—public or private—and strong leadership are needed to make WPA 2.0 a natural infrastructure system that can reduce human impact on the global biota.

 


 

Susannah Drake is the founding principal of DLANDstudio Architecture and Landscape Architecture, whose “Rising Currents New Urban Ground” proposal is in the permanent collection of the Museum of Modern Art and Cooper-Hewitt Design Museum. Since 2005, she has taught at Harvard, IIT, FIU, CCNY, Syracuse, Washington University in St. Louis, and The Cooper Union. Her work and writings have appeared in National Geographic and The New York Times, and she has contributed to Infrastructural Urbanism (DOM Publishers, 2011), Under the Elevated (Design Trust for Public Space, 2015), DEMO:POLIS (Akademie der Künste, 2016), and Nature and Cities: The Ecological Imperative in Urban Design and Planning (Lincoln Institute of Land Policy, 2016).

Drawing courtesy of DLANDstudio Architecture + Landscape Architecture, PLLC.

 


 

1. The WPA and the PWA were both New Deal programs during the Great Depression. Despite their similar-sounding names, they have critical distinctions: First, WPA laborers were hired directly by the government, while the PWA contracted much of their work to private entities. Second, the WPA engaged primarily in smaller projects with local governments such as schools, roads, sidewalks, and sewers, while PWA programs included large-scale bridges, tunnels, and dams. See: Leighninger, Robert D. “Cultural Infrastructure: The Legacy of New Deal Public Space.” Journal of Architectural Education, Volume 49, No. 4 (May, 1996): 226–236.

2. Carstensen, Vernon, “Patterns on the American Land,” Publius: The Journal of Federalism, Vol. 18, No. 4 (Fall 1988): 31–39.

3. Stilgoe, John R., Common Landscape of America, 1580 to 1845 (New Haven, CT: Yale University Press, 1983), 104.

4. The origins of this famous phrase about Manifest Destiny in America are disputed. Fred R. Shapiro, the editor of the Yale Book of Quotations, comments on the origins in the Yale Alumni Magazine (September/October 2008); see http://www.archives.yaleulumnimagazine.com.

5. See, for example, de Crèvecoeur, J. Hector St. John, Letters from an American Farmer (London, UK: T. Davies, 1782).

6. See Hudson, John C., Plains Country Towns (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985), which won the first John Brinckerhoff Jackson Book Prize of the Association of American Geographers.

7. Merchant, Carolyn, The Columbia Guide to American Environmental History (New York, NY: Columbia University Press, 2002), 112.

8. Habermas, Jürgen, “The Uncoupling of System and Lifeworld,” in Elliott, Anthony, ed., The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory (Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 1999), 175.

9. Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).

10. Oberstar, James L., special comments in LePatner, Barry B., Too Big to Fall: America’s Failing Infrastructure and the Way Forward (Lebanon, NH: Foster Publishing, in association with the University Press of New England, 2010), xi.

11. Tracy, Tammy, and Hugh Morris, Rail-Trails and Safe Communities: The Experience on 372 Trails (Washington, D.C.: Rails-to-Trails Conservancy, 1998); available online at http://www.railstotrails.org/resources/documents/resource_docs/Safe%20Communities_F_lr.pdf.

12. See http://www.infrastructurereportcard.org.

13. See, for example, Kolbert, Elizabeth, “The Siege of Miami,” The New Yorker (December 21 and 28, 2015): 42–46 and 49–50.

14. White, Gilbert F., “The Changing Role of Water in Arid Lands,” in Kates, Robert W., and Ian Burton, eds., Geography, Resources, and Environment: Vol. 1, Selected Writings of Gilbert F. White (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1986), 137.

15. Ibid.

16. As defined by the EPA, “gray” infrastructure is “conventional piped drainage and water treatment systems” and “green” infrastructure is “designed to move urban stormwater away from the built environment [and] reduces and treats stormwater at its source while delivering environmental, social, and economic benefits.” See EPA, “What is Green Infrastructure”; available at https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure.

17. See, for example, Ganis, John, with essays by Liz Wells and James E. Hansen, America’s Endangered Coasts: Photographs from Texas to Maine (Staunton, VA: George F. Thompson Publishing, 2016).

18. See http://www3.epa.gov for an update.

19. See Alexiou, Joseph, Gowanus: Brooklyn’s Curious Canal (New York, NY: NYU Press, 2015).

20. For an overview of Sponge Park, see Foderaro, Lisa W., “Building a Park in Brooklyn to Sop Up Polluted Waters: Site Will Treat Thousands of Gallons near Canal,” The New York Times (December 16, 2015): A27 and A29.

21. See, for example, Palazzo, Danilo, and Frederick R. Steiner, Urban Ecological Design: A Process for Regenerative Place (Washington, D.C.: Island Press, 2011), 6; and “Rising Currents: Projects for New York’s Waterfront to Respond to Climate Change,” Landscape Architecture China, Vol. 11, No. 3 (June 2010): 70–75.

22. The origins of the rails-to-trails movement was brilliantly presented by Charles E. Little in his now-classic book, Greenways for America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, in association with the Center for American Places, 1990).

23. Carbonell, Armando, Mark Pisano, and Robert Yaro. 2005. Global gateway regions. September. New York, NY: Regional Plan Association. http://www.america2050.org/pdf/globalgatewayregions.pdf.

24. Powell, J. W., “Report on the Lands of the Arid Regions of the United States, with a More Detailed Account of the Lands of Utah” (Washington, D.C.: Government Printing Office, April 2, 1878), viii.